Carta al Doctor Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República, sobre el uso de recursos públicos para propagandizar el TLC.

Estimado señor:

Para nadie es un secreto que el asunto del tratado de “libre” comercio (TLC), entre nuestro país y los Estados Unidos, tiene una trascendencia histórica mal allá de las decisiones que, en uno u otro sentido, se tomen en el presente período constitucional; por parte de la actual generación de costarricenses que, de una forma u otra, tienen que ver en tales definiciones; generadas desde las instancias institucionalmente establecidas, o fuera de las mismas.

Lo anterior quiere decir que, estamos ante un desafío que atañe a toda la población actual del país, así como a las futuras generaciones, de suerte tal que el debate que debe abrirse, debe facilitar la incorporación del mayor número de personas y de posiciones; buscando que las mismas sean escuchadas y analizadas por esa gran parte de la ciudadanía que prefiere escuchar antes, ideas y criterios contrarios y hasta radicalmente encontrados, para forjarse uno propio.

En correspondencia directa con la institucionalidad democrática que pregonamos sobre el ejercicio de la libertad de expresión, no es correcto ni moralmente aceptable, que, por poderío económico y/o por ejercicio transitorio del poder político, una posición prevalezca sobre las otras en cuanto a posibilidades de acceso masivo a la población; pues de lo que se trata es de un debate de ideas, de altura, y no de manipulaciones odiosas para potenciar determinada tesis.

En un tema tan delicado como éste, de tanta sensibilidad, sería irresponsable promocionarlo cual pasta dentrífica, apelando a fórmulas propagandísticas carentes de sustentabilidad real; y, mucho menos inaceptable sería la circunstancia de que sea el Gobierno, con fondos de todos, el encargado de una promoción en tal sentido.

Vistas así las cosas, como ciudadanos costarricense que pagamos, puntualmente, nuestros impuestos y, por ende, contribuyentes responsables del erario público; y como representantes de entidades laborales que integramos el amplio, activo y diverso mundo de los movimientos sociales de nuestro país; nos sentimos con la autoridad debida para plantear a la máxima autoridad ejecutiva del país, el Presidente de la República que, dada la actual coyuntura nacional en torno a este asunto del TLC y lo delicado de la misma; una acción gubernamental prudente aconsejaría lo siguiente:

1. Si se van a emplear recursos públicos, provenientes de los contribuyentes, para realizar propaganda oficial a favor del TLC, según la tesis del Gobierno de la República en la materia; constituiría una conducta injusta y antidemocrática; a sabiendas de que en la sociedad no hay unanimidad al respecto, ni siquiera consenso; y, por tanto, la tesis contraria a la oficial, merece un acceso equitativo e igualitario, si se trata del empleo de fondos públicos, como indicamos.

2. No debe, con todo respeto, el Gobierno de la República financiarle a una de las partes su campaña promocional particular; sino que, por el contrario, debe permitirle a la ciudadanía, si es que va a disponer de recursos públicos, igualdad de condiciones en cuanto a la difusión de las tesis contrapuestas.

3. Si, en realidad, se dispondrá de recursos públicos para el asunto del TLC, debe establecerse una comisión de representantes de las partes contrapuestas, para posibilitar un empleo racional y equitativo de los recursos públicos que se dispondría para tal efecto. Sería importante que en esta comisión, como testigo calificado, participe la Defensoría de los Habitantes de la República.

Nuevamente, nos vemos en la necesidad de indicar que el empleo de los recursos públicos de todos los y las costarricenses, a favor de una única tesis, en este caso la empresarial, no solamente riñe con la ética como indicamos al inicio de la presente; sino que, lo que hará es enconar los ánimos, incrementar las desconfianzas, aumentar la agresividad verbal, un deterioro de la imagen del gobernante e incitar a la confrontación social abierta y violenta.

Esperamos que la cordura, la justicia social y la sapiencia que dan los años, le posibilite, Sr. Presidente, entender la naturaleza de esta solicitud y emplazamiento respetuoso.

Muy atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Fabio Chaves Castro
Presidente Asociación Sindical de Empleados delInstituto Costarricense de Electricidad (ASDEICE)

Luis Chavarría Vega
Secretario GeneralUnión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (UNDECA)

Rafael Mora Solano
Coordinador Nacional Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos (FENTSEP)
—-
c.: Lic. Ricardo Toledo Carranza, Ministro de la Presidencia.
c.: Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.: Monseñor José Francisco Ulloa, Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica.
c.: Sres. Jefes de Fracción Parlamentaria, Asamblea Legislativa.
c.: Movimiento Social de Costa Rica.
c.: Archivo.

¡NO al TLC!

En las próximas semanas y meses, Costa Rica vivirá, intensamente, una serie de acontecimientos sociopolíticos que, de una manera u otra, marcarán nuestro destino futuro como país. Pero, sin duda alguna, el acontecimiento fundamental será el resultado final del denominado tratado de “libre” comercio, cuyo proceso “negociador” acaba de concluir.

El TLC, desde nuestra perspectiva, representa el asalto final que promueve la propuesta neoliberal de desarrollo, para desarticular, completamente, los elementos de solidaridad que han animado lo que, comúnmente, conocemos como el Estado Social de Derecho; postulados sociales y humanistas inspiradores de la institucionalidad costarricense, desarrollando importantes empresas públicas de alta calidad y rentabilidad y, por ende, largamente codiciadas.

El grupo neoliberal en el poder político y económico de nuestra sociedad, se encuentra desbocado, creyendo que, por fin, le ha llegado la hora de repartirse entre sí, el preciado patrimonio público de la institucionalidad democrática costarricense, que si no representara un buen negocio, no lo pretendieran.

Luego de haber prostituído y corrompido los ideales socialdemócratas del Partido Liberación Nacional (PLN); de la misma forma en que lo ha hecho con la filosofía del humanismo cristiano que, alguna vez, se dijo era la fuente de inspiración del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); tal grupo ha logrado poner a su servicio a, prácticamente, toda la élite del poder institucional establecido.

Como si fuera un único partido, pero con dos corrientes electoralistas internas (PLN-PUSC), el grupo neoliberal de negocios ahora se siente mucho más que fortalecido. Por un lado, ahora tienen a su servicio a un grupo de enfermizos sicarios de la política, constituido por cierta representación parlamentaria adicta al juego de naipes y a las fichas de casinos; por otro, tiene el control absoluto (si es que alguna vez no lo tuvo), del Gobierno de la República, dado que el Presidente Pacheco de la Espriella, terminó adoptando toda la agenda neoliberal y “libertaria” que, alguna vez, hipócritamente, rechazó.

El grupo neoliberal en el poder encontró en la propuesta del TLC, la “fórmula mágica” para resolver, definitivamente, su “problema” con las privatizaciones en Costa Rica; larga y ferozmente resistidas por una ciudadanía activa y militante, hastiada del engaño electoral sistemático; de gobiernos y de políticos que hoy, ardorosamente, se suman al pillaje.

Esto es más claro y evidente si comprobamos los resultados que ya se han venido exponiendo del famoso proceso “negociador” del TLC. Los vendepatrias que nos representaron entregaron, cualitativamente hablando, mucho más que sus homólogos centroamericanos; y a la vez, lo que los estadounidenses nos ofrecieron dar, en nada compensa el valor de la rendición en cuanto a los lucrativos mercados costarricenses de telecomunicaciones, seguros, salud (genéricos) y agua, por ejemplo. (sigue…)

¡Todavía no se repartan nada!. Tenemos enorme confianza y un fundamentado optimismo en el sentido común del costarricense y su percepción crítica de las propuestas y planteamientos de la clase gobernante de los últimos años; considerando que, una vez sí y otra también, la gente ha sido estafada políticamente, con relación a las formulaciones de campaña electoral; lo cual explica el alto y creciente abstencionismo y el surgimiento de opciones distintas.

Esta vez no ha sido la excepción pues el actual mandatario, vergonzosamente, traicionó su ética como gobernante y deshonró su palabra y su firma, en cuanto a las privatizaciones, incluso las que se pretenden por la vía de las “aperturas”.

Patriotismo sobra, afortunadamente, en nuestra querida Costa Rica. La respuesta al salvaje ataque neoliberal, vía TLC, está en las calles. Los que apreciamos el valor real del sistema democrático, sabemos que la democracia es algo más que la circunstancia del ejercicio electoral cuatrienal.

Por el contrario, la democracia es una experiencia fundamental de vida y, en casos como el que nos ocupa, la democracia de la calle tiene sobrada legitimidad como para apelar a su uso. Los ejemplos latinoamericanos recientes lo demuestran y hasta presidentes han caído por traidores a los intereses populares.

El legado del fundador del Instituto Nacional de Seguros (INS), el ilustre Expresidente, don Ricardo Jiménez Oreamuno (cuyo retrato, de manera humillante, colgó en su despacho el mandatario actual); el legado del Dr. Rafael Angel Calderón Guardia, del respetado dirigente social, don Manuel Mora Valverde y del ilustre líder religioso, Monseñor Vïctor Manuel Sanabria Martínez, con la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); el legado de don José Figueres Ferrer, Don Pepe, con la creación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); no serán negociados como una vulgar mercancía, para la satisfacción codiciosa de un grupúsculo económico que ya de por sí acumula enormes fortunas, pero que aún así, no se siente saciado y quiere apropiarse de rentables bienes patrimoniales de la nación, del país, de la sociedad como un todo.

¡Sépanlo bien!. Todavía no se repartan nada. Dejamos constancia de nuestro compromiso público de luchar, incansablemente, con todos los medios a nuestro alcance, por todas las vías posibles, con todas las formas de lucha; para evitar que la plutocracia neoliberal, atosigada de plata y de dineros de dudosa procedencia, en algunos casos; termine por adueñarse, completamente, de Costa Rica; condenándonos a los que somos la inmensa mayoría, al dolor de una vida de exclusión,

San José, 29 de enero de 2004.

FRENTE INTERNO DE TRABAJADORES Y DE TRABAJADORAS
DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (FIT-ICE)
UNION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA CAJA Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL (UNDECA)
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)
FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (FENTSEP)

La Alianza Nacional por la Defensa de la Patria

En la década de los años cuarenta nuestro país dio pasos trascendentales en cuanto a sus conquistas sociales. Fue en ese período que se promulgaron las Garantías Sociales con el Código de Trabajo y la Caja Costarricense de Seguro Social y también se creó la Universidad de Costa Rica. En un segundo impulso reformador, se abolió el ejército, se crearon instituciones estatales que favorecieron un modelo de estado desarrollista que permitió la consolidación del Estado Social de Derecho y transformó positivamente la vida del país en beneficio de las grandes mayorías. Paralelamente, amparado en ese modelo surgió y se desarrolló un sector empresarial que desde entonces y aún hoy, se beneficia de los recursos del Estado.

Como consecuencia de las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), el modelo de estado desarrollista y solidario se empezó a deteriorar a principios de los años ochenta con la imposición de los Programas de Ajuste Estructural, que implicaban el sacrificio del Estado solidario y favorecían la privatización y el desmantelamiento de las instituciones públicas, con una serie de reformas que empezaron a desarmar el régimen de seguridad social y otras conquistas.

En la coyuntura actual, esas políticas se pretenden profundizar con el Tratado de Libre Comercio (TLC), cuya negociación está por concluir entre el gobierno que responde a los intereses neoliberales (que han contribuido a financiar las campañas políticas con donaciones de dudosa procedencia) y Estados Unidos, en condiciones abiertamente desfavorables para los intereses nacionales. El TLC conducirá a una polarización social y económica por cuanto concentrará aún más la riqueza en pocas manos, con grandes segmentos sociales empobrecidos por las políticas de un capitalismo salvaje y depredador que privilegia el capital y el libre mercado sobre el trabajo.

Producto de esa negociación, para favorecer al TLC y a las grandes empresas transnacionales, se impulsa el deterioro de las condiciones laborales en el país afectando los salarios, las pensiones, los beneficios de los trabajadores pactados en instrumentos colectivos, promoviendo los empleos precarios en condiciones paupérrimas, lo que llevará al país hacia la desaparición de las Garantías Sociales. Ese TLC conducirá al desmantelamiento de la institucionalidad, la seguridad social, la calidad de vida de los costarricenses, la salud, la educación y el Estado solidario.

Por las experiencias de otros países como México y Canadá podemos afirmar que este TLC es un acuerdo sumamente agresivo, el cual afecta servicios muy sensibles. En materia de salud pública los precios de los medicamentos se incrementarán poniendo en riesgo la salud de los costarricenses. Igualmente el TLC promueve la privatización de las telecomunicaciones por medio de la apertura del mercado lo cual se traducirá en un incremento inmediato de las tarifas. Lo mismo sucederá con la anunciada apertura de los seguros y de otros servicios esenciales para el desarrollo nacional.

La aprobación de ese TLC se convertiría en el tiro de gracia para nuestros agricultores, pequeños y medianos productores y de algunos empresarios nacionales. La importación de productos agrícolas subsidiados de Estados Unidos significará una amenaza real de desempleo rural y de inestabilidad social sin precedentes en nuestro país tal y como ocurre hoy en México, donde millones de campesinos han tenido que abandonar sus tierras para engrosar la gran masa de desocupados de América Latina.

Por todo lo anterior, el MOVIMIENTO SINDICAL DE COSTA RICA hace un llamado al pueblo costarricense para que cierre filas en defensa del Estado solidario y de las conquistas sociales alcanzadas por nuestro pueblo y de nuestra institucionalidad hoy seriamente amenazada por el TLC, que pretende convertirse en una constitución supranacional que comprometerá a las actuales y futuras generaciones de costarricenses. Cerremos filas en defensa de nuestros agricultores y campesinos, los pequeños y medianos productores, los empresarios nacionales y los derechos laborales como salarios justos, nuestro sistema de pensiones y convenciones colectivas. Le exigimos al gobierno que dé a conocer inmediatamente los textos pactados e igualmente le exigimos a los diputados que no aprueben este TLC negociado en el más absoluto secreto. acemos un llamado a la unidad nacional contra el TLC y a nuestro pueblo a organizarse en los barrios, las comunidades, iglesias, centros educativos y de trabajo para constituir un sólido Frente Nacional en defensa de nuestra Patria y de la soberanía nacional.

Desde ya responsabilizamos al gobierno de Abel Pacheco y los sectores de la derecha por las consecuencias sociales y políticas que se puedan derivar de la firma de ese TLC que hipoteca el futuro de nuestra nación y la somete a las políticas hegemónicas, de dominación y de seguridad de los Estados Unidos, en un vil ejercicio de incondicionalidad y vasallaje.

¡Todos por la defensa de la Patria!

¡Paremos el TLC!

Movimiento Sindical de Costa Rica

Magisterio Nacional

Carta a los Excelentísimos Obispos de la Conferencia Episcopal Costarricense, sugiriéndoles que deberían convocar a las representaciones sociales interesadas en los temas discutidos en el marco de las negociaciones del TLC con EE.UU., para escuchar s

Honorables y respetados señores obispos:

Con profundo respeto les expresamos el más atento de nuestros saludos, a nombre de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP); considerando necesario referirnos a los contenidos de las declaraciones periodísticas que Su Excelencia, Monseñor José Francisco Ulloa Rojas, en su calidad de Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, brindó al periódico Al Día, en la edición de este miércoles 7 de enero del 2004 (página 5), en torno al tema del denominado tratado de “libre” comercio que, desde nuestra perspectiva, se le quiere imponer a nuestra querida Costa Rica.

Tomando en cuenta que hay ocasiones en que las declaraciones periodísticas que se brindan pueden transcribirse o difundirse fuera de contexto, inapropiadamente o direccionadas según la percepción de la realidad que tenga el comunicador que las pide; no debemos ocultar que nos causó desazón, sorpresa e incredulidad, una posición favorable de la Iglesia Católica de Costa Rica, hacia las tesis neoliberales que se vienen promoviendo, en el marco de las negociaciones de ese tratado, en el caso de las denominadas aperturas en telecomunicaciones y seguros, específicamente.

Por supuesto que en el contexto del mundo actual, las relaciones comerciales entre estados son vitales y para el caso de un país pequeño como el nuestro, mucho más aún; lo que no creemos es que sea posible aceptar que se obvien las descomunales diferencias de tamaño entre las economías involucradas en este asunto.

Con profundo respeto, nosotros creemos que las honorables y máximas autoridades eclesiásticas de Costa Rica, no deberían emitir un criterio sobre el tema de las aperturas, sin antes no tener un panorama equilibrado de las visiones contrapuestas que en el país hay al respecto; y, siempre en ese marco de respeto, que sepamos, hasta ahora, no tenemos claro cuáles son los parámetros que han llevado a vuestras autoridades a avalar la tesis neoliberal apuntada.

Desconocemos si vuestras ilustradas autoridades han tenido algún diálogo y/o intercambio de pareceres, con aquellos sectores sociales, como los sindicatos, que mantenemos un criterio distinto al del periódico La Nación, al del Expresidente Oscar Arias Sánchez, al del propio Presidente de la República; para citar tan sólo parte de esa especie de coalición política de signo neoliberal que aboga por el TLC con Estados Unidos de América, en el marco actual en que el mismo está planteado.

Las entidades sociales y laborales representativas de las instituciones públicas hoy amenazadas por la privatización, vía apertura, en el marco de ese TLC, cuentan con una enorme cantidad de información, de estudios, de investigaciones que, demuestran lo pernicioso de entregar ese sensible patrimonio nacional, al voraz apetito de las gigantescas empresas transnacionales estadounidenses; las cuales, más temprano que tarde, harán desaparecer a nuestras hoy todavía rentables empresas públicas; porque, precisamente, donde piden la tal apertura, es precisamente en los ámbitos de acción más rentables de tales empresas.

Es nuestro criterio que sus dignas autoridades, en un espíritu de plena justicia, equidad y de promoción de la paz social, compromisos éstos que no ponemos en duda alguna de parte de la Iglesia Católica costarricense; deberían convocar a las representaciones sociales correspondientes, para escucharlas en torno a este delicado asunto y lograr así una visión amplia del mismo; más allá de la que ciertos medios de comunicación colectiva, de gran poder, pero con evidente sesgo malintencionado y manipulador, han venido difundiendo en torno al tema de las aperturas, para confundir y engañar a nuestro pueblo.

Finalmente, dejamos constancia de nuestro agradecimiento por la especial consideración que se dignen brindar a estas reflexiones, anhelando de vuestra parte algún tipo de respuesta en el menor plazo posible; dejando planteado, formalmente, una solicitud para que sus altas y dignas autoridades eclesiásticas nos concedan una audiencia.

Con toda consideración y reiterándoles nuestro mayor respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto
—-
c.: Medios de Comunicación Colectiva.
c.: Organizaciones del Movimiento Sindical Costarricense.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Archivo.

Carta al Presidente de la República
TLC: Etica política y honra de la palabra empeñada.

Respetable Señor Presidente:

Esperamos que usted se digne a leer, completamente, la presente carta, cuyo texto habrá de llegar a miles de ciudadanos y de ciudadanas de nuestro querido país. Siempre hemos escuchado un fuerte rumor acerca de que el actual Presidente de la República no lee, completamente, los textos sometidos a conocimiento de lo que se supone, es la máxima autoridad ejecutiva del país; rumor que no quisiéramos creer, aunque las varias veces que estuvimos en su despacho, siempre nos llamó la atención la ausencia total de documentos sobre el escritorio presidencial.

El 21 de marzo del año 2002, en el Auditorio del Poder Judicial, durante la campaña electoral para la segunda ronda de las votaciones presidenciales, usted, ante unos cuatrocientos representantes y dirigentes de una amplia variedad de sectores sociales, asumió un compromiso ético y político con relación a las propuestas y planteamientos que se le formularon sobre un amplio abanico de políticas públicas, expresadas en cincuenta y cinco indicadores, en el caso de que usted, como ocurrió, llegara a la Presidencia de la República.

En el documento original que conservamos en nuestro poder, de su puño y letra, Sr. Presidente de la República, usted expresó su total acuerdo con la primera de esas cincuenta y cinco proposiciones, la cual estableció lo siguiente:

¡No a la privatización!, En cualquiera de sus formas: (venta, rompimiento de monopolios, entrega de acciones al capital privado, etc.).

No solamente su firma a este compromiso traicionado quedará constando para la historia, sino que quedó grabada su intervención, en imágenes televisivas, mismas que estarán recorriendo el país, para someterle al análisis popular y escuchar el pensamiento del pueblo, con respecto a que sus gobernantes deshonren su propia firma.

Hoy, como es público y notorio, la realidad política nos indica otra cosa. Usted cambió de parecer. Usted traicionó la confianza, la buena voluntad, el deseo honesto de apoyar su gestión, por parte de un elevado número de personas y de organizaciones, que habíamos pensado en una restauración de la filosofía del humanismo cristiano en una gestión de gobierno.

Usted, Sr. Presidente, adoptó la agenda ideológica neoliberal, tan ardorosamente defendida por el periódico La Nación y, curiosamente, cuando usted aceptó la tesis de las aperturas, dicho medio dejó de lado la serie de publicaciones periodísticas sobre cómo se financió su campaña electoral, Sr. Presidente, lo cual para muchos resultó en uno de los eventos más vergonzosos de la política nacional.

Hoy, usted, en el marco de esa desigual, irracional y altamente pernicioso tratado de “libre” comercio que le están imponiendo a Costa Rica, la alianza de negocios de corte neoliberal que domina a los partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, de la cual usted ya forma parte sustancial; usted se rindió, para decirlo con cierta elegancia y ha decidido entregar a los estadounidenses partes estratégicas del legado histórico del Dr. Rafael Angel Calderón Guardia y de don José Figueres Ferrer.

Por ejemplo, tiene usted idea, cabal y completa, de lo que le ocurrirá a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la máxima obra del gobierno del querido y respetado Dr. Calderón Guardia; dado que en materia de propiedad intelectual, los estadounidenses se salieron con la suya, abriendo el espacio para la destrucción financiera de esta legendaria institución, tan apreciada por el pueblo costarricense y ahora, por la población migrante del exterior que convive con nosotros.

Hoy, cuando prestigios periódicos estadounidenses, como The Wall Street Journal y The Washington Post, se jactan de lo bien que le ha ido al gobierno del Presidente Bush en la mesa de negociación de ese TLC, en contraposición a las migajas vergonzantes que le han dado a los restantes países centroamericanos; usted tiene, Sr. Presidente, una oportunidad histórica única para que se rectifique el camino entreguista, dócil y complaciente que parece ser el destino final del equipo negociador costarricense, de la señora Anabelle González, del señor Alberto Trejos y del propio Gobierno de la República.

Usted, Sr. Presidente, puede, debe y tiene la potestad para ordenar abrir un intenso debate nacional antes de que usted estampe su firma en semejante tratado.

Con todo respeto y para darle el beneficio de la duda, usted debería “liberarse” del esquematismo dogmático y extremista de los neoliberales que controlan su gobierno y escuchar otras visiones nacionales, calificadas, responsables, serias y preocupadas. Ya usted le ha “dado” mucho espacio, poder, credibilidad a la visión neoliberal de desarrollo, a la cual usted le entregó el control del Ministerio de Hacienda, del Banco Central de Costa Rica, el Ministerio de Comercio Exterior, entre otras entidades de enorme impacto estratégico en el desarrollo del país.

El Grupo Nación, el Grupo Sama, Oscar Arias, la cúpula empresarial de UCCAEP, la ANFE, el INCAE, sin hablar de los fantoches libertinos, deben tener para usted un profundo agradecimiento por ese espacio “dado”.

Sin embargo, todos ellos juntos, por más plata que tengan y más poder de influencia con toda la peonada que tienen enquistada en distintas esferas de decisión del Estado; todos ellos juntos, Sr. Presidente, no son el país, son una parte, pero no son el país.

Usted, Sr. Presidente, debería, si quiere ser justo, si quiere rectificar y revertir el riesgo de que su ética política quede mancillada al final de su notable carrera política, social y profesional, por la deshonra que viene haciendo de su palabra empeñada, firmada y grabada.

Usted, Sr. Presidente, debería escuchar otras voces, altamente profesionales, honestas y documentadas, sobre la verdad de lo que está ocurriendo en ese nefasto proceso negociador; personas y entidades muy respetables que están preocupadas no por los negocios, sino por el bien del país.

No nos escuche a nosotros. No nos interesa. Usted bien sabe lo que pensamos y le consta cómo, en determinados momentos, dimos muchas muestras de buena voluntad para con su gestión. Hay calificadas voces, experimentadas organizaciones, que tienen enormes preocupaciones y cuestionamientos acerca de cómo el dúo González-Trejos ha manejado todo este asunto.

Finalmente y para constancia histórica, dejamos constancia por escrito de lo que usted prometió, en Casa Presidencial, con respecto a los textos negociados de ese TLC. Usted le dijo a representantes sociales y productivos de las diversas entidades conformantes del proceso de la Tercera República, que usted daría a conocer, antes de firmar, esos textos negociados.

Esperamos que, al menos, esta palabra la honre. Esperamos que, al menos, quede un poco de decoro presidencial y haga honor al profundo significado moral de una palabra empeñada por la investidura de gobernante.

Finalmente, Sr. Presidente, si usted decidió rendirse, si usted decidió entregar sus principios; afortunadamente para nuestra querida Costa Rica, quedan costarricenses con tanto decoro, honor y moral, que valen más que toda la plata junta de los grupos económicos que hoy controlan su Gobierno.

Ahora bien, en el mejor de los casos, si la especie de chantaje que pudiera implicar para usted, la forma en que se financió su llegada a la Casa Presidencial, lo que le llevó a adoptar la agenda neoliberal promovida por esas personas y grupos mencionados; entonces, ¡libérese!, promueva un equilibrio político-social en esta delicada situación y, asumiendo un real rol de gobernante, de estadista, evite grandes desgarramientos sociales, dolorosos enfrentamientos, incremento de odios y resentimientos que causen irreversibles daños a nuestra institucionalidad.

En todo caso, si usted, Sr. Presidente, como estadista se decide a honrar lo firmado, sepa que hay suficiente músculo social organizado, como para apoyar una gestión de gobierno que retome, con actitud consecuente y no meramente discursiva y demagógica, los principios de la Doctrina Social de la Iglesia Católica que es, como suponemos que usted lo sabe, profundamente humanista; principios que, a todas luces y sin mucho esfuerzo de entendimiento, son contrarios al dogma neoliberal que, lamentablemente, hoy controla, domina y manda en su Gobierno.

Si nos ha leído hasta aquí, sinceramente se lo agradecemos. Si no, no hay forma de saberlo. Pero en todo caso, para tranquilidad de nuestras conciencias, necesitamos que quedara constando por esta vía, todo cuanto hemos afirmado.

Señor Presidente: Un pueblo noble y ansioso, espera su respuesta.

Atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto
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c.:Clase Trabajadora Costarricense.
c.: Honorables señores diputados y señoras diputadas de la Asamblea Legislativa.
c.: Medios de Comunicación Colectiva.
c.: Entidades de los movimientos sociales costarricenses.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Ciudadanos y ciudadanas.
c.: Archivo.

TLC: El supuesto acto «heroico» de los negociadores costarricenses, obliga a una radical y absoluta transparencia de la negociación

Por el contrario, para hacerse acreedores al honor nacional y para disipar la especie que ya empieza a crecer, de que podríamos estar al frente de una acción manipuladora de la sensibilidad nacional en este asunto del TLC; se hace necesario, imprescindible y fundamental, ahora con mucha más razón, que el Gobierno de la República y, particularmente, el COMEX, procedan a:

1. Entregar, con toda transparencia y sin restricciones, los textos de lo que hasta ahora se ha negociado;

2. Indicar, sin eufemismos ni rodeos, sin dobles lenguajes, qué fue lo que pidió Estados Unidos, como para que se diera la negativa de una firma por parte de Costa Rica, en lo que se creía era la finalización del proceso de negociación. Paralelamente, es de obligada ética política que se expliqué la posición asumida por Costa Rica ante cada una de esas exigencias estadounidenses, como para que se hayan “rechazado”.

3. Ya que se dio tal acto “heroico” de no firmar ahora, tampoco firmar nada en enero, sin antes permitirle a la gente conocer cómo, finalmente, quedaría este asunto del TLC; de forma tal que se dé el más amplio debate ciudadano, considerando que lo que se decida impactará a la generación presente y a las futuras, del pueblo costarricense.

Actuar en contrario significaría alimentar la sensación de que podríamos estar al frente de una pérfida maniobra de manipulación, para que cuando en enero próximo se decidan, definitivamente, los asuntos pendientes del TLC; darnos como premio de consolación que se hizo la resistencia debida, pero que dado el poder de la contraparte, hubo que cederle en todo lo que ésta pidió y exigió.

Finalmente queda comprobado: Costa Rica tiene mucho más que perder en este asunto del TLC, que los otros cuatro países centroamericanos, prácticamente anexados ya a los Estados Unidos de América.

San José, 17 de diciembre del 2003.

La histórica obra laboral socialcristiana: ¿destruida en un gobierno «socialcristiano»?
TLC, Convenciones Colectivas y Flexibilidad Laboral

Efectivamente, durante ese período y concretamente en el año 1943, se promulgó la máxima ley laboral del país, el Código de Trabajo. A 60 años de vigencia de esta estratégica legislación social, varios de sus máximos postulados se encuentran amenazados en el Gobierno “socialcristiano” del Presidente Pacheco de la Espriella.

El ataque a los preceptos principales del Código de Trabajo en la etapa actual, tiene una explicación lógica: La imposición del denominado tratado de “libre” comercio entre los países centroamericanos y los Estados Unidos, “obliga” a Costa Rica a bajar el impacto de sus estándares sociales y laborales, considerando que el dogma de la “competitividad” no le permitiría igualdad de condiciones con sus homólogos centroamericanos. Desde tal perspectiva, para el presente Gobierno es imperioso acelerar un proceso de reversión y/o relativización de la normativa actual del Código de Trabajo, expresado en situaciones como las siguientes:

I. Reiterados intentos por eliminar las convenciones

El ataque sistemático, debidamente articulado y feroz contra el sistema de negociación colectiva imperante en una pequeña parte de la actual Administración Pública; descalificando, desprestigiando y satanizando las Convenciones Colectivas de Trabajo.

Luego de varios intentos fallidos ante la propia Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, procurando su abolición total; la nueva estratagema está enfocada hacia minimizar los alcances de tales instrumentos colectivos de trabajo, en la vida cotidiana laboral de las respectivas instituciones donde todavía sobreviven.

Tal ataque, articulado desde poderosos medios de comunicación colectiva, vinculados a la actual estructura de poder en la sociedad, ha tenido su manifestación más reciente en una acción judicial emprendida por la extrema derecha de corte fascista con representación parlamentaria.

Para sorpresa de muchos, la Procuraduría General de la República (el “abogado” del Estado), respaldó en sede constitucional el cuestionamiento indicado; destacándose su respaldo a la tesis extremista de impedir el reconocimiento de cesantía más allá de los ocho años que dicho Cogido de Trabajo consagra.

La Procuraduría General de la República, dependencia del Ministerio de Justicia y Gracia (Gobierno Central) y, por ende, bajo mando directo del Presidente de la República, borra de un porrazo la vieja aspiración socialcristiana de toda una vida, para una cesantía real; sueño que, en parte, cristalizó con la promulgación de la Ley de Protección al Trabajador, que estableció un rompimiento parcial del 3 %.

II. El ataque a la histórica jornada de ocho horas

La actual Asamblea Legislativa tramita un proyecto de ley para “flexibilizar” la histórica jornada de trabajo de ocho horas; transformándola en una de 4 × 3 ó 3 × 4, es decir, cuatro jornadas continuas ó alternas de doce horas cada una, a cambio de tres de descanso; ó a la inversa.

Se quiere darle cobertura legal a una práctica ya establecida aunque de carácter ilegal, por el momento, en varias empresas de maquila electrónica que, como condición para establecerse en el país, demandaron tal cambio.

La denominada flexibilización de la jornada de trabajo, no es más que una exigencia de “competitividad”, según el “libre” comercio que presupone el famoso Tratado de Libre Comercio (TLC). Por un lado, queda eliminada la obligación patronal de pago de horas extra; por otro, se incrementaría un supuesto aumento en la productividad del trabajador pero a un costo mayor de desgasto físico-mental, en detrimento de la salud ocupacional del propio trabajador.

Además, podría generar un desplazamiento de mano de obra femenina pues la doble y hasta triple jornada de la mujer en nuestra sociedad, implicaría un nuevo factor de discriminación de género a la hora de “competir” por un empleo en tales condiciones.

III. La liquidación del derecho de organización sindical

Es claro el objetivo estratégico de la cúpula político-económica, de carácter bipartidista, que ha manejado a Costa Rica en los últimos veinte años, un sueño dorado todavía no realizado: extinguir a los sindicatos en Costa Rica.

La profundización del modelo neoliberal que esta gente quiere imponerle al pueblo costarricense, ahora que se creen fortalecidos con el proceso del famoso TLC, impone la anulación de toda resistencia, especialmente la que provenga de la clase trabajadora.

La nueva fase de explotación de la fuerza de trabajo según el citado tratado, no puede darse el lujo de permitir que una fuerza sindical activa, esté en constante movimiento de denuncia y de movilización.

Si bien es cierto que la represión sindical sistemática, abierta y solapada en el Sector Privado de la economía, ha logrado la casi total extinción del derecho constitucional de libre asociación sindical en las empresas privadas; vencer la resistencia feroz de los sindicatos del Sector Público, a la fase de profundización del ajuste estructural, plantea un reto estratégico para avanzar en la reversión, relativización, anulación de las conquistas laborales que expresa el actual Código de Trabajo.

Precisamente, atacando las Convenciones Colectivas de Trabajo, representa avanzar en la dirección deseada por los actuales sectores dominantes.

Queda claro cuál es la naturaleza del desafío que estamos enfrentando. Luchar es la respuesta.

Diciembre del 2003.

Segunda traición del Presidente Pacheco: Oposición rotunda de la ANEP a la destrucción del INS por «negociaciones»del TLC

Profunda indignación y repulsión nos causa la segunda traición del actual Presidente de la República, Dr. Abel Pacheco de la Espriella, aceptando entregar el mercado de los seguros a cargo del Instituto Nacional de Seguros (INS), a la “competencia” generada por las poderosas transnacionales estadounidenses; en el marco de las “negociaciones” para la eventual suscripción, más bien imposición, de un tratado de “libre” comercio, entre los poderosos Estados Unidos y nuestro pequeño país.

Decimos segunda traición, por cuanto tanto en el primer caso (telecomunicaciones del ICE), como en este del INS, la ANEP tiene un documento, firmado de puño y letra del actual Presidente Pacheco, en el cual se comprometió ante innumerables dirigencias de Sectores Sociales, a que durante su Gobierno no habría ningún tipo de privatización, incluida la que consiste en vía “apertura”.

Ese compromiso ético del entonces candidato presidencial Pacheco de la Espriella, se suscribió en marzo del 2002, en el Auditorio del Poder Judicial, cuando el hoy mandatario, junto a su contendor de la segunda ronda electoral, Ing. Rolando Araya Monge, comparecieron para dar a conocer sus respectivas propuestas de políticas públicas.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), deja constancia para la historia de nuestra oposición rotunda a la entrega, para su destrucción, del legendario Instituto Nacional de Seguros (INS), símbolo de una clase gobernante, hoy lamentablemente extinguida, que supo, en ese momento histórico, 1924, a través del entonces Presidente de la República, Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno, visionar para las generaciones venideras una patria solidaria.

Tenemos entendido que el Presidente Pacheco de la Espriella, tiene en su despacho una foto de ese ilustre exmandatario costarricense, alegando que es para él una permanente fuente de inspiración.

Hoy le decimos a don Abel Pacheco que descuelgue ese retrato de su despacho y que lo arroje al cajón de la basura, tal y como lo hará con la trayectoria y el significado histórico del Instituto Nacional de Seguros (INS), que será devorado por las voraces transnacionales estadounidenses y sus eventuales socios nacionales.

La ANEP renueva su compromiso de lucha en defensa de la institucionalidad costarricense y, específicamente, en el caso del INS, pese a la traición de un grupo de connacionales que, desde posiciones de poder político y económico, pretenden destruir toda la institucionalidad democrática heredada de nuestro Estado Social de Derecho, por unos cuantos dólares más generado por un “libre” comercio que acabará con nuestro perfil de nación.

San José, 5 de diciembre del 2003.

Eco-Centroam-EEUU-TLC, Prev. Cardenal Rodríguez advierte sobre peligros del TLC entre Centroamérica y EEUU.

El cardenal hondureño Oscar Andrés Rodríguez, que integra el grupo de posibles sucesores al papa Juan Pablo II, advirtió este miércoles sobre los peligros que enfrentaría Centroamérica con un TLC con Estados Unidos, si este se convierte “en un mero instrumento de sometimiento económico”.

“Tenemos nuestras dudas sobre el impacto que pudiera tener el TLC, porque sólo se presenta lo positivo y los grandes beneficios” que traería, dijo Rodríguez telefónicamente a la AFP desde la ciudad de Guatemala, donde participa en el Congreso Misionero Americano.

“Estamos preocupados, porque los obispos canadienses nos han dicho de muchas consecuencias negativas que han habido para Canadá” con la entrada en vigor en 1994 del TLC (NAFTA, por sus siglas en inglés) entre Canadá, México y Estados Unidos.

Rodríguez dijo que una de las preocupaciones que tiene la iglesia Católica centroamericana es sobre si el TLC pudiera traer más pobreza y desigualdad a esta región, de 34 millones de habitantes. “Nos preocupa mucho el hecho de que lo único que estamos exportando ahora, hoy por hoy, es migrantes ilegales. El hecho de que no tengamos fuentes de trabajo nos preocupa, y entonces lo que puede ocurrir luego es un exodo masivo”, afirmó.

Rodríguez dijo que si se tratara de un libre comercio en dos vías, quizás el TLC podría traer progreso, pero recordó las prácticas proteccionistas y los subisidios por varios miles de millones de dólares que se realizan en Estados Unidos.

“Simplemente viendo el régimen de proteccionismo para el comercio, el régimen de subsidios, que practicamente ha hecho que la reunión (de la Organización Mundial de Comercio) en Cancún, que había provocado tanta esperanza, se haya quedado en lo mismo, entonces nosotros creemos que el TLC hay que sopesarlo muy profundamente”, señaló.

“Si el libre comercio es solamente para las grandes potencias y nosotros no podremos exportar ni podremos vender con libertad, entonces el TLC será nada mas un instrumento de sometimiento”, agregó.

El cardenal hondureño también cuestionó la actitud asumida por algunas cámaras empresariales y dijo creer que “este es un problema de fondo”.

“Muchas veces los empresarios tienen sus propios intereses, más que ahora también las inversiones se están globalizando en nuestro continente, y en nuestra Centroamerica, y claro (los empresarios) ven ventajas para ganar mucho en poco tiempo, lo que los hace muchas veces perder el horizonte de la gran mayoría que vive en la pobreza y van a seguirse empobreciendo”, dijo.

“De hecho, Centroamérica ha crecido en pobreza”, afirmó, refiriéndose a que cerca de 70% de la población vive en esa condición.

Rodríguez advirtió también sobre el peligro de convulsiones sociales y enfrentamientos de clase si crecen las desigualdades en la región. “De eso no hay duda, ya las convulsiones sociales las estamos viendo en muchos países del continente, en Honduras también a veces hay manifestaciones populares muy violentas”, dijo Rodríguez.

El cardenal finalmente abogó porque los gobiernos pongan a disposición de los ciudadanos y las organizaciones sociales los textos de lo que se ha negociado.

“Eso es lo que debe ocurrir en todos los países. Nosotros también estamos demandando eso, para ver si podemos tener acceso a las sesiones de negociación para conocer verdaderamente todo el trasfondo de esto”, puntualizó.

SAN JOSE, Nov 26 (AFP)

Solicitud de la Defensoría de los Habitantes, dirigida al Señor Alberto Trejos Zúñiga, Ministro de Comercio Exterior, para que facilite los textos de los capítulos ya negociados en el marco de las conversaciones sobre el TLC con EE.UU.

Estimado señor Ministro:

Reciba un saludo. A escasos días de concluir las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio, la Defensoría de los Habitantes considera que existen múltiples aspectos que no se tienen claros en relación con los acuerdos logrados dada la reticencia del Poder Ejecutivo a facilitar los textos de los capítulos ya negociados.

En relación con la información relativa a dichos textos, refiere usted en el oficio N° DM-1068-3 remitido a esta Defensoría, que:

“Hacer públicos los documentos de negociación, impide que el país pueda desarrollar una estrategia de negociación y compromete seriamente los resultados que se puedan lograr”.

Según se indica, tal apreciación fue avalada por la Sala Constitucional al desestimar un recurso interpuesto por el Diputado Gerardo Vargas Leiva, tras considerar razonables los motivos por los que la Administración se negó a facilitar las propuestas presentadas por las partes negociadoras, pues:

“… se trata de una fase preparatoria en la que se están negociando posiciones respecto a los diferentes temas a tratar en el acuerdo que se pretende adoptar.”

No obstante lo anterior, el pronunciamiento de la Sala no se refiere a los capítulos ya negociados, por lo que en criterio de la Defensoría la negativa del Ministro a facilitar dicha información infringe los artículos 27 y 30 de la Constitución Política (relacionados con el derecho de petición ante funcionario público y el derecho de obtener pronta resolución, así como el derecho de acceso a la información administrativa sobre asuntos de interés público), e ignora disposiciones emanadas de la misma Sala Constitucional, tales como las consignadas en el voto Nº 880-90 que señala:

_ “DOS ÚNICAS LIMITACIONES CONTEMPLA EL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA en cuanto a obtener información de los departamentos administrativos: a) que el asunto sobre el que se requiera información sea DE INTERÉS PÚBLICO y b) QUE NO SE TRATE DE SECRETOS DE ESTADO.” (véase en similar sentido los votos n.°s. 249-91, 1655-97y 2002-10574) (El destacado no corresponde al original). _

Está claro que los textos negociados hasta el momento no han sido declarados como secreto de Estado y que la información contenida en ellos es de incuestionable interés público, razones por las que, en atención a los derechos constitucionales antes indicados, la Administración está obligada a facilitar esa información.

En todo caso, el voto N° 2002-07271 del 19 de julio de 2002 emitido por la Sala Constitucional vino a sentar un precedente en relación con la legitimidad de la Defensoría de los Habitantes para requerir información sobre todas aquellas decisiones que puedan afectar los intereses de vastos grupos de población.

En aquella ocasión la Sala declaró con lugar un Recurso de Amparo presentado por la Defensoría en relación con la negativa del Ministro de Hacienda de proporcionar documentación relacionada con una operación de importación de arroz, aduciendo que el artículo 117 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios señala el carácter confidencial de la información que la Administración Tributaria obtiene de los contribuyentes. La Sala resolvió, por el contrario, que:

_ “… la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República, faculta a éste órgano para iniciar, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación que conduzca al esclarecimiento de las actuaciones materiales, de los actos u omisiones de la actividad administrativa del sector público. Y a tal efecto le otorga la potestad de inspeccionar las oficinas públicas, sin previo aviso Y REQUERIR DE ELLAS TODA LA DOCUMENTACIÓN Y LA INFORMACIÓN NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. Por lo tanto, a la Defensoría de los Habitantes no es posible aplicar el artículo 117 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios …”_

Por tanto, dada la legitimidad de la Defensoría de los Habitantes para solicitar toda información que resulte necesaria para el cumplimiento de sus funciones, se le solicita con todo respeto informar sobre lo siguiente:

1. Textos íntegros correspondientes a los asuntos que hayan sido acordados en las anteriores rondas del Tratado de Libre Comercio.

2. En relación con otros aspectos que aún no se tienen claros dada la insuficiencia de la información oficial sobre este importante tema, le agradeceré responder puntualmente a las siguientes interrogantes:

A. Sobre la naturaleza jurídica del Tratado:

  • Se ha comentado que para Estados Unidos el Tratado constituye un “Agreement”, es decir un mero compromiso que puede ser modificado con reformas legales internas mientras para Costa Rica representa un “Tratado Internacional” que como tal tiene preponderancia sobre leyes internas. ¿Es correcta esta apreciación?.

B. obre la Administración del Tratado:

  • ¿Se ha estimado el costo financiero que implica la administración del tratado, así como la fuente de financiamiento?. ¿Cuál es el monto de dicho costo?.

C. Sobre el impacto en la estructura productiva nacional:

  • ¿Se ha identificado cuáles podrían ser los sectores productivos beneficiados y perjudicados por la apertura comercial?. ¿Cuáles son estos sectores en cada caso?
  • ¿Qué medidas se han contemplado para apoyar a los productores que sean desplazados a raíz de la importación de bienes en el escenario de la apertura comercial?.
  • ¿Cuál sería la fuente de financiamiento para atender a dichos sectores desplazados?.
  • ¿Ha evaluado el Poder Ejecutivo los efectos del Tratado sobre las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)? ¿Qué conclusiones se derivan de esa evaluación?.
  • ¿Qué acuerdos se han logrado en relación con la administración de contingentes?
  • En caso de que no se firme el Tratado, ¿ha evaluado el Poder Ejecutivo las consecuencias sobre empresas instaladas en el país que tienen un alto contenido de capital estadounidense y que se han manifestado a favor del acuerdo?. ¿Qué conclusiones se derivan de esa evaluación?.
  • ¿Qué acuerdos se han adoptado en el tema de inversiones y qué efecto tendrán en el país?

D. Sobre el impacto fiscal y social:

  • ¿Ha elaborado el Poder Ejecutivo estudios que permitan fundamentar su respuesta -contenida en el mencionado oficio N° DM-1068-3- en el sentido de que la disminución de aranceles será compensada con una mayor recaudación de impuestos de consumo y ventas, como resultado del tratado comercial? .
  • ¿Ha realizado el Poder Ejecutivo estudios para determinar los efectos de otros tratados comerciales (con Canadá, Chile, México, República Dominicana u otros) sobre la distribución de la riqueza en el país?. ¿Con base en los resultados de tales estudios se ha estimado el impacto que el TLC con Estados Unidos tendrá sobre la distribución de la riqueza en Costa Rica?.

E.Sobre las ventajas derivadas de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe:

  • ¿Han logrado los negociadores centroamericanos conservar los beneficios contenidos en la Iniciativa para la Cuenca del Caribe?
  • Si se han producido modificaciones ¿corresponden a mayores beneficios para nuestro país?, ¿en qué aspectos ha debido ceder Costa Rica a cambio de tales beneficios?

F. Sobre el acceso al mercado centroamericano:

  • ¿Se ha previsto la posible sustitución de productos costarricenses por productos norteamericanos en los países del Istmo uno de nuestros principales mercados en el escenario de la apertura?.
  • ¿Se han realizado proyecciones sobre el posible impacto de dicha situación?
  • ¿Qué medidas de contingencia se han propuesto para revertir las respectivas consecuencias adversas?

G.En relación con productos subsidiados por el fisco estadounidense:

  • ¿Se ha negociado o propuesto en el TLC la importación al país de bienes cuya producción es subsidiada por el fisco estadounidense?.
  • ¿Cuáles son esos bienes?.
  • ¿Qué medidas compensatorias se han previsto en el tratado frente a esa situación?
  • ¿Qué acuerdos se han logrado con respecto a las salvaguardias? ¿Se podrán aplicar salvaguardias para compensar los subsidios a los productores estadounidenses?

H.Sobre el impacto en la balanza comercial y el tipo de cambio:

  • ¿ Qué estudios se han efectuado sobre el impacto del TLC en la balanza comercial de Costa Rica? ¿Cuáles son las conclusiones de esos estudios?.
  • ¿Se ha previsto el efecto que sobre el tipo de cambio puede ejercer un incremento en las importaciones, originado en la disminución de aranceles como resultado del tratado?

I.Sobre proyectos y programas de cooperación:

  • Qué acuerdos se han adoptado en relación con el plan de cooperación para los países centroamericanos que presuntamente se contemplaría en el Tratado?.

Le agradeceré remitir la información soliictada en el plazo de cinco días hábiles, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 7319, Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República.

De usted con toda consideración,

Max Alberto Esquivel Faerron
Defensor de los Habitantes en Funciones