Acuerdo preliminar entre los Sindicatos y el Gobierno que debe ser ratificado el próximo miércoles 17 de junio, a partir de la 1:00 p.m. cuando APSE lleve la respuesta de sus bases.
La negociaciónse realizó en el Ministerio de Hacienda y estuvieron presentes el Ministro de esa institución Sr. Guillermo Zúñiga Cháves, Alvaro González Alfaro, Ministro a.i. de Trabajo, José Joaquín Arguedas Herrera, Director de Servicio Civil, José Luis Araya Alpízar, Viceministro de Hacienda, por parte del Gobierno.
Por la parte sindical la Central Social Juanito Mora Porras, ANEP, APSE, UNATROPYT, UNDECA, ANDE, CENTRALRERUMNOVARUM, entre otros.
Acuerdos
1.- Se acepta el reajuste salarial por reestructuración para las clases “no profesionales” del Título 1 presentado por la Dirección General de Servicio Civil y que deberá regir a partir del día 1 de julio de este año, pagadero en la segunda quincena de setiembre de 2009.
2.- Un rejuste extraordinario del 4.88% a la base para las clases no profesionales del Título 1 y Título 2 del Estatuto del Servicio Civil y de las instituciones homologadas al régimen de Servicio Civil, pagadero en dos tractos: un 2.44% a partir de julio y pagadero en la segunda quincena de setiembre de 2009 y un 2.44% a partir del 1 de enero de 2010, pagadero en la segunda quincena de enero de 2010. Adicionalmente, no estaba contemplado, se acordó:
3.- Para la clase de puesto de conserje de centro educativo, debe considerar, para efectos de reestructuración en el nuevo salario base, el 2.5% por concepto de traslado del pago por ampliación del curso lectivo ( por compensación de vacaciones).
4.- El Gobierno reitera su compromiso de honrar el pago del percentil 45 a los profesionales del Gobierno Central a partir de julio del 2009 tal y como se había acordado.
Próximo lunes 15 de junio, desde las 4:00 p.m., todos los trabajadores y todas las trabajadoras iremos, hasta colmar las “barras”, a exigir la aprobación del Proyecto de Ley que garantiza la libertad sindical, sobre todo en el sector privado, en donde se reprime con el despido a quienes se organizan en un sindicato.
Basta de despidos de trabajadores y trabajadoras de las fábricas, las plantaciones agrícolas, las tiendas y todas aquellas empresas privadas que violan un Derecho Humano fundamental…¡Libertad Sindical!
Organizaciones sindicales, sociales, no sindicales y personalidades amigas, todo ciudadano y ciudadana tenemos una cita en la defensa de la LIBERTAD!!! ____________________________________________________________
ANEP: Convoca a colmar las “barras” legislativas
San José (elpais. cr) – La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), convoca para hoy, desde las 4:00 p.m., a todos los trabajadores y todas las trabajadoras hasta colmar las “barras” de la Asamblea Legislativa para exigir la aprobación del Proyecto de Ley que garantiza la libertad sindical, sobre todo en el sector privado, en donde se reprime con el despido a quienes se organizan en un sindicato.
“Basta de despidos de trabajadores y trabajadoras de las fábricas, las plantaciones agrícolas, las tiendas y todas aquellas empresas privadas que violan un Derecho Humano fundamental”, demanda la ANEP.
Organizaciones sindicales, sociales, no sindicales y personalidades amigas, todo ciudadano y ciudadana tenemos una cita en la defensa de la libertad, precisó el llamado de la dirigencia de la ANEP.
La organización explicó que el proyecto de ley 13.475 no extiende el fuero sindical a las personas que se afilien a un sindicato. Las personas trabajadoras que se encuentran protegidas por ese fuero, son las personas ya establecidas por el artículo 367 del Código de Trabajo (art. 367 bis del proyecto).
Además, aclara que el proyecto continúa permitiendo el despido de las personas protegidas por fuero sindical, si éstas incurren en alguna de las causales de despido que establece el Código de Trabajo; pero establece que esa causa justa de despido, debe probarse de previo en un debido proceso (artículos 367 bis y 368 del proyecto).
Por otro lado, la persona trabajadora que se afilie a un sindicato podrá ser despedida mediante el pago de las prestaciones laborales, tal y como hasta hoy en día se viene haciendo (artículos 85, inciso d); y 367 vigentes del Código de Trabajo). Es decir, en el caso de las personas trabajadoras afiliadas a un sindicato sin cargo directivo alguno, el patrono seguirá teniendo la libertad de despido.
Sin embargo, si el despido se produce por su afiliación sindical, se trataría de un despido nulo (art. 363 del proyecto); de la misma forma en que actualmente un despido de un trabajador por otras causas de discriminación es absolutamente nulo (art. 624 vigente del Código de Trabajo).
“Esto no hace más que reglamentar lo que la Sala Constitucional estableció por voto 5000-93 al decir que: atendiendo a la letra y al espíritu de todas las disposiciones transcritas resulta evidente que la protección especial dada a los representantes de los trabajadores, a quienes se les concede: protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido, constituye lo que en la materia se conoce como un fuero especial en beneficio particular, de dichos representantes y como protección de los derechos de los trabajadores mismos, quienes verían menoscabados sus derechos humanos fundamentales si sus líderes no fueran inamovibles mientras ostenten el mandato válidamente concedido y pudieran ser despedidos unilateralmente por decisión patronal, sin que mediara causal legal objetiva que justificara el rompimiento del contrato laboral. Desde esa perspectiva y en vista del interés social comprometido, el pago de las denominadas prestaciones sociales es insuficiente para amparar el despido el cual, cuando proceda debe fundamentarse en una causal comprobada que demuestre mediante el debido proceso, que el representante como tal, ha violado sus obligaciones particulares y generales”.
Recordó también que el mismo voto sostiene que “en virtud de este artículo, la utilización de cualquier medio tendiente a menoscabar la labor de la representación laboral, y en especial el despido, debe considerarse contraria a derecho, pues el retiro de un representante de los trabajadores implica indefensión de los representados y la obstaculización de toda negociación colectiva que éstos pudieran realizar, máxime en aquellos casos en que los patronos procedan al retiro porque consideren que un representante determinado es peligroso para sus intereses particulares”.
Además, “la Sala reconoce el derecho de los patronos de reorganizar su empresa y de reducir gastos, tendientes a estabilizar su economía, pues no aceptarlo sería violentar el derecho constitucional a la libertad de comercio, pero en un Estado Social de derecho como el vigente en Costa Rica, no pueden vulnerarse impunemente las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos”.
Aunque hasta el momento se ha venido considerando la situación de los representantes de los trabajadores, sindicalizados o no, “cabe decir que con igual sustento normativo y con igual criterio debe resolverse el despido de los simples trabajadores cuando la causal, expresa o tácita, sea su pertenencia a una asociación o sindicato, porque ello también viola sus derechos fundamentales, vale decir que la vinculación a dichas organizaciones, como simples afiliados, pone en juego valores superiores de convivencia y armonía social y laboral frente a los cuales el resarcimiento económico, representado por el pago de las prestaciones sociales, carece de validez legal, ello porque la voluntad patronal queda constitucional y legalmente inhibida o limitada desde la perspectiva general de los derechos humanos de los trabajadores y desde la perspectiva específica del derecho laboral, que tutela el interés público general”. (Sala Constitucional, voto 5000-93).
Por tanto, queda absolutamente claro que el fuero sindical es para las personas trabajadoras integrantes de una directiva sindical, no así para las personas afiliadas al sindicato las cuales pueden ser despedidas en cualquier momento, a juicio del empleador, previo pago de prestaciones legales, reiteró la ANEP.
Indicó que lo que no puede hacer el empleador, de ahora en adelante, es despedir a la persona trabajadora dirigente sindical, sin la argumentación debida, sea, debido proceso.
¡GRANCONCETRACION frente a la embajada de Perú en San José el próximo martes. (Ver afiche de ARCHIVOSADJUNTOS en la columna derecha) __________________________________________________________
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Los decretos legislativos que el gobierno aprista de Alan García Pérez emitió para implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos vulneran la Constitución Política, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y las leyes nacionales, tal como ha sido reconocido por la Defensoría del Pueblo y la Comisión Multipartidaria del Congreso de la República, y se ha recomendado su derogatoria. La lucha de los pueblos indígenas amazónicos durante el 2008, logró la derogatoria de dos de ellos, ahora la lucha es de todo el país para derogar el paquete legislativo del TLC.
Durante once largos meses, los poderes Ejecutivo y Legislativo han postergado una y otra vez la derogatoria de estos decretos legislativos. Se instaló una mesa de diálogo sin voluntad real de resolver el problema. Y tras 56 días de movilización amazónica, el gobierno aprista optó como “solución” por la represión criminal en Bagua, haciendo gala de su autoritarismo.
Fue así que el viernes 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, el gobierno de Alan García Pérez desató una represión sangrienta en la Amazonía. Hay decenas de muertos en Bagua. Se ha impuesto la muerte sobre la vida, la masacre sobre el diálogo.
La masacre ocurrió horas después de que el Congreso de la República, en un abierto acto de provocación, postergó nuevamente el debate de la derogatoria de los decretos legislativos inconstitucionales que facilitan la invasión y privatización de los territorios indígenas del Ande y la Amazonía.
Existen testimonios de los vecinos de Bagua y mujeres indígenas que buscan a sus familiares desaparecidos acerca de que se están ocultando y desapareciendo los cuerpos de las víctimas indígenas, mientras el gobierno habla de “conspiración internacional” para eludir su responsabilidad, desata una feroz campaña mediática contra nuestros dirigentes y presiona al Poder Judicial y al Ministerio Público para que emitan órdenes de captura contra los dirigentes de AIDESEP sin prueba alguna.
Para responder a la represión y el entreguismo, las organizaciones del pueblo peruano nos hemos unido en esta Jornada Nacional de Lucha en solidaridad con nuestros pueblos indígenas para defender la vida y la soberanía. Y nos comprometemos a impulsar el juicio internacional a Alan García Pérez y su gobierno, por genocida, entreguista y violar la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Fortalecidos por la solidaridad internacional que indignada ha respondido, incluyendo organismos supranacionales como la CIDH, relator ONU, OIT y otros.
Esta Jornada de Lucha tendrá continuidad en el PARONACIONAL que hemos acordado para los días 7, 8 y 9 de julio. El día central de movilizaciones será el 8 de julio. En cada rincón del país diremos: ¡Basta de asesinatos, represión y entreguismo!
EXIGIMOS:
• Derogatoria del paquete legislativo del TLC con Estados Unidos y los 11 decretos legislativos que criminalizan la protesta.
• Respaldo a AIDESEP, interlocutor para el diálogo. Denunciamos el intento de dividirla por parte del gobierno.
• Renuncia inmediata del Gabinete Yehude Simon por su responsabilidad en el genocidio de Bagua. Lo desconocemos como interlocutor para cualquier diálogo.
• Investigación internacional independiente para aclarar los hechos de sangre en Bagua.
• Levantamiento del estado de emergencia y el toque de queda en la Amazonía.
• No más TLC y desconocimiento de los ya firmados.
• Respeto de los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y nativas: territorios, aguas, semillas, bosques, biodiversidad y recursos naturales, amparados por las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución Política del Perú. Cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.
• Retiro de las transnacionales extractivas: petróleo, minería, forestal, que saquean y contaminan nuestros territorios indígenas.
• Basta de criminalización del ejercicio de derechos: amnistía para los más de mil comuneros procesados por la defensa de sus pueblos.
• Respaldo unánime a Alberto Pizango, injustamente perseguido y con orden detención sin prueba alguna, solo por presión política.
• Establecimiento de una Comisión Mediadora / Garante para iniciar un diálogo, con participación de la Defensoría del Pueblo y organismos de derechos humanos.
• Denuncia a Alan García ante los tribunales internacionales por los crímenes cometidos durante su gobierno.
• Convocatoria a Asamblea Constituyente que elabore una nueva Carta Magna en la que se reconozca al Perú como Estado Plurinacional de base comunitaria. [ALAI, América Latina en Movimiento. 1106]
Los Pueblos Indígenas nos enseñan que sin lucha no hay victorias.
¡Basta de represión! ¡Abajo el genocidio!
¡Derogatoria inmediata de los decretos legislativos inconstitucionales y anti-indígenas del TLC!
Por una cultura de diálogo y paz en el país
Perú, jueves 11 de junio de 2009, Frente Nacional por la Vida y la Soberanía
Alto a la masacre contra los pueblos indígenas en el Perú ordenada por el gobierno criminal de Alan García Por Alternativa Nueva Nación
Las protestas del movimiento indígena peruano para enfrentar las políticas y acciones del gobierno central dirigidas a la explotación de petróleo y gas natural por parte de empresas extranjeras en territorios que históricamente son habitadas por los pueblos originarios de esta nación, ha desatado la más sangrienta represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, la cual se expresa en la masacre de más de 40 indígenas de la Amazonía y atropellos brutales, con saldo de heridas graves, contra más de doscientos integrantes del movimiento.
Políticamente el gobierno central del Perú, el cual se ha caracterizado por ser un aliado incondicional del imperialismo norteamericano y por lo mismo impulsor de las políticas contra las transformaciones revolucionarias en América Latina, se ha concretado a informar sobre la muerte de 10 policías de la seguridad del Estado. El gobierno que dirige el criminal de Alan García, conocido históricamente por su vinculación a graves actos de corrupción en su administración pasada, montó toda una estrategia para desbaratar las protestas indígenas y lanzó un fuerte contingente de policías con la intención de provocar enfrentamientos que causaran víctimas entre las fuerzas de seguridad y explotar este hecho para tildar de terrorista y subversivo al movimiento popular.
Desde hace muchas décadas la lucha de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana ha sido permanente, esa lucha se expresa en acciones por la defensa de su organización política, social y económica; por el derecho a su identidad cultural; y por la integridad y administración de sus territorios.
Recientemente con la promulgación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley de Recursos Hídricos, con una clara dedicatoria en beneficio de las empresas transnacionales y del capital nacional aliado a este, se consolidó un movimiento de protesta y oposición por parte de cerca de 60 organizaciones indígenas ubicadas en la Amazonía peruana. Este movimiento indígena denuncia, de manera contundente, el grave riesgo a que se exponen los recursos naturales de sus territorios ancestrales, fundamentalmente las reservas de petróleo y gas natural, los recursos madereros y la pureza de sus ríos. El movimiento de protesta de las organizaciones indígenas se concreta en exigir al Congreso de la República y al gobierno del genocida Alan García, que revoque estas nefastas leyes. La expresión más concreta de las políticas del capitalismo mundial, es la imposición de los llamados tratados de libre comercio y la exigencia de abrir las economías de la región para el ingreso, sin barrera alguna, de los capitales extranjeros. Estos capitales, aliados con los mal llamados capitales nacionales, se instalan en aquellas actividades que les garantizan altas ganancias, con la consecuente agudización de la pobreza, el deterioro sostenible de los recursos naturales y la destrucción de la articulación política, económica, social y cultural de los pueblos originarios.
Esta estrategia, para la expansión del imperialismo, ha encontrado fuertes aliados en gobiernos y sectores de poder económico de la región, pero a la vez se ve enfrentada a todo un movimiento transformador, en América Latina, que busca la construcción de nuevos modelos empeñados en la construcción de sociedades democráticas y soberanas, con las capacidades suficientes para enfrentar, de manera solidaria, a las fuerzas del capital destructor, responsable del empobrecimiento generalizado y el saqueo persistente de sus recursos. Este movimiento transformador se sustenta en la incorporación de todos los sectores marginados y explotados de la población a un amplio frente de lucha por la revolución continental.
El imperialismo, y todas sus formas de organización del capital a lo interno de cada país, conmocionado con el avance de los movimientos revolucionarios en el Continente, afinan sus acciones criminales de diversa naturaleza para frenar este proceso político. Las funestas estrategias del capitalismo mundial para implantar las políticas neoliberales en el mundo, se expresan cada vez más con el montaje de presiones políticas y económicas contra las naciones latinoamericanas. Estas estrategias se están concretando con acciones que tienen expresiones de intervención directa en las políticas nacionales, amenazas de intervención militar, sanciones económicas, y el estimulo a los gobiernos lacayos, a su servicio, para frenar a cualquier costo el avance de procesos democratizadores y revolucionarios.
El escenario político en el Perú, en la coyuntura actual, expresa por un lado la lucha organizada de los pueblos indígenas por sus derechos ancestrales, mancillados por leyes del poder burgués al servicio del capital internacional; y por el otro lado la acción criminal del aparato represor del Estado para garantizar el avance de sus políticas al servicio del capital.
Alternativa Nueva Nación ANN, expresa su más firme condena a los actos criminales del gobierno del genocida Alan García; hace un llamado a todas las organizaciones revolucionarias del Continente para solidarizarse, de diversas maneras, con el movimiento de los pueblos indígenas de Perú, y les exhorta a denunciar que los actos criminales por parte del gobierno del Perú, alimentados y estimulados por las políticas del imperialismo norteamericano, forman parte de un perverso plan para provocar desestabilización en la vecina Bolivia y Ecuador, naciones que forman parte de la corriente revolucionaria que se consolida en el Continente.
¡Alto a la represión criminal contra el movimiento indígena en el Perú!
¡Que todas las fuerzas revolucionarias del Continente se unan combativamente a la lucha de los pueblos indígenas por su identidad y derechos!
Semanas atrás, el Ejecutivo había planteado una reestructuración de las clases de puestos no profesionales (como administrativos, algunas jefaturas, choferes, secretarias, técnicos 1, 2 y 3, entre otras), mismo que transforma a cerca de 400 tipos de puestos en 29, todo a través del Servicio Civil. Sin embargo, la propuesta del Gobierno no se vio con buenos ojos en su totalidad, ya que la mayoría de los trabajadores se quedan como están y no reciben un aumento.
“Nosotros lo que planteamos fue un ajuste en base a un estudio realizado por el mismo Servicio Civil que señala diferencias salariales desde un 70 a un 124% según el tipo de trabajo, pero el gobierno se ha negado a reconocer la equiparación de salarios”, dijo Edgar Morales, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).
Cabe destacar que en 2006 el Gobierno procedió a realizar una equiparación con los trabajadores profesionales del sector público, homologando las condiciones entre gobierno central e instituciones que funcionan con el Servicio Civil.
GRAN DEUDA
El dirigente sindical explicó que si bien están de acuerdo en parte con la reestructuración de puestos, es importante que las autoridades consideren asumir al menos una parte de la deuda con los trabajadores, para lo cual proponen que se trate de forma gradual en las próximas negociaciones salariales del sector público comenzando por el próximo mes de julio. Según se indicó, si un trabajador gana ¢200 mil en promedio la deuda pública con ellos es de ¢100 mil.
Es por ello que la ANEP planteó también que en la próxima negociación salarial se reconozca un 4,88% adicional a la reestructuración.
Morales fue enfático en que el Gobierno había indicado que no tenía recursos para enfrentar una equiparación salarial, sin embargo criticaron que les niegue recursos para salarios a los trabajadores públicos, cuando “ofrecen piñatas por la entrega de instituciones públicas como el caso de Japdeva o se despilfarren recursos en carreteras costosas con problemas de diseños obsoletos, como el caso de Caldera”.
Este viernes los dirigentes sindicales sostendrán una reunión con las autoridades del Ministerio de Hacienda, quienes darán una respuesta a sus planteamientos, dependiendo de ello se realizará una asamblea general de trabajadores donde se decidirá si se toman medidas de presión o no para dar la lucha en este tema.
Fuente: Diario Extra Marcela Villalobos Ramírez mvillalobos@diarioextra.com
San José, 11 de junio de 2009. S.G. 07-09-1581-09 ¡URGENTE!
Doctor Olman Segura Bonilla Rector Universidad Nacional (UNA) Su despacho Fax No. 2237 7593
Estimado señor Rector:
Con gran respeto, reciba usted el más cordial saludo de nuestra parte.
Al acercarse el final del mandato del Dr. Miguel Calderón Fernández, en el relevante cargo de Decano de la Sede Brunda de la prestigiosa Universidad Nacional, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), que nos honramos en representar, desea dejar constancia por esta vía de que resulta inadmisible y repudiable, la conducta institucional seguida en el caso de tan distinguido funcionario universitario, quien fue sometido a sistemáticos procesos de persecución y hostigamiento, acoso laboral y persecución política, exacerbándose el descrédito para con su trabajo, pretendiéndose, inútilmente, mancillar su honra de bien como ciudadano, como trabajador universitario, como académico y administrador universitarios, en un caso pocas veces visto en una entidad de tanto relieve para la vida nacional por su integridad y solidez cívica como la Universidad Nacional.
La ANEP se siente sumamente honroda y distinguida, considerando un gran prestigio, que una persona como don Miguel Calderón Fernández esté como socio de esta agrupación; pero más allá de ello, nos consta la altísima estatural moral y ética de este ilustre costarricense de grandes valores cívicos y patrióticos, así como damos fe de férrea vocación de servicio público al servicio de la UNA en su Sede Brunca y, por ende, al servicio de la comunidad generaleña. El Dr. Calderón Fernández sale de la decanatura con un prestigio profundamente consolidado pues los ataques que recibió sirvieron para constatar cuanta valía, decoro y honestidad exhibe con orgullo su limpia trayectoria universitaria, profesional y personal.
Albino Vargas Barrantes Secretario General
cc.: Honorable Consejo Universitario, Universidad Nacional (UNA). Fax No. 2261 0026. cc.: Licda. Beatriz Hernández González, Órgano Instructor UNA. Fax No. 2277 3471. cc.: Dr. Miguel Calderón Fernández. cc.: Junta Directiva Nacional de la ANEP. cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-UNA. cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-UNA-Sede Brunca. cc.: Archivo.
En lo que respecta a los trabajadores peones, quienes tienen una base salarial de ¢186,850,00. Comprobamos que sus bases salariales se encuentran por debajo del mínimo de ley, en ¢5.735.oo. En otras palabras, la nueva base salarial será de ¢192.585,oo.
Ahora necesitamos hacer las gestiones del caso para garantizar que se aplique ese reajuste lo más rápidamente a nuestros salarios, así como exigir el pago del retroactivo de ese dinero a partir de diciembre del año pasado.
A pesar de que la apelación la hicimos a todos los diferentes puestos o grupos ocupacionales, Recursos Humanos solamente analizó la situación de los peones; sin embargo, ya iniciamos con el proceso de exigir que se haga el estudio a todos los puestos de trabajo en el A y A.
Compañeros del A yA: Queda comprobado que el trabajo constante con entrega, honestidad y transparencia da resultado. Los trabajadores requieren de verdaderos sindicatos que los defiendan y, no de sindicatos pro-patronales que solamente se encargan de sobrevivir a costa de los trabajadores; pero, mientras seamos más en la ANEP, lograremos muchos triunfos. Decide ya, afíliate a la ANEP y juntos lucharemos por mejores condiciones para todos.
Con respecto al PERCENTIL del sector no profesional, el gobierno propone una reorganización, o sea pasar de los casi 500 puestos de trabajo no profesionales a 29 (unirlos en grupos) y darnos un aumento del 2.86%. Nuestra propuesta es que para este año el aumento sea del 4.88%. En todo caso, lo que logremos será fruto de la movilización de los trabajadores no profesionales. Compañero: esté atento a las jornadas de movilización y defienda su salario.
¡Sin lucha no hay triunfo! ¡El gobierno no regala nada!
¡Atención!, ciudadanía usuaria de los servicios de esta institución:
!Atención!, población trabajadora de esta institución:
Un importante grupo de trabajadores de la empresa de seguridad privada, Consorcio de Información y Seguridad, cansados de sufrir presuntas violaciones constantes a sus derechos, fundaron un sindicato al amparo de la ANEP, el pasado 10 de mayo de 2009. Para hacerlo se basaron en la Constitución Política, en el Código de Trabajo, en los convenios que el país ha firmado con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en los postulados cristianos de diversas encíclicas papales.
A pesar de que todos los trámites para la inscripción del sindicato fueron realizados de acuerdo a la normativa vigente para tales casos, la empresa violó todas esas disposiciones y procedió al despido de varios de los promotores de la creación del sindicato. Argumentaron una “reestructuración de personal”, lo cual dejó en evidencia su mala fe, pues los despedidos son afiliados al recién creado sindicato, incluyendo a cuatro miembros de su junta directiva.
Hacemos del conocimiento público este acto que atenta contra las libertades democráticas y que deja en mal predicado a una empresa que vende servicios a instituciones del Estado costarricense, como el ICE, el A y A y el INA.
Al proceder al despido antisindical, la empresa Consorcio de Información y Seguridad actuó en contra del convenio 98 de la OIT, sobre Libertad Sindical. Igualmente, también se violenta el convenio 94, igualmente de la OIT, en cuanto a las obligaciones de Seguridad Social que deben observar las empresas cuando tratan con el Estado. Ambos convenios son leyes de la República, aprobadas por la Asamblea Legislativa; y, en el caso del convenio 94, tiene hasta una directriz presidencial que lo refuerza, la No. 34 del Poder Ejecutivo.
Llamamos a los trabajadores y a las trabajadoras del ICE, del A y A y del INA, así como a la población en general, sobre todo la ciudadanía usuaria de estos servicios, para que le brinden su apoyo a los trabajadores despedidos, solicitándole a la empresa su restitución y condenando esas conductas que violan las libertades democráticas y todos los tratados de Derechos Humanos.
Usted puede llamar al teléfono 2527 7027, pidiendo por el reintegro de las personas trabajadoras despedidas a sus respectivos puestos de trabajo; o bien, enviar un corto mensaje por fax, al 2221 1498.
Comité de Solidaridad con los Trabajadores despedidos por la empresa Consorcio de Información y Seguridad
En estas últimas cuatro semanas, hemos observado los debates de dos de las tendencias más fuertes, según los medios de comunicación a nivel electoral.
Hemos visto detenidamente los debates de los dos partidos políticos electoreros y realmente nos confirman una vez más, que el campesinado y la pequeña producción agropecuaria no es prioridad dentro de sus agendas. Mas bien pareciera que Costa Rica es solo parte de la Meseta Central, porque se han dedicado a expresar ideas para mejorar la seguridad del sector urbano, no salen del círculo vicioso desde hace varias décadas. Nada estratégico plantean en sus exposiciones.
No escuchamos ni la mas remota idea de cómo resolver el problema de la alimentación y fortalecer una política de Soberanía Alimentaria, tampoco vimos nada sobre la comercialización y la agroindustria manejada desde el sector productivo y campesino donde el valor agregado sea para nuestros agricultores, no vimos a ningún candidato o candidata expresar ideas de solución de tierra para los miles de familias campesinas que están en la zozobra, algo como una Reforma Agraria Integral, no se ha visto nada sobre la ruralidad y su desarrollo en el campo. Quisiéramos escuchar cómo se va a resolver lo del crédito para los agricultores y agricultoras, no hay ni el asomo de la Banca de Desarrollo Agropecuario, tampoco dijeron según ellos quienes son la tabla de salvación, como se atenderá la zona costera y nuestros recursos marinos. Cómo se va a resolver la pésima educación que se imparte hoy en el campo, cómo se va a resolver la deficiente atención en la salud que hay hoy en el campo, donde existe un médico por cada cinco mil habitantes y donde atienden una vez por semana en los Ebais?
Probablemente ellos y ellas lo tengan claro, pero no lo dicen, lo que si es seguro es que van a continuar entregando el país en pedacitos al mejor postor. Quisiéramos escuchar cuál va a ser la respuesta con respecto al Medio Ambiente, o es que siguen pensando que la Minería de oro a Cielo Abierto es amigable con la Naturaleza?, será que siguen creyendo que los agro-combustibles son productores de oxígeno?.
En conclusión debemos reiterar que hasta el momento y en la mayoría de los partidos políticos, no existe ni el mas mínimo esfuerzo, ni el interés por resolver los graves problemas cotidianos mucho menos los estratégicos que tiene nuestro país, problemas que han sido creados y profundizados bajo este Modelo Neoliberal de Desarrollo que no ofrece ninguna alternativa, solo el crecimiento día a día de la pobreza y favoreciendo a la clase adinerada, a los sectores agro-exportadores y a las transnacionales.
Seguimos creyendo que estos partidos electoreros no resolverán los problemas en el agro?. Solo organizándonos, movilizándonos, presionando y creando en cada comunidad del campo un espacio de resistencia contra el sistema opresor y su gobierno, enemigo del campesinado.
1. El proyecto de ley 13.475 no extiende el fuero sindical a las personas que se afilien a un sindicato. Las personas trabajadoras que se encuentran protegidas por ese fuero, son las personas ya establecidas por el artículo 367 del Código de Trabajo (art. 367 bis del proyecto).
2. El proyecto continúa permitiendo el despido de las personas protegidas por fuero sindical, si éstas incurren en alguna de las causales de despido que establece el Código de Trabajo; pero establece que esa causa justa de despido, debe probarse de previo en un debido proceso (artículos 367 bis y 368 del proyecto).
3. La persona trabajadora que se afilie a un sindicato podrá ser despedida mediante el pago de las prestaciones laborales, tal y como hasta hoy en día se viene haciendo (artículos 85, inciso d); y 367 vigentes del Código de Trabajo). Es decir, en el caso de las personas trabajadoras afiliadas a un sindicato sin cargo directivo alguno, el patrono seguirá teniendo la libertad de despido.
4. Sin embargo, si el despido se produce POR su afiliación sindical, se trataría de un despido nulo (art. 363 del proyecto); de la misma forma en que actualmente un despido de un trabajador por otras causas de discriminación es absolutamene nulo (art. 624 vigente del Código de Trabajo).
Esto no hace más que reglamentar lo que la Sala Constitucional estableció por voto 5000-93 al decir que:
“Atendiendo a la letra y al espíritu de todas las disposiciones transcritas resulta evidente que la protección especial dada a los representantes de los trabajadores, a quienes se les concede: protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido, constituye lo que en la materia se conoce como un fuero especial en beneficio particular, de dichos representantes y como protección de los derechos de los trabajadores mismos, quienes verían menoscabados sus derechos humanos fundamentales si sus líderes no fueran inamovibles mientras ostenten el mandato válidamente concedido y pudieran ser despedidos unilateralmente por decisión patronal, sin que mediara causal legal objetiva que justificara el rompimiento del contrato laboral. +Desde esa perspectiva y en vista del interés social comprometido, el pago de las denominadas prestaciones sociales es insuficiente para amparar el despido el cual, cuando proceda debe fundamentarse en una causal comprobada que demuestre mediante el debido proceso, que el representante como tal, ha violado sus obligaciones particulares y generales.+” (Sala Constitucional, voto 5000-93).
“En virtud de este artículo, la utilización de cualquier medio tendiente a menoscabar la labor de la representación laboral, y en especial el despido, debe considerarse contraria a derecho, pues el retiro de un representante de los trabajadores implica indefensión de los representados y la obstaculización de toda negociación colectiva que éstos pudieran realizar, máxime en aquellos casos en que los patronos procedan al retiro porque consideren que un representante determinado es peligroso para sus intereses particulares. +La Sala reconoce el derecho de los patronos de reorganizar su empresa y de reducir gastos, tendientes a estabilizar su economía, pues no aceptarlo sería violentar el derecho constitucional a la libertad de comercio, pero en un Estado Social de derecho como el vigente en Costa Rica, no pueden vulnerarse impunemente las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos.+” (Sala Constitucional, voto 5000-93).
Aunque hasta el momento se ha venido considerando la situación de los representantes de los trabajadores, sindicalizados o no, cabe decir que con igual sustento normativo y con igual criterio debe resolverse el despido de los simples trabajadores cuando la causal, expresa o tácita, sea su pertenencia a una asociación o sindicato, porque ello también viola sus derechos fundamentales, vale decir que la vinculación a dichas organizaciones, como simples afiliados, pone en juego valores superiores de convivencia y armonía social y laboral frente a los cuales el resarcimiento económico, representado por el pago de las prestaciones sociales, carece de validez legal, ello porque la voluntad patronal queda constitucional y legalmente inhibida o limitada desde la perspectiva general de los derechos humanos de los trabajadores y desde la perspectiva específica del derecho laboral, que tutela el interés público general. (Sala Constitucional, voto 5000-93).
Por tanto, queda absolutamente claro que el fuero sindical es para las personas trabajadoras integrantes de una directiva sindical, no así para las personas afiliadas al sindicato las cuales pueden ser despedidas en cualquier momento, a juicio del empleador, previo pago de prestaciones legales. Lo que no puede hacer el empleador, de ahora en adelante, es despedir a la persona trabajadora dirigente sindical, sin la argumentación debida, sea, debido proceso.
San José, 9 de junio de 2009.
Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP
Lic. Mauricio Castro Méndez Coordinador Unidad de Asesoria Jurídica (UAJ)-ANEP
Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.
Parece que a la OIT se le colmó su paciencia por la tomadura de pelo que le ha estado haciendo el gobierno de los hermanos Arias Sánchez. Esto hizo que Costa Rica entrara en una deshonrosa lista de 25 países violadores de la Libertad Sindical y de los derechos laborales, algo así como el “ranking” de la vergüenza de la OIT.
Los reiterados incumplimientos de los hermanos Arias Sánchez en cuanto a sus responsabilidades como Gobierno de Costa Rica y dada la condición del país como estado miembro de la OIT, nos lleva hoy a compartir el banquillo de los acusados con naciones de terrible historial violador de los derechos de las personas trabajadoras, como Mauritania, Pakistán, Congo, Etiopía, Irán, Myanmar, Suazilandia y Turquía; así como con países latinoamericanos en los cuales se asesina a líderes sindicales y a trabajadores y trabajadoras, como Guatemala, Colombia y Perú.
La prensa manipuladora gusta de decir que “Costa Rica está acusada ante la OIT”, o que, “sindicatos acusan al país ante la OIT”, buscando así confundir a la opinión pública y poner a las legítimas agrupaciones de la clase trabajadora, los sindicatos, como “los malos de la película”. El gusanillo totalitario y antidemocrático de ciertos periodistas y medios, les lleva a tergiversar la noticia para echarle una “ayudadita” al gobierno de los hermanos Arias Sánchez, el cual con sus reiterados incumplimientos, es el que avergüenza al país ante el mundo.
La única forma de que el país se libre de esta penosa situación que daña su imagen internacional, es cumpliendo sus obligaciones con la OIT. Por ejemplo, debe aprobarse ya, sin más dilación, el proyecto de ley 13.475, que tiene que ver con la protección de trabajadores y trabajadoras en la empresa privada, a fin de evitar que se les despida cuando quieren organizar y/o afiliarse a un sindicato.
Este proyecto es completamente congruente con el convenio No. 98 de la OIT, el cual es ley de la República de Costa Rica, No. 2560, del año 1960. Su artículo 1 indica que “los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo”.
Y es precisamente porque en el país este convenio 98 es violado todos los días, la razón por cual Costa Rica está en el indicado “ranking” de la vergüenza de la OIT. Cuando la Asamblea Legislativa aprueba el proyecto 13.475, se enviará un mensaje a la comunidad mundial de naciones de que estamos poniéndonos al día con los compromisos laborales internacionales del país, y solamente así en la OIT empezarán a creer que ya no les engañará más.
Como país no tenemos salida. Con nuestra complicidad no cuenten para que intenten engañar más a la OIT. El proyecto 13.475 tiene que aprobarse sin el más mínimo cambio. Y esas cúpulas políticas, empresariales y mediáticas de corte antidemocrático, de costumbres totalitarias y de vocación dictatorial, deberían revisar sus tácticas y sus estrategias, en sus relaciones con el mundo laboral organizado, ahora que el Banco Mundial, a partir del 2010, ¡increíblemente!, instaurará el “_Indicador de Protección al Trabajador (WPI, por sus siglas en inglés), que tomará en cuenta cómo los países utilizan las leyes, regulaciones y otros instrumentos para asegurar a los trabajadores y trabajadoras una adecuada protección_. De ello hablaremos la semana próxima.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
