Recorte presupuestario a Seguridad: “Sería como cerrar la policía”

La nueva filial de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) denunció, en visita a DIARIO EXTRA, que el Gobierno planea reducir en un 21% el presupuesto destinado a la seguridad.

En carta enviada a la titular de Seguridad, Janina del Vecchio, el secretario general de ANEP, Albino Vargas y el presidente de la filial, Adrián López Matarrita, reprochan los planes de recorte, que se ha justificado con la crisis económica mundial.

“Un recorte presupuestario de tal calibre generará muchas y mayores dificultades operativas en un programa ministerial estratégico para el país, como lo es la Fuerza Pública; la cual, sin exagerar, podría entrar en una verdadera crisis institucional, sino de parálisis. Esta situación es de extrema gravedad ante el creciente y potente clamor ciudadano por el tema de la seguridad y la preocupante ola delincuencial que vive el país”
, afirmó Barrantes.

El promotor de la ANEP en Seguridad Pública, Gerardo Cascante, afirmó que ese recorte, prácticamente cerraría la policía y se traería abajo el aumento salarial anunciando por la Ministra.

“Un 21% es el presupuesto que el Ministerio destina a toda la parte operativa, o sea, si se da el recorte, sería como cerrar toda la policía, eso es inviable. Estamos muy contentos que los mandos medios y altos estén devengando salarios altos, están ganando mas de 800 mil colones, pero el resto de la policía que son los que se sudan la chaqueta en la calle les suben solo 30 mil colones y ahora ese aumento está en la cola de un venado porque más bien el gobierno le manda al MSP una solicitud de rebajar el presupuesto”, agregó Cascante.
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• Presidente de nueva filial de ANEP en el MSP

NOS TRATAN DE COMUNISTAS”

Histórico e impensable. Un grupo de oficiales gozan de fuero sindical.
Piden que no los comparen con comunistas. Estos nueve policías aseguran luchar por la dignificación de la Fuerza Pública.
En entrevista con DIARIO EXTRA, el presidente de la filial de ANEP en el MSP, Adrián López Matarrita, critica las condiciones laborales de la institución.

Imagino que es muy difícil para un policía sindicalizarse…

“De echo que sí, antes se daba mucho la persecución a nivel policial si uno se sindicalizaba y el mito era por la ignorancia de los policías que tutelaban los derechos de los demás pero no conocían sus derechos. La constitución política es muy clara.”

Pero, ¿no ha habido persecuciones de sus jefes? algo que es muy dado en la policía de este país.

“Aún queda en la mentalidad de algunos jefes el pensamiento retrógrado que si algún policía está en ANEP es un X55 (comunista, en clave policial), todavía eso se manifiesta. Pero siento mayor apertura. Después de la aprobación de la nueva ley general de policía se comenzó a dar una reestructuración y ahora los policías tienen un poquito, muy mínimo de preparación y, tal vez, esto ha repercutido en que seamos concientes que hay derechos humanos inherentes al ser y que el estado está obligado a cumplir. En Seguridad Pública hay situaciones muy lamentables que se dan y por eso hemos decidido ser parte de ANEP para negociar y ver qué se hace con eso. Es increíble que las personas le están pidiendo al Estado mas seguridad de calidad y el Ministerio se queda corto, la capacitación es casi nula, solo a los mandos altos, no hay capacitaciones de verdad, acorde a los delitos que se dan ahora.”

Seguridad Pública tiene 10 mil policías y ustedes son solo 9 personas, no son significativos, ¿se romperá ese mito del miedo y se unirán más oficiales a su grupo?

“Tiene que haber un grupo que haga la primera incursión. En Seguridad Pública son años que se viene clamando por esto, el trabajo es demasiado duro, con roles que repercuten en los hogares y son los culpables de que la familia se desintegre. Esto que estamos haciendo alguien tenía que hacerlo, el estado tiene que darse cuenta las injusticias que viven los policías. Estamos amparados en un régimen de excepción que se instituyó con el ejercito y nunca se quitó, entonces en eso se ampara el estado para ponernos a trabajar mas horas de las que se deben y que la legislación prohíbe.”

Pero la Ministra, cada vez que puede, habla del gran aumento en los salarios.

“Se ha dado un aumento pero solo a los niveles altos y medios, pero para nosotros el aumento es mínimo.”

NO AL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN

Para el representante de ANEP, Gerardo Cascante la principal lucha es en contra del Régimen de Excepción y los roles de trabajo.

Usted dice que el régimen de excepción va en contra de los derechos laborales…
“La Fuerza Pública siempre se ha encargado de la seguridad del Estado, por lo tanto los policía están en un régimen de excepción, pero ese régimen ha sido mal interpretado desde adentro de las autoridades del ministerio, entonces estar dentro de ese régimen hace que el policía tenga que trabajar en las peores condiciones laborales, significa que el compañero de Santa Ana, si hay un partido de fútbol y sale a las 6 de la mañana, tiene que quedarse trabajando, aunque tenga la salida. O sea el código de trabajo y los derechos laborales universales no son aplicados a los policías porque primero está el régimen de excepción.”

A DIARIO EXTRA llaman oficiales, todos los días quejándose de los roles…

“Los roles están terminando con la vida de la Fuerza Pública son roles inhumanos. No es lo mismo que usted trabaje en San José dos días de día, dos días de noche y dos libres, donde usted aquí aborda un bus y llega a Aserrí o a Coronado y el pasaje no es alto. Pero en La Cruz de Guanacaste, el policía dura un día para llegar a la casa, descansa medio día y ya al otro día tiene que irse a trabajar. La desintegración familiar es culpa de esto, los problemas familiares se dan por este tipo de roles.
Para resolver el problema de los roles el Ministerio debe reclutar policías pero aquí en la capital nadie quiere ser policía, tienen que hacer giras a las zonas periféricas para reclutarlos y traerlos a la capital.”

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Fuente: Diario Extra, 26 de marzo de 2009
fmeza@ diarioextra. com
Foto: Rándall Sandoval

Declaración del Foro Alternativo del Agua en Turquía

Estamos aquí para deslegitimar el falso y empresarial Foro Mundial del Agua y para dar voz a la perspectiva positiva del movimiento global en defensa del agua.

Dado que estamos en Turquía, no podemos ignorar que este país nos muestra un claro ejemplo de los impactos devastadores de las políticas de manejo de agua destructivas. El gobierno de Turquía ha empujado tanto por la privatización de servicios de agua como de cuencas y tiene planes de represar todos los ríos en el país. Cuatro casos específicos de represas riesgosas y destructivas en Turquía incluyen: Ilisu, Yusufeli, Munzur y Yortanli. Por diez años, las personas afectadas se han opuesto a estos proyectos. Particularmente la represa Ilisu es parte de un proyecto de riego y producción de energía conocido como los Proyectos del Sureste de Anatolia (GAP). La represa Ilisu, uno de los proyectos de represa más criticados en el mundo, es particularmente complejo y conflictivo por sus implicaciones políticas internacionales en el Medio Oriente. La represa está ubicada en un área kurda donde de manera cotidiana se violan los derechos humanos por el tema kurdo irresuelto. El gobierno turco está usando el GAP para impactar negativamente el modo de vida de las personas kurdas y suprimir sus derechos culturales y políticos.

Nuestro movimiento está aquí para ofrecer soluciones a la crisis del agua y a demandar que sea la Asamblea General de la ONU quien organice el siguiente foro global del agua. La participación de importantes oficiales y representantes de las Naciones Unidas en nuestra reunión es evidencia de que algo ha cambiado. Hay una transformación simbólica y tangible de la legitimidad: del foro oficial organizado por los intereses privados y el Consejo Mundial del Agua al People’s Water Forum organizado por la sociedad civil del mundo incluyendo: agricultores, indígenas, activistas, movimientos sociales, sindicatos, organizaciones no gubernamentales y redes que luchan alrededor del mundo en defensa del agua, el territorio y los comunes.

Llamamos a las Naciones Unidas y los Estados miembro a aceptar su obligación como la entidad global para reunir foros multilaterales y a comprometerse formalmente a llamar a un foro de agua que esté ligado a obligaciones de Estado y que rinda cuentas a la comunidad global.

Llamamos a todas las organizaciones y gobiernos al interior del 5to Foro Mundial del Agua a comprometerse a que éste sea el último foro controlado por las corporaciones. El mundo necesita lanzar un foro de agua legítimo, que rinda cuentas, transparente y democrático que emerja de un proceso de la ONU apoyado por los Estados miembro.

Confirmamos una vez más la ilegitimidad del Foro Mundial del Agua; denunciamos la declaración ministerial porque no reconoce el derecho humano universal ni la excluye de los acuerdos comerciales. Además, el borrador de la resolución ignora el fracaso de la privatización para garantizar el acceso al agua a todos y todas y no considera las recomendaciones positivas a la Resolución Parlamentaria Europea aunque sea insuficiente. Finalmente, este documento promueve el uso del agua para producir energía con represas hidroeléctricas y el incremento de la producción de combustibles agrícolas, las cuales causan mayor inequidad e injusticia.

Reafirmamos y fortalecemos todos los principios y compromisos expresados en la declaración de la Ciudad de México 2006: afirmamos el agua como un elemento básico de toda la vida en el planeta, como un derecho fundamental e inalienable; insistimos que la solidaridad entre las generaciones presentes y futuras debe garantizarse; rechazamos todas las formas de privatización y declaramos que el manejo y control del agua debe ser público, social, cooperativo, participativo, equitativo y sin ánimo de lucro; llamamos al manejo democrático y sustentable de los ecosistemas y a preservar la integridad del ciclo del agua a través de la protección y manejo adecuado de las cuencas y el ambiente.

Nos oponemos al modelo económico y financiero dominante que prescribe la privatización, comercialización y corporatización de los servicios de agua y saneamiento. Nos enfrentaremos a este tipo de reformas destructivas y no participativas del sector público, habiendo constatado sus funestas consecuencias como resultado de prácticas rígidas de recuperación de costos y el uso de medidores de prepago.

Desde 2006, en México, el movimiento global en defensa del agua ha continuado resistiendo el control corporativo del agua para el lucro. Algunos de nuestros logros incluyen: recuperar empresas públicas que habían sido privatizadas, promover e implementar asocios público–públicos; disminuir ganancias de las empresas embotelladoras de agua; reunirnos para celebrar acciones colectivas y simultáneas durante Octubre Azul y la Semana de Acción Global. Celebramos nuestros logros particularmente por el reconocimiento del derecho humano al agua en varias constituciones y leyes.

Al mismo tiempo necesitamos atender la crisis económica y ecológica. ¡No pagaremos su crisis! No rescataremos este modelo equivocado e insustentable que ha transformado el gasto privado irresponsable en una enorme deuda pública, que ha transformado el agua y los comunes en mercancía, que ha transformado toda la naturaleza en una fuente de materia prima y en un tiradero al aire libre.

La interdependencia básica entre el agua y el clima ha sido reconocida por la comunidad científica y está subrayada por el Panel Intercontinental del Cambio Climático. Por esto, no debemos aceptar respuestas al caos climático en el sector energético que siga la misma lógica que causó la crisis desde el inicio. Ésta es una lógica que pone en riesgo la cantidad y calidad del agua y la vida que está basada en represas, plantas nucleares y plantaciones de agrocombustibles. En diciembre de 2009 llevaremos nuestras preocupaciones y propuestas a la Conferencia de las Naciones Unidas de Cambio Climático en Copenhague.

El modelo dominante de agricultura intensiva industrial contamina y destruye los recursos de agua, empobrece los suelos agrícolas y devasta la soberanía alimentaria. Esto tiene un impacto en la vida y la salud pública. Desde la rica experiencia del Foro Social Mundial en Belem nos comprometemos a fortalecer nuestras alianzas estratégicas entre el movimiento del agua y aquéllos de la tierra, territorio, alimentación y clima.

También nos comprometemos a seguir construyendo redes y alianzas sociales, e involucrar tanto a autoridades locales como parlamentarias que estén decididas a defender el agua como bien común y a reafirmar el derecho al agua de todos los humanos y la naturaleza. También animamos a todos los sistemas de agua públicos a reunirse estableciendo asociaciones nacionales y regionales.

¡Festejamos nuestros logros y nuestra colaboración a través de países y continentes!

Esteban Monge
Cedarena
Estambul, marzo de 2009

ASDEICE: El PAC votó y dió su apoyo a la Ley de cogeneradores privados

24 de marzo del 2009
AS-244-09

Estimados Señores y Señoras Diputados del PAC

A raíz de la discusión y aprobación en primer debate del EXPEDIENTE LEGISLATIVO 16.949 LEY MARCO DE CONCESIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS FUERZAS HIDRÁULICAS PARA LA GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA, misma que contó con la mayoría de de los votos de los diputados y diputadas de la fracción del PAC, con las honorables excepciones del diputado Ronald Solís y de la diputada y compañera Leda Zamora, se ha desatado una serie de criticas públicas por parte de muchos y diferentes sectores sociales indignadas ante la posición del PAC de apoyar esta ley que en términos generales reproduce vicios de la ley 7200 la cual ha sido combatida durante casi 20 años por demostrarse que fue utilizada como un botín político, en muchos casos con condiciones abusivas y nocivas para el país, el ICE y los usuarios de electricidad (Ver informes de Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes, Comisiones de Asamblea Legislativa y pronunciamientos de sectores sociales, incluida nuestra organización).

En este contexto, nuestra organización el pasado viernes 20 de marzo mediante el comunicado ASDEICE INFORMA – y bajo el Título Sobran las palabras y quedan los hechos. EL PAC VOTO Y DIO SU APOYO A LA LEY DE COGENERADORES PRIVADOS, CON LA EXCEPCIÓN DE LEDA ZAMORA Y RONAL SOLIS, se reprodujo y se comunicó a lo interno del ICE, una carta abierta, enviada el pasado 17 de marzo por la Asociación Proyectos alternativos para el desarrollo social Amigos del Río Pacuare a diputado-as del PAC y firmada por el Sr. Osvaldo Durán Castro. Céd. No. 1-637-047.

Lamentamos que esta acción de ASDEICE, fuera motivo de comentarios y epítetos totalmente fuera de lugar brindados por la fracción del PAC en la sección plenaria de ayer lunes 23 de marzo, especialmente de parte de los estimables diputados Francisco Molina, jefe de fracción y de Alberto Salom, quienes entre otras cosas mencionaron que ASDEICE actuaba demagógicamente, que mentíamos, que hablábamos sin haber leído el proyecto y que en días anteriores se habían reunido con las organizaciones del ICE, llegando al acuerdo de recibir nuestras objeciones al proyecto, situación que según ellos nunca se hizo (se infirió que habíamos sido irresponsables) y que por consiguiente se interpretó que estábamos de acuerdo en todo y ahora criticamos y le mentimos a la gente.

Sobre estas interpelaciones ASDEICE aclara:

La reunión FIT con la fracción del PAC.

1. Efectivamente y a petición del FIT, el pasado 26 de febrero se realizó la reunión con la Fracción del PAC y con el diputado José Merino sobre la base de tres puntos a saber: A-La situación de las Ley de Electricidad. B.- Denunciar la creación de sociedades anónimas dentro del ICE, C- Mejorar la comunicación y coordinación entre las partes.

2. En dicha reunión verbal y puntualmente se les brindaron los criterios y objeciones que el FIT tenía y ha tenido en los últimos 20 años para aponerse a esta ley.

3. En esa reunión se nos informó que la Fracción del PAC había decidido negociar y apoyar el proyecto de ley. (esto es de conocimiento público)

4. Independientemente de las diferencias conceptuales, en esa reunión se acordó mejorar la comunicación entre ambas partes y se designó a la diputada Leda Zamora como enlace de comunicación entre las partes.

5. Efectivamente se acordó que el FIT enviaría sus criterios sobre esta ley y sobre las otras dos leyes que estaban por entrar a la corriente legislativa a saber: Ley de Fortalecimiento de empresas del sector eléctrico y Ley General de la Industria de Electricidad, en el entendido que las tres leyes son parte de una misma dinámica.

6. A principios del mes de marzo se les hizo llegar por los medios acordados al PAC y al Frente Amplio un documento que en esencia definía nuestras consideraciones y oposición al proyecto 16.949.
Sobre el fondo del asunto:

El PAC, en el ánimo de justificar lo injustificable, define que resolvieron su dilema votando la ley 16.949 como única alternativa de lograr negociar la eliminación de vicios que se realizaron en la ley 7.200, esencialmente en cuanto a la eliminación de la tarifa de Costo evitado que a juicio del jefe de fracción del PAC, son contratos_ “nefastos”_ producto de “actos éticamente cuestionables” (ver carta de Dip. Francisco Molina a Osvaldo Durán Castro del 23 de marzo).

En todas las intervenciones de los diputados/as del PAC que votaron afirmativamente el proyecto, incluidos los diputados Molina y Salón, justifican su apoyo y definen como un gran triunfo el lograr la eliminación del criterio de “Tarifa de Costo Evitado” que la contraloría definió como lesivos.

Sobre la eliminación de la Tarifa de Costo Evitado, vamos a ver que tan triunfo es: (Art.-17).

• El principio de Costo Evitado, en esencia es una formula que se aplica desde mediados de los años noventa a algunos generadores privados (algunos con participación de políticos muy influyentes y cercanos a los partidos mayoritarios) cuya tarifa era muy por encima (abusiva) a los costos de producción de la época y que produjo grandes sangrías económicas a las finanzas del ICE que pagaban todos y todas los costarricenses.

• Desde finales de los noventa, la Contraloría había definido que los contratos amparados a la ley 7.200 y que contenían la formula “Tarifa de Costo Evitado” eran lesivos y le ordenó a al ICE primero y la ARESEP• después el presentar juicios por lesividad en contra de estos contratos, situación que nunca se concretó sin que a la fecha existan explicaciones satisfactorias, lo que nos hace pensar en presiones “ocultas”.

• Lo que si se logró (desde que la Contraloría definió que estos contratos contenían una formula abusiva y lesiva), fue que desde 1997 no se firmaron nuevos contratos con esa fórmula, o lo que es lo mismo técnicamente ya estaba eliminada o sin aplicación, lógicamente porque no se podía seguir firmando contratos que la Contraloría definía como lesivos.

En conclusión, el gran triunfo del PAC fue eliminar algo que ya técnicamente estaba eliminado y no se aplicaba, a cambio cedió en:

1. Darle a los dueños de algunos contratos dos y tres años más de gracia, bajo las mismas condiciones, o sea bajo contratos lesivos e inmorales para sigan haciendo clavos de oro a costa de las tarifas de que pagan los costarricenses. (Transitorio I y II de la ley).

2. Ampliar los plazos los plazos de las concesiones de 15 años en la ley 7.200, a 25 años en la ley 16.949 y renovar este plazo a un período igual, o lo que es lo mismo, la posibilidad real de aumentar en 20 años estas concesiones. (Art. -5 y 6).

3. Se le brinda la potestad al MINAE de fijar los cánones a cobrar (en ese momento Roberto Dobles), o lo que es lo mismo la definición del cobro de canon que pagarían los privados la realizaría el mismo personaje que fue empleado indirecto de ellos cuando fue asesor estrella de la UCAEP. (Art.- 14)

Estos son, entre otros, algunos criterios de la posición de nuestra organización para estar en contra del proyecto que ustedes están ayudando a aprobar y que en esencia les hemos hecho a su conocimiento con anterioridad por diferentes medios, criterios que estamos dispuestos discutir públicamente con ustedes, sobre todo ante la cordial invitación que nos realizó el diputado Molina en su intervención de ayer cuando textualmente dijo: “A mí me hubiera gustado que los señores de Asdeice, puntualicen en un comunicado, cuál es el problema, y aquí le hablo a la directiva, no a los empleados del ICE”. aunque no abrigamos mayor esperanza en lograr incidir en su decisión cuando ni siquiera aceptan los acertados criterios de la diputada Leda Zamora y los excelentes argumentos del estimable diputado Ronald Solís, quienes votaron en contra.

La ley 16.949, además de contener o ser parte de un modelo que se pretende implementar en concordancia con los postulados del CAFTA, contiene un alto grado de violación a postulados éticos, donde a nuestro juicio con su aprobación se premia a empresas y empresarios, nacionales y extranjeros que han enajenado los bienes públicos y usufructuado mediante compadrazgos políticos el erario de los y las costarricenses.

En conclusión, para nuestra organización, para cientos de trabajadores/as ICE y para muchas organizaciones sociales ustedes, o pecan de ingenuos (talvez tienen buenas intenciones) o han confundido sus postulados éticos que tanto acompañamiento ha tenido de nosotros.

Por consiguiente, señores diputados y diputadas del PAC, ASDEICE está dispuesto a discutir fraternalmente este tema con ustedes, donde ustedes definan.

Mientras tanto, reiteramos que: Sobran las palabras y quedan los hechos.

Fraternalmente,

Alonso Araya Fuentes
Presidente ASDEICE

C:
Fracciones de la Asamblea Legislativa
Organizaciones Frente Interno del ICE
Trabajadores/as del ICE
Organizaciones Sociales

AyA: ANEP pide resolver situaciones laboral de «jornales ocasionales»

San José, 23 de marzo del 2009.
S.G. 07-09-1265-09

Señor
MBA. Max Gutiérrez López
Director General
Dirección General de Recursos Humanos
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A)
Su despacho

Estimado señor:

Reciba, en primera instancia, un respetuoso y cordial saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Le estamos solicitando, formalmente y por esta vía, siempre en forma respetuosa, el resultado del estudio sobre la_ “apelación de las bases salariales”_, mismo que la Junta Directiva de A y A, le había a su autoridad que lo hiciera, en el plazo de una semana, misma que entendemos ya se cumplió.

En otro orden de cosas, necesitamos, también de forma urgente, se convoque a una reunión que acordamos debería darse con la dirección de A y A-Autofores, para hacer un abordaje integral y compartido, sobre la problemática de los trabajadores que han sido contratos como “jornales ocasionales”.

Por último, le solicitamos que se nos informe, de manera detallada, la cantidad, los lugares y las funciones que realizan todos aquellos trabajadores a quienes se les mantiene en la condición de “ocasionales”, en todas y cada una de las dependencias del país.

Reiterándole nuestro mayor respeto y consideración, es importante señalar que las tres peticiones anteriores están fundamentadas en el artículo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Con toda consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

C.c.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Sr. Carlos Monterrey López, Responsable ANEP-A y A-, Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO), ANEP.
Juntas directivas seccionales ANEP-A y A.
Personal involucrado, A y A.
Archivo.

Secretario General de la ANEP pide expediente a la DIS

San José, 23 de marzo de 2009.
S.G. 07-09-1272-09

Licenciado
José Torres
Director General
Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS)
Ministerio de la Presidencia
Su despacho

Estimado señor:

Tenemos conocimiento de que el señor Ministro de la Presidencia, Lic. Rodrigo Arias Sánchez, giró directriz al despacho a su cargo para que, en lo sucesivo, la transparencia sea norma en las actuaciones de la DIS, por un lado; y, por otro, que se revelará la información de expedientes o las “anotaciones” que existan sobre la actividad de personas aludidas que así lo soliciten.

Es público y notorio la naturaleza de las actividades sociopolíticas de quien esto escribe, a lo largo de los últimos años, teniendo de nuestra parte presunción firme de que la DIS contiene un expediente y/o “anotaciones” a nuestro nombre. Como ello es de naturaleza abiertamente inconstitucional y en función de la indicada directriz formulada por parte del responsable político máximo de la DIS que usted dirige, le solicito, formal y oficialmente por esta vía, me indique la forma en que puedo tener acceso visual, físico y material de toda la información que se ha acumulado a mi nombre y me indique cuáles pasos administrativos debo seguir.

Respetuosamente advierto sobre cualquier decisión de su despacho y/o de cualquier subalterno, que atente contra la indicada transparencia, en el sentido de destruir, esconder, mover de lugar, seleccionar abusivamente partes, eliminación de “anotaciones” y similares de la información acumulada en mi caso.

Invoco para recibir oportuna respuesta de su parte, el artículo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, indicándole que el lugar para recibir respuesta es de su amplio conocimiento y, en todo caso, se indica en el membrete de la presente; como también se indica en el mismo, teléfonos, fax y correo electrónico.

Con toda consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

C.c.
Lic. Rodrigo Arias Sánchez, Ministro de la Presidencia.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Medios de comunicación colectiva.
Archivo.

Sala II vota a favor de Rita Méndez contra la CCSS

Voto de la Sala Segunda en el Caso de Rita Méndez contra la CCSS por desempañar funciones y no pagarle lo correspondiente.

Ecologistas advierten puerta abierta a la exploración petrolera

La organización ecologista Oilwatch celebró la reciente moratoria petrolera anunciada por el Presidente Oscar Arias el pasado lunes. Sin embargo vieron con peligro la situación del caso de las empresas petrolera Mallon Oil que mantiene posibilidades de explorar petróleo en suelo costarricense.

Después de una campaña donde comunidades locales, grupos ecologistas y población en general se opusieron durante 10 años a las iniciativas petroleras de dos distintos gobiernos, se había logrado un consenso nacional para detener estas actividades. Oilwatch había criticado fuertemente los anuncios anteriores de búsqueda de petróleo con empresas brasileñas y chinas.

Mauricio Álvarez, facilitador de la Red Oilwatch Mesoamérica, fue enérgico en exigir “un ministro que esté a la altura de esta decisión y que retome la verdadera propuesta de paz para la naturaleza y no se quede en esa declaración y establezca la moratoria a la minería, a los transgénicos y que vuelva a dar voz a los movimientos ecologistas y asegure un capitulo de derechos de la naturaleza en la Constitución Política”.

Para los ecologistas esta decisión tiene su origen en la presión ejercida de grupos ecologistas, sociales, mujeres, indígenas, universidades, iglesias, gobiernos locales y comunidades del Caribe costarricense desde que asumió el gobierno en 2006.

Pero la alegría expresada por los ecologistas se torna preocupación ya que existe un proceso abierto con una empresa petrolera en la zona norte del país

Ya en 2003 SETENA había aprobado un Estudio de Impacto Ambiental cuestionado por los ecologistas y la propia Dirección de Hidrocarburos diciendo que es una mera recopilación bibliográfica en vez de un verdadero Estudio de Impacto Ambiental.

SETENA falló a favor de la empresa cinco años después y los ecologistas volvieron a apelar, esta vez ante el Ministerio de Ambiente, instancia superior y “Esta apelación aún está sin resolverse en el escritorio del Ministro” dijo Alvarez.

De resolverse a favor de la empresa, ésta obtendría derecho a explorar el 18% del territorio nacional (bloques 5, 6 ,7, 8, 9 y 10), que incluye toda la zona norte del país y el Caribe norte.

“En diciembre del año pasado interpusimos un recurso de amparo en la Sala Constitucional para anular las resoluciones de SETENA respecto al Estudio de Mallon Oil. Por las distintas violaciones que se ha incurrido en este largo y polémico proceso. Creemos que con este recurso habría una llave para que realmente pueda ser efectiva la declaración del presidente de no permitir exploración petrolera en suelo costarricense”

Alvarez dijo, además, que “esta declaración podría quedar como mera propaganda si, efectivamente, el gobierno no pone a un Ministro imparcial y con suficientes atestados para resolver este caso a favor del ambiente y que deje a la Sala IV pronunciarse antes de resolver la apelación que está en sus manos”, aseguró.

La moratoria a la exploración petrolera fue una declaración ética del gobierno pasado cuando, además, decretó la moratoria a la minería de oro a cielo abierto. Ambas iniciativas habían sido desechadas por la actual administración.

Oilwatch es una red internacional de monitoreo a la actividad petrolera en las zonas tropicales de todo el mundo. Tiene cedes regionales en Costa Rica, Kenya, Ecuador y Tailandia.

Ética y transparencia de “mentirillas”

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.

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La misma prensa afín al gobierno de los hermanos Arias, puso el asunto en conocimiento de la opinión pública. Así de grave es el asunto.

Antes de que el señor Gallardo fuera Presidente Ejecutivo de la CNE, una de las empresas de la cual él fue abogado, obtenía contratos de compra con esta institución, por unos 182 millones de colones. Hablamos del año 2006. Para el 2007 y siendo ya el señor Gallardo el máximo jerarca de la citada entidad, las compras de la CNE a esa misma empresa, ascendieron a 1.810 millones de colones. En el 2008, fueron del orden de los 1.597 millones de colones. El citado jerarca alegó que todo fue legal. ¿Habrá sido moral? ¿Habrá sido ético? ¿Tráfico de influencias?… Juzgue usted.

Por eso él no debe salir en carrera de ese alto cargo y, por el contrario, tiene que enfrentar con hidalguía, las consecuencias de sus decisiones. Lo que pasa es que, nuevamente, la ética y la transparencia de la alta cúpula gubernamental quedaron seriamente dañadas. Se trata de una ética y de una transparencia de “mentirillas”, al compararla con el inicial discurso presidencial en la materia.

Esta cuestionable actuación del mencionado político no debe llevarnos a enlodar la limpia trayectoria del personal de la CNE. Le conocemos. Damos fe de su ética y honesta vocación de servicio público; de su profesionalismo y compromiso con el país, especialmente con los sectores más desposeídos, por lo general, víctimas injustas de las diversas situaciones de desastres naturales.

El personal estable de la CNE tiene una transparente trayectoria sociolaboral. Incluye técnicos y profesionales de altísima especialización quienes, junto a los cuadros administrativos de larga y limpia carrera, exhiben una sólida formación académica y ética; aquilatando una experiencia que el país no puede sustituir de la noche a la mañana; por tanto, imprescindible.

Los yerros institucionales y los atentados a la transparencia contra la institucionalidad de la CNE, no se originan por “abajo”, sino por “arriba”: por los políticos del bipartidismo tradicional en extinción, que llegan a tal entidad, pensando en el próximo cargo público que han de capturar en la elección venidera. Esa es la realidad.

Otro reciente caso de ética y transparencia de_ “mentirillas”_ en el presente gobierno, tiene que ver con la nueva ley de generación hidroeléctrica privada. Grupos y empresas que aportaron cerca del 15 % del dinero de la campaña electoral de los hermanos Arias, presuntamente harían ganancias enormes con dicha legislación. El semanario electrónico “informa-tico. com”, así lo dio a conocer, con base en reportes del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Con ese proyecto de ley, los empresarios privados de electricidad, se aseguran de que el ICE les compre toda su producción, se necesite o no. Negocio más que redondo. La posibilidad de hacer negocios privados con el servicio de electricidad que da la nueva ley, incluiría a empresas como el Ingenio Taboga, donde los hermanos Arias son accionistas.
Ya muchas de estas empresas y otras más, hacían negocios de este tipo, con la ley anterior 7200.

A su amparo y en algunos casos, ocurrieron barbaridades con las tarifas que se les pagaron, al punto de que la propia Contraloría General de la República, ordenó llevar a muchas de ellas a juicios, llamados juicios de “lesividad” por el gran detrimento que ocurrió en el patrimonio público del ICE. Nunca, ninguna de ellas, se vio en los tribunales. Ahora parece que todo habrá de quedar impune. Nuevamente, como se puede notar, ética y transparencia, son de “mentirillas” en la actual administración.

ANEP rechaza fuerte recorte presupuestario al MSP

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, rechazan las pretensiones gubernamentales para cercenarle al Ministerio de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía, un 21 % de su presupuesto actual, según datos extraoficiales en poder de la ANEP.

Un recorte presupuestario de tal calibre generará muchas mayores dificultades operativas en un programa ministerial estratégico para el país, como lo es la Fuerza Pública; la cual, sin exagerar, podría entrar en una verdadera crisis institucional, sino de parálisis.

Esta situación es de extrema gravedad, ante el creciente y potente clamor ciudadano por el tema de la seguridad y la preocupante ola delicuencial que vive el país; ola delicuencial espectacularizada con fines mediático-comerciales), en no pocas ocasiones.

No se puede aceptar, bajo ninguna circunstancia, que la sociedad culpe a la Fuerza Pública del problema criminal que vivimos. Aparte de que ya de por sí la cifra invertida del presupuesto público en materia de seguridad ciudadana, es insuficiente; más grave será si se aplica un recorte presupuestario del 21 %. ¿Cómo combatir la criminalidad según lo pide la gente, si la sociedad únicamente invierte, sin recorte, apenas un 0.5 % del Producto Interno Bruto (PIB), en seguridad ciudadana?

Compartimos la enorme preocupación gubernamental por la existencia de una crisis de orden económico, con orígenes exógenos; producto del desmoronamiento y el colapso del modelo neoliberal excluyente y generador de pobreza, mismo que ha favorecido a los grandes capitales, sobre todo al capital financiero.

Así las cosas, repudiamos con toda vehemencia, que la crisis la tengan que pagar las instituciones estatales que producen inversión social, en tanto se privilegie la capitalización del Banco Central y se implementa un plan escudo que admite despidos, disminución de salarios y legalización de la flexibilidad laboral en la empresa privada. Sin duda, estos factores repercutirán en el índice delincuencial del país, poniendo a la Fuerza Pública ante dilemas más dramáticos y graves.

Contrariamente, el presupuesto de la Fuerza Pública debe ser elevado sustancialmente, con el aporte obligado de grandes rentas privadas acumuladas en demasía y que no quieren ser tocadas en el aporte a sobrellevar la mencionada crisis. La Fuerza Pública urge de más presupuesto para pagar mejores salarios, elevar los del personal de base (pues el de los mandos medios y altos recibió ya un justo y sustancial aporte). Urge mejorar muchas instalaciones físicas, logística y avituallamiento, además de contratar más personal.

Instamos, respetuosa pero vehemente, al Gobierno de la República a excluir a la Fuerza Pública, particularmente, así como al Ministerio de Seguridad Pública y Gobernación y Policía de este negativo recorte presupuestario del 21 %.

San José, 24 de marzo de 2009.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Adrián López Matarrita
Presidente Junta Directiva
Seccional ANEP-Fuerza Pública

A y A: ANEP plantea proyecto para agua embotellada

San José, 23 de marzo de 2009.
S.G. 07-09-1278-09

Señores
Junta Directiva
Instituto Costarricense de Acueductos Y Alcantarillados (A y A)
Su despacho

Excelentísimos señores:

Para la ANEP es motivo de honor poder dirigirnos a sus respetables personas, expresándoles el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte. A la vez, deseamos que en su papel de dirección de los caminos del Instituto, gocen de los mejores éxitos para bien del país y de los trabajadores y de las trabajadoras del A y A.

La ANEP como organización legítima de los trabajadores y trabajadoras de la institución, cree firmemente en que debe coexistir la función social del A y A (esencial para nuestro sistema democrático), y el interés por lograr las mejores condiciones laborales para todo su personal; es por ello que en esta ocasión les solicitamos se nos brinde audiencia para plantear las siguientes inquietudes:

Solicitud de declaratoria de interés institucional del proyecto del diputado don Oscar López Arias, expediente legislativo Nº 16370, “Ley que crea la planta embotelladora y comercializadora de agua del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AGUATICA y reforma a la Ley constitutiva Nº 2726 de abril d 1961”.

Solicitud del nombramiento por parte de tan importante foro, del Gerente General, ello en vista de el excesivo recargo en el tiempo de las funciones que lleva adelante el señor Guillermo Arce Oviedo, Subgerente General y que impiden una mayor incidencia en todos los ámbitos por parte del A y A, pese al denodado esfuerzo de dicho jerarca para cumplir a carta cabal sus delicadas responsabilidades y otras que tiene a recargo por la situación indicada.

Analizar la problemática de los trabajadores en el régimen de “jornales”, situación que mantiene en incertidumbre a gran cantidad de dignos trabajadores y trabajadoras del A y A.

Analizar la relación Ay A/ANEP en el marco de las relaciones sindicales.

Por último, no omitimos reiterarles nuestro saludo además de nuestro agradecimiento anticipado por la cooperación en la solicitud expuesta, recordando únicamente que hay temáticas que por su naturaleza deben solucionarse a la mayor brevedad posible.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

C.c.
Sr. Oscar López Arias, Diputado, Asamblea Legislativa.
Lic. Ricardo Sancho Chavarría, Presidente Ejecutivo, A y A.
Lic. Guillermo Arce Oviedo, Subgerente General, A y A.
Max Gutiérrez López, Director de Recursos Humanos, A y A.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Juntas Directivas Seccionales de ANEP-A y A.
Sr. Carlos Monterrey López, Responsable ANEP-A y A, Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO), ANEP.
Archivo.

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