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Los nublados del día y el TLC

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* Gerente, Asoc. Solid. de Empleados de Agrosuperior

Los costarricenses somos parte de una nación que históricamente ha tomado con mucha seriedad la oportunidad de definir acciones con respecto a temas que han influido en el desarrollo de nuestra sociedad.

El acta conocida popularmente como Los nublados del día, que marcó la pauta con respecto a la decisión histórica de independizarnos de España en 1821, es un ejemplo claro de la seriedad y responsabilidad con que nuestros antepa- sados tomaron el proceso de independencia.

Mientras en otras latitudes se derramaba sangre por disputas internas, debido a la presión existente para forzar una decisión con respecto a la declaración de independencia, en Costa Rica precisamente hacíamos una pausa y esperábamos que se aclararan los nublados del día.

Desde esas épocas inmemoriales se ha forjado nuestra cultura de paz, basada en el diálogo fraterno que algunos consideran como falta de decisión. Pero, tanto ayer como hoy, esta actuación de los costarricenses nos ha servido para construir una sociedad justa y equitativa y buscar el bienestar de las grandes mayorías.

De la mejor manera. El debate alrededor del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, los países centroamericanos y República Dominicana nos trae a la memoria estos acontecimientos de nuestros inicios como nación independiente; pero también debemos ser claros en que los costarricenses, cuando ha sido necesario tomar decisiones con respecto a temas importantes, lo hemos hecho de la mejor manera.

El referéndum como instrumento superior de nuestro sistema democrático brinda una oportunidad para definir, de una vez por todas, el destino que debe seguir nuestro país en torno al tema de la apertura comercial.

A partir de la realización del proceso de referéndum, quedan atrás todos aquellos intereses personalistas de falsos protagonismos, la defensa de intereses sectoriales y la oportunidad política que significa estar a favor o en contra del TLC.

El pueblo costarricense exige la oportunidad de definir su destino, sin manipulaciones, con la sabiduría que siempre lo ha caracterizado. Como en toda contienda, al final habrá vencidos y vencedores, pero seguiremos siendo la misma Costa Rica.

Nos preparamos para vivir este proceso democrático, tenemos la responsabilidad de educar a los costarricense hablando claramente de lo que significa la apertura comercial, los sectores que eventualmente se puedan ver perjudicados y las oportunidades que tienen para solventar estas dificultades.

Fuente: La Nación S.A. del miércoles 4 de julio de 2007.

Sala IV vuelve a hacer de las suyas

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Y es que para nadie era un secreto que ese sería el fallo de la Sala IV ya que la presión ejercida en los últimos días por el Poder Ejecutivo, los grupos empresariales y la misma Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica, interesados en el tratado, en era muy fuerte.

Hoy la Sala IV se ha pronunciado sobre las consultas de inconstitucionalidad presentadas, por la forma y por el fondo, por diputados y diputadas del PAC, PASE y Frente Amplio; así como por la Defensoría de los Habitantes.

La resolución de la Sala IV se definió cinco votos a favor y dos abstenciones sobre la constitucionalidad del TLC. Votaron a favor los magistrados: Luis Paulino Mora, Luis Fernando Solano Carrera, Ana Virginia Calzada Miranda, Adrián Vargas Benavides, Ernesto Jinesta Lobo; mientras que los magistrados Gilberto Armijo Sancho y Fernando Cruz se abstuvieron de pronunciarse.

Esta resolución era lo que el Tribunal Supremo de Elecciones, TSE, esperaba para oficializar el llamado a Referéndum sobre el tratado y que fue convocado inicialmente para el 7 de octubre próximo.

Ante esto el presidente del TSE sostuvo que ya resuelto el tema de la Sala IV, el próximo 12 de julio se realizará la convocatoria oficial a Referéndum, se rifará la posición en la papeleta del NO y el Si.

Desde ya diversas organizaciones sociales que el sábado anterior realizaron el lanzamiento oficial de la Campaña Patriótica del NO al TLC, se manifiestan contrariados ante la resolución de la Sala IV debido a los contundentes argumentos presentados por los diputados y la Defensoría de los Habitantes sobre las inconstitucionalidades del tratado y preparan ya acciones de protesta frente a los tribunales de justicia donde se encuentra la Sala Constitucional.

Este tipo de cuestionadas resoluciones no es nuevo para la Sala IV, ya se había desdicho anteriormente cuando en una votación rechazó la reelección presidencial y posteriormente la votó a favor y así Oscar Arias Sánchez se postuló y ocupa hoy la silla presidencial.

Pronto estaremos ofreciendo mayores detalles tanto por esta página como por Radio ANEP Ciudadana.

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VIDEOS:

Otton Solis, Fabio Chaves y Albino Vargas hablan sobre el fallo de la Sala IV que declara al TLC libre de inconstitucionalidades.

El Rector Eugenio Trejos habla sobre el resultado de la resolución de la Sala IV sobre el TLC.

Jose Merino del Rio habla sobre la resolucion de la Sala IV sobre la constitucionalidad del TLC .

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Texto resolución de la Sala IV
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San José, 3 de julio de 2007.-

En San José, a las diez horas de tres de julio del dos mil siete, se inició la votación de la Sala Constitucional, conformada por los Magistrados Luis Fernando Solano Carrera (quien preside), Luis Paulino Mora Mora, Ana Virginia Calzada Miranda, Adrián Vargas Benavides, Gilbert Armijo Sancho, Ernesto Jinesta Lobo y Fernando Cruz Castro.

El resultado de la votación fue el siguiente:

A. RESOLUCIONES DE LA SALA:

1) Sentencia 2007-09469

Expediente 07-05632-0007-CO. A las diez horas. Consulta de Constitucionalidad. Defensora de los Habitantes y Alberto Luis Salom Echeverría, y otros, en lo referente al Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos. Se evacuan las consultas formuladas en el siguiente sentido:

Primero.- Por mayoría de los Magistrados Solano, Vargas, Armijo, Jinesta, y Cruz, se admiten ambas consultas. La Magistrada Calzada salva el voto, únicamente, en cuanto a la procedencia de la consulta de las diputadas y los diputados y la declara inadmisible. El Magistrado Mora salva el voto y declara inadmisibles ambas consultas.

Segundo .- Por mayoría de los Magistrados Solano, Mora, Calzada, Vargas y Jinesta se evacuan las consultas, en el sentido de que no se observan vicios de constitucionalidad en el Tratado consultado. Los Magistrados Armijo y Cruz salvan el voto y evacuan la consulta en el sentido de que resulta inconstitucional: a) lo dispuesto en cuanto a la Comisión de Libre Comercio; b) del Capítulo de Telecomunicaciones lo que se refiere a la aplicación retroactiva del Anexo 13; c) lo dispuesto en materia ambiental, salvo lo relativo a la participación ciudadana; d) lo relativo al proceso de certificación en los Estados Unidos; e) el arbitraje Inversionista-Estado; f) la figura de la Comisión de Libre Comercio; g) el tema de los medicamentos en el Capítulo de Propiedad Intelectual; y h) en lo que respecta a resolución de controversias, inversiones y salud, en cuanto afecta el Estado Social y Democrático de Derecho.

El Magistrado Armijo, además, considera inconstitucional el concepto de territorio establecido en el Tratado.

Tercero .- Por mayoría de los Magistrados Solano, Mora, Calzada, Vargas y Jinesta se declara que no ha lugar a evacuar la consulta en cuanto a los temas de procedimiento legislativo. Los Magistrados Armijo y Cruz salvan el voto respecto de este tema de la siguiente manera: a) es inconstitucional el trámite de la iniciativa relativa a la aprobación del Tratado consultado, por vulnerar el contenido esencial del artículo 10 de la Constitución Política, al no haberse efectuado la consulta preceptiva contemplada en esa norma; b) viola el Derecho de la Constitución, el hecho que el Plenario de la Asamblea Legislativa, en el acuerdo tomado en la sesión ordinaria N° 183 de 23 de abril de 2007, haya modificado los términos de la iniciativa del Poder Ejecutivo para someter a referéndum el Proyecto aludido, así como en la comunicación del Directorio de la Asamblea Legislativa N°. 6323-06-07; c) constituye una violación de los principios que informan este proceso, en particular del principio democrático y de publicidad, el hecho que se haya omitido efectuar la traducción oficial al idioma español, de la integridad del texto del Tratado aludido, teniendo en consideración que los folios 2179 y 2581 del expediente legislativo N° 16.047 están en el idioma inglés; d) es inconstitucional la omisión de incluir el contenido del acta de la sesión N° 183 de 23 de abril de 2007 del Plenario de la Asamblea Legislativa, en el expediente legislativo N° 16.047 , por la violación de los principios de seguridad jurídica y de publicidad.

Cuarto. – Por unanimidad, se declara inadmisible la ampliación presentada por las diputadas y los diputados y las gestiones planteadas por personas no consultantes.

Notifíquese en los medios señalados, así como al Tribunal Supremo de Elecciones.-

Luis Fernando Solano C.
Presidente

Movimiento Solidarista Costarricense pierde afiliación por posición a favor del TLC

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Comunicado de Prensa

ASEFYL y el TLC con Estados Unidos

En Costa Rica existen tres organizaciones que agremian a las asociaciones solidaristas del país, a saber: La Escuela Social Juan XXIII, F.E.C.A.C.E.P. y el Movimiento Solidarista Costarricense.

Ya hace varios meses hemos venido observando como una de estas organizaciones, específicamente el Movimiento Solidarista Costarricense viene publicando a través de diferentes medios, una serie de comentarios a favor del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, así como varios comentarios dirigidos a los sectores que se oponen al mismo.

ASEFYL como afiliada al Movimiento Solidarista Costarricense en varias ocasiones, presentó ante los personeros del Movimiento la inconformidad con ese proceder, aclarando que muchos de nuestros asociados tenían posiciones contrarias con respecto al Tratado de Libre Comercio y que además nunca nos fue consultado nuestro criterio sobre el particular.

Aclaramos que la Junta Directiva de ASEFYL mantiene una posición de neutralidad con respecto al Tratado de Libre Comercio, considerando por un lado las apreciaciones de nuestros asociados y por otro que debemos de mantener el respeto a los demás.

Por tanto, dado que el Movimiento Solidarista Costarricense no representa al total del Sector Solidarista Costarricense y que la posición que han asumido con respecto al TLC no fue consultada con las asociaciones participantes; el pasado 25 de Octubre de 2006, la Junta Directiva de ASEFYL en sesión No. 813-10 del 25 de Octubre de 2006; acordó por unanimidad no renovar la afiliación con el Movimiento Solidarista Costarricense; posición que se mantiene hasta el día de hoy.
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Los nublados del día y el TLC

Roberto Rojas Benavides *
Aunque no se declara abiertamente contra el TLC, este mensaje de otro solidarista si muestra un planteamiento que contrasta TOTALMENTE con las manifestaciones hechas por el Movimiento Solidarista Costarricense, lo que muestra la poca representatividad de esta organización en el tema del TLC.

El caso de 23 anepistas clandestinos que
trabajan en “La Nación S. A.”

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trabajan en “La Nación S. A.”

1. Afortunadamente para la democracia costarricense, la abrumadora mayoría de la ciudadanía está compuesta por gente decente. Desgraciadamente, parte de esta ciudadanía (aunque cada vez es menos), todavía se “informa” leyendo el periódico “La Nación S. A.”.

2. Solamente por esta única razón, por esa gente decente que aún lee “La Nación S. A.”, haremos referencia a la más reciente campaña de desprestigio de dicho “medio de comunicación” en contra del sindicalismo.

3. Por supuesto usted, que es gente decente y que nos hace el inmenso honor de leer estas reflexiones, lo está haciendo en otro medio que no es “La Nación S. A.”. Esa empresa jamás publicará esto y tampoco es nuestro interés que lo haga. Al fin y al cabo, el grueso de la clase trabajadora asalariada, también enormemente decente, no lee “La Nación S. A.”, lee Diario Extra. Y esa gente decente a la cual nos dirigimos y que todavía lee “La Nación S. A.” y que cada vez es menos, se informa también, por ejemplo, por la red electrónica, algo que, dichosamente, “La Nación S. A.” no puede controlar.

4. Esa gente decente que lee “La Nación S. A.”, es gente que nunca ha tenido que ir a los tribunales de justicia, investigadas por defraudaciones con devaluaciones monetarias. “La Nación S. A.” sí. Esa gente decente, es gente que nunca ha tenido que verse acusada por defraudar al fisco con engaños en declaraciones de rotativas que luego corrieron a enmendar. “La Nación S. A.” sí. Esa gente decente es la que, responsablemente, lleva al día sus libros tributarios y no los extravía, “curiosamente”. “La Nación S. A.”, ¿?

5. Desde que salió a la luz pública, “La Nación S. A.” siempre tuvo un pensamiento totalitario, antidemocrático. En su primer número, del 12 de octubre de 1946 y en la primera página, ya se burlaban de las conquistas democráticas costarricenses, de fecha reciente para esa época.

6. En un recuadro denominado “Nociones de Historia”, leemos la sorna siguiente: “Ahora hemos progresado mucho. Tenemos calles muy lindas, unas llenas de huecos y otras como en Jauja, de puro rosquete que se deshacen solas, Congreso, Juntas, Comisiones y mil diversiones por el estilo. Mucho libertinaje y hasta libertad… de punzarse el hígado y Códigos y Garantías… al paso que vamos, nos moriremos todos de hambre!”.

7. “La Nación S. A.”, siempre ha sido enemiga del desarrollo de la democracia y de las derivaciones que ese desarrollo implica para la integración social, en cuanto a las políticas públicas que se iban adoptando, a lo largo de los años, y que hicieron a Costa Rica distinta. Legendaria es, por ejemplo, la bronca de “La Nación S. A.”, con las decisiones que en vida adoptara el gran patricio costarricense don José Figueres Ferrer, Don Pepe, a quien le debemos mucha de la paz social que todavía disfrutamos; esa paz que, por cierto, todavía permite un buen clima de negocios para la gente del grupo del cual “La Nación S. A.” forma parte.

8. “La Nación S. A.” desde su propio nacimiento, dejó clara no solamente su definición ideológica totalitaria, sino que la centralizó en todo lo que fuera organización laboral de carácter sindical. “La Nación S. A.”, por definición ontológica, padece de una profunda aversión patológica hacia el Movimiento Sindical Costarricense.

9. “La Nación S. A.” siempre fue vocera de los intereses oligárquicos de carácter nacional más egoístas. Los paradigmas de la concentración de la riqueza, del sometimiento del poder político a sus dictados y de la descalificación grotesca de sus oponentes, han marcado su devenir “informativo”.

10. Sin embargo, estas perversiones de la noble profesión periodística, se agudizaron más desde que los sindicatos honestos, a partir del inicio del proceso de_ “ajuste estructural”_, asumimos roles de defensa institucional, luego de que el virus neoliberal gestado en las entrañas de “La Nación S. A.”, corrompió la institucionalidad de la política tradicional que, hasta hace unos veinte años, se inspiraba en el bien común. Con “La Nación S. A.” como agencia ideológica de dominación, muchas de las acciones gubernativas de todo este período, en términos generales, derivaron en cuestiones de negocios.

11._ ”La Nación S. A.”_ tiene perfecta claridad de que en el sector privado de la economía costarricense, la palabra y el concepto Sindicato, es sinónimo de despido. “La Nación S. A.” tiene una gigantesca responsabilidad política que la historia habrá de cobrarle en un momento cada vez más cercano, en el sistemático proceso violatorio de unos de los derechos constitucionales más sagrados de nuestra Carta Magna: la Libertad Sindical. Libertad Sindical que, aunque usted no lo crea, cobija tanto a trabajadores como a empresarios y a ambos puede llamárseles “sindicalistas” si se organizan en defensa de sus respectivos derechos. Veamos.

12. Nuestra Constitución Política en su Artículo 60, establece que “Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales”. Los empresarios que “La Nación S. A.” representa sí tienen acceso a ese derecho. Ellos se agrupan en cámaras, invocando ese Artículo 60. Sin embargo, en las empresas de esos empresarios agrupados en cámaras, a los trabajadores se les niega el derecho estipulado en ese Artículo 60. Esta es una gran afrenta a la democracia costarricense y “La Nación S. A.” comparte una gran responsabilidad por ello, por su virulento, enfermizo y patológico antisindicalismo.

13. Además, el derecho a la Libertad Sindical tiene rango jurídico como parte esencial del Derecho Internacional y se le considera un Derecho Humano Fundamental. Efectivamente, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), del 10 de diciembre de 1948, se establece en el inciso 4, del Artículo 23, lo siguiente: 4. “Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”. Costa Rica es un Estado firmante y ratificante de esta histórica declaración y en todas las que le han seguido en materia de Derechos Humanos, hasta la actualidad; las cuales consignan, por supuesto, la Libertad Sindical.

14. Este derecho es cercenado, un día sí y otro también, en el sector privado de la economía costarricense. Tan es así que en “La Nación S. A.”, las 23 personas trabajadoras que se han acercado a la ANEP, consultando sobre sus derechos laborales, han aceptado ser integrantes de nuestra asociación, bajo condiciones de clandestinidad. Óigase bien, clandestinidad en la Costa Rica de los Derechos Humanos, la que sienta cátedra en el plano internacional diciéndole a otros países cómo se deben practicar y respetar esos Derechos Humanos.

15. Que nos perdonen los y las 23 anepistas de “La Nación S. A.”, por hacer esta infidencia. Es casi seguro que luego de que este texto sea público, habrá en “La Nación S.A.” algo de lo que ella practica hacia fuera: la persecución, el hostigamiento, la cacería de brujas, la “ejecución” sumaria. Estén tranquilos y tranquilas, los y las anepistas de “La Nación S. A.”, que jamás sus nombres se harán públicos y que seguirán siendo nuestros asociados y nuestras asociadas, repudiablemente, en condiciones de clandestinidad, por sobre cualquier circunstancia.

16. Hay algo que queremos “agradecerle” a “La Nación S. A.”. Es su sistemático desvelo, persistente y terco, infructuoso como ya ha quedado demostrado, por atacar al Movimiento Sindical Costarricense, particularmente a aquellas organizaciones como la ANEP, que no han podido controlar y que han sido rebeldes todos los días, en contra de la instauración definitiva del totalitarismo y de la conducta antidemocrática que “La Nación S. A.” orquesta.

17. Decimos que sentimos “agradecimiento”, porque la obsesión enfermiza de “La Nación S. A.” contra los sindicatos, cada vez que monta una campaña en contra nuestra, dejando en evidencia cuán vigentes estamos, qué vigor tenemos, cuánta amenaza le generamos para sus pérfidos designios de preservar la democracia de opereta que controló hasta hace un tiempo, porque a partir del año 2000, emergió potente una ciudadanía contestataria que ha puesto a resquebrajarse el orden institucional del cual se nutre_ “La Nación S. A.”_, según su añejo paradigma de control social.

18. “La Nación S. A.” siempre ha anhelado destruir al sindicalismo independiente, porque éste es la única vía posible para la verdadera democracia laboral en las empresas. No tenemos nada en contra del Solidarismo, pese al exagerado ensalzamiento que le hace “La Nación S. A.” y que podría serle contraproducente. Pero es real que por definición del sistema jurídico vigente, el Solidarismo tiene un específico rol que en nada se parece al del Sindicalismo. Solamente para “La Nación S. A.” y los empresarios que piensan de la misma forma que ella, el Solidarismo es la “vacuna” que les inmuniza contra el Sindicalismo, algo totalmente contraproducente para una real concepción de convivencia en democracia. Pero esto “La Nación S. A.” no lo ha aceptado nunca, ni lo entenderá jamás.

19. “La Nación S. A.” sabe, perfectamente, que nunca en los universos posibles de escenarios electivos, se alcanza la cuota máxima y perfecta del ciento por ciento de participación. Es más, nuestros informes nos indican que en las asambleas de los accionistas de “La Nación S. A.”, el registro asistencial nunca alcanza tal nivel de perfección participativa. A la mayoría lo que les interesa es que llegue el cheque con los réditos de inversión. “La Nación S. A.” sabe que no puede haber una paralización total de los servicios públicos con afiliación sindical, como para que el ciento por ciento de las respectivas membresías sindicales acudan a las asambleas, descuidando áreas vitalísimas. “La Nación S.A.” sabe que en el Movimiento Solidarista que tanto prohija, los porcentajes de participación tampoco alcanzan el nivel de excelencia perfecta.

20. Sobresale en tal sentido un ejemplo en el seno mismo de “La Nación S. A.”. Según registros de asambleas que se llevan en el Departamento de Organizaciones Sociales, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la asamblea solidarista del grupo empresarial del cual “La Nación S. A.” forma parte, muestra en sus dos últimos eventos de este tipo lo siguiente. En la asamblea del año 2005, de 1182 registros de afiliación, el acta indica 26 participantes, para un 2.2 %. Para la asamblea del 2007, dos años después, el registro de afiliación indica 1185 miembros (3 más), con una asistencia a la asamblea de 72 participantes, o sea, un 6.0 %.

21. “La Nación S. A.”, en su paulatino proceso de degeneración periodística, que la lleva a editorializar la información y emitir monumentos manipulativos jamás presenciados en la historia nacional, pero que le generan equivalentes procesos de pérdida de credibilidad, una vez más atropella la ética; babeando su antisindicalismo furibundo que tan desprestigiada la tiene en numerosísimos segmentos de una ciudadanía crítica.

22. “La Nación S. A.” no tiene la más mínima autoridad moral ni ética en su ataque al Movimiento Sindical. Los más grandes políticos del bipartidismo tradicional y algunos de los más connotados líderes empresariales de los últimos años, hoy cuestionados por graves casos de corrupción, han salido de las filas del grupo ideológico liderado por “La Nación S. A.”. La ideología neoliberal que ha defendido “La Nación S. A.”, esa que también cobija a los más sangrientos capitales centroamericanos hoy con sede en Costa Rica, ha generado las condiciones para el desarrollo de las más diversas formas de corrupción con la cosa pública jamás presenciadas en la historia nacional, tanto dentro como fuera de la ley.

23. La ideología que defiende “La Nación”, sin Dios ni ley, más que la idolatría que profesa por el dios mercado, terminará siendo superada por una cuestión elemental de sobrevivencia de la especie humana, que no resistirá por mucho tiempo más, el rumbo altamente excluyente de la globalización neoliberal, depredadora de los Derechos Humanos integralmente concebidos y de la ecología para convivir en armonía con la naturaleza.

24. Para ventura de la democracia, esa ciudadanía crítica de crecimiento impetuoso, hoy tiene alternativas de comunicación de sólida presencia y de equidad informativa que le dan cátedra moral, de decencia, de ética y de profesionalismo a la caterva de amanuenses que, sin otro lugar donde acomodarse, entregaron toda clase de principios para servirle a “La Nación S.A.”. Estamos seguros que las miles de personas que leerán lo anteriormente expuesto, estarán más que satisfechas por lo claro que se le habla a “La Nación S. A.” desde el ámbito sindical; y con el afán de salir en defensa de la democracia y los sagrados derechos sindicales que, como quedó demostrado, son Derechos Humanos Fundamentales.

Firmas adjuntas:

1. Julio Antonio Soto Vargas
2. Guillermo Keith Bonilla
3. Freddy Solórzano Jiménez
4. Maryory Montes Guevara
5. Jonatán Canales Hernández
6. Guillermo Murillo Castillo
7. Carmen González Loría
8. Javier Valerín Villegas
9. Martín Rodríguez Espinoza
10. Lorena Chavarría Martínez
11. Franklin Rodríguez Jiménez
12. Luis Enrique Leal Ruiz
13. Iris María Cervantes Paniagua
14. Jorge Luis Álvarez Araya
15. Giovanny Ramírez Guerrero
16. Esteban Calvo Rodríguez
17. Gustavo López López
18. Albino Vargas Barrantes
19. Édgar Morales Quesada
20. María Laura Sánchez Rojas
21. Susan Quirós Díaz
22. Víctor Hugo Ríos Sanabria
23. Romano González Arce
24. Marco Tulio Picado Méndez
25. Diego Mesén Portela
26. Douglas Carrillo Azofeifa
27. Anayansy Gutiérrez Monge
28. Arturo Robles Coronas
29. Lorena Vargas Ovares
30. Otto Ureña Badilla
31. Wálter Araya Gamboa
32. Andrés Aguilar Baldi
33. Alejandro Sáenz Jiménez
34. Jenny María Vega Ortega
35. Joaquín Rojas Chacón
36. Claudio Sánchez González
37. Gilberto Bell Arrieta
38. Asdrúbal Marchena Gómez
39. Álvaro Murillo Chacón
40. Patricia Guevara Araya
41. Rosa Isabel Valverde Zúñiga
42. Hannia Carvajal Morera
43. Marilis González Cerón
44. Poema Artavia Céspedes
45. Franklin Alfaro Orias
46. Juan Carlos Paniagua Soto
47. Lydia Lacayo Mena
48. Mainor Díaz Gómez
49. Alfredo Erak Huertas
50. Isabel Portuguez Quesada
51. Yamileth Céspedes Garro
52. María Eugenia Martínez Vargas
53. Luis Rivas Quirós
54. Flor de Lis Monestel Corrales
55. Marcelo Riba Bazo

y cientos de firmas más.

Nine to five soldier

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En su desprecio y frustración, estos oficiales gringos llamaban a los soldados salvadoreños despectivamente como “nine to five soldier”.

Esa frase es una adaptación de una popular expresión en USA, “nine to five job”, traducido literalmente significa un trabajo de 9 a.m. a 5 p.m. Creo que una traducción más adecuada sería “un trabajo común y corriente”.

La razón para adaptar esa expresión, era porque los oficiales gringos se daban cuenta de que para esos soldados, lo más importante era la paga, era tener un trabajo, no los motivaba ninguna babosada tal como “salvar la patria del comunismo”, o defender la democracia en el mundo”; les importaba su paga y por lo tanto no iban a exponer su vida en el combate si podían evitarlo.

De ese modo, los pilotos de la Fuerza Aérea Salvadoreña frecuentemente dejaban caer las bombas lejos de donde estaban los guerrilleros, o los soldados hacían notar su presencia en una zona de modo que los guerrilleros podían huir y así se evitaba el combate.

¿Cuál era la diferencia entre guerrilleros y soldados?, esa era la pregunta que se hacían los oficiales gringos, y la respuesta les era evidente: la motivación, la mística del guerrillero. El soldado tenía mejor armamento, mejor comida, mejor de todo; el guerrillero andaba mal comido, durmiendo incómodo, con armamento inferior, pero creía en lo que estaba haciendo, tenía mística.

Ese factor, esa diferencia era tan determinante, que los oficiales gringos conjeturaban que se necesitaban 20 soldados por cada guerrillero.

En la campaña electoral que culminó en febrero de 2006, pudimos apreciar una situación parecida: En el partido de Arias no se movía nada si el patrón no pagaba, hasta el punto de que sucedió algo que me contó un amigo periodista: Resulta que en los días previos a la elección, un periodista fue a las oficinas centrales del Arismo a entrevistar a alguien de la mera cúpula; mientras esperaba entabló conversación con una de las muchachas que ahí trabajaban, y ésta al cabo de un rato le dijo “yo trabajo aquí por que necesito las plata, pero voy a votar por Otón”.

¿Con empleadas así, quién necesita enemigos?

Ahora los del SI dicen que van a salir a tocar casa por casa. ¿De veras? ¿A cuánta gente van a contratar? ¿Cómo van a hacer para asegurarse de que esos empleados no boten los materiales al basurero y digan que ya cumplieron la misión? ¿Cuántos capataces necesitarán?

Estoy seguro que los del NO, no tenemos ese problema, todos somos activistas voluntarios, nadie va a desperdiciar un material, nosotros ponemos nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestro amor por Costa Rica y ni 20 de ellos podrán compensar lo que hace uno de los nuestros.

Hay un viejo dicho que dice que si todos los chinos gritaran al mismo tiempo y en una sola dirección harían temblar al mundo, pues bien, en esta lucha nosotros somos los chinos, es el poder del UNO más UNO. Ya lo hemos experimentado: Faltó muy poquito para ganarle las elecciones al Arismo (algunos Aristas dicen que si la campaña electoral hubiera durado una semana más, habrían perdido). Nos pusimos a trabajar para llevar gente a la marcha del 26 y resultó la marcha más grande que se ha visto en muchos años. Nos decidimos a crear los comités locales y en pocas semanas ya tenemos más de 100 comités cantonales y distritales.

Hay una tarea que me parece que está perfectamente a nuestro alcance, no es difícil de realizar y puede tener un impacto muy significativo en lograr la derrota del TLC. ¿Han notado que me he estado refiriendo al “Partido de Arias” y no digo_ “Liberación Nacional”_? No es por casualidad.

Resulta que hablando con unos compañeros de la zona Atlántica y luego con otros compañeros de un cantón del valle central, existe una cierta coincidencia: Hay personas, aparte de los del Frente Liberacionista contra el TLC, que han sido y son Liberacionistas “de hueso verde”, que posiblemente votaron por Arias porque era el candidato de su partido, esta gente tiene un papel fundamental en la estructura organizacional de Liberación. Pues bien, aparentemente MUCHOS DE ELLOS ENTIENDEN PERFECTAMENTE QUE EL TLC ES PERJUDICIAL PARA EL PUEBLO COSTARRICENSE. En cada cantón, estas personas son bien conocidas por su militancia verdiblanca. No hay que ver a esta gente como “el enemigo”, al contrario, es muy conveniente tomar la iniciativa e ir a buscarlos, a conversar con ellos, pueden resultar sorpresas muy agradables. Es necesario dejarles muy claro que esta no es una lucha contra el Partido Liberación Nacional, es una lucha patriótica, no una lucha partidista ni electorera. Una conversación amable y razonada con estas personas puede tener efectos muy positivos en múltiples direcciones, ya hay experiencias de ese tipo.

Para finalizar, quisiera mencionar algo que escuché hace ya muchos años: Cuando Somoza fue finalmente derrotado, aparecieron depósitos atiborrados de armas. Su derrota no fue por que se quedara sin armas, su derrota fue porque no tenía más soldados para empuñar esas armas.

El agua, un servicio público

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Esta fecha representa un punto intermedio en el calendario de acciones previstas para la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que apuntan a reducir la pobreza a la mitad para el año 2015.

La ISP está convencida de que los ODM no podrán alcanzarse sin inversiones públicas, sin un sector público fuerte y sin empleados/as públicos formados y valorizados de manera adecuada.

Para la ISP, el tema de la jornada de acción del 7 de julio es_ “el agua, un servicio público”_. En efecto, uno de los elementos claves para reducir la pobreza es el acceso de las poblaciones a agua saludable distribuida por servicios públicos.

Adjunto encontrarán un folleto de información que pueden utilizar para promover el informe “El agua, un servicio público”, que fue elaborado por encargo de la ISP y será difundido oficialmente el próximo 7 de julio. Con miras a ampliar nuestra acción en favor del agua como servicio público, les agradecemos enviar este folleto a sus miembros (por correo postal o electrónico). También pueden enviarlo a miembros de su red. El informe puede obtenerse solicitándolo a la ISP o descargándolo desde* ARCHIVOS ADJUNTOS EN ESTA PAGINA DE ANEP*

Por otra parte, hemos elaborado una lista de acciones que pueden implementar con motivo de esta jornada. Para sus contactos con los medios periodísticos locales, preparamos un comunicado de prensa destinado a apoyar sus acciones, inclusive llamando la atención de los medios periodísticos. Les recomendamos utilizar estas herramientas para reforzar la participación del sector público en la realización de los ODM.

Los trabajadores/as del sector del agua adhieren a afiliadas de la ISP en todo el mundo. Cada día, realizan un trabajo esencial para distribuir agua salubre a través de servicios públicos de gran calidad. Queremos rendir homenaje a estos trabajadores/as y a su trabajo recalcando la importancia del agua como servicio público.

Gracias.

Hans Engelberts,
Secretario General
Internacional de Servicios Públicos

Preguntas para Robert Zoellick

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Cuando se mencionó por primera vez el nombre de Wolfowitz como candidato a la dirección del primer banco de desarrollo del mundo, se acogió con incredulidad la idea de que el causante del fracaso de los Estados Unidos en el Iraq fuera recompensado así, pero el presidente P-George W. Bush, desde que empezó a gobernar, procuró socavar las instituciones y los acuerdos multinacionales. El nombramiento de Wolfowitz pareció formar parte de ese empeño.

¿Se debe permitir ahora a Bush, presidente debilitado por encontrarse al final de su mandato y que cuenta con poco apoyo en su país y menos aún en el extranjero, que nombre al próximo presidente del Banco Mundial? Bush ya ha demostrado su falta de juicio: ¿por qué concederle otra oportunidad?
Los argumentos contra el sistema amiguista mediante el cual los Estados Unidos nombran al jefe del Banco Mundial y Europa al del FMI son particularmente apremiantes en este momento. ¿Cómo puede ser eficaz el Banco para fomentar la gestión idónea de los asuntos públicos y la lucha contra la corrupción, si se elige a su Presidente mediante un proceso que demuestra fallos en su propia gestión? ¿Cómo puede ser creíble un mensaje anticorrupción, si lo formula alguien nombrado por un gobierno de los Estados Unidos considerado uno de los más corruptos e incompetentes de su historia?

Resulta interesante que, como han señalado varias comisiones del Congreso de los EE.UU., redundaría en provecho de este país que el Banco estuviera dirigido por la persona más competente, seleccionada en un proceso abierto y transparente, independientemente de su nacionalidad, sexo o raza, lo que requeriría un cambio en la forma de elegir a su Presidente y, en las recientes audiencias celebradas en el Congreso sobre el Banco Mundial, las primeras en trece años, yo, como todos los demás comparecientes, pedí esa reforma decisiva.

Los nombramientos presidenciales de los cargos superiores del Gobierno de los Estados Unidos están sujetos a audiencias públicas. Independientemente de si se mantiene el sistema amiguista pero sobre todo en caso de que así sea, la Junta de Gobernadores del Banco debería celebrar igualmente audiencias públicas sobre el candidato nombrado por Bush para suceder a Wolfowitz. Aquí tenemos algunas de las preguntas con ciertas insinuaciones sobre las respuestas adecuadas y las inapropiadas que debería formular a cualquier candidato propuesto para la presidencia del Banco, incluido el nombrado por Bush, Robert Zoellick:

¿Cree usted que el Presidente del Banco Mundial debe anteponer los intereses de los países en desarrollo? ¿Instará usted a Europa y a los Estados Unidos a que eliminen sus subvenciones agrícolas? ¿Abogará por una ronda de desarrollo que insista en la liberalización de los mercados laborales más que en la de los mercados de capitales, la eliminación de los obstáculos no arancelarios que mantienen los productos de los países en desarrollo fuera de los países industriales avanzados y la abolición de la llamada “progresividad arancelaria”, que obstaculiza el desarrollo? ¿Adoptará usted una actitud receptiva ante las investigaciones, aun cuando éstas muestren que las políticas de los países industriales avanzados pueden no redundar al menos en algunas circunstancias en beneficio de los países en desarrollo?
Durante el período en que James Wolfensohn ocupó la presidencia del Banco, hubo un cambio de concepción. Fomentamos políticas basadas en la investigación, aun cuando ésta resultara crítica con las políticas impulsadas por ciertos países industriales avanzados y por algunos de los funcionarios del Banco. Cuando nuestras investigaciones mostraron que ciertas políticas (como la de las subvenciones agrícolas) estaban perjudicando a los países en desarrollo, hicimos públicas las conclusiones, con lo que contribuimos a dar una nueva orientación al debate.

¿Apoyará usted la iniciativa de los países en desarrollo en pro de un régimen de propiedad intelectual orientado hacia el desarrollo?
Lo que separa a los países en desarrollo de los países desarrollados no es sólo el desfase en materia de recursos, sino también un desfase en materia de conocimientos. Se debería concebir el Banco, en parte, como un Banco de Conocimientos, que debería abogar por reformas encaminadas a aumentar el acceso de los países en desarrollo a los conocimientos. El acceso a los medicamentos genéricos es esencial para que los países en desarrollo, con sus limitados presupuestos, mejoren la salud de los pobres. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la Ronda de Uruguay fue concebido para reducir el acceso a los medicamentos genéricos… y lo consiguió, pero peores aún han sido los acuerdos comerciales bilaterales que ha impulsado Bush. Todo candidato que afirme representar los intereses de los países en desarrollo debe distanciarse de esas políticas.

¿Laborará usted en pro de una nueva formulación de los criterios mediante los cuales consiguen los países el acceso a los fondos?
En la actualidad, hay países que reciben fondos sin ser los más necesitados ni poder utilizarlos de la forma más eficaz. El cumplimiento de las ortodoxias actuales por ejemplo, en materia de privatización y liberalización sirve para obtener puntos en materia de “gestión idónea de los asuntos públicos” y, por tanto, un aumento de las asignaciones de ayuda… aun cuando reduzcan la verdadera eficacia de la ayuda.

¿Cree usted que se debe interrumpir la concesión de fondos a los países corruptos? En caso afirmativo, ¿lo hará de forma coherente? En caso negativo, ¿cómo debe responder el Banco? ¿Apoyará usted un programa amplio de lucha contra la corrupción, incluida la eliminación de las cuentas bancaria secretas?
Uno de los defectos del programa de lucha contra la corrupción de Wolfowitz fue el de que se impulsó la ampliación o la continuación de la ayuda a países favorecidos por el gobierno de Bush, como el Iraq o el Pakistán, independientemente de su grado de corrupción, mientras que hubo poca tolerancia para otros. Se pasaron por alto los problemas con Uzbekistán… hasta que este país perdió el favor de los Estados Unidos.

Asimismo, el gobierno de Bush se opuso a la iniciativa de la OCDE encaminada a limitar el secreto bancario… hasta que comprendió que las cuentas cubiertas por el secreto bancario contribuían a la financiación de los terroristas. Desde entonces, ha demostrado poder clausurar cuentas bancarias secretas, pero ha optado por hacerlo sólo en el caso de terroristas.

¿Cree usted que el Banco Mundial debería hacer más para alentar a los países a adoptar normas laborales básicas?
No sólo no ha adoptado el Banco una actitud activa para fomentar esas normas acordadas a escala mundial, sino que, además, existe preocupación porque, cuando habla de “mercados laborales flexibles” y de condiciones que propician la inversión privada, no fomenta la negociación colectiva ni la protección de los trabajadores.

El sistema amiguista de elección del jefe del Banco Mundial debe desaparecer. Ya ha hecho bastante daño. Pero, si los países industriales avanzados que controlan el Banco se niegan a respetar sus principios, al menos deben dar una señal en pro de una mayor transparencia. El mundo debe saber lo que va a recibir. Las audiencias públicas serían un paso en la dirección correcta.

*Joseph Stiglitz es premio Nobel de Economía. Su último libro es Making Globalization Work (“Cómo hacer que funcione la mundialización”).

Copyright: Project Syndicate, 2007.
www.project-syndicate.org
Traducido del inglés por Carlos Manzano

Proyect-Syndicate

¿CUÁL PAZ CON LA NATURALEZA?

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Comunicado de prensa
Red de Coordinación en Biodiversidad

Para la Red de Coordinación en Biodiversidad, si bien valoramos como positivo las iniciativas que trabajen por el ambiente y la sociedad costarricense esta iniciativa nos deja varias inquietudes:

El anterior gobierno de Abel Pacheco, había declarado también una paz con la naturaleza que se concretó tan solo en tres aspectos: un decreto que establece una moratoria a la minería de oro a cielo abierto; una moratoria de hecho a actividades de prospección, exploración y explotación petrolera y el envío a la Asamblea Legislativa de un capítulo que reformaría la Constitución Política al introducirle un capítulo de garantías ambientales.

¿Es esta iniciativa de la administración Arias la continuidad de estas tres acciones o tan solo toma el nombre del gobierno anterior? Desde el sector ecologista, campesino, indígena y comunitario valoraríamos positivamente la continuidad de estas tres iniciativas ya que se ha comprado científicamente que ni la actividad minería ni la petrolera pueden llevarse en armonía con el ambiente a pesar de que el titular del MINAE diga lo contrario. ¿Será que el presidente Arias estará tomando en serio lo ambiental y toma posición contra dos de las actividades más contaminantes a nivel global?

“En realidad que la administración Arias le declare la paz a la Naturaleza es algo positivo” manifestó Silvia Rodríguez de la Red de Coordinación en Biodiversidad. “Nos imaginamos que entonces no promoverá más el TLC porque no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿cómo podría alguien declararle la paz a la Naturaleza si al mismo tiempo la pone en peligro de muerte, entre otros muchos aspectos, al cercenar el significado de legislación ambiental, profundizar la mercantilización del dejar a los parques nacionales listos para ser administrados por empresas privadas, ver en toda área de protección un banco genético para las grandes farmacéuticas facilitando la bioprospección al definirla como “servicio científico transfronterizo?

“Una interrogante grande que tenemos, agregó Grace García de COECOCEIBA y la Red de Coordinación en Biodiversidad, es de donde salen los recursos económicos para esta instancia. Sí nos llama la atención que mientras se continua diciendo que el MINAE no tiene recursos para pagar a los guardaparques y realizar en buena forma su labor, se crea nuevas estructuras que propondrán acciones propias del MINAE en lugar de fortalecer esta instancia y resolver de esta forma un problema estructural”.

Para Fabián Pacheco, presidente de FECON, “esta iniciativa es similar a muchas otras más que se han creado en el país y que han venido fracasando luego de gastar recursos que podríamos utilizar en aspectos realmente fundamentales como los que señalamos desde FECON y el sector ecologista el pasado día mundial del ambiente. Es sabido por todo lo que lleva este gobierno, que la temática ambiental no es prioridad de este gobierno y esperaríamos que entonces a partir de esta paz con la naturaleza, se admita esta situación como primer paso y nos de respuesta como segundo paso a la solicitud de declaratoria de emergencia a la temática ambiental de este país que en realidad la amerita urgentemente.

Como tercer paso debería entonces rescatar iniciativas importantes y construidas en forma colectiva como la ley de aguas que según se rumora, se engavetó porque afecta intereses económicos fuertes. ¿Será esto lo que entiende el presidente Arias por paz con la naturaleza o será solamente un nuevo acto de propaganda hacia lo externo mientas deja olvidado nuevamente lo interno del país?”

Para mayor información:
Silvia Rodríguez, cel. 868 5964
Grace García, cel 8738501
Fabián Pacheco, cel 8262270

El TLC, las medicinas y los argumentos utilizados

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Hace un par de meses circulamos un artículo llamado “El TLC, las patentes y los medicamentos”. Pareciera que el artículo caló, además de tocar una espina, ya que se escribieron por lo menos tres artículos en respuesta, dos anónimos circulados por Internet y uno de la subdirectora de FEDEFARMA, Michelle Coffey, publicado en La Prensa Libre el 21 de marzo del 2007. Estos artículos de respuesta se titulan_ “La realidad sobre el TLC y los medicamentos”_ (anónimo #1), “Medicamentos y TLC, ¿De qué se trata y de qué no?” (anónimo #2) y “TLC y acceso a medicamentos: mentiras calculadas” (FEDEFARMA), respectivamente. El presente artículo es una respuesta a estos tres artículos de respuesta, los cuales tratan de negar el impacto del TLC sobre el acceso a los medicamentos. Sin embargo, como tratan de negar algo que es innegable, tienen que recurrir a medias verdades o falacias absolutas, además de recurrir a la ya usual práctica de la desacreditación, para tratar de hacer un argumento coherente. Quisiera motivar al lector a leerse este artículo por completo, al igual que los artículos al cual responde, para que sea el lector el que decida quién está equivocado o mintiendo. El artículo completo tiene mucha información, pero es importante que los costarricenses cuenten con toda la información posible. Es la única manera de contrarrestar el bombardeo mediático de los promotores del TLC con sus muy superficiales argumentos. Para los que no quieran leerse el artículo completo, las primeras dos páginas hacen unas preguntas básicas y unas conclusiones generales que esperamos que todos puedan leer.

Primero que nada, hay que tomar nota de algo que tienen los tres artículos en común: ninguno asume el reto al debate televisado sobre este tema.

Mi artículo original terminó textualmente de la siguiente manera:

“La verdad es que no han habido debates ya que ni los ex-negociadores, ni el ex-Ministro de COMEX, ni las Cámaras que promueven el* TLC* por beneficiar a empresas de EEUU (como AMCHAM, Cámara de Industrias, FEDEFARMA, CropLife, etc.), ni los canales principales de televisión, ni los principales periódicos, ni el Presidente Ejecutivo de la Caja, ni los Diputados a favor del TLC ni las transnacionales han querido que haya debates televisados tema por tema, con especialistas de cada lado. Es hora de exigir la liberación de la discusión del TLC del secuestro en el que la tienen los grupos de poder y principales medios de comunicación a favor del TLC. +Para los que están a favor del TLC y quieran contestar este artículo, mejor simplemente organicen el debate televisado, si es que realmente creen en la solidez de sus argumentos.+”

¿Por qué ninguna de las tres respuestas siquiera hace mención del debate? ¿Por qué don Eduardo Doryan, Presidente Ejecutivo de la Caja, no aparece? ¿Por qué las personas del Grupo Por Costa Rica no dejan de escudarse en el anonimato y que alguien dé la cara en un debate televisado? ¿Por qué nadie se atreve a firmar las dos respuestas circuladas por internet? Pareciera que en el momento que se mencionan las palabras “debate televisado”, salen corriendo a esconderse como si la cosa no fuera con ellos. ¿Será porque le tienen tanto miedo a exponerse con sus pobres argumentos a la réplica en vivo y a todo color en frente de todo Costa Rica? O ¿será que simplemente no quieren dejar constancia escrita con su nombre de lo que dicen hoy para que nadie se lo saque en cara cuando sí se afecte el acceso a los medicamentos? ¿Por qué ninguno de los canales principales de televisión toma la iniciativa de organizar un debate? Talvez la respuesta está en la pastelería Giacomin por lo que leímos en La Extra el 2 de junio del 2007. Exija debates televisados sobre este y otros temas.

Segundo, los tres artículos también tienen en común el mensaje de que el TLC no tendrá efecto negativo sobre la Caja y el acceso a los medicamentos de la población. Sin embargo, para EEUU (cuya posición es definida por las transnacionales) estas cláusulas no eran negociables. PhRMA, la organización sombrilla de FEDEFARMA que agrupa a las transnacionales farmacéuticas, gasta cientos de millones de dólares en hacer “lobby” para defender sus intereses comerciales, incluyendo las cláusulas del TLC. Es sumamente curioso que algo tan innegociable en una “negociación”, donde se gasten tantos millones de dólares en la definición de estas reglas, no tenga efecto. Si realmente no tiene efecto, ¿por qué no eliminar los Artículos 15.9 y 15.10 del TLC ya que generan tanta polémica sobre algo que no tiene efecto? La única respuesta que tienen a esta pregunta es que_ “tenemos que respetar los derechos de propiedad intelectual”_, como si no tuviéramos ya leyes de propiedad intelectual de la OMC. Sin embargo, los defensores del TLC también coinciden en que el TLC_ “eventualmente podría afectar los intereses de los fabricantes de genéricos”_. Todos coinciden en que los fabricantes de genéricos (nacionales e internacionales) van a verse perjudicados. Sin embargo, lo que no dicen es que serán perjudicados por no poder participar oportunamente en licitaciones de la Caja o en el mercado privado. Cuando vemos las enormes diferencias de precio entre los medicamentos comprados bajo monopolio versus medicamentos con competencia, donde el precio de un genérico puede ser menos del 1% del precio del original (como en el caso del medicamento amlodipino), se vuelve insostenible el argumento de “ningún impacto sobre el acceso a las medicinas”.

Tercero, ¿cuál fue la posición de la Caja respecto a las condiciones que deberían quedar en el TLC?
La Junta Directiva de la Caja le envió al Presidente Abel Pacheco el 24 de noviembre del 2003 la resolución de la sesión número 7807, en la cual definió su posición respecto a lo que se debería negociar en relación a la protección de los datos de prueba. Esta comunicación se dio antes de que se finalizara la negociación. Entre otras cosas, la Caja solicitaba:

a. un plazo de protección de datos de prueba de+ tres años+
b. protección de datos de prueba solamente si se exigen los datos como condición de registro
c. cero protección a la información divulgada, aún cuando haya sido divulgada por autoridades sanitarias
d. definición de “producto nuevo” en el contexto global, no local
e. condicionamiento de la protección a la demostración de que la generación de los datos de prueba haya sido el resultado de un_ “esfuerzo considerable”_ del punto de vista económico

Nada de esto quedó en el TLC. Esta petición de la Caja es tan diferente a lo que se aceptó en el TLC que la actual administración de la Caja la “enterró” y no ha divulgado este comunicado en ninguna ocasión cuando se habla del TLC y la posición actual de la Caja. Es como si no existiera la posición de la Caja antes de la conclusión de la negociación. Por lo tanto, es obvio que la posición actual de la Caja respecto a que el TLC no tendrá efecto sobre el acceso a los medicamentos es simplemente una posición política. La posición de la Caja antes de que se firmara el TLC era muy distinta.

Ahora abortaré cada uno de los tres artículos que se escribieron en respuesta al artículo original.

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Respuesta al artículo:
“La Realidad sobre el TLC y los Medicamentos”
(autor anónimo)

Este es el primer artículo anónimo, ya que evidentemente ninguno de los autores quiso firmarlo. Reitero la pregunta: ¿Por qué nadie la firma? ¿Por qué no menciona el debate televisado?

El artículo empieza diciendo que las disposiciones contenidas en el Capítulo 15 del TLC conservan_ “todas y cada una de las flexibilidades otorgadas por el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC”_. ¡Vaya ilusión! Esto es una total falacia. Son tantas las flexibilidades que se eliminaron con el TLC que es difícil decidir donde empezar. Es recomendable leerse el artículo del Dr. Carlos Correa titulado “Protección de productos farmacéuticos y agroquímicos (‘Productos regulados´) en DR-CAFTA”, publicado en la edición de octubre-diciembre 2006 de la revista Puentes.

(A) Primero, el Artículo 39.3 del ADPIC indica que se debe proteger la “información no divulgada” contra “uso comercial desleal” de acuerdo al Artículo 10bis del Convenio de Paris de 1967. Para que una práctica sea considerada “desleal” debe ser ilegal. Si no, se sancionaría una práctica legal. Por lo tanto, el registro de un genérico en base a la similaridad a un producto previamente registrado, como lo dispone el Ministerio de Salud de Costa Rica, no puede considerarse “uso comercial desleal” de acuerdo al Art. 39.3. En cambio, en el TLC se confieren “derechos exclusivos” al “uso” de la información por un plazo de 5 años para medicinas y 10 años para agroquímicos. Esto es un concepto legal totalmente diferente al concepto de protección contra “uso comercial desleal” respecto a “información no divulgada” (secreta).

(B) Los datos de prueba solamente deben protegerse, según lo estipulado en el ADPIC, cuando se exiga la presentación de dichos datos para autorizar el registro de un medicamento. Si no se exige la presentación, como cuando se hace referencia a un registro existente en otro país, no hay obligación por parte del ADPIC de proteger la información. En el TLC si es obligatorio proteger la información, aún cuando su presentación no es exigida.

(C) El ADPIC condiciona la protección de los datos de prueba a que el medicamento o elagroquímico utilice una “nueva entidad química”, una molécula nueva a nivel mundial. En el TLC, el Artículo 15.10.1© define “nuevo” en el contexto nacional, no mundial. Por lo tanto, un medicamento que se haya comercializado en cualquier otro país, pero no en Costa Rica, sería considerado nuevo en el TLC, y por lo tanto sujeto a protección.

(D) El ADPIC condiciona la protección de los datos de prueba a que la información no se haya divulgado. Por eso se le llama “información no divulgada”. El Artículo 15.10.1 (d) del TLC, en cambio, indica que no se puede considerar datos en el dominio público como “no divulgados”, pero después procede a re-definir lo que se considera “información divulgada” de una manera de que toda información presentada para registrar un medicamento o un agroquímico es protegida, aún cuando toda dicha información haya sido divulgada.

(E) El ADPIC (Art. 39.3) le permite a una autoridad condicionar la protección de los datos de prueba a la demostración de que la generación de dichos datos haya sido el resultado de un “esfuerzo considerable”. El TLC elimina este condicionamiento.

(F) Se menciona que el TLC reafirma la importancia de la Declaración de Doha Sobre la Salud Pública. Sin embargo, esta reafirmación se hace en una “carta de entendimiento”, no en el texto del TLC. Al no estar incorporado en el texto del TLC, este “entendimiento” estará sujeto a la interpretación de tribunales en juicios futuros. Además, en el caso de Costa Rica esta carta de entendimiento no conforma parte del texto que se va a votar en el referéndum ya que la Diputada Janina del Vecchio dijo explícitamente que las cartas paralelas no son parte del TLC y el texto dictaminado no incluía las cartas paraleles. ¡Ojo!

(G) Se menciona que se mantiene la potestad de otorgar licencias obligatorias para abrir monopolios creados por patentes. Sin embargo, no está nada claro que al emitir una licencia obligatoria se abra el acceso a los datos de prueba, sin los cuales no habrá genéricos por más que se abra la patente. Esto nunca ha sido puesto a la prueba. Por otro lado, romper una patente con una licencia obligatoria no es tan fácil políticamente. Vean el caso de Tailandia. Tailandia recientemente ha emitido licencias obligatorias sobre medicamentos patentados. A razón de esto, PhRMA está presionando al Gobierno de EEUU para que presione a Tailandia a cesar la apertura de patentes. En un informe reciente, PhRMA le pide al Gobierno de EEUU designar a Tailandia como un “Priority Foreign Country”, lo cual crea la posibilidad de sanciones comerciales contra Tailandia. Además, algunos miembros del “lobby” de PhRMA creen que existiría apoyo de ambos partidos en el Congreso de EEUU de sancionar a Tailandia y otros países que otorguen licencias obligatorias para medicamentos contra enfermedades crónicas como padecimientos del corazón y el cáncer, en vez de medicamentos para el SIDA, tuberculosis o malaria. Un miembro recientemente preguntó: “¿Cómo puede una condición crónica, de acción lenta y no-contagiosa ser considerada una crisis de salud pública?”, para que veamos por donde van los tiros.

(H) El artículo ni siquiera hace mención de la obligación de ligar registros sanitarios con patentes, lo cual convierte al Ministerio de Salud en el “policía de las patentes”. Costa Rica debe implementar medidas para que el Ministerio de Salud no registre un genérico cuando existe una patente. Así no funciona la cosa en EEUU, donde la responsabilidad de la FDA (autoridad responsable de registrar los medicamentos) se limita a notificar al titular de una patente cuando un genérico llegue a solicitar registro. De ahí en adelante es un pleito legal privado entre las partes (titular de la patente vs. fabricante genérico). En ese momento normalmente se dan dos demandas judiciales: 1) la del titular de la patente demandando para que el genérico no ingrese al mercado; y 2) la del fabricante genérico demandando para que se revoque la patente. Increíblemente, en aproximadamente el 46% de los casos de revocatoria de patentes que llegan a un fallo en EEUU, las patentes son revocadas. El gobierno de EEUU hasta estimula a las empresas genéricas a ingresar al mercado otorgando un congelamiento de seis meses al registro de genéricos adicionales, en beneficio del primer genérico que ingresa al mercado (aún cuando esté vigente la patente del original). Sin embargo, como las demandas judiciales pueden durar muchos años, en EEUU se establece un plazo máximo de 30 meses a partir de la presentación de la demanda del titular de la patente, después del cual el genérico ingresa al mercado, ¡aún estando “vigente” la patente! Nada de esto ocurrirá en Costa Rica, donde el Estado le protegerá el monopolio a las transnacionales extranjeras y considerará al 100% de las patentes otorgadas como válidas de oficio (aún cuando la experiencia en EEUU demuestre lo contrario y la misma Federal Trade Commission (FTC) de EEUU, entidad que fiscaliza prácticas anticompetitivas, diga que hacer esto sería una presunción exagerada de validez). En otras palabras, el Estado costarricense, que no puede ni garantizar la seguridad de sus ciudadanos, se va a dedicar a proteger los monopolios privados de empresas transnacionales extranjeras para que nos puedan cobrar los medicamentos más caros. ¡Un absurdo de prioridades!

(I) Se habla de que se mantiene la potestad de realizar importaciones paralelas en Costa Rica. Sin embargo, con las importaciones paralelas solamente se pueden importar los productos ya registrados en Costa Rica, del mismo fabricante. En otras palabras, el “ahorro” por importaciones paralelas se limita a la diferencia de precio que pueda estar cobrando una empresa (usualmente transnacional) en dos mercados distintos. Estas diferencias de precio prácticamente nunca le van a llegar a la diferencia de precio entre el producto original de una transnacional y el precio de un genérico en el mercado. Si no es así, que nos digan ¿de cuál país hubiera importado la Caja el medicamento amlodipino para ahorrarse más de 20 millones de dólares en la compra de este medicamento en el 2005 si no hubiera participado un genérico en la licitación? ¿En cuál país vende Pfizer su versión de amlodipino tan barato como el genérico de Costa Rica (menos del 1% del costo de la oferta de Pfizer)? Además, el esquema de importaciones paralelas no se presta muy bien para la participación de dichos productos en licitaciones de la Caja. Desde hace más de siete años tenemos la potestad de realizar importaciones paralelas en Costa Rica, y no le han ahorrado ni un colón a la Caja en la compra de medicamentos. ¿Por qué no se redujeron los costos para la Caja en las licitaciones donde no participaron genéricos? Simplemente porque esto realmente no es una solución al problema de precios de medicamentos caros.

(J) Como si fuera poco, el TLC también le “reserva” el mercado a las transnacionales para que puedan llegar a registrar sus productos a Costa Rica hasta por lo menos cinco años después del primer registro en otro país (Art. 15.10.1 (b)). Durante este plazo no podrán ingresar genéricos, pero tampoco estará corriendo el plazo adicional de cinco años de protección de datos de prueba. Por lo tanto, este plazo de cinco años de_ “reserva”_ del mercado, más los otros cinco años de protección de datos de prueba, implica que los genéricos podrían estar excluidos hasta por diez años sólo por estas cláusulas.

(K) El plazo de protección de los datos de prueba se inicia en nuestro TLC a partir del registro del medicamento o agroquímico en Costa Rica. En el TLC entre México, Canadá y EEUU (NAFTA) se inicia a partir del primer registro en la región del TLC. Por lo tanto, si un medicamento es registrado en EEUU en el 2000, y en el 2003 se registra en México y Costa Rica, los datos se protegerían en México por dos años (ya habrían corrido tres años a partir del primer registro), mientras que en Costa Rica se protegerían por cinco años. En el TLC entre Israel y EEUU ni siquiera se hace mención de los datos de prueba. De hecho, el siguiente párrafo es el texto completo del “capítulo” de propiedad intelectual del TLC entre Israel y EEUU:

Artículo 14
(Propiedad Intelectual)

Las Partes reafirman sus obligaciones bajo acuerdos bilaterales y multilaterales en relación a derechos de propiedad intelectual, incluyendo derechos de propiedad industrial, en efecto entre las Partes. Acorde a esto, nacionales y compañías de cada Parte continuarán recibiendo trato nacional y de nación más favorecida respecto a la obtención, mantenimiento y observancia de patentes de invención, respecto a la obtención y observancia de derechos de autor, y respecto a los derechos de marcas, nombres comerciales, etiquetas comerciales, y propiedad industrial de todo tipo.

*Como podemos ver, no todos los TLC´s con EEUU son iguales. *

Por todo lo anterior, está claro que el TLC no es una simple implementación de los ADPIC de la OMC. Es una expansión excesiva de protecciones a los monopolios de las transnacionales con cláusulas que son “OMC-Plus”, “NAFTA-Plus” y hasta “EEUU-Plus”.

El artículo anónimo continúa indicando que los plazos de protección de los datos de prueba son menores a los de otros países, como Brasil, que tiene un plazo de 10 años, y que aún así, Brasil tiene una de las industrias de genéricos más fuerte del mundo. Para empezar, el plazo en Brasil es de 5 años, no de diez. Segundo, el tipo de protección en Brasil es contra “uso comercial desleal”, no una protección de “derechos exclusivos” contenida en nuestro TLC. Por lo tanto, la naturaleza de la protección en Brasil es muy diferente conceptualmente a la protección en nuestro TLC. Aún así, la cobertura de medicamentos en Brasil no le llega ni a los tobillos de la cobertura que tenemos en Costa Rica, por lo cual poner a Brasil como ejemplo sería retroceder en nuestras garantías de salud.

El artículo señala que nada en el TLC es retroactivo, por lo cual los ejemplos señalados en el artículo original que levantó tanto polvorín, donde se demuestran ejemplos de impactos al presupuesto que se hubieran dado en compras pasadas si el TLC hubiera estado en efecto, no son válidos porque el TLC no afecta medicamentos existentes hoy en el mercado. Esto es totalmente obvio. Estamos hablando de impacto futuro, con nuevos medicamentos. Como estamos hablando de impacto futuro, y no queremos implementar el TLC para luego escribir un artículo en unos años señalando el impacto real que se dio a causa del TLC, tenemos que tomar ejemplos del pasado como puntos de referencia, para poder hacer proyecciones sobre lo que podemos esperar en el futuro, una práctica muy normal en ciencias económicas. De hecho, el muy deficiente “estudio” de COMEX hizo exactamente esto, tratando de_ “demostrar”_ que no habrá impacto en el acceso a los medicamentos haciendo un muy parcial análisis sobre los medicamentos incluidos en el Cuadro Básico de la Caja en el 2003. Sin embargo, no creamos que los medicamentos actuales van a cubrir todas nuestras necesidades de salud en el futuro. Vamos a depender de muchos medicamentos nuevos, los cuales vendrán con las nuevas reglas monopolísticas del TLC.

El impacto no será igual en todas las enfermedades. Por ejemplo, el cáncer es una patología (realmente decenas de patologías) que no tiene opciones satisfactorias de tratamiento hoy. Esta patología es el área terapéutica de mayor investigación y desarrollo de nuevas medicinas. Hay aproximadamente 400 medicamentos para el cáncer en fase de investigación clínica (incluyendo unos 15 para cáncer gástrico). De todos estos potenciales medicamentos, podemos esperar que se aprueben unos 30 a 80 medicamentos nuevos en los próximos 10 años. Todos vendrán a precios mayores a $25,000 por paciente por año. Estos son los precios mínimos que se están cobrando por los medicamentos nuevos para el cáncer. En Costa Rica se diagnostican aproximadamente 10.000 casos nuevos de cáncer por año. Aún si solamente un porcentaje menor de los pacientes se podrían beneficiar de tales medicamentos nuevos que saldrán, el presupuesto que requeriría la Caja para cubrir las necesidades de estos pacientes comienza a generar decenas de millones de dólares por año muy rápidamente.

Otra área de alto impacto serán las enfermedades infecciosas. Aún cuando hoy ya existan tratamientos adecuados, las resistencias que generan los microbios causantes del SIDA, tuberculosis, gripe aviaria (¡Dios guarde!) y otras infecciones bacterianas hacen totalmente necesario el desarrollo y adquisición constante de nuevas medicinas, todas las cuales vendrán con las nuevas reglas de propiedad intelectual del TLC. Si no lo hiciéramos, terminaríamos con una cartera de medicamentos obsoletos para muchas patologías. Por lo tanto, no nos hagamos ilusiones de que con los medicamentos actuales vamos a cubrir todas nuestras necesidades del futuro.

El artículo señala que el tiempo transcurrido entre el registro de un medicamento en Costa Rica y su incorporación al Cuadro Básico de Medicamentos de la Caja es cercano o mayor a los cinco años de protección de datos de prueba, por lo cual no habría impacto por esta protección. Volvemos a la pregunta obvia: “Si la protección de los datos de prueba no tuviera ningún impacto, ¿por qué este tema no era negociable en el TLC? ¿Por qué no simplemente eliminar algo tan polémico si no hace ninguna diferencia? La respuesta es porque sí tiene impacto. Para empezar, no es solamente la Caja la que compra medicamentos. Las personas individuales también compran en farmacias en el mercado privado, donde también participan genéricos. Por lo tanto, si la Caja se demorara demasiado en incorporar un medicamento que realmente requieren los pacientes, éstos lo tendrán que comprar en el mercado privado, al precio que se oferte bajo condiciones de monopolio. Como las reglas de propiedad intelectual no afecta solamente a la Caja, sino al país en general, realmente somos todos los que pagamos las consecuencias, directa o indirectamente.

Sin embargo, no se trata de que la Caja se demore demasiado en actualizar el Cuadro Básico de Medicamentos. La Caja no realiza ningún estudio comparativo de los nuevos medicamentos como para decir que la Caja se demora unos años porque está haciendo alguna “evaluación” de los nuevos medicamentos. A veces la Caja rechaza cobertura de medicamentos simplemente por razones económicas, hasta que la Sala Cuarta la obliga a adquirirlos. Por lo tanto, la Caja realmente debería actualizar el Cuadro Básico de Medicamentos más oportunamente. Si no actualizamos el Cuadro Básico de la Caja, terminamos con dos sistemas de acceso a los medicamentos: el de los que pueden adquirir los medicamentos en farmacias privadas, y el de los que no pueden y dependen de la Caja (la mayoría de Costa Rica) para recibir medicamentos con cierta obsolescencia.

Segundo, damos el ejemplo del medicamento para el SIDA llamado nelfinavir, para el cual si hubiera estado en efecto el TLC, la Caja hubiera tenido que desembolsar cientos de millones de colones de más en compras que se hicieron porque el genérico hubiera estado bloqueado por los cinco años de protección de datos de prueba. Por algo la misma Junta Directiva de la Caja le comunicó al Presidente de la República, antes de finalizar la negociación del TLC, su petición de que la protección de los datos de prueba fuera por tres años. Obviamente la Caja pedía tres años en vez de cinco porque pensaba que con cinco años se daría un efecto negativo sobre el acceso a los medicamentos.

Lo increíble es que los autores anónimos del artículo siguen diciendo que el deficiente “estudio” de COMEX sobre el impacto a la Caja es adecuado, diciendo textualmente:

“el análisis es válido para anticipar las implicaciones que las disposiciones del TLC podrían tener sobre la política de medicamentos de la CCSS a lo largo del tiempo”.

En otras palabras, siguen insistiendo que medir el impacto que se hubiera dado con el TLC en un solo año (el 2003), al evaluar las compras de los medicamentos incluidos en el Cuadro Básico ese mismo año, es válido para asegurarnos de que no habrá impacto. Como hemos dicho anteriormente, los genéricos prácticamente nunca ingresan a competir el mismo año que la Caja comienza a comprar el medicamento por primera vez, sino un par de años más tarde. De mala fe, los autores tratan de enredar este punto diciendo que hasta este servidor dice que los genéricos casi nunca ingresan el mercado el mismo año que el producto original, agregando después: “entonces cual es el problema con la protección de los 5 años que establece el Tratado”. El punto es que normalmente no ingresan el mismo año, pero sí antes de los 5 años que duraría la exclusión por protección de datos de prueba. Reitero el caso del nelfinavir, donde el impacto es incuestionable y el “estudio” de COMEX no lo hubiera detectado por utilizar una metodología deficiente. Desafortunadamente, los mismos que respaldan este “estudio” son los que tienen responsabilidad por defender la Caja o los que negociaron este TLC a ciegas. No sería mejor incentivar a los genéricos a que ingresen lo más rápido posible al mercado, como se hace en EEUU, en vez de estar buscando excusas para defender lo indefendible.

Por último, las empresas transnacionales cambian su patrón de comportamiento ante un cambio de reglas de juego (a su favor). Un ejemplo claro de esto es el patentamiento de medicamentos de Pfizer antes y después del acuerdo sobre los ADPIC, con el cual las patentes en Costa Rica pasaron de tener una vigencia de un año a una vigencia de 20 años. Estas reglas se comenzaron a aplicar en Costa Rica en enero del 2000. De 1979 hasta 1998 Pfizer no solicitó una sola patente en Costa Rica. La lógica de los hoy defensores del TLC hubiera dicho que el prolongamiento de patentes que exige el TLC no tendría efecto, porque las empresas farmacéuticas de por sí no están solicitando patentes. Sin embargo, desde 1999 a hoy Pfizer ha solicitado aproximadamente 300 patentes! Esto demuestra que con cambio de reglas, las transnacionales lógicamente cambian de comportamiento para maximizar los beneficios de las nuevas reglas. Igual será con las nuevas reglas de protección de datos de prueba. Anteriormente las empresas no perdían nada al registrar un medicamento mucho antes de que la Caja lo comenzara a adquirir. Ahora, maximizarán la exclusividad comercial otorgada por la protección de los datos de prueba registrando medicamentos justo antes de que la Caja los incluya en el Cuadro Básico. La fecha de registro de un medicamento en Costa Rica se convertirá en un arma comercial administrada muy estratégicamente por las* transnacionales con el TLC*.

El artículo aborda el tema de las extensiones de patentes por atrasos en el otorgamiento de las mismas indicando que se están implementando una serie de medidas para que “nunca se llegue a caer en situaciones de retrasos injustificados que deriven en extensiones de patentes”. Si bien debemos aplaudir los esfuerzos que está realizando la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial, realmente es tener expectativas demasiado altas (o poco realistas) esperar que se pueda eliminar el problema del todo. Primero que nada, hoy existe un serio cuello de botella en la evaluación de patentes, con 595 patentes solicitadas en el 2006 y solo 7 otorgadas ese año. Este cuello de botella es sólo el de un año, pero no es nada atípico de otros años. Para ver esto con más claridad, lo mejor es ver una gráfica de las solicitudes vs. otorgamientos en los últimos 11 años (ver gráfico de barras a continuación). En ARCHIVOS ADJUNTOS

Claramente podemos ver que el cuello de botella no se limita al año 2006, sino a todos los años. Además, noten lo que está pasando con el volumen de solicitudes. En el año 2000 se solicitaron 76 patentes, en el 2002 fueron 242, en el 2004 fueron 321 y en el 2006 fueron 595. ¿Notan alguna tendencia? Este crecimiento en el volumen de patentes solicitadas en Costa Rica demostrado en la gráfica ni siquiera está contemplando los “modelos industriales”, otro tipo de “patente” que también requiere de evaluación. El crecimiento anual en solicitudes de patentes ya entró en la fase de crecimiento exponencial típica en muchos países. Sin embargo, apenas estamos viendo la “punta del iceberg”. En poco tiempo estaremos en miles o decenas de miles de solicitudes por año. En este momento solamente estamos recibiendo aproximadamente el 0.14% del volumen de patentes que se solicitan en EEUU (unas 420.000 por año). En EEUU también han implementado medidas para solucionar el cuello de botella que tienen allá en la evaluación de patentes. Han aumentado el número de evaluadores a tiempo completo de la Oficina de Patentes de EEUU a aproximadamente 6.000, y quieren contratar más. Casi todos son profesionales especializados en carreras como química, física y biología molecular, y cuentan con maestrías o doctorados en sus especialidades. Tienen un presupuesto de más de $1.000 millones (5% del PIB de Costa Rica). A pesar de todo este esfuerzo, la “presa” de patentes en EEUU sigue en aumento porque no han podido solucionar el problema del cuello de botella en la evaluación. Además, recordemos que aproximadamente el 46% de los fallos en juicios sobre la validez de patentes ya otorgadas revocan la patente en EEUU. Es evidente que en el apuro por salir de la presa de patentes en EEUU se otorgan una enorme cantidad de patentes que nunca debieron ser otorgadas. Esto crea monopolios privados indebidos en el mercado de EEUU.

Al tomar medidas la Oficina de Patentes de Costa Rica para evaluar patentes más rápidamente, como subcontratando la evaluación (_“outsourcing”_) a otros países, se perderá control sobre la calidad de las evaluaciones y muy probablemente la consecuencia sea el mal-otorgamiento de muchas patentes, creando monopolios privados que pagaremos todos los costarricenses. Evidentemente, lo mejor es no tener que ampliar el plazo de las patentes por demoras en el otorgamiento de las mismas como es la situación hoy en día, sin TLC. La OMC ni menciona ampliaciones de patentes. De hecho, la Ley de Patentes de Costa Rica actual (Ley 7979) indica que el plazo de las patentes es de 20 años improrrogables. No prolongar las patentes se logrará únicamente rechazando el TLC. Es curioso que muchas de las personas que critican el Estado costarricense como ineficiente y que predican privatizaciones, a la hora de argumentar que el TLC no tendrá efecto sobre el acceso a los medicamentos tienen que recurrir al supuesto de un Estado super-eficiente. Sin embargo, el problema del cuello de botella en la evaluación de patentes no es un problema de Estado ineficiente. Es un problema de país pequeño, sin suficiente recurso humano.

El artículo termina con tres casos de compras de medicamentos (_glibenclamida, salbutamol y amlodipino_), argumentando que en ninguno de los casos se puede deducir un impacto a la Caja. Para los dos primeros casos (_glibenclamida y salbutamol_) es necesario aclarar que no fueron mencionados en el artículo original, al cual responde el artículo anónimo. Sin embargo, sí señalan los autores que los precios en el mercado privado pueden ser hasta 2000% más caros que los precios ofertados en licitaciones de la Caja. Esto es importante de señalar ya que demuestra la enorme importancia de la Caja en garantizar el acceso universal a los medicamentos. Acudir al sector privado si la Caja no pudiera adquirir todos los medicamentos necesarios con las reglas del TLC realmente no es una opción para gran mayoría de los costarricenses. El artículo señala que como en las licitaciones de estos dos medicamentos no participaron los fabricantes originales no es válido comparar los precios del mercado privado con los precios a la Caja. Habría que preguntarse ¿por qué no participaron los originales en la licitación? ¿Habrá sido porque a los precios que actualmente compra la Caja no vale la pena ni siquiera participar?

En cuanto al caso del medicamento amlodipino, donde la Caja se ahorró más de 20 millones de dólares en una sola compra al comprar el genérico en vez del producto de Pfizer, los autores del artículo señalan que este caso demuestra como no habría efecto sobre la Caja ya que la protección de los datos de prueba hubiera expirado antes de que la Caja lo comenzara a adquirir. Sin embargo, si leen bien el artículo original al cual responden estos autores, este caso demostraba el costo que podrían tener las extensiones de patentes del TLC. Aunque Pfizer no patentó el medicamento amlodipino en Costa Rica (porque Pfizer no patentaba en los 1980´s y 1990´s en Costa Rica por la duración de 1 año de las patentes), ahora sí lo hace agresivamente porque tiene nuevas reglas con las cuales generar monopolios duraderos. Por lo tanto, el costo adicional de 20 millones de dólares a la Caja por tener que comprar un producto patentado en vez de un genérico podría ser un costo anual, por cada año de extensión de las patentes.

Debido al creciente volumen de solicitudes de patentes de todo tipo, y la creciente presa de patentes por el cuello de botella en la evaluación de las mismas, podemos esperar que las extensiones de patentes estarán a la orden del día. Como no se sabrán cuales patentes tendrán un impacto futuro muy importante a la hora de evaluarlas, no se podrán seleccionar las “prioritarias” de evaluación, ya que las patentes se solicitan muchos años antes de que un medicamento ingrese al mercado, si es que ingresa. Además, como vimos con el cambio de patrón de comportamiento de las transnacionales con respecto al patentamiento en Costa Rica, cuando hay un cambio de reglas que las beneficia, las transnacionales cambian de comportamiento para aprovechar estas reglas. Por lo tanto, la fecha de registro de un producto farmacéutico en Costa Rica será un arma comercial administrada muy estratégicamente. En casos de medicamentos como el amlodipino, podemos esperar que las transnacionales registren estos productos poco antes de que la Caja los comience a adquirir, para así maximizar su oportunidad comercial de vender sus medicamentos sin competencia y en el volumen que consume la Caja.

Finalmente el artículo termina diciendo textualmente:

“De todo lo anterior podemos concluir+ con certeza+ que las disposiciones sobre propiedad intelectual del TLC no generarán ningún efecto adverso sobre la compra de medicamentos de la CCSS.” (Los subrayados no son del original)

Si hay algo que está claro es que no podemos hacer este tipo de declaraciones tan irresponsables. Talvez ahora entendemos el por qué nadie se atreve a firmar el documento. ¡Qué torta sería firmar una declaración así y que luego se diera un efecto adverso sobre la compra de medicamentos de la CCSS si pasa el TLC!

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Respuesta al artículo:
Medicamentos y TLC, ¿De qué se trata y de qué no?
(autor anónimo)

Este es el segundo artículo anónimo, ya que evidentemente el autor de éste tampoco quería firmarlo. Tampoco hace una sola mención del debate televisado.
El artículo empieza su defensa del “impacto nulo sobre la Caja” haciendo unas declaraciones que realmente no abordan el tema, como por ejemplo el siguiente:

“El TLC no impacta de ninguna manera las potestades públicas para ejecutar una política de adquisición de medicinas” (el subrayado no es del original)

Obviamente el autor (¿o los autores?) quiere que el lector confunda “potestades” por “capacidades”. No es lo mismo tener la potestad que tener la capacidad de garantizar el acceso a los medicamentos. El autor hace una serie de declaraciones similares, como los siguientes:

“ninguna disposición del TLC prohíbe la producción, compra o distribución de medicamentos, ni genéricos, ni innovadores o “de marca”.

“ninguna regla del TLC se relaciona con el modelo de cobertura de la CCSS. La CCSS mantiene total libertad para decidir qué medicinas incluye en cuadro básico de medicamentos”

“ninguna disposición del TLC se refiere al precio de las medicinas.”

¡Faltaría más! De nuevo los mismos argumentos que insultan la inteligencia de los costarricenses. La lógica de estos argumentos es la misma que prevalecería si le amputaran las piernas a un hombre y después dijéramos “Todos tienen la potestad de correr. Para nadie está prohibido correr”. Las condiciones creadas por el TLC hacen que no sea necesario algo tan evidente como prohibir los genéricos para que no participen en el mercado oportunamente.

El artículo continúa diciendo que el plazo de protección de los datos de prueba es igual al que prevalece en países como México, Chile, Colombia y Brasil. No sabemos por qué se mencionan estos países, ya que ninguno de estos países llega a la cobertura de salud y de medicamentos que tiene Costa Rica, ni se le arrima a los indicadores de salud que tenemos en Costa Rica. Por otro lado, Chile (que ya tiene su TLC con EEUU) actualmente se encuentra en la “Priority Watch List” de EEUU por no estar implementando las reglas de su TLC con EEUU al gusto de PhRMA. Esta es la misma lista donde PhRMA quisiera colocar a Costa Rica por no haber implementado las reglas de un TLC que todavía no existe en nuestro país.

El artículo indica que se extienden las patentes por atrasos en el otorgamiento de éstas “para evitar que se abuse de estos procesos para reducir el plazo efectivo de la patente”. ¿Cree el autor que la Oficina de Patentes va a demorarse intencionalmente en el otorgamiento de patentes para reducir su plazo efectivo? Tal vez ignora el autor que los 20 años de protección de las patentes se inician desde su solicitud, no desde su otorgamiento. Por lo tanto, las extensiones de estos monopolios privados son gratuitas. Además, el autor confunde “capacidad” con_ “intensión”_. La Oficina de Patentes ya se está atrasando en el otorgamiento de patentes, y esto se va a empeorar, por el “tsunami” de patentes que le está cayendo a la Oficina de Patentes, no por intensiones de la Oficina de Patentes de darle largas al proceso. Para que veamos el serio cuello de botella que existe en la evaluación de patentes, por favor vean la gráfica de solicitudes vs. otorgamientos de 1996 al 2006 en la página 9 anterior.

Dice el autor que el artículo 15.10.1 establece la obligación de proteger los datos no divulgados para impedir que terceros no autorizados los usen para obtener autorización para la venta de sus productos. Sin embargo, no sólo se protegen los datos no divulgados, sino también los divulgados, en fuentes públicas como Internet. Pareciera que el TLC excluye la protección de los datos ya divulgados. Sin embargo, fiel a su servicio a las transnacionales, el TLC redefine lo que se considera “divulgado” en el Artículo 15.10.1 (d). El autor del artículo también trata de hacer entender que ya tenemos todos los compromisos de protección de datos de prueba del TLC en la Ley de Información No Divulgada. ¡Falso! La Ley de Información No Divulgada (Ley 7975) está basada en el Acuerdo de los ADPIC de la OMC, donde se protege contra “uso comercial desleal” según el convenio de Paris. Al igual que en mi respuesta al artículo anterior, recomiendo a todos los lectores leerse el artículo del Dr. Carlos Correa titulado_ “Protección de productos farmacéuticos y agroquímicos (‘Productos regulados´) en DR-CAFTA”_, publicado en la edición de octubre-diciembre 2006 de la revista Puentes. También refiero al lector a leerse todas las condiciones que son “ADPIC-Plus” y hasta “EEUU-Plus” en mi respuesta al artículo anterior.

El autor dice que el plazo de los 5 años no tendrá ningún efecto sobre la Caja, aunque sí la podría tener contra los genéricos. Esto es un argumento económico absurdo: se reduce la oferta a un monopolio, pero esto no incide en costos. Esto lo repite al final, al concluir diciendo que ninguna de las reglas del TLC tendrá efectos negativos sobre el acceso de los costarricenses a los medicamentos, “aunque los intereses de algunos pocos fabricantes de genéricos sí podrían verse afectados”. Bueno, al menos identifican un perdedor del TLC: el sector fabricante de genéricos (y todos los empleos calificados que genera). Sin embargo, en vez de trabajar con la industria para minimizar el efecto sobre la industria nacional y los miles de empleos que dependen de él, se convierte a la industria nacional en el enemigo. Esta ha sido la estrategia de COMEX.

Al artículo hace referencia al Presidente Ejecutivo de la Caja (La Nación, 14-09-2006) quien dice que “el TLC no dispara el costo de medicamentos de la Caja”. Es una lástima que el Presidente de la Caja, quien tiene un deber fiduciario de velar por el modelo de la Caja, desecha cualquier posibilidad de que la Caja se vea afectada con tanta ligereza. La Junta Directiva de la Caja decía algo muy diferente antes de que se firmara el TLC (ver condiciones exigidas por la Caja en su carta dirigida al Presidente de la República en la página 2 de este documento).

En su resumen sobre las obligaciones principales de cada país Parte del TLC el autor ni siquiera hace mención de la obligación de ligar registros sanitarios con patentes, lo cual convierte al Ministerio de Salud en el “policía de las patentes”. Para no ser repetitivo, le pido al lector referirse a la respuesta sobre este tema en el punto (H) (en la página 4) de la respuesta al artículo anterior.

El autor termina su artículo diciendo que con el TLC se resguardan las dos potestades públicas más importantes: licencias obligatorias e importaciones paralelas. Sin embargo, no está nada claro que al emitir una licencia obligatoria se abra el acceso a los datos de prueba, sin los cuales no habrá genéricos por más que se abra la patente. Esto nunca ha sido puesto a la prueba. Por otro lado, romper una patente con una licencia obligatoria no es tan fácil políticamente. Por otro lado, el texto del Artículo 15.9.3 del TLC indica que si bien se pueden prever excepciones limitadas a los derechos exclusivos conferidos por una patente, es _“a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificada contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de la patente_”… Cómo se define una medida “injustificada” quedará para los tribunales, Sin embargo, vemos las intensiones claras de PhRMA con Tailandia, donde indican que las enfermedades crónicas no pueden ser consideradas “emergencias”. Tailandia recientemente ha emitido licencias obligatorias sobre medicamentos patentados. A razón de esto, PhRMA está presionando al Gobierno de EEUU para que presione a Tailandia a cesar la apertura de patentes. En un informe reciente, PhRMA le pide al Gobierno de EEUU designar a Tailandia como un “Priority Foreign Country”, lo cual crea la posibilidad de sanciones comerciales contra Tailandia. Además, algunos miembros del “lobby” de PhRMA creen que existiría apoyo de ambos partidos en el Congreso de EEUU de sancionar a Tailandia y otros países que otorguen licencias obligatorias para medicamentos contra enfermedades crónicas como padecimientos del corazón y el cáncer, en vez de medicamentos para el SIDA, tuberculosis o malaria. Un miembro recientemente preguntó: “¿Cómo puede una condición crónica, de acción lenta y no-contagiosa ser considerada una crisis de salud pública?”.

Por otro lado, en Costa Rica existe legislación que permite las importaciones paralelas desde hace más de siete años y esta posibilidad no le ha ahorrado ni un colón a la Caja en compras de medicamentos. Las importaciones paralelas solamente permiten importar los productos ya registrados en Costa Rica, del mismo fabricante. En otras palabras, el “ahorro” por importaciones paralelas se limita a la diferencia de precio que pueda estar cobrando una empresa (usualmente transnacional) en dos mercados distintos. Estas diferencias de precio nunca le van a llegar a la diferencia de precio entre el producto original de una transnacional y el precio de un genérico en el mercado. Si no es así, que nos digan ¿de cuál país hubiera importado la Caja el medicamento amlodipino para ahorrarse más de 20 millones de dólares en la compra de este medicamento en el 2005 si no hubiera participado un genérico en la licitación? ¿En cuál país vende Pfizer su versión de amlodipino tan barato como el genérico de Costa Rica (menos del 1% del costo de la oferta de Pfizer)? Además, el esquema de importaciones paralelas no se presta muy bien para la participación de dichos productos en licitaciones de la Caja. ¿Por qué no se redujeron los costos para la Caja en las licitaciones donde no participaban genéricos? Simplemente porque esto realmente no es una solución al problema de precios de medicamentos caros. El autor nos quiere hacer creer que lo que no ha funcionado desde hace casi una década en Costa Rica como una medida para reducir costos de medicamentos de repente va a funcionar de maravilla después de que pase el TLC. Es una esperanza poco realista.

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Respuesta al artículo:
“TLC y acceso a medicamentos: mentiras calculadas”
por Michelle Coffey de FEDEFARMA

La subdirectora de FEDEFARMA, Michelle Coffey, es la única persona que firmó su artículo de respuesta, el cual fue publicado en La Prensa Libre el día 21 de marzo del 2007. Sin embargo, tampoco hace ninguna referencia al tema del debate televisado. De hecho, hace unos meses tenía un debate televisado confirmado con ella en el programa “Contra el Muro” de Iris Zamora en Canal 13 (antes de que el programa fuera cancelado, junto con todos los otros programas de opinión o debate que permitían un acceso a los medios por parte de los opositores del TLC). Sin embargo, ella no llegó el debate que se había confirmado por ambas partes.

La señora Coffey crea la expectativa de que se van a señalar todas las “mentiras calculadas” en mi artículo original, al cual ella responde. Sin embargo, no demuestra una sola mentira, ni desmiente un solo dato. Por lo tanto, el título de su artículo es simplemente eso: un título. Por otro lado, la señora Coffey utiliza la ya usual práctica de los promotores del TLC de tratar desacreditar al mensajero. En su artículo dice que toda la información divulgada sobre el impacto negativo del TLC en el acceso a los medicamentos_ “está mediada por los intereses comerciales de un fabricante local de agroquímicos genéricos”_ (ese sería este servidor), dando a entender que este servidor solamente se interesa en lo que le pueda pasar a la Caja como medio para defender los agroquímicos genéricos de una eventual ratificación del TLC. Prefiero enfocar el debate sobre lo que está en juego, pero en esta ocasión, con el permiso del lector, debo aclararle a la señora Coffey varias cosas.

Primero que nada, desde hace más de una década antes del TLC tengo un interés demostrable en el desarrollo de medicinas y gestión de sistemas de salud. En 1993 me gradué con un doctorado en bioquímica de UCLA y después trabajé varios años como investigador biomédico en una empresa_ “innovadora”_ de nuevos medicamentos en EEUU, donde fui nombrado Científico del Año en 1994 por diseñar un nuevo tipo de potencial fármaco anticoagulante. Mi interés en el sector salud me llevó a matricularme en 1996 (siete años y medio antes de que se firmara el TLC) en la escuela de negocios de Wharton de la Universidad de Pennsylvania, donde me gradué con un MBA en Administración de Sistemas de Salud. Al regresar a Costa Rica trabajé varios años como evaluador de proyectos y consultor en el sector salud en Latinoamérica, además de apoyar en la implementación de proyectos de investigación clínica de las empresas que usted representa. He liderado, de manera voluntaria, equipos de estudiantes de maestría en Administración de Sistemas de Salud en el diagnóstico de problemas en los hospitales de la Caja y la formulación de soluciones. Por lo tanto, es muy posible que haya estado involucrado en el sector salud más años que usted. Sin embargo, una situación familiar me llevó a incorporarme en la gestión de la empresa de agroquímicos de la familia. Esta empresa no tiene absolutamente ningún interés económico en medicamentos ni en la Caja, caso contrario a las empresas que usted representa. Por lo tanto, cuando hablo del impacto del TLC sobre el acceso a medicamentos de la población y el modelo de la Caja, lo hago como un costarricense que algo conoce del tema, preocupado por las corrientes que alejan a Costa Rica de lo que ha sido siempre: uno de los mejores países del mundo donde vivir en paz, con tranquilidad, estabilidad y dignidad.

Habiendo aclarado esto, regresemos al tema que nos ocupa. La señora Coffey reconoce implícitamente que el TLC tendrá un efecto negativo sobre las empresas productoras de genéricos. Sin embargo, al igual que los otros artículos, utiliza la incoherencia económica de argumentar que los efectos negativos se limitan a las empresas de genéricos, pero no tiene efecto sobre el precio de los medicamentos. Cualquier economista o persona aplicando la lógica puede deducir que eliminar la competencia libre en un mercado, y monopolizar la oferta de un producto en un solo proveedor, resultará en precios más altos (especialmente cuando son empresas con fines de lucro). Más adelante la autora trata de minimizar ese efecto a la industria genérica señalando que el 47% de las recetas de medicamentos en EEUU (donde prevalece la protección de los 5 años) son genéricos, para justificar que los datos de prueba no son obstáculo para la industria. Sin embargo, este dato no apoya su argumento cuando vemos que aproximadamente el 98% de las unidades de medicamentos adquiridos y “recetados” por la Caja son genéricas. En otras palabras, la población de Costa Rica está mucho más “cubierta” por genéricos que la población de EEUU. Además de esto, a pesar de la multimillonaria campaña de FEDEFARMA por cuestionar la calidad de los medicamentos genéricos, la expectativa de vida en Costa Rica es mayor a la de EEUU. Obviamente algo estamos haciendo bien en Costa Rica, y esto comienza a ser un punto de comparación muy incómodo para otros países, incluyendo EEUU.

La señora Coffey indica que los plazos de patentes y de protección de datos de prueba corren en paralelo, por lo cual no suman. Sin embargo, la gran mayoría de las medicinas que se aprobarán en el Ministerio de Salud en los próximos 5 años no tendrán patentes sobre el principio activo (patente principal) ya que la gran mayoría de las patentes de los medicamentos en proceso de desarrollo antes de la reforma de la Ley de Patentes de Costa Rica (Ley 7979) no fueron solicitadas en Costa Rica. Por lo tanto, los datos de prueba serán el mecanismo de creación del monopolio. La mayoría de los medicamentos nuevos para los cuales se están solicitando patentes hoy en día no serán aprobados para su uso hasta del 2010 en adelante. Por lo tanto las nuevas reglas de protección de datos de prueba sí crearán monopolios que no hubieran existido sin el TLC.

Hablando de monopolios, la subdirectora de FEDEFARMA dice que las patentes no otorgan monopolios sobre tratamientos de enfermedades ya que pueden existir muchos medicamentos diferentes para tratar una enfermedad. Sin embargo, sí otorgan monopolios sobre las moléculas que se utilizan para tratar enfermedades. En ciertas enfermedades solamente existe una buena opción de medicamento para su eficaz tratamiento, por lo cual un monopolio sobre ese medicamento sí es equivalente a un monopolio sobre el tratamiento. Desafortunadamente, aún cuando existen varias opciones para el tratamiento de una enfermedad, la competencia entre empresas transnacionales farmacéuticas con medicamentos patentados nunca se da en base a precio, sino sobre la base de publicidad, promoviendo los atributos de sus respectivos medicamentos. Las transnacionales farmacéuticas ponen a funcionar su muy afinada máquina de mercadeo, gastando más en mercadeo que en investigación y desarrollo, para canalizar pacientes a sus medicinas patentadas. Se ejerce mucho “lobby al detalle” en el sector privado mediante las visitas médicas de los representantes de estas empresas, que a su vez le muestran mucho “cariño” a los médicos que recetan sus medicamentos patentados, enviándolos a seminarios en lugares muy bonitos, invitándolos a cenas espléndidas, etc. Grupos de pacientes también pueden hacer presión sobre la Caja para que les cubra un medicamento específico, y la Sala Cuarta muchas veces se convierte en el “seleccionador” de medicamentos, ordenándole a la Caja los que tiene que comprar. Por lo tanto, no podemos tratar de desviar la atención al hecho de que las patentes sí crean monopolios sobre medicamentos y encarecen el tratamiento de enfermedades. Decir lo contrario es jugar con palabras.

Relacionado a este argumento, la subdirectora de FEDEFARMA nos dice que todos los medicamentos actuales no serán afectados ya que el TLC no es retroactivo. Cierto, pero el Cuadro Básico de Medicamentos de la Caja se tiene que actualizar todos los años con nuevas medicinas y estas vendrán con las nuevas reglas de juego a favor de las transnacionales. Hemos visto con el ejemplo del medicamento amlodipino como se podría disparar el presupuesto con muy pocos nuevos medicamentos bajo monopolio. El TLC no afectará a todas las áreas por igual, concentrando sus efectos negativos en las áreas donde precisamente no hay buenas opciones de tratamiento hoy, como el cáncer. Hay aproximadamente 400 medicamentos para el cáncer en fase de investigación clínica (incluyendo unos 15 para cáncer gástrico). De todos estos potenciales medicamentos, podemos esperar que se aprueben unos 30 a 80 medicamentos nuevos. Todos estos medicamentos vendrán a precios mayores a $25,000 por paciente por año. Estos son los precios mínimos que se están cobrando por los medicamentos nuevos para el cáncer. En Costa Rica se diagnostican aproximadamente 10.000 casos nuevos de cáncer por año. Aún si solamente un porcentaje menor de los pacientes se podrían beneficiar de tales medicamentos, los números suman muy rápidamente.

Otra área de alto impacto serán las enfermedades infecciosas, aún cuando hoy ya existan tratamientos adecuados, las resistencias que generan los microbios causantes del SIDA, tuberculosis, gripe aviaria (Dios guarde!) y otras infecciones bacterianas hacen totalmente necesario el desarrollo y adquisición constante de nuevas terapias, todas de las cuales vendrán con las nuevas reglas de PI del TLC.

Es curioso que la subdirectora de FEDEFARMA, relacionada con PhRMA en EEUU, minimice el costo que las nuevas reglas de propiedad intelectual del TLC tendrán para la Caja, cuando precisamente PhRMA le ha expresado al USTR que han dejado de recibir más de $112 millones en ingresos en Centroamérica de enero a septiembre del 2006 (ver el semanario Universidad, edición del 15 de marzo del 2007) por la no aplicación de las disposiciones contenidas en el TLC. ¿De dónde creen que vendrían esos $112 millones? Además, si realmente no afectaran en nada estas reglas del TLC, entonces ¿por qué no sacar tan polémicas cláusulas del TLC? Porque precisamente sí afectan los precios y las empresas transnacionales esperan recibir cientos de millones de dólares de más en todo Centroamérica con este TLC, a costa de todos nosotros.

Nos dice la señora Coffey que los medicamentos representan “solo” el 10% del presupuesto de la Caja. El problema es que si este rubro se dispara, la Caja no tiene un presupuesto muy “elástico”. La mayoría del presupuesto se va en salarios y otros costos fijos y no hay mucho “colchón” en el presupuesto. ¿Qué hubiera pasado si la compra del medicamento amlodipino hubiera estado monopolizado con solo Pfizer como oferente? Una diferencia de más de $20 millones de dólares no se lo salta un burro. El Puente de la Amistad sobre el Río Tempisque costó poco más que eso. El presupuesto para la reconstrucción del Hospital Calderón Guardia después del incendio fue menor que ese monto, y aún así, la Caja no tenía recursos para realizar la obra. Por lo tanto, aún con rubros de tan alta prioridad, como los medicamentos para la población o como la reconstrucción de uno de los principales hospitales del país, el presupuesto de la Caja no tiene la suficiente “flexibilidad” implícita como para enfrentar este tipo de disparo en gastos, aún cuando representan un porcentaje menor del presupuesto total de la Caja.

La autora nos indica que aún con protección de datos, la industria de genéricos de Colombia ha crecido un 6%. Colombia es un caso particular ya que la industria nacional hasta recientemente se reactivó con la economía. Por lo tanto, no es extraño que en un país con la guerrilla más vieja del mundo crezca la industria nacional en un periodo de relativa tranquilidad. Sin embargo, la población de Colombia no tiene ni la sombra de cobertura de salud (o de medicamentos) que tenemos en Costa Rica, y mucho menos los indicadores de salud del cual gozamos en nuestro país. Por lo tanto, usar a Colombia como modelo sería retroceder en nuestro modelo de seguridad social.

La autora termina diciendo que se pueden aprovechar las condiciones del TLC para “fortalecer la incipiente investigación en biotecnología” así como “apoyar a la industria farmacéutica y química nacional para que busque nuevos mercados externos y se integre más efectivamente en un mercado global”. Sin embargo, talvez la autora no se da cuenta de que la industria nacional buscó mercados externos hace años, y es una industria exportadora. Algunas empresas exportan la mayoría de su producción. Sin embargo, el TLC les limita las posibilidades de continuar con este crecimiento exportador por las reglas de propiedad intelectual. Limitar el mercado local tiene implicaciones para incursionar en el mercado internacional.

Por otra parte, no vemos voluntad política para realmente promover unas industrias nacionales tan estratégicos para la economía nacional y para el sector salud y agropecuario como lo son las industrias nacionales de medicamentos y agroquímicos. Por ejemplo, en la Comisión de Asuntos Internacionales le propusimos a las Diputadas establecer un canon para las solicitudes de patentes de $10.000 por patente. Nada en el TLC impide esto. Este costo vale la pena para muchas empresas, como lo demostró el caso de la compra del medicamento amlodipino. Si Pfizer hubiera tenido un monopolio, una sola compra se bastaría para pagar 2.000 solicitudes de patentes. Este canon serviría para recaudar fondos que se podrían destinar al financiamiento de proyectos nacionales de investigación en las universidades y otros centros, al igual que para fortalecer la oficina de patentes. También desincentivaría la solicitud de patentes de dudosa validez, o patentes que empresas podrían solicitar para crear más cuello de botella y así alargar las patentes de los productos que sí les interesan. Por lo tanto, podría reducir la demanda de patentes dudosas, al mismo tiempo que recauda fondos para la investigación nacional, ligando la investigación con la herramienta que supuestamente existe para promover la investigación: las patentes. En poco tiempo este canon estaría generando por lo menos $10 millones por año, nada despreciable para financiar investigación nacional de una manera sostenida. Sin embargo, la Diputada Mayi Antillón, cuyo esposo representa a Pfizer, le echó agua fría a esta propuesta.

Finalmente, para que veamos el poder del “lobby” de PhRMA (relacionada a FEDEFARMA en Costa Rica) recomiendo que todos vean el reportaje que hizo el noticiero “60 Minutes” en EEUU, donde describen como el gran “lobby” de las transnacionales farmacéuticas logró prohibir la potestad del Estado de EEUU de negociar precios cuando compra medicamentos a estas transnacionales. Este es el ejemplo del “libre comercio” que quieren las transnacionales en Costa Rica. Además, señala como utilizan sus allegados políticos para lograr sus objetivos. Este reportaje lo pueden ver en video en el siguiente link:

Reportaje CBS

Algo que todos debemos saber es que el poderoso lobby PhRMA y las empresas farmacéuticas individuales han gastado 758 millones de dólares desde 1998 para lograr sus objetivos. Ninguna otra industria ha gastado tanto en influenciar las reglas de juego que definen congresistas, reguladores, etc. Sería muy extraño invertir tanto dinero en algo que supuestamente no tiene ningún efecto en los precios de los medicamentos que pagamos los consumidores, o la Caja.

*** Cámara de Empresarios Pro-Costa Rica

rmacaya@rimacsa.com

Cuando su jefe NO es su jefe

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Ha aprendido mucho de leyes y de justicia y de ética, y bate palmas porque está a punto de realizar sus ideales y cumplir sus planes, entre los cuales está el muy sensato y aceptable de obtener unos ingresos y un medio de vida acordes con su profesión, y una libertad relativa para ejercerla. La persona que la contrata, es decir, la que le da nombre al bufete, le establece un horario, le asigna unos casos, le determina una paga, le manda unas tareas y le pone las reglas de juego. Usted ahora tiene un empleo y se va feliz para su casa el primer día. Más feliz cuando se acerca el fin de mes y está a punto de recibir su primer cheque. La sensación de felicidad va aumentando según se acerca el gran momento. Pero de pronto ocurre algo con lo que se queda haciendo bizco: el jefe le manda hacerse facturas timbradas por “honorarios profesionales”. Entonces aterriza en la certeza de que no tiene un empleo, no forma parte de la planilla, está en la calle: ejerce por “la libre”.

Cuanto más cavila y saca conclusiones, más se va diluyendo su antigua felicidad entre una neblinosa sensación de estafa: no tendrá acceso a la medicina socializada, ni derecho a incapacitarse, ni aguinaldo, ni prestaciones, ni jubilación, ni nada de nada puesto que no ha contraído un vínculo laboral con su empleador, el cual por lo tanto, tampoco tiene obligaciones para con usted.

Sea como sea, en medio del desasosiego se le hace una luz: puesto que profesional libre, debería gozar de ciertas ventajas que compensen esas desventuras: fijar el monto de sus honorarios, establecer el tipo de tareas que ejecuta, no cumplir horas de oficina, y sobre todo firmar un contrato en el cual se establezcan con claridad todas estas condiciones. Se arma de ánimo y se lo plantea a su empleador. Pero entonces se entera de que la contraparte es en realidad la parte en contra. Quien le hace firmar una factura por honorarios profesionales, se encarga de convertir en desengaño su incertidumbre: deberá someterse a todos los requisitos de un empleado. Él jamás le va a firmar un contrato.

Para efectos de derechos y beneficios, usted es profesional libre; es decir, carece de ellos; para efectos de deberes y obligaciones, es una persona asalariada; es decir, los tiene todos y algunos más: su jefe sabe más que las culebras: le ha echado encima las cargas tributarias que a él le corresponden. Y no intente cometer la torpeza de querer negociar. No se puede. O lo toma o lo deja. Tampoco se le ocurra denunciarlo. Ese drama es legal. La única prueba que usted tiene es en su propia contra: las facturas firmadas. Tampoco apele a la desgraciada idea de irlo contando por ahí, porque se le hace mal ambiente. Lo que le está ocurriendo es más regla que excepción. No va a recibir apoyo ni de quienes están siendo igualmente explotados: en este país predomina la idea de que a cada quien le pican sus propias pulgas.

Aunque parezca delirante, lo que aquí se expone es de lo más normal. Todo mundo lo sabe, pero nadie lo enmienda. Entre tanto, los peces gordos seguirán comiéndose a los peces chicos, al menos hasta que los chicos se enteren de que juntos suman muchos; o hasta que cada cual entienda, con Montesquieu, que “una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad”.

Fuente: Periódico del Colegio de Periodistas