Resultados contradicen pronunciamientos de jerarcas del ICE

  • La objetividad que exige el caso de la avería en plataforma del ICE

En los últimos meses, algunos jerarcas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) han manifestado públicamente que la institución “está volando”, en alusión a un supuesto buen desempeño de sus operaciones, particularmente en el sector de telecomunicaciones. Sin embargo, las evidencias técnicas y los informes emitidos por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), así como diversas publicaciones en medios de comunicación como AM Prensa, Diario Extra y La Teja, contradicen esa afirmación de forma contundente.

Según el más reciente informe técnico elaborado por SUTEL en conjunto con la firma especializada Opensignal, la empresa Claro obtuvo mejores calificaciones que sus competidores en 8 de las 10 categorías analizadas, incluyendo velocidad de descarga, experiencia en video y juegos, estabilidad de red y confiabilidad del servicio. Kölbi, marca de telecomunicaciones del ICE, apenas logró destacar en dos categorías, disponibilidad 4G y cobertura general. Este informe técnico, de carácter objetivo y basado en millones de mediciones de usuarios reales, representa una radiografía clara del estado actual de la competencia en telecomunicaciones.

Estos resultados no sólo evidencian un rezago evidente de Kölbi frente a Claro, sino que contradicen de forma directa el discurso optimista que ha sostenido parte de la alta jerarquía institucional del ICE. Esta contradicción entre el discurso oficial y la realidad empírica debe preocupar, pues genera un desfase entre la percepción interna y las verdaderas condiciones del mercado, debilitando la toma de decisiones estratégicas y afectando la credibilidad institucional.

Desde una perspectiva jurídica y de gobernanza pública, este desfase no es un simple error de comunicación, sino un reflejo de falta de responsabilidad administrativa. El Estatuto del Personal del ICE y la Ley General de la Administración Pública establecen principios claros de legalidad, eficiencia, transparencia y buena administración que deben regir las actuaciones de la administración superior y del Consejo Directivo. El ocultamiento o maquillaje de datos objetivos, así como la omisión de acciones correctivas frente a deficiencias identificadas por los órganos reguladores, podría eventualmente constituir una omisión grave en el ejercicio del deber funcional.

Además, la negativa a reconocer y actuar sobre estas deficiencias tiene implicaciones directas en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos. Medios como La Teja recogen testimonios de usuarios molestos por los constantes problemas de conectividad, la lentitud del servicio y la falta de respuesta efectiva por parte de Kölbi. Cuando una empresa estatal, cuyo mandato es precisamente garantizar el acceso universal, equitativo y de calidad a las telecomunicaciones, deja de escuchar a sus usuarios y se aferra a una narrativa institucional autocomplaciente, se pone en riesgo no sólo su legitimidad, sino también su sostenibilidad en el mercado.

Cabe recordar que el ICE, a través de Kölbi, es el único operador público que compite en un mercado abierto y liberalizado. Su existencia no sólo tiene valor comercial, sino un peso estratégico para mantener el equilibrio entre los intereses privados y el bien público. Sin embargo, si esta empresa no responde con agilidad, calidad y responsabilidad institucional, su deterioro podría ser irreversible.

Ante esta situación, resulta urgente que la Administración Superior y el Consejo Directivo del ICE, establezcan mecanismos internos de rendición de cuentas, así como la elaboración de un plan inmediato y transparente para la mejora del servicio, así como fortalecer el vínculo con sus usuarios mediante una política de atención eficiente y honesta.

En conclusión, el ICE no está “volando”. Está siendo superado por sus competidores en aspectos clave de calidad, velocidad y percepción del usuario. Insistir en un discurso que ignora los datos sólo profundiza la desconexión institucional y pone en entredicho el liderazgo de quienes hoy están llamados a conducir a la institución en un mercado cada vez más exigente. La verdadera fortaleza del ICE no está en frases grandilocuentes, sino en su capacidad para actuar con visión, técnica y transparencia.

Seccional en la Municipalidad de San José inaugura su oficina de atención a la clase trabajadora

Como parte del compromiso por brindar la mejor atención tanto a la afiliación, como a quienes aún no san parte de ANEP, la seccional inauguró el espacio que está ubicado dentro del Mercado Central. Además, se juramentaron a los delegados que acompañarán en el accionar político a la Junta Directiva.





Seccional en la Municipalidad de Aserrí realizó actividad abierta para explicar fallo de la Sala IV

La representación de ANEP dentro del Gobierno Local abrió un espacio para toda la población laboral con el fin de explicar los alcances de la sentencia de la Sala Constitucional contra la Ley de las Finanzas Públicas que regresa las Convenciones Colectivas y pago de anualidades.





Seccional de saloneros y saloneras continúa opuesto a modificación a la ley 9116

La iniciativa busca que el 10% que corresponde a los saloneros y saloneras se reparta para todo el personal del restaurante, por lo que la ANEP se opone a esta acción que afectaría a más de 100 mil familias.




Fallo constitucional permitirá conocer los nombres de personas o empresas que hacen fraude fiscal

  • Acción de inconstitucionalidad fue presentada por ANEP a finales del 2019.
  • Morosos recurrían al Tribunal Contencioso Administrativo, presentaban acción y se aseguraban que no se pudiera dar a conocer información públicamente.

La Sala Constitucional le dio la razón a la ANEP tras la resolución de la acción de inconstitucionalidad bajo el expediente 19-011237-0007-CO en donde nuestra organización pidió que se declarara inconstitucional y se anulara el quinto párrafo del artículo 18 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que generaba obstáculos para poder conocer a los contribuyentes morosos.

El párrafo consignaba lo siguiente: “En el caso de los sujetos morosos, los nombres y montos podrán ser suministrados por el Ministerio de Hacienda, siempre que las deudas se encuentren firmes en sede administrativa y que estos no hayan acudido a la jurisdicción contencioso-administrativa, en el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, en cuyo caso el contribuyente estará en la obligación de informar a la Administración Tributaria de esto último, a más tardar tres días hábiles luego de haber interpuesto la acción judicial correspondiente”.

Esto permitía que las personas acudieran al Tribunal Contencioso Administrativo, presentaba una acción y ya con eso quedaban blindadas en que no se pudiera dar a conocer su nombre públicamente.

Dentro de los argumentos presentados por el Licenciado David Estrada Zeledón, de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP, está que el quinto párrafo del artículo 18 bis «incluye una protección excesiva que sobrepasa los alcances del artículo 24 constitucional».

El recurso fue presentado a finales de 2019, con el objetivo de poder llamar con nombre y apellido a esas personas físicas o empresas que tanto daño le hacen al país en temas tributarios. En total, fueron 4 votos contra tres, los que definieron fallar en favor de ANEP.

ANEP, es la organización sindical que más ha luchado contra todos los males provocados por la evasión, fraude y elusión fiscal, pues todo este tipo de acciones repercuten en la recaudación e inversión estatal, en donde, durante el último tiempo, la política social del país es la mayor sacrificada para poder cumplir con los altísimos pagos de los intereses de la deuda pública.

A partir de este histórico fallo se podrá señalar y emplazar a esas grandes corporaciones, bufetes, grupos económicos y similares que implementan sus maniobras jurídicas para no tributar como tiene que ser.

Nuestra organización sindical, sigue firme en su tesis sobre un cambio radical del sistema tributario costarricense, pues es propicio para que muchas personas o empresas se aprovechen y no cumplan con sus obligaciones fiscales, tal cual, lo demanda la ley.

Diputado Gilbert Jiménez recuerda a operadoras que dinero del ROP es de la clase trabajadora

En la presentación del proyecto 24.955 que busca entregar la totalidad del ROP, el legislador le envió el mensaje a las operadoras de pensiones indicando que el dinero le pertenece a la clase trabajadora y que no es de su propiedad.

ANEP interviene en complicada situación en el nombramiento de una funcionaria del PANI

Gracias a la atención de la Gerente Técnica y el jefe de despacho de la Presidencia Ejecutiva se pudo exponer la situación de una funcionaria quien ha presentado problemas en la prorroga de su nombramiento.

Seccional en el PANI continúa denunciando anomalías dentro del PANI

ANEP, continúa denunciando la difícil situación interna que se vive en el PANI en cuanto al hostigamiento laboral y exceso de casos para cada persona trabajadora que repercute en la atención de la niñez y adolescencia.





ANEP junto al Frente Amplio presentan iniciativa que permita la devolución total del ROP

Esta iniciativa busca que en un plazo de dos años se le dé la totalidad del ROP a quienes se jubilaron entre el 1 enero de 2021 hasta el 31 de diciembre del 2029, pues son personas que no alcanzaron a cotizar la totalidad y su ahorro no ha crecido en cuanto a las inversiones de sus operadoras de pensiones.