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EL aventón aéreo a la diputada Ballestero

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Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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En realidad, nosotros pensamos que al mejor estilo gamonal, doña Mauren necesitaba estar presente para garantizarse lealtades partidarias y dar las “líneas” del caso, “bendiciendo” candidaturas locales, como suele suceder en los ámbitos de la política tradicional hoy tan desprestigiada.

Tal evento partidario coincidía en fecha con la salida fuera del país de la citada legisladora, así que desde San José a Liberia, ida y vuelta, por tierra era prácticamente imposible movilizarse, siendo necesario la vía aérea para regresar a tiempo a coger el avión. Aquí surgió la “mano amiga” del señor Orlando Madrigal, altísimo funcionario (viceministro) de la cartera de Seguridad Pública y quien estaba disponible en el momento indicado en que doña Mauren ocupaba del “empujoncito aéreo” (“aventón”, como lo conocemos popularmente).

El Diario Extra publicó también la denuncia indicada, bajo el título de “Diputada del PLN usó avioneta de policía en actividad electoral”, consignando que en la avioneta de la Fuerza Pública la legisladora oficialista Ballestero viajó “a tierra pampera para participar en la Asamblea Cantonal de su partido, donde se eligieron a los candidatos a regidores liberianos”, usando así recursos del Estado para una actividad partidaria que es privada. “El combustible, salario del piloto y demás gastos se pagarán con dineros de los impuestos de los costarricenses”, agregó la mencionada publicación.

Con base en la legitimidad que nos da la circunstancia de representar a una organización laboral-social, de carácter sindical, a la cual están afiliadas varios miles de personas trabajadoras, muchas de las cuales habrán de ejercer su constitucional derecho del sufragio en las elecciones del 7 de febrero de 2010, acudimos al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), presentando la denuncia correspondiente.

Además, como no tenemos vinculación partidaria alguna, ni mucho menos simpatías por candidaturas particulares, nuestro interés en este caso no busca “favorecer” a nadie; representa sólo una sana preocupación por una transparencia electoral que sentimos se está perdiendo… peligrosamente.

Por disposición de la ley y de la Constitución, en época de elecciones generales, la Fuerza Pública queda a las órdenes del TSE. En esta ocasión, el “traspaso” oficial de mando se hizo el pasado 7 de octubre y el “favorcito” que le hicieron a doña Mauren en la Fuerza Pública, se produjo unos cuatro días después de que el presidente del citado tribunal electoral, había alertado acerca de la necesaria actitud de imparcialidad política que el actual Gobierno debe observar.

Estamos pidiendo que con toda ejecutividad, seriedad y transparencia, se realice la más urgente investigación para determinar las responsabilidades que son en competerle a la citada legisladora Mauren Ballestero, así como a las altas autoridades de la Fuerza Pública, específicamente al señor Madrigal, de quien, por cierto, tenemos el mejor de los criterios.

El TSE, altamente cuestionado por una enorme cantidad de ciudadanos y de ciudadanas por su desempeño en el proceso electoral de 2006 y en el referéndum sobre el TLC con Estados Unidos, celebrado en octubre de 2007, no puede darse el lujo de una actitud complaciente, tímida, pusilánime con relación a la denuncia que hemos denunciado. Si no hay decisiones claras de que, en verdad, ahora sí, habrá absoluta imparcialidad y de que este caso no quedará impune, entonces el TSE seguirá por la curva de descrédito que ya tiene ante un buen segmento de la ciudadanía apta para votar.

Es más, una actuación del TSE débil en este caso, no solamente certificaría, avalaría, lo que el propio Presidente Arias calificó de “leyes estúpidas” (las limitaciones legales del Gobierno para hacer política electoral); sino que, una “absolución” o una “candorosa” sanción, ha de indicar “luz verde” para que la institucionalidad pública se vuelque a favor del partido en el Gobierno ayudando a sus candidaturas presidencial, legislativas y municipales, como quedó demostrado por la denuncia de Extra TV 42 y de Diario Extra. El TSE tiene la palabra.

Salarios 2010 en Sector Privado: CSJMP presentó propuesta al CNS

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San José, 13 de octubre 2009.

Honorables señores y señoras
Directores y directoras
Consejo Nacional de Salarios (CNS)
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
Presente

Estimados señores:

Con motivo de la convocatoria que se nos ha formulado y que tiene como objeto la fijación de salarios para la clase trabajadora del sector Privado, la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), presenta a su consideración la siguiente propuesta de incremento de salarios, valedera para el 1er. semestre de 2010.

CONSIDERANDO:

1.- Desde el inicio de la administración actual, cumpliendo con su lema de campaña, el Gobierno incluye en su Plan Nacional de Desarrollo, la política de “salarios crecientes”, adquiriendo un compromiso de primer orden, de cara a la clase trabajadora costarricense.

2.- Han trascurrido casi los cuatro años de gobierno y la susodicha política de “salarios crecientes”, aún no se ha cumplido. La crisis, provocada por las políticas neoliberales, golpea severamente en todas sus dimensiones a la clase trabajadora: despidos, precarización y flexibilización laboral, que implica necesariamente una rebaja en los ingresos de los trabajadores y de las trabajadoras.

La situación se ve agravada por la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), toda vez que éste no refleja la medición exacta e integral del alto costo de la vida, siendo las personas trabajadoras de menores ingresos los que corren con el costo de una mayor inflación.

3.- Se pudo ver cómo en el informe de INEC, previo a la negociación salarial del semestre actual, primeramente se dijo que el aumento del costo de vida sería de un 1.21, % pero un mes después y vencido el semestre, resultó que el costo de vida había aumentado un 2.43%; no obstante, el ajuste de esa diferencia nunca se hizo. Así, estas diferencias se han venido arrastrando por años sin que hayamos encontrado voluntad política que permita realizar los ajustes metodológicos pertinentes que reviertan estos desequilibrios.

4.- Ahora bien, el truco de INEC-Gobierno consiste, básicamente, en presentar a la comunidad laboral una canasta básica general donde se incluyen artículos que no son del consumo popular general de la población, evitando con ello dejar al descubierto una canasta básica familiar que sí es de consumo popular, pues, basta conectarse a la compra de los artículos alimenticios en los supermercados o pulperías para enterarnos que no corresponden los datos oficiales a la realidad.

Este criterio es fácilmente detectable con los precios de las ferias del agricultor, pues mientras que en los medios de comunicación aparecen las listas de precios de las frutas, verduras y legumbres con precios oficiales emitidos por instituciones de Gobierno; cuando se asiste a la Feria el resultado es otro. Para muestra el de la semana recién pasada. Aparecían precios publicados de la naranja a 40 colones la unidad, pero en la Feria ésta se encontraba a 6 naranjas por mil colones, es decir, a ciento sesenta y seis colones la unidad. Esto para poner un solo ejemplo. Podríamos ver uno a uno encontrando que los precios oficiales publicados en los medios de comunicación no guardan ninguna relación con los precios reales de mercado.

Pero, qué pasa. Se juega con los precios oficiales, no con los precios reales de mercado, por lo que si asumimos que los precios oficiales son los que sirven para hacer las estadísticas de precio, el costo de vida oficial está absolutamente separado del costo de vida real, que es con el que tenemos que lidiar la clase trabajadora.

Tanto es así, que en el semestre recién pasado y de acuerdo con los datos publicados por INEC, el costo de vida tal y como lo presentó dicho instituto, fue finalmente del 2.43%; sin embargo, el costo de la canasta básica familiar real de mercado, artículos de consumo diario estuvo en el 43%., según acumulado de agosto de 2007 al presente.

5.- Suena extraño y hasta jocoso pensar que en momentos en que existe una presunta profunda crisis, a la que el Gobierno echa mano cada vez que hay que negociar salarios, alegando que no existe suficiente presupuesto para mejorar los mismos, argumento del cual también se hacen eco los empresarios privados, con lo que justifican su razonamiento para no aumentar los salarios; curiosamente resulta que el costo de vida baja, mecanismo que les ha funcionado hasta ahora, pues el juego es perfecto y de esa manera ni el Gobierno ni los empresarios se desacreditan ni cumplen con las promesas de campaña.

6.- Producto del manejo perverso que se le ha dado a la crisis por parte del Gobierno y los empresarios, se han perdido más de 46 mil empleos, y se han generado un poco más de 20 mil puestos de trabajo. Lo que deja de manifiesto el fracaso del modelo neoliberal y su política de “libre mercado”

POR TANTO:

Congruentes con lo que hemos apuntado en el documento de “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva” (las “10 Medidas”), en el sentido de que para salir del círculo perverso de la crisis, se requiere una serie de políticas anticrisis, entre ellas el impulso del trabajo decente y de salarios crecientes, formulamos las siguiente propuesta para la negociación salarial correspondiente al 1er Semestre de 2010.

I- Cambio Metodológico

Considérese que la metodología actual, vigente desde la “Concertación Nacional”, de 1998, no contribuye en lo absoluto a mejorar los salarios reales del la clase trabajadora y más bien, esta metodología empuja al deterioro de los salarios y profundiza la inequidad salarial, generando una descomunal y vergonzante concentración de la riqueza en un reducido pero poderoso grupo de familias oligárquico-neoliberales, cercanas al Gobierno y a las cúpulas empresariales.

Es claro que los ajustes salariales considerados a partir de la inflación acumulada, no responden a una política de salarios crecientes; toda vez que, además de negar un incrementos real de salarios, por su carácter conlleva a que el salario inmediatamente después del ajuste por inflación acumulada empiece a deteriorarse, precisamente por el crecimiento inmediato del índice inflacionario, lo que empeora, como lo hemos dicho, la capacidad de compra de los salarios. En razón de lo anterior, proponemos un cambio de metodología del cálculo de los ajustes salariales, que contenga los siguientes elementos:

a- Reconocimiento total de la inflación acumulada en cada semestre para el que rige el ajuste.
b- Reconocimiento de la mitad del porcentaje de la inflación proyectada según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
c- Considerar para el cálculo del salario, además de Índice de Precios al Consumidor (IPC), la devaluación del colón con respecto al dólar, toda vez que este desequilibrio afecta directamente la capacidad de compra de la clase trabajadora.

II. Propuesta:

En razón de lo anterior, proponemos el siguiente, ajuste e incremento de salarios para el 1er Semestre de 2010:

1- Por inflación acumulada un ajuste 2%. Esto previendo que el promedio del ritmo inflacionario actual se mantenga constante durante lo que nos queda de este año y suponiendo con ello que la inflación acumulada del período 2009, no supere el 4%.

2- Por inflación proyectada, un ajuste del 2.5%. Esto suponiendo que el BCCR estime una proyección de la inflación para el próximo año del 10%. Por tanto, partimos de que la inflación no superará el 5% por cada semestre, en consecuencia, compartiendo el costo inflacionario de forma proyectada, de tal suerte de que los salarios en este primer semestre, únicamente pierdan la mitad de su poder adquisitivo en razón del incremento de la inflación.

3 – Un incremento real en los salarios del 2.5%. Esto con el objeto de superar la política de salarios, referida únicamnet al mecanismo del índice inflacionario y que realmente, las negociaciones de salarios previstas en el Concejo Nacional de Salarios, signifiquen incrementos reales en la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora.

Esta propuesta nos permite dos cosas. Primeramente, distribuir de forma más equitativa la riqueza nacional. Considérese el 16% de la población costarricense se apropia del 80% de riqueza nacional, mientras que el 84% de la población debemos conformarnos con sobrevivir con el restante 20% de la riqueza que producimos. Inequidad más que inescrupulosa.

En segundo lugar, mejorando la distribución de la riqueza nacional, con una política de salarios crecientes, la clase trabajadora tendrá mayor capacidad de compra, incentivando con ello la producción y los mercados, lo que implica cambiar el círculo perverso de las crisis neoliberal, sea el cierre de empresas, el estrujamiento del mercado local y la precarización del empleo.

Por tanto proponemos un incremento general del 7%, para todo los salarios mínimos, mismos que rige a partir del 1º de enero de 2010.

Así mismo, proponemos que el Concejo Nacional de Salarios se pronuncie sobre lo siguiente:

a- Realice un Estudio de Valoración Salarial para las personas trabajadoras que laboran en la Seguridad Privada; estudio que debe compensar el Riesgo por Peligrosidad, así como de una póliza especial para estos cuerpos de seguridad que de alguna manera apoye a la familia doliente en caso de una fatalidad. Considérese que estos reconocimientos sociales-salariales ya se pagan a los cuerpos policiales del Estado.

b- Este Consejo Nacional de Salarios, como parte de la política de salarios crecientes, recomienda al Gobierno de la República, determinar, conforme a los estudios pertinentes, la composición de una nueva Canasta Básica Social que refleje los nuevos patrones de consumo de los distintos sectores sociales, de tal suerte que, a su vez, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) refleje con mayor impacto social, realmente el costo de la vida que afecta la capacidad de compra de las personas asalariadas.

c- Este Consejo Nacional de Salarios acuerda solicitarle al Gobierno de la República promover de forma urgente (vía decreto ejecutivo o proyecto de ley), que exonere al ICE y a las cooperativas de cogeneración eléctrica del pago del impuesto a los combustibles, de tal suerte que tal exoneración se refleje en las tarifas de servicio eléctrico que prestan estas instituciones y con ello contribuir a la sostenibilidad del salario de las personas trabajadoras.

d- Para que los representantes de Gobierno y empresarios representados en este Consejo Nacional de Salarios, lleve a las instancias superiores de Gobierno una demanda que nuestra clase trabajadora pide a gritos y que vendría a paliar de alguna manera las penas de la clase trabajadora nacional, proponemos una vez más, eliminar el impuesto que pesa sobre los combustibles a los sectores productivos que se dirán, con el objeto de recuperar de alguna manera el alza constante de los precios de los productos y servicios básicos.

Agradeciendo su atención, nos suscribimos de ustedes con respeto y consideración,

CENTRAL SOCIAL JUANITO MORA PORRAS
CSJMP

Albino Vargas Barrantes
Presidente

Luis Ángel Serrano Estrada
Vicepresidente

SINDICATO NACIONAL DE PERIODISTAS
Claudia Durán Chacón
Secretaria General

Estado de derecho y cuestión sindical

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el ser humano es el ser supremo para el ser humano glosado y analizado por el profesor Franz Hinkelammert. El punto era, entonces ¿cómo relacionar dicho principio con la explotación a escala planetaria que hoy sufre una gran parte de la Humanidad? Si el hombre nace libre ¿por qué hoy lo vemos en cadenas? preguntaba ingenuamente Rousseau.

* Grupo Soberanía

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Creciente militarización en Guatemala amenaza paz del área

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MAGNITUD Y ALCANCES DE LA REMILITARIZACIÓ N EN GUATEMALA.
DECLARACIÓN POLÍTICA DE LA UNIDAD REVOLUCIONARIA NACIONAL GUATEMALTECA

URNG/MAIZ ante Guatemala y el mundo declara y denuncia:

1. Que la remilitarizació n de Guatemala impuesta por el Gobierno de la UNE presidido por el Presidente de la República Ing. Álvaro Colom Caballeros, constituye un hecho antidemocrático y manipulador, pues esconde las verdaderas intenciones que se encierran en el mismo de parte de los intereses oligárquicos nacionales, la expansión del TLC entre Canadá, Estados Unidos de América y México hacia Centroamérica y otras regiones dentro del denominado Plan Puebla Panamá, y sobre todo los intereses geopolíticos y militares que el expansionismo de los Estados Unidos de Norteamérica para la región y el resto de América Latina.

2. El gobierno de Guatemala a través del presidente Colom quien actúa como Comandante General del Ejército Nacional justificándose en el combate al narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia común, de manera acelerada implementa la duplicación de la fuerza militar, así como la ejecución de los planes para su ubicación, dislocación y operatividad, los cuales no se corresponden con los mapas que sobre violencia e inseguridad tiene el mismo gobierno y sectores de la sociedad civil especializada en la temática.

3. La situación descrita ha recibido el rechazo de la población, especialmente en la áreas del país en donde en su memoria histórica persiste la magnitud y alcances de la represión militar por el ejercito guatemalteco dentro de la represión como política de Estado. En ese sentido la incertidumbre sobre su tranquilidad, seguridad, y sobre todo la vulnerabilidad de sus derechos humanos es constante.

4. Es necesario resaltar el hecho de que la remilitarizació n se dará en las zonas del país en donde el gobierno obsecuente a los intereses del poder económico nacional y transnacional impone la implantación de mega proyectos como los de la minería, las hidroeléctricas y la construcción de canales secos, los cuales son rechazados por las poblaciones, pues por la propia experiencia histórica y por las experiencias recientes, mas que ofrecer una perspectiva de desarrollo, lo que se tiene es desplazamientos de población, destrucción del ambiente y represión empresarial avaladas por el Estado pasando así a jugar el papel de cómplice.

5. La remilitarizació n se corresponde a los planes del pentágono de controlar y dominar la tierra y el territorio latinoamericano, así como el de aplastar los procesos democráticos y populares de la región especialmente en América del Sur y Centroamérica. Para el efecto los Estados Unidos desarrollan para México y CA el plan Mérida y para la América del Sur el pal Colombia. En este mes el gobierno panameño autorizará la implantación de tres bases militares norteamericanas y el gobierno colombiano recientemente autorizó la implantación de siete bases militares. Para Centroamérica remilitarizan Guatemala y Honduras, en donde está demostrado que el golpe de Estado en contra del Presidente Celaya se planificó y Coordino desde la base militar norteamericana de Palmerola.

6. URNG/MAIZ al denunciar la situación violatoria a la soberanía y seguridad nacional, así como al Acuerdo de Paz, sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, y el Acuerdo sobre Derechos Humanos, declara su oposición plena a la remilitarizació n del Estado guatemalteco por las razones descritas, así como por la disposición de las fuerzas políticas de la derecha guatemalteca a regresar a las épocas de la militarizació n de la sociedad. En ese sentido exhorta a la sociedad a tomar conciencia y claridad sobre la magnitud y alcances de esta amenaza que impone el gobierno de la UNE y Colom, así mismo insta a la población a organizarse y a ejercer presiones sobre el gobierno para que estos planes no se conviertan en realidades.

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Guatemala 08 de Octubre de 2009.

Elección de magistrado: ¿Falta de voluntad o cálculo político?

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Por un lado, la Asamblea Legislativa nunca había demorado tanto y por el otro, existe una seria amenaza de que ese Tribunal deje de funcionar por falta de alguno de sus integrantes, ya que el nombramiento de los magistrados suplentes se vence en las próximas semanas.

Resulta paradójico que los Constituyentes del 49 pudieron promulgar nuestra Constitución en diez meses y que la Asamblea Legislativa no haya podido nombrar un magistrado de la Sala en 18 meses: ¿Será falta de voluntad política o acaso será ésta la “verdadera” voluntad política?

El peso político de la Sala Constitucional (protección de los derechos fundamentales, reelección presidencial, TLC, control del poder) aunado al prácticamente vitalicio nombramiento de sus integrantes, permiten comprender el interés de unos sectores políticos por mantener una representación ideológica mayoritaria en el alto Tribunal, y de otros por evitar que el órgano contralor del poder político continúe siendo parte del mismo poder dominante, como hasta la fecha. Así, mientras la oposición se mantenga firme ante las presiones que se avecinan, al “establishment” le resultará imposible imponer un candidato de su riñón o a alguien disimuladamente afín.

En el actual escenario, cuando solo sesiona los jueves en la mañana, no hay forma posible de llegar a ningún acuerdo y resulta muy conveniente patear la bola hasta la próxima legislatura. ¿Por qué será que luego de un año y ochos meses, el Gobierno o los que tienen el poder para hacerlo no han podido elegir un magistrado? ¿Recuerdan las sesiones hasta medianoche para aprobar las leyes complementarias? ¡Eso sí importaba! Pero no la integración, como manda la Constitución, del Tribunal que controla al poder político. ¡Esto es muy estorboso!

El panorama podría complicarse aún más, por que la Corte abrió el concurso para remitir a la Asamblea la nómina de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, sin que para ello exista un criterio objetivo para la ponderación de los atestados de los candidatos. Y si además, se cayera en la tentación de remitir una nómina cargada en una sola línea ideológica, el entrabamiento sería peor, pues, sin duda, la oposición objetaría la lista, como ya ocurrió hace cuatro años.

La paralización de la Sala Constitucional acarrearía graves consecuencias. Los hábeas corpus, que protegen la libertad y el libre tránsito de la ciudadanía no podrían ser resueltos. Asuntos de gran impacto político y social, como el caso Crucitas, no podrían ser decididos. Cualquier consulta facultativa parlamentaria supondría la paralización del proyecto de ley consultado, pues la Sala no podría evacuarla, lo que entorpecería la labor del Poder Legislativo. En resumen, el país viviría sin Sala por un espacio incierto. ¿A quién le sirve eso? Al poder político

Los diferentes actores políticos deberían ser conscientes de que no se debe jugar con las instituciones democráticas y mucho menos con aquellas que vigilan y controlan el poder político. Casos, como el de Honduras, ponen en evidencian el enorme perjuicio que se infringe a la sociedad y a la estabilidad democrática, cuando se manipula la institucionalidad de un país.

Con esta denuncia, estoy llamando la atención a las diversas organizaciones sociales, a los centros académicos y a los medios de comunicación para que esta situación no les pase inadvertida. Tenemos que exigir a los diputados que valoren los atestados de los candidatos en base a aquellos criterios que más beneficien a los costarricenses y no a los pocos que ostentan el poder.

Hay excelentes candidatos con experiencia y suficientes atributos que permitirán a los políticos, finalmente, llegar a un acuerdo. Es muy perjudicial para nuestro sistema democrático escoger jueces constitucionales en virtud de su afiliación partidaria; y es una vergüenza optar por no elegir a nadie y dejar a la ciudadanía desvalida, sin la protección de la Jurisdicción Constitucional. Pienso en los centenares de pacientes, como los enfermos de cáncer o sida, que han tenido que acudir a la Sala para que la CCSS les suministre medicamentos indispensables para sobrevivir. ¿Qué será de ellos?

*Constitucionalista

“Han matado a 12 sindicalistas desde el Golpe de Estado”

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CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL
161/121009

Primer plano de Erasto Reyes (Honduras)

Bruselas, 12 de octubre de 2009 (CSI EnLinea): Los sindicatos se han movilizado para reclamar el retorno a la democracia, pero muchos y muchas activistas han perdido la vida, han sido encarcelados y torturados. El gobierno de facto controla la prensa. Erasto Reyes, abogado comprometido con el movimiento sindical y uno de los líderes del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado (1), expone las exacciones cometidas. Hace un llamamiento a la solidaridad sindical internacional.

Miles de hondureños y hondureñas han salido a las calles para protestar pacíficamente contra el Golpe de Estado, pero se han encontrado con una represión sangrienta por parte de las autoridades. ¿Cuál es el balance hasta la fecha?

En total, la represión contra los oponentes al Golpe de Estado ha provocado la muerte de más de 20 personas. Otras 500 han resultado heridas y 3.000 han sido detenidas. Entre las personas asesinadas figuran 12 activistas sindicales. A algunos los mataron en su casa, a otros en los movimientos de protesta contra el Golpe de Estado. Las mujeres y los jóvenes están particularmente implicados en la resistencia pacífica contra el Golpe de Estado.

Los casos de tortura física y psicológica son numerosos. A un fotógrafo periodista del periódico El Libertador, Delmer Membreño, se lo llevaron y lo torturaron. Una docente sindicalista fue violada por cuatro policías. Podría citar muchos otros casos, como el de Agustina Flores López, miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras (2), que fue duramente golpeada por la policía, incluso en público, ante los medios de comunicación. Las imágenes de los golpes fueron grabadas y presentadas ante un juez, pero éste se ha negado a tenerlas en cuenta. Ella sigue en prisión, acusada de “sedición y terrorismo”. Decenas de hondureños están detenidos por estos cargos, entre ellos personas mayores.

El Presidente Zelaya, a finales de 2008, había aumentado el salario mínimo de 126 a 202 euros, para gran cólera de la patronal. ¿Es esta subida una de las razones del Golpe de Estado?

El Presidente Zelaya había tomado toda una serie de medidas a favor de los trabajadores y trabajadoras. Sorprendentemente, puesto que viene del partido liberal, también había girado a la izquierda en materia de relaciones internacionales, al unirse a la Alternativa Bolivariana para las Américas (3). También había invitado a los sindicatos al diálogo sobre toda una serie de temas, entre ellos la subcontratación. Un proyecto de decreto pretendía regularizar así el recurso a los trabajadores/as subcontratados, a fin de no precarizarlos más. Las autoridades actuales quieren ir en sentido contrario al privilegiar, por ejemplo, los contratos temporales, que pueden ser renovados durante tres años. Si su proyecto es aprobado, a largo plazo, no habrá ningún sindicato en Honduras porque resulta sumamente difícil sindicalizar a los trabajadores y trabajadoras temporales.

¿Podemos considerar que las fuerzas antisindicales se han aprovechado de la represión de los oponentes al Golpe de Estado para asesinar a sindicalistas?

Es posible, puesto que la gran mayoría de los empleadores apoyan el Golpe de Estado.

Entonces, incluso cuando el Presidente Zelaya gobernaba, ser activista sindical era ya una actividad peligrosa, puesto que varios sindicalistas fueron asesinados o agredidos a tiros en 2008…

Es verdad, y la tasa de sindicalización era ya muy baja: a penas el 3% de la mano de obra en las maquilas (4), y el 8% de la población activa total, lo cual representa 3,5 millones de trabajadores y trabajadoras. Se producían muchos incidentes inquietantes. Por ejemplo, en 2008, sindicalistas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras fueron brevemente detenidos por supuestos agentes de la policía que se infiltraban en el campus con una lista de los nombres de los sindicalistas a agredir y de numerosos dirigentes sindicales, entre ellos el de Rosa Altragracia Fuentes, la Secretaria General de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), asesinada en abril de 2008 (5). A pesar de las violaciones de los derechos sindicales anteriores al Golpe de Estado, los sindicatos exigen la vuelta del antiguo presidente porque desde el 28 de junio la situación se ha degradado muchísimo.

¿Los sindicatos hondureños han podido seguir funcionando desde entonces?

La actividad de cada sindicato se ha visto restringida a causa del miedo a sufrir agresiones en eventuales reuniones sindicales. Todos los dirigentes sindicales están amenazados. En los baños de la sede sindical del sector industrial de la bebida, STIBYS (6), explotó una bomba, pero no hubo víctimas porque el incidente se produjo poco después de que los militantes se hubieran ido tras haberse reunido para el funeral de un dirigente sindical asesinado.

Algunos sindicatos desafían el peligro, como el STIBYS, que incluso organizó su Congreso el pasado mes de agosto. Por otro lado, a muchos sindicalistas les falta tiempo para organizar las actividades sindicales, puesto que están también comprometidos con el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado.

Al denunciar las exacciones cometidas desde el Golpe de Estado, ¿no teme por su propia seguridad?

Sí, por supuesto. Los que denuncian corren muchos riesgos, pero no podemos quedarnos callados ante lo que está pasando en nuestro país. Por eso pedimos a la CSI y a todas sus organizaciones afiliadas que nos apoyen, que hagan todo lo posible para divulgar las exacciones cometidas en Honduras, para poner fin a todo eso.

¿Cómo pueden ayudarles los sindicatos nacionales e internacionales?

Para empezar, condenando el Golpe de Estado y difundiendo las informaciones sobre lo que está pasando actualmente en Honduras. Después, mediante el envío de misiones sindicales in situ a fin de constatar las violaciones de los derechos humanos y sindicales. Deseamos también que los sindicatos presionen a sus gobiernos para que no envíen observadores durante las elecciones del 29 de noviembre (el gobierno actual espera esos observadores y una ayuda financiera para la celebración de estas elecciones). Necesitamos asimismo ayuda financiera y material, en particular para alimentos y medicina. Muchos activistas sufren fracturas a causa de la represión, pero en los hospitales no encontramos ni clavos para soldar las fracturas.

La comunidad internacional ha denunciado ampliamente el Golpe de Estado, pero no parece impresionar mucho a sus autores…

Todo no se va a solucionar de inmediato, se trata de una lucha a largo plazo, pero queremos que, al final, los autores de estas violaciones de los derechos humanos y sindicales respondan por sus actos. Esperamos que eso sirva de ejemplo de disuasión de otras atrocidades y Golpes de Estado en el futuro. Si las condenas internacionales no han dado resultado hasta ahora, quiere decir que hacen falta medidas más concretas al tiempo que se mantiene la presión por parte del pueblo hondureño. El movimiento sindical internacional podría solicitar sanciones económicas contra el gobierno actual. El simple hecho de amenazar a Honduras con ser excluida del Acuerdo de Libre Comercio de América Central (CAFTA) podría hacer efecto, puesto que las pérdidas económicas serían enormes.

¿Cómo describir la situación económica de la mayoría de los hondureños?

Honduras es uno de los países más pobres de la región. El Presidente Zelaya había aumentado el salario mínimo a 202 euros, pero sigue siendo un 20% inferior a los ingresos necesarios para cubrir las necesidades cotidianas de una persona. Además, muy pocos trabajadores/as alcanzan a ganar el salario mínimo. La crisis económica mundial también ha repercutido en Honduras: desde principios de año se han perdido cerca de 20.000 empleos. Eso no se va a solucionar, porque las empresas declaran que pierden millones desde el inicio del Golpe de Estado, a causa, entre otras cosas, de los bloqueos de carreteras y porque muchas personas no pueden desplazarse para acudir a su lugar de trabajo. En las maquilas, los empleadores están obligando a los trabajadores y trabajadoras a realizar muchas horas suplementarias para recuperar el tiempo perdido tras el estado de sitio declarado por el gobierno de facto.

Entrevista realizada por Samuel Grumiau

(1) Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado, del que forman parte las tres afiliadas de la CSI en Honduras (CUTH, CGT y CTH)
(2) Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras (COPINH)
(3) El ALBA es una organización política, social y económica que promueve la cooperación entre los países socialistas de América Latina y el Caribe.
(4) Zonas francas industriales
(5) Para más detalles sobre este tema, consultar el informe anual de las violaciones de los derechos sindicales de la CSI, en la dirección http://survey09.ituc-csi.org/survey.php?IDContinent=2&IDCountry=HND&Lang=ES
(6) Sindicato de Trabajadores de la Industria de las Bebida y Similares, afiliada a la UITA

-Ver también el último comunicado de la CSI (23 de septiembre de 2009) que reitera su condena al Golpe de Estado y las graves violaciones de los derechos humanos y sindicales perpetrados por las autoridades:
http://www.ituc-csi.org/spip.php?article4339&lang=es

-Ver también la resolución de la Conferencia Sindical de las Américas (CSA) del 8 de julio de 2009 (en inglés):
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Resolucion_Honduras_CE_de_la_CSA_-_EN.pdf

La CSI representa a 170 millones de trabajadores y trabajadoras de 312 organizaciones afiliadas nacionales en 157 países y territorios.
Sitio web: http://www.ituc-csi.org y http://www.youtube.com/ITUCCSI

Aunque no le guste la crítica al Magistrado Sobrado

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Más adelante advierte que el gobierno también se adjetiva constitucionalmente como “alternativo” (SIC). Tanta comilla me llamó la atención. Supongo que no quiso ser irónico. Asumo que quiso indicar algo sobre los rasgos DISTINTIVOS de nuestro Gobierno y citar textualmente nuestra Constitución Política. Pero se quedó corto, al citar y al indicar.

El artículo 9 constitucional establece que “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable.”

Omitir que nuestro gobierno es participativo y responsable, explica en mucho el ámbito restringido que le da a la participación de la ciudadanía, en el ámbito electoral, en el resto de su discurso. Supone mantenerse aferrado a la rancia democracia representativa. Supone constreñir la materia electoral a cúpulas de grupos electorales (partidos inscritos) e institucionales.

Pruebas al canto. Se queja el Magistrado de la falta de fiscales, un mecanismo de participación, de control, esencial en un proceso electoral democrático. Forzoso en TODAS las etapas del proceso: campaña, votación y escrutinio.

¿Es que acaso no debiese bastar la cédula y el compromiso para fiscalizar? Cabe recordarle que en el referéndum, el TSE obligó a ser inscrito por un partido político a todo ciudadano que quisiera actuar como fiscal de votación. ¿Es de esa manera como se aquilata el “renovado interés ciudadano en lo público y en la política”? Primaron las formas sobre la sustancia. Los fiscales ciudadanos sobraron y la capacitación en buena parte de ellos se efectúo sin que mediaran ni los partidos ni el TSE.

La solución para incentivar la participación únicamente durante las votaciones no pasa por lo que propone –contratar subalternos auxiliares-. La solución pasa por buscar y renovar mecanismos, abrir canales, generar puentes, desde la propia institucionalidad electoral hacia esa ciudadanía activa organizada o no. Hacia esa luz que dice tanto lo ilumina, para que fiscalice todo y no se apague. O peor aún, discurra por otros caminos que se desvían de la institucionalidad.

Duele decirlo: nada ofrece el Magistrado Sobrado para “dar por concluida la era de adolescencia de nuestro comportamiento electoral colectivo”. No propuso nada nuevo para la participación de la ciudadanía. Peligroso, especialmente por la juventud, quien más desencanto muestra hacia estas formas acartonadas y excluyentes de hacer política.

Contrario a lo que señala el Magistrado Sobrado, los jóvenes no son el futuro, son el presente; ellos no heredarán, ellos están padeciendo la conducción que una minoría plutócrata elije, impone. Más del 40% de abstencionismo sostenido debiese martillar la conciencia democrática de todos. Reprender, cerrar puertas, pretender arrear, no son actitudes con las que se impulsará un cambio en la juventud. Ni en nadie.

Así las cosas, lamentablemente, las viejas-nuevas reglas del juego electoral sólo harán participar al recién ciudadano y al de a pie en lo que tanto teme -¿o quiere?-el Magistrado Sobrado: “dedicar unos cuantos minutos, el próximo 7 de febrero, en su cita con las urnas”. Si acaso.

Si se mantiene o crece el abstencionismo en el 2010, la pregunta del Presidente Kennedy tendrá que hacérsela, de nuevo, el propio TSE y la institucionalidad política toda “¿que pude hacer por mi país y NO hice?”. Para entonces, ya será tarde. ¿Cuántos rasgos DISTINTIVOS del Gobierno costarricense sobrevivirán?

Fuente: elpais.cr

Campaña Electoral PLN: Diputada Ballestero usó avioneta de Seguridad Pública

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San José, 12 de octubre del 2009.
S.G. 09-11-0171-09
¡URGENTE!

Honorables señores y señoras
Dr. Luis Antonio Sobrado González, Presidente
Licda. Eugenia María Zamora Chavarría, Vicepresidenta
Lic. Mario Seing Jiménez
Lic. Max Alberto Esquivel Faerron
MSc. Zetty María Bou Valverde
Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)
Sus despachos

Estimados señores y estimadas señoras:

Este anterior domingo 11 de octubre de 2009, el telenoticiero Extra TV 42, en su edición de tarde-noche, dio a conocer una denuncia en contra de la diputada del partido oficialista, la señora Mauren Ballestero, actual Vicepresidenta del Poder Legislativo, por desplazarse en un helicóptero de la Fuerza Pública (la cual ya está a la orden del Tribunal Supremo de Elecciones, según disposición constitucional para el período electoral cuatrienal); desplazándose ella hasta la ciudad de Liberia para tomar parte en un evento de escogencia de los candidatos a regidores municipales de su partido (Liberación Nacional); en un viaje de ida y vuelta por vía aérea, ante la inminente salida fuera del país de la citada diputada, con lo cual debía acortar al máximo su estadía en la denominada ciudad guanacasteca y, obviamente, viajar a ella y retornar a San José en el menor tiempo posible.

El Diario Extra, en su edición de este lunes 12 de octubre de 2009, publica también la denuncia indicada, bajo el título de “Diputada del PLN usó avioneta de policía en actividad electoral”, indicando que en la avioneta de la Fuerza Pública la legisladora oficialista Ballestero viajó “a tierra pampera para participar en la Asamblea Cantonal de su partido, donde se eligieron a los candidatos a regidores liberianos”; usando así según la citada nota periodística, recursos del Estado para una actividad partidaria que es privada. “El combustible, salario del piloto y demás gastos se pagarán con dineros de los impuestos de los costarricenses”, agrega la mencionada publicación.

Así las cosas y con base en la legitimidad que nos da la circunstancia de constituir una organización laboral-social, de carácter sindical, a la cual están afiliadas varios miles de personas trabajadoras, muchas de las cuales habrán de ejercer su constitucional derecho del sufragio en las elecciones del 7 de febrero de 2010; consideramos urgente lo siguiente:

Que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), bajo cuya responsabilidad está en estos momentos la Fuerza Pública de Costa Rica, ordene, con toda ejecutividad, seriedad y transparencia, la realización de la más urgente investigación para determinar las responsabilidades que son en competerle a la citada legisladora Mauren Ballestero, así como a las altas autoridades de la Fuerza Pública que ordenaron brindar dicho servicio de transporte aéreo, a contrapelo de la supuesta imparcialidad que el actual Gobierno de la República debe observar en el proceso electoral que fue abierto el pasado día 7 de octubre.

El TSE, altamente cuestionado por una enorme cantidad de ciudadanos y de ciudadanas por su desempeño en el proceso electoral de 2006 y en el referéndum sobre el TLC con Estados Unidos, celebrado en octubre de 2007; no puede darse el lujo de una actitud complaciente, tímida, pusilánime en la denuncia arribada indicada. Si no hay decisiones claras de que, en verdad, ahora sí, habrá absoluta imparcialidad y de que este caso no quedara impune, entonces el TSE seguirá por la curva de descrédito que ya tiene ante un buen segmento de la ciudadanía apta para votar.

Esta actuación de la diputada Ballestero y de quienes en la Fuerza Pública autorizaron el ilegal vuelo, según nuestro criterio, adquiere mayor dimensión pues el citado cuerpo policial más importante del país está ya a las órdenes de ustedes, en cuanto la máxima autoridad electoral del país y la responsabilidad delicada que les compete por vigilar las actuaciones del presente Gobierno, bastante tentado, como lo ha demostrado ya el propio Presidente de la República, a actuar a favor de su candidata a la “sucesión”, la señora Laura Chinchilla Miranda.

Es más, una actuación del TSE débil en este caso, no solamente certificaría lo que el propio mandatario Arias califica de “leyes estúpidas” (las limitaciones legales del Gobierno para hacer política electoral); sino que, una_ “absolución”_ o una “candorosa” sanción, ha de indicar “luz verde” para que la institucionalidad pública se vuelve a favor del partido en el Gobierno ayudando a sus candidaturas presidencial, legislativas y municipales, como quedó demostrado por la denuncia de Extra TV 42 y de Diario Extra.

Quedamos en espera de lo concerniente.

Muy atenta y respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

cc.: Dr. Oscar Arias Sánchez, Presidente de la República.
cc.: Sra. Janina Del Vecchio Ugalde, Ministra de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía.
cc.: Fracciones parlamentarias, Asamblea Legislativa.
cc.: Red de Control Ciudadano-Vigilancia Electoral.
cc.: Extra TV 42.
cc.: Diario Extra.
cc.: Medios de Comunicación Colectiva.
cc.: Honorable Defensoría de los Habitantes de la República.
cc.: Excelentísimos señores obispos, Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR).
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Directorio Nacional, Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).
cc.: Movimiento Sindical Costarricense.
cc.: Movimientos sociales costarricenses.
cc.: Archivo.

Obama: Tan pacifista como el fabricante de armas que fundó el Premio Nóbel

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En ese contrasentido original, alimentado por el “doble discurso” capitalista, se explica que Barack Obama, el presidente del Imperio militar (y criminal) más poderoso de la historia, haya sido premiado y erigido como el representante universal de la paz sin ningún análisis crítico por parte de la prensa internacional.

Pero hay algo más: Desde su instauración en 1901, el Premio Nóbel de la Paz fue conferido tanto a investigadores de ciencias sociales y humanísticas, a militantes y luchadores de causas filantrópicas y de derechos humanos, como a personajes procedentes del más oscuro riñón de las guerras y matanzas capitalistas por la conquista y depredación de países a escala planetaria.

En su historial más reciente, el Premio Nóbel de la Paz junta en su lista de beneficiados a personajes como la Madre Teresa de Calcuta (dedicada a la ayuda a los pobres), y a la Cruz Roja Internacional (institución dedicada a la asistencia mundial), con Henry A. Kissinger, ex secretario de Estado USA, que diseñó y mandó ejecutar los sangrientos golpes de Estado militares setentistas en América Latina, o Isaac Rabin y Menajem Beguin , responsables sionistas de masacres metódicas del pueblo palestino provocadas por el Estado de Israel.

Curiosamente (y también como un contrasentido), el Financial Times, el vocero más influyente del sionismo financiero europeo se preguntaba el viernes: “¿Es el Nóbel de la Paz, el que menos sentido tiene de todos? Desde luego, es el más controvertido. La sola idea de un premio de la paz que lleva el nombre del empresario que inventó la dinamita e hizo una fortuna como vendedor de armas, Alfred Nóbel, es ligeramente paradójica”.

“¿Quizás Nóbel creó un premio de la paz como una manera de atenuar su carrera de “mercader de la muerte?”, añade el financiero británico.
“Los que critican el galardón apunta el Financial aseguran que al premiar regularmente a toda una serie de personajes de dudosa catadura moral, el premio ha mantenido el verdadero espíritu de Nóbel, aunque de forma inintencionada”.

Alfred Nóbel nació en Suecia, en una familia de ingenieros. A los nueve años de edad su familia se trasladó a Rusia, y pasó gran parte de su juventud en San Petersburgo, donde su padre instaló una fábrica de armamento.

Regresó a Suecia en 1863, y acumuló una enorme riqueza con sus patentes e invenciones en el campo de los explosivos, que luego fueron utilizados como armas de destrucción masiva en los campos de batalla de las guerras intercapitalistas de los siglos XIX y XX.

En 1863 Nóbel consiguió controlar mediante un detonador las explosiones de la nitroglicerina (inventada en 1846 por el italiano Ascanio Sobrero), en 1865 perfeccionó el sistema con un detonador de mercurio, y en 1867 inventó la dinamita, un explosivo plástico resultante de absorber la nitroglicerina en un material sólido poroso (tierra de infusorios o kieselguhr).

La industrialización y comercialización de los descubrimientos de Nóbel (utilizados militarmente como instrumentos de matanzas masivas), además de proporcionarle una fortuna estimada antes de su muerte en 33.000.000 coronas, despertaron fuertes críticas, y causaron la muerte de uno de sus hermanos, Emilio Nóbel, en uno de sus experimentos explosivos.

Según dicen sus biógrafos, abrumado por las “culpas”, antes de su muerte, Nóbel resolvió fundar una sociedad filantrópica –la Fundación Nóbel–, creada en 1900 con la misión de otorgar una serie de premios anuales a las personas que más hubieran hecho en “beneficio de la Humanidad” en los terrenos de la física, química, medicina, fisiología, psicología, literatura y la paz mundial, que ha partir del año 1969 también fueron extendidos a la economía.

El Premio Nóbel de la Paz es el más importante de los cincos galardones Nóbel que se le otorga a una persona o institución, y por ende es la distinción internacional más influyente y valorada como una de las más altas escalas de prestigio dentro del sistema capitalista a escala planetaria.

Este premio, teóricamente, se le entrega “a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz”, según el propio testamento de su creador.

Más allá de sus postulados fundantes (premio a los que luchan por la paz y la fraternidad internacional), históricamente la distinción fue conferida muchas veces a personajes que se situaban en las antípodas de lo que dice representar el Premio Nóbel de la Paz.

El viernes, el presidente de EEUU, Barack Obama, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en forma sorpresiva, ya que no se encontraba entre los favoritos en el ranking y apenas lleva nueve meses en la gerencia política del Imperio más poderoso del mundo.

El presidente de EEUU, Barack Obama, ganó el Premio Nobel de la Paz 2009 “por estimular el desarme nuclear, por sus extraordinarios esfuerzos por reforzar la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos”, expresó el Instituto Nóbel de Noruega fundamentando la decisión.

Según el instituto que otorga el galardón, el presidente imperial de turno ha generado un “clima nuevo para la política internacional. Gracias a sus esfuerzos, la diplomacia multilateral ha recuperado su posición central y ha devuelto a las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales su papel protagonista”.

“La visión de un mundo sin armas nucleares ha estimulado el desarme y las negociaciones para el control de armamento. Gracias a la iniciativa de Obama, EEUU está desempeñando un papel más constructivo para hacer frente a los retos del cambio climático que afronta el mundo”, añade el Instituto Nóbel.

El Instituto olvidó mencionar un “detalle”: Barack Obama es el presidente de la superpotencia militar que ocupa Irak y Afganistán a sangre y fuego, está en el centro protagónico de todos los conflictos militares imperiales que funcionan en el planeta, promueve y ejecuta constantes masacres de civiles y de población sobrante en Asia, África y América Latina, y cuenta con más de 800 bases militares y cinco flotas nucleares para someter al mundo no precisamente con las consignas pacifistas del Mahatma Ghandi.

Pero ese “detalle”, no es materia de discusión o análisis para la prensa internacional que derivó la polémica en una pregunta básica: ¿Hizo lo suficiente Obama para merecer el Premio Nóbel de la Paz?.

La pregunta (tanto como el otorgamiento del premio) a su vez se divide en un desdoblamiento esquizofrénico entre lo que dice Obama (sus discursos) y lo que hace Obama (sus decisiones efectivas al frente de la Casa Blanca imperial).

De esta manera, obviando la realidad de Obama como presidente de los EEUU (y por ende comandante en jefe de sus fuerzas de ocupación militar en todo el mundo) el instituto Nóbel puede conferirle el máximo galardón de la paz “por estimular (a través del discurso) el desarme nuclear, por sus extraordinarios esfuerzos por reforzar la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos”.

“¿Por qué debería recibir Obama el Nóbel de la Paz mientras su país posee el mayor arsenal nuclear del mundo y sus soldados siguen derramando sangre inocente en Irak y Afganistán?”, se preguntó lógicamente un representante de Hamás en declaraciones a Reuters.

La Guerra y la “Paz”

Pero el pensamiento lógico y el sentido común no gravitan ni cuentan dentro del “doble discurso” (la realidad y el mensaje no se tocan) establecido como regla funcional de la política internacional y de los medios de comunicación del sistema capitalista nivelado como “mundo único” a escala global.

Hace casi nueve meses, con el acceso de Barack Obama a la presidencia de EEUU, se desarrolló una campaña mediática destinada a hacer creer a las mayorías mundiales que la primera potencia capitalista imperial, empantanada en Irak y Afganistán, con su sistema financiero pulverizado por la crisis y por una recesión económica de efectos imprevisibles, se podía recrear a sí misma generando nuevas expectativas y cambios “democráticos” de su política imperial a nivel mundial.

Obama, un orador consumado, se encargó de alimentar esta expectativa generando con sus discursos públicos el escenario mediático de un EEUU “multilateral, democrático y dialoguista” en oposición al EEUU “unilateral, autoritario y guerrerista” dejado por las políticas militaristas de George W.Bush.

Este “nuevo sueño americano” expresado en sus discursos estalló y se hizo trizas cuando Obama, después del 20 de enero, comenzó a gerenciar (en forma efectiva) las políticas imperialistas del estado USA desde la Casa Blanca.

Durante sus primeros 90 días de gobierno, y mientras reafirmaba en sus discursos la “renuncia de EEUU a su rol de potencia imperial dominante”, Barack Obama decidió profundizar la ocupación militar enviando más tropas a Afganistán, elevar el presupuesto militar estadounidense a niveles récord, e imponer (a través del G-20 y el FMI) un nuevo plan de endeudamiento para hacer pagar la crisis financiera imperial a los pueblos de Asia, África y América Latina.

La reforma de salud proyectada por Obama (su caballito de batalla electoral) agoniza, y aviva el conflicto interno entre demócratas y republicanos que había tenido su primer detonante con el golpe de Estado en Honduras, que dividió al Imperio en un línea de apoyo al presidente derrocado (Zelaya) desde la Casa Blanca, y otra de claro sostenimiento del gobierno golpista por parte del Pentágono y de los republicanos conservadores.

En el frente externo, la decisión de continuar la guerra contra el “terrorismo” (implantada como lógica de dominación militar y de conquista de mercados), la escalada militar y las masacres de civiles en Pakistán y Afganistán, la vuelta atrás en la investigación de las torturas de la CIA, la aplicación de las mismas políticas de Bush en Irán, en el Cáucaso y en Medio Oriente, la restauración de los juicios militares a “terroristas”, y la re-militarización de América Latina, señalan con claridad la gestión imperial de Obama en la Casa Blanca.

De acuerdo con lo que muchos ya llaman la “nueva doctrina Obama” (que en realidad es la vieja doctrina Bush), Washington sigue impulsando sus políticas de posicionamiento militar orientadas a controlar mercados y fuentes de energía y de recursos naturales en Asia, África y América Latina.

Los sucesivos fracasos para imponer sus programas, tanto en política interna como externa, golpearon con dureza su imagen pública que bajó 20 puntos en nueve meses de gestión, mientras que las críticas (por distintas razones) a su gestión llueven tanto desde el sector republicano como desde el Partido Demócrata, cuyos principales líderes también lo cuestionan por la falta de resultados de sus decisiones.

La respuesta a estas políticas la dieron las encuestas: Mediciones de Gallup y de Zogby Interactive revelan que el presidente sólo cuenta ahora con menos del 50% de aprobación popular. Obama viene precipitándose en una pronunciada caída desde que ingresó a la Casa Blanca con un espectacular apoyo del 70% de la opinión pública.

Tres claves signan el derrumbe de Obama en las encuestas: La crisis económica, los pantanos (con masacre) de Irak y Afganistán, y el rechazo que produce en la opinión pública estadounidense los diferentes frentes de ocupación militar y despliegue de tropas que el Imperio mantiene a lo largo y a lo ancho del planeta, principalmente en Medio Oriente, Asia y África.

Curiosamente, el presidente del Comité Nóbel Noruego, Thorbjorn Jagland, justificó este viernes la concesión del Nóbel de la Paz a Barack Obama, por lo que ya “ha hecho” en los nueve meses que lleva en el cargo y no “por lo que pueda ocurrir.

En este escenario, la institución filantrópica creada por el fabricante de armas vino (imprevistamente) en su auxilio otorgándole el Premio Nóbel de la Paz, en un momento que el presidente imperial sufre un colapso generalizado de su agenda de política local e internacional.

Más que a una “sorpresiva” decisión, el otorgamiento del galardón parece responder a una estrategia: Legitimar la “Paz” ( lo que dice Obama en sus discursos), para tapar la Guerra (lo que hace Obama como administrador de la Casa Blanca imperial).

Un objetivo, que a esta altura del colapso (generalizado) que padece USA, aparece como una misión imposible.

Fuente: (IAR Noticias) 11-Octubre-09
(*) Manuel Freytas es periodista, investigador, analista de estructuras del poder, especialista en inteligencia y comunicación estratégica. Es uno de los autores más difundidos y referenciados en la Web.