Autor: ANEP

Queremos ser contundentes: la regla fiscal vulnera la estabilidad democrática y agrava la exclusión social. Y, con base en lo que el diccionario define como “perverso”, podemos decir que la regla fiscal nos fue impuesta con mucha maldad y, conscientemente, buscando hacer el mayor daño posible a la sociedad.

De acuerdo a la serie de datos estadísticos socioeconómicos que han venido dándose a conocer en los últimos tiempos, los cuales indican del sufrimiento financiero y de las congojas económicas de la mayoría de la población del país; urge una fuerte flexibilización de ese mecanismo de control ideológico-económico de la inversión pública conocido como regla fiscal.

Convencerse de que ello es necesario no ocupa de grandes ejercicios mentales: sólo constatemos todo lo que concierne a la desigualdad carcomiendo el tejido democrático de la sociedad.

Creemos que es correcta la tesis del actual Gobierno al respecto, es decir, en cuanto que la regla fiscal neoliberal hay que flexibilizarla. Ahora bien, la magnitud, los alcances, los propósitos sociales, las entidades que “escaparán” de la misma (en todo, o en parte), debe ser una discusión muy participativa y no meramente un ejercicio político-tecnocrático que no estaría considerando las voces y las representaciones sociales involucradas, directamente, en el perverso mundo de la regla fiscal.

Ahora resulta que la tímida flexibilización de la regla fiscal que estaría defendiendo el Gobierno, es objetada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), entidad financiera global caracterizada por su ausencia total de escrúpulos a la hora de someter a países y a gobiernos a sus dictados; todos los cuales y en todos los puntos del orbe no han generado más que miseria, dolor y sufrimiento a los pueblos que son sometidos a esos dictados.

En el caso costarricense, la flexibilización de la regla fiscal es vital, por ejemplo, para la reactivación económica en materia de construcción y manteniendo de infraestructura vial que, como es de incontrastable evidencia pública, se encuentra en estado calamitoso.

Por otra parte, entidades públicas como la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), así como la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), están urgidas de “oxígeno fiscal” para evitar caer en total colapso de tal suerte que, cada una en su ámbito, tengan suficiente espacio para el impulso y el desarrollo de iniciativas de política pública que, de un modo u otro, aportan para atajar el despeñadero que representa caer en una sociedad desigualdad por completo.

Algo que no puede esperar es el grave problema nacional de gran impacto en nuestra sociedad en estos momentos, que es el de la violencia criminal y delincuencial y la del crimen organizado especialmente. La regla fiscal impide que haya más recursos disponibles para el fortalecimiento integral de todos los cuerpos policiales del país, en especial, la Fuerza Pública.

Más grave resulta todavía y aquí hacemos más fuerte nuestra condena al FMI, que nos están anunciando que tanto la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como los gobiernos locales-municipalidades, deben también ser sometidos a la dictadura neoliberal de la regla fiscal. Convencidos estamos de que la regla fiscal es, por tanto, una perversidad contra la misma Democracia.

El distinguido jurista don Manuel Hernández Venegas, reconocido abogado en los campos del Derecho Laboral y del Constitucional, ha escrito un artículo que tituló El gran desafío histórico, el cual apareció en la publicación digital SURCOS, de mucho prestigio en los ámbitos de la lucha social, cívica y popular costarricense. (https://surcosdigital.com/el-gran-desafio-historico/). Con base en su lectura, formulamos el siguiente comentario.

La magnitud del golpe que ha recibido la Democracia costarricense con la aprobación de la perversa tríada de legislación neoliberal números 9635, 9808 y 10159, aún no ha sido asimilado en toda su dimensión estratégica por toda la ciudadanía patriótica y sus diversas organizaciones, como para abrir el camino de la reconstrucción y reconfiguración de una nueva re-articulación tan necesaria desde el campo de lo popular para enfrentar sus consecuencias nefastas en el tejido social costarricense de la actualidad.

El combo fiscal, ley 9635; la ley anti-huelgas, 9635; así como la que asoma ya su perversidad material, la del empleo público, No. 10159, se concatenan entre sí, ideológicamente, para reversar-involucionar la ruta de integración social que el país había decidido transitar a partir del 7 de noviembre de 1949, con la entrada en vigencia de la Carta Magna todavía vigente.

Don Manuel pone el dedo en la llaga al instarnos a reparar no necesariamente en los contenidos de los correspondientes articulados de cada una de esas tres leyes; sino, en los criterios emitidos por la Sala Constitucional, denominados “opiniones consultivas” que tal tribunal emitiera en los respectivos procesos de tramitación parlamentaria.

Para él ocurrió una gravísima violación al presuntamente pétreo principio de separación de poderes y nos conduce a la lectura-reflexión del contenido del artículo 16 de la primera Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: “Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución”.

Y este principio se proclamó el 26 de agosto de 1789, en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente francesa, la cual aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, convirtiéndose en un legado fundamental de la Revolución Francesa; misma que tiene un valor universal, y constituyó la base de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 1948.

A juicio de don Manuel, los pronunciamientos-opiniones consultivas de la Sala Cuarta, con ocasión del proceso parlamentario de la indicada tríada de legislación neoliberal, implicaron lo siguiente:

1) En primer lugar, una gravísima alteración del diseño constitucional y democrático de nuestro ordenamiento jurídico que, por una parte, lesiona el principio de independencia de Poderes; y, por otra parte, vacía de contenido las autonomías de las universidades públicas, CCSS y las municipalidades.

2) El desmantelamiento y menoscabo de los servicios públicos, a merced de la salvaje Regla Fiscal. Los servicios públicos son la infraestructura de la Democracia.

3) En tercer lugar, una grave vulneración de los derechos fundamentales de la clase trabajadora: el Derecho de Huelga y el de Negociación Colectiva. La Libertad Sindical es inherente a cualquier sistema democrático.

4) Se ha producido una seria lesión del derecho fundamental a un salario que sea suficientemente justo y remunerativo que, por lo menos, se ajuste al aumento del costo de la vida.

Don Manuel concluye en que, en los cuatro aspectos anteriormente señalados por él, está la esencia del proceder del actual tribunal constitucional de la República que ha vulnerado el contenido del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que nos legó la Revolución Francesa. Para él se nos arrebató, de manera violenta, la Constitución de nuestra Patria, la del 7 de noviembre de 1949.

En varios de nuestros propios escritos hemos planteado que durante el período legislativo 2018-2022 ocurrió un Golpe de Estado parlamentario a la Constitución de 1949. Este período fue el co-gobierno de los partidos Liberación, Unidad y PAC conducido por la “gerencia política” de Carlos Alvarado Quesada, como Presidente de la República; co-gobierno que impuso la tríada de legislación neoliberal 9635, 9808 y 10.159.

Don Manuel profundizó y para él, según entendemos, el golpismo constitucional procedió de donde menos se esperaría, el propio tribunal constitucional que, se supone, debió salvaguardar la majestad de la separación de poderes universalmente postulada desde el 26 de agosto de 1789.

Don Manuel nos apunta con toda claridad y contundencia, por tanto, que el mayor desafío histórico que tenemos por delante es recuperar el Estado Social y Democrático. ¡Sin duda apuntamos nosotros!

No parece existir un desafío más grande en nuestro tiempo que el que tiene que ver con el sistema tributario, base a partir de la cual tiene lugar la redistribución de los beneficios del crecimiento económico de una sociedad.

Aunque en nuestra Patria un tema de este calibre sigue siendo tabú, allende nuestras fronteras está generando mucha atención, gran interés y no poca preocupación.

Y en Costa Rica es un tema tabú puesto que, a pesar de las sucesivas elecciones cuatrienales, el sistema tributario nacional no sufre ninguna transformación, ni en el plano ejecutivo-administrativo, ni mucho menos político-legislativo, si nos ponemos a hablar-plantear transformaciones reales, de impacto, de fondo.

Hemos dicho reiteradamente (y nadie nos ha desmentido) que en Costa Rica el sistema tributario tiene dos características esenciales: injusto y corrupto. De una manera muy simple, nosotros lo vemos así: Por una parte, pagan más proporcionalmente hablando quienes menos tienen; y, por la otra, quienes tiene más para pagar, no lo hacen del todo, o del todo no lo hacen, pues evaden y eluden mediante formas legales o al margen de la ley.

Para cambiar tal estado de cosas, se requiere mucho más que un cambio en los poderes Ejecutivo y/o Legislativo. Hay que lanzar un desafío estratégico a los factores de real poder que impiden transformaciones de tal calibre. Tarea más que histórica para nuestro país; e, incluso, con los datos socioeconómicos de la actualidad, se trata de un reto a favor de la permanencia del sistema democrático.

Pero, ¡bueno! Este discurso nuestro es muy conocido. Bien lo sabemos. Sin embargo, sigue teniendo gran vigencia.

En esta ocasión, queremos poner mucha atención a un proceso internacional en estos ámbitos de la cuestión tributaria a nivel global, pero con gran impacto en países como los nuestros.

Pensamos que en nuestro país debería tener más visibilización informativa-comunicativa los esfuerzos de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT, por sus siglas en inglés); la cual, por ejemplo, en el año 2018 propuso un nuevo sistema tributario para acabar con los paraísos fiscales, que incorpora reparto mundial junto a una baja tasa de impuestos corporativos.

La ICRICT tiene incorporada la participación de varias personalidades de relieve mundial que vienen, de un modo u otro, lanzando alarmas acerca de la profundidad de la desigualdad y la perversidad de un sistema económico que, precisamente, algunos pensamos que es el más desigual de toda la historia de la Humanidad.

Por ejemplo, ciudadanos como Thomas Piketty, Joseph Stiglitz, José Antonio Ocampo, Gabriel Zucman, Magdalena Sepúlveda; luminarias del campo de la Economía y con visión global del problema de la fiscalidad internacional.

Recientemente, se hizo gran despliegue de la incorporación a la ICRICT, del exministro de Economía de la Argentina, Martín Guzmán, quien, en tal marco comentó: «Al día de hoy seguimos teniendo un sistema impositivo global disfuncional que le permite a las grandes corporaciones multinacionales y a los más ricos eludir legalmente el pago de impuestos, desfinanciando a los Estados y generando un mundo más desigual e inestable. Debemos decir basta. No hay más excusas para seguir tolerando la elusión y la evasión fiscal» (https://eleconomista.com.ar/economia/guzman-une-comision-independiente-reforma-fiscalidad-corporativa-internacional-n57590)

Y dijo, además, el señor Guzmán: «Por eso, espero ayudar, dentro de la Icrict para promover políticas fiscales progresivas. La respuesta no está en intensificar la competencia entre los países, sino en unir fuerzas para demostrar que es posible apostar por reformas fiscales progresivas»

Noten ustedes cómo estas palabras-conceptos y criterios apuntados por este político-profesional natural de la Argentina, están en nuestra mente, de manera cotidiana, precisamente porque es que este asunto, de otro sistema tributario, es algo así como el tema del siglo. La satisfactoria constatación en nuestro caso es que la corriente sindical en la cual militamos, no anda tan perdida. Debería fundarse en nuestro país, una especie de Comité Costa Rica de la ICRICT. Nosotros nos apuntamos…

Tenemos que asumir una fuerte acción social-sindical y cívico-patriótica para que en nuestro país se empiece, con real decisión política, a atacar el grave problema de la esclavitud laboral; muy presente en los últimos tiempos pero que adquirió un dramático carácter público con el caso de las tiendas de ropa S y R.

Uno esperaría que el propio Poder Ejecutivo, a través de sus carteras ministeriales de Trabajo y de Seguridad, especialmente; que la Asamblea Legislativa, mediante sus fracciones parlamentarias más sensibles al Humanismo Cristiano y a la Justicia Social, impulsaran las acciones correspondientes; e, incluso, las propias instancias judiciales hicieran lo propio en sus sentencias del ramo laboral-corporativo. Hay que decirlo con amargura: no le vemos futuro a ello.

Por otra parte, se elegirá en próximos días a una nueva persona en la Defensoría de los Habitantes de la República. Y se pone uno a pensar: y si esta nueva autoridad decidiese instalar una especie de mesa civil con agrupaciones de diverso orden, incluyendo sindicales, para impulsar la toma de las decisiones correspondientes en materia de política pública que nos permitan atacar, de raíz, el fenómeno de la esclavitud laboral en sus manifestaciones actuales. ¡Sería extraordinario! En tal sentido, abrigamos un poquito de esperanza. La persona designada para ese cargo recibirá una iniciativa de nuestra parte en este sentido, en el momento oportuno.

No obstante, y sin esperar ello, a nivel sindical, tenemos que incluir en nuestra agenda de lucha, el análisis y las recomendaciones que emitió el señor Tomoya Obokata, relator especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, luego de su visita oficial a Costa Rica, del 16 al 25 de noviembre de 2022.

El señor Obokata enlistó más de 30 recomendaciones para todos los sectores del país. Entre ellas destacan (https://news.un.org/es/story/2022/11/1517122):

• Fortalecer los marcos legislativos sobre las formas contemporáneas de esclavitud y las violaciones de la legislación laboral.
• Mejorar la inspección del trabajo asignando recursos humanos y financieros suficientes y otorgando poderes adicionales, como la imposición de sanciones in situ.
• Garantizar el acceso a la justicia y a los recursos de todas las víctimas sin discriminación de ningún tipo.
• Reforzar un sistema de alerta temprana para identificar a los niños en riesgo de explotación laboral y sexual en las escuelas.
• Garantizar que los empleadores contribuyan a la seguridad social mediante el fortalecimiento del mecanismo de supervisión, y castigarlos con sanciones proporcionadas en caso de infracción.
• Garantizar los derechos de todos los trabajadores migrantes sin discriminación.
• Regularizar la situación migratoria de los trabajadores irregulares para que puedan pagar impuestos y contribuciones a la seguridad social adecuadas y tener acceso a los servicios públicos sin discriminación.
• Abordar las causas profundas de las formas contemporáneas de esclavitud, como la pobreza, la desigualdad y la discriminación, por medios legislativos y de otro tipo.

El señor de las Naciones Unidas indicó que, a estas recomendaciones, Costa Rica debe darles el tratamiento de acciones urgentes.

Obokata dijo que el trabajo forzoso persiste en varios sectores productivos del país, como la agricultura y el trabajo doméstico. Como ejemplo citó que, en muchas plantaciones, los salarios de las personas trabajadoras se basan en unidades de producción. Si bien los empleadores generalmente no establecen un objetivo diario mínimo, esto alienta los trabajadores a trabajar largas horas, que pueden extenderse entre 12 y 15 por día (párrafo tomado de https://news.un.org/es/story/2022/11/1517122).

Ahora que Costa Rica es, de manera dolorosa e indiscutible, una sociedad desigual al borde de un estallido social (según manifestaciones del propio Presidente de la Sala Constitucional del Poder Judicial, don Fernando Castillo Víquez); debemos comprender que la existencia en nuestro país de trabajo forzoso y de esas nuevas formas de esclavitud laboral, es parte de esa desigualdad que está poniendo en peligro la misma estabilidad democrática del país, muy vulnerable por cierto en estos tiempos de tanta exclusión social y económica.