Autor: ANEP

Costa Rica merece un nuevo salario mínimo para 2026

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El próximo miércoles, 15 de octubre, las corrientes sindicales con representación de sectores organizados de clase trabajadora y obrera en el sector Privado de la economía, deberán comparecer ante el Consejo Nacional de Salarios (CNS), para plantear su propuesta o propuestas con miras al establecimiento de los montos de los nuevos salarios mínimos que han de regir para tal sector en el próximo año 2026.

Al respecto, tanto para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), como para la corriente sindical en la cual milita que es la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), cualquier propuesta para ser justa e integral deberá considerar, al menos, los siguientes elementos:

  • Que es necesario volver a las fijaciones salariales semestrales de salarios mínimos, tal y como se realizaban hasta que el gobierno anterior de Carlos Alvarado Quesada y su Partido Acción Ciudadana (PAC), las eliminó.
  • Que es necesario la definición estratégica de un nuevo concepto de salario mínimo, pasando a plantearse su transformación, cualitativa y cuantitativa, en salario digno, lo cual sería plenamente congruente con el postulado actual del artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica; es decir, aquel salario que garantizará bienestar integral a la persona trabajadora y a su familia.
  • Que es necesario que el salario mínimo y su reajuste para 2026 refleje la realidad social del impacto del costo de la vida en Costa Rica, el cual es uno de los más altos de la América Latina.
  • Que es necesario rechazar la grosera manipulación de que ha venido siendo víctima la opinión pública en cuanto a que en Costa Rica se está pagando el salario mínimo más alto de la América Latina, pues ésta se difunde malintencionada y parcialmente, al no indicarse, de manera simultánea, que el costo de la vida de aquí es el más elevado de la región.
  • Que es necesario materializar una verdadera congruencia entre los beneficios del crecimiento económico y del incremento en el valor del Producto Interno (Bruto), con el poder adquisitivo del salario mínimo; lo cual sería una fórmula de gran impacto para aportar al freno del crecimiento de la desigualdad, problema gigante que está minando las bases mismas de la Democracia costarricense en estos momentos.
  • De momento, se trabaja en la propuesta porcentual, pero desde nuestra organización se busca que los puntos, antes mencionados, se tengan en cuenta dentro de la discusión.⁠

San José, martes 30 de septiembre de 2025.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)

Grave falla administrativa del AyA perjudica a miles de familias costarricenses

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Queremos manifestar nuestra profunda preocupación y enérgico rechazo ante el más reciente escándalo provocado por la irresponsable gestión de la actual administración del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), encabezada por su presidente ejecutivo, Juan Manuel Quesada y Alejandra Mora Segura.

Según reveló la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) —y fue publicado este lunes por La Nación—, el AyA cometió errores graves en la interpretación de las tarifas, lo cual generó cobros desproporcionados en los recibos de agua de más de 38.900 familias, sin justificación técnica ni respaldo legal.

Esta situación no es producto del azar ni de una confusión normativa, sino del resultado de una cadena de decisiones erradas, improvisadas y técnicamente deficientes, que reflejan una preocupante falta de competencia en la conducción institucional.

¿Qué está ocurriendo según indica la ARESEP?


El AyA aplicó tarifas de “gran consumidor” a clientes residenciales, distorsionando por completo el monto de los recibos.
No se trató de un aumento tarifario aprobado por Aresep, sino de un uso incorrecto del modelo tarifario vigente.
La Aresep ha sido clara: no hay vacíos legales y el error fue completamente atribuible a una interpretación equivocada por parte del AyA.


¿Quién responde por este daño?

Miles de personas fueron afectadas económica y emocionalmente. Sin embargo, la Presidencia Ejecutiva se escuda públicamente y pretende desviar la responsabilidad hacia la Aresep, cuando ha sido esta última quien tuvo que aclarar el error.
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Seccional ANEP-Policía de Control de Drogas insta a la DEA y autoridades judiciales investigar a actual y pasadas jerarquías de seguridad pública

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Evidentemente, por ser parte de una organización defensora de Derechos Humanos, como es la ANEP, creemos firmemente en el debido proceso y en principios fundamentales como la presunción de inocencia. Por ello, no nos aventuramos a aseverar como ciertas las acusaciones por narcotráfico internacional que pesan sobre Celso Gamboa Sánchez.

No obstante, para las y los oficiales destacados en Cuerpos Policiales, ligados al ámbito de investigación del crimen organizado, la noticia no es ninguna sorpresa. Por cuanto, los cuestionamientos por estas supuestas relaciones con redes de crimen organizado datan de varios años atrás.

Aprovechando que la noticia captura las miradas del país, es necesario hacer hincapié en una serie de aspectos que, pensando en la seguridad ciudadana y el bien común, nos preocupan y venimos advirtiendo desde hace tiempo.

Debemos estar claros que la persona señalada de un delito tan grave como el tráfico internacional de drogas ocupó cargos del más alto perfil: director de la DIS, Fiscal Adjunto, Viceministro y Ministro de Seguridad Pública y Magistrado de Sala III (penal). Tuvo a su haber la más sensible información de la operatividad policial y la soberanía nacional. Figurarse que alguien con ese recorrido y vínculos políticos carezca de influencia o de redes operativas dentro del Estado sería, cuando menos, ingenuo.

Por eso, es angustiante conocer la existencia de supuestos audios en los que el implicado asegura que estaba garantizado el paso de la droga por las fronteras de nuestro país.

Hoy se avivan más que nunca los cuestionamientos que desde la Seccional ANEP-PCD, hemos venido haciendo desde setiembre del 2023, cuando se alertó a toda la población sobre la decisión sin asidero técnico-científico de los jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública, de retirar al personal de la PCD de muelles, aeropuertos y fronteras.

Jerarcas que aglutinan en su autoridad la operatividad policial del cielo (Vigilancia Aérea), Mar, (Guardacostas), Fronteras como aeropuertos y muelles, e investigación contra la narco-actividad (PCD); no deben tomar a la ligera los cuestionamientos de parte del personal policial que ejecuta en el campo las investigaciones, con años de experiencia. A menos que esté respondiendo a intereses distintos a los de la ciudadanía honesta.

“Será una facilitación para que las narco-estructuras ingresen y exporten la droga hacia y desde nuestro territorio”. Lo advertimos. Las investigaciones poco a poco nos dan la razón, lamentablemente. En concordancia, personas expertas en la materia insisten en que Costa Rica necesita ejercer un verdadero control territorial, especialmente en los puntos fronterizos.

Desde ANEP queremos recordar algunos de los cuestionamientos hechos a la Administración Chaves Robles, disponibles en este enlace:

https://anep.cr/narcotrafico-y-la-administracion-chaves-robles-10-puntos-a-considerar-sobre-esta-aterradora-hipotesis/.

Desde la Seccional ANEP-PCD, como policías que arriesgamos la vida a diario por el país, eximimos al Gobierno de la República, que demuestre con hechos que no está del lado de la delincuencia organizada.

Para empezar: que haga públicos los estudios técnicos y científicos que utilizó para retirar a la única policía investigativa contra el tráfico de sustancias psicotrópicas del Poder Ejecutivo de los puntos por donde entra y sale la droga; muelles, aeropuertos y fronteras.

De seguido, recordar que el Ministerio de Seguridad ha incumplido las promesas hechas por el presidente cuando nos visitó, luego de la primera conferencia de prensa en 2023, específicamente en los siguientes puntos:

-Modificación del reglamento de roles, atendiendo los criterios vinculantes de salud ocupacional (6×6).

  • Dotación de recursos tecnológicos para optimizar las pesquisas de investigación.
  • Dotar vehículos para utilizar en las investigaciones.
  • Regreso del área informática destacada en PCD, para la atención y gestión, pronta y satisfactoria, de los conflictos con los sistemas informáticos.

Finalmente, hacemos un respetuoso, pero vehemente, llamado tanto a la propia DEA como al Poder Judicial, para que dirijan sus investigaciones hacia las jerarquías del Ministerio de Seguridad Pública, pasadas y actuales, especialmente a aquellas que han tomado decisiones que han afectado negativamente la lucha contra el crimen organizado.

SECCIONAL ANEP-PCD
27 junio, 2025.

Sindicatos presentarán puntos a empresarios para mejorar las condiciones de trabajadores agrícolas

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Como parte del accionar por la defensa y mejora del sector agrícola, sindicatos presentarán al sector patronal una serie de puntos que permitan generar acciones positivas para la clase trabajadora.





Resultados contradicen pronunciamientos de jerarcas del ICE

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  • La objetividad que exige el caso de la avería en plataforma del ICE

En los últimos meses, algunos jerarcas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) han manifestado públicamente que la institución “está volando”, en alusión a un supuesto buen desempeño de sus operaciones, particularmente en el sector de telecomunicaciones. Sin embargo, las evidencias técnicas y los informes emitidos por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), así como diversas publicaciones en medios de comunicación como AM Prensa, Diario Extra y La Teja, contradicen esa afirmación de forma contundente.

Según el más reciente informe técnico elaborado por SUTEL en conjunto con la firma especializada Opensignal, la empresa Claro obtuvo mejores calificaciones que sus competidores en 8 de las 10 categorías analizadas, incluyendo velocidad de descarga, experiencia en video y juegos, estabilidad de red y confiabilidad del servicio. Kölbi, marca de telecomunicaciones del ICE, apenas logró destacar en dos categorías, disponibilidad 4G y cobertura general. Este informe técnico, de carácter objetivo y basado en millones de mediciones de usuarios reales, representa una radiografía clara del estado actual de la competencia en telecomunicaciones.

Estos resultados no sólo evidencian un rezago evidente de Kölbi frente a Claro, sino que contradicen de forma directa el discurso optimista que ha sostenido parte de la alta jerarquía institucional del ICE. Esta contradicción entre el discurso oficial y la realidad empírica debe preocupar, pues genera un desfase entre la percepción interna y las verdaderas condiciones del mercado, debilitando la toma de decisiones estratégicas y afectando la credibilidad institucional.

Desde una perspectiva jurídica y de gobernanza pública, este desfase no es un simple error de comunicación, sino un reflejo de falta de responsabilidad administrativa. El Estatuto del Personal del ICE y la Ley General de la Administración Pública establecen principios claros de legalidad, eficiencia, transparencia y buena administración que deben regir las actuaciones de la administración superior y del Consejo Directivo. El ocultamiento o maquillaje de datos objetivos, así como la omisión de acciones correctivas frente a deficiencias identificadas por los órganos reguladores, podría eventualmente constituir una omisión grave en el ejercicio del deber funcional.

Además, la negativa a reconocer y actuar sobre estas deficiencias tiene implicaciones directas en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos. Medios como La Teja recogen testimonios de usuarios molestos por los constantes problemas de conectividad, la lentitud del servicio y la falta de respuesta efectiva por parte de Kölbi. Cuando una empresa estatal, cuyo mandato es precisamente garantizar el acceso universal, equitativo y de calidad a las telecomunicaciones, deja de escuchar a sus usuarios y se aferra a una narrativa institucional autocomplaciente, se pone en riesgo no sólo su legitimidad, sino también su sostenibilidad en el mercado.

Cabe recordar que el ICE, a través de Kölbi, es el único operador público que compite en un mercado abierto y liberalizado. Su existencia no sólo tiene valor comercial, sino un peso estratégico para mantener el equilibrio entre los intereses privados y el bien público. Sin embargo, si esta empresa no responde con agilidad, calidad y responsabilidad institucional, su deterioro podría ser irreversible.

Ante esta situación, resulta urgente que la Administración Superior y el Consejo Directivo del ICE, establezcan mecanismos internos de rendición de cuentas, así como la elaboración de un plan inmediato y transparente para la mejora del servicio, así como fortalecer el vínculo con sus usuarios mediante una política de atención eficiente y honesta.

En conclusión, el ICE no está “volando”. Está siendo superado por sus competidores en aspectos clave de calidad, velocidad y percepción del usuario. Insistir en un discurso que ignora los datos sólo profundiza la desconexión institucional y pone en entredicho el liderazgo de quienes hoy están llamados a conducir a la institución en un mercado cada vez más exigente. La verdadera fortaleza del ICE no está en frases grandilocuentes, sino en su capacidad para actuar con visión, técnica y transparencia.

Seccional en la Municipalidad de San José inaugura su oficina de atención a la clase trabajadora

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Como parte del compromiso por brindar la mejor atención tanto a la afiliación, como a quienes aún no san parte de ANEP, la seccional inauguró el espacio que está ubicado dentro del Mercado Central. Además, se juramentaron a los delegados que acompañarán en el accionar político a la Junta Directiva.





Seccional en la Municipalidad de Aserrí realizó actividad abierta para explicar fallo de la Sala IV

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La representación de ANEP dentro del Gobierno Local abrió un espacio para toda la población laboral con el fin de explicar los alcances de la sentencia de la Sala Constitucional contra la Ley de las Finanzas Públicas que regresa las Convenciones Colectivas y pago de anualidades.





Seccional de saloneros y saloneras continúa opuesto a modificación a la ley 9116

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La iniciativa busca que el 10% que corresponde a los saloneros y saloneras se reparta para todo el personal del restaurante, por lo que la ANEP se opone a esta acción que afectaría a más de 100 mil familias.