La intervención jurídica de ANEP permitió desvirtuar los argumentos de la empresa, quien afirmaba que el despido se debía a una reducción presupuestaria.
Autor: ANEP
ANEP solicita a CEN CINAI de Desamparados plan de acción ante faltante de agua
El financiamiento de los derechos sociales no puede resolverse desprotegiendo a otras poblaciones vulnerables
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresa su seria preocupación ante la moción número 18 presentada por la fracción oficialista en el trámite del Presupuesto Nacional de 2027, que propone trasladar cerca de ₡250.000 millones asignados a programas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los CEN-CINAI, el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), para atender insuficiencias presupuestarias de otros programas sociales.
Según la información publicada por CR Hoy el 12 y 13 de octubre, el traslado propuesto comprende ₡159.369 millones de la atención en salud de personas en situación de calle; ₡56.474 millones de CEN-CINAI; ₡33.314 millones de subsidios habitacionales del BANHVI; y ₡911 millones de prestaciones alimentarias del IMAS. Los recursos se dirigirían, entre otros destinos, a pensiones del régimen no contributivo, becas, comedores escolares y atención a personas con discapacidad.
ANEP reconoce que los programas receptores de esos fondos atienden necesidades sociales impostergables. Precisamente por eso, resulta indispensable rechazar una lógica presupuestaria que coloca a unas poblaciones vulnerables frente a otras, como si garantizar las pensiones de las personas adultas mayores exigiera debilitar la nutrición infantil, la vivienda social o la cobertura sanitaria de quienes viven en la calle.
La protección de la niñez, la seguridad social, la alimentación, la vivienda digna y la atención de las personas en pobreza no constituyen concesiones discrecionales. Son compromisos públicos que encuentran fundamento en el Estado social de derecho, en los artículos 50, 51, 73 y 74 de la Constitución Política y en las obligaciones de realización progresiva de los derechos económicos y sociales, conforme a los recursos disponibles y con especial atención a los grupos en mayor vulnerabilidad.
Una reasignación presupuestaria de esta magnitud requiere demostrar, con información técnica pública y verificable, que los programas de origen conservarán recursos suficientes para cumplir sus obligaciones, que no se interrumpirán servicios esenciales y que se evaluaron alternativas menos lesivas. La sola identificación de necesidades en los programas receptores no demuestra que existan excedentes reales en las partidas que se pretende reducir.
Especial preocupación merece el eventual traslado de casi la totalidad de los recursos previstos para asegurar la atención en salud de personas en situación de calle, así como el impacto que podrían sufrir los servicios de nutrición y cuido infantil, los subsidios de vivienda y la asistencia alimentaria. Corresponde a las autoridades explicar los efectos concretos, las coberturas esperadas y los mecanismos para evitar exclusiones.
Por lo anterior, ANEP solicita a la Comisión de Asuntos Hacendarios y al Plenario Legislativo que no aprueben la moción sin un estudio integral y transparente de sus efectos sociales; exige al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Hacienda presentar una propuesta de financiamiento suficiente para todos los programas involucrados; y pide que se publiquen las estimaciones de personas beneficiarias, servicios comprometidos y alternativas presupuestarias examinadas.
Asimismo, instamos a las autoridades de la CCSS, CEN-CINAI, IMAS y BANHVI a rendir informes técnicos independientes sobre las consecuencias operativas de los montos planteados y a las instancias de control a vigilar la legalidad y razonabilidad de las decisiones presupuestarias.
La discusión de las finanzas públicas debe realizarse con responsabilidad fiscal y, al mismo tiempo, con responsabilidad social. ANEP reafirma su compromiso con la defensa de los servicios públicos, las personas trabajadoras que los sostienen y las comunidades que dependen de ellos. El país necesita un presupuesto que atienda integralmente sus obligaciones sociales, sin enfrentar el derecho de unas personas contra el de otras.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)
Fuente informativa: CR Hoy, Gustavo Martínez, 12 y 13 de octubre de 2026. La propuesta se encontraba pendiente de discusión y votación según las publicaciones consultadas.
Funcionarios del Hospital de Limón usan su propio dinero para arreglar las máquinas institucionales
La clase trabajadora del área de mantenimiento denunció diversas problemáticas, tales como que tienen que pagar de su propio dinero artículos para poder poner en funcionamiento algunas maquinas. También como no se han presentado metas o planes que permitan mejorar la operatividad. Además, se juramentó a la junta directiva.
ANEP y Colegio de Enfermeras conversan sobre problemática en las jornadas de producción
Seccional en el Teatro Nacional presenta iniciativa de Convención Colectiva a administración
ANEP reprueba cierre total de la tesorería nacional y exige explicaciones a sus autoridades
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) manifiesta su profunda preocupación y reprobación ante la decisión comunicada por el Tesorero Nacional, Michael Contreras Solera, y la Subtesorera Nacional, Francini Córdoba Herrera, de disponer el cierre de las oficinas de la Tesorería Nacional durante toda la jornada del viernes 9 de octubre de 2026.
De acuerdo con el comunicado oficial MH-TN-COM-0012-2026, durante ese día no se brindará atención al público ni se tramitarán servicios bancarios relacionados con pagos, cobros, transferencias, autorizaciones u otras gestiones asociadas, trasladándose a las instituciones usuarias la responsabilidad de adoptar anticipadamente las previsiones necesarias para afrontar dicho cierre.
Para ANEP, resulta particularmente preocupante que una dependencia de la trascendencia constitucional, legal, financiera y operativa de la Tesorería Nacional, llamada a cumplir un papel esencial dentro de la Hacienda Pública y en la administración de los recursos líquidos del Estado, suspenda integralmente sus servicios durante un día hábil por la realización de una actividad interna denominada “jornada de fortalecimiento organizacional”.
El fortalecimiento institucional no puede realizarse a costa de paralizar el servicio público que precisamente se pretende fortalecer y crear una ilusión de un ambiente sano laboral, cuando miembros de este Sindicato, son hostigados laboralmente.
La Tesorería Nacional presta servicios que inciden directamente en el funcionamiento financiero de ministerios, poderes de la República, órganos desconcentrados, municipalidades, entidades públicas y demás instituciones comprendidas dentro del Sistema de Cuentas del Sector Público. El propio comunicado está dirigido a ese amplio conjunto de entidades estatales, lo que evidencia la dimensión, trascendencia e irresponsabilidad de la decisión adoptada.
ANEP considera que no es de recibo dejar suspendida toda la operativa y la atención a las personas e instituciones usuarias, particularmente tratándose de servicios relacionados con pagos, cobros, transferencias y autorizaciones financieras.
Una actividad de carácter organizacional puede y debe planificarse de manera que permita garantizar simultáneamente la continuidad, regularidad y eficiencia del servicio público, mediante turnos, distribución de personal, modalidades escalonadas u otros mecanismos administrativos que eviten el cierre total de una dependencia estratégica para el funcionamiento financiero del Estado.
La decisión resulta todavía más preocupante en un contexto en el cual existen serias inquietudes relacionadas con procesos de pago y salarios, insuficiencia de personal y sobrecarga laboral dentro de la Tesorería Nacional.
ANEP reconoce especialmente el esfuerzo de los compañeros y compañeras trabajadoras de la Tesorería Nacional, quienes diariamente sostienen la operación institucional y, aun en condiciones de alta carga de trabajo y limitaciones de recurso humano, continúan dando todo de sí para garantizar la prestación de los servicios bajo responsabilidad de esa Dirección.
Por ello, llama poderosamente la atención que, mientras el personal debe enfrentar esas cargas y responsabilidades, las máximas autoridades de la Tesorería Nacional hayan optado por disponer el cierre completo de sus oficinas durante una jornada laboral y al final son las mismas personas funcionarias, que afrontan las consecuencias de atrasarse en sus labores, añadiendo más presión y estrés.
Asimismo, ANEP solicita aclarar públicamente si esta decisión fue adoptada exclusivamente por el Tesorero y la Subtesorera Nacional o si contó con conocimiento, autorización o anuencia previa del Despacho Ministerial del Ministerio de Hacienda, sea el señor Rodrigo Chaves Robles en su condición de Ministro de Hacienda o de alguno de sus Viceministros, señor Luis Antonio Molina Chacón y Víctor Carvajal Porras.
No resulta suficiente trasladar a todas las entidades públicas usuarias y menos a la ciudadanía que no tiene días libres para hacer sus trámites, la obligación de “tomar previsiones” para adaptarse al cierre de la Tesorería Nacional. Corresponde, en primer término, a las autoridades responsables garantizar que la organización administrativa interna no produzca afectaciones innecesarias a la continuidad del servicio público.
Ante esta situación, ANEP solicita al Ministro de Hacienda formalmente:
- Explicar las razones técnicas, administrativas y jurídicas que sustentan la decisión de cerrar completamente la Tesorería Nacional durante un día hábil.
- Informar quién autorizó la suspensión integral de los servicios y si la medida contó con conocimiento o autorización del Despacho Ministerial.
- Indicar cuáles alternativas fueron valoradas para efectuar la actividad de fortalecimiento organizacional sin interrumpir totalmente la atención y los servicios esenciales de la Tesorería Nacional.
- Informar cuáles medidas fueron adoptadas para evitar afectaciones sobre pagos, salarios, transferencias, cobros, autorizaciones y demás operaciones financieras del Estado.
- Explicar por qué, ante la situación de escasez de personal y sobrecarga laboral que enfrentan funcionarios y funcionarias de la Tesorería Nacional, se consideró procedente detener completamente la operación ordinaria de la institución.
- ANEP remitirá este planteamiento para conocimiento de las instancias internas y externas competentes en materia de fiscalización, control y tutela del adecuado funcionamiento de la Administración Pública, a efectos de que, dentro de sus respectivas competencias, valoren la actuación adoptada y determinen si resulta compatible con las obligaciones inherentes al funcionamiento de una dependencia estratégica como la Tesorería Nacional.
La organización sindical considera indispensable determinar también si se efectuó previamente una valoración de riesgos operativos, financieros y de continuidad del servicio, así como de las eventuales consecuencias que la suspensión pudiera ocasionar a las instituciones públicas y a la ciudadanía.
La Tesorería Nacional constituye una pieza esencial del sistema financiero público costarricense. Precisamente por esa condición, su funcionamiento continuo no puede considerarse un asunto secundario ni quedar subordinado a la conveniencia de una actividad administrativa interna.
ANEP defenderá tanto los derechos de las personas trabajadoras de la Tesorería Nacional —quienes merecen condiciones adecuadas, suficiente recurso humano y una distribución razonable de las cargas de trabajo— como el derecho de la ciudadanía y de las instituciones públicas a recibir servicios estatales continuos, eficientes y oportunos.
ANEP cuestiona negativa de jefe de RECOPE en otorgar media hora de permiso a madre para cirugía de su hijo
- Tras la intervención sindical, la Asesoría Jurídica de RECOPE determinó que es legalmente viable conceder el permiso solicitado por la trabajadora.
- Madres bajo el cargo del jefe señalado, denuncian que no es la primera vez que niega un permiso de esta índole
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) cuestiona la actuación del jefe del Departamento de Administración de Almacenes de RECOPE, ante la negativa de otorgar a una trabajadora un permiso para acompañar a su hijo de 10 años a una cirugía menor, bajo el argumento de que debía aportar una norma específica que autorizara ese tipo de ausencia.
Para ANEP, resulta reprochable que una madre deba enfrentar obstáculos administrativos para atender la salud de su hijo, particularmente cuando la solicitud más reciente consistía en retirarse apenas media hora antes de finalizar su jornada laboral. En especial, porque no es la primera vez que niega un permiso a una madre para temas de esta índole.
Ante esta situación, nuestra organización sindical intervino mediante el oficio ANEP-UDO-0656-2026, denunciando que la negativa colocaba a la trabajadora en la injusta posición de tener que escoger entre cumplir sus obligaciones laborales y acompañar a su hijo a recibir atención médica.
La gestión sindical obtuvo un importante respaldo mediante el oficio AJ-1014-2026, del 28 de septiembre, en el cual la Asesoría Jurídica de RECOPE concluyó que es legalmente viable otorgar el permiso solicitado, sujeto a la presentación de la justificación y certificación médica correspondientes.
El criterio jurídico recuerda que la protección de la salud de las personas menores de edad y su interés superior cuentan con respaldo constitucional e internacional. Asimismo, recoge jurisprudencia de la Sala Constitucional que reconoce la necesidad de garantizar condiciones para conciliar las responsabilidades laborales y familiares.
ANEP considera que este pronunciamiento evidencia la necesidad de que las jefaturas actúen con sensibilidad, razonabilidad y respeto por los derechos fundamentales, en lugar de imponer interpretaciones administrativas restrictivas ante situaciones que involucran la salud de una persona menor de edad.
Una hora de permiso no debería convertirse en una lucha sindical para que una madre pueda acompañar a su hijo a una cita médica.
Afortunadamente tras el criterio emitido por la Unidad Jurídica de RECOPE, se le otorgó el permiso a la funcionaria y el menor pudo asistir a la cita médica.
ANEP logra avanzar en el pago de deudas a trabajadores de la Municipalidad de Desamparados
Tras la audiencia ante el Ministerio de Trabajo, se acordó impulsar tres acciones: reconocer integralmente los derechos de la última Convención Colectiva, calcular individualmente las deudas con cada persona trabajadora y establecer una mesa tripartita entre Alcaldía, Concejo Municipal y ANEP para definir la ruta de pago.
