A pocos días y horas de iniciado este año 2015, emerge un balance de retos y desafíos para la lucha obrera y social organizada venidera; especialmente la que se articula desde las organizaciones que nos conjuntamos en la coalición PATRIA JUSTA, así como por otras agrupaciones importantes, respetables y hermanas que defienden similares principios de justicia social.
Para el 2015 cuatro temas presentan características de ser sumamente prioritarios, altamente sensibles y susceptibles de generar movilización, bajo el concepto sociopolítico de Democracia de la Calle.
REFORMA PROCESAL LABORAL (RPL)
La más persistente, sistemática y cotidiana acción se impone como un tema esencialísimo de la lucha sindical para el 2015, resaltando tres escenarios. A) Defenderla “a capa y espada” para que entre en vigencia, completamente, en junio de 2016, lo que nos llevará a diseñar e impulsar una multiplicidad de acciones en ámbitos geográficos de mucha concentración laboral y obrera, así como comunal. B) Para que la honorable magistratura de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia no ceda a la provocación del capital neoliberal adversario de la RPL y, por el contrario, certifique que ante el levantamiento del veto impuesto por el anterior mandato presidencial, el actual actuó sin roce constitucional alguno al quitarlo. C) Impedir que en el actual parlamento se desnaturalice y se atente contra esta legislación, enormemente estratégica para la verdadera justicia laboral y para una sólida seguridad empresarial, que posibilita plena paz en las relaciones obrero-patronales.
TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL
Los graves problemas fiscales del país no se pueden corregir con más impuestos de carácter indirecto, es decir, reforzando la ya de por sí injusta estructura tributaria regresiva que obliga a pagar más impuestos a quienes menos ingreso tienen, proporcionalmente hablando.
Por tanto, resulta totalmente desafortunada la pretensión del actual Gobierno de transformar el impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA), que es el más injusto de todos los impuestos. La propuesta generará fuerte rechazo, especialmente por los intentos de elevarla del 13 al 15 %, por más “gradualidad” y “exclusiones” presente.
Por el contrario, Costa Rica ocupa una transformación tributaria estructural, con elementos tales como el establecimiento de la renta mundial, de la renta global y el impuesto a las transacciones financieras (tasa Tobin o impuesto “Robin Hood”); amén de una nueva y poderosa legislación (y reglamentación administrativa), contra todas las formas de evasión y elusión tributarias.
POLITICA SALARIAL
Hemos de insistir en que se ocupa una nueva política salarial para la clase trabajadora costarricense. Por un lado, para combatir el crecimiento de la desigualdad y mejorar la redistribución de la riqueza; por otro, para aumentar el poder adquisitivo, el poder de compra del salario, de tal suerte que se fortalezca la producción para el mercado interno, con la cual se aporte al establecimiento, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
En tal sentido, la lucha sindical resaltará dos elementos: a) La necesidad de una fijación salarial extraordinaria, especial, para la elevación del actual piso de los salarios mínimos de aplicación en el sector privado de la economía, a partir de la cual se apliquen los subsiguientes ajustes semestrales a los mismos por costo de vida. b) Rechazar, fuertemente, las pretensiones gubernamentales de que los salarios de aplicación en el sector público se impongan en porcentajes inferiores a la inflación, por un lado; y, por otro, a que el porcentaje a definir/imponer, parta del salario total y no de la base.
EMPLEO PÚBLICO
Luego de semanas y meses de ataque sistemático al empleo público, las condiciones parecen perfilarse hacia un escenario de intensa polarización con relación a intentonas de ley para modificar una situación que tuvo su origen desde el primer momento de entrada en vigencia de la actual Constitución Política, el 7 de noviembre de 1949, cuando se empezó a desaplicar el principio rector de un único sistema de empleo que normara las relaciones entre el Estado y su personal.
Tenemos hoy en día una gran complejidad en materia de empleo público y una sola ley no lo resolverá; mucho menos, si tal legislación (u otras que se les parezca y pretendan lo mismo), se inspire en cuestiones cortoplacistas de naturaleza fiscal que oculten la verdadera naturaleza perversa de este problema.
Elementos como el “salario único”, el ataque a las convenciones colectivas de trabajo vigentes en la Administración Pública, la “guerra” contra los pluses, el deterioro de gran cantidad de servicios públicos producto de severas restricciones de personal y de presupuesto, entre otros; son factores que han envenenado el clima para atender el real desafío de una verdadera reforma del Estado inspirada en el humanismo, a favor del bien común, para reducir las desigualdades y potenciar, de nuevo, la movilidad social. Tal clima de envenenamiento es una provocación a la confrontación abierta que, sin duda, será asumida por la inmensa cantidad de gremios y de sindicatos del sector Público llegado el momento.
Cómo es lógico suponer, en el año 2015 la agenda de la lucha sindical y social es mucho más amplia, teniendo aspectos puntuales y de proyección general que presentan idénticas características: sumamente prioritarios, altamente sensibles y susceptibles de generar movilización. A ellos nos iremos refiriendo en lo sucesivo; y, evidentemente, según nuestra perspectiva de lucha que no es la única, por supuesto.
