La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) alza la voz y repudia el aumento aprobado en la Revisión Técnica Vehicular (Riteve), debido a que este sería ilegal.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP indicó que el aumento viene a perjudicar aún más a la clase trabajadora, ya que en junio próximo sentirá el impacto en su salario de la rebaja del 1% correspondiente a la cotización de IVM y a esto se suma el aumento en la Revisión Técnica Vehicular, “mientras los salarios siguen congelados”.
Vargas explicó que el aumento en la tarifa de Riteve sería ilegal dado a que el crecimiento de la flota vehicular desde la entrada en operación al país del consorcio español a la fecha, le ha permitido recuperar lo invertido y según el contrato establecido las ganancias no deben ser mayores al 13% anual.
“Cuando se adjudicó el contrato monopólico a Riteve, la cantidad de vehículos era de aproximadamente 500 mil, pero hoy la flotilla es de 1.5 millones de vehículos aproximadamente. Esta situación y el cobro de re-inspección, le permitieron a RITEVE, según estudios IICE- UCR, recuperar en los tres primeros años de operación el 70% de sus inversiones” explicó Vargas.
A los cuestionamientos de la ANEP y otros sectores se suma, que tanto en los primeros 10 años de contrato y en este segundo periódo la empresa Riteve SyC S.A. pretendió aumentos de tarifas que por oposición de distintos sectores y ante estos hechos le fueron negadas.
“Ante esa negativa, el socio español de Riteve, Supervisión y Control S.A. presenta reclamo y arbitraje internacional que recientemente fallaron en su contra; de igual manera en Costa Rica presentaron juicio Contencioso Administrativo que también perdieron. Además, no se debe olvidar que en la oferta de RITEVE que es parte integral del contrato, se comprometieron a que sus ganancias no serán mayores al 13% anual”, dijo Vargas.
Ante este último punto, la ANEP cuestiona fuertemente al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), debido a que no habrían solicitado al consorcio español los estados financieros para verificar sus ganancias reales.
“Con este aumento se reconoce a Riteve lo que no pudo lograr con sus demandas fallidas contra el Estado. Por eso solicitamos a la Defensoría de los Habitantes apelar esta resolución, al Poder Ejecutivo intervenir para detener esta alza y a la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa investigar por qué al prestatario de un servicio público regulado se le permite tramitar un aumento, sin presentar los estados financieros auditados; cómo si se le pide a las demás actividades reguladas”, finalizó el Secretario General de la ANEP.
