Autor:

En la persona de su Director, la Escuela Social Juan XXIII hace completamente suya la perspectiva de UCCAEP, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada y, con ese proceder, comete sus mismos errores. Propone eliminar el inciso e del art. 340 del expediente 13475, que busca reformar el Código de Trabajo, aduciendo que, de aprobarse, quedarían borradas las diferencias entre las actividades sindicales y las de las asociaciones solidaristas. Lo cierto es que estas asociaciones sí realizan actividades lucrativas que les permiten repartir utilidades entre sus afiliados. Asimismo, administran la cesantía de los trabajadores (un tipo de ahorro) junto con un aporte patronal. En cambio, el proyecto de ley no autoriza a los sindicatos la realización de ese tipo de actividades.

Valga recordar que el tipo de ahorro permitido a los sindicatos por el Código de Trabajo es de carácter mutualista, que no genera ni permite la distribución de dividendos. El proyecto en discusión no cambia este aspecto. Es un ahorro voluntario y por los préstamos sólo se cobran los gastos administrativos. Los sindicatos necesitarían una ley especial para manejar la cesantía, los solidaristas ya la tienen y nadie se las está quitando. No hay ninguna “odiosa discriminación” como pretende el P. Francisco Hernández, sumándose gustoso a la campaña desinformativa contra las reformas para fortalecer las garantías sindicales. En ese mismo sentido, cabe aclarar que los sindicatos no son bancos ni poseen bancos; no están autorizados para captar ahorro del público.

Deseamos referirnos al fuero sindical. En el actual Código de Trabajo figura como una protección para los dirigentes, fundadores e integrantes de la junta directiva de un sindicato. Sin embargo, en la práctica, se dan con toda “regularidad” los despidos de los dirigentes. Desde luego, éstos pueden acudir a los tribunales, donde el pleito tarda varios años en resolverse. Mientras tanto, el sindicato se ha disuelto. Para evitar tamaña triquiñuela, el proyecto de ley en discusión busca aprobar un procedimiento que exija demostrar que el despido se hizo por razones administrativas o económicas, que no se despide como consecuencia de la actividad sindical. Se busca hacer efectivo un derecho ya contemplado en la ley.

En el artículo 363 de la reforma se detalla una lista de conductas que constituyen prácticas laborales desleales por parte del empleador, entre ellas, la discriminación a una persona por su condición de afiliado a un sindicato. Actualmente, según el Código, a los líderes sindicales no se les puede despedir (aunque acabamos de mencionar un procedimiento tramposo). Sin embargo, no hay protección para los afiliados. Con la reforma, se prohibiría despedir a un afiliado por el hecho de ser afiliado. ¿Cómo se sentiría el Presidente del Movimiento Solidarista si los patronos pudieran despedir a un trabajador o trabajadora por el “delito” de integrar el solidarismo? ¿Se ha puesto a pensar por qué será que las Cámaras patronales dan tantas facilidades al solidarismo mientras persiguen a los sindicatos? ¿Por qué hay tan pocos sindicatos en la empresa privada? ¿No es que la Doctrina Social de la Iglesia protege desde siempre a los sindicatos? No me diga, P. Hernández, que usted no sabe nada de “listas negras” y de otras prácticas laborales desleales de ciertos patronos, mencionadas en el art. 363 del proyecto de reforma.

Los sindicatos son “asociaciones de trabajadores formadas para defender sus propios derechos”, recuerda Benedicto XVI en su Encíclica Caritas in Veritate, que tiene todavía húmeda la tinta. ¿No le parece poco decoroso que un presbítero católico se sume a la campaña contra los derechos de los sindicatos?

Un último punto. Las modificaciones al Código de Trabajo referidas formaron parte del proceso de Concertación Nacional promovido por la Administración de don Miguel A. Rodríguez. UCCAEP también firmó, al lado de los sindicatos y otros sectores. Si ahora resultan papel mojado, en Costa Rica se estaría perdiendo o al menos deteriorando un valioso instrumento de diálogo social, en el cual la Conferencia Episcopal ha puesto mucha esperanza. No se sume usted, por favor, al descrédito de ese instrumento. Tampoco coloque a un organismo de nuestra Iglesia entre los que desobedecen los compromisos adquiridos ante la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Para mí es doloroso discrepar con un miembro del clero, pero esta vez ha sido inevitable, por el bien de los trabajadores. Y no se olvide que no fui yo el primero en acudir a los medios de divulgación.

Fuente: elpais.cr| 17/07/2009

16 de julio, 2009

Las divisiones han sido notables desde el principio de esta administración, por ejemplo en la Cumbre de las Américas en Trinidad celebrada el pasado abril. Obama fue a la Cumbre con la idea de presentar una nueva cara al resto del hemisferio, y fue socavado inmediatamente por su asesor y director para la Cumbre, Jeffrey Davidow. Afortunadamente, Obama ignoró a sus asesores y continuó por un sendero diplomático.

Cuando el golpe ocurrió el 28 de junio, la primera declaración emitida por la Casa Blanca fue una metida de pata muy seria. Aunque la prensa nacional e internacional no criticó a Obama, la comunidad diplomática no pudo evitar resaltar que la Casa Blanca emitió la única declaración oficial del mundo que no tuvo ni una palabra de condena acerca del golpe cuando éste sucedió.

Esta postura cambió a medida que los acontecimientos evolucionaron, y el mismo Obama incluso dijo, “creemos que el golpe no fue legal y que el Presidente Zelaya aún es el presidente de Honduras”. Pero entonces su secretaria de Estado, Hillary Clinton, pareció contradecirlo. Dos veces la prensa le preguntó si el restablecimiento del orden democrático en Honduras significaría la reinstauración del presidente electo; y dos veces declinó contestar.

Parece que hay otros individuos en la Administración que estarían contentos con dejar que el gobierno golpista permaneciera en el poder durante los meses restantes del mandato de Zelaya.

El presidente Obama debe imponer la ley y dejar claro que este golpe no se impondrá. Podría comenzar despidiendo al asesor que escribió esa declaración inicial en respuesta al golpe. No es que fueran cogidos por sorpresa: todos sabían lo que iba a pasar, y la administración de Obama mantuvo conversaciones con el ejército hondureño hasta el día antes del golpe.

Claramente, si Obama hubiera querido realmente desalojar al gobierno golpista, hubiera podido congelar las cuentas bancarias de los que tomaron el poder y sus partidarios en la oligarquía hondureña. Esto fue recomendado el martes por el comité de redacción del Los Angeles Times. Tal medida sería probablemente suficiente; estas personas pueden tener una causa pero probablemente están más dedicadas a sus cuentas bancarias. También tendría la ventaja de no afectar a la gente pobre de Honduras.

Si Obama tiene dudas acerca de actuar unilateralmente, podría conseguir fácilmente la aprobación para tales sanciones en la Organización de Estados Americanos, que condenó el golpe y llamó al regreso “inmediato e incondicional” de Zelaya. (La OEA no tiene la autoridad para imponer sanciones obligatorias a sus miembros, pero podría aprobar sanciones para aquellos miembros que quisieran aplicarlas).

No debe sorprender que haya un trecho entre la política exterior de Hillary Clinton y de Barack Obama: sus diferencias sobre la guerra en Irak son una de las principales razones por las que Obama, y no Clinton, es hoy el presidente. Pero también parece que está involucrado algún tráfico de influencias a la antigua: resulta que dos de los más cercanos asesores del gobierno golpista de Honduras tienen estrechos vínculos con la secretaria de Estado. Uno es Lanny Davis, un influyente cabildero que fue abogado personal del presidente Bill Clinton y que también participó en la campaña de Hillary. G. Gordon Liddy, el hombre que organizó el infame allanamiento del Watergate en 1972, dijo una vez sobre su amigo Lanny Davis que “él puede defender lo indefendible”. Y eso es lo que Davis está haciendo últimamente, y bastante bien, testificando a favor del gobierno golpista en una audiencia congresal la semana pasada y poniendo los medios a su favor.

El otro pistolero a sueldo del gobierno golpista que tiene vínculos profundos con Clinton es Bennett Ratcliff. “Cada propuesta que presentó el grupo de Micheletti fue escrita o aprobada por [Ratcliff]”, dijo un testigo al New York Times este domingo. ¿Quién es Bennett Ratcliff? Fue un director principal de Bob Squier, conocido como el padre de la campaña política moderna. En su funeral en 2000, al que asistieron algunos de los demócratas más poderosos del país, el entonces presidente Clinton elogió a Squier. Hablando en nombre suyo y del vicepresidente Al Gore, también presente, Clinton dijo, “Si no fuera por él [Squier], tal vez nosotros no hubiéramos estado aquí hoy”. Y no sólo ellos: en 1992, la firma de Squier representó a cerca de una tercera parte de los demócratas del Senado.

Todo es parte del “gobierno permanente” que Obama tendrá que enfrentar si quiere cambiar verdaderamente la política exterior de EE.UU. Estas personas están poniéndole en contra de no sólo la región sino del mundo entero, que se ha negado a reconocer al gobierno golpista en Honduras. Tendrá que ser duro y romper con el pasado.

Quizás lo más inquietante de todo es que el presidente Obama se ha mantenido en silencio ante la represión del gobierno golpista. Ellos han disparado en contra y matado a manifestantes, cerrado emisoras de radio y televisión y detenido a periodistas. Esta semana un líder sindical y un activista político fueron asesinados. La violencia y el control de la información son las principales armas de la dictadura y los utilizarán mucho más libremente si el presidente Obama mantiene su silencio. Esto no es Irán, donde las denuncias de Estados Unidos sirven para desacreditar a la oposición. Esto es un gobierno que es sumamente dependiente de la ayuda, el comercio y el apoyo moral de Estados Unidos – y que el mundo entero ha condenado.

Los cínicos dirán que nada de eso tiene importancia, que incluso si Zelaya regresara a Honduras con el gobierno golpista todavía en el poder, y el ejército responde con asesinato y caos, Washington puede evadir la responsabilidad. Pero dado los antiguos y estrechos vínculos entre EE.UU. y el ejército hondureño, la relación de Hillary Clinton con sus partidarios, la fea historia de Estados Unidos en América Central y su larga trayectoria de apoyo a los escuadrones de la muerte y las fuerzas antidemocráticas en esa región y las señales contradictorias emitidas por la administración de Obama desde el golpe, Washington será culpado por el desorden y el derramamiento de sangre que podrían ocurrir.

* Mark Weisbrot es codirector del Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, D.C. Obtuvo un doctorado en economía por la Universidad de Michigan. Es coautor, junto con Dean Baker, del libro Social Security: The Phony Crisis (University of Chicago Press, 2000), y ha escrito numerosos informes de investigación sobre política económica. Es también presidente de la organización Just Foreign Policy.

El domingo se levantó sin acuerdos el período de mediación encabezado por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias.

La propuesta de retorno al orden constitucional y regreso de Manuel Zelaya a sus funciones fue rechazada una vez más por el Gobierno de facto de Honduras.

Sin embargo, horas después de finalizada la mediación, el presidente constitucional hondureño insistió con regresar a su país en el corto plazo.

Aseguró que el próximo fin de semana volverá a sus funciones “como lo manda la Constitución”, y pidió que se endurezcan las medidas de condena de la comunidad internacional al régimen golpista.

Por su parte, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, aseguró que ese organismo “va a ampliar la presión” sobre el Gobierno de facto de Roberto Micheletti.

Mientras tanto, los movimientos sociales hondureños que mantienen protestas pacíficas contra la dictadura, anunciaron que incrementarán las medidas a partir de este lunes.

Además, convocaron a un paro nacional para el próximo jueves y viernes con el acompañamiento de la Central de Trabajadores de Honduras.

Fuente: PÚLSAR- Agencia Informativa

Al medio día de este sábado, el mediador en la crisis de Honduras, Oscar Arias, presentó siete puntos que, según él, podrían superar el conflicto y llevar a ese país a una pacífica transición hacia el nuevo gobierno que deberá tomar el poder el 27 de enero del 2010.

La propuesta fue rechazada al final de la jornada de este domingo por parte de la Delegación Micheletti que no aceptó el punto número uno, eje fundamental de la propuesta, dijo Arias.

El primero es la “legítima restitución de José Manuel Zelaya Rosales en la Presidencia de la República, cargo en que permanecerá hasta el fin del período constitucional por el cual fue electo” y que concluye el 27 de enero del 2010.

El segundo es la “conformación de un gobierno de unidad y reconciliación nacional, compuesto por representantes de los principales partidos políticos”.

Tercero la “declaración de una amnistía general exclusivamente para todos los delitos políticos cometidos en ocasión de este conflicto antes y después del 28 de junio pasado”.

El cuarto es la “renuncia expresa del presidente Zelaya, de su gobierno, de la pretensión de colocar una ‘cuarta urna’ en las próximas elecciones o realizar cualquier consulta popular no autorizada expresamente por la constitución de la República de Honduras”.

El quinto se refiere a adelantar las elecciones “al último domingo de octubre, y el adelantamiento de la campaña electoral de los primeros días de setiembre a los primeros días de agosto”.

El sexto punto tiene que ver con el mando sobre las Fuerzas Armadas que, según Arias, deberán ser trasladados “del Poder Ejecutivo al Tribunal Supremo Electoral, un mes antes de las elecciones, para efectos de garantizar transparencia y normalidad del sufragio”.

El último punto tiene que ver con la “integración de una comisión de verificación compuesta por hondureños notables y miembros de organismos internacionales, en especial por representantes de la OEA, que vigile el cumplimiento de estos acuerdos y supervise el correcto retorno al orden constitucional”.

En su discurso, leído ante ambas delegaciones Arias se comprometió a “emplear todas las vías diplomáticas para gestionar el retorno inmediato de Honduras a la OEA y el levantamiento de las sanciones impuestas por otros gobiernos y organismos internacionales”.

En el mismo discurso Arias se atribuyó la palabra de “más de siete millones de hondureños” que según él piden estas mismas propuestas.

Fuente: http://informa-tico.com

San José. El presidente constitucional, Manuel Zelaya, dio por terminado el diálogo con el gobierno de facto de Roberto Micheletti, después que éste rechazó las propuestas del mediador Óscar Arias, que incluían la formación de un gobierno de unidad nacional, pero aseguró que nadie puede impedir su retorno al país tras el fracaso de las negociaciones sobre la crisis política por el golpe de Estado.

El mandatario constitucional apeló al derecho de los hondureños a la insurrección contra la opresión y a la desobediencia civil, que incluye no pagar impuestos y desobedecer a un gobierno ilegítimo.

Oscar Arias, para quien la alternativa al diálogo puede ser una guerra civil y un derramamiento de sangre, externó su deseo de tomarse 72 horas más para continuar trabajando.

Tras el fracaso del diálogo, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, advirtió que la OEA mantendrá y ampliará la presión.

[Reuters, Afp y Dpa; La Jornada]

La razón bien puede ser la misma: la combinación de la decadencia del poderío estadunidense con la continuada centralidad de Estados Unidos en la política mundial. Al mismo tiempo, Washington es incapaz de imponerse por sí mismo y todo mundo espera que entre al terreno de juego en el bando de ellos.

¿Qué fue lo que ocurrió en Honduras? Hace mucho que este país es uno de los pilares más seguros de las oligarquías latinoamericanas: tiene una clase dominante arrogante y sin arre- pentimiento, guarda vínculos cercanos con Estados Unidos y es el sitio de una importante base militar estadunidense.

En las últimas elecciones, Manuel (Mel) Zelaya fue electo presidente. Siendo un producto de las clases dominantes, se esperaba que continuara jugando el juego en la forma en que los presidentes hondureños lo han jugado siempre. En cambio, inclinó sus políticas hacia la izquierda. Emprendió programas internos que en verdad hicieron algo por la vasta mayoría de la población: se construyeron escuelas en áreas rurales remotas, se aumentó el salario mínimo, se abrieron clínicas de salud. Comenzó su periodo apoyando el tratado de libre comercio con Estados Unidos, pero dos años después se unió al ALBA, la organización de Estados que creó el presidente Hugo Chávez. El resultado fue que Honduras obtuvo petróleo barato procedente de Venezuela.

Luego propuso la celebración de un referendo para saber si la población pensaba que era buena idea revisar la Constitución. La oligarquía gritó que éste era un intento de Zelaya para cambiar las leyes y hacer posible que él accediera a un segundo periodo. Dado que se preveía que la consulta ocurriera el día en que su sucesor fuera electo, ésta es claramente una razón inventada.

¿Por qué entonces escenificó el ejército un golpe de estado con el respaldo de la Suprema Corte, el Congreso hondureño y la jerarquía católica? Dos factores confluyen aquí: su visión de Zelaya y su percepción de Estados Unidos. En los años treinta, la derecha estadunidense atacó a Franklin Roosevelt como “traidor a su clase”. Para la oligarquía hondureña, eso significa que Zelaya, “un traidor a su clase”, es alguien que debería ser castigado como ejemplo para otros.

¿Y qué pasa con Estados Unidos? Cuando ocurrió el golpe, algunos comentaristas de la izquierda vociferante en la blogósfera le llamaron “el golpe de estado de Obama”. Esto no atina al punto de lo que ocurrió. Ni Zelaya ni sus simpatizantes en la calle, ni tampoco Chávez o Fidel Castro, tienen esa visión tan simplista. Todos ellos notan la diferencia entre Obama y la derecha estadunidense (líderes políticos o figuras militares).de estado. Ha sido un intento por forzarle la mano. Sin duda esto recibió aliento de figuras clave de la derecha estadunidense como Otto Reich (el cubano-estadunidense y ex consejero de Bush) y el International Republican Institute.

Desde que ocurrió el golpe de estado en Honduras, Obama, constreñido entre dos posturas fuertes, no hace sino ganar tiempo haciendo guiños a unos y a otros sin asumir una actitud clara.

Seamos testigos de algunas de sus aseveraciones más desorbitadas. El ministro de Relaciones Exteriores del gobierno golpista, Enrique Ortez, dijo que Obama era un “negrito que no sabe nada de nada”. Hay alguna controversia de qué tan peyorativo es el término “negrito” en castellano. En cualquier caso el embajador estadunidense protestó tajantemente ante el insulto. Ortez se disculpó por su “desafortunada expresión”, y se le cambió a otro puesto en el gobierno. Ortez concedió una entrevista a la televisión hondureña diciendo: “No tengo prejuicios raciales, me gusta el negrito del batey que está presidiendo Estados Unidos.”

Sin duda, la derecha estadunidense es más cortés pero no menos denunciatoria de Obama. El senador republicano Jim DeMint, la diputada republicana cubano-estadunidense Ileana Ros-Lehtinen, y el abogado conservador Manuel A. Estrada, todos han insistido en que el golpe estuvo justificado porque no fue un golpe de Estado, sino justamente una defensa de la Constitución hondureña. Y la blogger derechista Jennifer Rubin, publicó un texto el 13 de julio titulado: Obama está mal, mal, mal respecto a Honduras. Su equivalente hondureño, Ramón Villeda, publicó una carta abierta al presidente estadunidense el 11 de julio, donde decía que: “No es la primera vez que Washington se equivoca y abandona, en momentos críticos, a un aliado y amigo”.

La derecha hondureña hace su juego buscando ganar tiempo, hasta que el periodo de Zelaya termine. Si logran su objetivo, habrán ganado. Y la derecha guatemalteca, la salvadoreña y la nicaragüense observan por los costados, y ya les pican las ganas de comenzar sus propios golpes de estado contra sus gobiernos que no son ya de derecha.

Es posible que la derecha gane las elecciones este año y el año entrante en Argentina y Brasil, tal vez en Uruguay y Chile. Tres analistas importantes del Cono Sur han publicado sus explicaciones. Atilio Borón habla de la “futilidad del golpe”. El sociólogo brasileño Emir Sader dice que América Latina enfrenta una encrucijada: “La profundización del antineoliberalismo o la restauración conservadora”. El periodista uruguayo Raúl Zibechi titula su análisis La irresistible decadencia del progresismo.

Zibechi piensa que las débiles políticas de Lula, Vázquez, Kirchner y Bachelet (Brasil, Uruguay, Argentina y Chile) han fortalecido a la derecha (que avizora adoptando un estilo Berlusconi) y dividieron a la izquierda.

Pienso que hay una explicación más directa y simple. La izquierda llegó al poder en América Latina debido a la distracción estadunidense y a los buenos tiempos económicos. Ahora enfrenta una distracción continuada, pero los tiempos económicos son malos y comienzan a culparla porque está en el poder, aunque hay poco que puedan hacer los gobiernos de centro-izquierda respecto a la economía-mundo.

¿Puede Estados Unidos hacer algo acerca de este golpe de Estado? Por supuesto. Primero, Obama puede oficialmente etiquetar el golpe como un golpe de Estado. Esto podría disparar una ley estadunidense que le cortara toda la asistencia de Estados Unidos a Honduras. Puede cercenar las continuadas relaciones del Pentágono con los militares hondureños. Puede retirar al embajador estadunidense. Puede decir que no hay nada qué negociar en vez de insistir en la “mediación” entre el gobierno legítimo y los líderes golpistas.

¿Por qué no hace todo eso? Es muy simple, también. Tiene al menos otros cuatro super puntos pendientes en su agenda: la confirmación de Sonia Sotomayor en la Suprema Corte; un desbarajuste continuado en Medio Oriente; su necesidad de pasar la legislación de salud este año (si no es en agosto, en diciembre); y de repente una presión enorme por abrir las investigaciones de los actos ilegales del gobierno de Bush. Lo siento, pero Honduras tiene el quinto lugar en la lista.

Así que Barack Obama no asume una actitud clara. Y nadie quedará contento. Zelaya puede ser restaurado en el cargo, pero tal vez sólo tres meses a partir de ahora. Demasiado tarde. Pónganle atención a Guatemala.

(La Jornada, México. 1807)