Hace unas semanas, quien fuera el director del Fondo Monetario Internacional (FMI) proclamó ante un auditorio en la Universidad George Washington que el “Consenso de Washington”, nombre dado a la receta neoliberal que desde 1990 se aplicó en nuestros países, había fracasado. Sus políticas consideraban al Estado como un estorbo en la vida económica, reduciendo su rol. El modelo desmanteló así instituciones, desreguló al capital financiero, aumentó la pobreza de muchos y la riqueza de unos pocos, es decir, propició una creciente desigualdad social. Costa Rica, con gobiernos que obedecieron al FMI, ha visto crecer año a año su desigualdad, como lo ha constatado el Estado de la Nación.
No es casual que una encuesta nacional del año 1990, año de la proclama del FMI, realizada por la escuela de matemática de la Universidad de Costa Rica, apareció como la principal preocupación de los y las costarricenses el tema de la inseguridad. “¡Ya no nos sentimos seguros!”, decía la gente en ese momento.
Pero no era por el crecimiento delictivo, que fue posterior. La tasa de homicidios creció después. La inseguridad era provocada por la ruptura de un pacto social que nos había constituido como país desde épocas de Calderón Guardia padre, basado en la búsqueda de equidad, en la meta de bienestar de las mayorías y cuyo valor eje era la solidaridad.
Las jornadas de la semana pasada en la Universidad Nacional, convocadas para discutir sobre la seguridad y el bienestar social (encuentro ACAS-preALAS), dejó claro que no se puede reducir la preocupación por la seguridad a lo delictivo. Eso oculta la relación entre crecimiento de la desigualdad y el aumento de delitos contra la vida. Quienes asocian inseguridad-delito propugnan la solución más represiva: más cárceles, más mano dura. En esa trampa han caído los medios de comunicación, que a la vez han entrampado el debate de fondo y que solo acrecientan el miedo de la población. El miedo promueve soluciones autoritarias.
La seguridad en juego es la que promueve una política económica que busque el bienestar de las mayorías, controle la ferocidad del capital financiero y haga lo que el mercado solito ha demostrado no hacer: abrir oportunidades a los jóvenes, apoyar a las mujeres jefes de familia, garantizar derechos humanos a los migrantes. La receta del FMI, reconocida hoy como fracasada por quien fuera su propio director, en una declaración cuyo impacto y consecuencias no deben acallarse por su escándalo personal, debe hacernos retomar nuestra propia ruta como país. Si queremos vivir en un país seguro aseguremos que la Caja del Seguro Social va a funcionar, el Ministerio de Trabajo asegurará trabajo de calidad, que nuestra juventud tendrá oportunidades. Solo la solidaridad vuelve un país seguro.
Hemos “editado” el texto, cortando frases y hasta argumentos que no iban al punto que en el momento estaba en discusión. Cortamos repeticiones y formalidades siempre con el cuidado de no alterar de esta manera la posición de ambos lados.
Todos las acentuaciones en negrito y las palabras en paréntesis son de nosotros.
ASAMBLEALEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTARICA
DEPARTAMENTO DE COMISIONES
Comisión Permanente Especial de Ambiente
SESIÓN ORDINARIA N.º 48 Jueves 14 de abril de 2011
Exposiciones
Licenciado José Francisco Castro Muñoz:
En un principio se había otorgado ( un permiso a la mina Bellavista) para la explotación subterránea, posteriormente cumplido con todo lo que son los requisitos de ley se otorgó la viabilidad ambiental para la explotación a cielo abierto.
En alguna oportunidad en el año 2007, lo más reciente, tuvo problemas técnicos provocados básicamente por un exceso de lluvia que cayó en la zona de Miramar que provocó que ocurriera un deslizamiento principalmente en el sector noroeste y posteriormente en el sector suroeste. Ahí hubo un problema porque la planta que ellos tenían para lo que es recuperación de oro, fue sepultada por un pequeño deslizamiento que se generó en la zona, eso motivó que la Dirección de Geología y la SETENA le suspendiera las labores.
En estos momentos sí les puedo decir que de acuerdo con los estudios y las visitas que se han hecho en la zona el deslizamiento está totalmente paralizado…
A raíz de una resolución de SETENA y de Geología ellos tuvieron que contratar una auditoría externa, es una empresa estadounidense que se llama Tetratec, que posteriormente estableció una serie de parámetros y son los que la empresa ha estado cumpliendo ante SETENA y ante la Dirección de Geología y Minas.
El 23 de diciembre del año recién pasado, ellos presentaron un documento a la SETENA del cual aportaron una copia que se titula más o menos “Un estudio conceptual de la mina Bellavista”, es un documento presentado el 23 de diciembre que nosotros sí lo hemos analizado pero no es un documento que ante nosotros deba dársele algún tipo de resolución o análisis profundo, porque en estos momentos es un estudio conceptual para una posible puesta nuevamente en operación de la mina.
Licenciada Cynthia Cavallini: Como bien lo dijo él en el año 2007 esta empresa tuvo un evento ocasionado por el exceso de lluvia y hubo un deslizamiento en la zona donde estaban apilando el material estéril. Ellos inmediatamente pidieron una suspensión de labores, dijeron que tenían que suspender las labores de procesamiento de extracción en el tajo, en el pit de procesamiento de material, por supuesto de apilamiento donde estaba la sobrecarga de material que se había movido.
Se contó con la colaboración del Ministerio de Salud, del Instituto del Agua, para poder realizar pruebas acerca de la posible contaminación de fuentes de agua cercanas y todas las pruebas han dado negativas, dieron negativas en el 2007 y a la fecha siguen dando negativas.
Para realizar algún cambio en la metodología de explotación y de procesamiento es necesario que ellos cuenten previamente con el aval de la SETENA. Consecuencias del colapso: Suspensión o Anulación de los permisos?
Diputado Villalta Florez-Estrada: Los hemos convocado porque nos ha causado mucha preocupación las informaciones que salen en la prensa sobre este posible reinicio de reactivación de labores de la mina Bellavista, creemos que no están claras muchas cosas respecto al problema que se dio en el año 2007.
El colapso de la mina en el 2007 provocó importantes daños al ambiente, se fue toda una laguna de colas al Río Ciruelas, se rompió la geomembrana que se decía que era irrompible bajo el patio de lixiviación, empapado con cianuro, hubo derrumbes a causa del tractorado de caminos internos, posible contaminación de captaciones municipales.
¿Por qué Geología y Minas aceptó la figura de la suspensión de labores manteniendo intacta la concesión para este proyecto y más bien no intentó abrir un procedimiento por los incumplimientos ambientales de la empresa? Digo incumplimientos porque ciertamente en el plan de gestión ambiental que presentaron se argumentaba que nada de esto que pasó, iba a pasar. Se decía que era imposible que pasara lo que al final pasó,
¿Por qué Geología y Minas les aceptó ante estos incumplimientos, o ante estas irregularidades la figura tan cómoda para ellos de la suspensión de las obras, y no abrió un procedimiento por incumplimiento a la legislación ambiental del país?
Licenciada Cynthia Cavallini: Geología y Minas pudo haber iniciado un procedimiento si SETENA le hubiera dicho a Geología y Minas que lo que pasó ahí era un incumplimiento al estudio de impacto ambiental, No obstante, SETENA siempre dio seguimiento, se logró determinar desde el punto de vista técnico de ellos que no había sido por incumplimiento del plan de gestión ambiental, sino que había ocurrido un evento por un exceso de agua, y que no había sido por negligencia de la empresa. Había sido un accidente que puede ocurrir en cualquier actividad económica. No es que se le haya aceptado una situación cómoda, o sea, no hubo un incumplimiento al plan de explotación aprobado para la explotación del mineral.
Diputado Villalta Florez-Estrada: Usted habló que era una situación que no era atribuirle a la empresa, pero yo me preguntaría si realmente es así o por lo menos si no hay una responsabilidad, si realmente esos son eventos de fuerza mayor, una obra de Dios, o es que fallan las instituciones de fiscalización. ¿No creen ustedes que alguien falló ahí? Tengo que decirles que cuando se discutía el trámite en SETENA de este proyecto, diversas organizaciones comunales de Miramar y grupos ecologistas advirtieron que había riesgos en la parte hidrológica, que había riesgos en cuanto a la estabilidad de esos taludes, que no se tomaba en cuenta a profundidad la condición climática de esa región, la cercanía de las fuentes de agua, es decir, fue tan impredecible lo que ocurrió ¿acaso no sabemos que llueve mucho en Miramar, acaso no sabemos que esos son suelos inestables, que hay aguas subterráneas?
Sinceramente creo que si no se puede decir que es un incumplimiento de la empresa, hay un incumplimiento de las instituciones estatales que tenían que fiscalizar que este proyecto se hiciera adecuadamente. Mucho de lo que pasó fue, tal vez no al pie de la letra, pero fue advertido en preocupaciones y denuncias cuando se tramitaba la evaluación ambiental en SETENA y sin embargo se le dieron a la empresa todos estos permisos.
Licenciado José Francisco Castro Muñoz: En lo que a nosotros respecta antes de este evento, no había que me acuerde, reportes de que hubiera problemas serios, algún problema en la zona, problemas de estabilidad, no podría decirle.
Plan Conceptual: Nuevo Estudio de Impacto Ambiental o Modificación del permiso?
Diputado Villalta Florez-Estrada: Estamos tratando de entender aquí cuál es el objetivo de la empresa al presentarle ese plan conceptual. Ustedes nos han dicho aquí que no es un documento que ustedes tengan que aprobar que todavía no se ha pedido la reactivación del proyecto, que eso habría que pedirlo primero a SETENA.¿Cuál es el objetivo de presentar a Geología y Minas ese plan conceptual?
Licenciado José Francisco Castro Muñoz: Pienso que el primer objetivo es porque en el yacimiento hay oro, ese es un yacimiento que en principio se ha evaluado alrededor de seiscientas mil onzas de oro de las cuales se habían extraído alrededor de ciento cincuenta mil onzas y cuando sucede el evento había material enriquecido con oro que no se procesó. Lógicamente en principio lo que se busca es una reactivación por el mineral que está en la zona.
Diputado Villalta Florez-Estrada: ¿Consideran ustedes, que hay un intento serio de reabrir la mina, de reactivar el proyecto, o es un tanteo para medirlos a ustedes?
Licenciado José Francisco Castro Muñoz: Puede ser un tanteo porque en principio cuando se presentó este proyecto, y pasó de subterráneo a cielo abierto, ellos habían pensado el proyecto como lo habían presentado en ese estudio conceptual, más o menos similar. Me imagino que ahora lo que están tanteando es ver cuál es la respuesta ante SETENA, si le van a dar o no la viabilidad ambiental.
Diputado Villalta Florez-Estrada: De lo que he revisado del plan conceptual del expediente que ustedes nos hicieron llegar, hemos podido constatar que hay cambios respecto al proyecto que estaba aprobado. Cambios en el área de explotación, en las actividades que se van a hacer, ¿consideran ustedes que eso exigiría solicitar una nueva concesión, o la opinión de ustedes es que la concesión que esa empresa tiene cubre cualquier cambio en el proyecto?
Licenciada Cynthia Cavallini: La concesión está otorgada. Cualquier modificación al plan de explotación debidamente aprobado, debe ser aprobada tanto desde el punto de vista de la viabilidad ambiental como desde el punto de vista técnico geológico. Es factible que un titular de una concesión por razones técnicas, obviamente tiene que justificar, que tenga que modificar las labores planteadas originalmente para poder extraer o procesar ese material.
Diputado Villalta Florez-Estrada: Para ver si entendimos bien. ¿ En la opinión de ustedes la concesión está otorgada y esa concesión no está amarrada a una determinada forma de explotación o a una determinada forma de explotación, el concesionario puede modificar la técnica de explotación, el área que va a explotar, la técnica que va a utilizar dentro de la misma concesión, no tiene que pedir una nueva concesión?
Licenciada Cynthia Cavallini: El concesionario puede modificar el área o las labores, siempre que haya una justificación técnica para hacerlo. Usted tiene razón, una concesión minera está amarrada a una viabilidad ambiental y a un plan de explotación. Si por razones técnicas usted tiene que variar las condiciones bajo las que fue otorgada esa concesión, porque necesita variarla, … tiene que pedir la autorización a la Dirección de Geología y Minas. Implica una modificación, no una nueva concesión.
Diputado Villalta Florez-Estrada: Ahora bien, esta empresa tiene aprobado un plan de gestión ambiental, que ya vimos que no fue lo suficientemente previsor digámoslo así, faltaron estudios ¿No les parece que si se va a hacer esa modificación, … no les parece a ustedes en su criterio técnico, que debería hacerse una nueva evaluación de impacto ambiental de estas modificaciones a la explotación?
Licenciada Cynthia Cavallini: Eso tendría que contestárselo SETENA, de acuerdo con su reglamentación.
Diputado Villalta Florez-Estrada: Pero me gustaría oír su criterio, ustedes también pueden opinar sobre eso.
Licenciada Cynthia Cavallini: Nosotros no somos funcionarios de SETENA, y menos podemos dar declaración por SETENA. Prohibición del uso de cianuro: a cuales proyectos aplica?
Diputado Villalta Florez-Estrada: Deduzco de lo que ustedes me están diciendo,que el Estado también puede, según los avances de la técnica o de la legislación, también puede modificar los requisitos y los controles ambientales y establecer controles más rigurosos o requisitos más rigurosos, y eso no significa una violación a la concesión ¿es así?
Les hacía la pregunta anterior, porque esta Asamblea Legislativa aprobó una ley que entre otras cosas prohíbe el uso del cianuro en minería, la ley no diferencia entre minería subterránea y minería a cielo abierto, sino que prohíbe el uso de una determinada técnica. Entiendo yo, que así como efectivamente se pueden mejorar los controles ambientales, igualmente no existe un derecho a usar cianuro.
Licenciado José Francisco Castro Muñoz: En estos momentos no existe una técnica en la industria minera que haya sustituido a lo que es el cianuro. Sí hay mejor tecnología para controlar todo lo que es el uso del cianuro, pero en minería moderna lo que se utiliza es el cianuro.
Diputado Villalta Florez-Estrada: Lo cierto es que esta Asamblea Legislativa aprobó una ley por unanimidad, que prohíbe el uso de técnicas de lixiviación con cianuro, entonces lo que yo entiendo es que esa prohibición aplicaría para cualquier proyecto minero puesto que no existe un derecho a usar una determinada técnica, el derecho es a explotar una área, pero no existe un derecho a usar cianuro.
Licenciada Cynthia Cavallini: Esa ley que es la 8904, tiene un transitorio que respeta los derechos adquiridos, en este caso esta concesión cae dentro de lo que son derechos adquiridos.
Diputado Villalta Florez-Estrada: No le entiendo, porque hace un rato ustedes me decían que la concesión no estaba amarrada a una determinada técnica de explotación, y ahora me están diciendo que el derecho adquirido incluirá el derecho a usar cianuro.
Licenciada Cynthia Cavallini: ..ellos pueden sacar el material, pero ellos necesitan procesarlo y para procesar ese material, para extraer el mineral que se les autoriza, necesitan el uso del cianuro.
Diputado Villalta Florez-Estrada: ¿En opinión de ustedes el derecho adquirido de la empresa minera de la mina Bellavista, incluye el derecho a usar cianuro?
Licenciada Cynthia Cavallini: El Estado le otorga una concesión a una persona para explotar un mineral ¿Qué necesito para poder obtener ese mineral? Bueno, esa es la metodología que ellos tienen que determinar.
Duración de la concesión
Diputado Villalta Florez-Estrada: ¿Por cuánto tiempo esta otorgada esa concesión? ¿Cuándo vence?
Licenciada Cynthia Cavallini: De acuerdo con el Código de Minería de 1953 es de 99 años.
Diputado Villalta Florez-Estrada: Es decir, ni siquiera podría yo restar los 37 años que han transcurrido desde el año 1973 para acá, al plazo de los 99 años? (Porque había 31 años de suspensión)
¿Cuántas concesiones a cielo abierto siguen vivas? ¿Cuántas concesiones para minería metálica o de oro a cielo abierto están otorgadas, y con posibilidad de reactivarse como la mina Bellavista?
Licenciado José Francisco Castro Muñoz: Una, esa.
Diputado Villalta Florez-Estrada: ¿Es la única que tiene posibilidades reales de reactivarse a cielo abierto?
Licenciado José Francisco Castro Muñoz: Sí, a cielo abierto.
San José (elpais.cr) – La Casa Presidencial estaría presionando a jueces del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), para que levante la orden de cierre a tres empresas productoras de piña en Los Chiles y Guatuso.
De acuerdo con fuentes cercanas a la Presidencia, dos jueces abandonaron una gira por la Región Huetar Norte, y fueron llamados de urgencia por altos funcionarios de Casa Presidencial y del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet).
Indicaron que las presiones de los empresarios son muy fuertes, debido a que una de las empresas recibiría en los próximos días un préstamo bancario de varios centenares de millones de colones, y lo pueden perder por las violaciones a las leyes ambientales.
Las empresas sancionadas son Agropecuaria VISA S.A. ubicada en Cuatro Esquinas de Los Chiles, Agrícola del Valle S.A. localizada en Veracruz de Caño Negro, y Agropecuaria PPM S.A. ubicada en Buenavista de Guatuso. Las dos primeras fueron cerradas el lunes y la tercera la mañana del miércoles.
Según las fuentes, que pidieron el anonimato por temor a represalias como ha venido ocurriendo en el Minaet con otros funcionarios, “sobre el tema que me consulta, efectivamente los jueces Yamilette Mata y Jose Luis Vargas abandonaron la gira porque tenían muchos problemas en San José y en el Minaet”.
“En la noche del miércoles llamaron de casa presidencial al juez Vargas para que levantase la medida cautelar, y si no lo hacía los iban a investigar, ya que una ex funcionaria los denunció ante (el viceministro del ambiente), Andrei Bourrouet”, sostuvo la fuente.
De seguido explicó que el alto funcionario “tiene entre ojos a los jueces. Por tal razón se vinieron para San José”.
Sobre el particular, el Presidente del TAA, José Lino Chávez, dijo a este medio que “no hay presiones de Casa Presidencial, y si las hubieran sería el primero en rechazarlas y denunciarlas”.
Sin embargo, el Juez reconoció que uno de los jueces debió regresar de su gira para atender compromisos programados.
Los daños
A la piñera Agrícola del Valle, se le denunció por afectación de nacientes, presunta disecación de humedal, afectación de una laguna, corta y quema de árboles, y mal manejo de agroquímicos es una zona que está a escasos 10 kilómetros del Refugio Caño Negro, una distancia corta en términos ecológicos. Este caso fue denunciado en noviembre de 2010 por Carlos Chang Fonseca, funcionario del Refugio de Vida Silvestre Caño Negro.
La piñera Agropecuaria VISA S.A., de más de 300 hectáreas, es investigada por la perforación de pozos ilegales, la corta y aprovechamiento de árboles, la afectación de sistemas boscosos con sedimentos y por operar sin permisos ni viabilidad ambiental.
En el caso de la piñera Agropecuaria PPM S.A. se le denunció por afectación ambiental, tala de árboles, cambio de uso del suelo, mal manejo de aguas residuales y por falta de permisos. También en esta finca la Oficina Subregional del SINAC en Upala-Guatuso decomisó madera cortada sin permiso.
“Nos preocupan los daños recurrentes originados por piñeras en diversas zonas del país, pero muy especialmente estas que se ubican en el área aledaña al Refugio de Caño Negro, el cual está en peligro por la alta afectación ambiental de los alrededores y cuyos efectos ya empiezan a manifestarse en el refugio propiamente”, aseveró la Juez Yamilette Mata, Vicepresidenta del Tribunal Ambiental, quien se encontraba en la zona encabezando el operativo, según comunicado de prensa del TAA, divulgado el miércoles.
Caño Negro
Durante el último año, el Tribunal Ambiental ha realizado dos barridas ambientales y varios operativos especiales en los alrededores de Caño Negro, y ha encontrado numerosos problemas de afectación ambiental. También realizó operativos en los cantones de Upala, Guatuso y Los Chiles, provincia de Alajuela, donde se ubican numerosas piñeras.
El TAA constató que la tala, la invasión de áreas de protección, el cambio de uso del suelo, la afectación de la laguna y su fauna, construcciones que afectan los corredores biológicos y una expansión de la actividad piñera son parte de la larga lista de problemas ambientales que están presionando fuertemente el Humedal de Caño Negro y sus alrededores.
En el caso de las piñeras, el problema es que se están desarrollando en una de las regiones del bosque tropical lluvioso de la zona, reduciendo los hábitats de la flora y fauna al fragmentar y eliminar la vegetación, quedando únicamente pequeños islotes de cobertura arbórea que imposibilita la integración de corredores biológicos naturales y fragmenta esos sitios.
Algunos de estos sitios fueron utilizados en el pasado para la siembra de arroz, por lo que son terrenos con bastantes niveles de humedad y cuya naturaleza no está definida en cuanto a la condición de posible humedal.
También existe la preocupación de que este tipo de actividad comercial (piñeras) pueda poner en riesgo la salud humana de las poblaciones que consumen o utilizan el agua en las comunidades vecinas, por la deposición de residuos de agroquímicos en los cauces o fuentes de agua.
Por otro lado, el TAA pudo observar construcciones, aparentemente sin permiso municipal ni viabilidad ambiental, movimientos de tierra para habilitar terrenos para el cultivo de piña, la eliminación del sotobosque (brinsales y latisales) y tala de árboles, nacientes afectadas, cauces obstruidos, pasos de agua, y otros problemas.
En octubre anterior el TAA había anunciado la investigación de 19 casos de destrucción del Humedal Caño Negro, categoría Ramsar, que puso al descubierto el doble discurso de instituciones del Estado, 24 horas después de que este país recibiera el “Globo Gris”, un premio negativo por la afectación de otro humedal en el Pacífico.
El TAA dio cuenta de la investigación alrededor de este refugio, que abarca un área de 9.969 hectáreas y de importancia internacional ubicado en los cantones de Guatuso y Los Chiles.
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Tribunal Ambiental cierra tres fincas piñeras
El Tribunal Ambiental Administrativo cerró esta semana tres fincas piñeras, acusadas de provocar daños a la ecología en los alrededores del Refugio de Vida Silvestre Caño Negro, en la zona norte.
Según un comunicado del Tribunal, se trata de las piñeras Agropecuaria VISA en Cuatro Esquinas de Pocosol; Agrícola del Valle, en Veracruz de Caño Negro, y Agropecuaria PPM en Buenavista de Guatuso. Las dos primeras fueron cerradas el lunes y la tercera ayer.
La finca Agrícola del Valle fue denunciada por “afectación de nacientes, presunta desecación de humedal, afectación de una laguna, corta y quema de árboles, y mal manejo de agroquímicos es una zona que está a escasos 10 kilómetros del Refugio Caño Negro, una distancia corta en términos ecológicos”.
Agropecuaria VISA es investigada “por la perforación de pozos ilegales, la corta y aprovechamiento de árboles, la afectación de sistemas boscosos con sedimentos y por operar sin permisos ni viabilidad ambiental”.
Además, el Tribunal concluye que la Agropecuaria PPM también fue denunciada por “tala de árboles, cambio de uso del suelo, mal manejo de aguas residuales y por falta de permisos”.
“Nos preocupan los daños recurrentes originados por piñeras en diversas zonas del país, pero muy especialmente estas que se ubican en el área aledaña al Refugio de Caño Negro, el cual está en peligro por la alta afectación ambiental de los alrededores y cuyos efectos ya empiezan a manifestarse en el refugio propiamente”, declaró Yamilette Mata, vicepresidenta del Tribunal.
Abel Chaves, presidente de la Cámara de Productores y Exportadores de Piña, dijo ayer que, “de memoria”, no recordaba que las fincas acusadas estén agremiadas.
“Hoy me enteré de esta situación, que afecta al sector, y, como tal, tenemos que ver de qué forma tomamos cartas en el asunto. Empecé a averiguar un poquito, ya llamé al Tribunal Ambiental, y quiero retomar las reuniones con ellos para conocer las denuncias y darles seguimiento”.
Chaves agregó que “insta” a los finqueros a acercarse al Tribunal y ponerse a derecho.
“El Viaje del Elefante”, el libro en el que Saramago narra las aventuras y desventuras de un paquidermo transportado desde la corte del rey Juan III a la del Archiduque Maximiliano de Austria, es el punto de partida de José y Pilar, película documental de Miguel Gonçalves Mendes, que retrata la relación entre José Saramago y Pilar del Río.
Una muestra de la pareja en su día a día en Lanzarote y Lisboa, en su casa y en sus viajes de negocios por todo el mundo. José y Pilar es un retrato sorprendente de un autor en su proceso creativo y de la relación de una pareja de novios comprometidos.
Radio ANEP Ciudadana conversó con Juan José Picado Segura y Flory Villalobos Fray sobre la constitución de la Seccional.
La necesidad de organizarse sindicalmente de parte de las personas pensionadas contó con el respaldo de ANEP que, mediante los responsables de trabajo en el Sector Privado, motivó, colaboró y orientó el trabajo de convocatoria y realización de la Asamblea del pasado jueves 19 de mayo de 2011.
La actividad tuvo lugar en la Casa Sindical “Mario Alberto Blanco Vado” de ANEP y contó con la presencia de un importante grupo de personas pensionadas que buscan luchar por sus derechos humanos, entre ellos, pensiones dignas, salud pública eficiente, accesibilidad a edificios e instituciones, respeto, eliminación de trámites burocráticos y facilidad de atención, inclusión en la toma de decisiones que le conciernen, vivienda digna, participación directa en órganos institucionales, etc, etc.
La Seccional hace un llamado a las personas pensionadas, sin importar la institución o empresa por la cual se pensionaron a unirse para una defensa efectiva de sus derechos y mejor calidad de vida. Para informarse al respecto pueden llamar al 2257-8233 y comunicarse con Juan José Picado Segura o con algún responsable de trabajo en Sector Privado.
La primera Junta Directiva de la Seccional quedó constituida de la siguiente manera:
Presidente: Juan José Picado Segura Organización: Gerardo Jaubert Cedeño Divulgación, actas y correspondencia: Gerardo Mora Marín Formación Sindical: Luz María Fonseca Esquivel Finanzas: Flory Villalobos Fray
MARTES, 18 DE ENERO DE 2011 22:04 ESCRITOPORHENRYMORA JIMÉNEZ (UNIVERSIDADNACIONAL, OBSERVATORIO DE LA COYUNTURA)
Introducción
Ha sido una puntual costumbre de los últimos gobiernos, y el actual no hace la excepción, presentar a conocimiento de la Asamblea Legislativa distintos proyectos o “paquetes” de reforma tributaria. Esta práctica evidencia, en sí misma, que los efectos de estas reformas no suelen ser duraderos, sino que se limitan a unos pocos años. No es sólo un problema del limitado alcance de esas reformas, sino que, evidentemente, las mismas no logran superar las deficiencias estructurales del sistema tributario costarricense; de ahí que se propongan con tanta periodicidad.
Con el propósito de valorar y tomar una posición fundamentada sobre el paquete de reformas propuesto por la actual administración, presentamos los siguientes lineamientos y criterios de valoración, los cuales pretenden servir de guía para el estudio sistemático de las propuestas de reforma. En sendos artículos posteriores nos referiremos en detalle a la proyecto de ley que el Ministerio de Hacienda hará público el próximo 17 de enero.
Breve caracterización de la situación tributaria en Costa Rica
De manera sucinta, y como punto de partida, podemos caracterizar la actual situación tributaria costarricense de la siguiente manera: Una carga tributaria baja y claramente insuficiente (cercana al 13.5% del PIB), lo que limita considerablemente la pretensión de que el Estado pueda ofrecer servicios y bienes públicos de calidad y con una amplia cobertura.
Una estructura tributaria que incluso los más optimistas consideran “moderadamente regresiva”, al menos si nos comparamos con el resto de países centroamericanos; y basada fundamentalmente en impuestos indirectos (70% del total recaudado). Además, una parte significativa de los muy modestos impuestos directos (sobre la renta y al patrimonio) son aportados por los asalariados del sector formal de la economía, con amplias exenciones y exoneraciones para los sectores empresariales más dinámicos y rentables.
Una evasión fiscal de cuantiosas proporciones, tanto en el impuesto sobre las ventas como en el impuesto sobre la renta (renta empresarial, especialmente), que ronda los ¢500 000 millones anuales (según cálculos de la Contraloría General de la República).
Una administración tributaria que ha logrado algunos avances en los últimos años (profesionalización del personal, fortalecimiento institucional, mayor control y fiscalización, aumento en las declaraciones electrónicas); pero que todavía mantiene importantes limitaciones (alta evasión, grandes deudas morosas acumuladas o prescritas, fallas evidentes en el régimen sancionatorio, atrasos “calculados” en el pago de impuestos, etc.).
Una legislación tributaria sumamente generosa con ciertos sectores económicos (“guerra de incentivos fiscales”), dedicada a favorecer el turismo, las exportaciones no tradicionales, incluyendo la maquila; con amplias o totales exoneraciones, no solo de aranceles, sino también del impuesto sobre la renta, de los impuestos municipales y sobre los activos.
Una política tributaria, y fiscal en general, que enfrenta hoy el siguiente dilema: a) al tiempo que tiende a debilitarse la generación de recursos tributarios debido a la reducción de aranceles (reducción del arancel externo común en el seno del MERCOMUN, ajustes estructurales y apertura comercial, ingreso al GATT/OMC, y suscripción de TLC) y a las amplias exenciones y exoneraciones para atraer inversión extranjera y aumentar las exportaciones; b) por otro lado se requiere aumentar los recursos públicos disponibles para favorecer el avance de una mayor competitividad con equidad social y desarrollo humano. Esta tensión también involucra la demanda (incluso exigencia por parte de los organismos financieros internacionales y las calificadoras de riego país) de una mínima estabilidad macroeconómica, para la cual un déficit fiscal reducido es considerado uno de sus elementos centrales.
Principios normativos para una reforma tributaria que podamos respaldar Ante un panorama como el descrito, creemos que el norte de una reforma tributaria en Costa Rica debería guiarse por los siguientes principios o criterios de orientación:
El primer principio para la evaluación de cualquier reforma tributaria consiste en un imperativo ético: enfrentar radicalmente el grave problema de la evasión. Con esto no queremos decir que basta con “cobrar bien los impuestos existentes”, ya que muy posiblemente, el logro de ese objetivo presupone (entre otros aspectos) cambios sustanciales en la legislación tributaria que hagan posible enfrentar con éxito las muchas deficiencias legales y administrativas que permiten, facilitan o incluso promueven la evasión.
En segundo lugar, la reforma tributaria que apoyaríamos no puede agravar las inequidades de la actual estructura tributaria. Por ello, la misma debe tener como claro efecto, una mayor progresividad en esa estructura (“que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres”).
No es necesario que cada propuesta individualmente tenga este efecto progresivo, pero ese sí debe ser el resultado de la propuesta en su conjunto. Además, hay que tener en cuenta que esta progresividad debe evaluarse para la política fiscal en general, y no solo para la política tributaria, aisladamente considerada.
En tercer lugar, la propuesta debe ser transparente. Esto significa que la ciudadanía debe tener acceso a la información básica, a las justificaciones y a los estudios que la fundamentan: ¿cuánto se espera recaudar en cada tipo de impuesto?, ¿cuáles son los efectos previsibles sobre la inflación y sobre la actividad económica?, ¿quiénes van a ser exentos o exonerados (gastos tributarios)?, ¿qué deducciones, créditos o tasas preferenciales se contemplan? Evidentemente, esta transparencia es necesaria para poder valorar la propuesta en función de los dos principios anteriores (combate a la evasión y equidad –vertical y horizontal).
Como parte de esta transparencia, el Gobierno debe ser claro en sus metas de recaudación: metas claras de mayor progresividad deben indicar cómo cambiará la actual estructura tributaria con la propuesta de reforma. Igualmente, metas claras en cuanto a evasión, eficiencia y recaudación.
En quinto lugar, la reforma tributaria debería atacar de manera integral los problemas tributarios arriba mencionados. Lo mejor sería no seguir “poniendo parches”, sino resolver los problemas estructurales que explican la existencia de tales problemas (la baja carga tributaria, la evasión, la inequidad tributaria, la baja elasticidad ingreso de los impuestos, etc.)
No obstante, y dado que una solución integral podría requerir un aumento significativo en la carga tributaria (de hasta cinco o seis puntos porcentuales del PIB), este aumento debe ser gradual, por ejemplo, al menos un punto porcentual del PIB por año, durante un plazo de cinco o seis años.
Por último, consideramos imprescindible que el gobierno se comprometa abiertamente ante la ciudadanía, a explicar cómo piensa utilizar los nuevos recursos tributarios. Creemos que estos deberían tener como prioridad la mejora en la educación, la salud, la seguridad ciudadana y la infraestructura. No sería ético que el gobierno reclame nuevos impuestos justificándolos para subsanar este tipo de demandas y luego los utilice en otros usos, como sufragar las pérdidas del Banco Central o el pago de intereses de la deuda interna. La transparencia también tiene que abarcar este campo de compromisos y responsabilidades.
En nuestros siguientes comentarios veremos si la actual propuesta de reforma tributaria del Gobierno cumple con estos y otros criterios que consideramos pertinentes.
Inicio»Opinión»Hoy en la U»Universidades privadas piden quedar fuera de Reforma Fiscal Universidades privadas piden quedar fuera de Reforma Fiscal MARTES, 18 DE ENERO DE 2011 15:45 ESCRITOPORJAVIER CÓRDOBA
La Unidad de Rectores de las Universidades Privadas (UNIRE) le solicitó hoy martes a la presidenta Laura Chichilla, que se excluya a estos centros de educación superior de la Reforma Fiscal entregada ayer a la Asamblea Legislativa.
El plan fiscal del Gobierno pretende gravar a las universidades privadas con un impuesto al valor agregado (IVA) del 14% sobre las carreras que no están acreditadas, y del 10% en las acreditadas.
La presidenta de la UNIRE, Rosa Monge, confirmó a UNIVERSIDAD que se planteó este martes la inquietud a la presidenta Chinchilla, a lo que ella respondió con la promesa de una reunión junto al ministro de Hacienda, Fernando Herrero, y el segundo vicepresidente de la República, Luis Liberman.
“Es un tema que nos preocupa, porque, más allá de las universidades, toca directamente a los estudiantes e incrementa considerablemente el costo de las colegiaturas”, explicó Monge.
La presidenta de la UNIRE confirmó que le pedirán al Gobierno quedar exentos del impuesto que promueve.
“Creemos que definitivamente la educación privada no debe ser tocada. Nosotros atendemos a cerca del 60% de la población estudiantil, de manera que se quedaría un porcentaje importante de esos estudiantes sin poder pagar el costo”, comentó.
Monge aseguró que los más afectados serían los estudiantes que trabajan de día para poder cubrir el costo de sus estudios en las noches, y recalcó que el sistema de educación superior público no tiene los cupos suficientes para atender a esta población.
La UNIRE está integrada por 38 de las 52 universidades privadas inscritas en el Consejo Nacional de Enseñanza Superior (CONESUP).
********************************************************************************** Inicio»Opinión»Hoy en la U»Gobierno busca ¢500.000 millones con la Reforma Fiscal Gobierno busca ¢500.000 millones con la Reforma Fiscal LUNES, 17 DE ENERO DE 2011 15:57 ESCRITOPORJAVIER CÓRDOBA
El Gobierno entregó hoy a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley denominado “Ley de Solidaridad Tributaria”, con el cual pretende recaudar ¢500.000 millones adicionales (2.5% del Producto Interno Bruto). El documento bajo el expediente 17.959, fue entregado este lunes por el ministro de la Presidencia, Marco Vargas, y el ministro de Hacienda, Fernando Herrero, durante el regreso a labores de los diputados.
Herrero explicó que la propuesta procura no afectar los bienes y servicios que consumen las personas de menos ingresos, y recarga el 60% de los nuevos impuestos sobre el 20% más rico del país.
El proyecto pretende gravar a todos los servicios con un impuesto de ventas, el cual aumentará de un 13% a un 14%, con algunas excepciones como es el caso de los servicios de salud privada.
Los servicios de educación privada pagarán un impuesto del 10% en el caso de universidades con carreras acreditadas, y un 14% en los centros con carreras sin acreditar.
En el caso de escuelas y colegios privados, estarán exentos del impuesto aquellos que cobren mensualidades menores a los ¢110.000. La educación pública en todos los niveles no tiene ningún tipo de gravamen. Herrero indicó que se realizará una “canasta básica diferenciada” con los productos que consumen las personas más pobres, pues actualmente hay muchos artículos que pueden considerarse “de lujo” que no pagan ningún tipo de tributo.
También se cobrará a los profesionales liberales un impuesto sobre la renta similar al que pagan las empresas pequeñas, según sea su volumen de ingresos. El impuesto a las grandes empresas no tendría variaciones.
Otros servicios que quedarán exentos serán los de transporte público (taxis y autobuses), mientras que el impuesto a la propiedad de vehículos se incrementará de manera generalizada en un 10%.
Los alquileres, y el consumo de electricidad y agua, tendrán un umbral a partir del cual serán gravados. En el caso de los impuestos sobre los salarios, estos mantendrán invariables las tasas actuales.
El ministro de la Presidencia, Marco Vargas, afirmó que la situación fiscal del país es “grave”, por lo cual es necesario implementar una solución cuanto antes.El año anterior las finanzas del gobierno cerraron con un déficit equivalente al 5.5% del PIB.
**************************************************************************** Inicio»Noticias»País»Reforma tributaria sí recaerá en la clase media Reforma tributaria sí recaerá en la clase media MARTES, 18 DE ENERO DE 2011 22:35 ESCRITOPORVINICIO CHACÓN (VINICIO.CHACON@UCR.AC.CR)
Las medidas que propuso el Gobierno para aumentar la recaudación fiscal en 2,5% del producto interno bruto (PIB), unos ¢500.000 millones, no convencen a los economistas de que no afectará principalmente a la clase media, pese a que desde el Ministerio de Hacienda se insiste en que la reforma es “solidaria”.
Entre los principales puntos de la propuesta gubernamental, denominada “Proyecto de Solidaridad Tributaria”, destaca que todos los servicios se graven con un impuesto al valor agregado (IVA) del 14%, aunque algunos se protegerán de esa carga. Por otro lado, todas las rentas pasivas, es decir los ahorros, pagarán por igual un 15% del impuesto de renta, según explicó Fernando Herrero, ministro de Hacienda.
La propuesta gubernamental va acompañada de las promesas por mejorar los sistemas de recaudación, reducir la evasión fiscal y recortar el gasto público. Sin embargo, la introducción del IVA no sólo implica un aumento de un 1% respecto del impuesto de ventas, sino que lo amplía a cubrir todos los servicios y sigue siendo un impuesto indirecto que pagan todos los costarricenses por igual.
Del mencionado aumento en la recaudación de 2,5% del PIB que pretende lograr el Gobierno con esta propuesta, el principal impulso recae en el IVA con un 1,7%. Este impuesto se aplicará incluso a servicios como la medicina privada, la educación particular, el agua o la luz, aunque en estos dos últimos rubros Herrero dijo que se tomarán disposiciones para no gravar el consumo mínimo. Otras medidas incluyen un aumento del 10% al impuesto de propiedad de automóviles.
El economista Helio Fallas dijo a UNIVERSIDAD que el IVA es un “impuesto regresivo”, pues es indirecto, aunque haya casos “en los que por diversas circunstancias son pagados por personas de altos ingresos”. En ese sentido, contradijo el criterio del Gobierno de que con la disposición de gravar los servicios se afecta al sector más rico de la población.
“Por ejemplo, cuando una persona se enferma y ocupa un especialista, en la seguridad social puede tener que esperar un año, entonces busca un médico privado; por ello se debe ver caso por caso y en qué circunstancias se afecta a los más pobres”, detalló.
Consultado por UNIVERSIDAD sobre si la propuesta fiscal no castiga de manera particular a la clase media, ya que el sector asalariado mantiene su aporte además de tener que pagar un 15% sobre los servicios que consuma, mientras que el exportador conserva sus exenciones, Herrero respondió que gravar los servicios incide en que el 60% de su propuesta recaiga en el 20% más rico del país.
Previo a conocer el proyecto del Gobierno, Fallas criticó el hecho de que en Costa Rica la mayor parte de lo que se recauda, el 70% de los ingresos, ingresa al Estado por concepto de esos impuestos indirectos. “Estudios de la Contraloría General de la República y del Proyecto Estado de la Nación han analizado cómo la estructura tributaria del país no es la más apropiada en términos de que los impuestos indirectos son una de las características principales del sistema tributario, así como el tema de la amplia evasión fiscal”, recordó.
URGENCIA
Esta iniciativa gubernamental llega en momentos en que las finanzas del país muestran números en rojo. Por ejemplo, el déficit del Gobierno central aumentó más de 3% entre el 2008 y el 2009 y sigue creciendo (Ver recuadro Número en rojo).
El ministro Herrero pidió la aprobación de la reforma puesto que hay gastos como los salarios, que se están financiando con deuda nueva. “El sistema actual tiene gran cantidad de exoneraciones que favorecen a los grupos de mayores ingresos. La solidaridad de esta propuesta radica en que el IVA elimina las exoneraciones a servicios consumidos por la población de más altos ingresos”.
Fallas apuntó que la situación fiscal del país se ha deteriorado por una serie de factores entre los que citó la recesión del 2009, que afectó los ingresos fiscales, o el hecho de que no se puedan establecer controles cruzados efectivos para reducir la evasión.
A ello se suma el hecho de que “nuestro sistema es regresivo, eso se manifiesta en la estructura de impuestos en la que los indirectos tienen mayor preponderancia”, además de que a raíz del Tratado de Libre Comercio (TLC), que baja los impuestos a las importaciones, “la estructura productiva se ha tenido que transformar y se han sustituido ingresos que dependían de comercio exterior por otros como los provenientes de las rentas”.
Para el economista Leiner Vargas, una verdadera reforma fiscal no sólo debe referirse a los impuestos, sino que “pasa por una renovación del sector público en general en su capacidad de realizar tareas, y de la forma en que se rinden cuentas, además de una revisión de cuáles instituciones cumplen sus objetivos”.
“Una vez más, como tantas a lo largo de 30 años, el Estado muestra una situación crónica deficitaria. Cuando era ministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga se vanagloriaba de un superávit y decía que no era necesaria la reforma, pero ahora vemos que el país vuelve a caer en un ciclo de deterioro de la situación fiscal”, criticó.
Para este economista, el Gobierno requiere atender “de manera urgente” temas como la educación, el combate a la pobreza o la infraestructura, “todo ello es una deuda pendiente que tenemos como país”, mientras tanto el déficit fiscal es cercano al 5% y según el ministro Herrero podría ser mayor en el 2011.
Tras recordar que la mayor carga tributaria recae sobre los asalariados y en particular los del sector público, Vargas indicó que otra variable importante es el mecanismo para recoger los impuestos.
“El IVA implica una carga que tocará los servicios de los profesionales liberales. En 20 años la economía se ha vuelto de servicios, no de bienes, por lo que para tener una base tributaria más amplia se requiere de un impuesto particular, pero si ese impuesto permite las fugas volvemos a lo mismo, pues la tasa efectiva de recaudación costarricense está por debajo de otros países y los instrumentos de impuestos no han sido favorables para remediarlo”, señaló.
“La gente se siente muy mal cuando muchos profesionales liberales defraudan al fisco como si se tratara de un deporte nacional”, acotó. Fallas ponderó además que la propuesta recorrerá un camino largo en la Asamblea Legislativa, “todo está complicado, pues Liberación Nacional requerirá de los votos de otros partidos y tendrá que negociar, es de esperar que el Movimiento Libertario se oponga y hay que preguntarse hasta qué punto la fracción del Gobierno es compacta. Difícilmente habrá consenso y la aprobación de esto será muy difícil”.
Números en rojo
El déficit del Gobierno central pasó de un 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2008 a un 3,4% en el 2009, mientras que en el mismo periodo la deuda interna del Gobierno pasó de un 17,5% a un 21,5%.
Los ingresos tributarios del Gobierno en el 2009 alcanzaron ¢2.262.290 millones, de los cuales ¢1.312.096 millones, un 58%, provenieron de impuestos sobre bienes y servicios, como el impuesto de ventas.
Concretamente, por concepto de impuesto de ventas el Estado percibió ingresos por ¢830.530 millones, pero las exportaciones sólo aportaron ¢4.677 millones.
El recorte del 20% del Presupuesto Nacional para el 2011, implicaría un ahorro de ¢15.500 millones.
La evasión fiscal en el país puede alcanzar unos ¢500.000 millones anuales.
Fuente: Informe Estados de la Nación y el sitio web de Casa Presidencial, economista Henry Mora.
SEGUIDAMENTEDOCUMENTOSPUBLICADOS EN EL FINANCIERO – DE GRUPO NACION
Del editor: Esta nota fue actualizada posterior a su publicación Ministro de Hacienda entregó reforma fiscal a los diputados 17/01/2011 02:42 PM Mario Bermúdez Vives
El ministro de Hacienda, Fernando Herrero, presentó este lunes un plan fiscal bajo el nombre “Solidaridad Tributaria”, que propone pasar de un impuesto de ventas a uno de Valor Agregado, que grava todos los servicios y aumenta la tasa del 13 al 14% .
El proyecto presenta algunos cambios en relación con lo anunciado por el Ministro en diciembre, tras conversaciones con sectores productivos. Descargue el resumen del proyecto.
El objetivo del Gobierno de Laura Chinchilla es recaudar un 2,5% adicional del Producto Interno Bruto (PIB) , unos ¢500.000 millones . Con este paso al IVA esperan recaudar 1,7% del Producto Interno Bruto. Además, las reformas al impuesto sobre la Renta debería generar 0,6% del PIB. También anunció dos ajustes a otros impuestos para el 0,2% restantes.
De esta forma se pretende reducir el déficit del Gobierno central, que fue de 5,3% del PIB en el 2010.
La propuesta para IVA
Herrero entregó la propuesta a las 2 p.m. de la tarde al presidente de la Asamblea Legislativa Luis Gerardo Villanueva y al presidente de la comisión de Hacendarios Guillermo Zúñiga.
Descargue el comunicado oficial con la justificación de la reforma. La columna vertebral son las reformas a los impuestos de ventas y de renta, que representan dos terceras partes de los ingresos tributarios del Gobierno Central.
En ventas, se plantea pasar a un Impuesto de Valor Agregado (IVA), en el que se invierte el tratamiento de los servicios: en lugar de quedar excluidos, se les incluye y se señalan las excepciones. El plan de Herrero propone aumentar la tasa de 13% a 14%.
Según anunció Herrero, a instituciones académicas de baja matrícula y a las carreras acreditadas de las universidades pagarían un 10%. En salud, quedarán exoneradas las medicinas. En alquileres, establecerán un trato diferenciado para quienes tienen menos ingresos.
La propuesta para Renta
En renta, se pretende pasar a un impuesto de utilidades que grava las ganancias de capital, Fondos de Inversión y las entidades públicas.
Las cooperativas que estaban exoneradas deberán pagar el impuesto del 15% . Sin embargo, el impuesto a las utilidades se les exonerará a aquellas que distribuyen los excedentes entre sus agremiados.
El Gobierno propuso subir 10 puntos los impuestos a todos los vehículos , y además aumentar el impuesto al traspaso de bienes inmuebles, que pasa 1,5% a 3%.
Con estos dos impuestos nuevos espera recaudar el 0,2% del PIB para mantenerse en la meta del 2,5% del PIB.
El proyecto también establece una escala progresiva con tasas de 10, 20 y 25% de impuesto sobre la renta para las pequeñas y medianas empresas (registradas como tales ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio), con base en el volumen de las utilidades y no en el de las ventas.
El proyecto del Código de Normas y Procedimientos Tributarios quedó pendiente para un proyecto posterior. Polémica moción
Los partidos de oposición, PAC, el PUSC, el PASE y el Frente Amplio, están presionando con una moción para que en lugar de que el proyecto pase a Comisión de Hacendarios vaya a una Comisión Especial. El Gobierno se opone.
El Movimiento Libertario, por su parte, ha manifestado en reiteradas ocasiones su oposición a aumentar la carga tributaria.
El diputado liberacionista Guillermo Zúñiga, que agitó el receso legislativo al anunciar que renunciará a su cargo en mayo porque no se le tomó en cuenta para la preparación de la propuesta fiscal, suavizó su posición.
Cuando recibió el proyecto, el diputado Zúñiga recordó que antes se oponía a subir al 15% en ventas, pero ahora dijo que “el 14 no es el 15” y resaltó que era un proyecto “de gran importancia nacional y mi compromiso es dedicar el mayor tiempo a su discusión para que avance bien”.
En medio de este panorama, el Gobierno presentó la Política de Sostenibilidad Fiscal la semana pasada , con la que pretende controlar el gasto público y de paso, lograr simpatía en la oposición.
La fracción opositora del PAC, que el Gobierno confía sea aliada en este tema, ha tomado prudente distancia.
Por el contrario, los hasta ahora aliados del Movimiento Libertario (ML), han reiterado que combatirán la creación de nuevos impuestos. En medio de este panorama, el pulso subterráneo del Gobierno con el movimiento arista que encabeza el exministro Rodrigo Arias complica el panorama. Zúñiga, el principal francotirador oficialista contra la reforma hasta el momento, es cercano a los hermanos Arias.
Tampoco ayudó el anuncio del canciller René Castro la semana pasada sobre que el país debería evaluar el pacifismo y la posibilidad de crear una fuerza armada para defender el territorio nacional.
La presidenta Laura Chinchilla habló de crear un impuesto para la defensa nacional, que estaría incluido en esta reforma fiscal. Colaboró con esta información Gustavo Arias.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Uccaep considera que reforma fiscal debe atacar la informalidad 17/01/2011 03:53 PM Leticia Vindas
Aunque aún no cuentan con una posición sobre el plan fiscal que el Gobierno presentó hoy ante la Asamblea Legislativa , la Uccaep enfatizó en que debe atacar la informalidad para incrementar la cantidad de contribuyentes.
La Unión de Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) destacó también la necesidad de que el gasto público sea más eficiente. “Debe orientarse a inversiones que generen mejores condiciones para el desarrollo económico tales como educación e infraestructura entre otros”, detalló en el comunicado. La Uccaep reiteró en un comunicado que analizará cuidadosamente el contenido del expediente presentado antes de expresar una opinión concreta .
“En aras de alcanzar como meta un aumento en los ingresos tributarios, y la disminución significativa en los índices de evasión, deben simplificarse los trámites que los contribuyentes realizan ya que tributos cuyo cálculo y procedimientos son poco claros, aumentan sin lugar a duda la evasión”, agregó Manuel H. Rodríguez, presidente de la Unión de Cámaras.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PAC exige comisión especial para discutir reforma fiscal
17/01/2010 04:47 PM Leticia Vindas
La fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC) propuso la creación de una comisión especial que se encargue de estudiar y dictaminar el expediente 17.959 de la reforma fiscal que entregó hoy el Gobierno a la Asamblea Legislativa.
La propuesta se presentó formalmente ante el Plenario Legislativo, junto con las firmas de los representantes de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC), Accesibilidad sin Exclusión (PASE) y el Frente Amplio (FA). El Movimiento Libertario (ML) todavía no confirma su apoyo y se espera que Liberación Nacional (PLN) considere la iniciativa.
La moción de orden se conocería durante la sesión ordinaria del martes 18 de enero y propone la creación de una comisión especial con una representación proporcional de casi todos los partidos –nueve miembros en total– que garantice una discusión transparente, equilibrada y participativa. El plazo para dictaminar sería de seis meses prorrogables.
Para los diputados Jeannette Ruiz Delgado, subjefa de fracción, y Gustavo Arias Navarro, miembro de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, ése órgano no guarda al equilibrio necesario para discutir el tema, ya que seis de los once miembros pertenecen al PLN.
Juan Carlos Mendoza García, jefe de fracción del PAC, explicó que el presidente del Congreso elegiría a los integrantes de la comisión , atendiendo las recomendaciones de los jefes y jefas de fracción.
“Proponemos, como mínimo, la participación de tres diputados del PLN, dos del PAC, dos del ML, uno del PUSC y uno del PASE”, explicó Mendoza en un comunicado.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEERCONDETENIMIENTOESTEARTICULO ES INTERESANTE: Los argumentos de Fernando Herrero a favor de su nuevo paquete de impuestos son los mismos de hace quince años. Según él, esta vez sí tendremos escuelas de calidad y carreteras de primera. Esta vez sí se solucionará de una vez por todas el problema fiscal. Esta vez sí dejaremos de discutir paquetes de impuestos cada 4 años. Si la historia de hace década y media nos sirve de lección, no deberíamos comer cuento esta vez. ______________________________________________
Fernando Herrero “Lo último que necesita este país, es discutir una nueva crisis fiscal en tres o cuatro años”.
Fernando Herrero, Ministro de Hacienda, 1995.
Fernando Herrero anda tras un nuevo paquete de impuestos. No es la primera vez. Ya él fue ministro de Hacienda anteriormente (1994-1996) y le tocó impulsar una “reforma fiscal” durante el segundo año de la administración Figueres Olsen. En momentos en que pretende un nuevo aumento de impuestos, vale la pena repasar los argumentos de Herrero de hace 15 años y compararlos con los de ahora. Nos sorprenderemos por sus semejanzas, y nos daremos cuenta que, al igual que hace 15 años, nos quiere dar atolillo con el dedo.
La Ley de Ajuste Tributario entró en vigencia en septiembre de 1995 y entre otras cosas aumentó durante 18 meses el impuesto de ventas del 10% al 15% (para luego dejarlo en un 13%) y creó un impuesto sobre los activos cuyo valor excediera los ¢30 millones. El ministro Herrero acudió a la Comisión de Hacendarios en dos ocasiones a defender la propuesta del gobierno. En su primera comparecencia (23 de enero de 1995, Acta N° 109), Herrero hizo un repaso de las recurrentes crisis fiscales de Costa Rica y señaló cómo el aumento del gasto al final de cada administración (el famoso ciclo político) “nos ha llevado a discutir una reforma fiscal cada cuatro años”. Por lo que Herrero advirtió: “[Queda] claro que la sociedad costarricense demanda una solución integral al problema fiscal, no un parche ni un simple paquete de impuestos”. ¡Amén!
Herrero procedió a describir la sociedad a la que aspiramos: “Queremos que las escuelas sean motivo de orgullo y que brinden a todos los costarricenses una educación de primera categoría… debemos continuar la lucha por la erradicación de enfermedades… necesitamos más policías, mejor entrenados y mejos equipados… debemos realizar una inversión de grandes proporciones a fin de tener una red vial de gran cobertura y excelente estado…” Y remató con una frase que ya nos es conocida: “Si queremos todo lo anterior tenemos que ponernos de acuerdo en cómo financiarlo”.
Al igual que ahora, el ministro de Hacienda señaló la baja carga tributaria como una de los responsables de la precaria situación fiscal del país, por lo que indicó la necesidad de generarle más recursos al gobierno (como indiqué la semana pasada, el argumento de la baja carga tributaria en Costa Rica es puro cuento). Sin embargo, a diferencia de ahora, Herrero en aquel entonces sí reconoció que había que recortar el gasto: “La tarea es muy dura y tenemos que ajustar nuestros gastos a nuestros ingresos, y esto ya de por sí es difícil, cuando por muchos años nos hemos acostumbrado a gastar más de lo que ganamos… Creo que la solución integral al problema fiscal debe comprender los dos lados de esta ecuación, los ingresos y los gastos… la tarea que enfrentamos como sociedad no es solo la de una reforma tributaria, sino de una reforma fiscal”. De tal forma, Herrero prometió “enterrar de una vez por todas” el problema fiscal.
Del lado del gasto Herrero mencionó medidas concretas de su reforma fiscal. Una era la reforma del Estado: “Aquellas instituciones o departamentos que ya no tengan razón de ser, serán eliminados”, advirtió Herrero y mencionó específicamente al MIDEPLAN, la Dirección de Aduanas, IFAM, MAG y al CNP como los entes en la mira para una reestructuración. Como sabemos quince años después, ninguna de estas instituciones o departamentos fueron cerrados o recortados, y más bien ahí continúan vivitos y coleando generándole pérdidas al fisco.
Admitiendo que “sin reglas claras y transparentes sobre el crecimiento del gasto público, corremos el riesgo de que los ingresos adicionales que el Gobierno está solicitando fuesen anulados por un crecimiento aún más acelerado del gasto público”, Herrero anunció la creación de una “Comisión Presidencial para la reducción del gasto público que está examinando el problema desde una perspectiva global y que cuenta con el pleno respaldo del Presidente de la República”. Ya sabemos cómo terminan estas comisiones…
Luego de haber cumplido con el formalismo de decir que lucharía contra el gasto superfluo y la evasión, Herrero procedió a presentarles a los diputados su proyecto de impuestos (Acta N° 110), señalando que “Esta reforma nos permitirá financiar adecuadamente el Plan Nacional de Combate contra la Pobreza y hacer inversiones sustanciales en los programas de seguridad, educación y salud. También nos permitirá continuar con la reparación y ampliación de la red vial y realizar las inversiones que necesitamos en puertos y telecomunicaciones”. ¿Se acuerdan Uds de todas esas obras que fueron financiadas gracias a la Ley de Ajuste Tributario? Yo tampoco.
Herrero presentó su paquete de impuestos como la “solución integral y de largo plazo” a los problemas fiscales de Costa Rica. Y concluyó diciendo que “Lo último que este país necesita, es discutir una nueva crisis fiscal en tres o cuatros años”. Como sabemos, en el 2001 la administración Rodríguez Echeverría pasaría un nuevo aumento de impuestos, y del 2002 al 2006 la administración Pacheco de la Espriella se consumió en un debate sobre otro paquete tributario. El aumento de impuestos de Herrero ciertamente no fue ni integral ni de largo plazo.
No hay que ser mezquinos. La administración Figueres Olsen hizo un trabajo bastante decente en cuanto a la contención del gasto público, el cual creció aproximadamente un 4.2% en términos reales durante los 4 años del gobierno, e incluso experimentó una reducción como porcentaje del PIB, del 16.7% en 1994 al 14.7% en 1997. Sin embargo esos eran los años en que Fernando Herrero hablaba de la necesidad de reducir el gasto público (lo cual no ocurrió en términos absolutos, como vemos). La actual versión 2.0 de Fernando Herrero descarta por completo la necesidad de recortes sustanciales en el gasto, equiparándolos demagógicamente con despidos de maestros y mora en el pago de pensiones.
Los argumentos de Fernando Herrero a favor de su nuevo paquete de impuestos son los mismos de hace quince años. Según él, esta vez sí tendremos escuelas de calidad y carreteras de primera. Esta vez sí se solucionará de una vez por todas el problema fiscal. Esta vez sí dejaremos de discutir paquetes de impuestos cada 4 años. Si la historia de hace década y media nos sirve de lección, no deberíamos comer cuento esta vez.
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Colaboró en la compilación informativa: Luis Rivas Quirós Secretario de Administración y Finanzas de ANEP
La Tendencia Rescate les invita a leer nuestras propuestas para ANEP, ya sea en nuestra página www.tendenciarescate.org, o bien en el archivo adjunto (resumen del programa general); y a la vez invitamos a todas y todos los anepistas que desean rescatar nuestro sindicato, a sumarse con su firma para inscribir nuestra Tendencia a las elecciones ANEP 2011-2013.
También pueden ver nuestra información en el sitio web de ANEP: Tendencia Rescate
Les recordamos que por disposición de la Comisión Electoral, al firmar por la inscripción de una tendencia no se debe firmar por la otra, pues la Comisión anulará las firmas en las dos tendencias.
San José (elpais.cr/seccr.com) – El Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP), anunció la ruptura del diálogo sobre la reestructuración portuaria, que de manera conjunta sostenía con representantes del Gobierno, debido a que este desestimó el informe de una comisión técnica y anuncia 500 despidos.
El Secretario de Finanzas de SINTRAJAP, José Luis Castillo, dijo que desde hace meses mantenían el diálogo con los ministerios de Trabajo y de Obras Públicas, y la administración de JAPDEVA, pero el Gobierno tomó otra decisión.
Explicó que el objetivo era analizar la eventual reestructuración institucional y la adquisición de nuevos equipos para la modernización de los puertos.
Castillo precisó que para este efecto se nombró una comisión técnica, cuyo informe sería analizado la última semana de abril pasado. Sin embargo, añadió, el Gobierno solicitó en tres ocasiones postergar la valoración del informe, el cual fue conocido hasta este miércoles.
Además, denunció que el informe presentado por la Comisión fue desestimado por el presidente Ejecutivo de JAPDEVA, Allan Hidalgo, bajo el argumento de que la Presidenta de la República Laura Chinchilla, fijó el 16 de abril como última fecha para llegar a un consenso.
Hidalgo que anunció que el Consejo Administrativo de JAPDEVA acordó que el Gobierno procederá a optar por el alquiler de la maquinaria para el puerto, desestimando la compra de la misma, y prescindir de unos 500 funcionarios, quienes podrían ser trasladados a otras instituciones públicas.
Para Castillo, el desestimar el informe de la comisión conjunta y la toma de medidas unilaterales, evidencia que de parte del Gobierno “no hubo diálogo ni consensos, esto era un panfleto de diálogo y se estaban burlando de nosotros“.
Castillo reiteró que se están valorando las medidas a tomar ante la postura asumida por el Gobierno.
Castillo denunció que las medidas del Gobierno sólo buscan desmantelar a JAPDEVA para darle paso a la operación portuaria privada en Limón.
Respecto al alquiler de equipos, indicó que la renta de la maquinaria implica gastos siete veces superiores que comprarlo nuevo.
Además, una vez que se venzan los plazos de alquiler, los puertos podrían quedar desmantelados.
Sobre la reestructuración de personal, denunció que para el Gobierno no hay razones técnicas que justifiquen por qué es necesario prescindir de este personal, ni cuáles áreas de la institución se verán involucradas en la reestructuración.
Descartó que la movilización horizontal no es una solución efectiva, debido a que los trabajadores podrían ver reducidos sus trabajos al trasladarse a otra institución, además de que se rompería el arraigo de cientos de limonenses que tendrían que trasladarse a otras zonas del país.
Honorable y estimada señora Licda. Sandra Pizsk Feinzilber, Ministra de Trabajo y Seguridad Social Honorable y estimado señor Lic. Álvaro Sojo Mendieta Viceministro del Área Laboral Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, MTSS
Distinguidas autoridades:
Respetuosos saludos. Con base en las potestades legales que son en asistirle a la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social, solicitamos la intervención de la misma para tratar una presunta actitud contraria a los principios de la Libertad Sindical y las estipulaciones convencionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la materia; para lo cual pedimos que se convoque al Lic. JOSÉ HEINERVILLALOBOSSTELLER, en su condición de Director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Seguridad Pública (Fuerza Pública), quien, de manera reiterada, niega validez a los argumentos jurídicos de la ANEP en el aspecto de licencias sindicales con goce salarial para representantes de nuestra organización.
Dicho funcionario se localiza en el teléfono 2586 4027; en el fax 2227 3845 y en el correo electrónico: jvillalobos@msp.go.cr.
Hacemos la petición aquí expuesta con plena validez para la misma, basados en pronunciamientos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, acerca de la legitimidad para accionar ante la administración por la vía electrónica.
Como siempre, les reiteramos a ambos nuestro mayor respeto y consideración, así como las muestras anticipadas de nuestro agradecimiento por la pronta atención a nuestra petición.
Reiteràndoles nuestro mayor respeto y consideracion,
Por el Fortalecimiento de la Caja Costarricense del Seguro Social – CCSS
Panelistas Carmen Granados Fernández. Diputada PAC Alexis Castillo Gutiérrez. Presidente Colegio de Médicos y Cirujanos Ileana Balmaceda Arias. Presidenta Ejecutiva de la CCSS Juan Carlos Durán Castro. Presidente Federación de Organizaciones de la Caja – FOCASS
Día: miércoles 25 de mayo Hora: 6:00 pm
Salón de Ex Presidentes de la República Asamblea Legislativa
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
