Facturar por debajo del valor real, usar testaferros para actividades ilegítimas, fijar residencia en otro país, usar organizaciones de bien social o caritativas, registrar empresas en off shore, son algunas de las maniobras que actualmente se utilizan en nuestro país para evadir y eludir el pago de impuestos.
La Comisión Especial Investigadora sobre las publicaciones del bufete Mossack Fonseca terminó su periodo este 31 de marzo, a un año de la publicación de los llamados Papeles de Panamá. Integrantes de la comisión: Marcela Guerrero Campos (presidenta de la Comisión) y Marco Redondo Quirós del Partido Acción Ciudadana (PAC), Patricia Mora Castellanos del Frente Amplio (FA) y la diputada independiente Carmen Quesada Santamaría presentaron su informe de resultados y recomendaciones.
“En concreto, la maniobra que utilizan es constituir empresas offshore que funcionan por debajo de los radares de la legislación fiscal del país de origen de sus beneficiarios. Estos bufetes disponen de una infraestructura logística y legal para aprovechar cualquier portillo y crean condiciones legales para dirigir los fondos de sus clientes a países con reglas tributarias menos rígidas” explicó la diputada del FA, Patricia Mora Castellanos.
“Hablamos de bufetes que se dedican a vender como servicio el encubrimiento o camuflaje de las leyes. Estas maniobras vienen a representar una cortina de humo para la especulación financiera, la corrupción, el lavado de dinero y el crimen organizado” agregó el diputado del PAC, Marco Redondo Quirós.
Prácticas engañosas de Asesores Legales y Contables. El informe recomienda a los colegios profesionales incluir normas y sanciones para evitar que sus agremiados emitan asesorías legales y contables con el fin de defraudar o burlar la ley tributaria.
Así operaban
“La constitución de sociedades dentro o fuera del país no constituye delito, pero concluimos que la gran mayoría de las actividades ilícitas pasan por personas jurídicas como medio facilitador. Es grave que interpretamos de la comparecencia del Colegio de Abogados del 4 de julio de 2016, que para ese órgano eludir las cargas tributarias mediante el uso de maniobras legales no debe ser motivo de persecución” señaló la diputada del PAC y presidenta de la Comisión, Marcela Guerrero Campos.
La posición de los diputados y diputadas difiere a la del Colegio de Abogados, ya que el informe concluye que mientras exista un ánimo de engañar, burlar o eludir el pago de tributos, aunque no se viole ninguna norma, debe sancionarse e inclusive tipificarse como delito, ya que se estaría ante una práctica abusiva del Derecho.
“Tan responsable es el sujeto que se beneficia directamente de la maniobra elusiva o evasiva como el sujeto que aconsejó dicha maniobra, así que recomendamos sanciones administrativas en contra de los profesionales que faciliten, aconsejen y presten sus servicios con el fin de eludir o evadir la Autoridad Tributaria Nacional” aseveró la diputada independiente Carmen Quesada Santamaría.
En la audiencia del Colegio de Contadores Públicos del 8 de agosto del 2016 se indicaron los principales mecanismos identificados para eludir y evadir impuestos:
Declaración de subfacturación, o sea facturar por debajo del valor real.
Registrar empresas en off shore o lo que también se pueden llamar Guaridas Fiscales sin conocerse quienes son los dueños ni las actividades.
Uso de testaferros para actividades ilegítimas.
Fijar residencia en otro país.
Uso de organizaciones de bien social o caritativas.
Uso de estructuras paralelas, que son las sociedades que se utilizan para diluir o evadir impuestos.
Nuevos proyectos de ley. Los diputados y diputadas presentaron también 3 propuestas legales para reducir los vacíos legales que permiten las maniobras mencionadas para eludir y evadir impuestos:
1. Clausula anti-elusiva general
2. Reforma al tipo penal del delito de legitimación de capitales.
3. Regulación de las personas jurídicas no inscritas ante la Administración Tributaria.
Los y las integrantes de la Comisión firmantes del informe se comprometieron a presentar otros 6 proyectos de ley en un plazo no mayor a los próximos dos meses, y a impulsar su pronta aprobación, para lo cual se propone la conformación de una Comisión Especial Dictaminadora. Los contenidos de esos proyectos son:
1. Prohibición a altos cargos públicos para realizar actividades comerciales en paraísos fiscales.
2. Retención de impuesto sobre remesas.
3. Reforma al Código de Comercio para que se protocolicen aportes extraordinarios de capital.
4. Bancarización obligatoria de todas las transacciones de bienes inscritas ante Registro Público.
5. Reforma a la sanción a asesores tributarios que aconsejan mecanismos de defraudación fiscal.
6. Posibles reformas parciales a la Ley de Impuesto Sobre la Renta, ante probable imposibilidad de acuerdo para reforma integral.
El informe recomienda la aprobación de los siguientes proyectos de ley que actualmente están en corriente legislativa:
1. Expediente N° 19.679 Proyecto del Impuesto sobre la Renta.
2. Expediente N° 19.571 Proyecto de Ley Especial de Extinción de Dominio.
3. Expediente N° 19.951 Proyecto de Ley de Regulación de Actividades Riesgosas.
4. Expediente N° 19.645 Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada.
5. Expediente N° 19.282 Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial y Supervisión Consolidada de entidades financieras.
6. Expediente N° 19.640 Reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios para modernizar definiciones, deberes y régimen jurídico.
7. Expediente N° 19639 Reforma al Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
8. Expediente N° 18213 Levantamiento del velo de la Personalidad Jurídica.
Sobre los llamados Papeles de Panamá. La investigación periodística internacional en torno al bufete panameño MOSSACK FONSECA arrojó la filtración de documentos inicialmente confidenciales que revelaban que cierta población acaudalada del planeta utiliza los paraísos fiscales para mantener oculta su riqueza debajo de los radares tributarios.
El 3 de abril de 2016 se publicó por medio de más de 109 medios de comunicación de 76 países la investigación periodística con mayor cuantía de datos de la historia. Cerca de un mes después de la primera publicación, el 9 de mayo de 2016, el ICIJ publicó la base de datos completa.
El 23 de mayo de 2016, la Asamblea Legislativa aprobó la instalación de la Comisión Especial Investigadora, de conformidad con el artículo 121 inciso 23 de la Constitución Política, así como los numerales 90 y 91 del Reglamento Legislativo.
Así operaban para evadir impuestos
