La Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda anunció su iniciativa para la emisión de un decreto ejecutivo estableciendo en el país el Registro de Accionistas en Sociedades.
Se trata de una acertada iniciativa que apoyamos las organizaciones sociolaborales que integramos la coalición sindical PATRIA JUSTA.
Considerando los espantosos niveles de fraude fiscal en todas sus dimensiones, cuya monto oficialmente ronda casi los 8 puntos de Producto Interno Bruto (PIB) y que es una cifra constatada por diversos estudios de fuentes de gran prestigio y credibilidad; la posibilidad de que el país cuente con un Registro de Accionistas en Sociedades apunta un paso en la correcta dirección que debemos transitar en este ámbito fiscal: el camino de la progresividad tributaria.
Completamente acertado es que se establezca la obligación corporativa de suministrar en materia de sociedades mercantiles, información sobre el detalle de los socios y la composición del respectivo capital social.
De manera contundente, el proyecto de decreto ejecutivo nos indica en su artículo 3: “Las sociedades mercantiles deben informar su fecha de constitución, quiénes son sus accionistas incluyendo nombre, el número identificativo, cantidad de acciones que posee y su valor total nominal en colones, fecha de adquisición y el porcentaje de participación de cada uno”.
Se nos ha venido vendiendo la idea de que el país debe “jugar en las grandes ligas” con su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lo que nos obliga a establecer una fuerte transparencia fiscal que con ese 8 % de PIB en robo de impuestos, está muy lejos de alcanzarse a plenitud.
En tal sentido sería contradictorio que los mismos grupos corporativo-empresariales del gran capital neoliberal que han venido presionando por el ingreso del país a la OCDE, ahora “peguen el grito al cielo”, porque la transparencia fiscal, como la que se incluye en ese proyecto del Ministerio de Hacienda, les afecte sus intereses de acumulación. Estar a favor del ingreso a la OCDE y en contra de este decreto, les deslegitima en sus posiciones.
Por otra parte, el país es miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el cual tiene como finalidad central y estratégica “…combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales contra ambos temas y la profundización en los distintos mecanismos de cooperación entre los países miembros”.
Bien sabemos cómo el mecanismo privado de organización empresarial en el formato de sociedades mercantiles (como las que pretende comprender este decreto), se han prestado y se seguirán prestando para operaciones tan perversas como las del crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.
Hacemos un llamado vehemente al Gobierno de la República para que resista las clásicas presiones de la alta cúpula empresarial neoliberal del país y su periódico “estrella”, pues ya están empezando a cuestionar tan oportuna y feliz iniciativa hacia la ansiada progresividad tributaria que tanto necesita el país.
Finalmente, vemos esta iniciativa del Ministerio de Hacienda y de su Dirección de Tributación, desde la perspectiva de la propia propuesta de real justicia tributaria que la coalición sindical PATRIA JUSTA ha planteado al país, denominada “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”.
