¡USTED SE LO MERECE!… ¡USTED LO PELEÓ!
LA ANEP LO PLANTEÓ Y LO LUCHÓ JUNTO A USTED
A LA POLICÍA PENITENCIARIA NADIE LE HA “REGALADO” NADA
TODO LO HEMOS CONSEGUIDO CON ORGANIZACIÓN, ESFUERZO Y… ¡EN LA CALLE!
LOGRAMOS EL AUMENTO PERO FALTA EL RETROACTIVO
El planteamiento de una REVALORACIÓN SALARIAL EXTRAORDINARIA para la Policía Penitenciaria fue, desde un inicio, un planteamiento de la ANEP. Con fecha 17 de abril de 2008 (hace 18 meses), la entonces ministra Laura Chinchilla Miranda, recibió de nuestro sindicato un gran documento en tal sentido.
A ninguna de las jerarquías tradicionales ni a las de carácter político, se les ocurrió pensar en la mala situación salarial de la Policía Penitenciaria. Es cierto que el planteamiento de la ANEP encontró voluntad política para materializarse y eso lo reconocemos.
Pero esa voluntad política se dio por la insistencia de la ANEP, por la fuerte presencia institucional de nuestra organización y porque, además, la propia Policía Penitenciaria manifestó una actitud de movilización y de acción en la calle, como se demostró con las tres movilizaciones que fueron necesarias para que el planteamiento de la ANEP se abriera paso en los ámbitos de decisión de las esferas políticas de “las alturas”.
Esas movilizaciones fueron los días 1 de setiembre de 2008, 22 de junio de 2009 y 10 de agosto de 2009. Si usted estuvo con la ANEP en estas manifestaciones, sienta orgullo y levante la frente, porque con su participación activa es que hemos obtenido tal logro.
Recordemos que el proceso de aprobación de la REVALORACIÓN SALARIAL EXTRAORDINARIA se “varó” por muchos meses. Se reactivó luego de que por orientación de la ANEP, se unió la lucha de la Policía Penitenciaria con sus homólogas de Fuerza Pública, Tránsito y Migración y Extranjería, todas las cuales esperaban desde hace mucho tiempo recibir verdadera justicia salarial. Esta manifestación conjunta, del 10 de agosto de 2009, fue fundamental en nuestra lucha.
Ha sido un largo camino, lleno de escollos de diverso orden, que culminaron con la emisión de la directriz de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, No. STAP-1751, comunicando el acuerdo firme No. 8725, tomado en la sesión ordinaria No. 09-2009, celebrada el día 29 de setiembre de 2009; dando por aprobada la tesis original de la ANEP, la propuesta de nuestro sindicato, conocida como “REVALORACIÓN SALARAL EXTRAORDINARIA”.
Esta *“REVALORACIÓN SALARIAL EXTRAORDINARIA*” rige desde el 1 de octubre de 2009 y se espera que se haga efectiva en la primera quincena de noviembre próximo. En próximo volante hablaremos de numeritos.
Pero falta el retroactivo que va del 1 de enero al 30 de setiembre del presente año (diez meses). Este asunto está presentando mucha mayor dificultad. Sin embargo, el próximo jueves 22 de octubre, a las 2:30 de la tarde y en la propia Casa Presidencial, habrá una reunión entre los despachos ministeriales de Presidencia, Hacienda, Justicia y Trabajo, con la ANEP y su Seccional ANEP-Policía Penitenciaria, a fin de buscar mecanismos de solución alternativos a las “dificultades legales” que está presentando el reconocimiento del indicado retroactivo.
Tengámoslo siempre presente. A la Policía Penitenciaria nadie le “regala” nada. Lo que se ha obtenido a lo largo de los años, es por intermedio de la lucha organizada en una institución laboral del calibre de la ANEP; sindicato de gran reconocimiento ciudadano, amplio prestigio y de gran credibilidad. ¡Que nadie se vista con ropa ajena!
ANEP deja constando el importante papel desempeñado, desde el plano político, por los señores Fernando Ferraro, Roberto Thompson, José Luis Araya y Eugenio Solano, viceministros de las carteras de Justicia y Paz, Presidencia, Hacienda y Trabajo y Seguridad Social, respectivamente. Estos altos jerarcas pusieron la necesaria voluntad política para este proceso.
En todo el proceso, la Secretaría General de la ANEP se involucró de lleno, junto a la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria, la cual estuvo presente en todos los momentos de este largo camino, siendo representada por los compañeros Héctor Prado Monge, su Presidente; y Gerardo Cascante Vargas, su Vicepresidente. Ambos compañeros siempre demostraron siempre su gran lealtad para con los intereses de sus iguales, en la Policía Penitenciaria de Costa Rica.
¡SEGUIMOS ADELANTE!… NUEVAS LUCHAS NOS ESPERAN
San José, 19 de octubre de 2009.
S.G. 09-11-0183-09
Licenciada
Karla González Carvajal
Ministra
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
Su despacho
Asunto: Solicitud de prórroga de cambio de unidades móviles para transporte público modalidad taxi, modelo 1994 en adelante
Estimada señora:
Con el debido respeto, le hacemos llegar el más atento saludo de parte de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Taxistas y de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Oficialmente y por esta vía, con base a la legitimidad que nos asiste para representar los intereses económicos y sociales de un importante número de ciudadanos quienes se desenvuelven en la actividad de transporte público modalidad taxi, acudimos ante su despacho para presentar formal petición de que se congele la obligación de efectuar el cambio de modelo de las unidades móviles que se necesitan para presentar la indicada modalidad de transporte público; obligación que estará vigente a partir de el próximo mes de enero de 2010, en función de la respectiva antigüedad; de forma tal que para cumplir con tal obligatoriedad, contemos con un plazo de cinco años (hasta el 2015, transcurrido totalmente el mismo).
Nos fundamentamos para presentar la petitoria en mención con base en la siguiente argumentación:
1) La competencia desleal, conocida comúnmente como “piratería”, y en todas las formas en que la misma se manifiesta, han mermado, considerablemente, nuestras expectativas de ingresos financieros, reduciéndose sustancialmente las ganancias diarias, luego de la deducción de la serie de costos y de gastos operativos.
2) La impunidad, prácticamente total, en que dicha competencia desleal actúa, contándose con la complicidad, activa y pasiva, de los órganos públicos estatales, destinados a reprimir tales actividades ilegales, si se las compara con la serie de condiciones que el taxismo formal ha debido cumplir y observar para ejecutar la actividad de transporte público modalidad taxi, según las regulaciones de ley del mismo contrato de concesión que en cada caso se ha suscrito.
3) Tal complicidad la entendemos en el marco de una necesidad política de atenuar las cifras oficiales de desempleo, pues es obvio que quienes se desenvuelven en la “piratería”, son considerados como personas que tienen empleo fijo.
4) La crisis financiera y económica mundial, con impacto directo en la economía nacional, ha generado una actitud precavida en cuanto al gasto de muchas personas lo que, sin duda alguna, ha repercutido en nuestra actividad pues ésta presenta menor demanda y parece que será una tendencia prolongada. Esto ha golpeado la proyección de ingresos en la actividad, aumentando las dificultades económicas en que la misma se desarrolla; amén de que el Gobierno de la República, no diseñó ninguna política de respaldo, dentro de “Plan Escudo”, para nuestro gremio formal, de tal suerte que las consecuencias de la crisis en la práctica de taxismo formal se ha asumido enteramente por quienes de ella viven.
5) El cambio de unidad representa un elevado costo que no estamos en condiciones de asumir en los actuales momentos. Veamos: Un vehículo modelo 1994, tiene hoy un costo de mercado para inscripción de 1.500.000.oo, con lo cual se paga por seguros contra robo, colisión, vuelco, daños vandálicos, daños a terceros y similares, una cantidad mensual de 34.450.oo colones (suponiendo que el vehículo no sufre deterioro por colisión u otros, lo que se llama “bonificación”). Si nos vemos obligados a cambiarlo por un vehículo modelo 1999, el costo de mercado para inscripción sube hasta 3.500.000.oo y el pago mensual aumentará un 125 %, con lo cual la mensualidad que hay que pagar andará alrededor de los 77.510.oo. Recalcamos que estamos hablando del paso de un modelo 94 a un modelo 99. Imaginemos qué pasará si el modelo es más reciente.
6) Para incrementar las dificultades de un cambio de modelo en las ya indicadas circunstancias, debe tenerse presente que toda la tramitología de dicho cambio (documentos requeridos, autenticaciones de notario, inscripción de vehículo, pintura del mismo color rojo, inmovilización temporal mientras se hacen los trámites, etc.), tiene un costo de 1.000.000.oo (un millón de colones que no se tiene en los actuales momentos).
7) Una ampliación de plazo para realizar el obligatorio cambio de modelo, conforme a la presente solicitud, en nada habrá de perjudicar las condiciones en que el servicio se ha de prestar a la persona usuaria del mismo. La revisión técnica vehicular es una garantía firme de ello, pues los taxis deben pasarse por la misma dos veces al año. Ello es importante desde el punto de vista del control de gases para que no contamine el ambiente, el control de frenos, el control de suspensión, carrocería y otros. Es decir, por esta situación y otras conexas, la seguridad de la persona usuaria no se verá en peligro durante los cinco años de la eventual prórroga aquí pedida.
Señora ministra González: Está más que demostrado que la actividad de transporte pública modalidad taxi que se desenvuelve dentro de la ley, está completamente indefensa, huérfana total de la protección del Estado y cuyo desenvolvimiento tiene un entorno financiero negativo, dado el auge de la competencia desleal y, por ende, le deshonra de ese Estado en cuanto a las obligaciones de cumplimiento que debe observar cuando se materializó la concesión, luego de que cada concesionario hizo enormes sacrificios y gran inversión para ser beneficiado, en la confianza de que la retribución financiera esperada se convertiría en realidad. Como sabemos, ello no ocurrió, pese a una serie de circunstancias de orden legal que, en teoría, defienden la legalidad de nuestra actividad. Veamos.
Dadas las manifestaciones por el total descontento de nuestro sector por las circunstancias que nos aquejaban (entre ellas la marcha a Casa Presidencial, el 17 de marzo de año 2003), ocupando en ese entonces usted el puesto de Viceministra de Transportes, se produjo el nacimiento del Decreto Ejecutivo No. 31180, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 30 de mayo del 2003, herramienta con la que dispondría el Consejo de Transporte Público (CTP) y la Dirección General de la Policía de Tránsito, para recopilar las pruebas fehacientes, aplicar multas y sacar de circulación a todos los vehículos que poseían dispositivos similares a los de un TAXI y que además no portaran un contrato de puerta a puerta. Sin embargo, nada pasó…
Por otro lado, en defensa de nuestra actividad legal se dio el pronunciamiento de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante Voto No. 2004-3580, de fecha 14 de abril del 2004; pronunciamiento que declara sin lugar el Recurso de Amparo interpuesto por los porteadores.
Adicionalmente, está el pronunciamiento del Procurador Dr. Fernando Castillo Víquez, aclarando perfectamente toda duda referente a lo que es un servicio público formal, los distintivos, legislación que los ampara y sanciones para los que brindaran, ilegalmente, el servicio propio de TAXI; cerrando por esta vía el ejercicio ilegal de la actividad.
Recurso legal sobró para que se aplicara en su momento, pero no hubo la necesaria voluntad política para solucionar este conflicto, como quedó demostrado el 19 de enero del 2007, cuando se derogaron los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Ejecutivo 31180 , mediante el Decreto 33526, declarando incompetencia por parte del CTP, la regulación del servicio de porteo. Se les dio así el beneplácito de brindar el servicio libremente.
En la comparecencia que recientemente la ANEP hizo ante la comisión legislativa que estudió el proyecto No. 17372, Junta Directiva de la Seccional ANEP-TAXISTAS, señalamos la disyuntiva de que si un taxista incurre en un préstamo para compra de vehículo en este momento, no sólo se precipita a una quiebra, sino que además podría enfrentar problemas judiciales por inflar cifras de dinero que no percibe; y, si le otorgaran el financiamiento, lo que es peor, podría perder no sólo el vehículo por falta de pago, sino, además, la misma concesión según el artículo 44 de la Ley 7969, en el mejor de los casos. Tenemos compañeros que hipotecaron sus viviendas para reunir la prima y están corriendo ya altísimos riesgos.
Así que, dadas las explicaciones de lo que nos preocupa y nos ocupa, es que reiteramos nuestra solicitud de prorrogar el cambio de las unidades móviles que pierden vigencia en diciembre del 2009 (vehículos modelo 1994), hasta tanto nos recuperemos de las pérdidas del año 2003, a la fecha y podamos estar al menos en pie, para satisfacer las demandas del contrato y esperar las políticas de la próxima administración, ante la problemática sin resolver de la ilegalidad del servicio de transporte público en este país.
De igual manera, solicitamos que el Poder Ejecutivo gire una directriz al sistema bancario y a entidades financieras para buscar una solución a corto plazo para los compañeros que han asumido deudas al adquirir vehículos nuevos y están con atrasos en sus compromisos financieros, buscando que puedan mantener los vehículos operando para seguir honrando sus respectivas deudas.
Anticipadamente le agradecemos la valiosa atención a la presente y confiados quedamos en tener su propia respuesta, misma que solicitamos al amparo del artículo 27 Constitucional y del 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Las notificaciones las atenderemos en el fax No. 2257 8859 y/o en el siguiente correo electrónico: sitaxi@anep.or.cr
Junta Directiva Seccional ANEP Taxistas
Lorenzo Hernández Suárez
Presidente
Rigoberto Aguilar Solís
Secretario de Divulgación,
Actas y Correspondencia
Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP
cc.: Lic. Rodrigo Arias Sánchez, Ministro de la Presidencia.
cc.: Honorable Consejo de Transporte Público (CPT).
cc.: Honorable Defensoría de los Habitantes de la República.
cc.: Candidatos y candidatas a la Presidencia de la República.
cc.: Junta Directiva Nacional ANEP.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Taxistas.
cc.: Medios de comunicación colectiva.
cc.: Compañeros Taxistas.
cc.: Archivo.
Tegucigalpa, Radio La Primerísimo, martes 13 de octubre 2009
Carta abierta de un empresario hondureño.
Soy Arquímedes Alfaro Riestra, empresario hondureño dedicado a la producción industrial de utensilios de cocina, miembro del Concejo Superior de la Empresa Privada de Honduras y quiero hacer saber al mundo lo que en mi país nos está prohibido:
Todos los hondureños estamos sufriendo una crisis que nos tiene sin comida en los mercados y supermercados, escasez de combustible, cortes de energía eléctrica en horas laborales que nos impide trabajar, presencia militar en todas las calles, represión, ya la guardia ni pregunta la identidad, solamente te golpean y mandan a casa.
En los barrios aledaños a mi empresa no hay agua, la cisterna que tenía para mi trabajo la he regalado principalmente para los niños, hay hambre en la pobretería y uno como cristiano nada pueda hacer.
Mi empresa está tomada por 30 efectivos que permanecen todo el tiempo, han saqueado gran parte de mis herramientas, de 20 empleados operarios, 15 están detenidos sin cargo alguno y de eso hace más de un mes.
Uno de mis mejores operarios es de origen nicaragüense, de Ocotal, se llama Ramón Arellano Aráuz, desde hace dos semanas lo vinieron a traer preso, lo golpearon duramente frente a los demás empleados y desde esa fecha no aparece.
Por el lado de la salida sur de Tegucigalpa aparecieron como 30 personas muertas, fui con otros empleados a ver si reconocía al nica, pero ninguno era él, la mayoría eran jóvenes de unos 18 ó 19 años, todos estaban semi quemados, amarrados de las manos con alambres y con tiros en la cabeza, pude observar a un grupo de derechos humanos recogiendo casquillos de armas y por mis conocimientos eran casquillos de M-16.
La organización nos convocó a una asamblea urgente en la que nos pidió que hiciéramos dos cosas; donar cinco mil dólares para un fondo de apoyo al gobierno golpista y escribir al exterior diciendo que todo está en calma.
Ninguna de las cosas he hecho, no estoy de acuerdo en engañar al mundo de algo que me duele en el corazón, a diario estoy viendo morir gente a manos de los militares, hay desesperación en el pueblo, muchos quieren enfrentar a los militares aunque los maten, nadie tiene armas pero están buscando como hacer para defenderse.
Yo estoy vendiendo todo lo que puedo y alistando a mi familia para salir del país, tengo otra empresa en El Salvador y ya envié parte de los equipos para ese país, de mis 3 hijos, ya 2 están fuera, sólo me acompaña el menor y mi esposa, creo que los otros corren peligro por la represión.
Le pido a todos los ciudadanos del mundo no olvidarnos. En Honduras se dio un hecho increíble, cuando vimos las calles llenas de militares fuertemente armados recordamos los años de dictadura ahora vemos de nuevo a esa dictadura queriendo matarnos a todos.
Don Mel Zelaya pudo tener defectos y cometer errores como presidente, pero es el único que en los últimos 20 años trabajó para todos, principalmente para los pobres, ayudó a la empresa privada que después lo traicionó, incluyéndome a mi, por que sin saberlo estuve aportando dinero a un fondo destinado a sobornar a los altos militares.
Ahora solo nos queda que el mundo ayude a regresar las cosas a su lugar, es triste ver en las calles a los militares golpeando gente, entre ellos he visto a hombres cheles de tipo norteamericano dando órdenes a los soldados.
Gracias por divulgar mi testimonio y que Dios los bendiga.
Iniciamos este ciclo de cine-foros con un documental nacional, que viene a convertirse en parte de la memoria histórica de nuestro pueblo, “¡Vivir la lucha como una fiesta!” de Ivannia Villalobos Vindas.
Es un documental corto, de 32 minutos, que recoge la lucha contra el TLC desde el punto de vista más alegre y optimista, luego de una muestra de dignidad de nuestro pueblo en defensa de su soberanía.
La entrada a este cine-foro, así como “las palomitas”, son gratuitas y pueden asistir personas trabajadoras afiliadas a la ANEP y sus familiares cercanos.
Esta proyección se realizará el próximo viernes 15 de octubre de 2009, a partir de las 5:30 p.m.
Nuestra dirección es la siguiente: Casa Sindical “ Mario Alberto Blanco Vado”, 350 metros norte del Hospital Nacional de Niños, frente a Coopeservidores en calle 20 norte.
Esta iniciativa, de la Unidad de Formación, Información y Comunicación, UFIC, de ANEP, se podría repetir otro día de la semana, si los y las asistentes, valoran que les quedaría más cómodo.
Están cordialmente invitados e invitadas, las personas trabajadoras de otras organizaciones sindicales hermanas.
Proyeccón del 15 de octubre
“Vivir la lucha como una fiesta”
Sinopsis
Recopila y analiza la labor realizada por el movimiento social costarricense, durante la lucha contra el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos.
Una de las particularidades de dicho movimiento es la “toma” del arte como herramienta de comunicación.
Un claro ejemplo es: el Movimiento Cultural frente al TLC.
Adentrarse en cultura y sus diversos emprendimientos para comunicarse con las comunidades aporta, a la lectura política actual costarricense, una nueva perspectiva de concebir la comunicación política.
En este caso específico, el trabajo se emprendió de modo comprometido, creativo y lúdico, apartándose de los estilos tradicionales de plazas públicas y discurso panfletario, entre otros.
Duración: 31’ 30’’
Producción, investigación, guión y edición: Ivannia Villalobos Vindas
Realizado como trabajo final de graduación, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, Universidad de Costa Rica.
Año 2009
LLAMAMIENTO A LA SOLIDARIDAD URGENTE CON EL SINDICATO VASCO LAB
A TODAS LAS CENTRALES SINDICALES AMIGAS:
Ayer, 13 de octubre, por la tarde, la Policía española irrumpió en la sede nacional de la central sindical vasca LAB y detuvo a 5 militantes de la izquierda independentista vasca, entre ellos el ex-Secretario General de LAB Rafael Díez Usabiaga. Todo ello en el marco de una operación policial que se ha saldado con un total de 10 personas detenidas.
Este ataque busca criminalizar el trabajo político y sindical en el País Vasco.
Desde la central sindical LAB nos reafirmamos en nuestra lucha sindical en defensa de la clase trabajadora vasca y en el Derecho que le asiste a nuestro Pueblo a decidir su futuro. Seguir trabajando y luchando es nuestra mejor respuesta.
Adjunto enviamos con este correo un comunicado dirigido a las centrales sindicales y organizaciones amigas.
-Exigimos la puesta en libertad inmediata de nuestro compañero Rafael Díez Usabiaga, ex-Secretario General de LAB y del resto de las personas detenidas.
– Denunciamos, asimismo, el asalto de nuestros locales de Donostia-San Sebastián y exigimos que no se vuelva a dar ningún nuevo ataque contra nuestra central.
– Llamamos a secundar las movilizaciones que durante los próximos días se van a llevar a cabo en el País Vasco para denunciar estos hechos.
– Solicitamos la solidaridad de todas las centrales sindicales de clase a nivel mundial y les pedimos que nos envíen sus mensajes de solidaridad al siguiente correo electrónico: nazioartea@labsindikatua.org
COMITÉ EJECUTIVO DE LA CENTRAL SINDICAL LAB (PAÍS VASCO)
Más información en el sitio de internet: www.labsindikatua.org y en el siguiente enlace:
http://www.gara.net/azkenak/10/161495/es/LAB-convoca-movilizaciones-contra-ataque-estrategia-nuevo-ciclo-politico
___________________________________________________
ELA LAB ESK STEE-EILAS EHNE eta HIRU SINDIKATUEN AGIRIA
Antes que nada los sindicatos ELA, LAB, ESK, STEE, EHNE e HIRU que componemos la mayoría sindical vasca queremos trasladar nuestra solidaridad con las personas detenidas y sus allegados. Que esa operación se haya realizado en parte en una sede sindical, y que entre los detenidos esté el exsecretario general de LAB, Rafa Diez Usabiaga, nos produce además una especial afectación.
Este el primer sentimiento que queremos trasladar a todos los trabajadores y trabajadoras vascas. Un sentimiento que se agudiza por la indefensión ligada al régimen de incomunicación y a la legislación antiterrorista tantas veces denunciados por el relator para los derechos humanos de la ONU, entre otros.
Los sindicatos que componemos la mayoría sindical vasca, exigimos la puesta en libertad, de manera inmediata e incondicional, de todos los detenidos. De ellos sólo se predica su actividad política, y el ejercicio de una libertad fundamental no debería ser causa de detención en un sistema democrático.
Exigimos asimismo, la derogación inmediata de la Ley de Partidos. Esta ley no sólo es injusta sino que, esto es lo más grave, se creó y se está utilizando para intentar eliminar una opción política y social. Lo que el estado viene realizando al amparo del pacto antiterrorista suscrito por PP y PSOE en diciembre de 2001 es un genocidio político en toda regla al que es preciso dar fin.
A nuestro entender las detenciones de dirigentes políticos de la izquierda abertzale dirigida por el juez Baltasar Garzón el pasado 13 de octubre constituye un hecho de especial gravedad.
Estas detenciones solo se explican desde la actitud política que tiene el estado español de negar el derecho a la participación política de un sector de laciudadanía que profesa unas determinadas ideas.
Hemos de denunciar, una vez más, la instrumentalización con fines políticos de la administración de justicia. Una legislación especial y medidas excepcionales se toman a diario contra la disidencia política en Euskal Herria de la mano de tribunales especiales como la Audiencia Nacional. Así mismo, que los medios de comunicación tengan un acceso privilegiado a este tipo de operaciones, incluso antes de que los propios imputados o la ciudadanía pueda conocer con detalle las supuestas razo nes de la operación, completan el cuadro de una política represiva hecha espectáculo para el fortalecimiento de la “razón de estado”.
Constatamos con preocupación en esta estrategia represiva, el papel que juegan los distintos poderes del estado, actuando de común acuerdo sin respetar sus propios ámbitos de actuación y creando de facto situaciones de indefensión. En la legitimación de esta situación los poderes españoles cuentan además con unos medios de comunicación que, en su mayoría, no contribuyen a entender los conflictos y a vigilar el poder sino precisamente a lo contrario: desinformar para controlar.
La mayoría sindical vasca quiere hacer pública su profunda preocupación sobre la deriva antidemocrática, autoritaria y represiva del estado español en el contexto de la cual hay que entender estas detenciones. Hechos de esta naturaleza deberían llamar la atención de los países de nuestro entorno que se predican democráticos. Pero lamentablemente no es así.
El estado español, sigue negando las distintas realidades nacionales existentes y con especial é nfasis la del pueblo vasco. El estado español con actuaciones como la realizada este pasado martes vuelve a refrendar que la única salida que ofrece a la sociedad vasca es la perpetuación del conflicto negando una salida democrática al mismo.
Las organizaciones que componemos la mayoría sindical vasca no nos resignamos a esta situación y queremos reafirmar nuestro compromiso con la solución democrática para el conflicto vasco y para ello llamamos al conjunto de la clase trabajadora vasca a redoblar su compromiso en ese objetivo.
Por todo ello los seis sindicatos que comparecemos hoy convocamos una manifestación nacional para el próximo sábado día 17 de octubre en las calles de Donostia bajo el lema “Askatasunaren alde – Eskubide guztiak guztiontzat ”, a las 17:00 horas al mismo tiempo que realizamos un llamamiento al conjunto de la sociedad vasca a tomar parte en la misma.
Los negociadores afirmaron que habían logrado avance de 90% en las pláticas, que se basan en el acuerdo de San José planteado por el presidente costarricense y que volverán a la mesa de diálogo hoy jueves.
Zelaya declaró a Afp que está dispuesto a discutir cambios en la propuesta sobre su reinstalación.
En comunicado en el que anunció que hasta este momento no hay ningún acuerdo final sobre el punto central, el régimen de facto precisó que los negociadores retomarán el diálogo hoy, cuando se vence un plazo dado por Zelaya para cerrar la negociación. Víctor Meza, ministro de Gobernación y jefe de la comisión de Zelaya, dijo que los negociadores parecían haber llegado por fin a una vía para zanjar la crisis que mantiene dividido y aislado al país.
Yo no hablaría de un fin a la crisis política, pero sí de una salida… Soy optimista por naturaleza.
Fuentes: Reuters, Afp y Dpa, La Jornada
En un estudio realizado conjuntamente por la Organización Internacional del Trabajo y la OMC se constata que la gran incidencia de empleo informal en los países en desarrollo reduce la capacidad de los mismos para beneficiarse de la apertura del comercio, creando trampas de pobreza para los trabajadores en transición entre empleos.
El estudio, producto de un programa de investigación en cuya ejecución han colaborado el Instituto Internacional de Estudios Laborales de la OIT y la Secretaría de la OMC, se centra en los vínculos entre la globalización y el empleo informal.
De acuerdo con la investigación, el empleo informal está difundido en muchos países en desarrollo y hace que muchos trabajadores carezcan, casi por completo, de seguridad en el empleo, tengan un bajo nivel de ingresos y no cuenten con ninguna protección social.
Cabe destacar que los niveles de informalidad varían considerablemente entre países y van de apenas el 30 por ciento en algunos países de América Latina hasta más del 80 por ciento en algunos países de África al sur del Sahara y de Asia meridional.
El Director General de la OIT, Juan Somavía, manifestó que “cuando promueven la complementariedad entre objetivos de trabajo decente y de comercio, políticas financieras y políticas aplicables al mercado de trabajo, los países tienen perspectivas mucho mejores de beneficiarse de la apertura del comercio, promover la dimensión social de la globalización y hacer frente a la crisis actual”.
Somavía añadió que “esto se hace eco del llamamiento formulado por el G20 de aplicar planes de recuperación que apoyen el trabajo decente, contribuyan a preservar puestos de trabajo y den prioridad al aumento del empleo” para así “seguir proporcionando ingresos, protección social y ayuda para la capacitación a los desocupados y los que corren mayor peligro de perder sus empleos”.
Para ambas organizaciones, la problemática del empleo informal radica en que, ya sean empresas privadas no registradas o personas que trabajan en forma autónoma, éste no ofrece protección social ni está sometido a las leyes ni las reglamentaciones laborales de cada país.
Por su parte, el Director General de la OMC, Pascal Lamy, expresó que “el comercio ha contribuido al crecimiento y el desarrollo en todo el mundo, pero esto no ha llevado automáticamente a una mejora de la calidad del empleo”.
“Se necesitan políticas internas apropiadas para que la apertura del comercio haga que se creen buenos empleos. Esto es especialmente evidente en el marco de la crisis actual, que ha reducido el comercio y empujado a miles de trabajadores al sector informal”, agregó Lamy.
Según el estudio, el efecto de la apertura del comercio en el tamaño de la economía informal depende, fundamentalmente, de las circunstancias específicas de los países y del diseño de las políticas comerciales e internas.
Así, la investigación indica que las economías más abiertas suelen tener una incidencia más baja de empleo informal.
“Los efectos a corto plazo de la apertura del comercio pueden estar asociados en primera instancia con un aumento del empleo informal; sin embargo, los efectos a más largo plazo apuntan a un fortalecimiento del sector de empleo formal, siempre que las reformas del comercio sean más favorables al empleo y que haya políticas internas correctas”, acota el estudio.
Además, como lo indican las organizaciones, la reducción de la informalidad puede hacer que surjan nuevas fuerzas productivas, aumentar la diversificación y reforzar la capacidad de participar en el comercio internacional.
Por otra parte, los efectos adversos de la informalidad pueden estar relacionados, principalmente, con la ausencia de aumentos de la productividad y con el reducido tamaño medio de las empresas resultantes de los obstáculos al crecimiento de las empresas en la economía informal.
“La capacidad empresarial y la inclinación a emprender actividades que entrañan riesgo se reducen cuando hay un alto nivel de informalidad, en parte como resultado de los sistemas fiscales mal diseñados, la escasa protección social y la reglamentación deficiente de las empresas”, afirma el estudio.
“La informalidad impide también que los países se beneficien plenamente de la reforma del comercio al crear trampas de pobreza para los trabajadores en transición entre empleos”, asevera.
Para las entidades, la solución está en la integración en los mercados mundiales y la reducción del empleo informal mediante políticas que favorezcan el trabajo decente deben considerarse aspectos complementarios.
“La facilitación del paso a la formalidad para las empresas y los puestos de trabajo contribuye a que los países se beneficien plenamente de la apertura del comercio, mejora los niveles de vida y permite que los trabajadores disfruten de condiciones de trabajo decentes”, dice el estudio.
“La protección social es también crucial para apoyar la transición y aprovechar los beneficios del libre comercio. Es necesario prestar más atención a las políticas de protección social al mismo tiempo que al diseño de la reforma del comercio”, declaran la OIT y la OMC.
En el estudio se sugiere que la reforma del comercio debe diseñarse y aplicarse de manera que favorezca el empleo, haciendo que la reasignación de los puestos de trabajo contribuya al aumento del empleo formal.
Fuente: Irene González Chen / informa-tico. com
Redacción (elpais.cr) – El control del Gobierno Local de Liberia, Guanacaste, en el que se ve involucrada la vicepresidenta del Congreso de Costa Rica, Maureen Ballestero Vargas, representa millones de dólares para líderes del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN), en esa provincia.
Viajar el domingo en un pequeño avión de la Policía, bajo el mando del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en época electoral, para defender un puesto en la papeleta para regidores, le puede significar parte del control político municipal a la legisladora en el próximo cuatrienio.
Con su presencia, aunque fuera por un corto tiempo en la Asamblea Cantonal del PLN, le aseguró a la legisladora el segundo puesto a la actual regidora, Darling Vargas, para reelegirse en febrero del 2010.
El primer lugar de la fórmula municipal liberacionista lo obtuvo Eugenio Román Ocampo, hijo de la candidata a diputada por ese partido, María Ocampo, y del veterano dirigente guanacasteco y ex diputado verdiblanco, Luís Román, quienes tienen una disputa con la municipalidad por cuatro kilómetros de Zona Marítimo Terrestre (ZMT), en playa Cabuyal.
La acción de la vicepresidenta del Congreso le merece en estos momentos investigaciones del Ministerio Público (Fiscalía), y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), ante una denuncia de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
De acuerdo con fuentes del Partido Acción Ciudadana (PAC), en Liberia, detrás de la elección de la papeleta municipal del PLN se pueden esconder supuestos compromisos para resolver la pugna por la ZMT de playa Cabuyal, reclamada por la familia Román Ocampo.
Según archivos de Nuestro País, la empresa Román Ocampo pretende inscribir como propiedad privada 59 hectáreas de la ZMT en playa Cabuyal, y en diversas votaciones para eliminar un visado de planos en el 2006, dos regidores liberacionistas se han opuesto a la acción legal, incluyendo a la candidata a la reelección, Darling Vargas, protegida de Ballestero Vargas.
En los últimos dos años, se ha planteado un conflicto entre la empresa Román Ocampo, S.A., y la municipalidad de Liberia, sobre el que la ciudadanía ha tenido poca o ninguna información.
El conflicto se centra en torno al visado de un plano catastrado que abarca en su totalidad más de 59 hectáreas de la Zona Marítimo Terrestre de Playa Cabuyal.
Román Ocampo S.A., vinculada con el dirigente político del Partido Liberación Nacional (PLN), Luís Román, y su esposa María Ocampo, alega que la finca numerada 3282 del Partido Guanacaste, incluye la Zona Marítimo Terrestre de Playa Cabuyal como propiedad privada.
De acuerdo con estudios jurídicos, la empresa dice tener una Cédula Real como título de propiedad, título que nunca ha aportado ni probado que existió.
Entre tanto, la mayoría de los regidores del Concejo liberiano alegan que se trata de un bien público que no puede ser apropiado por particulares, y que finalmente puede quedar ese territorio en manos de extranjeros para construir complejos turísticos.
La Municipalidad de Liberia, como representante de los ciudadanos, en general y los liberianos, en particular, tiene el deber legal de velar por las playas, precisó Gadi Amit, de la organización ambientalista Confraternidad Guanacasteca.
En estas circunstancias, la Municipalidad contrató la asesoría del bufete de abogados “Harbottle y Pinchanski”, quienes – producto de este contrato – entregaron dos documentos: Estudio legal e histórico del derecho 005 de la finca 3282 del Partido Guanacaste; y La ilegitimidad del visado del plano catastrado Nº G-951339 del derecho 005 de la finca 3282 del Partido Guanacaste.
Proceso
Con base en estos estudios, tanto el Departamento de Ingeniería como el Alcalde, resuelven negativamente los Recursos de Impugnación presentados por la empresa Román Ocampo. La solicitud de visar el plano fue rechazada en esas dos instancias, que proceden según la Ley.
“Cabe señalar que la familia Román Ocampo ya localizó un derecho, el 001, en Playa Cabuyal y posee más derechos en la finca citada que podría pretender inscribir, apropiándose de muchos kilómetros de la playa; por lo que existe la necesidad de evitar la apropiación indebida de la única playa que le queda a Liberia”, resaltó Roxana Múñoz, de Confraternidad Guanacasteca.
De acuerdo con los dirigentes de Confraternidad “lamentablemente y pese a estar el contrato para defender la ZMT de Cabuyal aprobado por la Contraloría General de la República, el Concejo Municipal anterior decide desviar los fondos presupuestados para este fin, dejando sin presupuesto el contrato y dejando vencer los dos meses de vigencia que tenía la aprobación de la Contraloría y posteriormente, y a pesar de que la única vía que existía para la empresa era acudir a los Tribunales, decide el Concejo, sin tener la competencia, ordenar otro Dictamen Externo sobre el tema y en los últimos días de su gestión; con una celeridad impresionante y sin permitir un debate público, de conformidad con este Dictamen, ordena al Alcalde el visado del plano”.
Posteriormente, los abogados Harbottle y Pinchanski expusieron su punto de vista legal respecto al problema, basado en un estudio profundo de las leyes, la Doctrina y las Sentencias de los Tribunales. La información suministrada por ellos fundamenta la lesión del interés público y la apropiación indebida de la Zona Marítimo Terrestre de Cabuyal.
De acuerdo con la organización ambientalista en un país que se rige por la Ley, las propiedades se anotan en un Registro Público al que todos tienen acceso. El Registro Público de Costa Rica se creó en 1865 y abrió sus puertas en 1867.
La inscripción de una propiedad puede hacerse demostrando el dominio que se tiene sobre ella, presentando un título legal escrito o haciendo una información posesoria, demostrando la posesión pública, pacífica y continua por diez años por medio de testigos.
Por otra parte, la empresa, a pesar de que hace varios años alquiló la concesión de playa Cabuyal al Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), y a la Municipalidad de Liberia, hoy pretende demostrar sus derechos mediante un título de la Corona Española, de la época de la Colonia.
Para Harbottle y Pinchanski, a quien se le hubiera otorgado una propiedad o la hubiera adquirido durante el período llamado Colonial, sólo debía presentarse con el Título de Dominio correspondiente – que podía ser una Real Cédula – ante una autoridad competente para que su dominio sobre una finca fuera reconocido, y ser entonces su propietario ante las leyes de Costa Rica.
Varias leyes y decretos, emitidos durante el siglo XIX garantizan esa continuidad de la propiedad.
La Empresa Román Ocampo, S.A. alega que la finca 3282 fue inscrita durante la época Colonial, porque en documentos antiguos, se indica que poseedores de partes de la finca tenían Real Título y constituyeron hipotecas sobre dichas parcelas.
Según el bufete de juristas, para tales efectos, hay que aclarar que el concepto Real Título, en esa época, significa que la persona tiene un derecho de posesión, propiedad, usufructo, etc., sobre un bien, o sea, un Derecho Real, que significa un derecho sobre una cosa. Es así como el derecho de propiedad se denomina Derechos Reales, sin que tenga nada que ver con la Corona Española y mucho menos con Real Cédula. Con base en ese error, en la apreciación del concepto jurídico, es que dice la empresa tener una Cédula Real como título de propiedad, título que nunca ha aportado ni probado que existió.
“Como si eso no fuera suficiente, la finca 3282 fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad en 1886 mediante “Información Posesoria”, que se efectúa sólo cuando NO EXISTE TÍTULO ESCRITO”, según el estudio.
Además, señala que “alorando la finca 3282 a la luz de estas normas, encontramos que: De existir la Cédula Real que se argumenta, los dueños no la presentaron al inscribir la propiedad; y segundo, que no se puede inscribir hoy, utilizando una Cédula Real, lo que va contra la Seguridad Registral”.
Mociones
El voto en dos mociones de la participación de la regidora Vargas, supuestamente respaldada por la diputada Ballestero Vargas, han beneficiado los intereses de la empresa de la familia Román Ocampo, y que ofrecemos a continuación:
MUNICIPALIDAD DE LIBERIA.
CONCEJO MUNICIPAL 2006 -2010.
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 30- 2009.
Lunes 27 de Julio de 2009.
MOCIÓN PRESENTADA POR: Damaris Rodríguez Lara (Partido Acción Ciudadana).
JUSTIFICACION.
Este Concejo ha brindado toda la confianza y apoyo al señor Alcalde Carlos Luis Marín Muñoz desde que inició su labor de la Administración de los bienes de todos los Liberianos. Sin embargo, existen proyectos en los cuales este concejo, a través de mociones, los ha promovido; pero, en mi opinión, la ejecución por parte del señor alcalde se ha dilatado innecesariamente; entre los proyectos que considero no ejecutados plenamente cito sólo algunos tales como:
1. La contratación de servicios jurídicos para conducir el debido proceso del caso Cabuyal. Este asunto ha estado totalmente estancado desde que se dio el visado de planos en la ZMT, en el año 2006, y no ha habido voluntad política para activar el proceso. A pesar de denuncias establecidas por personas de la comunidad.
Acuerdo del Concejo Municipal de Liberia, articulo cuarto, capitulo cuarto, inciso 2, acuerdo 2 de la Sesión Ordinaria No.05-2009, celebrada el 02 de febrero de 2009, que dice:
ACUERDO NO 2
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LIBERIA ACUERDA: PARA REALIZAR LAS DILIGENCIAS DEL DEBIDO PROCESO TENDIENTE A REVOCAR EL VISADO DE LOS PLANOS G-860646-2003 Y G-951339-2004, AMBOS RELACIONADOS CON LA LOCALIZACIÓN DE LOS DERECHOS 001 Y 005, RESPECTIVAMENTE, SOBRE LA FINCA 003282 DEL PARTIDO DE GUANACASTE, SE CONSTITUYE EL ÓRGANO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EL CUAL ESTARÁ DIRIGIDO POR LA LICDA. LAURA PASOS PASTRANA, SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL.
APROBADO POR 3 VOTOS POSITIVOS Y 2 VOTOS NEGATIVOS DE LOS REGIDORES DARLING VARGAS Y MIGUEL CARAVACA.
CONCEJO MUNICIPAL DE LIBERIA
FECHA: 11-02-2009 HORA: 1: 15 P.M RECIBIDO POR: SONIA ARIAS
10 de febrero de 2009. D.R.A.M-0143-2009
Le transcribo Acuerdo del Concejo Municipal de Liberia, artículo cuarto, capitulo cuarto, inciso 2, acuerdo 3 de la Sesión Ordinaria No.05-2009, celebrada el 02 de febrero de 2009, que dice:
ACUERDO NO 3
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LIBERIA ACUERDA: INSTRUIR A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE DE INMEDIATO INICIE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA PARA EL ÓRGANO DIRECTOR DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TENDIENTE A REVOCAR EL VISADO DE LOS PLANOS G-860646-2003 Y G-951339-2004, AMBOS RELACIONADOS CON LA LOCALIZACIÓN DE LOS DERECHOS 001 Y 005, RESPECTIVAMENTE, SOBRE LA FINCA 003282 DEL PARTIDO DE GUANACASTE.
APROBADO POR 3 VOTOS POSITIVOS Y 2 VOTOS NEGATIVOS DE LOS REGIDORES DARLING VARGAS Y MIGUEL CARAVACA.
Más información relacionada en:
1
2
3
Fuente: Carlos Salazar / elpais. co.cr | 15/10/2009
El daño causado por la diputada Mauren Ballestero a la confianza ciudadana en la transparencia electoral, solamente podrá ser restaurado en parte, si el Tribunal Supremo de Elecciones le cancela la credencial de legisladora de la República, ante la contundente evidencia (incluso por confesión de ella misma), de que hubo violación del nuevo Código Electoral que, paradójicamente, se tramitó en la presente Asamblea Legislativa en una comisión presidida por ella misma. Lo correcto debería ser que ella misma renunciase a su cargo diputadil pero sabemos que no lo hará, de ahí la necesaria contundencia que se requiere por parte del TSE.
Una gigantesca bofetada a la institucionalidad republicana representa la repudiable excusa del olvido del pasaporte, como justificación del uso de un bien público (la avioneta) al servicio de la seguridad ciudadana que es equipo fundamental de trabajo de la Fuerza Pública.
No menos indignante y vergonzoso es que la citada legisladora argumente que su participación en la asamblea cantonal del partido oficialista, se presente como una “visita de cortesía”, con el “valor agregado” del depósito de su voto para las candidaturas municipales del Partido Liberación Nacional (PLN) a la municipalidad liberiana, “porque así se lo pidieron”.
“A confesión de parte, relevo de prueba”. El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tiene la ineludible obligación legal, moral y ética de salir en defensa férrea de la nueva legislación electoral, sentando un drástico precedente y quitar un poco de mancha al deterioro de la confianza de mucha ciudadanía en su propia transparencia y en su pregonada imparcialidad.
A tan sólo unas horas del llamado de su Presidente, el magistrado Luis Antonio Sobrado González, convocando a la ciudadanía para las elecciones del 7 de febrero de 2010, garantizando neutralidad y pidiéndole al actual Gobierno imparcialidad sin trampas, la diputada Ballestero le asestó un duro golpe al significado de la convocatoria electoral formulada el pasado 7 de octubre.
Por otra parte, estimamos que el señor Viceministro de Seguridad Pública, don Oldemar Madrigal, necesariamente y por su presunta “ingenuidad” en acatar la orden de la diputada Ballestero para que le prestara la avioneta de la Fuerza Pública y así “recoger su pasaporte”, debe renunciar a su cargo para salvar el honor de este estratégico cuerpo policial, cuya membresía está más que estupefacta ante el actuar de uno de sus máximos jerarcas; especialmente, cuando tal solicitud fue atendida “sin preguntar nada”, lo cual es difícil de creer.
La pregunta que surge es qué hubiese sucedido si el préstamo de la avioneta (u otro tipo de equipo de propiedad pública), hubiese sido decidido por un mando medio de la Fuerza Pública ó por un policía de base.
Finalmente, la ANEP deja una explícita felicitación pública por esta vía al accionar de la Fiscalía General de la República, y a su máximo representante, don Francisco Dall’Anesse Ruiz, por su rápida intervención en este caso.
Da confianza saber que la autoridad judicial más competente en este delicado asunto, se ha involucrado en el asunto con la ley en la mano, sin que nadie se lo pudiese. La salud de la República y de su institucionalidad electoral lesionada, en este ámbito de lo penal-judicial, está bien resguardada.
San José, 14 de octubre de 2009.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
