EL ACOSO SEXUAL EN EL PARLAMENTO

Ante los últimos acontecimientos en la Asamblea Legislativa, ANEP manifiesta lo siguiente:

El acoso sexual es una manifestación contraria al principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres; es una forma de discriminación por razón de sexo y una manifestación de la violencia de género. Plantear medidas y estrategias que prevengan, corrijan y erradiquen estas conductas contrarias a la dignidad de las mujeres, no es más que hacer efectiva la igualdad de hombres y mujeres en el trabajo.

Lo ocurrido en la Asamblea Legislativa nos demuestra que el mecanismo actual que existe para prevenir, corregir y sancionar el hostigamiento sexual, si bien es un importante avance en la legislación con perspectiva de género, mantiene debilidades que permiten que algunas conductas queden impunes o libradas a la decisión de casos particulares. En ese sentido, nuestra organización sindical hace pública una solicitud a los actuales diputados y diputadas, para revisar, mejorar y fortalecer la Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo y en la Docencia.

Esta situación, también evidencia la dificultad que implica para una víctima de hostigamiento sexual hacer la denuncia respectiva, puesto que usualmente, por encontrarse en una posición de debilidad, es presionada para que calle, es sometida a la amenaza de prejuicios sociales infundados, a la pérdida de su empleo o de su honor. Por eso es necesario establecer mecanismos de denuncia que no sean individuales, y que favorezcan la creación de condiciones que procuren menos costos sociales y laborales a la víctima. En ese sentido, ANEP ha venido incluyendo la regulación del hostigamiento sexual en las Convenciones Colectivas de Trabajo. Utilizar el marco de la negociación colectiva como instrumento de aplicación del principio de igualdad, incluyendo cláusulas de prevención y sanción del acoso sexual, e impulsar la adopción por parte de las empresas de un procedimiento de denuncia y sanción interna en el que tomen parte activa, permiten que la colectividad respalde a quien sea víctima de una actitud tan reprochable como el hostigamiento sexual.
Nuestra organización sindical solicita, respetuosa y vehementemente, que se profundice al máximo la investigación de la denuncia que ha sido interpuesta contra el diputado de la Fracción Parlamentaria del Partido Liberación Nacional (PLN), Federico Tinoco Carmona por hostigamiento sexual.

Consideramos que desde el Primer Poder de la República, debe sentarse un precedente de cero tolerancia a este tipo de actitudes, que ineludiblemente constituyen una clara manifestación de violencia contra las mujeres y que es vivida por miles de mujeres en nuestro país, que no disponen de un micrófono para hacer su denuncia, o su vivencia no tiene relevancia para los medios de comunicación.

Condenamos la actitud de quienes pretendieron encubrir, en el propio parlamento, la conducta del Diputado Tinoco Carmona. El principio ético dicta que en casos como éste, aún frente a rumores, la sociedad debe tomar partido con el más débil, que resulta ser la víctima. El PLN tiene una deuda ética con las mujeres de este país, puesto que desde un inicio ha tomado partido con el más fuerte, con el que se encuentra en una posición de poder, y sólo ante la contundencia de la denuncia, se decidieron a plantear la apertura de un procedimiento investigativo. Reprochamos la actitud de la Jefa de Fracción del Partido Liberación Nacional, señora Mayi Antillón Guerrero y del Presidente del Directorio Legislativo, Francisco Antonio Pacheco Fernández porque negándose a investigar lo que ya era un secreto a voces, minimizaron el asunto, y trataron de encubrir la conducta de uno de sus compañeros. ¿Será que apostaron a que la parte más débil, precisamente por ser débil, descartara presentar la denuncia?

También están los que callando, han sido cómplices. Llama la atención la ausencia de una voz articulada de las señoras diputadas, quienes pudiendo ser ellas las que respaldaran a la víctima desde un inicio, tomaron cartas en el asunto hasta que fue imposible ignorar los hechos. En esos silencios, destaca la rectitud y la beligerancia de la diputada socialcristiana Ana Helena Chacón Echeverría, quien sin apresurarse a emitir juicios sumarios, desde un inicio optó por respaldar a la víctima. Nuestra organización sindical debe manifestar con toda honestidad, que nos llena de esperanza que precisamente la Diputada Chacón Echeverría, sea la Presidenta de la Comisión Permanente de Asuntos de la Mujer, puesto que estamos seguros que en ella tendremos una aliada para promover mayores avances en la legislación con perspectiva de género.

Estaremos atentos para que en el parlamento, el Primer Poder de la República, prevalezca el derecho fundamental del debido proceso, la garantía de justicia pronta y cumplida, los criterios éticos y de justicia, sobre la tradicional solidaridad masculina mal entendida. Los hechos que hoy sacuden al Parlamento, constituyen una gran oportunidad para dar el salto hacia la profundización de los mecanismos que como sociedad, nos permitan avanzar en mayores criterios de equidad.

San José, 1 de setiembre de 2006.

Jornadas por los Derechos a la Orientación Sexual en Costa Rica

Universidad de Costa Rica
Centro de Investigación en Estudios de la Mujer
Maestría Regional en Estudios de la Mujer
Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica

Invitan a:

Jornadas Nacionales de Reflexión
“Derechos por Orientación Sexual en Costa Rica”
Porque la igualdad es para vivirla y la diversidad para respetarla

PROGRAMA

MIÉRCOLES 6 DE SETIEMBRE
Auditorio Facultad de Educación

09:00 a.m. – 10:00 p.m.
Apertura de las Jornadas
Teresita Ramellini, CIEM
Abelardo Araya, Movimiento Diversidad
David Montero FEGBTE

10:00 a.m. – 12:00 m.d.
Mapa Histórico – Político del Movimiento GLBT en Costa Rica y el mundo
Derechos humanos por orientación sexual en Costa Rica. Rosemary Madden
Avances civilizatorios en sociedades occidentales. Yashin Castrillo / David Montero
Modera: Abelardo Araya

01:00 p.m. – 04:00 p.m.
Educar para una cultura de respeto a la diversidad
Elementos prácticos para una educación inclusiva. Alberto Ollé
Retos del modelo de educación costarricense frente a la inclusión por orientación sexual. Viviana Rovira
La educación como medio para la transformación de las mentalidades y la cultura. Teresita Ramellini
Modera: Mauricio Castro

06:00 p.m. – 08:00 p.m.
CONFERENCIA
El proceso español:
“Con los mismos nombres con los mismos derechos”
David Montero González
FEDERACIÓN ESTATAL DE GAYS, LESBIANAS, BISEXUALES Y TRANSGENEROS DE ESPAÑA.-

JUEVES 7 DE SETIEMBRE
Auditorio Facultad de Estudios Generales

09:00 a.m. – 12:00 m.d.
Proyecto de Unión Civil para parejas del mismo sexo: Un reto insoslayable para la Asamblea Legislativa y la sociedad. Marco Castillo Rojas / Diputada Ana Helena Chacón PUSC / Diputado José Merino del Río, FA

01:00 p.m. – 02:30 p.m.
Salud implicaciones y retos para el movimiento GLBT en Costa Rica.
Radiografía de la homofobia en la salud, Abelardo Araya
Corrientes que patologizan la homosexualidad, Isabel Gamboa, Ministerio de salud
Modera: Rogelio Pardo

3:00 p.m. – 5:00 p.m.
Enfoque de Derechos Humanos en la Lucha Contra la Discriminación por Orientación Sexual: Costa Rica hoy y mañana.
Aspectos Económicos: Paulino Vargas
Aspectos Culturales: Juan C. Paniagua
Aspectos Sociales: Ivannia Monge
Modera: Oscar Tenorio

VEA POR TV: «LA LEY DE RECURSOS HIDRICOS DE COSTA RICA»

+ Re trasmisión:+

  • “LA LEY DE RECURSOS HIDRICOS DE COSTA RICA”*

DOMINGO A LAS 8pm en CANAL 15

en el Programa “Era Verde”
conducido por el Lic. José María Villalta.

y con la participación de:

M.Sc. Jorge Mora Portuguez
Red Centroamericana de Acción del Agua. FANCA-Costa Rica

Licda. Haydée Rodríguez
Centro Derecho Ambiental y Recursos Naturales. CEDARENA

UNDECA y ANEP responden a Presidente de la Caja: TLC afectará directamente a la CCSS

UNDECA
Unión Nacional de Empleados
de la Caja y de la Seguridad Social

ANEP
Asociación Nacional de Empleados
Públicos y Privados

San José, 1 de setiembre de 2006.

Licenciada
Laura Martínez Quesada
Directora
Semanario Universidad
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Brenes
Presente

Estimada señora:

Le agradecemos de antemano considerar la publicación del comentario que seguidamente exponemos, reaccionando así ante las declaraciones recientemente publicadas en ese prestigioso medio de comunicación, en las cuales el Ing. Eduardo Doryan Garrón, Presidente Ejecutivo de la Caja, afirma que el TLC no perjudicará a esta institución.

Nuestras organizaciones se han preocupado por analizar, con cuidado, este tema, razón por la cual nos sentimos no solamente con capacidad sino en la obligación de reaccionar ante las manifestaciones del citado jerarca.

Apreciaríamos muchísimo su valiosa colaboración al respecto.

Luis Chavarría Vega
Secretario General de UNDECA

Albino Vargas Barrantes
Secretario General de ANEP

__________________________________________________________________

Ing. Doryan lleno de buenas intenciones y desconocimiento de alcances del TLC en la Caja

El Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Ing. Eduardo Doryan Garrón, al parecer, tiene buenas intenciones. Pero, ó los primeros 100 días de la Administración Arias Sánchez le fueron insuficientes para estudiar y consultar; ó le dieron la orden de bloquear su inteligencia.

Ignora, desconoce, o calla que el TLC dispone cambios en seguros, propiedad intelectual y contratación administrativa; los cuales cambiarán el diseño de nuestro Sistema de Seguridad Social: de una Caja proveedora de servicios, a una principalmente recaudadora que contrata proveedores privados.

Argumenta, además, sin fundamento, que los señalamientos críticos acerca del riesgo del TLC para la CCSS (formulados desde los sindicatos, la academia, la Defensoría y los productores nacionales), son tan simples o reduccionistas como que_ “la Caja se va a privatizar y punto”_; sabiendo bien que el negocio de la salud no quisiera matar las gallinas de los huevos de oro; cuando, por el contrario, como argumentamos nosotros, lo que se quiere es hacer negocios con ellos.

La Caja es una ganga… que muchos proveedores privados quieren aprovechar

Dice el Ing. Doryan que la Caja “es una ganga”… un seguro solidario, universal… No existe nada semejante.. Correcto. ¿Pero por qué funciona cada vez peor? ¿No será que quienes negocian con la salud tienen intereses en esta “ganga” de más del 10% del PIB; que incluso, de acuerdo a la Defensoría y a la Contraloría, les compra mas caro de lo que cuesta?

El viejo truco de eludir argumentos

El Ing. Doryan dice defender una “seguridad social pública para todos y financiada por todos”, pero usa tácticas conocidas: decir que lo que no ha dicho (que la Caja “se privatiza”); responder monotemáticamente (medicamentos); y desplegar buenos deseos sin datos ni evidencia (de nuevo medicamentos).

Ejemplo de decir lo que no se ha dicho: Dice el Ing. Doryan que con el TLC “no se privatiza la Caja”. De acuerdo: Se privatiza la prestación de servicios de seguridad social con financiamiento público obligatorio. El TLC promueve el modelo de Caja recaudadora.

Ejemplo de no responder lo que se le pregunta: Pregunta la periodista: “¿A qué cambios se vería obligada la Caja a partir de la definición de “empresa” que contiene el TLC en materia de compras de medicamentos, servicios o en cualquier otra actividad que normalmente desempeña?”. El Ing. Doryan responde que la Caja tiene “un basamento jurídico como una roca: es el artículo 73 de la Constitución Política… la Caja podría tener un seguro de desempleo…” ¿Cómo es que esta respuesta aborda la pregunta?

Ejemplo de buenos deseos: Dice el Ing. Doryan: “El TLC no puede afectar a la Caja”… ¿No puede o no debe? (por qué). Y dice luego que la Caja “tiene que comprar el equipo, tiene que tener los especialistas para consolidarla cada vez más como institución de seguridad pública”. De nuevo, tiene… pero ¿puede?

Ejemplo de desconocimiento: El Ing. Doryan quiere impulsar “condiciones para que le compre a productores nacionales – que son sus mayores proveedores –…”. La periodista le señala que esto “contradeciría la parte del TLC relativa al “trato nacional”, por la cual el país se comprometió a no dar tratos especiales a las empresas nacionales”. Ante lo cual aduce el Ing. Doryan que “lo único que cambia es como un 9% el costo de importación”.¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?

¿Desconocimiento o ardid?

Cuesta creer que haya desconocimiento cuando dice el Ing. Doryan que “La política va a fortalecer la capacidad propia de la Caja en la mayor cantidad de los servicios clave de la institución. Esto no implica no seguir contratando a la UCR o a las cooperativas en materia de atención primaria, al contrario, vemos esto como algo positivo”.

Pero el TLC define como “empresa” casi todo: “cualquiera constituida u organizada conforme a la legislación aplicable tenga o no fines de lucro, o sea de propiedad privada o gubernamental, incluidas cualesquier sociedad, fideicomiso, participación, empresa de propietario único, coinversión, u otra asociación.” (Capítulo 2, Artículo 2.1). La regla del trato nacional exige que bienes, servicios y proveedores de cada país tengan acceso al mejor trato que puedan recibir los nacionales en este país.

¿Qué implica para la Caja?. Que el Hospital México puede considerarse empresa, Medicard exigir “trato nacional” y una licitación en la que puedan competir… ¡empresas!. Peor: impide escoger entre compañías que violan los derechos humanos y laborales, ó comprar a nacionales que crean empleo y combatan la pobreza.

Para el Ing. Doryan la amenaza al presupuesto de la Caja viene de gente que demanda medicinas caras

Según el Ing. Doryan la compra de productos originales en lugar de genéricos no afectará las finanzas de la CCSS. ¿Cuáles son sus estimaciones?… Ninguna.

Y dice “Estoy más preocupado por la generalización de medicamentos altamente caros… que los ciudadanos, ejerciendo su pleno derecho, piden a la institución… tiene un costo mucho mayor para la Caja que cualquier convenio internacional”. Entonces, el problema es que una persona necesite un medicamento costoso, no que todos los recursos de la Caja vayan a parar a manos de grandes transnacionales.

Técnicos de la Caja señalan que la transición hacia medicamentos originales costará un 3% anual (cada 1%, superior al millón de dólares). El Director de Farmacoterapia estima el impacto en tres millones de dólares anuales. Esta escalada de costos pondría en grave peligro el modelo de cobertura universal de medicamentos para la población costarricense.
Saque usted sus propias conclusiones: con el TLC, ¿podrá o no la Caja crear nuevos derechos, como el seguro de desempleo?

Dice el Ing. Doryan, la Caja tiene “un basamento jurídico como una roca: es el artículo 73 de la Constitución Política… En un futuro, la Caja podría tener un seguro de desempleo… una semana después podríamos tener cambios en prestaciones sociales que no estén ahora…”. El TLC hizo reserva en materia de seguridad social en el capítulo 12. Dice: “Para mayor certeza, los servicios de seguridad social referidos en el primer, segundo y tercer párrafos de la Constitución Política de la República de Costa Rica y suministrados por la CCSS a partir de la fecha de la firma de este tratado no estarán sujetos a ningún compromiso incluido en este Anexo”. (Nota el pie de página número 27 en la sección H del Anexo 12.9.2; el subrayado es nuestro.

¿Quedó o no la seguridad social excluida del TLC?… No. La reserva dice ser para los servicios suministrados a la fecha de la entrada en vigencia del TLC (no incluye, por ejemplo, desempleo). Segundo, ¿excluye la seguridad social o los servicios que brinda la seguridad social?. Tercero, ¿qué pasa con compromisos que están más allá del anexo?.

Apertura del mercado de seguros: tema totalmente ausente

La apertura de seguros comerciales (salud) será en el 2008 y de seguros solidarios (riesgos del trabajo) y obligatorio de automotores en el 2011. Entre la Caja y el INS hay problemas sobre cuándo un problema es riesgo y cuándo le toca a la Caja. ¿Qué pasará cuando el pleito sea con aseguradoras privadas dedicadas al lucro?. En diciembre del 2005, gerentes de la CCSS decían que_ “se corre un altísimo riesgo de que los seguros públicos terminen subsidiando la actividad de las aseguradoras privadas”_; en enero sólo decían que hay que aplicar la ley. ¿Cómo plantea el Ing. Doryan regularse el mercado de seguros? Quién sabe…

¿Usted confiaría que la sola contribución obligatoria sea un escudo para la Caja?

El Ing. Doryan dijo el 30 de agosto ante la Comisión de Asuntos Internacional de la Asamblea Legislativa, “el escudo protector de la Caja es la afiliación forzosa”. Entonces, ¿por qué sólo la mitad de los trabajadores y de las trabajadoras cotiza a pensiones y todos conocemos personas contratadas por servicios profesionales para evadir o subdeclarar a la seguridad social?

Gerentes y Junta Directiva de la CCSS, no así el Ing. Doryan, señalan que la apertura aumentará la oferta privada, particularmente atractiva para sectores medios y altos clave para financiar la seguridad social, y que se daría bajo condiciones de alta evasión y subdeclaración. ¿Y qué propone el Ing. Doryan?… Nada: basta que la ley diga que la seguridad social es obligatoria.

¿Qué hacer frente a los problemas de la Caja?

Rechazar el TLC y eliminar el conflicto de intereses de quienes desde la Caja hacen pequeños o grandes negocios con la salud; y garantizar servicios de calidad y oportunidad para todos y para todas.

Invitamos al Ing. Doryan a debatir, con fundamentos, no sólo con buenos deseos, sobre los efectos del TLC en la Caja.

Convocatoria a «las doñas»

Nosotras “las doñas” nos daremos cita frente a la entrada principal de la Asamblea Legislativa, Avenida Central (por el lado del museo).

Nosotras “las doñas” si le creemos a la funcionaria acosada y la apoyamos como no lo han hecho los y las diputadas.

Nosotras “las doñas” somos solidarias y exigimos respeto a todas las mujeres delpaís.

Invitamos a las mujeres y también a los jóvenes y señores que no son acosadores y sienten respeto por las mujeres para que nos acompañen.

Si desea comunicarse con “las doñas”, unirse a nosotras o conocer más de nuestra organización escríbanos a: las-donas@costarricense.cr

“las doñas”

PD Llevemos cintas de colores para hacer un círculo de solidaridad y meternos dentro del él, pueden ser tiras de tela de diferentes colores.

Costarricenses en contra de quienes defienden las Casas de Apuestas

Estas empresas son acusadas de supuesta defraudación fiscal entre otros delitos, y traen a nuestro país sus negocios para evadir la justicia en sus países.

Los defensores de estas empresas, entre los que se encuentran algunos políticos-empresarios, defienden su llegada a nuestro país sin ningún tipo de reserva.

Resultado del Sondeo realizado la semana anterior este es el resultado.

Sondeo de opinión ¿Está de acuerdo con quienes defienden la venida a Costa Rica de casas de apuestas perseguidas por la justicia en otros países?

No estoy de acuerdo con ellos (91.89%)
Si estoy de acuerdo * (8.11%)*
No se (0%)

Gracias por participar, su opinión es muy importante para nosotros.

El PAC y el Movimiento Social en Costa Rica

La lucha contra el TLC ha sido factor de articulación y poderoso fertilizante para hacer crecer un movimiento social pluralista y multicolor que, en medio de carencias económicas gradualmente aprende de sus propios errores, suple con creatividad la escasez de dinero, teje nuevas formas de coordinación y, desde la base que le proporciona el análisis riguroso y sistemático del tratado, paulatina pero firmemente se adentra en la formulación de alternativas.

En la pasada campaña electoral, este movimiento social tendió, en términos generales, a decantarse a favor del Partido Acción Ciudadana (PAC) y la candidatura presidencial de Ottón Solís, fundador y jefe de esa organización. Esta decisión obedeció básicamente al imperativo del “menos malo” (o acaso el “menos peor”), mucho más que a una adhesión política e ideológica genuina. Entre el programa de derechas de Oscar Arias por añadidura un candidato impuesto de forma espuria por el Tribunal Constitucional y el tibio y tecnocrático discurso centrista de Solís, la elección resultaba obvia, principalmente ante la ausencia de opciones progresistas más o menos consolidadas y creíbles. La oposición de Solís y el PAC a_ “este”_ TLC, aportó, a fin de cuentas, la principal dosis de cemento, necesaria para sellar una alianza provisional, de alcances básicamente electorales.

El devenir posterior de las cosas con apenas algo más de tres meses de gobierno arista mantienen aún vigente esa alianza, pero en un contexto donde, aquí y allá, se evidencia, con más o menos claridad, su carácter frágil y precario. El TLC sigue siendo su principal sostén, pero también podría ser el punto por donde se rompa. O al menos el punto por donde el PAC podría quedar definitivamente desbordado.

Este partido verdadero clon del estilo de su jefe es un mar de contradicciones. Se pretende alternativo pero le horroriza actuar como tal y apechugar con lo que ello implica. Ya su oposición a “este” TLC les ha representado costos que desde su medianía pequeño burguesa representan un “sacrificio” desmesurado. (Y es cierto que, con tremendo sentimiento de culpa, ellos enfatizan que se oponen “solo” a_ “este”_ TLC). Tal cosa se manifiesta pongamos por caso en su queja permanente en relación con el “trato” que el cuasimonopolio mediático La Nación les concede. Ellos Solís a la cabeza quisieran oponerse al TLC y, al mismo tiempo, recibir de los medios poderosos, un tratamiento tan generoso y complaciente como el que le tributan al señor Arias. Absurdo. Se ven y se sienten articulistas en “página 15” y entrevistados estelares en cada reportaje de actualidad, y, con amargura, se lamentan de que no lo sean (o que no lo sean lo “suficiente”). Quienes luchamos contra el TLC y lo hacemos con un mínimo de consecuencia, sabemos que esperar algo de tales medios ni la mínima cosa es, en el mejor de los casos, una triste expresión de frivolidad.

El diálogo es, en principio, cosa positiva y valiosa. Por ello, y puestos a elegir, todos y todas preferiríamos la conversación respetuosa e inteligente al choque y el conflicto. Pero el diálogo no es un fin en sí mismo. Es tan solo un medio para llegar al logro de ciertos objetivos básicos, compartidos por los interlocutores. Con La Nación y los sectores que esta representa, no existe hoy día opción alguna de diálogo. No porque uno no lo quiera, sino porque su posición es de voracidad e intransigencia absolutas. No entender esto tan elemental, hace que el PAC viva “ilusionado” con que La Nación y adláteres “recapaciten”. En fin, que este partido y su liderazgo viven ansiosos y anhelantes, a la espera de la oficial bendición mediática.

En realidad perdón si soy reiterativo el PAC ya ha demostrado no ser la opción “diferente” que dice ser. Es demasiado tímido, vacilante y tibio; demasiado preocupado por el “qué dirán” las elites dominantes de siempre (La Nación o los obispos, por ejemplo); demasiado confuso e incoherente en su ideología y sus propuestas (¿No que se oponían a la ley de concesión de obra pública?). En resumen: demasiado principista, virginal y aséptico como para estar dispuesto a ensuciarse las manos frente a una realidad conflictiva y compleja como la que Costa Rica vive actualmente. Un detalle adicional lo ilustra con claridad: el PAC fácilmente antepone la denuncia de hechos más o menos significativos de corrupción, a la defensa consecuente de las agendas cruciales del momento histórico actual: las del feminismo, las del ambientalismo, las de los indígenas o las clases trabajadoras, las de los derechos humanos, inclusive los de las minorías gay-lésbicas. Y no es que aquellas denuncias no sean importantes. Es que, sin embargo, no pueden ser más importantes que estas agendas de reforma social progresista. Pero el PAC las invisibiliza o, cuanto menos, les baja al mínimo su perfil mientras enfila todas su artillería en la otra dirección. Quizá no sea difícil entenderlo. Por ejemplo, las denuncias de corrupción la deuda de fulano con un banco o las cuotas que zutano no pagó al seguro social no disgustan demasiado a los obispos (siempre que no toquen a las jerarquías católicas), como en cambio si lo hacen las agendas del feminismo o de los grupos gay-lésbicos.

El pluralista y democrático movimiento social costarricense debe entender que frente al PAC no hay lugar para las ilusiones, como tales necesariamente engañosas. Es un partido que ya tocó techo y no tiene nada mejor que ofrecer. Pero sí ha de mantenerse la disposición positiva para fraguar alianzas, siempre que estas se sostengan sobre al menos algunos objetivos de cierta entidad. Llegado el momento, este movimiento social ha de avanzar sin contar más con el PAC.

Tenemos que admitirlo. Bajo ciertas circunstancias, algunos acompañantes pueden resultar estorbosos, además de prescindibles.

Fuente: Tribuna Democrática

Hacia la derrota del TLC

Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.
___________________________________________________________________

Esto es muy importante por cuanto ya había quedado claro que luchar contra el TLC y luchar por su derrota, son cosas completamente distintas. El sector sindical del país definió, sin dudas, su posición: derrotar el TLC.

La segunda decisión unánime adoptada ese día por el movimiento laboral nacional organizado en sindicatos, es proponer las fechas del 23 y del 24 de octubre, para la realización de una gigantesca jornada nacional de lucha cívica y de resistencia pacífica en la línea de la derrota del TLC, hoy completamente desprestigiado y con sus defensores escondidos, en retirada, al quedarse sin argumentos para seguirlo defendiendo. Entendemos que estas fechas ya están siendo apoyadas por los otros sectores componentes del amplísimo abanico de organizaciones y grupos de los movimientos sociales costarricenses.

Es más, el Movimiento Sindical Costarricense renovó su confianza en el espacio denominado Coordinadora Nacional de Lucha Contra el TLC, como la instancia que nos reúne a todos cuantos tenemos ese mismo objetivo: derrotar el TLC; en un espacio que presupone respeto a la tolerancia, la convivencia en diversidad, la ausencia de dogmatismos totalitarios y la complementación de esfuerzos políticos, organizativos y logísticos en un marco de responsabilidad, seriedad y proporcionalidad, para el impulso de la más grande movilización ciudadana de la historia de Costa Rica, superior a la ocurrida en el año 2000, cuando el pueblo en las calles impidió el robo del ICE.

Va creciendo la claridad de que el concepto de_ “libre comercio”_ impuesto por los países ricos es una estafa. Los acuerdos de “libre” comercio como el NAFTA, CAFTA y ALCA ni son libres ni son exactamente de comercio. Son megaconstituciones políticas de las corporaciones transnacionales que protegen a los países ricos, para expoliar al máximo las riquezas de los países que ellos llaman “pobres”; castrando de raíz las posibilidades de construcción de verdaderos sistemas sociales de inclusión y de equidad distributiva. Costa Rica, de alguna manera, pudo hacer esa construcción en su momento y lo poco que pudimos lograr de avance en esa línea, el tal TLC lo destruye para siempre.

Indicamos lo anterior como fiel reflejo de una de las motivaciones centrales por las cuales rechazamos ese TLC, comprometiéndonos, como todos los movimientos sociales nacionales, en la lucha por su derrota. En una entrevista en esta semana en otro medio de comunicación colectiva escrita sobre el particular, quizás no supimos expresar este pensamiento con toda claridad. Hoy es más que necesario que establezcamos que el futuro de un país como el nuestro está en el concepto de Comercio Justo no en el del Libre Comercio que, como indicamos, no existe, sino que es una trampa diseñada por las gigantescas empresas transnacionales para eliminar desarrollos nacionales relativamente soberanos y autónomos.

Declaran inconstitucional reforma la Ley de Concesión de Obra Pública

La iniciativa de esta consulta fue del diputado José Merino del Río, del Partido Frente Amplio, quien también fue el único que votó el proyecto de ley en contra en su trámite de primer debate. La consulta tuvo el respaldo de otros 12 diputados de varias bancadas.

El diputado Merino señaló que por querer acelerar el trámite de un proyecto de ley poniendo oídos sordos, la fracción oficialista y otras que le siguieron, obtuvieron exactamente el resultado contrario de lo que esperaban. “Se comprueba una vez más que la Asamblea Legislativa no debe ser concebida como fábrica maquiladora de leyes” dijo.

“Sobre todos los aspectos cuestionados por la Sala Constitucional hay mociones presentadas por este servidor, que hubieran permitido corregirlos; sin embargo fueron desechadas tanto en la comisión donde se tramitó, como en las reiteraciones presentadas en el Plenario”, comentó.

El legislador del Partido Frente Amplio agregó que la resolución de la Sala Constitucional puede dar tiempo a una reflexión serena sobre este proyecto de ley, liberada de apresuramientos o cálculos políticos, ya que en lo fundamental esta reforma no es beneficiosa para el país.

______________________________________________________________

Resolución

Sala Constitucional

EVACUA CONSULTA SOBRE REFORMA A LEY DE CONCESIÓN DE OBRA PUBLICA

La Sala Constitucional votó hoy viernes la Consulta Legislativa Facultativa sobre la Reforma a Ley de Concesión de Obra Pública que se discute en el plenario legislativo.

Por voto de mayoría, de los magistrados Luis Paulino Mora Mora, Gilberth Armijo Sancho, Fernando Cruz Castro, Jorge Araya García y la magistrada Ana Virginia Calzada Miranda, encontraron un vicio esencial de procedimiento, pues no se consultó el proyecto a la Corte Suprema de Justicia ya que la pretensión del mismo es que algunos puntos como el rescate de la concesión y reajuste del equilibrio financiero del contrato se diriman en un arbitraje, según lo dispone el artículo 167 de la Constitución Política. Sobre este punto, los Magistrados Luis Fernando Solano Carrera y Adrián Vargas Benavides salvaron el voto.

También por voto de mayoría los magistrados Luis Fernando Solano Carrera, Luis Paulino Mora Mora, Fernando Cruz Castro y Gilberth Armijo Sancho, la Sala se abstuvo de examinar los temas consultados en cuanto al fondo del proyecto. Salvaron el voto –en minoría- sobre este punto y deciden analizar también el fondo de proyecto, la magistrada Ana Virginia Calzada Miranda, Adrián Vargas Benavides y Jorge Araya García.

Adjuntamos la parte dispositiva del voto:

Se evacua la consulta en el sentido de que el proyecto de “Reforma Parcial de la Ley N° 7762 Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos”, que se tramita en el expediente legislativo número 15.922:

*a) a) POR UNANIMIDAD *se dispone que la consulta es inevacuable por no expresar los promoventes motivos, dudas u objeciones específicas de constitucionalidad en relación con el alegato planteado sobre la vulneración de la autonomía municipal por no haberse consultado a las municipalidades el proyecto aprobado; y

b) b) POR MAYORIA, que es inconstitucional en cuanto al procedimiento utilizado toda vez que el proyecto bajo estudio no fue consultado al Poder Judicial a pesar de que incluye regulaciones que implican un desplazamiento de competencias respecto de las cuales el Poder Judicial tiene exclusividad. Los Magistrados Solano y Vargas salvan el voto en cuanto a la declaratoria de inconstitucionalidad del procedimiento pues estiman que por el contenido del proyecto de ley, éste no debe ser consultado al Poder Judicial. En mérito de lo dicho, habiendo sido detectado un defecto invalidante del trámite seguido, los Magistrados Solano, Mora, Armijo y Cruz se abstienen de pronunciarse sobre las dudas de fondo planteadas por los promotores de esta consulta. La Magistrada Calzada y los Magistrados Vargas y Araya conocen los aspectos de fondo de conformidad con el artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. A ese respecto, los Magistrados Calzada y Araya declaran: 1) que el artículo 1 del proyecto consultado mediante el cual se modifica el inciso 2) del artículo 5 de la Ley 7762, es inconstitucional por subordinar el Poder Ejecutivo al Consejo Nacional de Concesiones; 2) que el artículo 7 del proyecto consultado que reforma el inciso b) del artículo 15 de la Ley 7762, es inconstitucional únicamente en tanto el arbitraje resulta obligatorio para las partes, por lo que resulta contrario a lo dispuesto en los artículos 43 y 183 de la Constitución Política; 3) igualmente declaran inconstitucional el artículo 17 consultado que reforma el artículo 39 de la Ley 7762, por cuanto dispone el arbitraje en forma obligatoria para las partes. El Magistrado Vargas estima que las normas a las que se refieren los puntos 1, 2 y 3 anteriores, no son inconstitucionales; 4) los Magistrados Calzada, Vargas y Araya declaran que el artículo 12 del proyecto en cuestión que modifica el artículo 30 de la Ley 7762, no es contrario al artículo 182 de la Constitución Política; 5) que son inconstitucionales los artículos 22 y 23 del texto consultado mediante los cuales se adicionan los artículos 47 bis y 47 ter a la Ley número 7762, por violación a los artículos 182, 183 y al principio de razonabilidad y proporcionalidad. El Magistrado Vargas declara esa inconstitucionalidad únicamente por los plazos irrazonables dispuestos en la norma; 6) que el artículo 24 del proyecto de ley en cuestión que adiciona un inciso 3) al artículo 48 de la Ley 7762, no es inconstitucional.-

Departamento de Prensa
y Comunicación Organizacional
Area de Prensa
25 de agosto, 2006

Defensora reitera oposición a TLC

Lisbeth Barboza González
lbarboza@prensalibre.co.cr

Quesada dio una exposición basada en el informe que emitió la Defensoría y en el que señala que el TLC si bien es cierto traería como consecuencia mayor riqueza, esa riqueza se concentraría en pocos sectores beneficiados con los términos del acuerdo, pero a su vez fomentaría un mayor exclusión para la mayoría de los productores nacionales.

“A la luz del análisis realizado, la Defensoría de los Habitantes concluye que el proyecto TLC constituye una profundización del modelo de desarrollo aperturista aplicado en el país desde inicios de la década de 1980 y si nada cambia, se espera que se profundicen dichas consecuencias”, afirmó.

La Defensora considera que si la implementación del proyecto no es acompañada con mecanismos compensatorios y de redistribución de la riqueza efectivos, dadas las características del modelo de desarrollo actual, se puede esperar un incremento en la desigualdad social y una mayor exclusión de los grupos de menores ingresos dentro de la actividad económica de la sociedad costarricense.

Desde la perspectiva económica, la Defensora manifiesta preocupaciones y dudas respecto a temas como son limitaciones a la política económica, limitaciones al sector agropecuario, reconversión productiva, seguridad alimentaria y los beneficios para el consumidor nacional.

Quesada recordó que en el TLC los países centroamericanos -y el mismo
Estados Unidos- establecieron una reserva aplicable a cualquier sector, para proteger su derecho La defensora de los Habitantes, Lisbeth Quesada, criticó el modo en que fue negociado el TLC. A adoptar o mantener cualquier medida incompatible con las obligaciones que otorguen derechos o preferencias a las minorías social o económicamente en desventaja.

“Pero, analizado el proyecto, la Defensoría confirmó que Costa Rica no hizo reserva alguna en ese sentido, no protegió la capacidad del Estado para aplicar las medidas de protección a minorías, quedando mucho más limitado que los demás países, omisión muy grave por parte de los negociadores del tratado”, acotó.

Además reiteró que en cuanto a los agricultores y subsidios, el productor nacional podría ser eliminado no por ineficiente, sino por la competencia desleal.

Subrayó que los precios norteamericanos son más bajos producto de prácticas desleales originadas en una de las asimetrías, como son los subsidios que el Gobierno norteamericano otorga a sus productores, que les permite vender a precios por debajo de los costos de producción.

“Con esta estrategia, el productor norteamericano subsidiado logra sacar a sus competidores del mercado local e internacional, una vez eliminada la producción interna el mercado queda a merced del competidor desleal, con lo que pierde el productor costarricense y también el consumidor, porque los precios podrían subir de forma desmedida”, dijo la Defensora a los diputados.

La prensa Libre 24 de agosto de 2006. Pág.4