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PRONUNCIAMIENTO

RED DE CONTROL CIUDADANA DE COSTA RICA

¡LA DEMOCRACIA EN HONDURAS COMIENZA POR EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA CIUDADANIA!!!!

Por este medio hacemos pública nuestra más enérgica condena y denunciamos los gravísimos hechos desencadenados en los últimos días a partir del Golpe de Estado llevado a cabo por las élites políticas, militares, mediáticas y empresariales, religiosas contra el Presidente de Honduras Manuel Zelaya y contra los derechos fundamentales de la población hondureña, manipulando y secuestrando las potestades y los mecanismos de la institucionalidad democrática, ocasionando así, una grave regresión en la búsqueda de sociedades más democráticas y justas en Centro América. Algunos de estos graves hechos son:

1. Secuestro y extradición ilegal del Presidente de Honduras Manuel Zelaya por parte de las Fuerzas Armadas, quienes, sin ningún sustento legal, negando la activación de los procedimientos del debido proceso, y obedeciendo al complot fraguado por élites políticas y empresariales, violaron los derechos individuales universalmente reconocidos como la libertad individual, la privacidad del domicilio, de expresión, el derecho a conocer la acusación, así como de la preparación de su legítima defensa.

2. Cierre de medios de información que no se alinearon con el golpe, amedrentamiento, arresto y confiscación de equipos a periodistas nacionales e internacionales violando los derechos universales de libre expresión, información y libre ejercicio de la labor periodística. Asimismo violando de manera flagrante el derecho de la población a la información veraz, objetiva y plural sobre los acontecimientos sucedidos o por suceder en Honduras.

3. Promulgación de Estado de Sitio que viola las los derechos fundamentales como el de unión, asociación, y libre movilización de la población hondureña.

4. Represión abierta hacia la población que se moviliza en contra del Golpe de Estado, expresado en: golpes, disparos, y gases violando al derecho a la integridad física de la ciudadanía. De igual manera se han incrementado la vigilancia de oficinas y locales de las organizaciones sociales, intervenido teléfonos, arrestos y desapariciones forzosas de líderes y liderezas sin que medie orden judicial que las sustente, así como el sabotaje de sus medios de transporte y comunicación.

5. Particularmente denunciamos y condenamos el asesinato por parte del ejército de Honduras de al menos una persona confirmada en los hechos de este 5 de julio en las inmediaciones del aeropuerto, violando evidentemente el derecho inalienable de la Vida. Sin embargo es probable que las víctimas sean muchas más.

6. Denunciamos la manipulación de la institucionalidad democrática. La Democracia no puede ser utilizada como “escudo” para proteger intereses de las élites político-empresariales y mucho menos para dirimir sus diferencias manipulando al pueblo a favor de unos o de otros. La democracia no es una mercancía más que se posee para realizar acciones antojadizas cual “cheque en blanco”. Primariamente la democracia es para la gente, para el disfrute de sus derechos, para la discusión crítica de las acciones de cualquier gobierno sin temor al chantaje, la manipulación o las armas.

Ante tales hechos la Red de Control Ciudadano en Costa Rica se une a las organizaciones sociales de Mesoamérica, América Latina y el mundo para demandar:

1. Cese inmediato de la represión y las violaciones a los derechos fundamentales universalmente reconocidos de la población hondureña

2. Libertad inmediata de todos aquellos liderazgos sociales hoy detenidos o desaparecidos a causa de su oposición al Golpe de Estado y que se movilizan a favor del restablecimiento de las condiciones democráticas para el libre ejercicio de sus derechos.

3. Reconocimiento del derecho del pueblo hondureño a la participación activa, equitativa y plena en la búsqueda y formación de sociedades justas, equitativas, democráticas y no excluyentes de manera soberana, sin injerencias de las élites políticas, empresariales, clericales, mediáticas, y militares tanto dentro como fuera de Honduras.

4. Restablecimiento de condiciones democráticas que garanticen: reposición del Presidente Manuel Zelaya, verdadera independencia de poderes, condiciones plenas para el libre ejercicio del sufragio en noviembre del 2009, reconocimiento y promoción del derecho a la participación activa de la población hondureña y sus organizaciones sociales en los debates relacionados con el futuro inmediato de la nación hondureña.

5. Advertimos que, CUALQUIER SALIDA A LA CRISIS EN HONDURAS DEBE HACERSE TOMANDO EN CUENTA LA OPINIÓN Y PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD HONDUREÑA Y DE SUS ORGANIZACIONES, negando de esa manera cualquier salida a partir de acuerdos de cúpulas. Solo de esta manera Honduras puede recuperar su estabilidad institucional y además avanzar hacia formas superiores de democracia.

6. Exigimos investigar hasta las últimas consecuencias los graves hechos de violación a los Derechos Humanos perpetrados por los actores involucrados en el Golpe de Estado y responsabilizar penalmente a aquellos que por su condición privilegiada en espacios de poder conculcaron y pisotearon los derechos más elementales del pueblo hondureño.

7. Instamos a los pueblos de América Latina y el Caribe, a sus organizaciones, a mantenerse vigilantes y alertas ante este nuevo embate del capital financiero en asocio con militares que ocurre en Honduras, pues constituye una amenaza para los esfuerzos que los pueblos del continente realizan para defender sus conquistas sociales y ampliar sus horizontes democráticos. Mantenerse alertas ante lo que podría significar una oleada neo-golpista en contra de los avances democráticos de las sociedades latinoamericanas.

PROPONEMOS:

1. Instalar y promover Auditorias Ciudadanas en todos los departamentos de Honduras, así como el de una Comisión Ciudadana Relatora en Honduras con la participación de organizaciones sociales de Mesoamérica para el acopio de información, ordenamiento de ésta, y redacción de Informes de la Verdad que documenten las graves violaciones a Derechos Humanos en Honduras para que puedan ser presentados en instancias nacionales e internacionales para el juzgamiento y sanción de los responsables.

Dado en las ciudad de San José Costa Rica el 8 de julio del 2009

Honduras en Resistencia Carta Abierta a Oscar Arias Sánchez
Presidente de Costa Rica

Doctor
Oscar Arias Sánchez
Presidente de la República
Costa Rica

Las y los representantes de las organizaciones de derechos humanos firmantes, rechazamos el golpe de Estado en contra del presidente hondureño Manuel Zelaya Rosales. Sin duda alguna, este acto es un desafío a la democracia en todo el continente y pone a prueba la capacidad de respuesta efectiva de la comunidad internacional.

En este sentido, agradecemos sus gestiones para iniciar un proceso de diálogo que es necesario y urgente para restablecer la paz en Honduras y la vigencia del Estado de Derecho. A través de la presente, es nuestra intención manifestarle una serie de preocupaciones expresadas por el movimiento social hondureño para que sean consideradas en el proceso de negociación que recién inicia.

Señor Presidente, debe usted saber que además de la evidente ruptura del orden constitucional, las autoridades golpistas han llevado a cabo una serie de acciones contrarias al deber de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de la población hondureña, obligación contenida en el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Podemos afirmar que durante la vigencia del gobierno de facto, la población hondureña ha sido víctima de numerosas violaciones a sus derechos fundamentales.

En primer lugar cabe resaltar las violaciones a la libertad de expresión. No sólo se ha limitado el acceso a información confiable, transparente y objetiva, sino que se han ejecutado órdenes directas de cierre y censura a medios de comunicación y a periodistas que apoyan al Presidente Manuel Zelaya.

Adicionalmente hay una política clara de represión contra toda persona que manifieste su desacuerdo con el gobierno de facto. Según información recopilada por las organizaciones, más de 300 personas han sido detenidas por su participación en manifestaciones pacíficas, aproximadamente 180 han sido detenidas por violar el toque de queda y 18 están siendo procesadas por los delitos de asociación ilícita y sedición. Cabe destacar que el ejército ha utilizado gas picante y la presencia de francotiradores en lugares estratégicos para reprimir y amedrentar a los manifestantes.

El joven Isis Obed Murillo Mencia fue ejecutado por miembros del ejército hondureño durante la manifestación ocurrida el pasado 5 de julio; a su muerte se suman otras tres que ocurrieron con posterioridad al golpe pero cuyas circunstancias no están claras: el periodista Gabriel Fino Noriega, una persona de la comunidad LGBT de nombre Vicky Castillo, y Alexis Amador, quien apareció con señales de tortura y vestía una camiseta alusiva a la “cuarta urna”.

Por otra parte, varios defensores y defensoras de derechos humanos fueron y continúan siendo víctimas de actos de hostigamiento y amenazas, sus comunicaciones son interrumpidas con frecuencia y las sedes de las organizaciones están siendo vigiladas por el ejército.

Algunos de estos hechos descritos fueron observados y constatados por la delegación de organizaciones civiles y de derechos humanos guatemaltecas que viajaron a este país, la cual estuvo encabezada por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchu.

Ante el panorama referido, reafirmamos que el diálogo es la única vía para resolver la crisis que afecta al Estado de Honduras; sin embargo, hacemos un llamado respetuoso para que cualquier negociación tome en cuenta los principios de verdad, reparación y justicia. En atención a ello, manifestamos la necesidad de:

Reestablecer el orden constitucional y retorno del Presidente Manuel Zelaya a Honduras para el ejercicio de sus funciones.

NO permitir la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de facto político militar, lo que incluye el golpe de Estado mismo y todas las acciones contra la población civil, ejecutadas principalmente por órganos militares con el apoyo y/o tolerancia de la Policía Nacional.

Reestablecer las libertades de expresión y asociación, así como la protección de la legítima labor de los defensores y defensores de derechos humanos, comunicadores, líderes sociales y periodistas.

Liberar los presos políticos capturados con posterioridad al golpe de Estado y a la suspensión de todos los procedimientos fiscales y penales iniciados por el Ministerio Público después del 28 de junio, como claras acciones de persecución política contra los funcionarios del gobierno del Presidente Zelaya y los dirigentes sociales simpatizantes del proyecto de la consulta popular.

Desmilitarizar de inmediato las dependencias públicas que luego del golpe de Estado pasaron a control de las Fuerzas Armadas; ello implica: el retorno urgente del control de la seguridad pública o interna a la Policía Nacional; el retorno sin reservas al control civil y bajo supervisión de organismos de derechos humanos, incluyendo de la sociedad civil, de los servicios públicos y de telecomunicaciones, como son la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Hondutel, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la Dirección de Migración y Extranjería, hospitales públicos, cuyos accesos están militarizados, entre otros.

Suspender el uso de armas químicas y letales para reprimir manifestaciones y la separación de las Fuerzas Armadas de actividades de control de manifestaciones públicas.

Suspender definitivamente el estado de sitio o excepción decretado sin seguir el procedimiento constitucional, que ha sido utilizado para justificar las violaciones a derechos humanos fundamentales.

Cumplir con la implementación de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco del golpe de Estado y permitir la visita al país de éste órgano interamericano así como de
cual órgano de Naciones Unidas para constatar la situación de los derechos humanos en el menor plazo posible.

San José, 9 de julio del 2009

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos – México

Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL) – Perú

Asociación Colectiva por el Derecho a Decidir – Costa Rica

Asociación de Jueces por la Democracia – Honduras

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) – Perú

El Centro de Derechos de Mujeres (CDM), se adhiere a la carta, pero debe quedar claro que no pueden quedar en la impunidad los delitos cometidos por los golpistas, sobre los cuales varias organizaciones y ciudadanos, hemos pedido la actuación del Ministerio Público – Honduras

Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H) – Honduras

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – Argentina

Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM) – Panamá

Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) – Nicaragua

Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) – Honduras

Centro de Mujeres IXCHEN – Nicaragua

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) – organización regional

Colectiva Lésbica Todas Somos – Guatemala

Colectiva de Mujeres de Honduras (CODEMUH) – Honduras

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) – Ecuador

Comité de Familiares Detenidos – Desaparecidos de Honduras (COFADEH) – Honduras

Comité de Derechos Humanos de Honduras (CODEH) – Honduras

Convergencia de Mujeres de Honduras

Copenhagen Initiative for Central America (CIFCA) – organización regional

Foro de Mujeres del Mercosur, Capítulo Paraguay

Fundación Étnica Integral (LA FEI) – República Dominicana

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IECCPG) – Guatemala

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) – El Salvador

Marcha Mundial de Mujeres – México

Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua

Programa Jurídico de la Iglesia Luterana Costarricense

Punto Focal Nicaragua de la Campaña 28 de Setiembre por la
Despenalización del Aborto.

Red Lésbica Cattrachas – Honduras

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” – México

Red Solidaria Década Contra la impunidad A.C. – México

Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) América Latina -organización regional

Personas a título individual:

Masaya Llavaneras – Venezuela
Francisco Cravioto Lagos – México
Ana Lucía Faerron Ángel – Costa Rica
Lucía Melgar Palacios – México
Mariana Eugenia Niembro Martínez
Patricia Orozco A. – Nicaragua
Gabriela Arguedas Ramírez – Costa Rica
Martha Isabel Cranshaw Guerra – Nicaragua
Juanita Jiménez – Nicaragua
Yamilet Mejía Palma – Nicaragua
Sofía Montenegro- Nicaragua
María Isabel Huezo- Nicaragua
Argentina Espinoza – Nicaragua
Ana Quirós Viquez – Nicaragua

COMUNICADO LA DELEGACIÓN DE ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS DE GUATEMALA EN HONDURAS

03 al 06 de julio de 2009

CONCLUSIONES:

1. Con base en las informaciones recabadas, la documentación obtenida y los hechos comprobados, la delegación no tiene la menor duda de que el domingo 28 de junio, en Honduras ocurrió un golpe de estado, premeditado, orquestado y perpetrado por las Fuerzas Armadas, actores políticos, empresarios y, sobre todo funcionarios de los distintos poderes del Estado quienes incumplieron con su deber de respetar y proteger el estado de derecho, acción esta que la crisis política previa no justifica. Acción esta que conlleva consecuencias imprevisibles a la institucionalidad democrática y al Estado de derecho.

2. La delegación ha podido constatar que en aras de justificar la acción golpista, se ha producido un retorcimiento de las leyes del país, lo cual pone en una situación total de deterioro de la institucionalidad del Estado. De acuerdo con la documentación puesta a disposición de la delegación se aprecia preocupantemente la alteración de documentos legales que comprometerían en mayores delitos al sistema de justicia.

3. Derivado del golpe de Estado confirmado, las autoridades de turno han impuesto restricciones a garantías individuales y sociales, mismas que vulneran derechos fundamentales de la población que se ve restringida en sus más elementales derechos y garantías.

4. La población hondureña han desarrollado una acción no violenta, pacífica, masiva, de resistencia al golpe de Estado, la cual aún en un marco de represión, se ha mantenido con respeto a los miembros de las fuerzas de seguridad, por lo que su reacción responde a los actos de agresión que dichas fuerzas han producido.

5. La militarización del país y el uso indiscriminado de la fuerza sin control, ha derivado en la violación de derechos humanos, tan elementales como el derecho a la vida, puesto que hemos podido constatar al menos cinco ejecuciones extrajudiciales, derivadas directamente de esta situación, así como violaciones a los derechos a la movilización, expresión, manifestación y reunión, lo que ha producido más de 120 detenciones (previas al domingo cinco), relacionadas con las manifestaciones de resistencia al golpe; 180 detenciones vinculadas con el toque de queda quedando al momento 18 personas ligadas a proceso por acusaciones como asociación ilícita y sedición con relación a estos hechos.6. El estado de sitio y el toque de queda impuestos autoritariamente dejan a la población en un estado de total indefensión ante arbitrariedades y abusos por parte de las fuerzas de seguridad, particularmente militares que tienen control del territorio.

7. La delegación ha podido constatar que las libertades de expresión, de información y de prensa, están siendo constantemente violentadas en Honduras siendo los medios radiales los más afectados por la alta represión a la cual están sometidos. Se pudo constatar que seis radios y una televisora fueron cerradas y censuradas durante los primeros días del golpe de Estado. Los únicos medios de comunicación que no tienen dificultades para realizar su trabajo son afines a las líneas políticas marcadas desde el Estado, impidiendo el acceso a una información independiente, imparcial o crítica.

8. Derivado de las limitaciones a la información, la población hondureña carece de información veraz y completa sobre los acontecimientos, en tanto reina un clima de desinformación casi total, lo cual genera incertidumbre, miedo y zozobra en la población. Situación que se agrava con una campaña mediática que permanentemente incita a la población a defender el golpe de Estado y estigmatiza a quien lo resiste.

9. En el marco de la confrontación desarrollada desde el entorno que perpetró el golpe, se hadado lugar a una campaña mediática de xenofobia en contra de ciudadanos no hondureños, particularmente de ciudadanos nicaragüenses y venezolanos, quienes son detenidos arbitrariamente.

10. Las autoridades de facto, así como los sectores que sostuvieron la campaña previa al golpe de Estado han mantenido una campaña mediática de intolerancia política y estigmatización a grupos de la izquierda, exacerbando la acción violenta en contra de los mismos.

11. Lamentablemente, instituciones clave para la protección y defensa de garantías ciudadanas y derechos humanos, tales como el Comisionado de Derechos Humanos, presidido por el doctor Ramón Custodio, formaron parte del entorno que justificó y sostuvo el golpe de Estado, lo que produce que sea visto como parte del complot golpista.

12. En ese comprometimiento con la acción golpista, el Comisionado de Derechos humanos abandonó su rol de vigilante de las libertades y garantías y no ha desarrollado acción alguna en favor de la población afectada por la labor represiva del Estado la cual se ve en un altísimo nivel de indefensión.

RECOMENDACIONES

1. La delegación considera indispensable la anulación de todas y cada una de las medidas que restringen derechos a la población hondureña. Disposiciones tales como el toque de queda y el Estado de Sitio deben ser derogados de forma inmediata e irrrestricta para evitar la comisión de abusos y permitir al pueblo hondureño expresarse con total libertad. Las autoridades de facto deben desistir de su imposición de restricciones a la libertad de información y expresión, a fin de que el pueblo hondureño pueda ser informado con absoluta imparcialidad y pueda igualmente expresarse sin limitaciones.

2. Las actuales autoridades deben cesar en su conducta hostil contra los ciudadanos hondureños y no hondureños, a fin de propiciar un clima de convivencia pacífica y tolerante.

3. En aras de recoger plena e imparcialmente la información sobre la totalidad de acciones violatorias de derechos humanos y ante la evidente infuncionalidad de una instancia nacional con este mandato, la delegación considera indispensable que la comunidad internacional cree una instancia de derechos humanos especializada para la atención y protección a las y los habitantes de Honduras, en particular a los defensores de derechos humanos. Esta instancia podría funcionar con el apoyo de los organismos internacionales de derechos humanos y con los fondos de emergencia de la Comisión Europea.

4. Es necesario identificar a todas las personas, funcionarios y funcionarias, civiles y militares, involucradas en la acción golpista, para proceder a un acuerdo de sanción de inhabilitación política de las mismas, a fin de que no solo evite la impunidad por estos hechos en Honduras sino que envíe un mensaje claro hacia otros países de la región, en aras de evitar nuevas intentonas contra el orden constitucional.

5. La delegación cree vital y urgente el llamado a un diálogo nacional con participación de todos los sectores, particularmente el movimiento social y de derechos humanos, así como el sector empresarial, para encontrar una salida pacífica a la actual crisis, sin que ello implique una acción de impunidad por los delitos cometidos por los actores involucrados en el golpe de Estado y las violaciones a los derechos humanos.

6. Para evitar riesgos de dogmatización y sectarismo en el proceso, las iglesias de todas las denominaciones en honduras, han de actuar únicamente como observadoras.

7. Se recomienda a las entidades internacionales conformar un grupo de apoyo yacompañamiento para la solución de la crisis en Honduras.

8. Ante los hechos constatados en Honduras, la delegación considera necesario sugerir a los organismos e instancias internacionales revisar y actualizar sus criterios de actuación ante violaciones a derechos humanos y protección de defensores para poder agilizar las respuestas a situaciones como las acontecidas en Honduras. Sugiere también que se otorguen fondos de emergencia a organizaciones de derechos humanos que actualmente desarrollan acciones de defensa y documentación de violaciones a derechos humanos.

Guatemala, 7 de julio de 2009

Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz
Fundación Rigoberta Menchú Tum
Asociación de Abogados y Notarios Mayas
Organizaciones que conforman la Convergencia por los Derechos Humanos:
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos –CALDH-
Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos –CIIDH-
Fundación Sobrevivientes
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala –ICCPG-
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala –ODHAG-
Seguridad en Democracia SEDEM
Unidad de protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala UDEFEGUA.

Gobiernos que de distintas formas enfrentan los modelos neoliberales han proliferado, pudiendo llegar a 10. A pesar de que la revista británica The Economist anunció que con la crisis esos gobiernos no se extenderían más en el continente –porque la crisis impondría la agenda de la derecha, centrada en el ajuste fiscal y en el combate a la violencia–, desde entonces triunfó el gobierno de Mauricio Funes y del Frente Farabundo Martí en El Salvador.

A partir de la elección de Hugo Chávez, en 1998, la derecha ha intentado, de distintas maneras, recobrar fuerza, tumbar a esos gobiernos y recuperar la apropiación del Estado en sus manos: el golpe de 2002 en Venezuela, el intento de impeachment de Lula, en 2005, las sucesivas ofensivas de los grandes agricultores en Argentina, del separatismo en Bolivia. Actualmente el golpe en Honduras, la derrota electoral del gobierno en Argentina y la elección de Pepe Mujica como candidato del Frente Amplio en Uruguay son otras tantas de las últimas escaramuzas entre las dos fuerzas que ocupan el campo político en América Latina a lo largo de esta década.

América Latina se debate entre profundizar las trasformaciones progresistas operadas por esos gobiernos o la restauración de la derecha. Donde se debilitan esos gobiernos, no gana ningún sector de izquierda, sino que se fortalece la derecha. Las primeras corrientes que fracasaron en la lucha antineoliberal fueron las provenientes de la llamada ultraizquierda, sean grupos políticos de corte doctrinario u organizaciones sociales que no han roto con la visión corporativa de la “autonomía de los movimientos sociales”. El campo político ha quedado polarizado entonces entre esos gobiernos –más moderados o más radicales– y la derecha.

La elección de Mujica como candidato del Frente Amplio representa más claramente el intento de profundización de las trasformaciones antineoliberales. Su condición de favorito en las encuestas apunta en esa dirección. Por el contrario, la derrota del gobierno argentino representa el intento de frenarlas y de construir un recambio de derecha. El golpe de Honduras, conforme a su desenlace, puede terminar con un gobierno que daba pasos en la dirección antineoliberal o permitir que el retorno de Zelaya recobre con más fuerza esa dinámica. Lo mismo se puede decir de Brasil: las elecciones presidenciales de 2010 pueden hacer que el gobierno de Lula sea un largo paréntesis en la dominación de la derecha o la profundización de las transformaciones iniciadas, con la victoria de Dilma Rousseff, que crece rápidamente en las encuestas, apoyada en 80 por ciento del respaldo popular y solamente 6 por ciento de rechazo del gobierno de Lula. Todo apunta hacia una gran victoria de Evo Morales y el MAS en las elecciones de diciembre de este año, garantizando la continuidad y la profundización del proceso de fundación del nuevo Estado boliviano.

Los efectos de la crisis sobre los países del continente estrechan los márgenes de las políticas de conciliación de clases desarrollada por gobiernos como los de Argentina, Brasil, Uruguay, entre otros, obligándolos a definiciones entre seguir con las concesiones al gran empresariado –en particular al capital financiero– o la intensificación de las políticas sociales como eje obligado de un gobierno antineoliberal.

Hay visiones que nunca han considerado a esos gobiernos como diferenciados de sus antecesores neoliberales, pero que en la práctica corren a saludar la posibilidad de su sustitución por la derecha. En ésas –que combinan catastrofismo y derrotismo– no habría ningún cambio significativo: una derecha sustituiría a la otra. Cambalache, ninguno es mejor, todo es igual. Las visiones que se limitan al plano de la crítica están al margen de los procesos reales de enfrentamiento al neoliberalismo en el continente.

El futuro de América Latina se decide entre la profundización de las trasformaciones apenas empezadas o procesos de restauración conservadora en que serán derrotados el campo popular y las izquierdas en su totalidad. El futuro sigue abierto, la disputa hegemónica frente al agotamiento del neoliberalismo y las alternativas, entre lo viejo que insiste en sobrevivir y lo nuevo que encuentra dificultades para nacer, es lo que marca el presente latinoamericano.

Fuente: La Jornada, México

En la América Latina, para dar golpes de Estado a todos aquellos que se aparten de la ortodoxia dictada por las oligarquías. Después de las gloriosas guerras de la Independencia, quedaron obsoletos y se convirtieron en cargas onerosas para las endebles economías; pero como los españoles nos dejaron las incipientes Argollas, de inmediato encontraron un nuevo patrono y se convirtieron en mercenarios al servicio del capital, ya fuera nativo o foráneo.

Se dice que un presidente gringo afirmó: “Estados Unidos no tiene amigos en América Latina, solo INTERESES”. Y para cuidar esos capitales, ¿qué mejor que los militares criollos? Solo era cuestión de pactar con las Oligarquías nativas para que esos sujetos se convirtieran en custodios de los intereses gringos y los de sus lacayos nacionales. A partir de ese pacto, los simios tuvieron dos o tres mecates amarrados al bozal: el del imperio, el de las oligarquías nacionales y el de la Iglesia, fiel aliada de todas las más bárbaras dictaduras.

Mediante el cuento del anticomunismo, se les dio patente de corso a estos salvajes para que, con las regulaciones de sus amos, hicieran lo que les diera la gana con vidas y haciendas de las grandes masas de población. En la famosa “Escuela de las Américas” se entrenaron legiones de asesinos dispuestos a masacrar a sus propios compatriotas. Allí y en otras, aprendieron todas las formas de tortura imaginables para maltratar a su propia gente.

Ningún ejército latino ha luchado NUNCA en contra de otro. A lo más que se ha llegado es a escaramuzas fronterizas en algunas regiones selváticas y carentes de importancia. Y apenas las inician y se enseñan los colmillos interviene la O.E.A., la ONU, la UE, el Vaticano, los “pacificadores gringos”, Greenpeace, la Cruz Roja y todo el mundo, de manera que no hay forma de darles el uso primigenio para el cual fueron creados: defender a sus patrias de ataques foráneos.

Al principio de la historia ese era su propósito, pero una vez que las naciones se han organizado civilizadamente, estas bestias peludas carecen de utilidad, a menos que los países que los posean tengan otra intención distinta a la defensa. Las milicias solo se “justifican” en países agresores con intenciones hegemónicas.

Pero en el tercer mundo no hay forma de que dos países pequeños hagan sus guerritas con entera libertad. Al principio los dejan que lleguen hasta cierto punto mientras les venden infinidad de armas para el “equilibrio”; pero cuando empieza a llegar la sangre al río vienen los intermediarios, que son los mismos que les vendieron las armas, y los pacifican. ¿Entonces?

Eso significa que solo los países guerreristas como los Estados Unidos, tienen “razón” para poseer descomunales armadas. O los que se sienten amenazados por ellos. Pero, con pocas excepciones, ese no es el caso en la América Latina; aquí las tropas nativas están al servicio de los intereses yanquis y de las oligarquías criollas. Solo sirven para asegurar el establishment favorable a las clases poderosas nacionales, invariablemente ligadas a los capitales norteamericanos.

La doctrina del “garrote” y la necesidad de los ejércitos parte de la simple premisa que sostiene el absurdo de que estos pueden ser “pacificadores”. Que sostiene la antinomia de que un regimiento poderoso y bien armado es el disuasivo ante la amenaza de guerra y que es sinónimo de paz.

El ejército es un instrumento agresivo y nunca puede ser generador de paz. Y como entre nosotros no es posible darles la función de defensores de la patria, solo les queda el “trabajo” de maltratar a sus connacionales, dar golpes de estado, hacer declaraciones estúpidas y convertirse en cómplices de las oligarquías y de la Iglesia. ¿Existe la posibilidad de deshacernos de los militares? Parece que no.

¿Tenemos que mantener una institución tan costosa como esa en un mundo de guerritas imposibles? ¿Por qué subsisten estas nocivas bandas de parásitos? Por razones políticas y económicas. Las fuerzas armadas latinas tradicionales son las formas de dominación brutal de las clases poderosas y la Iglesia. Y como esta compartía con aquella “el miedo al comunismo”, nació la simbiosis enfermiza que dura hasta hoy.

La voz oficial de la Iglesia siempre ha estado con la casta militar porque esta le ha garantizado sus intereses. Lo acabamos de comprobar en Honduras. Antes en Nicaragua, Argentina, Brasil, Chile, México y un interminable etcétera.

Hasta ahora estaban acuartelados y en segundo plano; pero con lo sucedido en Honduras, han vuelto a salir a la luz pública y a realizar la barbarie para la cual fueron entrenados. A partir de estos días, se aprestan a volver a las andadas. Como en los bellos tiempos de Carías, Somoza, Castillo Armas, Pinochet, Trujillo; papa y baby Doc, Matricaria (Díaz Ordaz) y todos los tiranos solapados de México. Ya corrió la sangre de hondureños regada por sus “hermanos” de uniforme. Pero eso no tiene importancia para la oligarquía latina; es una lección que tiene que recibir el insolente pueblo hondureño que ha osado rebelarse contra la “democracia formal” y el sacrosanto (cuando les conviene) orden constitucional favorable solo a las clases pudientes.

Eliminar a esa casta es la tarea que tienen pendiente todas las democracias legítimas de la América Latina, pues tal institución no se justifica en nuestro medio. A menos que sea para defendernos de la agresión militar externa, cosa muy improbable por ineficaz en estos tiempos del FMI y el BID. Si no es posible someterlos en forma absoluta a las autoridades civiles, deben eliminarse. Suiza no tiene ejército ni lo necesita. Sus cuarteles son los bancos, y ahí reside su “seguridad” y capacidad de defensa y disuasión. Pero, ¿están las oligarquías dispuestas a correr ese riesgo? La respuesta es un NO definitivo. Por eso es que TODOS los países latinos tienen ejércitos (algunos mimetizados) para garantizar los intereses del Poder; siempre como perros zalameros con sus amos, y feroces mastines en contra de los pueblos. Y cada vez que se dé una situación como la de Honduras, los veremos entrar en acción de la manera tradicional y típica del siglo XX.

Con los mismos pretextos estúpidos de siempre, con los mismos clichés que les enseñaron en la “Escuela de la Américas”: defender y hacer respetar la constitución. La misma que pisotean brutalmente cuando conviene a los intereses de sus amos.

Militarescamente

Ricardo Izaguirre S.
E-mail: rhizaguirre@yahoo.es

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