Contando con la complicidad de los diputados del Partido Unidad Social Cristiana, Movimiento Libertario, Unión Nacional y Restauración Nacional, el gubernamental Partido Liberación Nacional determinó que el 13 de diciembre el TLC debe ser dictaminado por la Comisión de Internacionales, aunque no se haya agotado la discusión por el fondo.
Por primera vez en toda la historia parlamentaria costarricense se establece un límite a la discusión en una comisión permanente.
A la decisión se opusieron 18 diputados y diputadas del Partido Acción Ciudadana y Frente Amplio, quienes consideraron que la misma violenta los derechos de enmienda y discusión que poseen los diputados y además contraría el espíritu democrático de discusión que debe prevalecer en todo momento en la Asamblea Legislativa.
Diversos sectores sociales consideraron que el autoritarismo y la marcha forzada en la gestión legislativa contraviene resoluciones de la Sala Constitucional, emitidas precisamente a raíz del tramite que le dieron los diputados de entonces al Combo del ICE.
Entre los sectores que se pronunciaron se encuentra el grupo de organizaciones ambientalistas y ecologistas que conforman el Bloque Verde ante TLC. Este agrupamiento censuró “la actitud antipatriótica y filibustera del grupo de diputados que, contra viento y marea, nos quieren imponer un tratado anexionista, rehuyendo la discusión de fondo sobre sus consecuencias”.
Voceros del Bloque Verde manifestaron que “la actitud de los legisladores que se han coaligado con la administración Arias Sánchez es un anuncio de que están dispuestos a aplicar el mismo trámite a proyectos para aumentar los impuestos nacionales o cualquier otra iniciativa de ley que genere discusión nacional”.
No es un hecho aislado
Más allá de la prepotencia que caracteriza a Arias, la resolución aprobada por el frente parlamentario pro TLC se inscribe en la misma línea que ha caracterizado su gobierno desde que asumió el cargo en mayo último.
Arias Sánchez llegó al gobierno costarricense a conducir el país a marcha forzada por el camino de la apertura comercial y la privatización en detrimento de importantes conquistas sociales logradas en los últimos 50 años del siglo XX. Se trata en lo sustancial de “llevar a puerto” la obra que él mismo inició durante su primer gobierno (1986-1990) con la inauguración de los Planes de Ajuste Estructural en Costa Rica.
Desde que Arias asumió su segundo y cuestionado mandato presidencial (sólo 1 de cada 4 costarricenses votaron por él en febrero pasado) ha tenido como propósito central lograr la ratificación del Tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana y de trece leyes requeridas para su implementación, para lo cual impulsa una millonaria campaña que pregona las bondades del tratado y acalla las voces divergentes.
Sin voluntad para articular una agenda de negociación con diferentes sectores sociales, el gobierno ha silenciado a todos aquellos que se oponen al TLC, entre ellos los ex presidentes de la república Rodrigo Carazo y Luis Alberto Monge, los rectores y los consejos universitarios de las universidades estatales, así como destacados científicos, artistas y escritores. Al tiempo que despliega una millonaria campaña basada en cortos publicitarios intimidatorios y vacíos de contenido.
Sin acceso a la prensa, con muy escasos espacios para el debate público y con una fracción parlamentaria “arista” que ha limitado la discusión del TLC en la comisión que lo estudia para dictaminarlo, los sectores sociales han respondido con la llamada “democracia de la calle”.
De esta manera el 23 y 24 últimos, una muestra significativa de esa amplia diversidad de sectores sociales dio el banderazo de salida a la justa para sacar el tratado de la corriente parlamentaria, las leyes que componen la agenda complementaria, denunciar la criminalización de la protesta social y apoyar a los obreros muelleros del principal puerto del Caribe que se resisten a la concesión privada de los muelles.
Durante la semana que precedió a las marchas hubo una campaña presidencial abrumadora que descalificaba a los convocantes a amenazaba a quienes participaran. Arias salió a los medios para insistir en que la convocatoria la hacían unos cuantos dirigente sindicales, amenazó con rebajar del salario lo días no laborados a quienes se sumaran a las jornadas y que, ante cualquier desorden, haría valer el principio de autoridad, mediante el uso de la fuerza pública.
Escalada represiva
Es evidente que con un mandato presidencial ayuno de legitimidad social y política, la única forma de imponer el tratado es mediante el incremento de la represión y la provocación de los sectores sociales que se le oponen y a la vinculación de toda suerte de movimiento ciudadano contrario al tratado, con supuestas y delirantes conspiraciones desde el exterior. Incluso trató, en vano de dividir al movimiento gremial llamando al diálogo unilateral con un único dirigente sindical.
En este sentido, tampoco hay sorpresas. El 3 de septiembre del 2005 cuando era candidato, Arias declaró a un vespertino local que “… las reformas importantes como el Plan Fiscal y el TLC no avanzan. Bajo esa premisa, creo que es mejor evitar el caos y la anarquía y promover la tiranía en la democracia, es decir, un mandato claro, con un líder que sabe qué es lo quiere y quiénes le pueden ayudar a conseguirlo”.
Tal como denunció Elizabeth Fonseca, jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana, PAC, principal fuerza parlamentaria que adversa el TLC, “el premio Nóbel de la Paz se excede en despliegues y desplantes policiales para contrarrestar las ideas y reprimir las opiniones de las personas que se oponen al Tratado del Libre Comercio con los Estados Unidos (…) al tiempo que cercena cualquier posibilidad de realizar una franca discusión sobre el TLC en la Comisión de Asuntos Internacionales”.
Como ningún otro presidente costarricense, Oscar Arias aparece en las actividades públicas rodeado de cientos de policías y ha incrementado el presupuesto en seguridad en un 35%, al tiempo que unificó la seguridad privada (16.000 guardas).
En Cartago, durante la celebración oficial del aniversario de la independencia, la policía tomó los alrededores del recinto donde se desarrolló el acto oficial y dio lugar a un altercado con estudiantes universitarios que denunciaban el carácter anexionista del TLC el fin de la independencia nacional.
Igual ocurrió en el Parque Nacional y en las celebraciones del cantonato de San Carlos, al norte del país donde el Gobierno desplegó 180 efectivos y perros adiestrados. “Nunca ha sido necesaria tanta seguridad, para recibir a un presidente y sus ministros” denunció el obispo de la diócesis San Casimiro.
Escalada neoliberal
En mayo, recién inaugurando su mandato, Arias inhabilitó la moratoria petrolera, con lo que abrió las puertas para que las transnacionales hagan prospección y explotación petrolera.
Se pronunció por la derogatoria del monopolio de la Refinería Costarricense de Petróleo, RECOPE, primer paso para la llegada de las petroleras transnacionales.
En junio anunció la privatización de Fábrica Nacional de Licores, FANAL y después “engavetó” el proyecto por su evidente conflicto de interés familiar. La familia Arias es propietaria del ingenio Taboga, que cubre una parte significativa de caña para la producción de alcohol y azúcar.
El presidente Arias impulsa un acuerdo internacional (Consenso de Costa Rica) para limitar el comercio de armas pero a la vez impulsa un TLC que reducirá los aranceles a los lanza llamas, lanza cohetes, tanques, misiles y demás.
En el año 2005 Arias reconoció que el uso y proliferación de las armas convencionales, estaba produciendo la muerte de millones de personas en todo el mundo, como consecuencia de los efectos devastadores de este comercio. Sin embargo, en agosto de 2006 firmó el decreto N.33240-S que procura controlar ese comercio en el país.
Lo anterior, en concordancia con el Anexo 3.3 Lista Arancelaria de Costa Rica, incluida en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, reglamentación que estimula y protege la producción y tráfico de armas libres de impuestos.
Su ministro de Trabajo anuncia que el aumento salarial en el sector público depende de la ratificación del TLC. Este semestre el sector privado tuvo uno de los aumentos salariales más altos de los últimos años. El condicionamiento del aumento del sector público a un 2 % es una forma de intimidar a la población, ante el creciente rechazo al TLC que el presidente Arias intenta imponer.
Los traspiés
Pero a Arias las cosas no le han salido como pensaba. En primer lugar, la oposición al tratado ha crecido en cantidad y calidad y su prestigio internacional se ha resquebrajado.
Un 72,9% de los costarricenses opina que este TLC beneficia más a Estados Unidos que a Costa Rica y un 62,6% considera que Costa Rica no está perdida sin el TLC, el 60,6% de las personas siente que el TLC no protegerá el ambiente, mientras que un 65,4% de la gente considera que la prensa está parcializada a favor del TLC. Estos datos provienen de una encuesta hecha por la escuela de matemática de la de la Universidad de Costa Rica.
Según el estudio, un 45,9% de la gente cree que el TLC traerá pobreza y existe la percepción de un 60,1% de la población de que el TLC provocará la bancarrota a los agricultores, lo que a su vez amenaza la seguridad alimentaria.
En su viaje a Europa el Presidente Oscar Arias visitó al Papa para pedirle su apoyo a la aprobación del TLC, a lo que el Secretario del Vaticano respondió con una carta de apoyo a los Obispos en Costa Rica en cuanto a su posición sobre el TLC.
En su carta el Secretario Sodano dijo “estoy convencido de que precisamente en este campo tan delicado es necesario promover, como Ustedes lo están haciendo, un diálogo sereno y una colaboración consensual con todas las partes interesadas, pues éstos son unos presupuestos básicos para lograr el deseado bien común…”.
Más recientemente, el también Premio Nóbel, Adolfo Pérez Esquivel envió una misiva a Arias en la que le señala que “la firma del TLC con los EEUU llevaría a Costa Rica a transformarse en una colonia norteamericana y permítame decirle Señor Presidente; estoy seguro que la mayoría del pueblo de Costa Rica no quiere ser colonia y perder sus derechos soberanos, su identidad y valores”.
La nota de Pérez Esquivel termina expresando su preocupación por “la creciente militarización de las fuerzas policiales y la represión. Es necesario recordar que la función policial es importante y valiosa en toda sociedad; en sus orígenes se formaron como fuerzas de prevención y seguridad social, acompañar a los ciudadanos y ciudadanas en el fortalecimiento y vigencia de los derechos de las personas y el pueblo”.
Perspectivas
No cabe duda de que si el gobierno no interpreta con claridad los signos de los tiempos y, pese a las evidencias persiste en imponer el tratado anexionista, prevalecerá la democracia de la calle y la polarización social y política llevará a Costa Rica por cauces inimaginables.
¿Estará Arias Sánchez dispuesto a pagar el precio histórico? En este momento no hay señales esperanzadoras por parte de su administración.
Todo indica que no hay otra salida. La posibilidad de un referéndum fue rechazada “ad portas” por el Tribunal Supremo de Elecciones, instancia que legitimó el gane electoral de Arias a pesar de las anormalidades que fueron señaladas. Pero no sólo Arias cerró la vía del referéndum, dos meses atrás, la representación de los sectores sociales se manifestó contraria a esa vía.
Mientras tanto al fragor de la lucha contra el TLC han surgido muchas y diversas fuerzas sociales progresistas y democráticas que convergen en torno a nuevas agendas ambientalistas, comunales, la de mujeres organizadas para la producción o la de los agricultores.
Como lo propone el economista Luis Paulino Vargas Solís “en esas fuerzas y agendas sociales late el potencial de una transformación social, que debe trascender el Tratado y enfrentar la dictadura neoliberal, recuperando la esperanza por una sociedad distinta y mejor”.
