La Intendencia de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), acaba de emitir una provocadora, peligrosa y arbitraria decisión de no reconocer 20.363 millones de colones en el margen de gastos de operación solicitados por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE); parte de los cuales, exactamente 4.700 millones, corresponden a la honra de una serie de compromisos laborales y sociales inherentes al sistema de relaciones obrero-patronales imperante en esta empresa pública y según el Estado de Derecho actualmente vigente en nuestro país en materia de Negociación Colectiva.
La temeridad y osadía de la ARESEP con esta provocadora resolución, es de tal magnitud pues se salta preceptos fundamentales del pacto social-laboral de RECOPE, vía su Convención Colectiva de Trabajo; instrumentos de orden constitucional y de rango internacional, más allá de las controversias político-ideológicas de un tema de Empleo Público, según los planteamientos públicos diversos de las últimas semanas.
Ni Sala Constitucional, ni la Contraloría General de la República, ni la propia Asamblea Legislativa se han atrevido a derogatorias de facto de estos sistemas de relaciones laborales en el Empleo Público, como lo hace la ARESEP con esta, repetimos, “explosiva” resolución.
La ilegal, arbitraria y abusiva resolución de la ARESEP provocaría una gran desestabilización sociolaboral a lo interno de las instituciones afectadas, alterando su paz interna y socavando la prestación eficiente y eficaz de los respectivos servicios públicos, afectando a los consumidores de los mismos, los mismos que dice “defender” la ARESEP.
Además, una eventual consolidación de esta aventura desestabilizadora de derogatoria de facto de regímenes de empleo público, vía solicitudes de reajustes tarifarios, no hará más que profundizar la brecha de la desigualdad y la potenciación de la confrontación social.
Para hacer más grave la situación, la misma lógica violentista que aplica ARESEP contra una solicitud tarifaria en el caso de RECOPE, se ve venir para el caso del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y de otras institucionales sometidas a la ARESEP.
Rechazamos, radicalmente, esta perversa maniobra de la ARESEP de pretender la derogatoria de facto de los sistemas de relaciones laborales en empresas públicas a partir de peticiones de ajustes tarifarios que desvinculan los costos de operación de los costos sociolaborales.
La gravedad de esta situación obliga a las organizaciones firmantes a entrar en estado de consulta permanente para diseñar la serie de acciones en los más diversos ámbitos de oposición a, repetimos, las abusivas pretensiones de ARESEP: tanto en la político, como en lo jurídico-legal; considerando, incluso, la más amplia movilización y la eventual acción conjunta, ICE y RECOPE, en diversos escenarios de movilización y de calle.
En lo inmediato, exigimos al Gobierno de la República la inmediata destitución del Regulador General de la ARESEP, Dennis Meléndez Howell, por la emisión de resoluciones de este carácter que, aparte de expresar una profunda ignorancia en materia del Estado de Derecho en ámbito sociolaboral; expresan una actitud de corte totalitario, completamente inaceptable para una sociedad democrática como la costarricense; amén de mostrar serias falencias en cuanto uso de los mecanismos de la regulación.
