En el proceso cabe destacar los siguientes aspectos:
1. La Voluntad Legislativa. El legislador siempre ha tenido voluntad desde la fundación del Parque Manuel Antonio de dotarlo de los recursos para su ”desarrollo y consolidación”, la cual quedó expresada en el artículo tercero de la ley 5100, y en la modificación de ésta en dos oportunidades a través de la leyes 7793 en 1998 y la ley 8133 en el 2001. Estos logros legislativos podrían desaparecer de aprobarse el proyecto de ley expediente Nº 17.211, que está en trámite en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, el cual pretende eliminar la Junta Directiva y el Fideicomiso del Parque Nacional Manuel Antonio. La intervención oportuna y coordinada de los sectores locales, permitió mantener la Junta; pero sigue existiendo la amenaza sobre los recursos del fideicomiso del PNMA, provenientes de sus ingresos. De aprobarse el texto referido al financiamiento de áreas Protegidas Estatales la totalidad de los ingresos del Parque Nacional Manuel Antonio pasarían a formar parte de un fideicomiso único administrado nuevamente por SINAC a nivel Central.
2. Omisiones del Ejecutivo. La vida del PNMA ha estado caracterizada por omisiones, incumplimientos de las funciones propias y excesos del ejecutivo que han atentado contra su estabilidad, y que han sido resueltas a favor del Parque por la Sala Constitucional. Entre esas omisiones señalamos las siguientes:
a. No se han aplicado los mandatos de ley desde su fundación, relacionados con el destino de los recursos que le corresponden al Parque para su desarrollo, consolidación, operación y establecimiento (artic. 3 de la ley 5100, modificado por el artíc.1 de la ley 8133). Este incumplimiento constitucional, resuelto, en forma parcial, por la Sala IV, en la Sentencia No. 2009-011959 del 01 de julio del 2009, fallo que ordena aportar de inmediato el 50% de los ingresos del PNMA de años anteriores, al Fideicomiso del Parque Nacional Manuel y que deben destinarse al pago de tierras.
b. Decisión ejecutiva de segregar terrenos dentro del PNMA mediante el decreto No.25701 (¿inconstitucional?) de enero de1997; ante este decreto la reacción local y legislativa se plasmó en la Ley 7793, que estableció el Fideicomiso y el posterior desacato a esta ley, que a su vez generó la ley 8133en el 2001.
c. Incumplimiento, entre otras, de funciones propias del ejecutivo, que han propiciado disposiciones de la Sala IV como la del voto 4495-03, que ordena al Ministro de Seguridad: “que de inmediato gestione los trámites necesarios para que brinde al Ministerio de Ambiente y Energía la colaboración que requiere, a efecto de ejecutar coordinadamente el desalojo de las personas que ocupan en precario la Playa El Rey, dentro del Parque Nacional Manuel Antonio.”
3. La Defensa local del Parque. La defensa realizada por los sectores locales y nacionales del PNMA, concretizadas en su Creación y la reacción a diferentes acciones contrarias a la consolidación del mismo; entre las que destacan la segregación de terrenos, la ampliación del PNMA hasta el Portalón, la gestión en primera instancia de la ley 7793 que crea el Fideicomiso y posteriormente de la ley 8133 (que reafirmó el destino de los recursos de ingreso del Parque y creó la Junta Directiva del Parque), así como la intervención firme y decidida en hacer cumplir esta ley en los últimos años, lo que ha permitido el pago del 97% de las tierras, que durante 33 años no habían sido canceladas a sus propietarios. Sin embargo, no se tiene el mismo avance en el desarrollo y operación del parque, como se evidencia a continuación.
4. El crecimiento de la visitación sin inversión. La inversión en infraestructura, logística y recursos humanos, fue casi nula, pese a que el PNMA pasó de una visitación de 20 000 personas en 1980 a 270 000 en el 2008, y que el área continental pasó de 460 has en 1981 hasta cerca de 2100 has en la actualidad, a lo que hay que sumarle 50000 has marinas que prácticamente no se atienden. La falta de inversión llegó al punto crítico con la orden Sanitaria orden sanitaria Nº ARSA-JVC-01-2009 emitida por el Ministerio de Salud, en febrero del 2009.que ordeno solventar, entre otras irregularidades, la contaminación producida por las aguas negras y servidas dentro del Parque Situación actual y retos:
Producto de la crítica situación y después de múltiples gestiones se están ejecutando ¢160 millones aportados por el Instituto Costarricense de Turismo y se han presupuestado y aprobado ¢700 millones por parte del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), para infraestructura en el Sector de Manuel Antonio, quedando por asumir las necesidades propias del Sector Playa El Rey. Este aporte de MINAET, de ejecutarse, representa un 20% de los recursos que deberían haberse invertido para desarrollo y operación del Parque, desde la aprobación de la ley7793 en 1998.
Queda en la agenda de los diferentes sectores de la sociedad local y nacional, el continuar la lucha por la consolidación y desarrollo del Parque Nacional Manuel Antonio que tantos beneficios ha aportado a la zona y al país en general, y mantener los logros de la ley 5100 y sus reformas, expresión de la voluntad de los legisladores que siempre le dotaron de los recursos para su establecimiento, desarrollo, operación y consolidación.
*Presidente Junta Directiva del Parque Nacional Manuel Antonio matteyjo@ costarricense. cr
ALAIAMLATINA, 09/012/2009.- Aunque cada vez es más difícil prever resultados, se sabe que la llegada entre los tres candidatos con posibilidades ciertas será estrecha y que todo se dirimirá en el balotaje.
Tras la elección, la política debiera cambiar rumbos y renovarse. La interminable “transición a la democracia” le cambió la médula a los partidos, convirtiéndolos, de la mano del Departamento de Estado norteamericano y la socialdemocracia europea, en fieles administradores de la herencia pinochetista. Por su parte, la ciudadanía sometida a una permanente erosión ideológica y cultural es manejada a su antojo por los grupos económicos a través de los medios de comunicación. No existe la más mínima voluntad política para acabar con los amarres que impiden la plena democracia, como la Constitución de 1980, aún vigente.
La política se oligarquiza: una casta comparte privilegios. Hay un inmenso abismo entre el pueblo y la política, que se ha convertido en un espectáculo publicitario donde importa más el marketing que las ideas o propuestas de país.
La derecha está a un paso de ganar la presidencia, lo único que aún no controla. Ha estado a punto de ganar las dos últimas elecciones presidenciales gracias a la descomposición oficialista y a decenas de millones de dólares aportados por los empresarios para las campañas. Sin embargo, este 13 de diciembre puede fragmentarse el actual modelo y romperse el “empate técnico” entre oficialismo y oposición, que en la práctica cogobiernan.
Chile se derechiza mientras Latinoamérica vive una corriente progresista. Para algunos, puede que tras la elección se vuelva a los “tres tercios”: derecha, centro e izquierda.
La franja de TV y la propaganda callejera se centran en las apariencias y peleas mediáticas. No hay ideas de fondo. Entusiasma solo a profesionales del marketing. Además, los candidatos están muy por debajo del apoyo que exhibe, a poco de dejar su mandato, la presidenta Bachelet, a quien los chilenos sienten “cercana”. Su patrimonio político puede ser determinante. En un eventual gobierno derechista, Bachelet podría agrupar a la “oposición”.
“Todos los que rodean a Piñera son herederos de Pinochet”, dijo el ex presidente Ricardo Lagos. En su gobierno, la brecha económica aumentó y los empresarios lo alabaron como un a un faraón. Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el candidato oficialista, lleva ventaja sobre Marco Enríquez-Ominami (MEO), quien se ha convertido en la sorpresa y piedra en el zapato del oficialismo. Ventaja que se sigue acortando y que hoy es completamente incierta. Ante la falta de grandes proyectos una mínima audacia podría ser determinante. Los votos en disputa no son más del 5% del padrón electoral, y hay un 15% de indecisos.
Aunque Frei es “más de lo mismo” se dice que es factor de unidad para “frenar a la derecha”. MEO ha dicho que “gobernará con los más capaces” y representaría un “cambio generacional”. Su ventaja es que podría dar un golpe al corazón del modelo: el consenso bipartido-binominal que encarna la Concertación y la Alianza, y que ha cogobernado Chile los últimos 20 años.
Sebastián Piñera profundizaría el neoliberalismo sin tocar el sistema tributario ni regular los mercados. Será otro “privatizador”, quizá el peor. Arrate, el candidato comunista, no tiene ninguna posibilidad, solo pretende acrecentar un capital de votos para traspasarlo a Frei a cambio de prebendas para la izquierda extraparlamentaria, que podría dejar de serlo, eligiendo uno o dos diputados.
Sobre temas de fondo, nada o casi nada. Frei dice “Estado y más Estado”, pero en su gobierno privatizó el agua, los puertos, etc., etc. Ningún candidato responde a las demandas mapuches, a una salida al mar para Bolivia, a renacionalizar el cobre o acabar con las AFPs, o instalar de una vez por todas una Asamblea Constituyente.
Frei habla de “paridad de género” en su “futuro gobierno”, no solo en ministerios sino en toda la administración. Durante su mandato sólo hubo tres mujeres en el gabinete. Mientras empleados públicos, profesores e indígenas exigían que sus demandas fueran atendidas, Piñera prometía que en su gobierno pagaría la “deuda histórica” de los profesores, que se arrastra desde 1981, en plena dictadura. Sus colaboradores, partidarios de Pinochet, fueron quienes respaldaron el origen de esa deuda.
Dos millones de electores no participarán y a eso se suma el porcentaje de votos nulos y blancos. Quien sea elegido realmente no reunirá más de un 30% de adhesión. Más de dos millones de chilenos menores de 30 años no se inscribieron.
El electorado suma 8.285.186 personas. Desde el Plebiscito del 5 de octubre de 1988, solo se han sumado 850.000 electores. De continuar la tendencia se evidenciará aún más la “crisis de representatividad”. Apenas el 9,2% de los electores tiene entre 18 y 30 años. En 1988, ese rango era del 36%. Envejece el electorado. El 46,4% de quienes votarán tienen más de 50 años. El Servicio Electoral señala que del total de nuevos inscritos, 159.447 son jóvenes. Del total de votantes un 47,4% son hombres y un 52,6%, mujeres. Crece la tendencia a la baja inscripción. La Región Metropolitana concentra el mayor número de votantes: 37,4%. De actualizar el sistema de inscripción, que data de 1925, o de la ley de voto voluntario ya nadie habla.
Más limitada aún es la representatividad de senadores y diputados, por la vigencia del binominal. En los resultados de la elección influirán millonarios gastos en propaganda, sondeos y encuestas, y la cobertura mediática. Se mantienen denuncias de “intervencionismo electoral” gubernamental.
Aunque se estancó el voto por Piñera, cualquier pronóstico es arriesgado. La elección será muy estrecha. El miedo a perder se instaló en la derecha y en la Concertación. En la franja de propaganda las ideas fuerza son: “Que no haya miedo a votar por un candidato joven”, en el caso de MEO; “Piñera: Una nueva forma de gobernar”; “Frei, vamos a vivir mejor”, y “Somos la izquierda”, con Arrate. Se dice que será la competencia electoral más reñida de la historia. A nivel parlamentario debuta el pacto Concertación-Comunistas.
La presidenta Bachelet posee un 80% de aprobación, récord de respaldo. Hace un año marcaba 42%. Su gobierno posee un 69% de adhesión. Así y todo, peligra la continuidad del oficialismo. Por primera vez la Concertación no va primero en las encuestas. Entre Frei y MEO puede darse un virtual empate, y Piñera no sube del 36%. El año pasado, obtenía sobre el 40% cuando aún no había otras candidaturas. Lo único fijo es que Concertación y Alianza pasarán al balotaje. Pero si MEO desplaza a Frei habrá un terremoto político.
Los dos monopolios periodísticos destacan que Piñera “sigue a la cabeza en primera vuelta”, y que “en segunda, gana”. También, el avance de MEO, el candidato “díscolo”. La encuesta UDP advierte que Piñera cae en su respaldo y Frei se aleja de Enríquez, en la primera vuelta. En segunda ronda, Piñera caería derrotado tanto con Frei como por MEO.
Los debates han dado como ganadores a MEO y a Arrate. Según UDP, Piñera logra un 30,3%; Frei un 23,7%; MEO un 17,3%; y Arrate apenas un 4,1%. Frei y Piñera estarían seguros para el balotaje, donde Frei ganaría con un 36,3% contra un 35,5% de Piñera. Pero es un “empate estadístico”.
Se especula que el 45% de los votantes de MEO se inclinará por Frei, mientras un 19% lo hará por Piñera. La encuesta CERC ubica a Frei y MEO en un empate en primera vuelta electoral, bajo Piñera. Jorge Arrate no bajará su candidatura, aunque reconoció que apoyará a Frei en el balotaje e intenta crear un frente anti-Piñera con los otros candidatos. Giro País, encuesta hecha solo en la Región Metropolitana, da empate entre Frei y Piñera en segunda vuelta, ambos con un 42%. MEO en segunda vuelta ganaría a Piñera.
MEO es el más “mediático”. La derecha empresarial lo catapulta por el aporte que su “simpatía” podría hacer a la derrota de Frei y a un eventual triunfo de Piñera. Pero también hay un ambiente de hastío que MEO ha sabido comprender y canalizar. Hastío que pasa por la Concertación, la derecha y las izquierdas.
Se dice que el Pacto contra la Exclusión, que reúne al oficialismo y a comunistas, intenta dar una mayoría para romper los amarres que dejó Pinochet. Pero si llegasen comunistas al Congreso, el binominal quedará intacto y sin reales posibilidades de cambio por años, quizás décadas. A la derecha le duele el acuerdo PC-Concertación, aunque algunos incluso en la ultraderechista UDI lo ven como la mejor forma de salvaguardar el statu quo.
De alguna forma se desmorona el sistema de partidos. Bachelet califica al sistema electoral como “una camisa de fuerza que consagra un empate artificial y distorsiona la voluntad ciudadana”. Según el ex presidente Patricio Aylwin triunfará Frei, aunque reconoce dificultades: “Probablemente sean las elecciones más complicadas, pero tengo mucha confianza. Confío en la inteligencia de los chilenos. Los hechos están claros y han demostrado quiénes han sido capaces de servir de mejor manera al progreso conciliando crecimiento económico y justicia social”, dice.
Para el historiador Alfredo Jocelyn-Holt, “la Constitución sigue pétrea, no ha sido reformada en su elemento básico, un fuerte autoritarismo con deficiencia en la separación de los poderes. El único de los actuales candidatos que ha manifestado que no debe haber ningún cambio es Piñera. Chile es un país complicado e infinitamente más pobre que antes, con mala distribución del ingreso, segregación, centralismo, conflictos sociales, un aumento del aparato de seguridad, chicos con bombas en las mochilas, y el conflicto mapuche que, a esta altura del juego, es militar”, dice. Otro historiador, Gabriel Salazar, también es crítico: “El PS está en la oligarquía y es neoliberal; el PPD es neoliberal y el PC, que estaba afuera, quiere meterse adentro. Están todos dentro del Estado. No hay izquierda: la que podría ser, la extraparlamentaria, está jugando a las elecciones. ¡Jugando a tener presidente y parlamentarios en el Estado ilegítimo que construyó Pinochet!”.
Todos representan “más de lo mismo”. No hay propuesta que apunten a modificar el sistema. No se plantea una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución o impuestos a las exorbitantes ganancias de quienes controlan la economía. Chile es uno de los países que más gasta en armas, casi un 4% del PIBque lo ubican cerca de Brasil y por encima de Colombia, que vive un conflicto armado hace décadas. La desigualdad en la distribución del ingreso se acrecienta a pesar de “gobiernos socialistas”: el 10% más rico acumula el 42% del ingreso.
Todos los presidenciales se declaran partidarios del “transversalismo”. “No hay debate de ideas sino monólogos superpuestos”, dice el periodista y director de Punto Final Manuel Cabieses. “No se hacen propuestas en materia de educación para terminar con el negocio de los colegios privados y ordenar el sistema de educación superior que perpetúa los privilegios. No se habla del cobre: el tema central de la economía chilena es un tabú que ha durado todos los gobiernos de la Concertación. Algunos incluso pretenden iniciar la privatización de Codelco. Los jóvenes se apartan del sistema político, reducido a una participación electoral manipulada, desprestigiado pues aún no se instala una Asamblea Constituyente”, agrega. Asamblea que prometió Aylwin en 1989 durante su campaña presidencial. “Las dificultades en la Concertación no son buen augurio. Da la impresión que se ofrece en bandeja la presidencia al empresario Piñera”, añade.
Pareciera que la Concertación se agotó por la corrupción y la ambición.
Bruselas, 8 de diciembre de 2009: La CSI denuncia y condena enérgicamente los asesinatos de la docente Zorayda Cortés López profesional en Artes, que trabajaba en el Instituto Técnico Superior de Pereira, capital del departamento de Risaralda y el de Leny Yanube Rengifo Gómez, docente y activista sindical afiliada a la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca – ASOINCA.
La cifra terrible de 195 docentes asesinados en Colombia, sin que hasta la fecha haya un solo detenido y de 35 sindicalistas asesinados en lo que va del año, es inaceptable y motivo de una profunda preocupación para el movimiento sindical.
Una vez más, estos asesinatos enlutan a más de una familia colombiana, a la familia docente y al movimiento sindical nacional, regional e internacional. “Los convenios fundamentales de la OIT ratificados por Colombia, y por ende vinculantes, tienen que ser respetados” dijo Guy Ryder, Secretario General de la CSI. “Estos asesinatos, ponen de manifiesto que la imagen de disminución de la violencia contra sindicalistas y líderes sindicales que el Gobierno se esfuerza por dar a nivel internacional es totalmente falsa.”
En una carta http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Asesinato_de_Zorayda_Cortes_Lopez_y_Leny_Yanube-_dic.pdf enviada a las autoridades colombiana, la CSI le encarece al Presidente Álvaro Uribe y a su Gobierno que asuman la responsabilidad constitucional de protección de los y las líderes y dirigentes sindicales y a la Fiscalía General de la Nación que investigue y lleve ante la justicia a los autores tanto materiales como intelectuales de estos repudiables crímenes y los castigue con todo el peso de la ley a los efectos de romper la cadena de impunidad que caracteriza los asesinatos de sindicalistas en Colombia.
CARTA PÚBLICA A OSCARARIAS EN REPUDIO A SU RECONOCIMIENTO DE LASELECCIONES ILEGÍTIMAS EN HONDURAS
San José, Costa Rica, 08 de noviembre del 2009
Dr. Oscar Arias Sánchez Presidente de la República de Costa Rica
Señor Presidente:
Las personas y organizaciones costarricenses abajo firmantes repudiamos públicamente el acto del Gobierno de Costa Rica, presidido por usted en representación del Partido Liberación Nacional, de reconocer las ilegítimas elecciones realizadas en Honduras el pasado domingo 29 de noviembre y sus consecuentes resultados.
Es contradictorio que usted ande por el mundo diciendo que no apoya los Golpes de Estado, queriéndose proyectar como el “negociador de la paz”, el “defensor de la democracia” y luego legitime un proceso electoral convocado, organizado y ejecutado por las instituciones que representan al gobierno de facto impuesto por este mismo Golpe de Estado. Si fuera consecuente, señor presidente, debería desconocer el resultado de estas elecciones o decir públicamente que en realidad apoya este Golpe de Estado porque ha sido perpetrado por la oligarquía burguesa hondureña, que representa los mismos intereses que usted. No se vale decir Golpes no, pero golpistas sí.
Esta posición va en contra de la comunidad internacional que en forma casi unánime ha repudiado este golpe de Estado. Es contradictoria también con las medidas que adoptó el SICA en su reunión del 29 de junio en Managua, en particular con la número 8 que declara que no se reconocerá ningún gobierno que surja de esta ruptura constitucional1. Esta Declaración, usted no solamente la firmó sino que como Presidente Pro- Tempore del SICA tenía mayor responsabilidad de exigir su cumplimiento. Pero no nos extraña, pues en realidad su oposición al Golpe de Estado ha sido solo discursivo, pues no ha tomado ni una sola medida para revertirlo.
En realidad, ahora usted está dejando en claro sus intenciones originales, que fueron ya escuetamente camufladas en el ya muerto desde el principio Acuerdo de San José. Avalar las elecciones fue la anatema que desenmascaró de forma absoluta, que desde el comienzo su participación en las negociaciones fue tele-dirigida desde Washington, donde también de manera casi simultánea se daba el “visto bueno” al sufragio en Honduras.
Señor presidente, su posición oficial, no nos representa. Así mismo, como llevamos 5 meses denunciando el Golpe de Estado y todas las atrocidades, crímenes y violaciones a los Derechos Humanos realizados durante este período, no reconoceremos estas elecciones ni sus resultados. Las personas y organizaciones que firmamos esta carta somos consecuentes y no olvidamos.
No olvidaremos que la Dictadura Militar que se impuso el 28 de junio del pasado año ha asesinado al menos a 21 personas, otras 818 han recibido tratos crueles, degradantes e inhumanos o han sido lesionadas o afectadas por armas no convencionales. No olvidaremos a las más de 3000 personas que han sido detenidas ilegalmente, han sufrido intentos claros de secuestro o que han sido apresadas por el único hecho de resistirse pacíficamente a este Golpe de Estado2.
Tampoco olvidaremos que al menos 10 mujeres han sido violadas sexualmente por efectivos de la policía nacional en los días de las manifestaciones o durante el toque de queda, además de la represión en forma de violencia sexual que han sufrido las mujeres de la resistencia3. No olvidaremos los 19 niños y niñas que han sido detenidos en jefaturas policiales y centros no convencionales ni los 4 niños que fueron heridos de gravedad por la policía4. Nosotras y nosotros, señor presidente, no perdemos la memoria, y por eso no podemos creer ni respaldar unas elecciones realizadas, ordenadas y vigiladas por las mismas instituciones y personas que han perpetrado, apoyado o silenciado todos estos crímenes y actos inhumanos.
Usted señor presidente, que es tan experto en democracia, debería haber sido el primero en pronunciarse por las condiciones en que se realizaron estas elecciones, las cuales distan mucho de ser un proceso libre; usted sabe muy bien que la libertad de expresión es un elemento esencial para desarrollar elecciones. Sin embargo, en Honduras durante el período del Golpe de Estado se han cerrado 27 medios de comunicación y se han agredido 26 periodistas. Además de esto, se ha denunciado la persecución de 13 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, y se han realizado 4 atentados contra organizaciones sociales5. Siete días antes de las elecciones, un batallón del Ejército solicitó mediante oficio a varias municipalidades los nombres y ubicación de los miembros de la resistencia. Señor presidente, en Honduras antes del 29 de noviembre no podía existir libertad para expresarse libremente y participar en estas elecciones porque lo que primaba era un clima de temor, hostigamiento y violencia generalizado.
Pero todos estos hechos no fueron suficientes para evitar que se realizaran las elecciones y usted, no solo ha callado mientras todos estos atropellos ocurren, sino que ahora reconoce como legítimas estas elecciones realizadas bajo el mando de la bota y los tanques militares. Le preguntamos al Premio Nobel de la Paz que aboga por la abolición de los ejércitos, ¿Cómo puede avalar unas elecciones para cuya realización se compró una “maquinaria de la muerte” al costo de once millones de dólares, además del gasto de otros millones en miles de granadas de mano y proyectiles lacrimógenos y la contratación de 12 000 reservistas, que se sumaron a los 13 mil militares y 17 mil policías que actuaban en el país?
Estas armas no se quedaron en desuso. El mismo día de las elecciones, una manifestación pacífica en San Pedro Sula fue brutalmente reprimida por efectivos militares que estuvieron todo el tiempo intimidando a sus participantes; 35 personas fueron detenidas, entre éstas un costarricense que se encontraba en una misión de Observación de Derechos Humanos. Decenas de personas fueron golpeadas y al menos 5 se reportaron heridas por esta acción militar. Señor presidente, tal vez le den un segundo premio Nobel de la Paz por demostrar la eficiencia de la nueva fórmula Dictadura Militar- Elecciones para sostener al precio que sea necesario el poder de la Oligarquía empresarial en la región.
Le reiteramos, las organizaciones y personas abajo firmantes, aunque evidentemente no cambiaremos su posición promotora en la estratagema golpista, queremos dar fe que en Costa Rica no todos los ciudadanos y ciudadanas creemos y calamos sus estrategias retóricas y a muchas y muchos nos da vergüenza que Costa Rica sea reconocido como un “país” bajo el dominio yanqui.
Las personas y organizaciones abajo firmantes, no contamos con los grandes medios de comunicación con que disponen las oligarquías latinoamericanas. Sin embargo, sí contamos con la suficiente ética y conciencia social para dirigirnos a usted en protesta, rechazar su reconocimiento de estas elecciones, y seguir divulgando por donde podamos la otra cara del Golpe, la cara verídica. Seguiremos además, realizando todas las acciones necesarias para que el Estado Costarricense, en este o el próximo gobierno, no mantenga ningún reconocimiento ni relación con un gobierno fruto del Golpe de Estado y la Dictadura Militar.
Firmamos:
Organizaciones:
1. Agenda Política de Mujeres 2. Asociación Costarricense de Derechos Humanos, ACODEHU, (Firma responsable: Ana Cecilia Jiménez). 3. Asociación Servicios de Promoción Laboral, ASEPROLA (Firma responsable: Omar Salazar Alvarado, Director Ejecutivo). 4. Centro Feminista de Investigación y Acción, CEFEMINA. 5. Circulo Bolivariano Yamileth Lopez-Costa Rica (Firma responsable: Ma. del Milagro Solís Aguilar, cédula 1-697566). 6.COECOCEIBA 7. Comisión Nacional de Enlace (Firma responsable: Jorge Coronado Marroquín, cédula 2-343-614). 8. Comité Patriótico de Zarcero Alajuela. 9. Comité Patriótico Juanito Mora de Paso Ancho – San Sebastián (Firma responsable: Edison Valverde Araya, cédula 1-346-024). 10. Comité de Solidaridad con Honduras de San Ramón. (Firma Responsable: Rodrigo Quirós). 11. Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, FEUCR. 12. Feministas en Resistencia Costa Rica. 13. Movimiento al Socialismo (Firma Responsable: Jessica Barquero). 14. Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo, MUSADE. 15. Partido Revolucionario de las trabajadoras y trabajadores, PRT. 16. Petateras Costa Rica
Personas: Alberto Vega Torres, cédula 1-287446; Alejandro González R., Comunicador Gráfico, Miembro del Círculo Bolivariano Yamileth López; Alicia Vargas Obando; Ana Carcedo Cabañas, cédula 8-0047-0010; Ana Lucía Faerron Angel, cédula 9-035-912, Directora de Palabra de Mujer, Canal 15, Universidad de Costa Rica; Enid Cruz Ramirez, cédula 2-318-599; Estela García Jiménez, cédula 1-837-694; Eva Carazo Vargas, cédula 1-893-621; Fabián González R, Miembro del Círculo Bolivariano Yamileth López, cédula 114530654; Francisca Raventós Vorst, cédula 9 036 482; Francisco Cordero Gené. Cédula 1-332- 363; Graciela Blanco Martén; Gustavo E. Cabrera Vega, Coordinador Latinoamericano del SERPAJ- AL; Ignacio Dobles, Catedrático, UCR; Israel Calvo; Jaime Quiros Luque, cédula 103880821; Manuel Sandoval, dirigente sindical de APSE; Marcia Ugarte Barquero, cédula 1-10710298; Mariano Figueres Olsen; Noilin Molina Rojas, cédula 205680978; Olga Marta Mena Vincenti, cédula 1289 145, Regidora Municipal San Ramón; Oscar Barrantes Rodríguez, cédula 2-320-139; Pbro. Gustavo Meneses Castro; Peggy Quesada Chamorro, cédula 2 492 694; Roberto Herrera Zuñiga, profesor UCR, cédula 1-1146 0533; Rodrigo Quirós Castro, cédula 1-12870724; Roxana Arroyo Vargas, cédula 1-643-057; Silvia Rodríguez Cervantes, cédula 8 00760931; Victoria Saxe Fernández, cédula 3-127-080; Virginia Acuña Montero, cédula 1 449 534.
NOTAS ______ [1] Medidas políticas inmediatas a ser tomadas ante la situación en Honduras. Declaración de los Jefes de Estado y de Gobiernos del Sistema de la Integración Centroamericana, Managua. 29 de junio del 2009.
[2] Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras. COFADEH: II Informe Violaciones a Derechos Humanos en el marco del Golpe de Estado. “Cifras y Rostros de la represión”. Octubre, 2009.
[3] Feministas en resistencia Honduras. Violaciones a los Derechos Humanos de las Mujeres después del Golpe de Estado en Honduras. “Ni golpe de Estado ni golpe a las mujeres. Noviembre, 2009.
El deceso del Expresidente de la República Lic. Rodrigo Carazo Odio
ANEP hace público su pesar y expresa solidaridad para con la familia de tan ilustre ciudadano.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), manifiesta, públicamente, su más sincero pesar, su profunda tristeza y su gran dolor, ante el sensible fallecimiento del ilustre ciudadano, don Rodrigo Carazo Odio, Expresidente de la República en el período constitucional 1978-1982; quien fue figura de relieve indiscutible en todo el proceso de dura resistencia de los últimos años, en contra de la imposición al pueblo costarricense de esa ideología extraña, perversa, antihumana y anticristiana, conocida como neoliberalismo.
Don Rodrigo, como respetuosamente se le trataba, llegó a convertirse, prácticamente, en el último patricio de la historia nacional, especialmente del período que conocemos como Segunda República, período que va muriendo poco a poco, carcomido por la corrupción, la insolidaridad, la pérdida de valores y la venta de la Patria al mejor postor. Contra todo ello, don Rodrigo fue luchador cívico incansable, figura orientadora y de capacidad convocante.
Tan ilustre ciudadano llegó a convertirse en el costarricense más laureado en el exterior, siendo admirado y respetado en muchos países de la América Latina y del mundo; recibiendo innumerables reconocimientos de todo tipo, incluyendo de universidades, centros de pensamiento y académicos de enorme prestigio en el mundo intelectual y del debate de las ideas en estos difíciles tiempos.
Aunque nadie lo pensara de este modo, la fuerte oposición de don Rodrigo, en su calidad de Presidente de la República, a los dictados imperiales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de otras organismos financieros internacionales de similar ralea; podemos verla hoy como pionera, como visionaria, como horizonte por venir, a la luz de las experiencias sociopolíticas que viven hoy los pueblos de la América Latina en lucha frontal contra el criminal neoliberalismo; especialmente aquellos pueblos que tienen la fortuna de contar con gobiernos progresistas, humanistas, soberanos y que luchan por la construcción de nuevos modelos sociales profundamente solidarios e inclusivos.
La ANEP se vanagloria, se enorgullece de haber compartido con don Rodrigo las más recientes luchas civíco-patrióticas de los últimos tiempos, dentro de las cuales resalta la defensa de la institucionalidad del ICE, del INS, de la CCSS; y, también, la más grande batalla de esta alicaída Segunda República: la lucha contra la imposición del nefasto TLC con los Estados Unidos de América
Anhelamos que el profundo y fortísimo legado de lucha y de pensamiento patriota que don Rodrigo nos deja, sirva de acicate para que se abran nuevos surcos hacia la unidad de todas las fuerzas soberanas costarricenses, de forma tal que podamos reconstruir ese gigantesco y poderoso polo de poder cívico hoy golpeado por la cortedad de visiones que han impedido (afortunadamente de manera transitoria), la continuación del avance estratégico hacia lo nuevo que está germinando ya.
La ANEP le expresa a la señora del Expresidente Carazo, doña Estrella Zeledón, así como a toda la familia de este ilustrísimo costarricense, su transparente solidaridad y ruega al Señor, Nuestro Dios, que les dé el consuelo necesario; sabiendo, eso sí, que en su seno, en el seno de tan augusta familia, la Patria costarricense vio el transcurrir de la vida de uno de sus hijos más gigantes, más perennes, más consecuentes y de mayor influencia de nuestra historia.
San José, miércoles 9 de diciembre de 2009.
Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP
Edgar Morales Quesada Secretario General Adjunto ANEP
Debemos dejar de ver al Estado como botín de unos pocos y ubicarlo en su correcta función de servidor para el bienestar de la nación y de su población antes que de las empresas, las fincas y las transnacionales
Al Congreso de la República no le dio la gana aprobar el presupuesto para el año 2010, razón por la cual el Gobierno tendrá que trabajar con el mismo con el que operó durante el 2009. Ese es, al final, el resultado de una larga serie de truculentas maniobras politiqueras, en las cuales lo que menos tuvieron en cuenta todos los partidos políticos de derecha fueron los intereses del pueblo.
Interpelaciones eternas e insustanciales, demoras de todo tipo, reiteradas faltas de quórum, incluso la aplicación de órdenes de captura emplearon las bancadas como recursos para atrasar el proceso de debate. Al final, la UNE, el Patriota, Líder, la GANA, el FRG, en fin, todas las derechas lograron salirse con la suya y mandaron al cesto de la basura la propuesta presupuestaria que había sido presentada para el año 2010.
Bien sabido es que este año que está por concluir, el 2009, para sufragar sus obligaciones hasta Diciembre, el Estado se vio forzado a emitir una considerable suma en bonos del tesoro y a endeudarse con un fuerte crédito destinado a funcionamiento, hecho que era inédito en la vida nacional. Es decir, que no le alcanzó el dinero contemplado en el presupuesto y tuvo que ver qué hacía. Es fácilmente deducible, por lo tanto, que menos aún le alcanzará para cubrir sus gastos en el año próximo, debido al inevitable crecimiento de la demanda y al previsible incremento en los costos.
Este inevitable desfinanciamiento del Estado, del cual pueden generarse severos problemas para la población, no puede mirarse como asunto de poca importancia. Como ocurre en la vida de miles de familias, cuando se gasta más de lo que se recibe, la crisis se agudiza y los efectos de la misma sin duda alguna pesarán, con especial énfasis, sobre los hombros de los más vulnerables, que en este caso son los sectores populares.
Al igual que ocurre en la vida familiar, ese problema sólo encuentra solución cuando se mejoran los ingresos, cuando se reducen los gastos o una combinación de ambas políticas.
En términos del Estado, entonces, el desfinanciamiento sólo se solucionará a través de dos vías complementarias:
(i) mejorándose la recaudación, o sea, incrementándose los montos que el Estado percibe y,
(ii) reduciéndose el gasto público en todos los campos que no afecten la prestación de servicios públicos indispensables, lo cual es obligación indelegable e irrenunciable del Estado mismo.
Para la primera alternativa, es decir, para mejorar la recaudación, a su vez hay distintos caminos por los que puede optarse: (i) Uno es la reforma fiscal, o sea, redefinir los impuestos. (ii) Otro es el de desprivatizar o nacionalizar actividades generadoras de ingresos que fueron entregadas a manos de la codicia de empresas nacionales y extranjeras. (iii) Además, debe considerarse como una urgencia nacional el combate a la evasión, al contrabando y a la corrupción, males generalizados en los cuales diversos sectores privados, incluso del crimen organizado, juegan un rol protagónico. La corrupción no es patrimonio exclusivo del sector público. No olvidemos que tan corrupto es el que corrompe como el que se deja corromper.
El Gobierno ya planteó una propuesta respecto a la reforma tributaria, pero no ha dicho ni media palabra sobre las otras opciones.
A.- La reforma fiscal:
La actual propuesta del Gobierno contempla nuevos impuestos que, por efecto de cascada, terminan por afectar los bolsillos de los sectores populares. Por ejemplo, los 15 centavos al minuto en la telefonía celular, cifra que las empresas privadas simplemente trasladarán a sus costos de operación y, con ello, a la tarifa que paga mes a mes cada usuario.
Desde el Frente Nacional de Lucha proponemos la urgente necesidad de que, en la reforma fiscal, se contemplen campos como los siguientes:
1.- Gravar con nuevos impuestos las exportaciones de las empresas mineras y petroleras que ya operan. Es sabido que las empresas que extraen recursos desde las entrañas de la Madre Tierra pagan un mínimo ridículo de impuestos, con lo que sólo destruyen el medio ambiente, sin aportar nada al desarrollo del país. El oro, la plata, el níquel, el uranio, el petróleo, entre otros minerales afines, el país simplemente los regala a estas poderosas empresas, cuya avaricia no tiene límite. La Montana, por ejemplo, deja un 1% de su ganancia en el país y se lleva tranquilamente el 99%.
Cierto es que la lucha que ha venido dando el pueblo para que estas empresas depredadoras se vayan del país debe continuar. Pero, mientras estén aquí instaladas, que por lo menos paguen impuestos que compensen el daño que hacen al robarse nuestros recursos sin dejarle al país ni siquiera las migajas. Ya tenemos al ladrón metido dentro de la casa. Habrá, pues, que sacarlo. Pero, mientras tanto, no dejemos que nos siga robando lo que le de la regalada gana.
Nada justifica que la CGN, la Montana, la Basic Resources, entre otras transnacionales afines, se llenen las manos y bolsillos con nuestros recursos naturales, con nuestro sudor e incluso con nuestra sangre. Deben ser expulsadas del país, pero, mientras estén aquí instaladas, que paguen lo que deben pagar. Al Estado le corresponde cobrarles lo que deben, en lugar de ampararlas bajo un manto de impunidad fiscal y penal.
2.- Fijar nuevos impuestos a la exportación de agro-combustibles. Guatemala ya se convirtió en país exportador de agro-combustibles hacia mercados estadounidenses. El Ingenio Palo Gordo, por ejemplo, exporta ya 120 mil litros diarios de etanol a mercados estadounidenses. Este negocio sólo beneficia a los empresarios que producen y exportan estos productos, y no genera nada en absoluto para el desarrollo del país. Por el contrario, conduce a que la tierra se emplee para producir combustibles que llenen tanques de vehículos en otros países, en lugar de producir el alimento que se necesita para llenar estómagos de niños desnutridos en nuestro propio país. Es una actividad generadora de hambre y pobreza, cuya plus-ganancia nace desde los salarios miserables que pagan durante la zafra. A esa ganancia, construida con el sudor del pueblo, debe cargársele una tasa impositiva que haga justicia.
3.- Cargar con nuevos impuestos a licores y a cigarrillos. Bien sabido es que los licores, (hijos también de la caña de azúcar), así como los cigarrillos, son productos dañinos para la salud. El abuso del licor ha causado enorme daño a la vida de millares de familias. Se trata de artículos sobre los que deben pesar más impuestos.
4.- Aumentarle los impuestos a la publicidad. La publicidad comercial (y dentro de ella debe incluirse a la publicidad para la política, porque los candidatos se venden igual que un desodorante o una gaseosa), en todas sus múltiples manifestaciones, no le deja absolutamente nada a la sociedad. Las vallas publicitarias, los anuncios en la prensa escrita, los spots televisivos, las campañas radiofónicas, todo ello, no genera nada que redunde en beneficio de la sociedad ni, mucho menos, de los sectores populares. Lo que si generan es contaminación visual, auditiva y consumen grandes cantidades de energía eléctrica.
Son meros mecanismos de inducción hacia consumos en muchos casos innecesarios. Son artimañas que se emplean, también en muchos casos, para promover un estilo de vida más que un producto. Y ello con el agravante de que, al final, es cada ciudadano quien sufraga cada centavo de inversión en esas campañas, porque sus costos simple y sencillamente se trasladan al precio de los productos. Es preciso, por ende, ponerle nuevos impuestos a la publicidad para, con ellos, financiar la prestación de servicios públicos esenciales.
5.- Gravar con nuevos impuestos las ganancias de los bancos. El sistema financiero, en su conjunto, no solamente se ha convertido en una trampa para los usuarios del mismo, (los casos de BanCafé, del Banco de Comercio, de los Bancos Gemelos, del IPM, etc., lo demuestran), sino que se ha convertido en una forma de usura legal que genera inmensas ganancias. Estas ganancias deben pagar más impuestos destinables al beneficio del pueblo, aunque, claro, ello no les guste a los dueños de los bancos ni al CACIF.
De hecho, tenemos la certeza de que el CACIF pondrá el grito al cielo y se opondrá con toda su energía a cualquier propuesta de reforma tributaria. Para ellos, “impuestos” es sinónimo de mala palabra. La lucha para que se aplique una reforma que no lesione los derechos de los sectores populares, por lo tanto, no se dará sólo ante el Estado sino, además, ante esa minoría poderosa que se representa en las cámaras empresariales.
6.- Fijar nuevos impuestos a la exportación de alimentos de los grandes exportadores no así a los pequeños y medianos productores. Los alimentos que se producen en suelo nacional deben destinarse, sobre todo, para satisfacer las necesidades de nuestro propio pueblo. Toda la exportación de alimentos, sobre todo en el caso del azúcar, significa que menos tierra se dedica a la producción de los alimentos que necesita, con urgencia, nuestro pueblo. En consecuencia, deben fijársele nuevos impuestos a estas exportaciones, por cuanto contribuyen a la multiplicación del hambre y de la desnutrición crónica a lo largo y ancho del país.
7.- Cargarle fuertes impuestos a la comercialización, tenencia y portación de armas y municiones. Es obvio que la creciente violencia se estimula a partir de un fácil acceso a armas y a municiones. Ambos rubros deben gravarse con nuevas cargas impositivas que limiten su trasiego, su tenencia y su portación.
8.- Gravar con nuevos impuestos las ganancias de las empresas de televisión monopólicas. En Guatemala, un solo dueño controla todas las frecuencias de televisión nacional. Y se trata de un empresario mexicano. Las jugosas ganancias que extrae del país este señor deben ser sujetas a mayores cargas tributarias, aparte de que se debe legislar para romper con ese monopolio.
Pero, además de los nuevos impuestos a los que se ha hecho mención, es necesario garantizar que el Estado destine los recursos que obtenga por esa vía, de manera exclusiva, para cubrir los costos derivados de la prestación de servicios públicos básicos, como salud, educación, seguridad alimentaria, trabajo, vivienda, caminos y otros afines. Son abundantes los ejemplos de mal uso o destino de los recursos del Estado. Deben, por ende, fijarse candados legales que impidan que los recursos captados se desvíen hacia otros fines. Deben, necesariamente, destinarse hacia el fortalecimiento de las capacidades estatales para la prestación de servicios púbicos de calidad, accesibles y suficientes, para lo cual es preciso que se inviertan en ellos mejores presupuestos.
B.- Reducción del gasto público:
Para financiar las obligaciones sustantivas del Estado, el gasto público puede reducirse, sin afectar los derechos irrenunciables del pueblo, a través de varias vías:
1.- Reducción de salarios de funcionarios de alto nivel en todo el aparato estatal (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral), quienes, a pesar de ser este un país no desarrollado, ganan salarios principescos en todas las instituciones públicas.
2.- Reducción de gastos de representación y gastos confidenciales en todo el Estado. Estas partidas presupuestarias, que abundan, deben desaparecer por cuanto se prestan a todo tipo de corruptelas.
3.- Reducción de gastos en publicidad en todo el Estado. De esta manera, además, se elimina, por lo menos en alguna medida, la posibilidad de que, desde el día mismo en que se sientan en las sillas en las que el voto popular los ubica, los políticos de derecha empleen los recursos del Estado para hacerse propaganda.
4.- Reducción de gastos en eventos públicos desde el Estado.
5.- Reducción del gasto en un ejército que no presta ningún servicio al desarrollo del país y que, más bien, se ha convertido en una carga pesada e inútil al presupuesto. Se necesita invertir en medicinas, no en municiones. Es preciso poner más camas en los hospitales y no en los cuarteles. Se debe invertir en ambulancias y no en vehículos militares. Debe pagarse personal entrenado para dar vida y no para matar.
C.- Nuevas fuentes de ingresos:
Para mejorar la recaudación a favor del Estado y que se cuente con recursos financieros suficientes para garantizar la prestación de servicios públicos adecuados, accesibles y de calidad, debe plantearse la nacionalización de áreas estratégicas que han sido entregadas a manos de empresas privadas, de consorcios, que se llevan del país jugosas ganancias, con las cuales se podrían pagar todos los gastos necesarios en salud, educación, vivienda, etc.
1.- Nacionalización de la telefonía. Más que un impuesto a la telefonía celular, debe procederse a la nacionalización de esta actividad económica. Telefónica, Claro, Tigo, etc., no le han dejado al país nada bueno. Solamente han servido para encarecer los costos y llevarse cuantiosas ganancias. A cambio, incluso, de un pésimo servicio de telefonía, que emplea todo tipo de maniobras y artimañas sin control para estafar al usuario.
2.- Nacionalización de la energía. Unión Fenosa e Iberdrola han saqueado al país. Solamente por concepto de VAD, se llevan anualmente más de 400 millones de dólares, (3.200 millones quetzales), cantidad suficiente para abastecer debidamente a toda la red hospitalaria del país. Y eso es sólo por el VAD. La ganancia que al final se llevan puede llegar al doble de eso. Esos recursos deberían ser administrados por el Estado, y eso es lo que piden las comunidades en todo el territorio nacional.
Desde el Frente Nacional de Lucha expresamos nuestro firme apoyo a una propuesta de reforma tributaria que contemple los conceptos arriba descritos. Con idéntica firmeza rechazamos cualquier impuesto que termine por salir desde los bolsillos del pueblo.
Instamos al Gobierno de la República a promover una reforma como la descrita y a no permitir que el CACIF se siga saliendo siempre con la suya.
Por ello, José Soto, periodista de Industrias Infinito, publicó una respuesta donde se deshace en comentarios negativos hacia mí, desviando la atención sobre el tema concreto.
No pienso caer en el sucio juego del oro sucio. Un artículo tan mal fundamentado y redactado se combate con datos veraces y no con asustadizos cuestionamientos personales.
Dice el refrán que “por la plata baila el mono” (o por el oro). Y para Crucitas hay $800 millones de “razones” para danzar y despotricar en contra de las certeras informaciones que publiqué. Es muy fácil hablar beldades y callar verdades.
Yo, por mi parte, hablo desde la gratuidad de una conciencia limpia. Me debo sólo al pensamiento de lo que creo justo y a mis lectores. Por ello seguiré informando sobre los nocivos efectos de la minería del oro, y esta vez, aterrizándolos en Crucitas.
Sólo un punto le acepto a José: No conozco su mina. Por ello, públicamente le pido que me invite a ella. Le pido que me deje entrar con cámara fotográfica, de video y grabadora, para realizar entrevistas directas a los dueños y a todos los trabajadores. Sin restricciones.
Y ahora lo reto yo: invite también a investigadores, a los pobladores de Crucitas, a la Iglesia y a los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos. Ábranos las puertas de par en par y muéstrenos si la mina no ha seguido construyendo, si no han seguido arrasando el bosque. Infórmenos in situ, paso por paso, cómo van a dinamitar los cerros y adonde tirarán los desechos. Quiero grabar cada gesto suyo mientras jura ante los niños de Crucitas que sus padres no se intoxicarán con cianuro, ni sufrirán accidentes con explosivos, ni sucumbirán ante derrumbes de tierra. Es su oportunidad (de oro) para defender el “interés nacional” del proyecto minero.
Pero no me remita a su página web. Esa la crearon ustedes, en ella solo hablan bondades y ocultan los peligros reales de la mina. Mientras se decide a aceptar mi propuesta, por favor explique lo que ocultan:
Números rojos. Desde el punto de vista económico, Crucitas requiere un capital inicial de $66 millones, financiado por acaudalados accionistas. Sin embargo, la agencia Canada Newswire publica que: “Los inversores desisten de comprar bonos ante la tardanza de la Sala IV de Costa Rica por aprobar el proyecto”. Ello conlleva a que Infinito Gold (cuya subsidiaria en Costa Rica es Industrias Infinito) “no tiene fondos para pagar intereses”, según la misma fuente.
Asimismo, Businessweek, que analiza los mercados financieros globales, deja entrever el verdadero escenario de la compañía: “Infinito Gold puede tener mucho más riesgo que cualquier otra empresa en la industria metalera y minera”. (…) “Adicionalmente, el análisis de sus activos y pasivos señala que no tiene suficiente liquidez para hacer frente a sus obligaciones actuales”. Su única salvación es que se apruebe el proyecto lo antes posible. Pero, la salvación de unos es la condena de otros. Limosna social. Quienes apoyan Crucitas lo consideran de “interés nacional”, pero no explican por qué. Solo 300 personas trabajarán en Crucitas, es decir, ni siquiera el 0,006% de los costarricenses se beneficiarán con ella. ¿Empleos indirectos? Sí, unos cuantos.
Al contrario, será afectado el patrimonio natural de 4,5 millones de personas. Si sumamos a Nicaragua, hablamos de cerca de 10 millones de seres humanos perjudicados por los derrames tóxicos en el Río San Juan, debido a las ambiciones de unos cuatro ricachones. ¿A cuál balanza se refería Soto? Las mentiras aquilatadas no pesan nunca tanto como la verdad pura.
Según el sitio web oficial de Crucitas, la mina invertiría $700.000 por cada año que explote los recursos nacionales. Construirá escuelas, centros de salud, caminos y, obviamente, pintará la gradería sol del estadio Carlos Ugalde.
A primera vista, dicha inversión suena como un enorme capital. Pero, comparado con los $800 millones que se llevará, es una mera limosna. La eternamente sabia regla de tres indica que en Costa Rica solo invertirá el 1.25% de sus ganancias. ¿A alguien se le antoja atolillo con el dedo?
Aparte de ello, de aprobarse, la mina solo duraría diez años. Es decir, para cuando los hijos de los vecinos de Crucitas salgan del colegio se encontrarán con uno o dos malls levantados “en nombre del progreso”, pero muy posiblemente sin agua potable; con los bosques que conocieron, exterminados; con flora y fauna extintas; con la mayoría de afluentes contaminados por los próximos siglos; y sin la posibilidad de cultivar el terreno, ni aprovechar la eterna gallina nacional de los huevos de oro (el turismo), pues habría sido degollada por la visión cortoplacista de los gobernantes actuales.
¿Impactos a la salud? La Organización Panamericana de la Salud enumera: La absorción de tóxicos por las vías respiratorias; reacciones alérgicas y brotes en la piel; a nivel neurológico, estrés y nerviosismo. Y no se descarta la posible filtración de lixiviados en aguas de consumo y/o riego. Crucitas es un puente de altísimo riesgo. ¿Quién se atreve a cruzarlo?, ¿quién respondería legalmente ante su desplome? Para algunos, las palabras “se lo advertimos”, deben sonar como una explosión.
Por cierto: ¿cuánto le pagarán a los pobres mineros?, ¿valdrá la pena ese salario? Los pulmones deteriorados de cientos de trabajadores latinoamericanos y las míseras indemnizaciones pagadas nos dicen que no.
Bofetada ambiental y legal. La Constitución Política, la legislación ambiental y los Estudios de Impacto parecen ser simples servilletas para quienes salivan las mieles millonarias de Crucitas.
Aún sin aprobarse el proyecto, la factura ambiental ya es elevada: el hábitat de la zona está en alerta roja, el almendro amarillo agoniza y la lapa verde extingue sus últimos vuelos. Pero ni los colores de ese macabro semáforo frenan el ímpetu metalero.
Hay 63 especies de mamíferos, 172 de aves, 33 de reptiles, 29 de peces, 31 de anfibios, innumerables de insectos y más de 280 plantas amenazadas, por efecto directo de la mina. Es decir, peligra el 70% de la biodiversidad de la zona norte, según: llamadourgentepormipais.blogspot.com.
Por otra parte, el hecho de que “reforesten” no borrará el daño ya hecho. Las lapas verdes no esperarán 50 años hasta que crezcan los almendros amarillos que ya talaron. No insulten nuestra inteligencia.
En la mina ¡cada hora se usarán 250.000 litros de agua! Esto equivale a lo que consume una familia promedio en ¡veinte años!, como detalla el documental Consecuencias de la Minería de Oro a Cielo Abierto. Son millones de vasos de agua negados para apaciguar la sed humana en los años más enconados de calentamiento global, que se avecinan. En los próximos años precisamente el agua será nuestro verdadero oro, José. Y le aseguro, ningún inodoro desaguará con oro. Piense a largo plazo y disfrute de un buen vaso (de agua).
Las proyecciones geológicas contemplan elevadísimos riesgos de que el Río San Juan se contamine por los ríos de cianuro que derramará la mina. Es una zona sísmica. El Proyecto se ubica a solo 3 kilómetros del río, y según el croquis de la mina, lo bordearía a lo largo de 12 kilómetros. Cuando floten en sus aguas millones de especies muertas por el veneno, recordemos a quienes defendieron la mina. Hay tóxicos tan letales como la codicia humana.
Nicolás Boeglin, experto en Derecho Internacional, expone que, con la contaminación (muy probable), Nicaragua puede entablar demandas que conllevarían elevadísimas repercusiones para Costa Rica y su imagen internacional. Una vez más, habría acérrimas disputas entre países hermanos, incentivadas por el ardiente deseo de riquezas de los mineros.
Los cientos de kilogramos de dinamita, los de cianuro, las toneladas de tierra, rocas y árboles removidos y depositados en ríos, aplastan las irrisorias apologías mineras. Simplemente los números de la mina no calzan, José. ¿Ya sacó calculadora?, ¿ya analizó mi propuesta? El primer paso para el desarrollo es no caer en el subdesarrollo (ni mental, ni del metal).
*Periodista
Fuente: Página Abierta, Diario Extra Martes 08 de Diciembre de 2009
Gracias a las convicciones democráticas del Diario Extra, en el campo del respeto a la Libre Expresión, ANEP publica, semanalmente, en días miércoles, esta columna.
Hablamos de la más grande conspiración contra el bien común de la historia nacional, urdida entre sectores financieros y políticos para el origen de fortunas escandalosas de rápido crecimiento, con altísimas tasas de ganancia y bajísimos impuestos; quedando en el aire enormes preguntas: ¿y la procedencia de los capitales originales…?; ¿lavado de dólares?…
Ya el exministro de Seguridad don Fernando Berrocal Soto, en comisión legislativa (mayo de 2008), había advertido de que muchas entidades financieras en este país escapan al control de la Sugef. ¿Pasó esto en el caso del “cártel” de los banqueros privados?…
Mucha información ha llegado hasta nosotros de todo tipo de situaciones generadas en estos años de la hegemonía del “cártel” de los banqueros privados y sus cuadros políticos insertados y/o infiltrados en los últimos gobiernos.
Hay gente que sabe mucho porque ocuparon cargos tan relevantes como el de Ministro de Hacienda y/o el de Presidente Ejecutivo del Banco Central. A nadie inculpamos. Pero inobjetable resulta pedirles cuentas de cómo es que se generaron las más escandalosas fortunas desde el sector financiero, a partir de que dicho “cártel” pasó a tener el control total de instituciones como las mencionadas.
Veamos los nombres de los ciudadanos que estuvieron al frente de Hacienda en este nefasto período de la historia nacional, en el cual se ha dado la orgiástica fiesta de acumulación desenfrenada de capitales que los banqueros privados lograron realizar obscenamente: Thelmo Vargas, Rodolfo Méndez Mata, Carlos Muñoz Vega, Fernando Herrero Acosta, Francisco de Paula Gutiérrez, Leonel Baruch, Alberto Dent, Jorge Wálter Bolaños, Federico Carrillo, David Fuentes y Guillermo Zúñiga.
Por otra parte, cuatro personas han controlado la presidencia ejecutiva del Banco Central en los últimos veinte años: Jorge Guardia (quien destapó la pudrición banquera privada), Rodrigo Bolaños, Eduardo Lizano y Francisco de Paula Gutiérrez (todavía hoy en ejercicio del cargo). Una agresiva comisión legislativa investigadora, si la hubiese, tiene armas legales a su haber como para obligarles a que se presenten y expliquen sus decisiones sobre política monetaria, canje de deuda, sistema tributario para los banqueros privados, minidevaluaciones, tasas de interés, cat`s fantasmas, banca “off shore” y similares. Imaginemos, paralelamente, cuánto servicio le haría al país la intervención del Ministerio Público si se decidiese a actuar.
Dos casos que llaman la atención. Que el Banco Central estuviera controlado por don Eduardo Lizano Fait durante gobiernos de partidos “distintos” (Liberación-Unidad); y que don Jorge Wálter Bolaños fuera Ministro de Hacienda del Presidente Pacheco (Unidad) y ahora tesorero de la campaña presidencial de doña Laura (Liberación).
Antes de que el sr. Guardia “cantara” y antes de que desde esta columna retomáramos el tema, justo es reconocer que don Rolando Araya Monge, actual candidato presidencial del partido Alianza Patriótica (AP), ya se había comido una gigantesca bronca, en la campaña presidencial del 2002, cuando denunció que en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría hubo una emisión de 500 millones de dólares para cambiar deuda interna por deuda externa, que, dice don Rolando, “produjeron enormes comisiones para bancos ligados al Ministro de Hacienda y al Presidente del Banco Central de entonces”. Don Eduardo Lizano y don Leonel Baruch, por ejemplo, podrían contarnos mucho al respecto.
Igual de justo es reconocer que sí hay propuesta de reforma tributaria estructural en el programa de gobierno de don Rolando, aunque apresuradamente de nuestra parte dijimos lo contrario. Y valga indicar que lo mismo nos pasó en los casos de los partidos Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio (FA), que también plantean profundas transformaciones estructurales de carácter tributario. Una disculpa abierta y sincera para las tres agrupaciones, sí; pero un reclamo válido: ¿Por qué no se unieron?…
Sigamos. Hay otra arista de este asunto del “cártel” de los banqueros privados que tiene que ver con los famosos certificados de Abono Tributario (CAT’s), una fiesta de exportaciones fantasmas, verdadera estafa descarada con el dinero público que presenciamos en los años 90`s, de la cual un gran papel en su denuncia le correspondió al actual legislador don José Merino del Río, durante su primera diputación.
¿Cuáles bancos privados facilitaban el comprobante de “ingreso de divisas” que se presentaba al Banco Central para pedir el pago de ventas de exportaciones fantasmas? Nosotros creemos que al respecto don Rodrigo Bolaños tiene mucho que contar, pues él era el jerarca del Banco Central en los “años de oro” del robo con los CAT’s.
Agradecemos al Ing. Arturo Robles Coronas, asesor legislativo y militante del humanismo socialcristiano, la colaboración en el suministro de datos para este artículo.
Como se puede ver, hay muchísimo que investigar y denunciar. Queremos conformar una comisión ciudadana para esta gigantesca tarea. Si usted nos quiere ayudar, por favor, contáctenos. Seguiremos en esta batalla cívica hasta que toda la verdad salga a la luz pública.
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El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado comunica:
1. Mantenemos nuestra posición de desconocimiento total del régimen que se instalará el 27 de enero, y que será la continuación de la dictadura que la oligarquía impuso con el golpe de estado del 28 de Junio.
2. Rechazamos la campaña mediática en la que se habla de un “gobierno de unidad” que integrarían sectores cómplices del rompimiento del orden constitucional y que serviría para traspasar el poder del dictador Micheletti al dictador Lobo.
3. Denunciamos los planes de la oligarquía de trasladar los costos del golpe de estado al pueblo pobre, a través de un paquete de medidas económicas que incluyen el aumento del impuesto sobre venta, la devaluación del lempira, el aumento a las tarifas de la energía eléctrica, entre otras. Tal paquete pretende aplicarse antes de la toma de posesión del nuevo dictador para desvincularlo de del agravamiento de la crisis económica y social, de la que él, su partido y su clase son partícipes.
4. Reiteramos que el pueblo hondureño no se hará responsable de los endeudamientos asumidos por las autoridades de facto, ya sea con la banca nacional o internacional.
5. Llamamos a los pueblos del mundo a que mantengan la solidaridad con la lucha que sostiene la Resistencia hondureña. Les pedimos que reciban con actos de repudio a los representantes de la dictadura que están intentando ganar respaldo internacional.
6. Celebramos y agradecemos la decisión de los gobiernos que integran el MERCOSUR de desconocer las elecciones y el régimen que se instale el 27 de enero. Llamamos a todos los gobiernos del mundo a seguir ese ejemplo.
7. El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado está en pie de lucha y cuenta con el respaldo mayoritario del pueblo hondureño. Actualmente estamos aumentando los esfuerzos organizativos para derrotar la oligarquía e instalar la Asamblea Nacional Constituyente incluyente y popular.
¡Resistimos y Venceremos!
Tegucigalpa, M.D.C. 9 de diciembre de 2009 _________________________________________________________
Honduras: Elección validada por represíon y sangre(EN ESPAÑOL)
Honduras: Elección validada por represíon y sangre(EN INGLES)
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
