Vendedores de lotería contra la privatización de la lotería electrónica

Mañana miércoles 20 de junio, a las 10 de la mañana, diversas organizaciones de vendedores de lotería dejarán claro al país su posición en torno al refrendo del ente contralor a la privatización de la lotería electrónica.

Indicarán las razones por las cuales temen ser desplazados de su actividad social-mercantil y anunciarán que darán a lucha por preservar el carácter humanista de la Junta de Protección Social (JPS.

Igualmente darán a conocer información que le da un carácter controversial a la empresa extranjera que explotará el negocio privatizado de la lotería electrónica.

La Conferencia de Prensa será a las 10 de la mañana, de mañana miércoles 20 de junio, en la sede central de la ANEP, en calle 20.

Desde ya agradecemos a los diferentes medios de comunicación su valiosa cooperación.

Empresarios presentan hoy su propuesta de ajuste salarial

Este lunes 18 de junio de 2012, la cúpula del empresariado tendrá que fijar su propuesta con relación al reajuste salarial valedero para el segundo semestre del presente año, aplicable a los salarios mínimos de la clase trabajadora asalariada del sector Privado. Se espera que, como es costumbre, su proposición sea inferior a la sindical.

Como se recordará, fue el sindicalismo, con dos propuestas (entre el 4.96% y el 5.96%), el primero en presentar la suya ante el Consejo Nacional de Salarios (CNS), el pasado lunes 11. El proceso terminará el próximo jueves 21, cuando le toque el turno al Gobierno de la República definir su posición al respecto.

Considerando la ostensible posición pro-empresarial del Gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla Miranda, hay poca expectativa entre los sindicatos de que ésta oriente a sus representantes en el seno del CNS, a fin de que inclinen la balanza del lado de la clase trabajadora y sus propuestas sindicales.

Como suele suceder, la votación en el seno del CNS es de 2 a 1, pues la “_coalición_” Gobierno-empresariado (que, a final de cuentas, son lo mismo), deja en desventaja a la parte obrera.

Pese a ello, antes del próximo jueves, haremos llegar a la primera mandataria, de manera oficial y por escrito una exhortación a fin de que si, como suponemos, la propuesta empresarial ha de ser inferior a la laboral, su Gobierno se incline por ésta; pese a que hay señales clarísimas de que el favorecimiento hacia el gran empresariado, especialmente, el transnacional, es la orientación central de la gestión gubernativa Chinchilla Miranda.

La rebaja de las tarifas de la electricidad a cinco consorcios empresariales transnacionales de mucho poderío para que sean los hogares trabajadores los que asuman en su tarifa esa rebaja; la prolongación del contrato monopólico de la revisión técnica vehicular por diez años más; el decreto ejecutivo para ampliar el campo de acción de la generación privada de la electricidad; la prioridad en el manejo de contenedores en los muelles limonenses a favor de la transnacional portuaria en detrimento de la empresa pública nacional (motivo central de la huelga de Sintrajap); son algunos de los ejemplos que expresan que la prioridad estratégica del Gobierno de la Presidenta Chinchilla no está del lado de la clase trabajadora.

La clase trabajadora asalariada (y no asalariada), sigue siendo agredida por un proceso concentrador de riqueza y de exclusión social, con fuertes indicadores de crecimiento de la desigualdad.

Los beneficios del crecimiento económico no se distribuyen justamente; y, como si fuera poco, el salario social producto de políticas públicas de acceso universal a servicios públicos fundamentales, al deteriorarse sensiblemente éstos, también se reduce, agravando ese proceso concentrador de la riqueza.

22 de junio Día Nacional del Trabajador Penitenciario

Era viernes 22 de junio de 1984. Era el quinto día (había iniciado el lunes 18 anterior), de la Huelga General de Adaptación Social, promovida y dirigida por la ANEP.

Para esa época, el 85% del personal penitenciario estaba excluido del Régimen de Servicio Civil (no tenía estabilidad en el puesto, no tenía anualidades antigüedad). Tal injusticia debía quedar superada, en teoría, luego de que la Asamblea Legislativa, en diciembre de 1982, había emitido la Ley No. 6835, La Ley de la Escala Salarial, precisamente para otorgarle el derecho a recibir anualidades a todo el personal del sector público que hasta ese momento no tenía reconocimiento por antigüedad en el cargo. Precisamente, había sido la ANEP la entidad sindical propulsora de esa legislación.

Durante todo 1983 y parte de 1984, la ANEP hizo una gran labor de información, esclarecimiento, concientización y motivación para que sectores excluidos de recibir anualidades, tomaran conciencia de que la nueva ley les corregía tal situación discriminatoria.

Específicamente, se enfocó el trabajo en la entonces Guardia de Asistencia Rural (GAR), en la Guardia Civil (hoy Fuerza Pública) y en el Sistema Penitenciario Nacional. Este fue el sector que más hizo suyo el mensaje y más actitud hacia la lucha mostró.

Efectivamente, dos paros laborales y dos manifestaciones frente al Ministerio de Hacienda (que quedaba, entonces, frente al Hospital San Juan de Dios), no convencieron al gobierno de entonces de que tenía que aplicar la Ley No. 6835.

El Presidente, Luis Alberto Monge, sistemáticamente se negó a ello, básicamente por prejuicios ideológicos antisindicales en contra de la ANEP por su vinculación partidaria de esa época.

Recordemos que la Guerra Fría estaba al rojo vivo, que los sandinistas gobernaban Nicaragua y que el gobierno gringo de Reagan financiaba a los “contras” y les hizo bases en territorio costarricense. La ANEP siempre simpatizó, y creemos que lo hacía correctamente, con la Revolución Sandinista.

Pues bien, no quedó más que la huelga. Fue un movimiento hermosísimo. Fue vibrante. Fue unitario: profesionales, técnicos, administrativos y hasta agentes de seguridad (hoy Policía Penitenciaria) participaron del movimiento que empezó, como indicamos, el lunes 18 de junio de 1984 y terminó el martes 26 siguiente con la firma de un acuerdo en la sede del Palacio Arzobispal, luego de que se diera la mediación entre el Gobierno Monge Álvarez y la ANEP, de parte del recordado Monseñor Román Arrieta Villalobos (“manzanita”).

Recordamos que coreábamos consignas diversas en esta lucha, pero dos eran las principales: “Que se cumpla la ley, que se pague la escala”; “Tenemos la razón… tenemos la fuerza”.

La gente en huelga se concentraba en las diferentes cárceles y ni siquiera se recibían internos (hoy “privados de libertad). La gente de La Reforma y su seccional ANEP, literalmente hablando, se “tomaron” el control del penal durante todo el día lunes, el martes y el miércoles. La noche de ese día, un grupo antimotines desaló a los huelguistas y recuperó para el Gobierno el control de La Reforma. Figúrese usted que los carros circulaban con “salvoconducto sindical”. Tal era la fuerza de la huelga.

Al suceder esto, el centro de la huelga fue la cárcel de San Sebastián. Ahí también, desde el lunes mismo de arranque del movimiento, mostró una impresionante fuerza laboral. El día viernes 22, en horas de la tarde, un gran bloque humano se apostó frente a la entrada de las ambulancias judiciales que traían internos. Un juez de la República se molestó muchísimo porque había ese bloqueo humano. Al preguntar por la persona responsable, el grupo de huelguistas le contestó: “nos llamamos todos” y más se enojó el señor juez.

Fue así cómo dieron orden y nos quitaron con la Fuerza Pública. A los hombres huelguistas se los llevaron en “perreras” que en aquellos años eran transparentes, de mallas. Con las compañeras se tuvo más “cortesía”, mandaron microbuses y las subieron forzosamente a ellos. Todos fueron a dar a la entonces Detención General de la Fuerza Pública, al pie de Cuesta de Núñez, detrás de Cuesta de Mora.

Se les encerró en celdas nauseabundas hasta la medianoche de ese día viernes 22 de junio de 1984. A esa hora, una orden del Presidente Monge directamente, indicó que nos sacaran del encierro y que nos dejaran ir. Claro, la opinión pública se había solidarizado con el movimiento, que había cogido mucha simpatía, máxime que la detención en las afueras de San Sebastián había sido grabada por cámaras de los telenoticieros de entonces. Éramos como sesenta. Luego de liberados se fueron para la sede de la ANEP que quedaba en los altos del Más x Menos de Cuesta de Moras y ahí, hacia la medianoche, se decidió que lucharíamos hasta las últimas consecuencias. En todo caso, ya a esa altura del quinto día, políticamente hablando, la huelga ya estaba ganada.

Con el acuerdo de la huelga se logró: 1) El Gobierno Monge aceptó la aplicación plena de la Ley No. 6835. Los y las huelguistas de las cárceles, con su huelga, no solo para sí lograron ese derecho: tener anualidades. La huelga lo hizo extensivo a los otros dos cuerpos de policía mencionados. 2) Se estableció el Riesgo Penitenciario para todo el personal de las cárceles, sin excepción. En aquel entonces, se fijó en un monto de 800 colones (posteriormente, años después, se logró el Riesgo de Seguridad y Vigilancia para el personal de seguridad). 3) El personal excluido del Régimen de Servicio Civil, un 85 % del personal de las cárceles, ingresó al mismo sin examen, en bloque, por la vía de la excepción, algo sin precedentes en la historia laboral del sector público hasta ese momento. 4) Al personal carcelario se le dio posibilidad de ingresar al régimen de pensiones del Registro Nacional (pero años después, con el ajuste estructural en su más y mejor, se eliminaron leyes de pensiones específicas, aunque algunas personas lograron permanecer en él). 5) Restitución en sus puestos, luego de que fueran despedidos de ipso facto, de un grupo de compañeros agentes de seguridad, los cuales en unión a la huelga y como forma de manifestar su adhesión, se negaron a ingerir alimentos pese a continuar en sus puestos de trabajo. En el acuerdo ellos recuperaron sus empleos.

Posteriormente, los huelguistas detenidos fueron llevados al banquillo de los acusados, a los tribunales de justicia con base en dos artículos del Código Penal que hoy en día están derogados y que prohibían la huelga en los servicios públicos. Nos referimos al 333 y al 334. No obstante, todos fueron absueltos.

La Huelga Penitenciaria y ese particular día, 22 de junio de 1984, aún permanece en las mentes de quienes habiéndolo vivido, siguen trabajando para la institución. También, quienes se fueron para otras partes, lo tienen muy presente.

En el Gobierno siguiente, Arias Sánchez, fue emitido un decreto ejecutivo que estableció el día 22 de junio, como el DÍA NACIONAL DEL TRABAJADOR PENITENCIARIO, luego incorporado al Reglamento Interior de Trabajo, según nos parece.

Este es un poco de la historia de la Huelga Penitenciaria. En términos generales, se puede entender el significado del 22 DE JUNIO.

ANEP.

Colegio de Periodistas se pronuncia por cambios en Semanario Universidad

ENTRE LO MORAL, LO LEGAL Y LO DIGNO

13 junio 2012. El Colegio de Periodistas de Costa Rica, en su función de respaldar y promover las ciencias de la comunicación colectiva y defender los intereses de sus agremiados, individual y colectivamente; de acuerdo con la Ley 4420 de su creación artículo primero, y en irrestricto apego a la defensa de los principios de libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de información, transparencia y moralidad.

Habiendo conversado con el señor Rector de la Universidad de Costa Rica, Dr. Henning Jensen, con la directora del Semanario Universidad, Licenciada Laura Martínez, con periodistas y comunicadores profesionales de la Universidad de Costa Rica, tras analizar con detenimiento y prudencia las versiones suministradas por todas las partes en el conflicto surgido a raíz de los movimientos en medios de comunicación y en la Oficina de Divulgación e Información de la misma casa de enseñanza superior, manifiesta:

Que el Semanario Universidad ha sido siempre un combatiente por los derechos de las minorías respetando sus derechos a estar libre y verazmente informados.

Que es un medio de comunicación crítico desde su nacimiento y por naturaleza, condición que la comunidad universitaria ha encontrado compatible con su forma de ser y expresar.

Que la misma Universidad de Costa Rica ha graduado a los profesionales en las ciencias de la comunicación colectiva, y que se debe a ellos en primer término, en materia de medios de comunicación, divulgación o información universitaria o nacional.

En este sentido, el Colegio de Periodistas de Costa Rica expresa su más enérgica protesta ante los anuncios de despidos en el Semanario Universidad.

El Semanario no es una unidad académica o administrativa, se trata de un medio de comunicación colectiva que debe mantener la independencia, la libertad, y garantizar la defensa de las libertades públicas y los derechos humanos universales.

La comunidad universitaria, pero sobre todo el pueblo costarricense, tienen derecho a ser informados de una manera diferente, ese es el derecho a la información.

Señor Rector: los puestos en el Semanario Universidad no son un botín político o algo que se puede atropellar sin miramientos. Por tanto, no debe exponerse a sus profesionales al cabildeo político en cada elección de rector para ver si alguien o alguno se queda o no en su puesto.

El cambio de timón en un momento preelectoral tempranero es muy peligroso. Máxime que no existe un diagnóstico o una queja sustancial del supuesto de “pérdida de confianza” de una directora que ha mantenido la pluralidad, el equilibrio informativo y el profesionalismo ético, herramientas periodísticas que debe tener todo medio de comunicación colectiva que se precie de serlo, como es el caso que nos ocupa.

En este momento hacemos un llamado vehemente para que el caso del nombramiento de la directora del Semanario Universidad sea elevado al Consejo Universitario, y que, en un seno más democrático, se haga la escogencia del profesional a cargo de este medio y que así sea separado de los antojos electorales, caprichos, ocurrencias y conveniencias de poder, garantizando la independencia informativa.

Por otra parte, la Oficina de Divulgación de la UCR igualmente necesita una cabeza líder. Ese liderazgo puede estar entre sus mismos profesionales. Es esta alma máter la que ha graduado a sus profesionales, mismos en los que ahora usted no parece confiar, al nombrar a una psicóloga a cargo de una unidad de comunicación.

Creemos que hay suficiente material humano, profesional y consecuente con una línea de paz laboral que usted manifestó era necesaria en la llamada ODI, como para echar mano de ellos.

No dudamos de las capacidades humanas y profesionales en su materia de la señora Wajiha, de quien usted ha expresado, conoce muy bien. Sabemos de su probada inteligencia, pero también sabemos que la podría encontrar entre los miles de profesionales que la misma UCR ha graduado a lo largo de su impecable historia académica.

Protestamos, no solo por nombrar a un profesional que no es del área de la comunicación en una oficina cuyo manejo técnico y profesional requiere de destrezas propias de la academia y la experiencia en la materia. Protestamos porque usted mismo, don Henning , en su afán por llegar a la rectoría nos visitó, aquí mismo en el Colegio de Periodistas, y en estas mismas oficinas usted se comprometió ante nosotros a proteger la colegiatura y a nombrar profesionales de la comunicación colectiva en áreas específicas, como la Oficina de Divulgación de la UCR.

Ese calor de ambiente electorero no le tardó mucho, pues su palabra empeñada para ganar los votos de un colegio profesional, fue traicionada. Sí señor rector, usted don Henning traicionó su palabra, empeñada a luz de un proceso electoral y que ahora reconoce que faltó a ella solo porque sí.

Señor Jensen: le recordamos que la Universidad de Costa Rica no es suya, ni de sus asesores, le pertenece al pueblo. No se la lleve para la casa. Que el Semanario Universidad no es un botín político, le pertenece a la comunidad universitaria y al pueblo costarricense. Permita que la democracia universitaria se asiente y que los avasalladores dejen de hablarle al oído.

San José, 13 de junio del 2012.

Junta Directiva Colegio de Periodistas de Costa Rica

Apertura en el mercado de electricidad impulsa huegal en el ICE

La estrategia es manejada políticamente por el PLN, con una fuerte injerencia desde la casa presidencial y con un cómplice llamado ARESEP/SUTEL.

Con la ley No. 8642, Ley General de Telecomunicaciones, publicada el 30 de junio de 2008, surge la SUTEL como órgano regulador y dentro de sus competencias tiene la tarea de fijar las tarifas y el manejo del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, FONATEL, con el fin de procurar acceso universal, servicio universal y solidaridad, en los servicios de telecomunicaciones.

Frecuencias entregadas al MINAET

El ataque básicamente consiste en minar las finanzas de la institución, por ejemplo, del acuerdo entre el MINAET y el Presidente Ejecutivo del ICE, Ing. Pedro Pablo Quirós con data del 18 de diciembre de 2009 (ante el cual las organizaciones presentamos una apelación a la CGR, una acción de inconstitucionalidad y una denuncia ante los juzgados por ser considerada como ilegal), el Ing. Quirós acepta un pago de $6,55 millones de dólares por la limpieza de las bandas y entrega de las frecuencias al MINAET, generándose además, la declaratoria de “uso no exclusivo” de frecuencias del espectro radioeléctrico asignadas en el año 1997 al ICE. A la fecha el ICE sigue esperando el pago $6,55 Millones de dólares.

Tarifas por Interconexión

Denunciamos la imposición de tarifas por interconexión por parte de la SUTEL, a través de sus resoluciones RCS 324-210 y RCS 325-210, por considerar que son tarifas ruinosas por no cubrir los gastos de operación de la institución, mientras al ICE le cuesta ₵8 minuto completar el tráfico, recibe de los operadores ₵3,63 por minuto. Situación que pone en serio riesgo la estabilidad financiera de la institución y como lo dijimos en su momento, esta resolución generaría pérdidas por 30.000 millones de colones anuales, poniendo en riesgo los programas de inversión y la sostenibilidad de la calidad del servicio brindado. Ante esta situación la Presidencia de la República, a través del ministro de la presidencia obliga al Ing. Eduardo Doryan a retirar el Contencioso Administrativo que la administración superior había presentado en los tribunales en el último cuatrimestre del 2010. El FIT responsablemente presenta, en representación de los trabajadores, un Contencioso Administrativo, en marzo de 2011, y a la fecha, nos encontramos a la espera de resolución por parte de los tribunales.

Tarifas por servicios

El Instituto Costarricense de electricidad tiene tarifas del año 2004 para los servicios fijos y en el 2002 se fijo el precio del minuto celular, el ente regulador ni siquiera ha considerado realizar ajustes por inflación de esas tarifas. También le negó la posibilidad de tarifaria para servicios de valor agregado como el MMS y video-llamada desde el 2009 a marzo de 2012 a la institución, aunado a esto, a la fecha no ha asignado tarifas para datos móviles, obligado al ICE a dar un servicio móvil sin límite de descarga, ocasionando estrés en la red móvil, deterioro de la calidad y sobre inversión en la red móvil.

FONATEL

Los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) son de aproximadamente $ 200 millones de dólares, $ 170 millones de dólares provenientes principalmente de lo obtenido por las concesiones realizadas para el uso del espectro radioeléctrico de los servicios celulares y del 1,5% de los ingresos brutos devengados por los operadores desde el año 2010 .

A la fecha no se ha utilizado ni un solo colón para procurar la tan llamada solidaridad en el acceso y servicio universal de los servicios de telecomunicaciones, por el contrario existen costarricenses como la Sra Rezard de Wuovej, a quien la SUTEL en su oficio 274-SUTEL-DGC-2012 fechada 30 de enero de 2012, le indica: “En este nuevo escenario los nuevos operadores……. ….. no están obligados a desarrollar proyectos que no les sea rentables”, así mismo existen comunidades que están quedando aisladas bajo el mismo concepto de la SUTEL, no son rentables, ¿y los fondos de FONATEL, cuando se usaran?.

Inversión de los recursos de FONATEL

Tampoco sería aceptable el uso de estos $200 millones de dólares para algún festín político, como pareciera ser lo acostumbrado en las últimas administraciones.

Hacia donde se dirigen esos fondos, se destinarán al uso de consultorías o asesorías (ver artículo del diario la República del Jueves 7 de Junio 2012 “Consultorías se disparan en la ARESEP” y Documento SUTEL-Términos de referencia para la contratación de Recursos para Conformar la Unidad de Gestión del Fideicomiso) o se duplicarán inversiones contratando lo que el ICE ya realizó, en estudios, diseños y redes, o bien, como fue sugerido en la Asamblea Legislativa, para resolver las debilidades del gobierno y sus instituciones.

Portabilidad Numérica

De los países centroamericanos, Costa Rica es el último en abrir su mercado a la competencia, en ninguno de ellos se ha implementado la “portabilidad numérica” y la SUTEL está contratando a un tercero para que en término de 4 meses la implemente en el país, beneficiando únicamente al capital extranjero y perjudicando la inversión que el pueblo de costarricense ha realizado durante estos 50 años.

Amenaza el ente Regulador

El ente Regulador amenaza con sanción de rebaja de un 21 % en la tarifa celular pasando de 30 colones a 23,7 colones (La Nación 6 de junio de 2012), cuando ha existido responsabilidad del MINAET en la asignación de enlaces, errores en la metodología utilizada por SUTEL en sitios donde no existe oferta comercial y algunas mediciones y umbrales establecidos muy alejados de la realidad nacional. Pareciera que la intensión es clara con el ICE, minar sus finanzas y la credibilidad de los clientes.

Se mantiene protesta penitenciaria para el lunes 25

Tal y como se indicó recientemente, para el próximo lunes 25 de junio ANEP está convocando a una protesta general del cuerpo laboral de la Policía Penitenciaria de Costa Rica; previéndose grandes agrupamientos de este personal en las afueras de las diferentes cárceles nacionales; especialmente las del circuito de La Reforma (conglomerado de cinco cárceles), así como los centros penales de San Sebastián y el Zurquí.

Luego de un largo vía crucis de tres años de duración, incluso el último de ellos en sede parlamentaria buscando una ley específica que autorizara el pago de esa deuda salarial, lo cual se logró (Ley No. 9039); a la fecha no hay ni el menor asomo de interés del Gobierno para asignar los 700 millones de colones que es la suma global para pagarle a unos 3 mil policías penitenciarios, la deuda pendiente de los primeros nueve meses del año 2009, del reconocimiento de una modificación en su respectivo manual de puestos de entonces.

La indignación de la Policía Penitenciaria es generalizada considerando la pequeñez absoluta de esa cantidad, 700 millones, si la comparamos con los 22 mil millones gastados, desperdiciados, mal empleados, robados, desaparecidos, del escándalo más grande de la historia nacional, la mal llamada “_Ruta 1856_”, la tristemente célebre trocha de la frontera norte.

¿En qué consistirá la protesta? Como es sabido, la mitad del personal policial penitenciario permanece dentro de los penales durante siete días continuos, mientras la otra mitad descansa. Los relevos se hacen en día lunes. El lunes 25 quienes ingresan a las cárceles, solamente se pondrán su uniforme pero no recibirán sus correspondientes puestos de guardia durante las horas de la protesta. Los que deben salir a descanso, no entregarán, se quedarán de guardia, prolongando su jornada durante todo el tiempo que sea necesario.

Así, no habrá un solo puesto de vigilancia descuidado, abandonado; lo que si habrá será un enorme trastorno de la dinámica institucional pues el cambio de guardia semanal es sumamente complejo.

Los policías que no ingresarán recorrerán las calles aledañas a los centros penales y no se descarta bloqueo de rutas esenciales en algunos puntos estratégicos.

Los policías penitenciarios, con su ejemplo de lucha, ayudarán a levantar la moral de lucha para la “_otra_” Fuerza Pública, la que gana mal, pero muy mal, a la cual han burlado con la promesa falsa de un nuevo Manual de Puestos que no se ve por ningún lado.

El personal raso, de base, la policía “_de a pie_” de la Fuerza Pública, poco a poco, va tomando conciencia de que tendrá que manifestarse como sus colegas de la Policía Penitenciaria para que se les haga justicia. En ANEP estamos trabajando intensamente al respecto para que el país tome conciencia de lo que podría ser una “sublevación civilista” de su principal cuerpo de Seguridad Ciudadana, con una variedad de acciones en el corto y mediano plazo.

En Costa Rica hay “dos” Fuerza Pública

A nuestro modesto entender tres de esos grandes problemas “_alimentan_” un cuarto problema, que es el más grande de todos: el sistemático proceso de concentración de la riqueza y su “_hermano gemelo_”, sea, el crecimiento de la desigualdad.

Los tres problemas que potencian a éste, son la corrupción pública y privada (con vestimenta legal ó sin ella); la penetración del narcotráfico y del crimen organizado en todos los niveles de la sociedad; y, la inseguridad y la violencia en todas sus manifestaciones, especialmente el ataque a las personas y a sus bienes y posesiones materiales.

Cada uno de esos cuatro problemas tiene muchas explicaciones, se escenifican de múltiples formas, derivan en gran número de consecuencias negativas y generan gran malestar social.

Nos vamos a concentrar en esta ocasión en el asunto de la inseguridad y la violencia en todas sus manifestaciones, especialmente el ataque a las personas, con pérdida de vidas valiosas e inocentes; así como la sustracción de bienes y posesiones materiales intermediando violencia, especialmente la física.

Y es aquí donde, por lo general, ante un ataque a un ciudadano inocente, ante el robo de sus pertenencias, ante el asalto descarado intermediando agresión física, que nos invade un profundo sentimiento de enojo, de indignación, de reclamo que, por lo general, termina en una frase injusta como “_…y no había ni un policía cerca_”.

Pues bien, aquí las críticas se dirigen, por lo general, al cuerpo policial más numeroso del país, la Fuerza Pública, misma que integran unas 14 mil personas trabajadoras asalariadas integradas en la planilla del Ministerio de Seguridad Pública (Gobierno Central).

Pero, ¿habremos dispuesto algún ratito, sacado un momento, para pensar en estas personas, costarricenses como nosotros, hombres y mujeres que decidieron optar por servir a la Patria, a la ciudadanía, desde la Fuerza Pública?; ¿nos hemos puesto a pensar acerca de las condiciones que como sociedad les damos para su delicada y peligrosa labor?… Probablemente no.

Es tal el enojo y la furia que nos generan los episodios cotidianos de inseguridad y de violencia que, no pocas veces, el “_culpable_” es la policía por no estar ahí, cuando tales episodios se escenifican. Parece que hay algo de injusticia en este subjetivo análisis, efectuado al calor del momento; por tanto, merece que reflexionemos sobre ello.

Para una reflexión justa al respecto, debemos pensar en dos ámbitos del trabajo de la Fuerza Pública: las condiciones en que éste se ejecuta, por un lado; por otro, la paga, el salario que reciben.

En cuanto a condiciones de trabajo, de espacios físicos, infraestructura; de equipo y maquinaria; de tecnología, de alimentación, de horarios y jornadas de trabajo; de trato y maltrato; de facilidades para superación técnica, profesional y académica; de acoso laboral y sexual; de las demandas judiciales que reciben, etc., etc., el balance es deficitario, deteriorado, precario, cruel y muchas veces hasta inhumano.

El país, la sociedad, el Estado, el sistema político, está en gran deuda con estos hombres y con estas mujeres; especialmente con el o con la policía de a pie, la que recorre las calles, tugurios, zonas marginales, por ejemplo.

Si lo vemos por el otro lado, la paga, el salario que reciben por esta estratégica tarea de Seguridad Ciudadana, la cosa tampoco anda bien. Hoy en día, hay “_dos_” Fuerza Pública. Una, la que gana bien y muy bien. Los mandos medios y altos: el subjefe y el jefe de “_Delta_” (así se llama el centro laboral policial); el subdirector y el director regional; el subdirector general y el director general de la Fuerza Pública. Aplaudimos que ganen bien. Nadie está en contra de ello. Es justo. Es merecido. Pero es la Fuerza Pública minoritaria.

Está la otra Fuerza Pública. La abrumadoramente mayoritaria. La de a pie. La que recibe la agresión verbal, la agresión física, la demanda judicial; la que recibe el balazo; la que debe enfrentarse cuerpo a cuerpo con la delincuencia, con el crimen organizado, con el narcotraficante (el pequeño, el grande); incluso, cuando en situaciones de total injusticia social, la mandan a desalojar humildes campesinos, gente pobre, labriegos sencillos abandonados de toda política pública, que deben “_devolver_” al propietario de la tierra el terreno invadido con el cual se mantienen sobreviviendo. Así de cruel, es la labor del policía raso, del policía de base: La Fuerza Pública mayoritaria, la mal pagada, la exprimida al máximo, la que es agredida, ella misma, por una política pública que la tiene en condiciones precarias. Aquí también se repite la historia: los de arriba… los de abajo.

En esto de los salarios de la Fuerza Pública, analice este ejemplo para que entienda porqué decimos que hay “_dos_” Fuerza Pública. Si hoy contrataran a un nuevo Director General de la Fuerza Pública, totalmente nuevo, venido de la calle, entra ganando de salario base, prácticamente un millón quinientos mil colones (1.500.000); y si este mismo día entrara un nuevo recluta, un raso o agente de policía, también venido de la calle, entra ganando 239 mil colones (239.000).

Entre ambos extremos de puestos, la diferencia es de 1.261.000 (un millón doscientos sesenta y un mil colones). El máximo jefe entra ganando seis veces más que el puesto más humilde. ¿Es esto justo?… Ve usted como hay “dos” Fuerza Pública. ¿Podemos entender ahora una de las grandes fallas de la política pública en materia de Seguridad Ciudadana? Esperamos que sí. ¿Puede esto continuar siendo así?… El tema de para más y hemos de volver ampliándolo.

ANEP respalda y se solidariza con la huelga de SINTRAJAP

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como nuestro referente sindical superior, la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), dejamos constancia pública de todo nuestro más absoluto respaldo al movimiento huelguístico que ha estallado en la mañana de este día, martes 12 de junio de 2012, en los muelles de Limón y de Moín, conducido por su legítima organización histórica SINTRAJAP.

La responsable, profesional y propositiva actitud de SINTRAJAP en defensa del negocio portuario como patrimonio público y en pro del bien común, no ha encontrado una actitud seria de parte de las autoridades gubernamentales; mismas que, en todo momento, han priorizado por darle espacio a la entronización del negocio portuario puro y simple, para lucro grupal reducido y con gran fuga de capitales al exterior para concentrados conglomerados empresariales.

En ANEP y en la Central Social Juanito Mora Porras entendemos que la lucha de SINTRAJAP, ya larga y legendaria en aras de la preservación de una herencia patrimonial pública que siempre debió potenciar desarrollo con equidad; merece el más grande respaldo laboral, social y cívico.

No debería el presente Gobierno mirar con desdén el movimiento de huelga recién iniciado en los muelles de Limón y de Moín. No debería la Presidenta Chinchilla menospreciar una petitoria sindical que reclama trato igualitario para competir en el negocio portuario en igualdad de condiciones. Por el contrario, al futuro concesionario privado le dan tal nivel de regalías que, en realidad, lo han de convertir en un monopolio privado que, finalmente, golpeará al propio gremio exportador nacional dejándole en desventajosa condición competitiva con relación a sus homólogos centroamericanos.

Finalmente, la decisión constitucional de frenar un razonable aumento de tarifas, maliciosa y sospechosamente postergado por años, con la finalidad de que Japdeva tuviera ingresos frescos para su propia modernización sin depender de las finanzas centrales del Estado; deja entrever una especie de complot contra toda la institucionalidad pública de los muelles de Limón y de Moín.

Estabilidad laboral en el INDER amenazada por propuesta patronal

La seccional de ANEP-IDA no acepta bajo ninguna circunstancia la propuesta presentada por la Presidencia Ejecutiva en el sentido de sacar a concurso interno todas las plazas que actualmente posee la institución.

El artículo 192 de la Constitución Política establece que: “los servidores públicos serán nombrados a base de idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos por las causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa de servicios“.

En el caso que nos ocupa no estamos ante una reducción forzosa de personal ni ante un cierre de la institución, por el contrario estamos ante un fortalecimiento institucional que implica la ampliación de potestades y que garantiza el respeto adquirido de los trabajadores, bajo esa tesis no vamos a aceptar la propuesta de la Presidencia Ejecutiva y vamos a defender con todos nuestros recursos el derecho que nos asiste, en espacial la estabilidad laboral que tanto protege la legislación laboral y pronunciamientos constitucionales y judiciales.

Como lo hemos dicho siempre nuestra organización está dispuesta a dialogar, pero defiende el derecho a disentir y en este caso concreto disentimos de la Presidencia ejecutiva y sus pretensiones.

Hacemos un llamado a los trabajadores para que no nos dejemos amedrentar y por el contrario nos unamos para defender nuestros derechos.

Atentamente
Walter Quesada Fernández
Presidente Seccional ANEP-IDA
Secretario General Adjunto ANEP