Autor:

Sr. Manuel Alcántara Sáez
Vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. ESPAÑA

Espero no atrasarlo en sus importantes tareas universitarias. Permítame con libertad y rapidez expresarle solamente tres puntitos:

1. MI SENCILLA PRESENTACIÓN:

Aunque mi nombre es Ronal Vargas Araya y me encanta que me llamen por mi nombre, muchas personas sólo me dicen “padre”, por el hecho de seguir siendo, por casi 16 años, sacerdote de la iglesia Católica, eso si, con prioridad y la consciencia cierta de estar ante todo al servicio del Reino de verdad, justicia y paz que predicó Jesús, el Magister de Galilea. Nací e hice mis estudios de primaria y secundaria en Costa Rica y mis estudios universitarios en Guatemala. Al regresar nuevamente a mi patria pude convalidar un profesorado en la enseñanza de la Filosofía en la UCR y concluir la licenciatura en Administración Educativa de la UNED, lo que me permitió dedicarme por algún tiempo a la docencia.

Con orgullo recién concluí mi Maestría en Doctrina Social de la Iglesia en la prestigiosa Universidad de Salamanca. El doctor Don Felipe Ruiz Alonso, actual Secretario General Académico de la Universidad Pontificia de Salamanca en el Campus de Madrid, me comunicó el 22 de enero de este año 2009 que en el trabajo final del Máster obtuve la calificación de “Notable”. Concluí estos estudios superiores en la sede de Honduras, una nueva experiencia a distancia de la Universidad, con un selecto grupo de compañeras y compañeros de todos los países de Centro América, recibiendo las clases de varios eminentes catedráticos de Salamanca. Y si más no me equivoco, hasta hoy he sido el único de mi grupo en aprobar el trabajo final.

2. MI HONDA PREOCUPACIÓN:

Con mucha decepción y profunda consternación, he estado leyendo durante los recientes meses de octubre y noviembre sobre el inmerecido galardón del doctorado “Honoris Causa” que la prestigiosa universidad de la cual soy egresado, y hoy por usted representada, piensa dar en estos días a Don Oscar Arias Sánchez, ciudadano presidente en ejercicio del Poder Ejecutivo, controlador del Poder Legislativo, sombra oscura del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones. En Costa Rica tenemos otra perspectiva de su Gobierno y no pocas encuestas lo han considerado como uno de los peores presidentes de América Latina, pues es común escucharlo ridiculizar nuestras instituciones públicas, burlarse de la Constitución Política y de representantes de la religión mayoritaria del país y hasta dar declaraciones vergonzosas contra una niña guanacasteca que declamó una valiente poesía en su presencia o contra un colegial de Chacarita al que le profetizó sin más un futuro de fracasado.

Como sacerdote y egresado de la Universidad Pontificia de Salamanca, me siento sorprendido y avergonzado de este reconocimiento que algunas pocas figuras notables y grotescas de nuestra política nacional han gestionado ante la universidad, particularmente el diputado y familiar cercano del presidente, Don Fernando Sánchez, cuyo mayor “logro” político es ser el coautor del decálogo más antidemocrático que haya conocido la historia reciente de mi país, conocido entre nosotros como_ “el memorándum del miedo”_.

Levantando más el enfermizo EGO del presidente Arias la Universidad de Salamanca no honra a Costa Rica, sino a los últimos vestigios neoliberales que en ella gobiernan. Si quieren reconocer nuestra tradición democrática y pacifista hay miles de personajes más representativos y menos corrompidos con los que sí nos sentiríamos identificados. Son muchos los motivos apuntados por miles de ciudadanos honestos de mi país, encabezados por mi buena amiga la ex defensora de los Habitantes Lisbeth Quesada; yo también considero desmerecido este reconocimiento, entre otros, por los siguientes:

– Nunca como antes la institucionalidad de este país ha estado tan despreciada ni la democracia participativa tan controlada, fiscalizada y perseguida como en este Gobierno de Arias. Tal como el mismo presidente lo aseguró, vivimos su original concepción de una “democracia en tiranía”… “Desde la derecha hasta la izquierda racionales, se debe entender que los problemas de la democracia no se arreglan con autoritarismos, ni con la demagogia de más democracia, como dice haber querido don Óscar”. Premiándolo, no se premia a Costa Rica, más bien se nos da una bofetada a los que seguimos creyendo en la democracia participativa y con transparencia, algo extraño en su gestión.

– El hoy presidente Arias con artimañas violentó la Constitución Política para ser reelecto en el cargo, utilizando sus influencias con magistrados que habían sido funcionarios de su primer gobierno. Don Oscar “añora para acá ese despotismo arbitrario, sin la molestia del Legislativo, la Sala IV, ni la oposición. Es decir, donde su ilustrada voluntad sea inapelable. Aunque lo disimule, está rechazando la democracia representativa y los contrapesos y quiere una delegativa donde tenga todo el poder para hacer lo que desea”.

– En mi tierra guanacasteca, la región del territorio nacional donde más sufrimos la crisis hídrica, el presidente Arias por medio de varios funcionarios públicos sigue violentando nuestra legislación para favorecer a empresarios privados que financiaron su campaña política, tratando de cederles sin más el agua potable del valiente pueblo de Sardinal que todavía no se deja vencer. “Su gobierno, como muchos anteriores, no cesa de reducir la esfera de lo público y de apropiarse de lo que es de todos: los ríos para generar electricidad, el ICE para beneficiar a las telefónicas privadas, los acuíferos para beneficiar a urbanizadores y hoteleros, etc. etc.”.

– En este mismo Guanacaste, donde el actual presidente es uno de los mayores latifundistas, logró apropiarse de forma irregular de varias hectáreas de tierra junto al mar, en Colonia Gil Tablada Corea de La Cruz, y aunque la Contraloría General de la República y el Tribunal de Justicia de Liberia demostraron a saciedad lo irregular de su adquisición, y como utilizó a funcionarios públicos para apropiarse de parcelas destinadas a campesinos sin tierra, no ha tenido la vergüenza ética para devolver al Estado estas tierras mal habidas.

– Su plan “paz para la naturaleza” es una constante amenaza para “descansar en paz” lo que queda de ambiente y ecología, promoviendo privatizar los parques nacionales y desmejorar nuestra legislación ambiental y declarando de interés público el reinicio de la nefasta minería metálica a cielo abierto… “La doble moral o doble discurso del presidente de Costa Rica, Oscar Arias, en materia ambiental, principalmente en su Iniciativa Paz con la Naturaleza, fue denunciado por la revista estadounidense Time, en un reportaje publicado en su edición del fin de semana anterior”.

3. MI HUMILDE PETICIÓN:

No sé cual de todos los atestados anteriores del señor presidente sea el que llenó los requisitos para recibir tan significativa distinción de la Universidad de Salamanca, pero espero reconsideren todavía su polémica decisión. Aunque incurrí en muchos gastos económicos, problemas laborales y un gran desgaste físico y emocional por tantos viajes que debí hacer entre los años 2006 y 2007 a la hermana república de Honduras para concluir con titánicos esfuerzos la Maestría felizmente alcanzada, con todo dolor y sacrificio que mi petición significa, pero empujado por mis convicciones éticas y políticas, solicito respetuosa pero enérgicamente, si la Universidad insiste en darle el doctorado “Honoris Causa” a don Oscar Arias, que se borre de las Actas y Archivos universitarios cualquier vestigio de mi nombre, de mis estudios y de la Maestría recién concluida.

Con toda consideración, y esperando recapaciten esta trascendental decisión:

Ronal Vargas Araya, cédula 2-424-362
Director de CARITAS, Pastoral Social, Diócesis de Tilarán
Costa Rica

Liberia, Guanacaste, Costa Rica, 24 de noviembre de 2009

Desde el pasado 26 de octubre, más de un centenar de campesinos indígenas tzotziles, provenientes de los altos de Chiapas, se instalaron en la puerta de la catedral de San Cristóbal de las Casas para denunciar ante la ciudad, ante el estado y ante el país el feroz hostigamiento militar que han venido sufriendo en los últimos meses. Son miembros de la Organización Campesina Emiliano Zapata- Región Venustiano Carranza (OCEZ-RVC), mediante la cual se han mantenido en resistencia los últimos treinta años en torno a un reclamo primordial y absolutamente justo: la tierra que les pertenece.

“… la seguridad le llaman,
y la pública le dicen,
y lo único que ganan
son pueblos que la maldicen.”

(Son de la Seguridad Pública, René Chávez, Chiapas, 1984)

En el último mes han sufrido varias incursiones de militares y policías, en las que fueron detenidos tres campesinos, mientras que otros dos murieron en un accidente automovilístico ocasionado por un vehículo policial. “Fuera militares y cuerpos policiales de las comunidades” se lee en una bandera de cara al palacio municipal. Por detrás, se levantan algunas tiendas de campaña, improvisadas para guarecerse de la gélida llovizna de noviembre._ “De aquí no nos moverán hasta que nuestros compañeros queden en libertad”_, dice con voz firme un hombre de rostro curtido y mirada serena. Y agrega: “Nosotros no somos criminales, somos gente sencilla y de trabajo. Sólo pedimos que nos dejen tranquilos para así poder hacer producir nuestras tierras”.

El plantón se mantiene a pesar de las presiones del gobierno estatal y municipal. Se insiste en que los campesinos desalojen la plaza por la que atraviesa el circuito turístico de la ciudad. “Aún así, la gente nos apoya. Del mismo pueblo nos traen comida y ayuda”, aclara otro compañero. La imagen de paz que intenta difundir en Chiapas el gobierno de Juan Sabines (PRD), se desmorona con la presencia de refugiados políticos en el centro de San Cristóbal. Tal paz no existe. El hostigamiento militar y paramilitar que asedia a las comunidades crece en todo el estado. Las recientes incursiones en comunidades de la OCEZ y la violenta detención de sus dirigentes son una prueba más de ello.

La Organización Campesina Emiliano Zapata existe desde inicios de los años ochenta. Es una de las más antiguas y combativas en Chiapas. Los indígenas de la zona de Venustiano Carranza fueron despojados de sus tierras en tiempos del gobierno de Porfirio Díaz, a fines del siglo XIX, y desde entonces luchan por ellas. Luego, la Revolución repartió legalmente predios que nunca fueron cedidos en la práctica por los terratenientes. En los años setenta, los comuneros ejecutaron dicha ley tomando las tierras. Los finqueros respondieron asesinando a dirigentes campesinos, entre ellos a Bartolomé Martínez Villatoro, uno de los comisariados más populares de la comunidad tzotzil. Allí se rompieron los acuerdos con el gobierno que, desde ese tiempo, cambió de nombres y partidos pero no sus políticas.

La OCEZ fue uniendo comunidades que resistieron a la llamada política de compra-venta, a partir de la cual el Estado tentaba a los campesinos a comprar sus propias parcelas, quienes pasaban así a endeudarse con entidades financieras vinculadas con el propio Estado. Esta estrategia gubernamental tenía como fin evitar que las comunidades pelearan por la tenencia comunitaria. En su larga lucha, estas comunidades han demostrado, al igual que los municipios rebeldes ligados al EZLN, ser consecuentes con las consignas originales de Emiliano Zapata: “la tierra para quien la trabaja”, proponiendo –además- como sujeto central de la toma de decisiones al campesino mismo, sin mesas directivas o cúpulas. Esta práctica marca un quiebre con las organizaciones promovidas por el Estado, que coloca a la cabeza de los reclamos campesinos a gestores o mediadores. “La lucha se ha venido viendo desde hace tiempo, y todo lo que se ha venido haciendo es por la necesidad de la propia gente. Esa necesidad nos va poniendo en el camino de pelear por la tierra como luchadores sociales”.

El 30 de septiembre de este año, un operativo encubierto de agentes policiales irrumpió en la comunidad 28 de Junio del municipio Venustiano Carranza y secuestró a José Manuel Hernández Martínez, “Chema”. El Chema, luchador social y referente de las comunidades de la zona, luego de pasar por una penitenciaria del estado de Chiapas, fue confinado en una cárcel de máxima seguridad en Tepic, Nayarit, a dos mil kilómetros de su comunidad. Esta detención demuestra la impunidad y el atropello de los que son capaces las fuerzas al servicio del gobierno. “Nosotros estábamos trabajando y llegó la Comisión Federal de Electricidad con la excusa de que estaban haciendo cambio de medidores. No sospechamos y, como había acuerdo de paz, confiamos. Pero, en realidad, vinieron a sacar a Chema de su casa. Se habían disfrazado de empleados de la Comisión”.

Algunos de los vecinos del Chema Hernández, que estaban presentes cuando lo introdujeron por la fuerza en un vehículo, se subieron a un auto y comenzaron a perseguirlo. Pero otro vehículo que iba por detrás los interceptó y lanzó al auto de los campesinos fuera de la carretera. “En este atentado murieron dos compañeros nuestros, mientras otros tres resultaron heridos”. José “Chema” Hernández lleva más de un mes detenido, acusado de los más ridículos delitos: narcotráfico y asociación delictiva, entre otros. Pero estas acusaciones a nadie engañan. “Al Chema se lo llevan porque siempre estaba viendo por la gente pobre, por los campesinos. Él peleaba por la tierra para que nosotros podamos comer y vivir de nuestro trabajo“, cuentan los campesinos.

No había pasado un mes de la violenta detención del “Chema”, cuando el 24 de octubre, un nuevo operativo irrumpió en la zona para llevarse a otros dos campesinos: José Manuel de la Torre y Rogelio Cruz González, además de allanar las casas de la comunidad. “Entraron los federales a intimidarnos. Nosotros habíamos aceptado el cateo con la condición de que hubiera testigos, porque sabemos que el gobierno usa algunas artimañas, que nos puede poner armas o drogas, y hacernos el delito. Cuando fueron a dar vuelta las casas, en lugar de encontrar algunas cosas que nos acusaban encontraron pobreza. Porque otra cosa no hay en nuestras casas”.

Ese mismo día, los comuneros decidieron que no podían seguir aguantando más atropellos y partieron hacia San Cristóbal para instalarse frente a la catedral y en la sede de las Naciones Unidas. Desde allí, persisten luchando por la libertad de sus compañeros. Su voz se alza fuerte y clara para quien los quiera escuchar:_ “Nosotros no somos delincuentes, somos campesinos que queremos trabajar la tierra que, como pobres, nos pertenece”._

Fuente: www.prensadefrente.org

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1 Cada una de estas personas desde su posición maquinó, motivó o financió la ruptura del orden constitucional con el secuestro y extradición del Presidente Zelaya, consumando así el golpe de Estado.

2 Son responsables directos de los muertos, heridos, encarcelados y de la zozobra impuesta a la sociedad hondureña; son los que destruyeron la democracia y la imagen del país en el ámbito nacional e internacional.

3 Los golpistas reactivaron la organización antiterrorista y anticomunista que funcionó en la década de 1980 llamada Alianza para el Progreso de Honduras (APROH). La falta de cultura y avaricia les impide razonar que los pueblos son libres de elegir el sistema político e ideológico que le ofrezca seguridad y bienestar.

Esta vez los nombres y los rostros quedarán para siempre para que la historia y los hondureños y el mundo los conozca, y sean llevados al juzgado de la sanción moral de los ciudadanos y a los tribunales de justicia nacionales e internacionales.

Los urdidores del golpe de Estado contra Zelaya pusieron en marcha una variante de la maquinaria que en la década de 1980 utilizó la Alianza para el Progreso de Honduras (APROH) que bajo un disfraz aparentemente empresarial, pero debajo escondía líneas políticas doctrinarias claras de “guerra de baja intensidad contra los opositores a la represión contra el gobierno sandinista y el descontento social en Honduras. El financiamiento de la organización lo trasladaba la inteligencia de Estados Unidos a través de la secta Moon”.

“EMPRESARIOS LABORIOSOS”

En los estatutos de APROH no aparece nada especialmente “sospechoso”. Un grupo de empresarios se asocian para estudiar sus problemas, con una proyección asistencial hacia otros sectores. El modelo económico que defendían asociados era claro: presionar por políticas de libre empresa con escasos mecanismos de control y con múltiples mecanismos para maximizar la ganancia.

A los socios se les exigía “guardar la debida confidencialidad sobre los documentos o informaciones que conocieran mediante su participación en las actividades de APROH y que la divulgación pudiera causarles perjuicios a sus miembros.

Recién creada, en el primer semestre de 1983, APROH no llamó la atención de nadie. Se veía como un nuevo intento de cohesionar a los sectores más conservadores de Honduras. En noviembre de ese año, diario “Tiempo” publicó uno de esos “documentos” de uso interno: APROH recomendaba a la Comisión Kissinger, a través de un amigo personal y asesor de éste, la solución militar para Centroamérica.

LA VERDAD DE AYER Y HOY

En APROH se reúnen el fascismo militar que representaba en aquel entonces el general Álvarez -presidente de la Asociación y, ahora Romeo Vásquez. Estaba integrada como ahora por la ultraderecha empresarial del país, aunque en verdad más que ideología son empresarios corruptos enriquecidos porque lo se hace o no en el país lo determinan ellos. Son los eternos vividores de prebendas fiscales, son los que obtienen concesiones y perdones de deudas millonarias con el Estado. Son los que financian y controlan a los partidos políticos e influyen para colocar sus cuadros en el Congreso Nacional y en el Poder Judicial. En suma, son los que tienen atrapado el país y niegan la superación a otros empresarios y marginan al pueblo porque para ellos es negocio que siga ignorante y con hambre, así les resulta fácil manipularlo con sus medios de comunicación como pasa en este momento con el golpe de Estado.

A fines de 1983, los rumores sobre la preocupación con que la embajada de Estados Unidos veía el consolidamiento de un grupo de presión tan conservador y tan vulnerable a la crítica al interior del país, igual que ahora, los golpistas se han vuelto un problema para los mismos Estados Unidos. Entonces la APROH fue dormida por muchos años, pero la despertaron en la madrugada del 28 de junio de 2009 para consumar su trabajo: botar al Presidente, manipular a través de los medios de comunicación, ejecuciones extra judiciales que nadie sabrá, represión a propios y extraños y guerra sicológica para confundir al pueblo.

¿QUIÉNES ERAN LOS MIEMBROS?

El general Gustavo Alvares era el jefe, el hombre a la cabeza de la APROH, Rafael Leonardo Callejas reconoció que cuando era secretario de asuntos obreros y estudiantiles de la Aproh –que enarbolaba la bandera del anticomunismo, se impulsó a Oswaldo Ramos Soto para que llegara a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Es de señalar que la APROH fue creada en el gobierno de Roberto Suazo Córdova por Álvarez Martínez, máximo precursor de la Doctrina de Seguridad y responsable de decenas de asesinatos y desapariciones políticas en el país.

Esta organización contaba con la colaboración de la “Secta Moon”, una organización religiosa conocida en todo el mundo.

Es de señalar que la Aproh fue creada en el gobierno de Roberto Suazo Córdova por Álvarez Martínez, máximo precursor de la Doctrina de Seguridad y responsable de decenas de asesinatos y desapariciones políticas en el país. En la Aproh también estaban José Rafael Ferrari, Miguel Facussé, Fernando Casanova, Rigoberto Espinal Irías, Benjamín Villanueva y los ex dirigentes sindicales Andrés Víctor Artiles y Mariano González.

Esta organización también tenía entre sus miembros a Osmond Maduro, hermano del ex Presidente y golpista Ricardo Maduro Joest. Los personajes de la banca nacional y extranjera, los de las industrias química y textil, los de la agroindustria y la televisión y los de la tecnocracia. Todos estaban representados en APROH.

Ahora usted mire en esta página a los golpistas más representativos, son los miembros de la nueva APROH. No hay diferencia con los del pasado, es más, algunos son los mismos: Miguel Facussé, Rafael Leonardo Callejas y José Rafael Ferrari.

Fuente: Resistencia hondureña

Más detalles de los golpistas AQUI

La primera actividad se estará realizando a las 2:00 p.m. frente al Edificio de la Sala Constitucional (Sala IV), en ella se realizará un “plantón” con el fin de continuar exigiendo que las acciones contra los agresores, ocupen el puesto que ocupen, sean castigados.

Posteriormente, a las 4:00 p.m., en la rotonda de la hispanidad en San Pedro, se realizará una vigilia.

Ambas actividades se plantean hacer conciencia en la ciudadanía y en las autoridades de Gobierno con el fin de que se terminen de implementar acciones concretas de castigo a quienes ejerzan violencia sobre las mujeres, sea esta psicológica o física.

Estas actividades son coordinadas por la Red Feminista contra la violencia hacia las mujeres, Costa Rica.

ANEP invita a todas las personas trabajadoras, afiliadas a nuestro sindicato a participar activamente de esta importante actividad.

En la coyuntura los que mandan se sienten fuertes y creen poder llevar a cabo una estrategia de rollback: dominio y vuelta atrás. Por eso, las grandes empresas y sus aliados políticos están agitando la lucha de clases de manera implacable contra los trabajadores. Buscan reducir todo lo referente al contrato social que los trabajadores y los pobres habían conseguido tras un siglo de lucha. Quieren regresar a los obreros a los días de las fábricas satánicas del siglo XIX, cuando los salarios eran casi de esclavos. Creen tener armas suficientes para eliminar los contratos colectivos de los trabajadores y destruir los derechos humanos, políticos y sociales de la población en general. Apuestan a destruirlo todo y aumentar el poder privado.

Los grupos monopólicos, oligopólicos y multinacionales mexicanos quieren un Estado de bienestar poderoso, que les proporcione recursos, subvención y protección. Un “Estado niñera” dirigido a los ricos exclusivamente. La filosofía de los poderosos es robar lo más posible y olvidarse del día de mañana. Hoy, como siempre, el capitalismo depredador y parásito necesita privatizar el beneficio y socializar los costes y el riesgo. Que las facturas las paguen los de abajo. Además, como en los tiempos de Ricardo y Malthus, las opciones para el trabajador y el pueblo pobre son cárcel o hambre, o lo que puedan ganar en un mercado laboral sin derechos, desregulado, “flexibilizado”.

La crisis profunda del actual sistema de dominación es el espacio para la recuperación del modelo de acumulación capitalista. Para reactivar el capital, los barones del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y sus porros en el gabinete calderonista necesitan una gran derrota obrera. Por eso la asonada policial-militar y multimediática contra el SME y la ruptura del contrato social emanado de la Constitución de 1917. Pero al quebrar el orden previsto en la Carta Magna, Calderón también rompió el pacto nacional. La actual ofensiva clasista es un salto cualitativo en la ruptura de los pactos social y nacional posrevolucionarios.

La clase dominante está profundamente imbricada con el Estado. En épocas de crisis del sistema político, cuando los mecanismos de “gobernabilidad” tienden a agotarse, suele producirse una regresión neoligárquica. La dominación oligárquica elimina las mediaciones conciliatorias y es ejercida directamente por los grupos propietarios, aunque se haga por medio del Estado (ley Televisa). Esa estrategia de “administración” de la descomposición política es sustentada por una alianza de poder, que aunque mantenga violentas disputas internas y genere inestabilidad política y vacíos de poder (verbigracia, en la coyuntura, la disputa interoligárquica por la fibra óptica y el triple play, y las escaramuzas mediáticas entre Calderón y el Consejo Coordinador Empresarial por el paquete fiscal), mantiene una coherencia de intereses dominantes. Pese a las diferencias interoligárquicas, los desplazamientos de los grupos de poder y los cambios en la correlación de fuerzas, existe una real “estabilidad en la inestabilidad”; la estructura de poder de clases no se modifica de manera sustancial.

A pesar de estar imbuida de la lógica vertical y autoritaria propia de las corporaciones, la elite gobernante suele hacer la defensa retórica y demagógica de la democracia. Igual ocurre con el estado de derecho, la ciudadanía y los pobres versus la antipatria y la subversión, encarnada hoy, en el discurso oficial, por los delincuentes holgazanes del SME. No puede haber una democracia construida sobre la mentira. Tampoco se puede gobernar sólo con propaganda. El estado de derecho en México es una ficción. La colusión delincuencial entre empresarios y gobierno se ha profundizado. Las bandas cleptocráticas operan desde el poder.

La clase dominante necesita encubrir su poder bajo el concepto democracia, aunque ésta sea hueca, formal, de baja intensidad. Para eso tiene bajo control a la industria ideológica de la propaganda. Todo un sistema doctrinal que incluye a los medios de difusión masiva, la industria del espectáculo, el sistema educativo, el político, sus papagayos orgánicos y todo lo que se ha dado en llamar la industria de relaciones públicas. El papel de los medios electrónicos es clave para manipular, engañar a la población y generar una falsa conciencia. El sistema de propaganda del régimen y sus patrocinadores no quiere que la gente piense; debe mantener a las masas estúpidas e ignorantes. Usan el concepto democracia como una forma de control de población. No en balde el golpe gubernamental contra LFC y el SME fue precedido de una intensa campaña de guerra sucia y linchamiento mediático contra la dirigencia del sindicato de electricistas, que adquirió rasgos de una intoxicación informativa.

Es falso que el gobierno de facto actúe en función de los intereses de la población. Calderón administra los intereses de una tiranía privada. Usa al pueblo, sirve al capital. Él y sus amos odian lo colectivo, lo social organizado, la democracia popular. Pero eso no se le puede decir a la gente. El candidato del “empleo” no podía prometer en campaña, “vótenme, voy a despedir a los 44 mil trabajadores del SME, perder un millón de empleos en un año y dejar en la informalidad a 28 por ciento de la fuerza laboral”.

Este México no da más. El país requiere un nuevo pacto social, que sólo podrá ser arrancado mediante la lucha y organización populares. Ante el desafío de los de abajo, Calderón apuesta a un Estado de nuevo tipo autoritario y militarizado. Así están las cosas.

Fuente: La Jornada, México

Sobre los derechos de los artistas musicales sobre sus obras y los ataques que los mismos están sufriendo en Costa Rica.

*Esteban Monge **

Desde hace varios meses, en Costa Rica se ha venido orquestando una campaña sumamente agresiva por parte de las radios, agrupadas en la Cámara Nacional de Radio (CANARA), en la que se afirma que las compañías disqueras trasnacionales – les están haciendo cobros abusivos.

Esos cobros que hacen las disqueras corresponden a lo que nuestra legislación interna – Ley de Derechos de Autor y Conexos-, amparada en convenios internacionales firmados por el país y debidamente ratificados por la Asamblea Legislativa, reconoce como una justa retribución que debe hacer todo usuario de la música que obtenga un beneficio económico a partir de la utilización de la misma a aquellos que hicieron posible la existencia y el registro fonográfico de ésta.

En ese caso, los beneficiarios de ese pago son los autores y compositores de las obras musicales, los músicos que las ejecutan e interpretan y quienes invirtieron en la producción de los fonogramas donde están registradas esas obras, los cuales pueden ser personas físicas o empresas, nacionales o trasnacionales.

En el caso de Costa Rica, muchos artistas tenemos la doble condición de autores-compositores e intérpretes-ejecutantes, pero también somos los productores fonográficos de nuestros discos.

Este pago que deben hacer los usuarios de nuestro trabajo que sacan provecho económico del mismo viene a ser un equivalente al salario que un patrono debe pagar a cualquier trabajador. La lógica es esta: si un trabajador lo que tiene para “vender” dentro del sistema de producción e intercambio de bienes y servicios –economía política- es su fuerza de trabajo, lo que un artista tiene para “vender” es su talento y su creatividad. La idea es que tanto el trabajador como el artista puedan vivir dignamente de su trabajo, de su talento y de su creatividad.

Ese trabajo, ese talento y esa creatividad son su propiedad, les pertenece. A ese derecho de remuneración que tiene el artista o el productor fonográfico por el uso de su obra y de su trabajo se le conoce como derecho patrimonial, complementado por la otra mitad del derecho de autor que es el derecho moral. De ahí que el derecho de autor y los derechos conexos-por extensión- tienen reconocimiento en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 27). La forma como esos derechos se van a hacer efectivos está regulada en convenios internacionales que Costa Rica se comprometió, décadas atrás, a observar, así como mediante la promulgación de leyes nacionales.

En cuanto a la campaña de CANARA, hay que indicar que la misma se ha centrado en atacar a las disqueras trasnacionales, ocultando el hecho de que los artistas intérpretes y ejecutantes de la música que programan son titulares de la mitad de los derechos que no quieren reconocer. Por ahora, la campaña no ataca los derechos de autor, los cuales, después de muchos años de negociación, las radios y televisoras, así como los locales comerciales, han venido pagando a ACAM, aunque algunos usuarios de la música han expresado su malestar por el pago y, en algunos casos, se han negado a hacerlo. El problema es que los derechos de autor constituyen sólo el 50% de lo que deben pagar los usuarios de la música que se benefician económicamente con dicho uso.

La otra mitad se divide por partes iguales entre productores fonográficos y artista intérpretes y ejecutantes, representados, para tales efectos, por FONOTICA y AIE, respectivamente. La existencia de instancias como ACAM, AIE y FONOTICA obedece a que resulta imposible que cada autor, compositor, intérprete, ejecutante o productor fonográfico vaya personalmente a cada una de las radios, televisoras y locales comerciales donde se utilizan sus obras a cobrar por dicho uso, por lo que a nivel mundial se definió que la mejor forma para cobrar derechos era que los mismos artistas y productores constituyeran lo que se conoce como entidades de gestión colectiva que dispusieran de un aparato administrativo que se ocupara de hacer efectivo el respeto y el cobro de los derechos, claro está, bajo el amparo del Estado, que debe velar por el respeto de éstos en tanto derechos fundamentales. ACAM, AIE y FONOTICA, son, para el caso de Costa Rica, las entidades legitimadas por nosotros mismos y por el sistema jurídico e institucional del país para realizar dicha gestión.

Además, estas asociaciones deben afiliarse a federaciones que agrupan a las asociaciones de los países que han suscrito los convenios sobre la materia y deben responder ante los artistas de esos países cuya obras, interpretaciones y ejecuciones son utilizadas en el país.

Lo mismo para los artistas costarricenses cuyo trabajo suena en el extranjero: si un artista costarricense tiene material que es programado por radioemisoras en España, la Sociedad General de Autores de España debe recaudar los derechos del artista costarricense, enviar el dinero generado a ACAM (en el caso de derechos de autor) y ACAM debe desembolsar al asociado el monto correspondiente, luego de descontar los gastos administrativos que son los que permiten que el aparato siga funcionando. En caso de que los asociados lo hayan acordado y exista un fondo de bienestar social, entonces también se rebaja el porcentaje que va a alimentar dicho fondo solidario.

Otro de los elementos presentes en la campaña de CANARA es el del énfasis que se hace en decir que el cobro que hacen las disqueras es abusivo. Ya dijimos que el cobro no lo hacen sólo las disqueras, sino que también nosotros, como artistas intérpretes.

Aquí habría que indicar que un cobro puede ser abusivo por, al menos, dos razones: 1. no estar amparado en una ley y 2. Resultar económicamente desproporcionado, tomando en cuenta la capacidad económica de quien debe pagar. En el caso del cobro que se le está haciendo a las radios, el mismo está amparado en la ley interna y en convenios internacionales. Pero, además, lo que se está cobrando es un porcentaje de lo que las radios perciben por concepto de publicidad.

Ese porcentaje lo definen los titulares del derecho y puede ser objeto de negociación. Hay países donde ese porcentaje está definido por ley y llega a ser de hasta el 9%. En el caso de Costa Rica las entidades de gestión han definido un porcentaje mucho menor. Al ser un porcentaje de los ingresos por concepto de publicidad, estamos hablando de dinero que las radios, efectivamente, tienen.

En este sentido, habría que pedirle a CANARA que diga por qué el cobro es abusivo. Decir que un cobro que se me hace es abusivo y no indicar por qué, no ayuda mucho a comprender el trasfondo que hay detrás de la negativa a pagar.

Además de las radios y las televisoras, los otros usuarios de la música que deben reconocer los derechos patrimoniales y morales de los artistas son los locales comerciales, incluyendo bares, restaurantes, gimnasios, hoteles, etc. Es decir, todo local comercial en el que la música es un “ingrediente” necesario para el servicio que se ofrece al público debe tener el permiso de los autores de las obras, de los artistas intérpretes y ejecutantes de las mismas y de los productores fonográficos de los discos donde éstas están registradas para poder utilizarlas, y una vez que tengan el permiso (licencias), deben pagar mensualmente una tarifa, la cual es definida por los titulares de las obras y de los fonogramas A la hora de definir el sistema tarifario, se tiene en cuenta el tipo de actividad, el tamaño del local y los ingresos que el mismo genera, tratando de que haya equidad y proporcionalidad.

En cuanto a estos usuarios, debemos indicar que el cobro de los derechos sí se ha podido realizar, aunque sea parcialmente –ACAM recauda y entrega la mitad a FONOTICA y ésta entrega la mitad de la mitad a AIE. Digo que ACAM recauda parcialmente porque aún hay usuarios que se niegan a pagar y que han planteado recursos legales en contra del cobro, sin que esas acciones hayan tenido éxito hasta la fecha, gracias al sólido fundamento jurídico –hoy amenazado- que tiene la existencia de nuestros derechos en el país.

Un ejemplo: por el artículo 50 de la Ley de Derechos de Autor y Conexos y el reglamento a dicho artículo establecen que cuando alguien quiera abrir un local comercial (un bar, un restaurante, un salón de baile) y va a pedir los permisos municipales correspondientes, la municipalidad debe indicarle que uno de los requisitos que debe cumplir para tener la patente de funcionamiento es presentar las licencias que expiden ACAM, AIE y FONOTICA autorizando el uso de obras musicales, así como estar al día con el pago de derechos de autor y conexos.

Algunos dueños de locales comerciales han presentado acciones de inconstitucionalidad contra el reglamento y dichas acciones han sido rechazadas por la Sala IV, la cual considera que esta medida no es desproporcional, ya que lo que busca es hacer efectivo un derecho reconocido en la constitución y en convenios internacionales. Aún así, hay usuarios que se siguen negando a pagar y que tienen deudas, en algunos casos millonarias, con las entidades de gestión (ACAM, AIE y FONOTICA).

Es en este contexto donde, en los últimos meses, se han producido tres gestiones de parte del Gobierno de la República y de actores políticos que vienen a atentar contra los derechos de autor y conexos en nuestro país.

La primera acción fue ejecutada por el Gobierno y consiste en la publicación de un decreto (el Decreto No. Nº 35536-MP, del 19 de octubre pasado) que viene a eliminar el artículo 4 del reglamento del artículo 50 de la Ley de Derechos de Autor y Conexos. El artículo 50 de la Ley de Derechos de Autor y Conexos es el que establece que la autoridad está habilitada para pedir como requisito para el otorgamiento de permisos de funcionamiento de locales comerciales el presentar la licencia emitida por ACAM, AIE y FONOTICA autorizando el uso de repertorio musical.

El artículo 4 del reglamento a dicho artículo lo que hacía era aclarar qué se entiendo por “autoridad”, indicando que por autoridad se entenderá las municipalidades, así como otras instancias públicas que tengan que dar cualquier permiso de funcionamiento. Es importante indicar que esas entidades públicas lo que hacían era pedir el requisito y no realizar el cobro de los derechos, cobro que sólo pueden hacer los titulares de los mismos a través de ACAM, AIE y FONOTICA. El decreto, firmado por el Presidente Arias indica que un requisito de este tipo constituye una barrera al comercio y que es innecesario.

Al respecto, hay que indicar que un mecanismo como el establecido en el artículo 50 de la Ley y reglamentado en el artículo 4 del reglamento lo que busca es garantizar de manera preventiva un pago que el patentado necesariamente tendrá que hacer: eliminar el mecanismo no implica eliminar el derecho.

El derecho sigue existiendo, sólo que ahora el patentado abrirá el local comercial sin saber que tiene que pagar derechos de autor y conexos, ante lo cual ACAM, AIE y FONOTICA llegarán a cobrarle y él alegará que no sabía nada al respecto. Ante esta situación caben dos posibilidades: que el patentado acepte pagar o que se niegue a hacerlo. En el segundo de los casos tendremos que ir a la vía judicial a cobrarle lo que por ley tenemos derecho a cobrarle.

Así, eliminar el artículo 4 del reglamento hará más conflictiva la observancia de los derechos de autor y conexos. Llama la atención que apenas sale publicado el decreto que deroga el artículo 4, CANARA y algunas cámaras de patentados comienzan a enviar el mensaje a sus afiliados y a la opinión pública de que ya no deben pagar del todo derechos de autor y conexos. Eso es falso: se eliminó el mecanismo, pero nuestros derechos siguen existiendo. A raíz de dicha reacción ante la promulgación del decreto por parte de ciertos usuarios que han venido moviendo cielo y tierra para no tener que pagar derechos de autor y conexos, queda claro que la intención que hay detrás del decreto es eliminar los derechos. Y el gobierno se ha prestado para favorecer al sector que está detrás de esto.

La segunda acción de la que nos percatamos consiste en las gestiones que ha hecho el Gobierno a nivel internacional para que el país no tenga que cumplir con algunas obligaciones en materia de derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes y de los productores fonográficos. En agosto pasado, el Gobierno de la República depositó dos reservas: una para que el país no tenga que cumplir con lo establecido en el artículo 15 párrafo 1 del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Interpretación y Ejecución de Fonogramas y otra para no tener que cumplir con lo establecido en el artículo 12 de la Convención Internacional para la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes y los Productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusión (Convenio de Roma).

En este sentido, el 4 agosto de este año la entonces Ministra de Justicia, Viviana Martín (candidata nacional por el Partido Liberación Nacional al puesto de diputada para las próximas elecciones) envía una carta a la Cancillería en la que le solicita que se presenten reservas ante las instancias internacionales de las que Costa Rica forma parte que se encargan de observar el cumplimiento por parte de los países de los convenios en la materia para que los artículos que dan sustento a la existencia de los derechos patrimoniales de los artistas intérpretes y ejecutantes y productores fonográficos por el uso de nuestras obras por parte de las radios y televisoras no sean de acatamiento obligatorio para el país.

Lo más grave de todo es que la carta de la ex Ministra indica que dichas gestiones se están haciendo luego de “un largo proceso de reflexión y negociación con los diferentes actores atinente al tema”. En este sentido, hay que decir que esto es falso. Que ni ACAM, ni AIE, ni FONOTICA han sido consultadas sobre este tema, siendo las entidades legitimadas para participar, en representación nuestra, en cualquier proceso de este tipo.

Estas gestiones a nivel internacional no pueden tener efecto si la legislación interna no se modifica adecuándose a las mismas. Es decir, se pueden presentar reservas para no observar los artículos de los convenios afectados por las mismas, pero si en la legislación interna no se modifican los artículos según lo planteado en las reservas, los derechos siguen existiendo y deben seguirse respetando.

Lamentablemente, y aquí es donde vemos que estas acciones forman parte de una estrategia bien diseñada, nos enteramos de que en la Asamblea Legislativa fue presentado, por parte de la diputada Evita Arguedas, un proyecto de ley (No. 17574) que, tal y como la misma diputada ha señalado abiertamente, fue redactado por CANARA. Esta es la tercera acción.

El proyecto de Ley tiene un nombre muy bonito: LEY PARA REGULAR LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS Y ARTISTAS NACIONALES A TRAVÉS DE LOS ORGANISMOS DE RADIODIFUSIÓN TRADICIONAL O CONVENCIONAL, y en la exposición de motivos se señala claramente que este va en consonancia con las reservas presentadas por el país.

Cuando el proyecto de ley –lo mismo que los artículos de los convenios que con las reservas quedan inaplicables en el país- habla de radiodifusión tradicional o convencional, está hablando de las emisoras y canales que no cobran directamente al oyente o televidente una tarifa por la señal que reciben. En ese sentido, también se habla de radiodifusión gratuita.

El argumento detrás de esto es que la misión de esos medio es social y, aunque no lo dicen explícitamente, no son empresas con fines de lucro. Pues resulta que aunque esas emisoras y esos canales no cobran directamente (como si lo hacen las empresas de cable) por la trasmisión a los escuchas y a los televidentes, sí son empresas con fines de lucro y sí obtienen un beneficio económico para el cual nuestro trabajo resulta vital.

El lucro lo obtienen vendiendo pauta publicitaria. Algunos medios llegan a facturar sumas que llegan a los millones de colones por mes.

El cobro que se les está haciendo es conforme a la ley. De ahí que quieran eliminar la ley y así eliminar el cobro. Aquí, más allá de la cuestión legal, hay una cuestión ética. El cobro lo que busca es que haya una justa remuneración a favor de los artistas musicales y los productores fonográficos que hacen posible que haya material a disposición de estos medios para que estos medios existan también. Así, el círculo se cierra.

En ese círculo todas las partes se necesitan. Si una parte obtiene ganancia utilizando el trabajo de las otras, es justo que esas otras partes también obtengan un beneficio económico. Es un asunto de redistribución de la riqueza. Lo que el Proyecto de Ley presentado por Evita Arguedas y respaldado en cuanto a su presentación por 47 diputados y diputadas de todas las fracciones representadas en la Asamblea plantea es que las radios y televisoras, con la mediación del Ministerio de Cultura, van a programar más música nacional, pero no van a pagar derechos a los artistas y productores fonográficos.

Esto implica un desequilibrio en ese círculo. Es como si se aprobara una ley promovida por el sector patronal según la cual los patronos van a dar trabajo, pero no van a pagar salarios. El proyecto de ley tiene que discutirse en la Asamblea Legislativa, y desde ya las y los artistas asociados a ACAM y AIE manifestamos nuestro total rechazo al mismo.

Voy a dejar hasta aquí mi exposición, ya que el objetivo de la misma es mostrar el contexto que actualmente se está dando en el país sobre este tema. Es vital que la opinión pública sepa que estos derechos, de los que somos titulares los artistas musicales, quieren ser desconocidos desde su raíz jurídica y quienes se identifican con nuestros trabajo se solidaricen y nos acompañen en su defensa. Las y los artistas musicales consideramos que lo que está sucediendo es sumamente grave. Un derecho, para que sea derecho, debe ser reconocido jurídicamente, pero, antes, debe ser reconocido culturalmente.

En Costa Rica, ese reconocimiento aún no está afianzado. Vemos con tristeza como un sector de la sociedad, conformado por grupos empresariales que se benefician con nuestro trabajo, está movilizando recursos, que bien podrían estar utilizando en reconocer nuestros derechos establecidos por ley, en modificar la ley y eliminarlos. Es tarea pendiente el generar una sensibilidad cultural que acuerpe la existencia y el respeto de nuestros derechos.

Quiero terminar transcribiendo una parte del discurso que en junio de 2007 el Presidente Arias diera en la entrega de premios ACAM, pues pareciera que, con las acciones que su gobierno está tomando, sus palabras se las llevó el viento. Quizás citarlo ahora le refresque la memoria y lo haga rectificar:

“Producción musical nacional. Por eso considero crucial que le demos un impulso decidido a la producción musical costarricense. Y creo que, a pesar de las múltiples dificultades que todavía enfrentan los músicos nacionales, vamos progresando en esta tarea. Porque nuestros músicos ahora ganan Grammys y festivales internacionales. Porque las emisoras de radio programan cada vez más música de compositores costarricenses, aunque todavía no lo suficiente. Porque al lado de chips de computadoras y software de la mejor calidad, ahora también exportamos música. Porque, conforme pasa el tiempo, los músicos costarricenses se convierten en figuras públicas, en modelos a seguir.

Con este progreso, viene aparejada una gran responsabilidad: hace que los músicos se conviertan en figuras cada vez más influyentes, cada vez más capaces de modificar las realidades a partir de sus palabras. Y a mí me parece maravilloso que así sea. Creo que la fama los hará influyentes, pero el arte los hará sensibles. Creo que el reconocimiento los hará populares, pero la cultura los hará sabios. Creo que Costa Rica no puede prescindir de sus corazones, no puede prescindir de sus palabras y, sobre todo, no puede prescindir de sus canciones.

Yo deseo que la producción musical costarricense sea cada vez más firme y segura, que sea cada vez más responsable y cada vez más crítica. Sobre todo, deseo que sea cada vez más libre. Porque los listones de las marimbas, las cuerdas de los violines y las guitarras son los ejes de nuestra carreta, como dijera Atahualpa Yupanqui en su bella canción, y esos ejes de la carreta,nunca los voy a engrasar.”

• Cantautor y Licenciado en Derecho,

Secretario de la Junta Directiva de la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes de Costa Rica (AIE Costa Rica)