Considerando
Que leyes 7.200 y 7.508 para la generación y la cogeneración privada fueron pensadas, diseñadas y aprobadas favorecer excluidamente a un clan de 27 empresas privadas que le han arrebatado al pueblo de Costa Rica al menos 1.522 millones de dólares, o lo que es igual, 68 millones de colones diarios o 2 millones 800 mil por hora. Con esa cantidad de dinero se pudieron construir 5 represas como Angostura aumentando más de un 50% la capacidad de generación del país.
Que amparados en esas leyes en los últimos años han operado en el país 29 proyectos propiedad de 27 empresas (24 hidroeléctricas, 3 eólicos y 2 de biomasa (Ingenios El Viejo y Taboga), y ya en el 2001 existían cerca de 45 proyectos en fases de elegibilidad y estudio que podrían ser desarrollados a corto o mediano plazo sin que existan estudios científicos sobre planeamiento integral del uso de recursos en las cuencas hidrográficas nacionales.
Que Gobierno y la Administración del ICE insisten en privilegiar a los generadores privados, a tal punto que incluyen en el proyecto un artículo para traspasar los beneficios de la ilegal ley 7.200, lo cual redundaría en mayores irregularidades y mejores condiciones para los negocios privados. Así lo establece el Artículo 5 de ese proyecto: “ARTÍCULO 5.- Derechos del concesionario. Los concesionarios de una explotación de agua para la generación de energía hidroeléctrica gozarán de todos los beneficios que se indican en la Ley N.° 7200, Ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela, de 28 de setiembre de 1990, y de lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 10 de la Ley N.° 8345, Ley de participación de las cooperativas de electrificación rural y de las empresas de servicios públicos municipales en el desarrollo nacional” (Expediente 16 949).
Que en su Informe 90/2000 la Contraloría General de La República le ordenó al ICE frenar la estafa de la generación privada, al indicarle: “Ordenar a la Administración de esa entidad disponer las acciones que sean necesarias para que, recurriendo en la vía contencioso-administrativa, inicie un juicio de lesividad con el fin de que se declare la nulidad e inaplicabilidad futura de los contratos con tarifa fija ajustable que a la fecha ese Instituto haya suscrito con generadores privados para la compraventa de energía eléctrica”. Irregularidades que fueron comprobadas por 2 Comisiones legislativas (1996 y 2002), la Defensoría de los Habitantes y la Procuraduría General de la República.
Que el 15 de abril del 2008, la Procuraduría General de la República reiteró la ilegalidad de las leyes de generación privada, ante un nuevo intento de la Administración del ICE (9 de enero del 2008) de torcerle el brazo y facilitar el negocio de los privados. En esta ocasión dijo la PGR: “j) Puesto que la Ley No. 7.200 no regula las condiciones y estipulaciones propias de concesión de agua para generación hidroeléctrica, su Reglamento Ejecutivo tampoco puede tener como contenido el establecimiento del régimen jurídico correspondiente”. Esto es una reiteración de lo señalado el 14 de diciembre del 2007 en el Dictamen C-445-2007.
Que el país no enfrenta problemas de abastecimiento de electricidad a pesar de que el gobierno asusta con posibles apagones, y que más bien las leyes de los privados han obligado al ICE a desaguar sus embalses sin turbinar el agua para crear la_ “necesidad”_ de comprarle a los privados, misma que no es_ “barata”_ pues se genera principalmente sin embalses a “filo de agua” y en invierno cuando más caudalosos están los ríos.
Que no existe en el país una seria planificación energética, ni de hidroelectricidad, más que identificación de potenciales energéticos, y que ante esa carencia resulta una total irresponsabilidad del Estado entregarle al sector privado local y a cualquier inversionista foráneo, el futuro de los ríos nacionales para que lucren con ellos.
Que el proyecto para los generadores privados, no es un hecho aislado sino que responde a la lógica voraz que pretende degradar el agua a mercancía para generar dinero, lo cual es propio del modelo de globalización neoliberal que le han impuesto a Costa Rica.
Que con la entrada en vigencia de las nuevas leyes para el ICE obligadas por el TLC, y con el proyecto de concesión que se discute en la Asamblea Legislativa, el país iniciaría un nuevo ciclo de crecimiento ilimitado de hidroelectricidad, poniendo en mayor riesgo todos los ecosistemas en la cuencas nacionales, y violentando los derechos de las comunidades afectadas.
Que el negocio de la electricidad privada generó conflictos socio-ambientales de todo el país como ocurrió en Sarapiquí, Jiménez de Guácimo, San Ramón y otras comunidades nacionales como Rivas de Pérez Zeledón donde un nefasto proyecto fue frenado con un Recurso de amparo.
Que aún con limitaciones los proyectos del ICE cumplen de mejor forma que los privados la normativa ambiental del país, y que lejos de flexibilizar esas regulaciones, estamos urgidos de hacerlas cumplir irrestrictamente desde la planeación hasta la operación de cada proyecto de generación, sea público o privado.
Que en el Consejo Directivo del ICE, el Presidente Ejecutivo ha insistido en la aprobación de leyes para los privados, argumentando que en cuanto a la satisfacción de la demanda eléctrica definida por el ICE, “el 2008 es más difícil de resolver que el 2009, en el 2009 creo que con cogeneración, con modificación de la ley en el Congreso que debe sacarse más rápido una ley de fomento eléctrico que estimule, creo que la suma de los cogeneradores de 20 megavatios, 10 megavatios, lo que sea es bienvenido y creo que el 2009 puede tener mayor contribución de toda la nación” (Pedro Pablo Quirós. Presidente Ejecutivo del ICE. Consejo Directivo del ICE, Sesión 5796, 07-06-2007, pág 318b).
En coincidencia plena, la dirección empresarial de UCCAEP, también ha llamado a superar cualquier obstáculo a como de lugar con tal de expandir la generación hidroeléctrica: “Estamos concientes de que el ICE ha tenido problemas de carácter ambiental con ciertos sectores ambientalistas que no permitieron el desarrollo adecuado del plan que el ICE tuvo en el caso Pacuare; eso nos extraña mucho porque el ICE se ha siempre se ha distinguido por trabajar en reforestación de las cuencas…,…nos parece al sector productivo, que el gobierno en estos casos debería orientar un poco más fuertemente y apoyar este plan de desarrollo en contra de lo que sea y llevar adelante lo que el país necesita” (Rafael Carrillo, CD, ICE, Sesión 5796, 07,06,2007, 317b).
Por lo anterior:
Rechazamos este nuevo intento de privatización de nuestros del agua de nuestros ríos con un proyecto que es una clara muestra de corrupción y un intento de favorecimiento de las empresas privadas de electricidad, empezando por el Ingenio Taboga, uno de cuyos contratos venció el 17 de junio de 2008 y otro está vigente entre el 24 de septiembre de 1996 y el 23 de septiembre de 2016.
Instamos a los y las señoras diputadas a no favorecer esta subasta, y más bien a liquidar leyes que condenan a nuestro pueblo a la exclusión, mientras unos cuando aumentan sus fortunas.
Reiteramos nuestro llamado a debatir urgentemente sobre cuál es el modelo energético que el país requiere bajo principios de respeto a la vida, la naturaleza y los derechos de los pueblos.
Instamos particularmente a las comunidades que tiene proyectos privados que podrían construirse a partir de la aprobación de esta ley como Cañas, Guácimo, Río Claro, La Cruz, Parrita, Sarapiquí, San Carlos, Turrialba Aguas Zarcas, San Vito, Guácimo , Pérez Zeledón, Ciudad Neilly , Cariblanco, La Fortuna, Coronado, Guácimo, San Ramón, Abangares, Aguas Claras, Upala, Pocora, Dota, Florencia, Corredores, Tarrazú, Upala, Bagaces, etc, a defender sus derechos.
FECON: lunes, 16 de febrero de 2009
Información relacionada
Lista de proyectos elegibles para generación privada: feconcr. org
Publicación de FECON sobre la campaña contra la generación privada
