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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), respalda, de manera rotunda, el movimiento de paro de labores que este lunes 12 de mayo, efectuarán los trabajadores y las trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); contra la nueva ofensiva de los neoliberales del Gobierno del Presidente Pacheco, por acabar con este estratégico patrimonio nacional, vía el estrangulamiento financiero.

La estratagema del trío neoliberal (el verdadero poder dentro del actual Gobierno), compuesto por Ronulfo Jiménez, Francisco de Paula Gutiérrez y Jorge Walter Bolaños; es clara: ahogar financieramente al ICE, debilitarlo al máximo, paralizar sus proyectos y restarle apoyo ciudadano, y así allanar el camino para introducir en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC), con los Estados Unidos, la apertura del mercado de telecomunicaciones.

La ANEP respaldará esta nueva fase de la lucha por la defensa del ICE, y desde ya está girando instrucciones a sus bases y estructuras multisectoriales e interinstitucionales, para que estén listas a entrar en acción.

San José, 10 de mayo del 2003.

250 mil colones pagará cada costarricense ¡Mil Millones de colones cuesta el Proceso del TLC! El Ministro de Hacienda, Jorge Wálter Bolaños Rojas, solicitó a la cartera de MIDEPLAN (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica), una transferencia por la cantidad de C. 1.000.000.000.oo (MIL MILLONES DE COLONES), “…para ayudar al proceso que está llevando a cabo el Ministro de Comercio Exterior, señor Alberto Trejos, relativo al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos”. Así consta en el Oficio DM-292, fechado 17 de febrero de 2003, enviado por el citado jerarca al Lic. Jorge Polinaris Vargas, Viceministro de MIDEPLAN, documento puesto en conocimiento de la ANEP. Los dineros serían tomados de los fondos de preinversión, constituidos por un Contrato de Préstamo, No. 569/OC-CR, del Gobierno de Costa Rica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); préstamo que fuera aprobado por la Asamblea Legislativa, según Ley de la República No. 7376, del 23 de febrero de 1994, por un total de 6 millones de dólares. MIL MILLONES DE COLONES significa que, en una población de 4 millones de personas, a cada costarricense (hombre, mujer, niño, niña), el proceso del TLC le costará 250 mil colones; pues esa escandalosa cantidad de dinero debe pagarse a la entidad bancaria que la presta. Resulta imperioso que el Ministro de Comercio Exterior, don Alberto Trejos, explique las razones de que el proceso del TLC alcance MIL MILLONES DE COLONES, suma escandalosa si la analizamos a la luz de los lamentos cotidianos del actual Gobierno por el asunto fiscal del país. Debe rendirse cuentas plenas del porqué tan escandalosa erogación, si el Ministerio de Comercio Exterior cuenta con un equipo numeroso de negociadores comerciales, de alta experticia, a quienes se les paga salarios significativos con cargo al Presupuesto Nacional. Téngase presente que para el presente año 2003, la planilla del COMEX está cercana a los 500 millones de colones. Tal rendición de cuentas debe indicar, por ejemplo, si de esa suma tan grande se pagan consultorías, por ejemplo, por qué razones y a qué entidades, empresas y/o personas. Es fin, la ciudadanía debe saber a qué manos llegará tanta plata por el TLC. Por otra parte, para los entendidos en la materia, estaríamos al frente de un destino irregular de los fondos provenientes de dicho empréstito, pues se emplean para fines distintos de los que dictaminó la Asamblea Legislativa al aprobar dicho empréstito. Otra situación grave es que esa transferencia de MIL MILLONES DE COLONES no será reembolsable al fondo de preinversión correspondiente, lo cual afectaría proyectos que sí tendrían respaldo financiero con esos dineros. Por ejemplo, estaríamos hablando de que podrían verse entorpecido el financiamiento de los estudios de catastro y de planes reguladores en los gobiernos locales. Finalmente, ANEP se encuentra preparando la debida documentación en su poder, para trasladar esta denuncia a la Contraloría General de la República y a la Defensoría de los Habitantes de la República. Igualmente, emplazaremos a la Asamblea Legislativa para que ésta se pronuncie. Deseamos determinar no solamente la legalidad de tal transferencia de fondos, sino la propiedad y la racionalidad del destino que se ha indicado, cual es, “ayudar al proceso que está llevando a cabo el Ministro de Comercio Exterior, señor Alberto Trejos, relativo al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos”.

San José, 7 de mayo del 2003.

Así consta en el Oficio DM-292, fechado 17 de febrero de 2003, enviado por el citado jerarca al Lic. Jorge Polinaris Vargas, Viceministro de MIDEPLAN, documento puesto en conocimiento de la ANEP.

Los dineros serían tomados de los fondos de preinversión, constituidos por un Contrato de Préstamo, No. 569/OC-CR, del Gobierno de Costa Rica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); préstamo que fuera aprobado por la Asamblea Legislativa, según Ley de la República No. 7376, del 23 de febrero de 1994, por un total de 6 millones de dólares.

MIL MILLONES DE COLONES significa que, en una población de 4 millones de personas, a cada costarricense (hombre, mujer, niño, niña), el proceso del TLC le costará 250 colones; pues esa escandalosa cantidad de dinero debe pagarse a la entidad bancaria que la presta.

Resulta imperioso que el Ministro de Comercio Exterior, don Alberto Trejos, explique las razones de que el proceso del TLC alcance MIL MILLONES DE COLONES, suma escandalosa si la analizamos a la luz de los lamentos cotidianos del actual Gobierno por el asunto fiscal del país.

Debe rendirse cuentas plenas del porqué tan escandalosa erogación, si el Ministerio de Comercio Exterior cuenta con un equipo numeroso de negociadores comerciales, de alta experticia, a quienes se les paga salarios significativos con cargo al Presupuesto Nacional. Téngase presente que para el presente año 2003, la planilla del COMEX está cercana a los 500 millones de colones.

Tal rendición de cuentas debe indicar, por ejemplo, si de esa suma tan grande se pagan consultorías, por ejemplo, por qué razones y a qué entidades, empresas y/o personas. Es fin, la ciudadanía debe saber a qué manos llegará tanta plata por el TLC.

Por otra parte, para los entendidos en la materia, estaríamos al frente de un destino irregular de los fondos provenientes de dicho empréstito, pues se emplean para fines distintos de los que dictaminó la Asamblea Legislativa al aprobar dicho empréstito.

Otra situación grave es que esa transferencia de MIL MILLONES DE COLONES no será reembolsable al fondo de preinversión correspondiente, lo cual afectaría proyectos que sí tendrían respaldo financiero con esos dineros. Por ejemplo, estaríamos hablando de que podrían verse entorpecido el financiamiento de los estudios de catastro y de planes reguladores en los gobiernos locales.

Finalmente, ANEP se encuentra preparando la debida documentación en su poder, para trasladar esta denuncia a la Contraloría General de la República y a la Defensoría de los Habitantes de la República. Igualmente, emplazaremos a la Asamblea Legislativa para que ésta se pronuncie. Deseamos determinar no solamente la legalidad de tal transferencia de fondos, sino la propiedad y la racionalidad del destino que se ha indicado, cual es, “ayudar al proceso que está llevando a cabo el Ministro de Comercio Exterior, señor Alberto Trejos, relativo al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos”.

San José, 7 de mayo del 2003.

1 – Los sectores neoliberales del gran poder económico y financiero de nuestro país, representados en las cúpulas de los partidos Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional, no descansan en su intención de profundizar el modelo de desarrollo excluyente y concentrador de riqueza que le han venido imponiendo al país.

2 – A partir del rudo golpe que recibieran con los procesos electorales del año 2002, pretenden desarrollar una nueva ofensiva hacia la privatización, ahora que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia les dio el “regalo” de la reelección presidencial.

3 – Se sienten fortalecidos luego de haber logrado el golpe de Estado técnico del Poder Judicial contra el Poder Legislativo, con la instauración inducida de la reelección presidencial; en medio de la más descarada campaña periodística y publicitaria al respecto, promovida por el Grupo Nación y otros círculos de la derecha neoliberal.

4 – Como es bien sabido, este proceso ha estado dirigido al relanzamiento electoral del Dr. Oscar Arias Sánchez, figura sobre la que se está dando la recomposición de la derecha política del país.

5 – Como indicamos, ésta había quedado muy golpeada luego de los históricos acontecimientos del combo ICE y de los resultados de los procesos electorales del año 2002; procesos que determinaron, de alguna manera, el quiebre bipartidista y la fragmentación parlamentaria, necesitándose una segunda vuelta electoral presidencial y generándose un alto abstencionismo (sobre todo muy impresionante en las elecciones municipales).

6 – La pretensión para remozar el desprestigiado sistema bipartidista tiene como uno de sus elementos centrales, el apoyo de los hermanos Arias Sánchez al Gobierno de don Abel Pacheco y de la Unidad Social Cristiana. Se perfila una especie de cogobierno para darle nuevos aires al errático rumbo neoliberal del país.

7 – Sin embargo, se ocupa algo más que darle oxígeno al Poder Ejecutivo, en momentos en los cuales empieza a ser evidente la pérdida de popularidad y de credibilidad del actual gobernante; pese a la asesoría y al respaldo político que le han venido dando los hermanos Arias Sánchez.

8 – Hay quienes pensaron que el Partido Liberación Nacional (PLN), se recompondría a partir de la recuperación de sus valores originarios, relanzando una propuesta socialdemócrata renovada pero respetuosa de la herencia de equidad y de solidaridad que le caracterizó hasta que se pasó al neoliberalismo.

9 – Sin embargo, parece que está reafirmando su compromiso con la filosofía neoliberal y su próximo candidato presidencial será el de esos poderosos grupos económicos de la derecha neoliberal costarricense.

10 – Vistas así las cosas y ante el cogobierno que ya parece realidad, para tales grupos se hace necesario e imprescindible, en consecuencia, la retoma del control bipartidista de la Asamblea Legislativa; que, por cierto, el marasmo y la pasividad exhibida frente a su anulación política en el caso de la reelección presidencial, nos ha dejado perplejos.

11 – Es en este nuevo marco de circunstancias que se pretende modificar el reglamento legislativo. Desde los sectores sociales no podemos tener otra perspectiva más que ésta: Está en desarrollo una nueva ofensiva neoliberal para garantizar los votos necesarios de las más acariciadas tesis de privatización, reformas financieras y libre comercio.

12 – Esto sería mucho mejor si todo puede salir de un solo tiro, a propósito del tratado de “libre comercio” entre Costa Rica, los otros países centroamericanos y los Estados Unidos de América, ahora que los deseos hegemónicos de esta potencia por el control imperialista del mundo, son más que evidentes; de lo cual, por ejemplo, dan fe los niños iraquíes, masacrados y mutilados, con el aval del propio Presidente Pacheco de la Espriella.

13 – A la vez y en este nuevo marco de condiciones, es de esperar que la revolución tributaria que ocupa Costa Rica, para lograr que el gran capital pague lo que debe, no tenga “ambiente”; dados los grandes intereses económicos y financieros potencialmente afectados y que se han conjuntado en torno a la cuestión de la reelección.

14 – De la misma forma, pueden esperarse enormes dificultades y fuertes obstáculos para dar paso a la ley de fortalecimiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Producto de maniobras políticas oscuras se introdujo en la Comisión Mixta que tendrá que analizar la legislación para fortalecerlo, representaciones espúreas, verdaderas infiltraciones de los intereses neoliberales privatizadores, aliados estratégicos del bipartidismo que hoy pretende remozarse.

15 – Argumentar que por culpa del reglamento legislativo el parlamento costarricense no funciona, es una tesis inexacta y falaz; además de que conlleva un sesgo autoritario que puede conducir a situaciones sociales explosivas que en nada benefician al país.

16 – Las representaciones parlamentarias minoritarias, así como el amplio abanico de organizaciones de la sociedad civil, corren el riesgo de ser marginadas, excluidas, burladas; es decir, quedar en total estado de indefensión. No es posible, por tanto, pretender reformas al reglamento legislativo como acuerdo cuasisecreto de cúpulas parlamentarias, a espaldas de la ciudadanía.

17 – En consecuencia, para los sectores sociales, las propuestas de reforma al reglamento legislativo forman parte de la nueva estrategia neoliberal, a partir de lo que empieza a visualizarse como el cogobierno del Presidente Pacheco y los neoliberales hermanos Arias Sánchez, con el aval de las cúpulas del tradicional bipartidismo.

18 – Estas han encontrado en la reelección presidencial una oportunidad para remozarse, retomando el control político de las grandes decisiones nacionales, dándole la espalda a las demandas de cambios de forma y de fondo sobre cómo decidir las grandes cuestiones del país.

19 – Para los sectores sociales costarricenses, lo que le está pasando a la actual Asamblea Legislativa resulta alarmante. La aplanadora neoliberal, atascada por la férrea resistencia cívica de un pueblo que se niega a perder su particular identidad y su sistema social de bienestar, ha sido aceitada por la Sala IV con la reelección presidencial y el cogobierno PLN-PUSC que se avecina.

20 – No estamos dispuestos a permitir un parlamento como entidad tramitadora de legitimidad formal para los proyectos más anhelados de la derecha neoliberal: privatizaciones, reformas financieras, “libre comercio”.

21 – Otra vez queda certificada la validez de la movilización social para frenar la nueva intentona en desarrollo. Afortunadamente, la articulación organizativa del poderoso abanico de sociedad civil contraria a la neoliberalización total del país, está ya en movimiento para entrar en acción.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

Jorge Arguedas Mora
Coordinador General FIT-ICE

Rafael Mora Solano
Coordinador Nacional Federación

30 de abril del 2003.

Entre las motivaciones centrales de la convocatoria que se está haciendo al pueblo trabajador para su participación en el histórico y tradicional desfile de este Jueves 1 de mayo, destacan:

· – Restablecer la Dignidad Nacional ante las naciones del mundo, a raíz de la posición a favor de la guerra asumida por el Presidente de la República, don Abel Pacheco.

· – Demanda por un aumento salarial justo de cara a las negociaciones venidas de los sectores Público y Privado.

· – Defensa y mejora del sistema de pensiones de los y de las costarricenses, reafirmando una oposición rotunda para que se eleve la edad de jubilación a los 65 años, incremento de las cuotas y la reducción de los beneficios del sistema.

· – Demandar una urgente revolución tributaria para que el gran capital tribute lo que debe y no evada sus responsabilidades, de forma tal que se detenga el abusivo proceso de concentración de la riqueza que estamos viviendo.

· – Contra un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, que prácticamente nos anexiona a ese país; de forma tal que se protejan las empresas públicas (ICE, INS, Bancos, CCSS); nuestros agricultores, la preservación del ambiente y contra la abusiva explotación laboral.

Además, habrá una destacada participación de varias organizaciones que luchan a favor de la paz y contra la guerra, todas las cuales desean hacer énfasis en la tradición civilista del pueblo costarricense y contra la errática posición del gobierno del Presidente Pacheco, de “hacer lo mismo que hace el Sr. Bush”.

En conferencia de prensa próxima de todas las agrupaciones se ampliarán sobre la histórica celebración de la clase trabajadora.

San José, 24 de abril del 2003.

Casi el 80 % de los y de las costarricenses, según encuesta de la firma Demoscopía, califica la gestión presidencial de regular a pésima; sin dejar de lado que la caída en la imagen de Don Abel se viene dando, muy rápidamente, desde agosto del año anterior.

Lo anterior no deja ninguna duda. Las últimas decisiones de Don Abel y su equipo económico han marcado un camino plagado de equivocaciones, que ha confrontado el sentir popular de la mayoría de la ciudadanía costarricense, particularmente la compuesta por la clase trabajadora.

Una política salarial restrictiva, tanto para los trabajadores del Sector Privado como para los trabajadores del Sector Público, ha traído un enorme descontento entre la población asalariada; la cual, día con día, lucha contra un crecimiento desmedido en el costo de la vida, particularmente en bienes y servicios básicos.

Por otra parte, el pueblo le está cobrando al Presidente Pacheco el golpe dado al espíritu civilista y pacifista del ciudadano costarricense, por haber apoyado la genocida acción bélica de los Estados Unidos y sus aliados contra el pueblo iraquí; invasión militar violatoria de todas las normas internacionales y que pisoteó el papel de las Naciones Unidas.

Tampoco el señor Presidente Pacheco ha podido mantener coherencia entre lo dicho y prometido en campaña, con lo actuado y cumplido hasta el momento, en uno de esos temas más explosivos para el país: las privatizaciones y aperturas de los monopolios públicos.

Don Abel dijo no querer nada con tales tesis neoliberales, sin embargo ha venido en los últimos días cambiando su dicho, acomodándose a los intereses de los grandes grupos económicos y financieros de enorme poder político, que impulsan en el marco del tratado comercial con los Estados Unidos, una apertura y privatización de actividades claves como las telecomunicaciones, la banca y los seguros.

Se impone un estratégico cambio de rumbo en el Gobierno del Presidente Pacheco. Caso contrario, la confrontación social está a la vuelta de la esquina.

San José, 22 de abril del 2003.

Dichos sectores, matriculados hasta el tuétano con la ideología neoliberal en su versión más fundamentalista, creen haber encontrado la varita mágica que les traerá su más ansiado sueño: el negocio de la privatización de las más rentables empresas públicas que ha tenido el país hasta hoy día.

Ha ocurrido un dramático cambio institucional en el juego democrático que hasta ahora ha tenido validez en Costa Rica. Un verdadero golpe de Estado técnico se la ha dado a la Asamblea Legislativa.

La facultad soberana del pueblo, depositada en el parlamento, se ha traspasado a la esfera judicial. Las presiones políticas fueron tan descaradas, que el máximo tribunal constitucional de la República, la Sala IV, tuvo dos posiciones diametralmente distintas sobre el mismo tema, en un período corto de tiempo.

Al final, se han salido con la suya quienes hasta el día de hoy han visto frenadas sus aspiraciones para una neoliberalización completa de nuestra vida republicana.

El parlamento costarricense, ya de por sí bastante golpeado en su credibilidad ante la ciudadanía, tanto por razones objetivas como por otras mal intencionadas; ha quedado relegado. Su papel se verá disminuido de ahora en adelante porque, lamentablemente, ante este atropello a su institucionalidad y a su legitimidad, no se reaccionó de conformidad a la intensidad del golpe recibido.

Desde la perspectiva de los sectores sociales, la reelección presidencial no es el problema. Lo que ha quedado en evidencia es el surgimiento de un suprapoder cuya independencia e incidencia nos pone a las puertas de quiebres institucionales radicales, que podrían dejar en gran estado de indefensión a importantes sectores de la sociedad costarricense.

La verdadera opinión del pueblo costarricense al respecto está por verse. No es posible confiar a ciegas en las encuestas que se hicieron al respecto en su momento, con la obvia intención de incidir en la dirección del fallo constitucional que hoy comentamos.

Curioso es constatar otros procesos de medición de la opinión de la gente en el tema y llama la atención, por ejemplo, la encuesta de Telenoticias de Canal 7, por el sistema de internet; la cual, al día miércoles 9 de abril, planteaba un 68.06 % de opiniones contrarias a dicha sentencia judicial. (Ver al dorso información atinente).

Con todo respeto para los honorables señores diputados y señoras diputadas, es nuestra opinión que la actual Asamblea Legislativa ha exhibido un marasmo impresionante en toda esta situación.

La verdad es que, a fin de cuentas, el pueblo, sabiamente, sabrá encontrar las respuestas necesarias en el momento propicio.

San José, 10 de abril del 2003.

La pretensión del Gobierno de los Estados Unidos para que Costa Rica, en el marco del denominado tratado de “libre” comercio (TLC), entregue su mercado de telecomunicaciones, representa, sencillamente, una provocación de consecuencias insospechadas para una ciudadanía como la costarricense; la cual, abrumadoramente, se ha expresado contra la privatización de empresas públicas, en todas sus formas, incluidas las famosas “aperturas”.

Precisamente, hace tres años, en los meses de marzo y abril del 2000, Costa Rica, a lo largo y a lo ancho del país, en una especie de referéndum callejero, anunció al mundo su rechazo tajante a la propuesta neoliberal para la entrega, venta y privatización del mayor patrimonio público que poseemos como nación: el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

A pesar del discurso oficialista de que el tema de las telecomunicaciones no es negociable en el marco del TLC de la América Central con los Estados Unidos, desconfiamos de la palabra del Gobierno de la República al respecto; y, desde ya, estamos preparados para enfrentar esta nueva ofensiva privatizadora que pretende, vía el mal llamado “libre” comercio, quedarse con las empresas públicas más rentables de los costarricenses, como lo es el ICE.

A los sectores sociales costarricenses, en sus distintas manifestaciones organizativas, no nos toma por sorpresa las pretensiones de los estadounidenses y sus socios nacionales. Anunciamos desde ya gigantescas jornadas de lucha cívica, superiores a las del combo ICE, para impedir que al patrimonio nacional sea entregado de tan vil forma, escudándose en un TLC altamente perjudicial para los intereses nacionales. El barril de pólvora está listo para explotar.

San José, 1 de abril del 2003.