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“Otro Limón es posible y necesario”

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MANIFESTAMOS QUE:

1. Vivimos en un contexto en donde el rezago social y económico, la falta de oportunidades, la pobreza, el deterioro de los ecosistemas y de los servicios públicos, la vulnerabilidad y la inseguridad se han profundizado año tras año.

2. Durante décadas las personas y los recursos naturales de la Provincia de Limón han sido objeto de explotación por parte de empresas extranjeras en asocio con intereses nacionales, sin aportar al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la provincia.

3. Los gobiernos, el Estado costarricense y los medios masivos de comunicación han ignorado y promovido diferentes formas de discriminación e intolerancia practicadas contra los y las habitantes de la Provincia de Limón, violando los derechos humanos.

4. La exclusión, la pobreza y el incremento de la desigualdad, del racismo y la discriminación, así como el estancamiento económico productivo, el desempleo y la pérdida de derechos laborales se han agravado con la imposición del modelo neoliberal que ha tenido lugar en los últimos 25 años.

5. Los gobiernos y el Estado costarricense vienen ejecutando políticas que favorecen inversiones privadas cuyo único objetivo es la explotación de los recursos naturales, la fuerza de trabajo y los conocimientos de los pueblos indígenas, afrocostarricenses, y otros grupos, sin consulta previa ni su consentimiento, especialmente en lo que concierne a la integridad de sus territorios, sus derechos, su patrimonio y sus valores culturales.

6. Las mujeres al igual que otros grupos, siguen enfrentando la discriminación por su condición de género, etnia, edad, su situación económica, limitaciones físicas; que se manifiesta en diversas formas de abuso y explotación: sexual, exclusión, trata, tráfico y violencia doméstica e institucional. Siendo las mujeres afrodescendientes, indígenas, niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad los que sufren doblemente y más estas condiciones.

7. La alarmante e inaceptable violencia estructural que afecta a la sociedad costarricense y en especial a la limonense, exige acciones inmediatas, urgentes y comprometidas tanto del gobierno como de sus instituciones.

8. El Caribe Costarricense adolece de fuentes de empleo y alternativas productivas que permitan la generación de oportunidades económicas y sociales.

9. No tenemos espacios para la profesionalización de talentos artísticos, deportivos, para el rescate de valores humanos, educativos y culturales.

De cara a esa realidad, el Foro Social del Caribe se ha propuesto abrir un proceso de diálogo propositivo por otro Limón posible y necesario. Los ciudadanos y ciudadanas, junto a las organizaciones sociales y diferentes sectores; buscando fortalecer las capacidades de la provincia y la aplicación de mejores mecanismos e instrumentos para afrontar la inexistencia de políticas concretas que reconozcan el derecho a la tierra, el manejo sostenible de los recursos, la educación, la salud, el acceso al empleo y el derecho laboral:

Demandamos y exigimos al gobierno, instituciones públicas, privadas y entidades internacionales:

1- Un debate amplio y efectivo que conduzca a acciones concretas que fortalezcan la inversión social, económica; la democracia participativa, paritaria, intercultural e intergeneracional de las comunidades y organizaciones de base de la provincia de Limón.

2- Reiteramos nuestro compromiso y nuestra participación activa en todo un proceso de búsqueda para las mejores alternativas y prácticas hacia un Limón posible y necesario

3- En esa medida, apoyamos la justa lucha de los trabajadores de JAPDEVA y del pueblo limonense por la defensa del derecho al trabajo y de la institucionalidad portuaria creada para la promoción del desarrollo socioeconómico de la región.

4- Nos pronunciamos en contra de la concesión de los puertos del Caribe Costarricense a empresas transnacionales, o cualquier otro mecanismo de desmantelamiento de las instituciones públicas del país. Exigimos a las autoridades de gobierno que autoricen de inmediato las inversiones que se requieren para la modernización portuaria y el fortalecimiento de JAPDEVA y que desaten las amarras legales y burocráticas que tiene JAPDEVA.

5- Los pueblos Limonenses merecen opciones que impidan la violencia que se expresa en la criminalización de jóvenes, mediante el perfilamiento racial, inexistencia de políticas públicas, negación política, explotación social de jóvenes y niñas, trata y tráfico de mujeres jóvenes, violencia contra las mujeres y sobre-representación de jóvenes en el sistema penitenciario.

6- Exigimos una pronta y efectiva solución a los problemas de salud de Limón, que pasa por una dotación de personal médico y equipamiento adecuado a las necesidades de la población de la provincia. Así como la construcción del hospital de Siquirres y la ampliación del hospital de Pococí.

7- Nos oponemos a que continúe la expansión de los monocultivos, especialmente de piña que han afectado la salud de las personas y la calidad del ambiente de las comunidades.

8- Nos pronunciamos a favor de un modelo sustentable de turismo que favorezca a las comunidades locales y no deteriore el ambiente.

9- Exigimos políticas concretas de promoción del deporte, la cultura y la educación, en su expresión multicultural más amplia y que caracteriza a la región, con plazos y financiamientos concretos obtenidos del 1% del impuesto al banano y un 2% de impuesto a la producción de piña y otros productos de exportación que se producen en la zona.

10- Exigimos una respuesta integral al problema recurrente de las inundaciones en el cantón de Matina Talamanca provocadas por la desatención a los ríos Barbilla, Chirripó y Sixaola.

11- Exigimos el reconocimiento constitucional de la integración de la nacionalidad costarricense como multiétnica y pluricultural (reforma Art.1 de la Constitución Política), así como la implementación del Programa de Acción de Durban.

12- Exigimos que se escuche la voz y el sentir de los pueblos originarios en cuanto a que se respete nuestro derecho a la autodeterminación, entendida esta como el poder de los pueblos originarios a vivir de acuerdo a su cultura.

13- Exigimos que a todos los agricultores, sean éstos parceleros del IDA o no, y a los ciudadanos que en su actividad productiva, fueron afectados por las inundaciones en el cantón de Talamanca, se les entregue el subsidio por desocupación involuntaria del Ministerio de Trabajo, prometido por el gobierno.

14- Nos manifestamos en contra de que el nuevo puente de Sixaola sea construido en otro sitio distinto al actual.

15- Exigimos que los fondos del Proyecto Binacional de la Cuenca del Río Sixaola sean invertidos tal y como fueron aprobados originalmente.

Limón, mayo 30 de 2009.


Publicado el 31 de mayo de 2009

SINTRAJAP: «No hay nada que discutir con el gobierno»

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“No entendemos por qué La Nación y el ministro Rodrigo Arias volvieron hoy (ayer miércoles) con el tema de la indemnización que ya les rechazamos de plano en la reunión del pasado 20 de mayo en casa presidencial”, declaró a Informa-tico.com el secretario de Prensa de Sintrajap, Liroy Pérez.

Pérez dijo que el pasado martes una asamblea de delegados de Sintrajap, que integran 70 representantes de los trabajadores, ratificaron el rechazo a la propuesta del gobierno, que “en todo caso ya había sido rechazada desde el pasado 31 de octubre”, dijo Pérez.

“La Asamblea de delegados rechazó una eventual convocatoria a asamblea general para discutir la supuesta nueva propuesta del gobierno, que no llena las expectativas sino de un grupo minoritario que podría estar interesado, pero no la mayoría”, aseguró Pérez.

El gobierno de Arias pretende pagar la liquidación a los trabajadores para entregar los puertos a una transnacional, que se encargaría de modernizar los puertos y construir nuevas obras.

El Sindicato, así como el Partido Acción Ciudadana, con el apoyo de la Cámara de Exportadores (CADEXCO), ha propuesto invertir 80 millones de dólares para modernizar los puertos actuales y entrar en competencia con trasnacionales que construyan nuevas obras. Sin embargo, eso no ha sido aceptado por el gobierno.

Rodrigo Arias insiste

El ministro Rodrigo Arias dijo la mañana del miércoles que “lo más importante en estos momentos, en medio del proceso de modernización de los puertos del Caribe, es que las y los trabajadores de Japdeva puedan conocer en detalle la nueva oferta del Gobierno y, luego, puedan votarla en paz, sin temores”.

“El paso que sigue es que se permita al Presidente Ejecutivo de Japdeva (Francisco Jiménez) realizar una presentación ante todos los trabajadores de esa entidad. Queremos que ellos puedan escuchar una explicación detallada de los beneficios que tiene esta propuesta, se les puedan aclarar todas sus dudas y sepan cómo va a incidir esto en su futuro y en el bienestar de sus familias”, afirmó el Ministro tras el Consejo de Gobierno.

Rodrigo Arias aseguró que tras conocerse el resultado de esa reunión, “decenas de grupos de trabajadores de Japdeva han llamado o escrito diciendo que ellos quieren conocer la propuesta y poder expresar libremente su opinión al respecto”.

“Eso es lo más importante y nuestra prioridad en estos momentos: que los trabajadores de Japdeva, los que piensan cada día en el futuro de sus hijos, seres queridos y su ciudad, conozcan todo lo que se les está ofreciendo, lo analicen, lo compartan con sus compañeros, los conversen con sus familias y tomen una decisión libre y bien sustentada, sin temores, sin presiones y sin manipulaciones. El Gobierno, insisto, respetará esa decisión que tomen libremente los trabajadores”, aseveró Arias.

Fuente: Informa-tico
Irene González y Arturo Gudiño

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Documental JAPDEVA: El corazón de Limón 1

Documental JAPDEVA: El corazón de Limón 2

Libertad Sindical: El atropello constante a la democracia

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Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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Ese mismo día, vigilantes privados que prestan servicio en instituciones públicas, pertenecientes a la empresa “Consorcio de Información y Seguridad”, fueron despedidos por organizar un sindicato bajo la tutela de la ANEP, pese a que lo hicieron al amparo de las normas del Estado de Derecho que rige la vida institucional del país.

Esto es cosa de todos los días. La palabra “sindicato” en el sector privado de la economía es sinónimo de despido en muchas empresas. Cada vez que a un trabajador se le despide porque quiso organizarse para la defensa de sus derechos, se está violentando una serie de derechos democráticos consagrados tanto en el orden legal interno (el del país), como el que está en el plano internacional de obligada observancia para Costa Rica.

A esos choferes de autobús y a esos vigilantes privados les violentaron (entre muchos otros), este sagrado derecho consagrado, nada más y nada menos que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses” (inciso 4, artículo 23).

Ocupamos un radical cambio en estas reprobables conductas antidemocráticas, que se han vuelto prática común en el sector privado de la economía. Es impresionante la doble moral que en materia de Libertades Sindicales se manifiesta en Costa Rica.

Según nuestra Constitución Política, en su artículo 60, “Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales”. Es muy probable que el dueño de la empresa de buses de los choferes despedidos, esté afiliado a una cámara; como es muy probable también, que el empresario dueño de esa empresa de seguridad privada en la cual laboraban los vigilantes despedidos, también tenga una cámara que le defiende sus intereses de negocios. Ellos sí pueden protegerse para defender sus intereses de clase; pero sus trabajadores ¡no!. A éstos les toca el despido puro y simple.

Estos atentados a la legalidad, a la institucionalidad jurídica que protege el derecho de los obreros a organizarse en sindicatos, para la defensa de sus legítimos intereses económicos y sociales, deben terminar de una vez por todas. Tenemos perfecta claridad de que más que un problema jurídico, el antisindicalismo en Costa Rica es un antivalor perversamente inyectado en nuestro entorno sociocultural y psicosocial, todo lo cual tiene múltiples explicaciones.

Sin embargo, quienes somos creyentes en la verdadera democracia, necesitamos combatir todos los días esas conductas totalitarias, esos comportamientos de tiranuelos, que violentan la Libertad Sindical de los trabajadores intentanto organizarse; violentando así la propia Constitución Politica de Costa Rica, todo nuestro sistema legal en la materia y un derecho humano fundamental, universalmente reconocido.

Las conductas antisindicales, que son conductas antidemocráticas, deben ser enfrentadas en diversos ámbitos. En el parlamentario, el proyecto de ley No. 13.475 va en esa dirección. Los señores diputados y las señoras diputadas de verdadera convicción democrática, deben darle su respaldo. Es más, poco después de haber asumido la Presidencia, el actual mandatario Oscar Arias asumió un compromiso en tal sentido, con ocasión de su visita a la propia sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, Suiza. Volveremos la semana próxima sobre este tema.

Cuerpos policiales se unen en lucha salarial

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Las personas que día a día arriesgan su vida protegiendo a nuestra sociedad no tienen un salario digno. Esa es una realidad irrefutable con la cual tienen que lidiar día con día los y las policías de Costa Rica. Merecen justicia salarial y saben que sólo uniéndose lo van a lograr.
Por eso, las representaciones sindicales de la policía de tránsito, de la fuerza pública, de la policía penitenciaria y de la policía de migración decidieron unir fuerzas para atacar esta problemática juntos desde el mismo frente. Los problemas específicos no son los mismos, pero si el fin último, que es lograr un salario justo para todos y todas las policías de nuestro país.

La Seccional de ANEP en la policía penitenciaria tiene ya muchos meses de estar trabajando para que se acepte su propuesta de revaloración salarial así como de la modificación que se pretende hacer al Manual de Clases. Con estos cambios los salarios tendrían un incremento de entre 27 mil colones para los vigilantes penitenciarios, y hasta los 65 mil colones para el puesto de jefe de seguridad penitenciaria. Además de la creación de dos nuevos puestos, el de oficial de unidad policial y el de jefe de unidad policial.

La policía de migración es el cuerpo policial peor pagado en todas las áreas de seguridad de nuestro país. La diferencia porcentual de base salarial entre este ente de seguridad y el O.I.J. es de 141%, con la fuerza pública la diferencia es del 21% y con las policías municipales de un 39%. Ya se realizó toda una propuesta salarial, que incluye la creación de tres nuevas clases de puestos, y mejoras salariales que van del 60 al 107%.

La situación de la policía de tránsito es crítica. Desde 1993, con la promulgación de la última ley de tránsito, no se hace una revisión de los salarios de esta fuerza del orden. Y la nueva reforma plantea multas excesivamente altas, la gran mayoría más altas de los salarios de los policías de tránsito. Junto a esto no se cuenta con una estructura avalada por el Mideplan y no existe un manual de puestos. Y las autoridades del Ministerio de Transportes no muestran ningún interés en abrir mesas de diálogo.

La propuesta de la ANEP para una revaloración salarial extraordinaria para el personal de Fuerza Pública es bien conocida. Es una lucha que se viene realizando desde el año pasado. El reajuste extraordinario para puestos de mandos medios y altos ya entró a regir. Es algo que la ANEP siempre ha respaldado, pero no podemos concebir que se nos diga que no hay dinero, cuando vemos que si hay plata para unos pero no para todos. El salario de contratación de la Fuerza Pública para un policía de base es de 170 mil colones, aproximadamente, mientras que las empresas privadas de seguridad pagan entre 250 y 300 mil colones a sus agentes de seguridad.

Son estos los frentes de batalla de los diferentes cuerpos policiales del país. Frentes que sólo podrán ser tomados si la lucha se realiza en conjunto, con el apoyo de las diversas representaciones de los más variados sectores que conforman las fuerzas de seguridad y orden.
Ya los diferentes Ministerios tienen las misivas enviadas por nuestras seccionales y por los sindicatos amigos que se encuentran en estas instituciones donde estamos levantando esta lucha popular. Pronto les enviaremos noticias a como vayan surgiendo.

Viviana Gallardo Camacho

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“fue asesinada por la espalda de 14 balazos, en un calabozo de la primera comisaría, por un cabo de la Guardia Civil “

El cabo Bolaños, responsable del hecho, después afirmaría en carta enviada a su defensa “haber recibido orden de matar “.

Costa Rica, en esos años postrimeros de la administración Carazo Odio, fue escenario de una inmensa campaña de represión, en la que ciudadanos costarricenses fueron arrestados, sus casas allanadas, incluso algunos detenidos fueron torturados.

Era un país crispado. Protestas y reivindicaciones promovían los sindicatos. La situación social y económica era en extremo difícil: inflación galopante, caída de los salarios, costo de vida…

Al norte de nuestra frontera la Revolución Sandinista, consolidaba su proceso. Tensión entre los países del área. Centroamérica empezó a arder.

La Ministra de Trabajo, liquidaba férreamente a los sindicatos bananeros. El fantasma del macartismo asomó sus tenebrosas manos.

La violencia inusitada con la que liquidaron a Viviana, fue una muestra de odio, prejuicio y rencor.

En el contexto, el “status quo“, no aceptó la germinación de organizaciones disidentes, de grupos soñadores abrazados a sus utopías. Grupos_ “desestabilizadores de la democracia“_, como lo proclamó la derecha. Para el Estado su único camino, la aniquilación.

Viviana Gallardo, había sido detenida el 12 de junio de 1981, después de un confuso enfrentamiento, nunca esclarecido. Percance en el que murieron tres patrulleros y dos transeúntes. Gallardo sufrió todo tipo de vejámenes y atropellos. Luego de su deceso, se reveló que la noche de su captura, fue sometida a la prueba de la parafina, la que salió negativa, demostrándose así, que no había disparado arma alguna.

Alejandra Bonilla y Magaly Salazar compañeras de la víctima, también sufrieron el ametrallamiento y resultaron gravemente heridas.

Por su parte, los ejecutores de este crimen, un mayor fue ascendido a coronel, un teniente a capitán, el sargento que recogió los casquillos, fue ascendido a teniente.

Alejandra y Magaly, fueron sentenciadas, en un juicio cargado, ilegal e irregular, como pocos conoce la historia judicial de este país. Proceso que violentó el Código penal y la Constitución política.

En este caso, la justicia una vez más fue ciega (fiel a su representación) y políticamente inducida.

Los responsables de la masacre, tanto los altos mandos como los inferiores, quedaron impunes; figura la cual, una vez más se vistió de sarcasmo y de ironía.

Fuente Periódico Libertad, l984, Pág. 5

Indígenas fuera del juego

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SAN JOSÉ, 25 may (IPS) – Desde Térraba, el sureño cantón de Buenos Aires que concentra cinco de las ocho etnias que habitan en Costa Rica, se denuncia que en ningún momento el ICE les ha consultado sobre el proyecto, como obliga el artículo 6 de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.

Precisamente, el foro permanente para las cuestiones indígenas, que celebró una de sus sesiones a mediados de este mes en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), recordó a los gobiernos la necesidad de colaborar con esas comunidades, como propietarios de los recursos naturales.

No se trata del primer proyecto de estas características que el consorcio monopólico estatal de energía eléctrica trata de sacar adelante en la zona sur del país.

El primero, el complejo de Boruca, una iniciativa lanzada en los años 70, fue paralizado por la amplia oposición popular entre los afectados y dudas sobre su ubicación por la gran actividad sísmica de la zona.

Se requería un embalse que habría anegado 25.000 hectáreas, con una producción prevista de 1.500 megavatios. En los años 90 ocurrió algo similar con Veragua. Ambos proyectos eran en el río Grande de Térraba

La capacidad productiva de Diquís, en el río El General, será de 622 megavatios, que atendería las necesidades energéticas de un millón de personas. El presupuesto previsto asciende a 1.850 millones de dólares, la mayor inversión en obra pública que nunca se haya hecho en Costa Rica. Si todo sigue según los planes del ICE, la planta debería entrar en funcionamiento en 2016.

La obra inundará un total de 6.000 hectáreas y, por ello, se deberán reubicar a 1.100 personas. En el plan aparecen 800 hectáreas afectadas que son de territorio indígena, razón por lo cual los originarios del lugar solicitan la consulta para poder decidir sobre el proyecto.

Esta monumental obra fue declarada de interés público en febrero de 2008 por el gobierno de Óscar Arias. El mismo es parte de la estrategia del ICE de ampliar la capacidad energética del país, cifrada en 2.100 megavatios en la actualidad. La idea es duplicarla en el plazo de 10 años.

La Sala IV (Tribunal Constitucional) ha rechazado este mes el recurso de amparo presentado en febrero por líderes comunitarios, en el que alegaban la necesidad de la consulta. La redacción final de la sentencia aún no ha sido entregada.

Genaro Gutiérrez, líder de la Asociación de Desarrollo Indígena Térraba lamentó ante IPS la postura de la Sala IV y afirmó que, si en 15 días no hay un cambio, “no dejaremos entrar a trabajar a la gente del ICE”.

A su juicio, el ICE está desarrollando los trabajos de manera ilegal. La Asociación de Desarrollo Integral (ADI), de la Reserva Indígena de Térraba de Buenos Aires, es por ley “un gobierno aparte, y la consulta es necesaria”.

La asociación presidida por Gutiérrez ha presentado una propuesta al ICE en el que solicitan 10 por ciento “negociable” en la participación de los beneficios que genere la represa, para el desarrollo del cantón. “No vamos a dejar que ellos hagan sus negocios y a los indígenas nos dejen discriminados“, enfatizó Gutiérrez.

La postura de los Térrabas está dividida. Gutiérrez afirmó que no se oponen a la construcción de la represa, “lo que queremos es ver beneficios estables para el desarrollo del cantón y de la comunidad indígena”. “Es un proyecto del gobierno, no nuestro, y si no nos dan nada no dejaremos que se haga en nuestro territorio”, puntualizó.

Otra postura es la de Ditsö, una organización no gubernamental de apoyo a los indígenas que ayudó a plantear otro recurso de amparo, que todavía sigue su curso, en este caso por el impacto ambiental de los trabajos del ICE en la comunidad de Térraba.

Su encargado de comunicación, Marvin Amador, informó a IPS que entre los indígenas de Térraba hay dos grandes grupos de opinión al respecto: por un lado los que “se han informado críticamente” y que están en contra de la construcción de la represa, y por otro lado los favorables a la misma, que “o no están informados o esperan algunos favores”.

Y es que no hay unanimidad respecto al tema. Amador sostiene que Gutiérrez no puede tomar la decisión de negociar con el ICE “si no lo consulta a la comunidad, eso le toca al Estado y Genaro es un representante deslegitimado, que sigue ahí por una serie de vicios” y afirmó que tanto el líder como la ADI cayeron en descrédito entre la comunidad.

El portavoz de Ditsö se mostró muy crítico con la Sala IV, y el hecho de que rechazara el primer recurso de amparo “es muy simple”. “Sistemáticamente, desde que el gobierno empezó a influir, toman decisiones abiertamente contradictorias” con la legislación, en favor de “algunos intereses”, opinó.

La postura de esta organización es contraria a la construcción de la represa, pero aseguró que el objetivo es que se realice la consulta y decida la comunidad indígena.

La negativa viene dada porque los indígenas serán de nuevo los grandes olvidados. “Se dice que 80 por ciento de la energía producida se venderá al exterior“, algo que niegan desde el ICE. Incluso, si no fuera así, y se destinara al consumo interno, “se pide a los indígenas que nos den sus recursos, su patrimonio, a cambio de un supuesto desarrollo que no se da entre los más pobres”.

Desde Ditsö aseveran que el Diquís comportará un gran impacto en el modo de vida de los Térrabas, tanto social como culturalmente. La inundación afectará, según Amador, a 50 yacimientos arqueológicos, entre ellos, “entierros de larga data, con una implicación espiritual muy fuerte”.

IPS se puso en contacto con el ICE para conocer su opinión sobre el tema, pero no obtuvo ninguna respuesta.

El alcalde de Buenos Aires, Feliciano Álvarez, señaló a IPS que apoya la construcción de Diquís.

Álvarez aseguró que el impacto en el cantón será “fuerte” y que desde la municipalidad se está luchando_ “para que la mano de obra sea de la zona”._ Además confía en que esto traiga también un fuerte aumento del comercio local y la mejora de infraestructuras.

Amador cuestionó esta postura, y cree que_ “estar de acuerdo con estos proyectos depende de la visión que uno tenga de lo que es el desarrollo”._

Conferencia de prensa: Cuerpos policiales se unen por demandas salariales

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Representaciones gremiales de la Fuerza Pública, la Policía Penitenciaria, la Policía de Migración, la Policía de Tránsito y la Policía Fiscal, expondrán las diferentes situaciones que en materia salarial se están presentando en cada uno de esos cuerpos policiales; así como la demanda que se hará ante las máximas autoridades gubernamentales para atender este grave problema que, de una manera u otra, incide en las políticas públicas sobre Seguridad Ciudadana.

San José, sábado 23 de mayo de 2009.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Proyecto de Ley de territorios costeros a corriente legislativa

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Nicoya, 22 de mayo del 2009

Señores y señoras

Diputados y Diputadas
Movimiento social costarricense
Pueblo costarricense

Estimados señores y señoras

Las representaciones populares de 47 comunidades costeras, fronterizas e islas de Guanacaste, Puntarenas y Limón, anunciamos que el día de ayer se logró la firma por parte de 12 diputados y diputadas de diferentes fracciones de la Asamblea Legislativa y con ello entra a la corriente legislativa el proyecto de Ley TERRITORIOS COSTEROS COMUNITARIOS.

Recordemos que esta propuesta fue pensada, diseñada y redactada por este movimiento de comunidades costeras muy certeramente acompañadas por la organización FEDEGUA. Agradecemos también el valioso aporte a este proceso de una serie de entidades y organizaciones, tales como el Frente Universitario de la UCR, la Pastoral del Mar y Social de la Iglesia Católica, la Central General de Trabajadores (CGT), la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), y ASDEICE, entre algunas organizaciones apoyantes.

Sin embargo, queremos denunciar que algunos alcaldes municipales, como es el caso del Alcalde Cole de la Municipalidad de Osa, sigue persiguiendo a las familias pobladoras, y arrecia su campaña de destrucción de la cultura local por medio de desalojos, para instalar los megaproyectos turísticos a los que sirve desde su función pública, tal y como ha sido denunciado en reiteradas ocasiones.

Reiteramos que con el tiempo se han venido implementando una serie de leyes y políticas públicas, que atentan contra nuestro derecho histórico. En la mayoría de los casos las instituciones se han aprovechado de nuestra pobreza y falta de conocimiento y recursos para defendernos, poniéndonos en una situación de ilegalidad, pero además obligándonos a vivir en condiciones de extrema pobreza, ya que a muchas de nuestras familias nos han negado el derecho a tener vivienda digna, electricidad y agua potable.

En los próximos días, el FRENTE NACIONAL DE COMUNIDADES COSTERAS, estará implementado un paro nacional de la ciudad de Puntarenas, como acción de presión para que se respeten los derechos comunitarios costeros de los que las familias tienen derecho.

WILMAR MATARRITA
COORDINADOR GENERAL
FRENTE NACIONAL DE COMUNIDADES AMENAZADAS POR POLITICAS PUBLICAS DE EXTINCION

En multitudinaria Asamblea se elige nueva Seccional de ANEP

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Desde medio día se inició la acreditación de las primeras personas que participarían de una Asamblea histórica en la Municipalidad de San José, ya que, por primera vez en muchos años, se presentaron dos papeletas para asumir la Seccional.

Cerca de la una de tarde cientos de trabajadores y trabajadoras inundaban las zonas de acreditación y almuerzo.

Al ser la 1:30 de la tarde ya no cabían más personas en el recinto y se inició la Asamblea con la entonación del Himno Nacional y se procedió a rendir informes de la Seccional que hasta ese día culminaba sus funciones y que pretendía ser reelectos, ya que conformaban la papeleta 1 en disputa.

Activa participación

Una característica importante de resaltar sobre esta Asamblea y que provocaba que hubiera dos papeletas es que los dos grupos presentaban planes de trabajo similares pero métodos y formas de hacer las cosas con algunas diferencias.

Esto provocó que al rendir los respectivos informes se diera una amplia participación de afiliados y afiliadas que no estaban del todo de acuerdo con lo presentado. De esta forma las intervenciones fueron francas pero respetuosas, se dijeron las cosas y finalmente se procedió a presentar a las dos papeletas.

Calidad en los dos bandos

Quedó claro que las dos papeletas presentaban candidatos de reconocida trayectoria en la Seccional y en el Sindicato, algunos ya habían ocupado, incluso, cargos en la dirección Nacional de ANEP en años anteriores.

Una a una, todas las personas que integraban las papeletas fueron presentadas y se abrieron las 10 mesas de votación, este proceso duró cerca de dos horas, para luego proceder al conteo de los votos.

Minutos de gran tensión

Aunque gran cantidad de asambleístas se trasladó al lugar del convivio, a varios metros del salón de la Asamblea, una importante cantidad de personas permanecieron impacientes a que el Tribunal Electoral culminara el conteo manual de votos y diera el fallo final.

Los dos candidatos caminaban impacientes, conversaban, se abrazaban y compartían con sus familiares a espera de los resultados.

Finalmente, cerca de las 6:00 p.m., el Tribunal emitió los datos finales del proceso y dio como ganadores a la Papeleta Nº 2 encabezada por Antonio Arturo Ortiz Fiorabanti, trabajador por más de 20 años en la Municipalidad e igual cantidad de tiempo de ser afiliado a la ANEP.

Ejemplo de participación democrática

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP, reconoció el ejemplo democrático ejercido esa tarde y el fortalecimiento de la Seccional y ANEP en la más grande Municipalidad del país.

También fue claro de que “aquí no hay ganadores ni perdedores, es una misma familia que hoy ha salido más fortalecida que nunca. Estoy seguro de que la papeleta ganadora sabrá tomar en cuenta tanto la experiencia como las recomendaciones de la papeleta 1. Los insto a trabajar unidos y fortalecer aún más la Seccional en la Municipalidad en tiempos de grandes amenazas y que requieren la unión de la clase trabajadora.”