Se acerca fijación del incremento salarial para el sector Privado

El Lic. José Pablo Carvajal Cambronero, Secretario del Consejo Nacional de Salarios (CNS), ha procedido citar a las organizaciones sindicales con representación en el sector Privado, para las cuatro de la tarde del próximo lunes 11 de junio de 2012, en el auditorio de los Exministros de Trabajo de la cartera de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); a fin de que se presenten las peticiones acerca del monto en que deberán reajustarse los salarios para la clase trabajadora con empleo formal y que labora para el sector Privado de la economía; reajuste que deberá entrar en vigencia el próximo primero de julio de 2012.

En el caso de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP) y de la propia ANEP, esta semana realizaremos los análisis del caso para formular nuestra propuesta a la luz de los siguientes elementos:

PRIMERO: La nueva fórmula de cálculo para establecer los incrementos en los salarios mínimos; fórmula que debe contemplar las variaciones positivas en el Producto Interno Bruto (PIB), de tal suerte que la cifra por definir sea algo más que la variación en la inflación.

SEGUNDO: Las cifras positivas que el presente Gobierno viene dando, en cuanto a varias variables macroeconómicas que indican un crecimiento de la economía; y, por tanto, la imperiosa y más que justa necesidad de un mejor distribución de los beneficios de tal crecimiento generados por la propia clase trabajadora asalariada del sector Privado.

TERCERO: El alto costo de la vida y la subida de precios en las tarifas de varios servicios públicos básicos imprescindibles para las personas trabajadoras asalariadas. La fuerte alza en las tarifas de buses, a todas luces ilegales; y el 53 % que se ve venir en las tarifas del agua son dos clarísimos ejemplos de que los bolsillos asalariados siguen depreciándose duramente.

Recordemos que el CNS tiene una integración tripartita. Tanto la CSJMP como la ANEP esperamos del Gobierno de la Presidenta Chinchilla total congruencia y apego a la nueva fórmula de cálculo de los incrementos para los salarios mínimos; toda vez que la semana pasada ante la conferencia global de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ella hizo gala de que el país había adoptado una fórmula así para mejorar, aunque fuera levemente, el bajísimo nivel de los salarios mínimos en Costa Rica. Esperamos de la primera mandataria total consecuencia y honra de tal predicado aunque tenga que votar en el seno del CNS contra la representación empresarial.

El Regulador General se debe ir

NOTA DE DIARIO EXTRA

KRISSIA MORRIS GRAY
kmorris@diarioextra.com

Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), aplaudió la anulación del Modelo de ajuste automático de las tarifas de bus, aprobada por la Sala IV, al tiempo que es del criterio que el regulador general Dennis Meléndez debe renunciar a su cargo.

“_En ANEP pensamos que el señor regulador general de la Aresep debe renunciar a su cargo. No es posible aceptar que un funcionario de su nivel cometa tan graves errores que lleven a la Sala IV a llamarle la atención, deteniendo los abusivos procesos de aumentos tarifarios por vía extraordinaria que ha pretendido imponerle a la gente, especialmente la clase trabajadora, que sufre un deterioro económico impresionante de su poder adquisitivo_”, declaró Vargas.

Agregó: “_Creemos que debe salir a flote la multimillonaria inversión que ha realizado en, al parecer, cinco consultorías que, entre otros aspectos, ha servido como para que dentro de la Aresep haya ‘otra’ Aresep, el controversial ‘Centro para el Desarrollo de la Regulación’, engendro que podría estar haciendo nugatorio la experiencia que ha acumulado el originario personal profesional de planta de la entidad, del cual tenemos reportes de que se siente relegado, excluido, invisibilizado_”.

Vargas detalló además que en el caso de las alzas en las tarifas de buses la agrupación sindical entiende que los empresarios hacen grandes inversiones para garantizar el suministro del servicio.

“Debemos reconocer que los pequeños empresarios de autobús tienen problemas para operar, sin embargo en tales circunstancias las potencialidades de buscar acuerdos con los trabajadores y con sus legítimas organizaciones sindicales al respecto nunca han sido exploradas, pero pueden representar un potencial en el marco del diálogo social con negociación efectiva en la perspectiva de la inclusión
”, finalizó Vargas.

Inicia la organización de la segunda edición de la Copa Rotativa de Futbol ANEP Siglo XXI

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ha dado ya inicio a la fase organizativa de lo que será la Segunda Edición de su Copa Rotativa de Fútbol ANEP-Siglo XXI; torneo aficionado en el que podrán participar equipos tanto de instituciones del sector Público como del sector Privado.

Esta Segunda Edición de la Copa Rotativa de Fútbol ANEP-Siglo XXI se inaugurará el día sábado 4 de agosto y desde ya la ANEP hace gestiones para que el partido de apertura se escenifique en el majestuoso Estadio Nacional. En este mismo coliseo se protagonizó la final de la Primera Edición, que fue ganada por el equipo de la empresa privada SERVICIOS ECOLÓGICOS, la más grande firma empresarial de su campo en el país.

Con este nuevo esfuerzo, la ANEP da continuidad en el tiempo a lo que fuera en el siglo pasado su histórico Campeonato de Fútbol, el cual se mantuvo por cerca de 40 años. La Copa Rotativa de Fútbol ANEP-Siglo XXI pretende hacer honor a ese legado del deporte aficionado y de entretenimiento entre la clase trabajadora costarricense; esforzándose la ANEP en elevar la calidad organizativa y los estímulos de participación en esta Segunda Edición.

El valor de la inscripción por equipo es de 100 mil colones y para más detalles se puede comunicar con los miembros del equipo organizador:

Luis Martínez Rivera
87 84 75 95
Alfredo Erak Huertas
88 12 93 36
Alonso Quesada Hernández
88 10 80 53
60 67 14 22
Esteban Chavarría Villalta
85 49 95 84

Exoreros de la Zona Sur se afilian a la ANEP

En la mañana de este domingo 3 de junio de 2012, en la comunidad de Río Claro, distrito del cantón de Golfito, provincia de Puntarenas, ciudadanos y ciudadanas costarricenses que se ganaban la vida extrayendo oro del Parque Nacional Corcovado y Piedras Blancas, se reunen para analizar las caminos que deben seguir buscando en pro de una plena y total indeminización por parte del Estado costarricense, luego de que su actividad quedara prohibida con motivo de la política pública definida para proteger el patrimonio ecológico y ambiental de tal escenario natural.

Esta es la segunda ocasión en que tal grupo social se reune para desarrollar la indicada lucha. En la primera ocasión, el pasado domingo 6 de mayo y en el mismo lugar, se sindicalizaron en Asamblea General, conformando una filial de la ANEP, la Seccional ANEP-Exoreros de Corcovado y Piedras Blancas.

Según las primeras indagaciones efectuadas por la ANEP, estas personas trabajadoras por cuenta propia en su abrumadora mayoría, habrían sido víctimas de una presunta mala praxis profesional pues a cambio de las gestiones administrativas se les pidió, persona a persona, cantidades de dinero que todas juntas podrían sumar varios millones de colones. Al día de hoy, ninguna de las personas afectadas tiene noción directa, clara y precisa de qué ha pasado con tales gestiones, ni mucho menos, con su dinero, plata que con enormes sacrificios le entregaron a la profesional que se les esconde. Mucha gente ha dado sumas provenientes de su escasa pensión del Régimen No Contributivo; o bien, han empeñado sus pocas cosas de valor con tal própósito.

Antes de su inserción en la ANEP, varias de los perjudicados acudieron al Colegio de Abogados de Costa Rica para interponer la debida denuncia. Se desconoce hasta la fecha qué trámite le han dado a la indicada denuncia.

Con la intervención de la ANEP se pretende abrir un espacio de conversaciones y eventual negociación con el Gobierno de la República; especialmente con los ministerios de la Presidencia y de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), para valorar las posibles salidas a este grave problema social que afecta a unas 800 personas trabajadoras, gran parte de las cuales, como indicamos, han entregado sumas de dinero por una asesoría profesional prácticamente “fantasmal”.

La Junta Directiva de la Seccional ANEP-Exoreros de Corcovado y Piedras Blancas, ha sido debidamente inscrita ante las autoridades ompetentes; especialmente, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Está encabezada por:
Navid Sobrado Obregón, cuyo número de teléfono celular es 8823-0312, como su Presidente.
En la Vicepresidencia, está Didier Aguirre Murillo, celular 8803-3287.

La ANEP agradece a toda la prensa nacional receptora de este comunicado, la difusión que se le brinde a esta denuncia pública.

Igualmente, por esta misma vía, hacemos un llamado al Gobierno de la República, especialmente a los ministerios de la Presidencia, del Minaet y de Trabajo, la atención de esta problemática a partir de que la ANEP les ha de tocar sus respectivas puertas en próximos días.

Recordando Tiananmen

China detiene a cientos de militantes en el 23° aniversario de Tiananmen

Pekín. AFP. Las autoridades chinas detuvieron a cientos de militantes en ocasión del 23º aniversario de la represión del movimiento democrático de la plaza Tiananmen de 1989 y rechazaron tajantemente hoy un llamamiento estadounidense a liberar a las personas encarceladas desde esa época.

El llamado lanzado el domingo por el Departamento de Estado norteamericano constituye una injerencia en los asuntos internos de China y “son acusaciones sin fundamento contra el gobierno chino”, declaró Liu Weimin, portavoz de la cancillería china.

“China expresa su “gran descontento y su firme oposición”, agregó Liu en una rueda de prensa.

China sigue considerando a ese movimiento como “una rebelión contrarrevolucionaria” y se niega a discutir compensaciones para los familiares de las víctimas.

“El gobierno y el partido llegaron a una conclusión muy clara sobre ese incidente”, destacó Liu.

Unas diez personas siguen encarceladas por su implicación en las manifestaciones de la segunda primavera de Pekín, por las cuales más de 1.600 chinos fueron condenados a penas de prisión, según la fundación Duihua (Diálogo), con sede en Estados Unidos.

El gobierno se esfuerza por impedir toda discusión pública o conmemoración de los acontecimientos de 1989, y ese tema sigue siendo tabú para los medios oficiales.

En las redes sociales, toda búsqueda relativa a la fecha del 4 de junio, la cifra 23 (por el 23º aniversario), así como la palabra “vela”, era bloqueada el lunes.

En Pekín, cerca de mil personas procedentes de diversas regiones fueron arrestadas durante los días anteriores al 4 de junio y enviadas de regreso a su provincia de origen, indicó a un peticionario.

“Numerosos autobuses fueron llevados a la estación del Sur de Pekín el sábado al anochecer para interrogar a los peticionarios”, según Zhou Jinxia, que vive en Liaoning (noreste).

“Había entre 600 y 1.000 peticionarios llegados de toda China. Tomaron nuestras identidades y comenzaron a enviarnos de regreso a nuestras ciudades natales”, agregó Zhou.

A pesar de la vigilancia policial, más de 80 militantes de los derechos civiles se reunieron en una plaza de Pekín con carteles y gritaron consignas pidiendo la rehabilitación del movimiento de 1989.

Las fotos colgadas en internet de ese mitin muestran a manifestantes que agitaban grandes carteles en los cuales se podía leer: “recuerden nuestro combate por la democracia, la libertad y los derechos, así como a los héroes que tuvieron un destino trágico”.

Una manifestación similar tuvo lugar la semana pasada en Guiyang, donde la policía arrestó a por lo menos cuatro de los organizadores, según la organización Chinese Human Rights Defenders (CHRD).

Al igual que en los años anteriores, la vigilancia de los disidentes fue reforzada, indicó uno de los más célebres, Hu Jian, en su microblog.

Algunos fueron intimidados, como Yu Xiaomei, en la provincia oriental de Jiangsu, que declaró haber sido seguida por tres hombres hoy, cuando salía de su hogar.

“Reconocí a uno de ellos. Hace dos años me detuvo y me golpeó. Me escapé, hoy no me atrevo a salir”, declaró.

La única conmemoración autorizada en territorio chino tendrá lugar el lunes al anochecer en Hong Kong, el territorio británico devuelto a China en 1997, que goza de un estatuto especial que garantiza la libertad de expresión y de manifestación.

Los organizadores anunciaron que esperan reunir a unas 150.000 personas en una vigilia con velas en memoria de las víctimas.

Fuente: http://www.nacion.com/2012-06-04/Mundo/China-detiene-a-cientos-de-militantes-en-el-23—aniversario-de-Tiananmen.aspx

Esos 9 mil millones servían para empezar a hacer justicia salarial

Los 9 mil millones de colones que el Ministerio de Seguridad Pública le traspasó a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), dado su “_sobrante_” presupuestario del 2011, ha hecho crecer como la espuma la indignación en las bases laborales de la Fuerza Pública, su personal raso, el cual gana hasta 10 veces menos que el máximo cargo jerárquico del cuerpo policial más importante del país.

Como lo ha venido denunciando la ANEP, Costa Rica tiene “_dos_” Fuerza Pública: la que gana bien, pero muy bien, que es la minoritaria (los mandos medios y altos); y la que gana mal, pero muy mal, que es la inmensa mayoría: la que se lleva los balazos, las agresiones de la delincuencia y la que se enfrenta a ésta cuerpo a cuerpo.

Esos 9 mil millones de colones “_sobrantes_” en el presupuesto de Seguridad Pública bien habrían servido para financiar los primeros tramos del necesario Manual de Puestos para el personal raso; un manual sobre el cual autoridades gubernamentales han venido mintiendo, sistemáticamente, en cuanto a su elaboración y posterior aplicación.

Esos 9 mil millones de colones “_sobrantes_” en el presupuesto de Seguridad Pública muestran una pésima gestión técnico-administrativa y una precariedad gerencial, en momentos en los cuales, mucha de la infraestructura de la Fuerza Pública está en pésimas condiciones; el personal policial está, en no pocas situaciones, mal alimentado; hay ausencia de equipo, materiales y suministros suficientemente aptos para enfrentar la sofisticación de la delincuencia y del crimen organizado.

Nos preguntamos: ¿se “_perderán_” también estos 9 mil millones de colones, como ya parece que se han perdido casi 25 mil millones en lo que en ANEP denominamos como la “_piñata regalona_” de la trocha norte?…

Esta errónea decisión política potencia el malestar, la indignación, el enojo y la decepción que cunde entre los policías rasos de la Fuerza Pública; superexplotados laboralmente y engañados sistemáticamente de que tendrían en fecha próxima un nuevo Manual de Puestos que les reivindicara laboral y dignamente.

La ANEP cree que en próximas semanas tal nivel de indignación y de enojo tendrá una materialización concreta que llamará la atención del país impactantemente.

ANEP preocupada por futuro del Semanario Universidad

San José, 29 de mayo de 2012.
S.G. 11-13-0373-12

Honorables señores y señoras:

Dr. Henning Jensen Pennington, Rector
M.Sc. Roberto Salom Echeverría, Vicerrectoría de Acción Social
Dr. Carlos Araya Leandro, Vicerrectoría de Administración
Dr. Bernal Herrera Montero, Vicerrectoría de Docencia
Dra. Alice Lorea Pérez Sánchez, Vicerrectoría de Investigación
M.Sc. Ruth De la Asunción Romero, Vicerrectoría de Vida Estudiantil

Universidad de Costa Rica (UCR)
Ciudad Universitaria “Rodrigo Facio Brenes”

Respetados señores y respetadas señoras:

Gran respeto expresamos por esta vía a vuestras ilustres y dignas autoridades académicas de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Ha llegado hasta nuestros oídos una especie acerca de que ese honorable cuerpo rector de reciente asunción en el mando de tan prestigiosa casa de estudios superiores de nuestro país, presuntamente, estaría considerando eventuales cambios o transformaciones en su publicación escrita más emblemática del periodismo nacional, el no menos prestigioso Semanario Universidad.

La sola posibilidad de que el Semanario Universidad modifique su relevante papel como uno de los medios de prensa de mayor acuciosidad crítica, de enfoque realmente cuestionador de un estado de cosas a todas luces negativo para las mayorías ciudadanas; nos acongoja terriblemente, dado que el Semanario Universidad se ha ganado un enorme sitial de honor en el ámbito de grandes sectores de la población costarricense; los cuales, de otra manera, no tendrían un enfoque comunicador alternativo en cuanto a la profundidad de sus análisis, lo relevante de sus informaciones y el amplio espacio incluyente para sectores organizacionales de la sociedad civil que, por lo general, tienen dificultades del acceso a los mecanismos de la libre expresión como se comprenden a la luz de los postulados universalmente reconocidos pero no siempre plenamente respetados, de los Derechos Humanos (DD.HH).

El Semanario Universidad, especialmente desde que es conducido por esa extraordinaria profesional que es doña Laura Martínez Quesada, tiene un enorme impacto para la definición de no pocos planteamientos propositivos y críticos que desde la sociedad civil organizada se pueden formular; especialmente para entidades que abogan por el retorno de la política pública hacia la senda del bien común, y por la recuperación de valores inspiradores como la inclusión, la equidad y la movilidad social ascendente. Igualmente, sería un enorme daño para la libertad de expresión en nuestro país que la ilustre ciudadana directora del semanario, fuese separada de su cargo. En la amplia y enorme diversidad de la compleja estructura de las organizaciones sociales y populares, una decisión de tal calibre recibiría un generalizado repudio.

No sabemos si, nuevamente, podríamos estar ante una nueva intentona de acallarlo. Ello sería inaudito, imposible siquiera de tener algo de realidad, tratándose de la UCR. Anhelamos que los informes recibidos en esta dirección, carezcan de veracidad y que solamente estemos de frente a especies sin fundamento que solamente tratarían de desprestigiar la integridad de profundo respeto por la democracia, por la diversidad y por la tolerancia que entendemos caracteriza al nuevo equipo rector depositado en vuestras manos.

Agradeceríamos de vuestra parte que nos honraran con una respuesta, aprovechando para indicarles que ni una sola persona que labora actualmente en el Semanario Universidad ha incidido para que la ANEP, a través del suscrito servidor, les exprese tal preocupación. Fuentes extramuros universitarios fueron las que nos han llamado la atención sobre el particular, indicándonos de la necesidad de acudir a sus despachos para tal propósito.

Con la reiteración de nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Sala IV salva su honor

Celebramos que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sala IV, haya ordenado la suspensión del alza generalizada en las tarifas de autobús, acogiendo el recurso de amparo presentado por el señor diputado Manrique Oviedo Guzmán; luego del escándalo que se generó a partir del voto original al respecto y en esta misma línea, pero que pocas horas después, tan alto tribunal se desdijo del mismo por “_error administrativo_”.

Al anular así la imposición del nuevo modelo tarifario en contra de la población usuaria de los servicios de autobús, la Sala IV salva su honor y detiene lo que hubiera sido su caída libre hacia el despeñadero de la deslegitimación radical de su autoridad ante la ciudadanía.

Igualmente, celebramos que también el más elevado tribunal de la República, haya detenido el proceso de aumento tarifario en los combustibles, aunque sea temporalmente, enmendándole la plana a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) que se ha apartado totalmente de considerar, aunque fuera para efectos “_formales_”, la opinión de la población usuaria de los servicios públicos.

En ANEP pensamos que el señor Regulador General de la Aresep debe renunciar a su cargo. No es posible aceptar que un funcionario de su nivel cometa tan graves errores que lleven a la Sala IV a llamarle la atención deteniendo los abusivos procesos de aumentos tarifarios por vía extraordinaria que ha pretendido imponerle a la gente, especialmente la clase trabajadora que sufre un deterioro económico impresionante de su poder adquisitivo.

Creemos que debe salir a flote la multimillonaria inversión que ha realizado en, al parecer, cinco consultorías que, entre otros aspectos, ha servido como para que dentro de la Aresep, haya “_otra_” Aresep, el controversial CDR: “_Centro para el Desarrollo de la Regulación_”; engendro que podría estar haciendo nugatorio la acumulada experiencia que ha acumulado el originario personal profesional de planta de la entidad, del cual tenemos reportes de que se siente relegado, excluido, invisibilizado por ese proceso “_CDR_”.

En el caso de las alzas en las tarifas de autobús, ANEP entiende perfectamente que no debemos incurrir en generalizaciones. Debemos reconocer que los pequeños empresarios de autobús, tienen problemas para operar. Sin embargo, en tales circunstancias las potencialidades de buscar acuerdos con los trabajadores y con sus legítimas organizaciones sindicales al respecto, nunca ha sido explorada pero puede representar un potencial en el marco del Diálogo Social con Negociación Efectiva en la perspectiva de la inclusión.

ANEP defiende libertad sindical en Correos

Licenciado
Álvaro Coghi Gómez
Gerente General
Correos de Costa Rica S. A.
Presente

Estimado Licenciado Coghi:

Reciba un cordial y respetuosos saludo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP.

En vista de que no hemos logrado concientizar y negociar asuntos de relevancia con relación a la “_Modernización_”; además de que tenemos informes de posibles traslados y represalias a nuestros trabajadores y trabajadores representantes de ANEP en la institución que usted representa, nos permitimos externar lo siguiente:

HECHOS

PRIMERO: Nuestra seccional constituida de manera legal y legítima, así como públicamente activa en el quehacer político y gremial de nuestro sindicato que nos represente en Correos de Costa Rica S. A.; está constituida por integrantes activos que son: Claudio Sánchez González , Ana Luisa Cinco Quesada, Marcelo Riba Bazo, Gilberto Bell Arrieta, Gretty Cambronero Mesén y Danilo Castro Meneses

SEGUNDO: Que en aras de proteger los derechos laborales de los demás afiliados y afiliadas en Correos de Costa Rica S. A. de manera activa y pública, estos compañeros y estas compañeras realizan un trabajo admirable, respetuoso y con total respaldo de este sindicato.

TERCERO: Que el numeral 367 del Código de Trabajo, establece claramente que gozan de estabilidad laboral y por lo tanto cuentan con una protección especial los trabajadores que ostenten cargos de representación sindical.

CUARTO: Pese a lo anterior, hemos visto como de una u otra manera se les niegan los permisos de manera integral o parcial para realizar nuestro trabajo gremial (ver documento adjuntos). Esto a raíz de las vistas a los centro de trabajo que están en crisis, por el proceso de modernización, el recorte presupuestario, problemas de vacaciones acumuladas de uno, dos o más períodos de los trabajares y trabajadoras, limitación de plazas sobre todo en centros de carteros y acumulados de correspondencias, problemas de acoso laboral de los mandos medios de la empresa. Las últimas intervenciones de la seccional que detallamos a continuación destacan por lo siguiente: 1- Alerta sobre acoso laboral. 2-Intervención sobre un despido que se pretendía hacer sin causa a un trabajador de 37 años de servicio sin causa alguna (tema documentado en nuestro poder). 3-Conocimiento del nuevo manual de puestos aprobado pero sin conocimiento de los pro y los contra sobre la estabilidad y el bienestar de los trabajadores y de las trabajadoras. 4- Intervención en el despido injusto y nefasto de trabajadores y trabajadores del CTP recomendados por un director a quien se le investiga por malos procedimientos. 5-Asesorías sobre el debido proceso. 6- Denuncias de trato inapropiado y abuso de poder de algunos directores. 7-Intervención directa en el cierre de sucursales y eventualmente el despido de quienes laboran en esta sin ninguna opción de re ubicación.

QUINTO: La empresa está transgrediendo así, con esta acción, el FUERO SINDICAL, protección que previó el legislador para garantizar la libertad de las personas trabajadoras de constituir y participar en los sindicatos, de realizar libremente y democráticamente visitas y reuniones para ver las condiciones laborales sin el temor a ser perseguidos o bien despedidos por ejercer un Derecho Humano Fundamental como lo es el ejercicio pleno de la Libertad Sindical.

SEXTO: Que el derecho de asociación constituye un derecho humano fundamental consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, derecho que posiblemente podría verse violentado por la Empresa de no corregir el error. Al ser la empresa descentralizada y tener oficinas en todo el país, es necesario que nos desplacemos para brindar el servicios de asesoría a la clase trabajadora de esta institución. Además así lo contempla nuestra Convención Colectiva que reza así:

Artículo 30: La empresa otorga permisos con goce de salario a sus trabajadores para atender labores de organización, proselitismo y otras de carácter sindical de acuerdo con los siguientes parámetros:
a. Un dirigente de cada una de las organizaciones firmantes, un día hábil por quincena para atender labores de organización, proselitismo y otros caracteres sindicales.
b. Un día por semana para los miembros de la Junta Directiva de los sindicatos que lo requieran para atender las reuniones de la Junta Directiva Nacional o Seccional, o de las federaciones o confederaciones sindicales en las cuales resulten electos. El disfrute de las licencias de los puntos a y b no podrán coincidir en una misma semana en un mismo trabajador.
c. La empresa cosedera permiso con goce de salario a los trabajadores afiliados de las organizaciones para que se puedan asistir a las asambleas ordinarias y extraordinarias que sean convocadas por las organizaciones, siempre y cuando se garantice el servicio mínimo. (Adjuntamos copia de Convención Colectiva).

FUNDAMENTO DE DERECHO

El Convenio 98 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), denominado “_Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva_” dispone en el numeral primero lo siguiente:

1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.
2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto:
a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato;
b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo
”.

Por su parte, el Convenio 135 emitido por la OIT y su Recomendación No. 143, disponen una serie de medidas para brindar protección a los representantes sindicales. Así, el citado Convenio 135 establece en su artículo primero lo siguiente:

“_Los representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido por razón de su condición de representantes de los trabajadores, de sus actividades como tales, de su afiliación al sindicato, o de su participación en la actividad sindical, siempre que dichos representantes actúen conforme a las leyes, contratos colectivos u otros acuerdos comunes en vigor_”.

La Recomendación 143, ratificada por nuestro país mediante Ley 5968 del 9 de noviembre de 1976, señala en su artículo 6:

1) Cuando no existan suficientes medidas apropiadas de protección aplicables a los trabajadores en general, deberían adoptarse disposiciones específicas para garantizar la protección efectiva de los representantes de los trabajadores.
2) Tales disposiciones podrían incluir medidas como las siguientes:
a) definición detallada y precisa de los motivos que pueden justificar la terminación de la relación de trabajo de los representantes de los trabajadores;
b) exigencia de consulta, dictamen o acuerdo de un organismo independiente, público o privado, o de un organismo paritario antes de que el despido de un trabajador sea definitivo;
c) procedimiento especial de recurso accesible a los representantes de los trabajadores que consideren que se ha puesto fin injustamente a su relación de trabajo, o que sus condiciones de empleo han sido modificadas desfavorablemente, o que han sido objeto de trato injusto;
d) por lo que se refiere a la terminación injustificada de la relación de trabajo de los representantes de los trabajadores, el establecimiento de una reparación eficaz que comprenda, a menos que ello sea contrario a los principios fundamentales de derecho del país interesado, la reintegración de dichos representantes en su puesto, con el pago de los salarios no cobrados y el mantenimiento de sus derechos adquiridos;
e) imponer al empleador, cuando se alegue que el despido de un representante de los trabajadores o cualquier cambio desfavorable en sus condiciones de empleo tiene un carácter discriminatorio, la obligación de probar que dicho acto estaba justificado;
f) Reconocer la prioridad que ha de darse a los representantes de los trabajadores respecto de su continuación en el empleo en caso de reducción del personal
.”

En proceso por infracción a las leyes de trabajo y seguridad social, el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial condenó a la Gerente General de Correos de Costa Rica y a la empresa, por haber incurrido en prácticas laborales desleales, considerando que:

“_(…) Ahora bien, vista la normativa citada así como el voto 5000-93 de la Sala Constitucional, resulta claro que los representantes de los trabajadores en organizaciones sindicales, como es el caso de G.L.V. y R.M. M. que figuran como ofendidos, se encuentran cubiertos por un fuero sindical que les garantiza la estabilidad en sus cargos salvo falta comprobada una vez que se lleve a cabo el debido proceso. Ahora bien, en el caso de los ofendidos en autos se demuestra que efectivamente al momento del despido ocupaban cargos de Vicepresidente y Secretario del comité Seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en Correos de Costa Rica S.A. (ver al efecto folio 147). Dicha circunstancia y el hecho de que el despido de los trabajadores fue con responsabilidad patronal, es decir, sin que existiera causa o motivo alguno para proceder al despido de los citados trabajadores, fueron las circunstancias valoradas por el Tribunal A quo para determinar que efectivamente se dio en Correos de Costa Rica S.A. una práctica laboral desleal. Lo cual debe ser confirmado en esta instancia, toda vez que la parte acusada no logró demostrar en autos que efectivamente el despido de estos trabajadores que a su vez eran representantes sindicales hubieran incurrido en falta alguna y que se hubiera llevado a cabo el debido proceso correspondiente_.”

Nuestra legislación ordinaria, acorde con la normativa y jurisprudencia de rango superior citada, dispone una serie de normas que protegen los derechos colectivos de las personas trabajadoras. Es así como el artículo 363 del Código de Trabajo prohíbe: “todas las acciones u omisiones que tiendan a evitar, limitar, constreñir o impedir el libre ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores, sus sindicatos o las coaliciones de trabajadores.
Cualquier acto que de ellas se origine es absolutamente nulo e ineficaz y se sancionará, en la forma y en las condiciones señaladas en el Código de Trabajo, sus leyes supletorias o conexas por la infracción de disposiciones prohibitivas
”.

Que el artículo 367 del Código de Trabajo claramente contempla el fuero sindical que garantiza estabilidad laboral a los miembros de un sindicato en formación, así como a sus dirigentes, protegiendo de esa forma a los trabajadores que se sumen al proceso de constitución y sus representantes.

Por su parte, el Manual de Procedimientos de la Inspección de Trabajo, publicado en La Gaceta No. 8 del martes 13 de enero de 2004 en el artículo 3.1.1 define las prácticas laborales desleales como “_aquellas acciones u omisiones de patronos o de trabajadores individuales u organizaciones sindicales o gremiales, que tienden a evitar, limitar, constreñir o impedir el libre ejercicio de los derechos de los trabajadores o patronos y sus respectivas organizaciones; o de todo acto tendiente a trabar la acción gremial o la buena marcha de la empresa, violentando los principios de la buena fe, la lealtad, la equidad y las normas laborales_”.

Asimismo, el numeral 3.1.2 del mismo Manual de Procedimientos contempla una lista no taxativa de posibles prácticas laborales desleales, entre ellas: “_a) los despidos injustificados o ilegales, que tiendan a disminuir el apoyo a los movimientos colectivos de los trabajadores o sus sindicatos; e) la negativa a deducir las cuotas sindicales ordinarias, debidamente solicitadas por el sindicato u organización u organización.(…); f) Inducir a los trabajadores, por cualquier medio, a afiliarse o a retirarse de determinado sindicato u organización_.”

PETITORIA

A) Lo anterior lo manifestamos con el fin de que no se les perturbe su situación a cada uno de los y cada una de las integrantes de nuestra seccional en Correos de Costa Rica en los diferentes puestos de trabajo; y mucho menos se les pretenda variar las condiciones laborales, ya que de lo contrario, ratificaría nuestro sentimiento de que estarían siendo acosados laboralmente y persecución sindical a raíz su nuestro trabajo sindical.

Como respaldo de lo anterior nos permitirnos citar:

Constitución Política:
Artículo 28.- Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.

Código de Trabajo:
ARTÍCULO 12.- Queda prohibido a los patronos despedir a sus trabajadores o tomar cualquier otra clase de represalias contra ellos, con el propósito de impedirles demandar el auxilio de las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento y aplicación del presente Código, de sus Reglamentos y de sus leyes conexas.

B) Que se respeten en todos sus extremos su convención colectiva sobre todo el contenido de los artículos 30, 31, 32, y 33; con la finalidad de garantizar la Libertad Sindical y el derecho de los trabajadores y trabajadoras de ser asesorados por su sindicato en este momento tan difícil de la Institución donde estamos en el proceso de Modernización.

Sin otro particular, reiterándole nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

cc.: Licda. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República.
cc.: Lic. Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Ministro de la Presidencia.
cc.: Licda. Sandra Piszk Feinzilber, Ministra de Trabajo y Seguridad Social.
cc.: Honorables ministros y ministras de Estado, Consejo de Gobierno de la República.
cc.: Lic. Francisco Marín Monge, Viceministro de Relaciones con Sectores Sociales, Ministerio de la Presidencia.
cc.: Lic. Eugenio Solano Calderón, Viceministro del Área Laboral, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
cc.: Licda. Ofelia Taitelbaum Yoselewicz, Defensora de los Habitantes de la República.
cc.: Honorable Junta Directiva de Correos de Costa Rica S. A.
cc.: Lic. Franklin Barrantes Montero, Gerente de Operaciones de Correos de Costa Rica S. A.
cc.: Trabajadores y trabajadoras de Correos de Costa Rica S. A.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Correos de Costa Rica S. A.
cc.: Junta Directiva Nacional (JDN), ANEP.
cc.: Boletín Rapi-Notas-ANEP-Correos.

La Caja y el “chorizo” de mezclar lo público con lo privado

…y desde que fuera fundada en el año 1943, como parte de las reformas sociales de la década de los cuarenta del siglo pasado.

Diversos grupos sociales han venido analizando esta situación y han preparado un documento que ya ha empezado a circular: “_10 medidas para comenzar a ordenar la Caja_”. De él hablaremos en sucesivas entregas. Como adelanto comentamos que se han detectado tres grandes conflictos que carcomen a la Caja: 1) El conflicto existente entre el interés público y los intereses político-partidistas. 2) El conflicto existente entre el interés público y los intereses mercantiles de quienes hacen jugoso negocio con la salud (o más bien, con la enfermedad) de las personas. 3) El conflicto existente entre el interés público y el interés gremial.

El conflicto existente entre el interés público y los intereses mercantiles, según el citado documento, “_…ha producido, por ejemplo, que se siga contratando servicios privados a un altísimo costo, como en el caso de la radioterapia, en lugar de realizar las inversiones que permitan a la Caja prestar esos servicios de forma directa a un menor costo. Incluso ocurre que en muchos casos, la Caja contrata servicios a las mismas personas que trabajan para la Caja. Se genera así un negocio redondo: el no resolver problemas durante el horario de trabajo permite luego venderle servicios a la Caja…_”. En realidad, es mejor llamar esto con la palabra que emplea el pueblo: “_chorizo_”.

Esta barbaridad, esta monstruosidad contra el interés público representado en la Caja, estuvo ocurriendo durante mucho tiempo en el Hospital México con su servicio de radioterapia, tan imprescindible para el tratamiento del cáncer.

Manos criminales, con poderosos tentáculos políticos, especialmente vinculados a lo que podemos denominar como la “_realeza médica_”, obligaron a que la Caja pagara durante los últimos nueve años, unos 15 millones de dólares a una empresa privada para que atendiera pacientes con necesidades de servicios de radioterapia; pudiendo la institución misma haber construido su propio servicio, como ahora lo está haciendo, con una inversión parecida: 15 millones de dólares, unos 7 mil 500 millones de colones.

El que la Caja brinde tal servicio de manera directa tiene un costo por paciente, entre los 600 mil y los 800 mil colones. Por el contrario, la Caja está pagando por ese mismo servicio, comprado a una empresa privada, millón y medio de colones por paciente. ¡Negocio redondo! con la salud (más bien enfermedad) de las personas. Y lo más grave de todo: personal médico y técnico que labora para la Caja (Hospital México) en ese servicio, es el mismo que ha estado trabajando para esa empresa privada. ¡Qué más constatación que ésta del conflicto existente entre el interés público y los intereses mercantiles de quienes hacen negocio con la salud de las personas!

Pero aquí no para el asunto… más bien, el negocio. Resulta ser que la Dirección Médica del Hospital México prorrogó el contrato con esa firma privada, que se llama Radioterapia Irazú, pese a que la Junta Directiva de la CCSS emitió un mandato para que no lo hiciera.

Según parece se habían detectado fallas en la calidad de servicio que tal empresa venía brindando, lo cual generó que se determinara que no convenía prorrogarle el contrato. Nos preguntamos: ¿cuál es la naturaleza de ese poder médico que desacata una orden de la máxima autoridad política de la Caja: su Junta Directiva? Según nota periodística aparecida en el diario La Nación, la empresa privada de radioterapia “_…no contaba con Contraloría de Servicios, ni se tramitaban las quejas, además de la inexistencia de controles de calidad sobre los tratamientos. También se detectó que un grupo de los pacientes no tuvo citas de seguimiento ni hubo control radiográfico posterior a los tratamientos en acelerador lineal_”. ¿Entonces? ¿Cómo es que la Dirección del Hospital México le pasó por encima a estos “_detalles_” de incumplimiento de la empresa privada en algo tan vital en el tratamiento de pacientes con cáncer?…

Autocríticamente debemos asumir nuestras propias responsabilidades gremiales siendo cómplices por omisión (para decirlo lo más “_suavemente_” posible) de que esto estuviera pasando, durante tanto tiempo, ante los ojos de prácticamente todas las agrupaciones sociolaborales y profesionales que tienen vida al interior de la Caja. Algunas agrupaciones hemos decidido asumir nuestra responsabilidad histórica en el actual marco de condiciones críticas que enfrenta la CCSS y proponer medidas correctivas a todo esto, pero sin quitar derechos laborales consolidados que ya tiene la inmensa mayoría de la población trabajadora institucional que no es integrante de los “_estamentos reales_” del gremialismo corporativo que forma parte del segmento más rico del país. Ha llegado la hora de hablar claro de todo esto: la Caja es del pueblo, no de los dirigentes sindicales.