Defendamos Ostional

Desde hace ya varios meses, hemos venido denunciando la situación que viven las familias pobladoras de las costas e islas de Costa Rica. En el caso de Ostional, que es una comunidad ubicada en la costa guanacasteca, más en concreto en el cantón de Santa Cruz. Esta bendita tierra cuenta con una hermosa playa, con preciadas montañas, con una buena gente y sobre todo desde hace más de 50 años con un espectáculo maravilloso el DESOVE DE LA TORTUGA LORA. Durante la llegada de estas tortugas, o la arribada que llaman los científicos o la flota como la llaman los lugareños, ponen sus huevos miles de tortugas, la playa parece un hormiguero.

La llegada de las tortugas siempre ha estado amenazada por el ataque de animales depredadores y por la acción de la gente roba huevos. Por este fenómeno, desde hace más 20 años, la comunidad se organizó y empezaron a implementar el proyecto “Aprovechamiento racional , conservación y manejo de los huevos de tortuga marina lora” a través de la Asociación de Desarrollo Integral de Ostional (ADIO). Con el aval de la comunidad científica nacional e internacional, por ello la Universidad de Costa Rica ha venido desde entonces dando apoyo científico – técnico.

Ostional tiene ya más 100 años de existir como pueblo, las tierras de esta gente han pasado, mano a mano en las familias. Sin embargo, hace unos años, al gobierno de San José se le ocurrió declarar la creación del Refugio de Vida Silvestre Ostional, para proteger las tortugas marinas. Cosa que no está mala, lo malo fue y ha sido que esta medida se realizó sin consulta a la comunidad. Con esto se le arrebataron derechos de propiedad a la mayoría de las familias criollas, siendo ahora un problema de tierras y no de conservación.

Pero Ostional, geográficamente está ubicado en la corona de oro de la costa pacífica, y es una joya codiciada por los políticos tradicionales y el gran capital transnacional. Por ello, desde hace varios años hay una campaña sistemática de amenazas y atropellos a este noble pueblo. Primero, con el mentao refugio, los despojaron de sus tierras, ahora quieren destruir su organización comunal. En toda esta campaña se encuentran autoridades del MINAE. ¿Qué pretenden las grandes hoteleras en Ostional? ¿Por qué Meliá Conchal financió la construcción del centro o edificio del MINAE en Ostional? ¿De cuándo acá tienen tan buen corazón?. Esto da para pensar hacia donde va todo esto por lo que ya ha sucedido en otras playas.

Además recientemente, con recursos del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, BID, este gobierno empezó un proyecto denominado BIDCATASTRO, y en el marco de este proyecto, un apartado llamado catastrado de zonas ABRE. Esto de ABRE suena como abrir la puerta para desalojar a las familias autóctonas de estas zonas y también abrir la puerta para luego ubicar en sus tierras los megaproyectos turísticos y pesqueros.

Ostional, junto a cerca de 35 comunidades costeras e islas de Costa Rica hemos venido construyendo un proyecto de ley como respuesta a esta situación, este proyecto lo hemos denominado LEY DE TERRITORIOS COSTEROS COMUNITARIOS. Esta iniciativa será presentada a los diputados y diputadas para el día miércoles 13 de mayo a las 11 de la mañana en el Salón de Beneméritos de la Asamblea Legislativa.

Pues bien, queremos denunciar que para estos días, más en concreto el día domingo 10 de mayo, se le ha comunicado a la comunidad de Ostional, así como a Playa Pelada de Nosara y Playa Guiones de Nosara, que la famosa misión de BIDCATASTRO llega a nuestra comunidad a presentar el levantamiento catastral de nuestro territorio. Denunciamos que hace un año que vinieron nos solicitaron apoyo a la Asociación de Desarrollo de Ostional en función de calmar a la comunidad y poder implementar su proyecto. En ese momento nos pidieron incluso hacer el evento en nuestro salón comunal. Pues ahora vienen a presentarnos sus resultados, nos convocan por panfletos, y además en un sitio que nos es el salón comunal de nuestra comunidad.

¿Qué se esconde detrás de todo esto, que pretenden las autoridades del MINAET y el proyecto BID Catastro?

Ante esta nueva agresión a nuestros derechos, la comunidad de Ostional ha decidido NO recibir a dicha misión y convocamos a todo el pueblo para organizar UNA PROTESTA GENERAL por las calles de nuestra comunidad, para el día domingo 10 de mayo y lunes 11 de mayo. Este día las calles de Ostional serán solamente para el pueblo ostionaleño. Vamos a ver hasta donde aguanta el mecate la chancha.

No queremos un conflicto social en nuestras costas e islas, no nos provoquen, tenemos derechos sagrados, vamos a hacerlos valer.

FRENTE DE COMUNIDADES AMENAZADAS POR POLITICAS DE EXTINCION

ASOCIACION DE DESARROLLO DE OSTIONAL, SANTA CRUZ, GUANACASTE

¡EN GUANACASTE NO COMEMOS ATOLILLO, DEFENDAMOS OSTIONAL!

CNREE: Acciones sindicales por homologación de puestos

ANEP-CNREE- 12-09

30 de abril, 2009

Compañeros y compañeras
Funcionarios y funcionarias del CNREE

La seccional ANEP-CNREE les informa las gestiones que se han venido realizando en relación al ya muy conocido “Proceso de Homologación”.

Diciembre 2008
La seccional junto con un grupo ampliado de profesionales y con el apoyo del señor Mauricio Castro abogado de la ANEP, después de analizar la situación en la que se encontraba el proceso, se valoró la posibilidad de interponer un recurso de amparo y solicitar la apertura de un Proceso Contencioso Administrativo, ante los errores administrativos evidentes. Sin embargo, en el momento de la reunión se nos informó que se estaba realizando una “negociación política”, por lo que el interponer esas denunciar podría entorpecer dicha negociación, ante esta situación se decidió dar tiempo para conocer si la negociación política tendría un término favorable para los y las funcionarias.

Con el apoyo del grupo ampliado se envía a las diputadas y los diputados oficio ANEP-CNREE 19-2008 en el cual se les solicita interceder para que existiera voluntad política del señor Ministro de Hacienda para la ampliación del plazo para que el CNREE presentara lo correspondiente para cumplir con la Directriz 2Nº 2111-2007, manteniéndosenos el derecho a la retroactividad a enero del 2008.

Febrero 2009

Con el apoyo de la ANEP se logra conseguir un espacio de diálogo con el Ministro de Hacienda, miembros de la seccional en compañía del señor Albino Vargas sostuvieron reunión con el señor Guillermo Zúñiga. En este espacio, además de aclararle al señor ministro quiénes somos como CNREE, se le expone la situación actual de los funcionarios y funcionarias ante el “proceso de homologación”, donde es claro que se ha incurrido en errores administrativos que están impidiendo el disfrute de nuestro derecho a un salario justo. Se le solicita al Señor Zúñiga que interceda ante la Autoridad Presupuestaria para que exista disposición a hacernos valer ese derecho. El señor ministro señaló “hay que buscar trillos” añadiendo que él consultaría para conocer la versión que manejaba en ese momento la señora Mayra Calvo de la AP.

Marzo 2009

Mediante oficio ANEP-CNREE-10-09, se le solicita a la Directora Ejecutiva información sobre los avances del proceso de homologación, queriendo conocer si existía por parte de la AP una respuesta y de no ser así se nos indicara el tiempo con que contaba dicha instancia del Ministerio de Hacienda para dar una resolución.

Se realiza coordinación con el despacho de la señora diputada Lesvia Villalobos, quien a raíz de la nota enviada en diciembre del año anterior, donde le solicitábamos apoyo, ella atentamente consultó si la situación ya había sido resuelta. Se le informó que a la fecha la citación seguía confusa y poco esperanzadora para los funcionarios y funcionarias al no tener una respuesta favorable que hiciera valer nuestro derecho a un salario justo.

Abril 2009

02 de abril
Ante la incertidumbre de que si se haría efectivo el pago del percentil 40 correspondiente al primer semestre del año 2009, con el apoyo del grupo ampliado se envía a la Dirección Ejecutiva el oficio ANEP-CNREE-11-09 en el cual se consulta al respecto. Gracias a un gran esfuerzo se logró obtener la firma de practicante de todos los funcionarios y funcionarias de la institución respaldando esta solicitud de información.

13 de abril
Ante la ausencia de respuesta por parte de la Dirección Ejecutiva al oficio ANEP-CNREE-10-09 a casi un mes de habérselo enviado, con el apoyo del grupo ampliado se acude al señor Albino Vargas. El señor Vargas de manera inmediata atendió nuestra solicitud de apoyo brindándonos un espacio de reunión. En dicha reunión se le consultó qué procedía en esos casos ya que el silencio administrativo existente, nos impedía conocer sobre la marcha del proceso limitándonos la posibilidad de realizar acciones en pro de la defensa de nuestros derechos, así mismo se le solicitó averiguar en la Autoridad Presupuestaria cómo estaba la situación del CNREE. El señor Albino se comprometió a hacer lo posible por conseguir un espacio con funcionarios de la AP para indagar sobre el asunto.

En diferentes momentos todos los funcionarios y funcionarias de la institución han recibido copia de los oficios en los cuales la Dirección Ejecutiva, en los últimos días, ha dado respuesta a las consultas que le hemos venido planteando.

22 de abril
Se recibió y se distribuyó copia del oficio DM-558-2009, mediante el cual el Ministro de Hacienda a.i señor José Luís Ayara, responde a la diputada Lesvia Villalobos la consulta que ella realizó en relación a la situación del CNREE. Esta carta nos deja más claro cuáles han sido los errores en los que la institución ha ido incurriendo desde que empezó todo este proceso a principios del año pasado. Importante destacar, que nos damos cuenta de esa otra versión de lo ocurrido gracias a la solicitud de apoyo que realizamos a las señoras y señores diputados, solicitud que hasta el momento sólo Lesvia Villalobos atendió según conocemos.

24 de abril
Se le entrega personalmente copia del oficio DM-558-2009 al señor Mauricio Castro, y se le expone tanto a él como a Albino Vargas la efervescencia que ésta ha generado entre los funcionarios y funcionarias de la institución. Se les solicita que se agilicen las coordinaciones que desde la ANEP se puedan realizar para apoyarnos ante la situación tan crítica que estamos viviendo, en la cual nuestro derecho al reconocimiento de un salario justo acorde con nuestras funciones está siendo vilmente violentado.

En este momento estamos a la espera de que para inicios de la próxima semana tengamos una respuesta por parte de la ANEP, de manera tal que nos orienten en relación la estrategia a seguir en defensa de nuestros derechos, esperando el acompañamiento constante por parte de la Organización Sindical.

28 de abril
Se le consulta a la Directora Ejecutiva del CNREE sobre la posición Institucional en relación al oficio DM-558-2009.La señora Adriana Retana manifiesta que nos hará llegar un oficio en relación a ese aspecto. Estamos a la espera del mismo.
Así mismo se le consultó sobre la conveniencia de que el CNREE envíe un documento a la Procuraduría manifestando su posición en relación al mismo oficio. La señora Directora comunicó que ella está a la espera de que dicha instancia le solicite información.

29 de abril
Al señor Guillermo Murillo promotor nuestro desde la ANEP, se le hace entrega de la copia de los documentos generados en esta lucha desde diciembre del año anterior. A la vez se le solicita vehementemente que nos apoye en esta lucha siendo un enlace eficaz y eficiente con la organización sindical a la cual estamos afiliados y afiliadas ANEP. Indagando sobre todas las rutas posibles a las que podemos acudir en defensa de nuestros derechos.

Al día de hoy 30 de abril, estamos iniciando gestiones tratando de lograr un espacio con el funcionario o funcionaria de la Procuraduría que está llevando la situación del CNREE, esto con el objetivo de darles a conocer la opinión de los funcionarios y funcionarias de la institución quienes somos los más perjudicados es este proceso que ya lleva más de un año y sin llegar a un término favorable para nuestra condición como clase trabajadora.

Resulta importante reconocer que en este proceso que ha implicado realizar todas las acciones señaladas en los puntos anteriores, ha sido sumamente valioso el contar con el apoyo, impulso y trabajo del que hemos nombrado “Grupo Ampliado” el cual está integrado tanto miembros de la seccional, como por otras personas afiliadas y no afiliadas al sindicato.

Para concluir compañeras y compañeros les queremos manifestar que la seccional ANEP-CNREE está en este momento asumiendo un compromiso serio ante la difícil situación que estamos enfrentando como trabajadores y trabajadoras del CNREE. Estamos acudiendo a todos los recursos disponibles y realizando todas las gestiones necesarias para poder hacer valer nuestro derecho a un salario Justo.

LA LUCHA ES DE TODOS Y TODAS
NECESITAMOS MANTENERNOS EN UNIÓN
POR LA DEFENSA DE UN SALARIO JUSTO ACORDE CON NUESTRAS FUNCIONES

Directorio Seccional ANEP-CNREE

Hazel Pérez
Secretaría de Organización

Claudia Sancho
Secretaría de actas

Roger Ortega
Secretaría de formación

Marianela Cambronero
Secretaría de divulgación

Steven García
Secretaría de formación

Cc.
Albino Vargas. Secretario General ANEP
Guillermo Murillo. Promotor ANEP
Mauricio Castro. Abogado ANEP

_______________________________
Regreso NOTAS ANEP-CNREE

Guatemala: Grave situación de Derechos Humanos

EL MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG-

Actuando a través de su consejo político integrado por las siguientes organizaciones legítimas y representativas:

a) Confederación central general de trabajadores de Guatemala (CGTG), ubicada en la 3 avenida 12-22 zona 1 de la ciudad de Guatemala;

*b) * Confederación de unidad sindical de Guatemala (CUSG), ubicada en la 12 calle “A” 0-37 zona 1 de la ciudad de Guatemala;

c) Comité Campesino del Altiplano (CCDA), quién señala como lugar para recibir comunicaciones la 12 calle “A” 0-37 zona 1 de la ciudad de Guatemala;

d) Coordinadora nacional sindical y popular (CNSP), que señala ubicada en la 1 avenida 9-91 zona 1 de la ciudad de Guatemala;

e) Frente nacional de lucha en defensa de los servicios públicos y recursos naturales (FNL) a cuya organización esta adscrito el Sindicato Nacional de de trabajadores de salud de Guatemala, quienes señalan como lugar para recibir comunicaciones la 9 avenida 13-24 zona 1 oficina 309 de la ciudad de Guatemala;

f) Unión sindical de trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA), ubicada en la 9 avenida 1-43 zona 1 de la ciudad de Guatemala;

A los trabajadores y trabajadoras en general hace saber que su lucha inclaudicable por la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras guatemaltecas esta tratando de ser coartada por diversos mecanismos que van desde las políticas de penetración sindical amparadas por el Estado de Guatemala como ocurre con el caso de UNSITRAGUA, hasta el secuestro, tortura, desaparición y asesinato de sus dirigentes y familiares frente a la cual como política de Estado se mantiene una total pasividad.

1. El 26 de febrero del año 2009 a pocos días que una Misión de Alto nivel de OIT abandonará el país haciendo fuertes recomendaciones al Estado de Guatemala por la falta de vigencia de los derechos sindicales más elementales, el compañero LEOCADIO JURACAN Coordinador del CCDA y miembro del Consejo Político del MSICG recibe en su teléfono celular amenazas de muerte. Vale la pena recordar que antes de este nuevo hecho el 01 de mayo del año 2008 Leocadio fue víctima de un atentado cuando el vehículo en que viajaba fue atacado con proyectiles de arma de fuego.

2. Con fecha 12 de enero es asesinado de 3 disparos en la cabeza el compañero AMADO MONZÓN, el compañero era afiliado al Sindicato de trabajadores de Coatepeque; sindicato afiliado a la Central General de trabajadores de Guatemala –CGTG-, miembro del Movimiento sindical, indígena y campesino Guatemalteco MSICG . Desde hacia meses el compañero estaba siendo víctima de amenazas con la finalidad de que dejara sus actividades sindicales.

3. Con fecha 10 de marzo del año 2009 la compañera MARITZA ELOSAY PEREZ CARRILLO ESPOSA DEL COMPAÑERO CESAR ORLANDO JIMÉNEZ MENDEZ Secretario General de la filial del hospital hermano Pedro de Betancourt afiliada al Frente Nacional de lucha en defensa de los servicios públicos y recursos naturales –FNL- miembro del Movimiento sindical, indígena y campesino Guatemalteco –MSICG- fue secuestrada y torturada. Con la compañera los secuestradores enviaron el siguiente mensaje a César_“Decíle a tu marido que se aleje del sindicato o a la próxima van tus hijos”._

La familia de Cesar Jiménez y él estuvieron siendo objeto de amenazas de muerte desde mediados del año 2008 las amenazas se dirigían con la finalidad que Cesar dejara sus actividades sindicales, a pesar que el hecho fue denunciado al Ministerio Público, la pasividad de este y su ineficiencia garantizaron que las amenazas se convirtieran en realidad.

4. Que no obstante la denuncia internacional que hemos interpuesto la compañera IRMA JUDITH MONTES BARRIOS, Secretaria General del Sindicato de trabajadores de la Municipalidad de Coatepeque, sindicato afiliado a la Confederación de unidad sindical de Guatemala –CUSG-, miembro del Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- continúa siendo objeto de actos de intimidación y represión sindical perpetrados por el Estado de Guatemala a través del Alcalde Municipal de Coatepeque.

5. El miércoles 01 de abril del año 2009 alrededor de las 19:30 horas la casa del compañero EDGAR NEFTALY ALDANA VALENCIA Secretario General del Hospital Distrital de San Benito del SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE SALUD DE GUATEMALA, SNTSG, sindicato afiliado al Frente Nacional de lucha en defensa de los servicios públicos y recursos naturales –FNL-, miembro del Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- es impactada por 9 balas.

Minutos después del atentado, el compañero es amenazado de muerte por teléfono en los términos siguientes: “te has metido a problemas en el hospital por desarrollar el sindicato vos y tu familia se van a morir”.

Durante dichas llamadas, le hicieron ver que eran sicarios a quienes les habían pagado una fuerte suma de dinero para asesinar al compañero y a su familia.

Las amenazas persisten al extremo que la Unidad de protección a defensores y defensoras de derechos humanos UDEFEGUA ha emito la alerta. 6-2009 estableciendo que existe una violación grave a los derechos sindicales del compañero pero sobre todo a su derecho fundamental de defender derechos sindicales, la alerta menciona que en el hecho pueden estar involucradas funcionarios o empleados del Estado de Guatemala.

6. Con fecha 06 de abril del año 2009 en horas de la mañana aproximadamente 50 policías Municipales y Agentes de la Policía Nacional Civil del departamento de Coatepeque de la ciudad de Guatemala desalojaron con uso excesivo de fuerza a los trabajadores del sector informal de dicha localidad. Vale la pena citar que varios de los policías cubrían sus rostros con gorros pasamontañas y portaban armas de alto calibre.

Durante el desalojo Fuerzas de seguridad del Estado hirieron con arma de fuego a 13 personas. El ataque armado se dirigió específicamente contra los compañeros DIEGO GUSTAVO CHITI PU Y SERGIO ALEJANDRO RAMÍREZ HUEZO quiénes murieron poco tiempo después producto de las heridas causadas por las fuerzas de seguridad del Estado. AMBOS COMPAÑEROS presuntamente EJECUTADOS EXTRAJUDICIALMENTE eran afiliados al Sindicato de trabajadores de Coatepeque; sindicato afiliado a la Central General de trabajadores de Guatemala –CGTG-, miembro del Movimiento sindical, indígena y campesino Guatemalteco MSICG .

Junto a esta denuncia QUE SÓLO REPRESENTA ALGUNOS ACTOS DE VIOLENCIA PERPETRADOS CONTRA EL MSICG EN UN LAPSO MENOR A 3 MESES el Movimiento sindical, indígena y campesino confirma a los trabajadores y trabajadoras guatemaltecas que su lucha por la justicia social y por el respeto a los derechos socioeconómicos del pueblo seguirá firme pase lo que pase cueste lo que cueste.

¡ANTE LA REPRESIÓN: ORGANIZACIÓN Y UNIDAD!

¡PORQUE SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO!

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO

Nace Banco del Sur, alternativa solidaria a la «garrotera» del FMI y BM

El Banco del Sur ya está listo para que sea ratificado por los Parlamentos de sus países miembros y comience a funcionar. Los ministros de Economía del Mercosur, más Venezuela, Ecuador y Bolivia, acordaron ayer la letra chica de su estatuto, última escala técnica.

El anuncio llega en medio de la crisis internacional y sirve para contrarrestar la creciente presión del FMI, que busca volver a convertirse en el principal prestamista de la región. “Se valora más la creación del Banco en el contexto de la crisis financiera internacional”, aseguró el ministro de Economía, Carlos Fernández, junto a su par brasileño, Guido Mantega. “Estamos dando otro paso en sentido de la integración financiera regional”, comentó Mantega, quien también ponderó que se haya logrado un acuerdo en medio de la crisis actual. “Hace tiempo que no se crea una institución financiera”, agregó el brasileño.

Los siete socios aportarán un capital inicial de 7000 millones de dólares. Argentina, Brasil y Venezuela pondrán 2000 millones cada uno. Uruguay y Ecuador, otros 400 millones en partes iguales; y Paraguay y Bolivia, los 200 millones restantes. Cada país tendrá un voto en el directorio, pero para la aprobación de los proyectos de más de 70 millones de dólares se necesitará el apoyo de los dos tercios del capital suscripto en el banco. Ahora sólo falta que el acuerdo sea ratificado por los presidentes y los Parlamentos de los distintos países. El ministro de Economía, Carlos Fernández, consideró que el acuerdo “tiene términos aceptables, por lo que puede ser rápidamente aprobado”. La reunión se llevó adelante en Buenos Aires y además de Fernández y Mantega participaron sus pares de Uruguay, Alvaro García; de Paraguay, Dioniso Borda; de Ecuador, María Elsa Bitel; de Venezuela, Alvaro García, y de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora.

El objetivo del banco es financiar proyectos de desarrollo en sectores clave de la economía para mejorar la competitividad y combatir la pobreza y la exclusión social. Podrán acudir a la institución los distintos Estados o empresas con previo aval de los Estados. En las negociaciones llevadas adelante durante los últimos tres años se descartó que la entidad opere como prestamista de última instancia, al estilo del FMI, como pretendían el presidente venezolano, Hugo Chávez, y su par ecuatoriano, Rafael Correa. Sin embargo, igual le otorgará a los gobiernos mayor fortaleza para seguir manteniendo distancia del Fondo Monetario.

Si los proyectos de infraestructura, por ejemplo, se pueden empezar a financiar con el dinero proveniente del Banco del Sur, entonces los gobiernos podrán disponer de mayores recursos propios para afrontar su deuda financiera sin tener que volver a depender de los préstamos del organismo multilateral, quien en los últimos acuerdos firmados con países como El Salvador, Ucrania, Islandia y Hungría demostró que sigue imponiendo las mismas exigencias de raíz neoclásica que llevaron a la crisis a la región.

Además, no hay que descartar que una vez que el banco esté en funcionamiento se vuelva a evaluar la posibilidad de que cubra necesidades de financiamiento frente a vencimientos de deuda, si es que la crisis internacional se profundiza. De ese modo, podría emular a los países asiáticos que recurrieron a esa estrategia para sortear las recetas del FMI, que siempre recomienda recortes subas de la tasa de interés y recortes en el gasto público, profundizando las crisis en momentos en los que por lo general se requiere reactivar la demanda para salir adelante.

El Banco del Sur es una idea original del presidente venezolano Hugo Chávez. Fue en agosto de 2004, cuando propuso la conformación de una entidad financiera regional para “dejar de depositar nuestras reservas en los bancos del Norte” y poder disponer de esos recursos para “ayudarnos”, en vez de pedirle prestado al FMI y al Banco Mundial.

Su intención es delinear la integración sobre la base de dos pilares clave: el financiero y el energético. El Banco del Sur cumpliría con el primer objetivo y el Gasoducto del Sur con el segundo, aunque esta última iniciativa por ahora está desactivada.

El proyecto contó con la adhesión inicial de Argentina, luego se sumaron Ecuador y Bolivia y finalmente Brasil, Paraguay y Uruguay, aunque la intención es ir sumando a otros países integrantes de la Unasur. Al comienzo Brasil llegó a decir que la iniciativa carecía de consistencia técnica y sugirió crear un fondo de estabilización regional que actuará como prestamista de última instancia frente a una eventual crisis de pagos. El temor era que Chávez utilizara el banco para disputarle el liderazgo en la región, pero finalmente bajó la guardia y se integró.

Luego de varios años de negociación en diciembre de 2007, los jefes de Estado firmaron el acta fundacional en Buenos Aires, un día antes de la asunción como presidenta de Cristina Fernández de Kirchner y definieron que el organismo tendría una sede en Caracas y dos subsedes, una en Buenos Aires y otra en La Paz. Entonces parecía que se iba a poner en funcionamiento en pocos meses, pero la iniciativa volvió a enfriarse por diferencias puntuales entre sus miembros. Brasil, por ejemplo, quería que los votos fueran proporcionales al capital aportado, mientras que el resto de los participantes se inclinaba por darle un voto a cada Estado independientemente del aporte, para que la impronta igualitaria y democrática lo diferenciara de los multilaterales dominados por las potencias centrales, como el FMI y el Banco Mundial. Finalmente, se optó por un voto para cada Estado, pero con ciertas restricciones vinculadas al capital aportado.

A UCCAEP no le interesa los efectos de la crisis en Costa Rica

En primer lugar recordemos que la “crisis internacional” nace de la empresa privada en los Estados Unidos. Empresas inmobiliarias, bancos privados, empresas automotrices, transnacionales de bienes y servicios, son los responsables de la crisis internacional que nos hereda los Estados Unidos de América, y a la cual debemos hacerle frente como país.

Los cambios de los últimos 25 años en las estructuras económicas, “caracterizados por la autonomización del sector financiero, la mayor especulación en las bolsas y la globalización, le confieren a la actual recesión particularidades que la diferencian de otras anteriores.”, nos dice Juan Manuel Villasuso en uno de sus artículos, y agrega que para enfrentar “la crisis”, “la reacción del Gobierno ha sido tardía e insuficiente. El Plan Escudo no constituye una respuesta adecuada a la gravedad del problema: objetivos poco claros, ausencia de un cronograma de ejecución, cuantificación poco precisa de recursos y reducida importancia a la generación de empleo.”

Ante la crisis, “herencia” de los Estados Unidos de América, y la ineficiente, tardía e inoperante acción del gobierno de los Arias, entra en acción la propuesta del sindicato de los empresarios, la UCCAEP, con el proyecto de Ley que pretende hacer realidad un deseo interno y oscuro de tirar a la basura los derechos laborales de los y de las trabajadoras costarricenses. Este nuevo proyecto es la continuación del proyecto de Ley 15161 que pretendía reformar el Código de Trabajo para des-regular y flexibilizar la ley laboral en función de la productividad empresarial. Ese “proyecto” no les funcionó, entonces ahora pretenden “aprovecharse” de la “crisis internacional” para hacer realidad su “deseo interno”.

¿Por qué afecta los derechos laborales?

La jornada laboral de 8 horas establecida en el Código de Trabajo no es un obsequio de ningún gobierno y, mucho menos del sector empresarial costarricense. La jornada de 8 horas obedece a una lucha de la clase trabajadora mundial que les costó la vida a muchos trabajadores.

La jornada de 8 horas de trabajo está íntimamente ligada a otros derechos adquiridos por la clase trabajadora costarricense. Modificar la jornada laboral como lo pretende el sindicato empresarial, la UCCAEP, significa afectar directamente no solo el tiempo destinado a la relación familiar, la atención de hijos e hijas, el estudio y el esparcimiento, sino que atenta directamente sobre el pago de horas extra, aguinaldo, vacaciones, seguridad social como la pensión entre otros.

Si una persona trabaja 8 diarias o 6 horas nocturnas, según la jornada laboral que se tenga, tiene derecho a reclamar el pago de horas extra si labora después de esas horas establecidas en el Código de Trabajo. Con la flexibilización de la jornada de trabajo, como lo pretende la UCCAEP, esa persona trabaja pierde las horas extra, y por tanto le afecta el aguinaldo, la cotización del seguro social y la pensión.

Recordemos lo que se estipula en nuestra Constitución Política, en su artículo 58, nos dice que “La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a la semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados.”

Lo que ahora pretende el proyecto de la UCCAEP es establecer, mediante un nuevo proyecto, las llamadas jornada anualizadas y acumuladas. La jornada acumulada concentra las horas de trabajo en cuatro días y las horas de descanso en tres días, por eso se le llaman “Jornada 4 × 3”. Por su parte la jornada anualizada define un máximo de horas ordinarias de trabajo que se calculan por año en donde en tiempos de baja producción, los patronos podrán reducir la jornada hasta en 6 horas y en tiempos de alta producción los patronos podrán ampliar la jornada hasta en 10 horas diarias.

El problema con esto es que los y las trabajadoras estarán a expensas de los “tiempos” del patrono, de lo que él defina como máxima o mínima producción. El tiempo que no laboren no reciben paga. Entonces cabe preguntarse, ¿afecta esto no solo el salario que recibe, el tiempo de “disponibilidad” que debe tener la persona trabajadora para “cuando le requieran”, sino también el pago de horas extra, aguinaldo, vacaciones, pensión, seguridad social, etc.?, la respuesta es un rotundo SI, si afecta todo.

La propuesta de la UCCAEP para “enfrentar” la crisis tiene “variaciones”, cierto, pero en lo fundamental busca los mismos resultados.

Tanto el_ “Plan Escudo”_ de los Arias, que protege a quien más tiene en detrimento de quien menos tiene, como el proyecto de la UCCAEP, que comparte los mismos intereses, no son respuesta a la “crisis internacional” provocada por sus “colegas” de los Estados Unidos de América.

Verdadero diálogo nacional

Los sectores sociales y empresariales responsables han presentado una alternativa a los proyectos anteriormente mencionados, “Diez medidas para enfrentar la crisis con inclusión social y productiva”. Estas propuestas en su mayoría, la comparten, al menos así lo expresaron el viernes 24 de abril, todos los precandidatos y precandidatas de todos los partidos políticos en disputa por la silla presidencial. De la misma forma compartieron la iniciativa de que el gobierno de los Arias se sentara a dialogar sobre estas propuestas con los sectores sociales y empresariales que las propusieron.

Un primer paso fue dado, el gobierno de los Arias llamó a una primera conversación y se determinó el estudio de las propuestas y en un plazo de dos semanas volver a reunirse para escuchar la posición gubernamental sobre estas e iniciar, posiblemente, el camino de su implementación.

Es un primer paso es cierto, pero se abre esa posibilidad de dialogar. Hoy la UCCAEP pretende_ “cerrar”_ esa puerta de diálogo ejerciendo presión a la Asamblea Legislativa para que aprueben, a la mayor brevedad posible, “su” proyecto.

Nada más alejado del espíritu de concertación y búsqueda nacional de soluciones a los problemas económicos que enfrentamos y que son también políticos. La imposición es su lema.

¿Cuáles son las diez propuestas?

Brevemente, uno a uno de los puntos que contiene el documento_“Diez medidas para enfrentar la crisis con inclusión social y productiva”, que abren la posibilidad de un diálogo nacional abierto y transparente.

Si la UCCAEP estuviera dispuesta a dialogar, ya hubiera aceptado las diversas propuestas para hacerlo, pero parece que ese no es su deseo y pretende la aprobación de un proyecto a todas luces violatorio de los derechos humanos laborales y que, inevitablemente profundizará los niveles de pobreza, desempleo y marginación de sectores sociales con capacidad de trabajar y producir.

El sindicato de los empresarios, UCCAEP, tiene la palabra. Continúa con su monólogo o se sienta a dialogar con el país.

¿Cuáles son las diez propuestas?

Desde la oferta de trabajo decente: El fomento productivo

1. Recuperación de la función socio-productiva del sistema financiero: proponemos el direccionamiento del sistema financiero hacia el sector productivo nacional a partir de la flexibilización de indicadores financieros y el establecimiento de requisitos de desempeño social y productivo.

2. Garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria y el empleo agropecuario: proponemos la reactivación de un sector importante de la economía y garantía de provisión de alimentos básicos mediante la estabilidad de precios, el fomento productivo y la comercialización a la pequeña producción agrícola y pecuaria productora de alimentos.

3. PROTRABAJO / Sistema de transferencias condicionadas para promover el Trabajo Decente: frente a las propuestas que proponen la disminución de costos de producción, sea de hecho o de derecho (flexibilización laboral y disminución de jornada así como de salarios), proponemos un sistema de “premios y castigos” que promueva la protección y la creación de empleo y trabajo decente, con cumplimiento de estándares fundamentales, que minimice los despidos por causas económicas, que desincentive la competencia desleal mediante la informalidad, e incentive la inversión social, laboral y ambiental. Consiste en un sistema de apoyo y estímulo directo a las micro, pequeñas y medianas empresas de capital nacional y a las empresas de economía social, mediante una serie de transferencias condicionadas, para mantener y promover el empleo y trabajo decente. Esto permitirá crear demanda y, además, promover un sector de la economía que posee una elevada capacidad de generación de empleo y trabajo decente.

4. Corresponsabilidad social y trabajo decente mediante infraestructura social de cuidados: frente a una propuesta de gobierno exclusivamente compensatoria en materia de inversión social, proponemos la generación de empleo y superación de barreras para el acceso de las mujeres al mercado laboral, mediante la ampliación y la creación de una infraestructura social de cuidados que aumente el ingreso de los hogares y evite la deserción escolar.

5. Hacia un nuevo papel del Banco Central: redefinición de la política cambiaria y de balanza de pagos. De no parar el experimento cambiario que actualmente se lleva a cabo en el país, será imposible flexibilizar la política monetaria del gobierno y continuaremos con tasas activas altas y con un mercado financiero sin suficientes recursos en el corto plazo. Debe avanzarse hacia una política monetaria transparente y sujeta a rendición de cuentas, que contemple de forma balanceada los objetivos de estabilidad de precios y el logro del pleno empleo, y dentro de la cual se retorne al sistema de minidevaluaciones.

Desde la demanda de trabajo decente: Poder adquisitivo y capacidad de consumo.

6. Plan solidario para rescatar a personas altamente endeudadas: Además del fomento de la producción a nivel nacional, y ante el altísimo endeudamiento y creciente morosidad existente en el país, es urgente contar con un plan de rescate financiero de las personas físicas altamente endeudadas, que garantice la reestructuración de sus deudas, la recuperación de su autoestima, la capacitación en torno al consumo responsable y la gestión presupuestaria familiar. Además se deben fijar límites en las tarjetas de crédito, al menos en términos de tasa básica pasiva más un porcentaje predefinido del 10%. Estos criterios deberían aplicarse por un período de al menos dos años, para luego en alguna medida flexibilizarse.

7. “Hecho en casa” / Promoción del consumo responsable y nacional, y promoción de mercados locales justos : Dado que entorno a cada bien y servicio nacional giran cientos de miles de empleos, se requiere dirigir nuestro consumo hacia la producción de bienes y servicios nacionales. Para ello se requiere una clara identificación de cuáles son los productos costarricenses, así como una campaña que apele a que las personas consumidoras, solidariamente, usen su dinero hacia esos productos y, por lo tanto, hacia la defensa esos empleos. Así mismo, es imprescindible el desarrollo de los mercados locales, sistemas de economía social y comercio justo y estrategias sociales de comercialización, entendidas y declaradas como actividades de interés público, que permita articular la oferta de la producción nacional, sobre todo de los pequeños productores por medio de cadenas cortas de comercialización. Esta campaña no sólo es importante en términos económicos inmediatos, sino como forma de promover hábitos de consumo responsable, y nuevas formas de relación entre las personas y con el ambiente mediante, por ejemplo, el comercio justo, la eliminación de intermediarios, el que los productos viajen menos, y que las personas consuman lo que realmente necesitan para vivir. Para hacer más eficaz esta medida, se debe acompañar de una reducción en el crecimiento de las importaciones, lo cual atenuará sus efectos en la balanza de pagos. Para ello se debe hacer un uso inteligente y socialmente orientado y consensuado del Impuesto Selectivo de Consumo.

8. Estabilidad en el empleo público: en esta coyuntura resulta fundamental asegurar el empleo público y privado. En el caso del empleo público, el gobierno central y el descentralizado, debe brindar seguridad mediante un masivo proceso de nombramientos en propiedad, tanto mediante los respectivos concursos respectivos, como de nombramientos sin oposición en los términos establecidos por la ley. De igual forma debemos congelar por un período prudencial, los procesos de despido por razones económicos o bien por procesos de reestructuración institucional.

9. Política de recuperación de poder adquisitivo y de salarios crecientes progresivos: La capacidad de consumo depende de forma directa de la política salarial. Una mayor restricción salarial, puede ser vista como razonable de forma inmediata, pero en el corto y mediano plazo generará una mayor contracción del mercado interno, y por lo tanto limitará la capacidad empresarial para sobrevivir a la crisis. En el sector público es fundamental abordar los deprimidos salarios del personal no profesional, los cuales según el mismo Servicio Civil están entre los peor remunerados. Además, tanto para el sector público como para el sector privado, es necesario mantener el poder adquisitivo — de la población trabajadora en general y de la que tiene menores salarios en particular. Para ello se quiere ajustar los salarios a la variación de los precios de la canasta básica de consumo y que los ajustes salariales dejen de responder a la inflación pasada para anticipar la inflación prevista. Así, el costo inflacionario que hoy absorben trabajadores y trabajadoras, se repartirá equitativamente entre empleadores y trabajadoras/es.

10. Propiedad comunitaria en las comunidades costeras y otras formas de acceso a la propiedad: En las comunidades costeras, la sostenibilidad de las familias depende de evitar su desalojo con el fin de construir megaproyectos que actualmente están paralizados debido a la crisis. Con megaproyectos en marcha ó paralizados, el impacto social es enorme. Por eso se debe promover un régimen de propiedad comunitaria que permita la permanencia de las familias que viven en la fila costera, así como el fomento de formas sostenibles de producción, incluido el turismo sostenible y el mejoramiento de su capacidad de consumo responsable. Adicionalmente, más allá de las comunidades costeras, es preciso generar formas de acceso a la tierra mediante el arriendo o al usufructo de terrenos ociosos.

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Disculpen la molestia

¿Es justa la justicia? ¿Está parada sobre sus pies la justicia del mundo al revés?

El zapatista de Irak, el que arrojó los zapatazos contra Bush, fue condenado a tres años de cárcel. ¿No merecía, más bien, una condecoración?

¿Quién es el terrorista? ¿El zapatista o el zapateado? ¿No es culpable de terrorismo el serial killer que mintiendo inventó la guerra de Irak, asesinó a un gentío y legalizó la tortura y mandó aplicarla?

¿Son culpables los pobladores de Atenco, en México, o los indígenas mapuches de Chile, o los kekchíes de Guatemala, o los campesinos sin tierra de Brasil, acusados todos de terrorismo por defender su derecho a la tierra? Si sagrada es la tierra, aunque la ley no lo diga, ¿no son sagrados, también, quienes la defienden?

Según la revista Foreign Policy, Somalia es el lugar más peligroso de todos. Pero, ¿quiénes son los piratas? ¿Los muertos de hambre que asaltan barcos o los especuladores de Wall Street, que llevan años asaltando el mundo y ahora reciben multimillonarias recompensas por sus afanes?

¿Por qué el mundo premia a quienes lo desvalijan?

¿Por qué la justicia es ciega de un solo ojo? Wal Mart, la empresa más poderosa de todas, prohíbe los sindicatos. McDonald’s, también. ¿Por qué estas empresas violan, con delincuente impunidad, la ley internacional? ¿Será porque en el mundo de nuestro tiempo el trabajo vale menos que la basura y menos todavía valen los derechos de los trabajadores?

¿Quiénes son los justos y quiénes los injustos? Si la justicia internacional de veras existe, ¿por qué nunca juzga a los poderosos? No van presos los autores de las más feroces carnicerías. ¿Será porque son ellos quienes tienen las llaves de las cárceles?

¿Por qué son intocables las cinco potencias que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas? ¿Ese derecho tiene origen divino? ¿Velan por la paz los que hacen el negocio de la guerra? ¿Es justo que la paz mundial esté a cargo de las cinco potencias que son las principales productoras de armas? Sin despreciar a los narcotraficantes, ¿no es éste también un caso de “crimen organizado”?

Pero no demandan castigo contra los amos del mundo los clamores de quienes exigen, en todas partes, la pena de muerte. Faltaba más. Los clamores claman contra los asesinos que usan navajas, no contra los que usan misiles.

Y uno se pregunta: ya que esos justicieros están tan locos de ganas de matar, ¿por qué no exigen la pena de muerte contra la injusticia social? ¿Es justo un mundo que cada minuto destina tres millones de dólares a los gastos militares, mientras cada minuto mueren quince niños por hambre o enfermedad curable? ¿Contra quién se arma, hasta los dientes, la llamada comunidad internacional? ¿Contra la pobreza o contra los pobres?

¿Por qué los fervorosos de la pena capital no exigen la pena de muerte contra los valores de la sociedad de consumo, que cotidianamente atentan contra la seguridad pública? ¿O acaso no invita al crimen el bombardeo de la publicidad que aturde a millones y millones de jóvenes desempleados, o mal pagados, repitiéndoles noche y día que ser es tener, tener un automóvil, tener zapatos de marca, tener, tener, y quien no tiene, no es?

¿Y por qué no se implanta la pena de muerte contra la muerte? El mundo está organizado al servicio de la muerte. ¿O no fabrica muerte la industria militar, que devora la mayor parte de nuestros recursos y buena parte de nuestras energías? Los amos del mundo sólo condenan la violencia cuando la ejercen otros. Y este monopolio de la violencia se traduce en un hecho inexplicable para los extraterrestres, y también insoportable para los terrestres que todavía queremos, contra toda evidencia, sobrevivir: los humanos somos los únicos animales especializados en el exterminio mutuo, y hemos desarrollado una tecnología de la destrucción que está aniquilando, de paso, al planeta y a todos sus habitantes.

Esa tecnología se alimenta del miedo. Es el miedo quien fabrica los enemigos que justifican el derroche militar y policial. Y en tren de implantar la pena de muerte, ¿qué tal si condenamos a muerte al miedo? ¿No sería sano acabar con esta dictadura universal de los asustadores profesionales? Los sembradores de pánicos nos condenan a la soledad, nos prohíben la solidaridad: sálvese quien pueda, aplastaos los unos a los otros, el prójimo es siempre un peligro que acecha, ojo, mucho cuidado, éste te robará, aquél te violará, ese cochecito de bebé esconde una bomba musulmana y si esa mujer te mira, esa vecina de aspecto inocente, es seguro que te contagia la peste porcina.

En el mundo al revés, dan miedo hasta los más elementales actos de justicia y sentido común. Cuando el presidente Evo Morales inició la refundación de Bolivia, para que este país de mayoría indígena dejara de tener vergüenza de mirarse al espejo, provocó pánico. Este desafío era catastrófico desde el punto de vista del orden racista tradicional, que decía ser el único orden posible: Evo era, traía el caos y la violencia, y por su culpa la unidad nacional iba a estallar, rota en pedazos. Y cuando el presidente ecuatoriano Correa anunció que se negaba a pagar las deudas no legítimas, la noticia produjo terror en el mundo financiero y el Ecuador fue amenazado con terribles castigos, por estar dando tan mal ejemplo. Si las dictaduras militares y los políticos ladrones han sido siempre mimados por la banca internacional, ¿no nos hemos acostumbrado ya a aceptar como fatalidad del destino que el pueblo pague el garrote que lo golpea y la codicia que lo saquea?

Pero, ¿será que han sido divorciados para siempre jamás el sentido común y la justicia?

¿No nacieron para caminar juntos, bien pegaditos, el sentido común y la justicia?

¿No es de sentido común, y también de justicia, ese lema de las feministas que dicen que si nosotros, los machos, quedáramos embarazados, el aborto sería libre? ¿Por qué no se legaliza el derecho al aborto? ¿Será porque entonces dejaría de ser el privilegio de las mujeres que pueden pagarlo y de los médicos que pueden cobrarlo?

Lo mismo ocurre con otro escandaloso caso de negación de la justicia y el sentido común: ¿por qué no se legaliza la droga? ¿Acaso no es, como el aborto, un tema de salud pública? Y el país que más drogadictos contiene, ¿qué autoridad moral tiene para condenar a quienes abastecen su demanda? ¿Y por qué los grandes medios de comunicación, tan consagrados a la guerra contra el flagelo de la droga, jamás dicen que proviene de Afganistán casi toda la heroína que se consume en el mundo? ¿Quién manda en Afganistán? ¿No es ese un país militarmente ocupado por el mesiánico país que se atribuye la misión de salvarnos a todos?

¿Por qué no se legalizan las drogas de una buena vez? ¿No será porque brindan el mejor pretexto para las invasiones militares, además de brindar las más jugosas ganancias a los grandes bancos que en las noches trabajan como lavanderías?

Ahora el mundo está triste porque se venden menos autos. Una de las consecuencias de la crisis mundial es la caída de la próspera industria del automóvil. Si tuviéramos algún resto de sentido común, y alguito de sentido de la justicia ¿no tendríamos que celebrar esa buena noticia? ¿O acaso la disminución de los automóviles no es una buena noticia, desde el punto de vista de la naturaleza, que estará un poquito menos envenenada, y de los peatones, que morirán un poquito menos?

Según Lewis Carroll, la Reina explicó a Alicia cómo funciona la justicia en el país de las maravillas:

–Ahí lo tienes –dijo la Reina–. Está encerrado en la cárcel, cumpliendo su condena; pero el juicio no empezará hasta el próximo miércoles. Y por supuesto, el crimen será cometido al final.

En El Salvador, el arzobispo Oscar Arnulfo Romero comprobó que la justicia, como la serpiente, sólo muerde a los descalzos. El murió a balazos, por denunciar que en su país los descalzos nacían de antemano condenados, por delito de nacimiento.

El resultado de las recientes elecciones en El Salvador, ¿no es de alguna manera un homenaje? ¿Un homenaje al arzobispo Romero y a los miles que como él murieron luchando por una justicia justa en el reino de la injusticia?

A veces terminan mal las historias de la Historia; pero ella, la Historia, no termina. Cuando dice adiós, dice hasta luego.

Fuente: Pagina 12. Argentina.

UNATEPROT – ANEP: Importante alianza político-sindical

Acta de Acuerdo de Alianza Político-Sindical entre la Unión Nacional de Técnicos Profesionales del Tránsito, UNATEPROT y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP

Considerando:

1- Que el personal de la Policía de Tránsito de Costa Rica forma parte del conjunto de la clase trabajadora asalariada del país; y, particularmente, conforma un cuerpo laboral de alta especialización dentro de la estructura del Estado costarricense.

2- Que el personal de la Policía de Tránsito de Costa Rica, dada su condición anterior, está protegido por el sistema legal del país que le permite organizarse, en cuanto gremio laboral, para la reivindicación plena del conjunto de derechos socioeconómicos que le son en corresponderle.

3- Que la Unión Nacional de Técnicos Profesionales del Tránsito (Unateprot), es la organización sindical representativa de la Policía de Tránsito de Costa Rica, ostentando plena legitimidad para abogar por la misma, por agrupar en su seno a casi el 100 % de dicho personal.

4- Que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), por su naturaleza jurídica y por su condición de organización sociopolítica de amplio reconocimiento ciudadano, como defensora de los intereses generales de la clase trabajadora costarricense, en su más amplia acepción; se complemente en la defensa laboral con los intereses legítimos que inspiran a UNATEPROT

Por tanto:

Primero: ANEP y UNATEPROT acuerdan firmar una Alianza Político-Sindical para actuar de manera conjunta, a partir de la firma del presente documento, ante todas aquellas instancias institucionales y extrainstitucionales que tengan que ver con la defensa, promoción y aplicación de la diversidad de derechos económicos y sociales que son en asistirle al personal de la Policía de Tránsito de Costa Rica, para su reivindicación plena en cuanto especializado gremio laboral de la clase trabajadora; y, para la dignificación total del mismo ante la ciudadanía usuaria de sus estratégicos servicios.

Segundo: ANEP y UNATEPROT aunarán los mayores esfuerzos para que el estratégico servicio de la Policía de Tránsito se preste en condiciones de tal transparencia, alta ética, profunda atención respetuosa para con la población usuaria de estos servicios, de modo tal que la ciudadanía costarricense se sienta plenamente orgullosa de que el país cuente con este tipo de servicio en condiciones de eficiencia, eficacia y sólida solvencia moral.

Tercero: ANEP y UNATEPROT propiciarán, de manera conjunta, la suscripción de una Convención Colectiva de Trabajo para la Policía de Tránsito de Costa Rica; instrumento fundamental del derecho colectivo de Trabajo, que ha de combinar la máxima protección laboral con la máxima optimización de las condiciones de prestación del servicio que demanda la ciudadanía.

Cuarto: ANEP y UNATEPROT firmarán comunicaciones colectivas y pronunciamientos conjuntos en torno a aquellos aspectos de la realidad nacional y/o institucional que tengan que ver con la situación sociolaboral y profesional del cuerpo de inspectores de la Policía de Tránsito de Costa Rica; así como en general, con la situación general de la clase trabajadora del país.

Quinto: ANEP se compromete a brindar capacitación sociopolítica y laboral a la dirigencia y a la membresía de UNATEPROT, según determinación de ésta y con base en contenidos de formación curricular a satisfacción de las partes y previo acuerdo de compartir costos en proporciones razonables para las partes.

Sexto: ANEP brindará servicios de diseño y de reproducción de materiales impresos y/o audiovisuales que permitan el desarrollo de una comunicación estratégica de UNATEPROT con su membresía, cuando ésta lo estime necesario y previo acuerdo de compartir costos en proporciones razonables para las partes.

Sétimo: ANEP y UNATEPROT definirán, según la respectiva circunstancia, la naturaleza de y el costo de un eventual apoyo jurídico especializado de parte de la primera para la segunda; cuando ésta considere necesario que el abordaje legal de una determinada problemática requiere de la alta especialización que en el campo la primera estaría en condiciones de brindar.

Octavo: UNATEPROT tendrá acceso, sin costo alguno, a las diversas posibilidades de comunicación electrónica que tiene la capacidad instalada de la ANEP en tal campo, a fin de que sus posiciones sean del mayor conocimiento ciudadano; especialmente, el acceso al sitio web de la ANEP y sus diferentes listas electrónicas.

Noveno: ANEP y UNATEPROT reafirman su convicción de que el diálogo y la negociación son los mejores instrumentos que, en correspondencia a la idiosincrasia costarricense, garantizarán el logro pleno de los objetivos comprometidos en esta alianza, en el plano de la defensa y la promoción de los derechos laborales y socioeconómicos de la Policía de Tránsito de Costa Rica. Adicionalmente, ambas organizaciones consideran como válidos todos los instrumentos de lucha a que tiene acceso la clase trabajadora cuando sus legítimas y racionales demandas son ignoradas, invisibilizadas, descalificadas y/o negadas por las distintas autoridades institucionales que deben involucrarse en tales situaciones.

Décimo: ANEP y UNATEPROT sostendrán, al menos, una reunión por mes, para efectos del cumplimiento de todos los contenidos de esta alianza político-sindical y las derivaciones que de los mismos puedan presentarse.

Undécimo: ANEP y UNATEPROT establecen que esa alianza político-sindical tendrá, inicialmente, el plazo de dos años, contados a partir de la firma publica del presente documento. No obstante, cualquiera de las dos entidades puede plantear la modificación y/o anulación de la presente alianza, con dos meses de anticipación a la fecha deseada, previa justificación, en aras de la transparencia, de la buena fe y de la solidaridad de clase que ha inspirado a las partes a aliarse a propósito de los fines descritos.

Duodécimo: ANEP y UNATEPROT realizarán su actividad sindical cotidiana con pleno respeto de las particularidades y características propias de cada una, pero gran respeto y lealtad de la una para con la otra.

En fe de lo anterior, firmamos a las diez horas del día siete de mayo del año dos mil nueve.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
ANEP

Joselito Ureña Vega
Secretario General
UNATEPROT

Homenaje a CALUFA

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, invita cordialmente a su membresía y a la ciudadanía en general para que este jueves 7 de mayo conmemoremos el 43 aniversario de la muerte de Calos Luis Fallas Sibaja, CALUFA.

Dos importantes actividades se realizarán:

10:00 a.m. Ofrenda floral y homenaje en el Mausoleo a los “Mártires de Codo del Diablo” en el Cementerio Obrero en San José.

4:00 p.m. Conferencia sobre el legado de Carlos Luis Fallas Sibaja, CALUFA, a cargo de Adalberto Fonseca Esquivel, historiador. Esta se realizará en la Casa Sindical “Mario Alberto Blanco Vado”, sede central de ANEP.

350 metros norte del Hospital Nacional de Niños, Calle 20 norte, frente a Coopeservidores R.L.

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Audios




Patria de gigantes, Oscar Espinoza




Rapiñas, Oscar Espinoza

SINTRAJAP: Acuerdos logrados para el levantamiento de la huelga

1- Las partes se reunirán para definir las medidas de MODERNIZACIÓN PORTUARIA Y FORTALECIMIENTO DE JAPDEVA el día 20 de mayo de 2009. En esa reunión se concluirá la discusión actual sobre las medidas concretas que se aplicarán para modernización portuaria y el fortalecimiento de JAPDEVA. (se sobreentiende que este día y con esta reunión se terminará con este tema).

2- Se reintegrará la Comisión Bipartita (con la reincorporación de SINTRAJAP) para acelerar y lograr la aprobación definitiva del Estudio Salarial. La Administración facilitará toda la información, insumos y recursos necesarios para el cumplimiento de los siguientes pasos del ajuste salarial. El documento final se presentará a los miembros del Concejo de Administración el martes 19 de mayo y se verá formalmente en sesión el 21 de mayo de 2009. (Con este acuerdo, que implica trabajar día y noche, sábados y domingos esperamos ganar por lo menos 3 meses y medio de tiempo, ya que la Administración estaba solicitando 4 meses para finiquitar el estudio individual y colectivo de costos, requisitos fundamentales y complementarios para obtener la aprobación de la Autoridad Presupuestaria y la Contraloría General de la República).

A partir de la entrega de la documentación final del Estudio Salarial Operativo esta Comisión se avocará de forma inmediata a continuar el Estudio Integral de Puestos del área Administrativa.

3- Respecto a la situación de la Terminal de Contenedores de Limón y la denuncia planteada por el sindicato, la Administración de inmediato iniciará un estudio a fin de determinar la verdad real de los hechos. Mientras dure el estudio y a partir del lunes 11 de mayo se aplicará una rotación de Intendentes.

4– Sobre el tema de persecución sindical, se logró en negociación aparte que el Alcalde anulara la disposición con que se había despedido al Lic. Wiston Norman, funcionario de la Municipalidad y Secretario General de dicho Sindicato y de la FETRAL.

Igualmente se logró que en el caso del compañero Secretario de Finanzas de SINTRAJAP, José Luis Castillo, con relación a los perjuicios económicos que se le han causado se proceda en total apego al voto Nº 07-005024 de la Sala Constitucional que salió a su favor y que se revise todo el proceso que en el pasado se siguió por parte del Concejo de Administración en su contra, causándole graves perjuicios económicos y que a criterio de SINTRAJAP contiene vicios de nulidad, reintegrando lo que corresponda en caso de comprobarse lo denunciado.

5– A partir de las 11:30 p. m. del día 4-5-2009 los trabajadores se reintegran a sus labores habituales, y se acuerda en razón de lo anterior que no existirán represalias de ningún tipo contra los mismos.

Lic. Ronaldo Blear B.
Secretario General

Liroy Pérez P.
Serio. de Prensa
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Informa-tico. com informó lo siguiente.

Sintrajap satisfecho con resultados logrados en la huelga

El Sindicato de Trabajadores de la Junta Administrativa Portuaria de la Vertiente Atlántica (Japdeva) se mostró satisfecho con los resultados obtenidos en el marco de la huelga realizada ayer lunes, cuando los sindicalistas paralizaron los puertos de Moín y Limón desde las cinco de la mañana.

Por Irene González Chen

El vocero de Sintrajap, Leroy Pérez, expresó a Informa-tico.com que todos los manifestantes están “contentos” con el paro ya que “se logró el objetivo sin ningún tipo de represalia”, a pesar de que “hubo algunos aspectos más concretos que no se pudieron resolver”.

“Una vez más demostramos que los sindicatos todavía son una fuerza y que se puede luchar democráticamente en este país”, manifestó Pérez.

La huelga, que concluyó pasada la medianoche, tuvo sustento en cuatro puntos importantes, el primero de ellos relacionado a la modernización portuaria y el fortalecimiento de Japdeva.

Con relación a esto, el representante se Sintrajap explicó que se estableció “una fecha límite para discutir (…) la inversión pública de por lo menos 80 millones de dólares para la modernización portuaria y el fortalecimiento de Japdeva, según se señala en la Fase 1 del Plan Maestro de Desarrollo Portuario”.

“La fecha que se concretó fue el 20 de mayo, cuando esperamos definir el modelo a seguir para pasar a la primera fase de modernización y la forma en que se van a invertir los 80 millones de dólares”, comentó Pérez.

Por otra parte, el siguiente punto de discusión fue “el incumplimiento de los compromisos asumidos por la administración y el gobierno” en el tema de ajuste salarial para los trabajadores del puerto los cuales, como lo afirma un estudio técnico dirigido por el Servicio Civil, reciben una remuneración “muy por debajo del mercado laboral del área”.

Pérez explicó que, aunque los sindicalistas hubieran “preferido que fuera más rápida”, se logró agilizar la entrega de los documentos necesarios para cumplir con el ajuste salarial para los empleados del puerto.

“Logramos involucrarnos en el proceso y, además, demostramos que la entrega de los documentos se puede hacer en 15 días y no en cuatro meses, como estaba dispuesto al principio”, agregó el representante sindical, quien asegura que la papelería estará lista el 19 de mayo.
[Leroy Pérez, vocero de Prensa de Sintrajap (Clic para aumentar imagen)]
Leroy Pérez, vocero de Prensa de Sintrajap

El tercer punto gira alrededor de una denuncia hecha a favor de la “separación inmediata del superintendente de Limón de su cargo como responsable de la administración de la Terminal de Contenedores (…) por la gran cantidad de denuncias por parte de las trabajadoras y trabajadores y los usuarios del puerto respecto a su mala gestión, incapacidad operativa para resolver los asuntos de la terminal; y el maltrato y acoso laboral a los y las trabajadoras”.

En este caso, Pérez señaló que dará inicio una “investigación inmediata” sobre este tema y, mientras tanto, el superintendente de Limón irá a Mohín y viceversa.

El cuarto aspecto recae en la supuesta persecución sindical que tuvo como consecuencia el despido del secretario general de Trabajadores de la Municipalidad, Winston Norman, quien es además secretario general de la FETRAL y secretario general Adjunto de la Central de Trabajadores Rerum Novarum.

“Anoche (lunes), en una reunión por aparte, el alcalde firmó un documento que deja sin efecto el despido de Winston Norman”, dijo Pérez quien explicó que, por ende, el funcionario podrá regresar a su puesto en la alcaldía.

Los sindicalistas también se manifestaron a favor de otro empleado público, el secretario de Finanzas de Sintrajap, Luis Castillo, quien “ha sufrido persecución, la violación de sus derechos y grandes perjuicios económicos“ tras su despido, según lo indicó Pérez.

“Se logró avanzar con este tema y logramos que las autoridades se comprometieran a revisar el caso de Luis Castillo con base en un sala cuartazo emitido por él. Y no va a haber represalias”, declaró el vocero de Sintrajap.

Con esto, Pérez se mostró satisfecho y afirmó que la huelga fue exitosa, gracias a la participación de todos los funcionarios del área operativa del puerto y alrededor de un 50 por ciento de los trabajadores del sector administrativo.