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“Oscar Arias sería el mediador en el conflicto hondureño, él está de acuerdo y Bacheletti también, creo que el Presidente Zelaya también estaría de acuerdo”, dijo la Secretaria de Estado de los Estados Unidos de América.

Ante las preguntas de los periodistas, Clinton afirmó que la mediación se realizaría en territorio costarricense, “entre representantes del gobierno de facto y el Presidente Zelaya, en Costa Rica, así será la mediación”, afirmó Clinton.

A la vez Ian Kelly, vocero del Departamento de Estado de EEUU, dijo no saber si la iniciativa sobre la mediación de Arias nació de los Estados Unidos o fué la autopropuesta de Arias desde Costa Rica, “aún no sabemos si será el mediador, parece que si, La Secretaria de Estado conversó con él, pero debe aún quedar firme”.

En el primer caso, el recurso 9040-09 señala que en el caso de una plantación de piña en el Cairo de Siquirres, “la empresa recurrida explota una plantación ubicada en el Distrito de Cairo de Siquirres, la que se ha ido expandiendo sin contar con los respectivos permisos y estudios de impacto ambiente”.

Asimismo, la Sala destaca el agravante de que la plantación se ubica “sobre el manto acuífero que da origen a la naciente que nutre el acueducto del mencionado distrito y de Luisiana, y se están utilizando productos químicos y agrotóxicos que están contaminando tales mantos, así como los ríos y cuerpos de agua que están en los alrededores de la plantación”.

La Sala señaló que los ministerios e instituciones mencionadas conocían de la problemática y no hicieron nada por evitar la contaminación.

“Se declara con lugar el recurso y se le ordena a la Ministra de Salud, al Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, al Ministro de Agricultura y Ganadería y al Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, que en forma inmediata se inicie el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas, de las fuentes de agua que abastecen a las comunidades amparadas de El Cairo, Luisiana y La Francia”.

“Se les advierte que cada órgano y ente recurrido, determinará conforme con sus propias competencias legales, las acciones individuales que obligatoriamente le corresponde efectuar, dentro de un PLAN ÚNICO que como partes de la Administración del Estado deben realizar en forma conjunta”, apunta el recurso.

La Sala recordó que “como principal responsable de ese plan y de su completo cumplimiento, se designa a la Ministra de Salud y a quienes ocupen ese cargo, lo que significa que el Jerarca de Salud deberá informar inmediatamente a esta Sala, si surgiere algún obstáculo en su labor de coordinador para cumplir el objetivo aquí ordenado”.

Advertencia

“Se les advierte a los accionados que en razón del objetivo aquí dispuesto, podrán ordenar todas las actuaciones que sean técnica y científicamente conducentes a la completa limpieza y purificación del agua de esas fuentes, lo que implica ordenarle a la empresa Hacienda Ojo de Agua S. A., los retiros que legalmente correspondan, e inclusive, de ser necesario, prohibirle absolutamente el uso de agroquímicos contaminantes en su plantación y hasta ordenar el cierre inmediato de ésta, si esa empresa incumpliere de cualquier forma las órdenes e instrucciones que se le dieren”, apuntó la Sala.

Municipalidad emplazada

El segundo recurso es sobre el acueducto rural de Milano, en Siquierrs.
“Aducen los recurrentes que la municipalidad recurrida extendió un permiso de funcionamiento a la empresa FRUTEX, desconociéndose las condiciones técnicas, legales, el plazo, las áreas y la ubicación de las siembras incluidas, ya que ese municipio no ha suministrado información precisa solicitada al respecto por parte de los representantes de la ASADA de Milano, así como las autoridades competentes del Ministerio del Ambiente y Energía”.

Asimismo, el recurso precisa que “el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Unidad de Permisos y Controles del Ministerio de Salud, dieron el aval de funcionamiento y se otorgó el permiso sanitario de lo cual se desconoce las condiciones y demás situaciones de dicho permiso”.

Además se denuncia al “Director del Área de Salud de Siquirres (porque) no ha brindado esa información al Comité de cita, sobre todo, si existe o no estudio de viabilidad ambiental que exige la SETENA para este tipo de permisos”.

Señalan quienes interpusieron el recurso que “dicha empresa es la responsable directa de la contaminación con agro tóxicos del Acueducto Rural de Milano”

“Se declara con lugar el recurso. Se ordena a la Ministra de Salud, al Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, al Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, o a quienes, en su lugar ejerzan esos cargos, que de forma inmediata se inicie el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas, de las fuentes de agua de las que se abastece el acueducto de la comunidad de Milano de Siquirres”.

La Sala agrega que a esos funcionarios “se les advierte que cada órgano y ente recurrido, determinará conforme con sus propias competencias legales, las acciones individuales que obligatoriamente le corresponde efectuar, dentro de un PLAN ÚNICO que como partes de la Administración del Estado deben realizar en forma conjunta. Como principal responsable de ese plan y de su completo cumplimiento, se designa a la Ministra de Salud y a quienes ocupen ese cargo, lo que significa que el Jerarca de Salud deberá informar inmediatamente a esta Sala, si surgiere algún obstáculo en su labor de coordinador para cumplir el objetivo aquí ordenado”.

El recurso enfatiza en que se le debe ordenar “a la empresa Frutas de Exportación Frutex S.A., los retiros que legalmente correspondan, e inclusive, de ser necesario, prohibirle absolutamente el uso de agroquímicos contaminantes, en sus plantaciones y hasta ordenarle el cierre inmediato, si la empresa incumpliere de cualquier forma las ordenes e instrucciones que se le dieren”.

Fuente: http://informa-tico. com

El 19 de junio, el Gobierno peruano retiró dos de los decretos que han provocado las más importantes movilizaciones indígenas en el país andino en muchos años. Se trata del Decreto para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario (DL 1064) y la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (DL 1090). El primero de ellos evitaba el requisito de consulta y acuerdo previo con los pobladores para emprender proyectos en las tierras comunales, subordinando, además, los derechos comunales a la propiedad individual y privada, dando la razón en cualquier conflicto a individuos o compañías.

El otro decreto, el DL 1090, permitía vender a empresas trasnacionales 45 millones de hectáreas, o sea el 64% de los bosques del Perú, incluida su flora y fauna. Los dirigentes indígenas han desmovilizado a sus bases, pero han dejado claro que mientras no sean derogados los demás decretos que atentan contra sus derechos (el DL 1083, que favorece la privatización del agua a grandes usuarios como las empresas mineras, y los DL 1081, 1079 y 1020, que liberalizan diversos aspectos de la legislación en áreas de explotación minera, maderera y de hidrocarburos), seguirán en la lucha.

Los dos decretos gubernamentales retirados formaban parte, junto con otros siete, de un paquete legislativo que pretendía adecuar la legislación peruana a la aplicación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE UU, según el cual debían eliminarse todos los obstáculos posibles para el intercambio comercial y los flujos de inversiones. En 2007, antes de la firma del TLC, el presidente Alan García ya intentó facilitar la entrada del capital trasnacional en la Amazonía con un único proyecto de ley de promoción de inversión privada en la selva. En ese momento, el Congreso lo rechazó.

Ahora, con la excusa de poder aplicar el TLC, el Gobierno solicitó esta vez a los congresistas la potestad de legislar vía decreto, es decir, sin intervención del propio Parlamento, asuntos exclusivamente relacionados con la aplicación del TLC, de modo que así se agilizara la aprobación del tratado.

Esta licencia permitió al Ejecutivo elaborar una nueva legislación que, en la práctica, suponía lo que la dirigente indígena Daisy Zapata definió como “privatizar la selva para dar preferencia a las grandes transnacionales”, en el cuarto país del mundo con mayor biodiversidad.

Antes de estos decretos, ya el 70% del territorio nacional estaba sujeto a las prospecciones de la industria petrolera. Lo que permitirían estos decretos es saltarse ‘legalmente’ los derechos de los pueblos indígenas recogidos en los tratados internacionales suscritos por Perú (el Convenio n° 169 de la OIT exige la consulta previa a las comunidades indígenas sobre las actividades de manejo forestal que se realicen en sus jurisdicciones) y en su propia Constitución. De modo que, aunque hasta ahora en la práctica los derechos indígenas raramente se respetaban, pues las multinacionales han encontrado siempre resquicios en la ley para esquivar las normativas, con estos decretos sería legal no consultar a los pueblos que habitan la Amazonía antes de iniciar proyectos extractivos, sería legal no dar compensaciones económicas por contaminación y sería legal que sus habitantes no participen de los beneficios que se generen. En definitiva, se trata de eliminar cualquier traba legal protectora que impida nadar libremente a los inversores.

La modernidad no era esto

Las organizaciones indígenas creen que quizás no sea necesario esperar a la derogación del resto de decretos. Probablemente puedan echarse abajo por la vía judicial, sin necesidad de más movilizaciones, porque ya no sólo atentan contra los tratados internacionales y la Constitución peruana, sino que hay un importante defecto de forma, dado que el Congreso autorizó al Gobierno a legislar vía decreto con el único objetivo de facilitar la implementación del TLC, y sin embargo los decretos contemplan aspectos más generales que salen del propio ámbito del tratado.

El Gobierno insiste en que esos decretos iban a llevar la modernidad a la Amazonía. Roger Rumrrill, periodista y escritor especializado en temas amazónicos, afirma que “modernidad no es destruir la naturaleza, modernidad es lo que plantean los indígenas, que es un uso ambiental sostenible de sus recursos. El modelo capitalista de desarrollo implica el saqueo de los recursos naturales. Ese modelo es insostenible y de ninguna manera va a llevar desarrollo a la zona, a lo que va a llevar es a la destrucción de la Amazonía” y añade que “los indígenas quieren el progreso, pero no con el esquema de las multinacionales. Ellos quieren manejar sus bosques, hacer alianzas estratégicas. No están planteando quedarse en la etapa del buen salvaje”.

Fuente: Fernando Molina Cortés / Madrid
Martes 23 de junio de 2009. Número 105
Periódico Diagonal, España

“El producto [Coca Cola Zero] debe salir de circulación para preservar la salud de los venezolanos”, anunciaba el 10 de junio el ministro de Salud y Protección Social de Venezuela, Jesús Mantilla. En un primer momento, la información difundida por la Agencia Bolivariana de Noticias no determinaba cuál era el componente por el que se prohibía.

Esta situación facilitó que la información difundida por otras agencias europeas, como Reuters y EFE, achacara el hecho directamente a la conflictividad laboral en la empresa y sus malas relaciones con el Gobierno. Y en la memoria de todos la frase del presidente venezolano, Hugo Chávez:_ “Yankis, váyanse mil veces al carajo”. “Coca Cola cede al enfrentamiento con Chávez y retira su bebida”_, titulaba el diario El País dos días después de su prohibición. Mientras, los integrantes del concurso Fama, de Cuatro TV, del mismo grupo mediático, se paseaban con camisetas de este refresco por escenarios de Málaga y Albacete.

Un día después del anuncio de su retirada se conocía que la decisión correspondía a una infracción legal por parte de la empresa FEMSA de Venezuela (Coca Cola). El producto contenía ciclamato de sodio (E-952), algo que no se encontraba en la solicitud realizada en 2007 por la empresa y aprobada por el Ministerio, según explicaba el 11 de junio Divis Antúnez, director del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria del Ministerio del Poder Popular para la Salud y Protección Social.

¿A quién le amarga un dulce?

El ciclamato de sodio es uno de los edulcorantes más potentes y baratos utilizados en la fabricación de productos bajos en calorías o sin azúcar, como zumos, refrescos, bollería industrial, chucherías, endulzantes líquidos… [ver recuadro inferior]. Eso sí, sólo allí donde es legal su utilización. Fue prohibido en EE UU en 1969. Tampoco está permitido en Gran Bretaña, Irlanda, Bélgica, Australia o Nueva Zelanda, entre otros países, según explicó a este periódico Eduard Rodríguez Farré, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona.

Por su parte, el autor de la Guía de los aditivos usados en alimentación, Esteban Cabal, detalla: “En experimentos con animales provocó tumores en ovarios, riñones, piel y útero. En humanos se ha dicho que interfiere en la síntesis de las hormonas tiroideas y puede producir alergias. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), puede tener potencialidades cancerígenas y efectos mutágenos. Se desaconseja su consumo especialmente a niños y mujeres embarazadas y puede dañar los espermatozoides y los testículos”, explica.

Sin embargo, el ciclamato de sodio es legal en España, Italia, Grecia, Portugal, Polonia, Estonia, Lituania y varios países de América Latina. Por su parte, la OMS establece en 11 miligramos de E-952 por kilogramo de peso corporal la ingesta diaria máxima. “La agencia más estricta suele ser la FDA [Food and Drug Administration] estadounidense, mientras que la UE es mucho más laxa e influenciable por los intereses de la industria”, denuncia Rodríguez Farré.

Ante la decisión de Venezuela, la Agencia Española para la Seguridad Alimentaria comentó a este periódico que se trataba de “un problema totalmente político”. Sobre la prohibición de este edulcorante en otros países, afirmaron que no evaluaban sus motivaciones, y reafirmaron la aceptación de este edulcorante por la legislación española y la de la UE. El E-952 se encuentra en la directiva comunitaria de junio de 2008 “por la que se establecen criterios específicos de pureza de los edulcorantes que pueden emplearse en los productos alimenticios”. Previamente, en 2003, se dictaminó_ “una reducción de las dosis máximas”._

“Los últimos estudios que se han realizado sobre las consecuencias del E-952 son del año 2000. Tras su investigación en monos, estos sufrieron atrofia testicular e inducción a procesos cancerígenos, pero ha habido muchos trabajos que no han encontrado efectos secundarios, la mayoría pagados por la industria, para demostrar su seguridad”, reconoce Rodríguez Farré. Mar Gómez, naturópata y profesora del Instituto de Terapias Integrales y Enseñanzas Enérgeticas, explica a DIAGONAL: “Nadie va a decir que por utilizar un producto se vaya a desencadenar una pandemia de cáncer. Se podría, pero no se quiere. Miremos nuestro entorno, cuánta gente fallece de cáncer, y preguntémonos qué hacemos con la alimentación, cómo está el aire”. En este caso, no obstante, se necesitan grandes cantidades de edulcorante para tener esos problemas, según puntualiza Gómez. Pero, como denuncia Cabal, el autor de la guía de aditivos alimentarios, “ni siquiera podemos saber qué cantidades tomamos al consumir un producto, ya que no se especifica entre los ingredientes su proporción”. El investigador del CSIC Rodríguez Farré señala a este respecto, “la toxicidad del E-952 no es elevada, pero en el ámbito de la salud pública, cuando un producto se utiliza a diario por millones de personas, el riesgo, por mínimo que sea, no es nada despreciable. En esta situación el principio que se suele aplicar es el de precaución, y, por tanto, se suele prohibir”.

Venezuela no es el primer lugar donde Coca Cola tiene que cambiar la fórmula de su producto Zero, con la eliminación del edulcorante. En febrero de 2008 ya lo hizo en México, Argentina y Chile. Y el refresco sigue consumiéndose. La compañía lo disfrazó, según la prensa mexicana, con el anuncio de un cambio de sabor del producto.

OTROS ENDULZANTES CUESTIONADOS

SACARINA (E-954)
Según Eduardo Cabal, en la Guía de los aditivos usados en alimentación, este edulcorante es usado desde principios del siglo XX. “No se ha demostrado que ayude a perder peso. Dosis altas provocaron cáncer de vejiga en ratas en experimentos realizados en los años ‘70. Se ha dicho que pueden producir cáncer en los hijos y nietos de quién lo toma. Está prohibido en Francia y en Canadá. En EE UU es obligatorio advertir en las etiquetas sobre los productos que contienen sacarina”, señala.

ASPARTANO (E-951)
“De origen químico, fue descubierto en 1965 y se usa desde 1983 como edulcorante en muchos productos de gran consumo. En el organismo se transforma en fenilalanina, ácido aspártico y metanol. Su toxicidad está siendo objeto de encendidas polémicas en EE UU, donde ha sido acusado de provocar convulsiones, estados de coma, tumores cerebrales y ceguera”, explica la guía de Cabal. En el Estado español las etiquetas advierten de algunos de sus riesgos.

OTROS PRODUCTOS QUE CONTIENEN CICLOMATO SÓDICO (E-952)
BISOLAN
MERMELADAS HERO DIET
COCA COLA LIGHT
NESTEA SIN AZÚCAR
FANTA ZERO

*Redacción, Periódico Diagonal, España