El paquetazo fiscal «huele a lirio»… pero, ¿y la alternativa?

…especialmente ahora que la Sala Constitucional ha admitido para su estudio un serio cuestionamiento procedimental y de fondo a su tramitación parlamentaria. Según los entendidos, el paquetazo tributario de la Administración Chinchilla Miranda (con el apoyo de una parte del PAC), podría estar ya desechado en la práctica, por una cuestión de realismo político.

Ahora bien, pensamos que este puede ser el gran momento para que distintas fuerzas cívico-patrióticas, sociolaborales y sindicales, académico-intelectuales, junto a sectores productivos y empresariales honestos (entre otros); nos pongamos a trabajar en el diseño de un planteamiento tributario estratégico con visión de mediano y largo plazo, más allá de los gobiernos de turno y lejos de los vaivenes electoralistas de corto plazo que tanto daño le hacen a nuestra ya maltrecha institucionalidad republicana.

Esta aspiración, que sabemos será compartida por mucha gente realmente preocupada por el severo problema nacional número uno que es el crecimiento de la desigualdad; está siendo potenciada por un reciente pronunciamiento del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), la institución de estudios superiores de más prestigio en nuestro país; mismo que ha indicado que el paquete fiscal del Gobierno “_no es conveniente para el país_”; y, por el contrario, lo que corresponde es que nos pongamos a fortalecer la administración tributaria y reducir la evasión fiscal.

“_El Consejo Universitario considera que este proyecto no constituye una propuesta integral de reforma fiscal que venga a resolver los problemas hacendarios del Gobierno Central; en ese sentido, antes de aprobar un proyecto de este tipo, el Gobierno debe emprender una acción efectiva contra la evasión fiscal, en particular, en el caso de los sectores de mayores ingresos y más ricos del país_”, señala el pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR.

¡Impresionante! La máxima casa de altos estudios de nuestro país da la razón a los sectores sindicales que desde este espacio y por otras vías venimos “_pegando el grito al cielo_” en cuanto a que el robo de impuestos en sus diversas manifestaciones, debe merecer la más alta prioridad de la política pública en este campo; declarando una especie de “_emergencia nacional_” en cuanto a la recaudación y lanzando la más feroz campaña gubernamental en contra de la delincuencia tributaria de cuello blanco, especialmente. Por tanto, ¿para qué más impuestos?… ¡para que se los sigan robando! ¡No!

Nuestros compañeros y nuestras compañeras sindicalistas de la ANEP en el Ministerio de Hacienda han sido bastante insistentes en ello y que ahora desde la propia UCR se les dé la razón, pues es una forma de honrar su larga lucha en tal sentido. ¡Enhorabuena por todo el Movimiento Sindical Costarricense!

Quienes roban no son precisamente, por ejemplo, las personas trabajadoras asalariadas en planilla, tanto del sector Público como del Privado, a las cuales y luego de la barrera exenta, de una vez, mes a mes, le descuentan su aporte impositivo al país, en el ámbito de la renta. Pero también, la parte asalariada que no tributa renta salarial, también la “_cazan_” cuando hace las compras, al aplicársele el impuesto de ventas, por ejemplo.

La semana pasada hablamos de las cuatro “_E_” del grave problema tributario nacional: Evasión, Elusión, Exoneraciones y Exenciones; planteando así un primer eje de trabajo de un análisis compartido y multisectorial en búsqueda de un gran acuerdo nacional al respecto. En materia de exoneraciones y exenciones estamos hablando ya de un 6 % del Producto Interno Bruto (PIB); y en el campo de la evasión y la elusión, las cifras que se manejan son del orden del 2.5 del PIB (aquí está el caso de los 800 mil furgones que, al año, entran y salen del país sin ningún tipo de revisión) ¡Qué relajo!

Entonces, estamos hablando de que al Gobierno se le “_escapa_” recaudar un ¡8.5! del PIB. En consecuencia, su plan fiscal, ahora reducido prácticamente a un “_mamarracho_”, queda en el más absoluto ridículo pues ya se resignaron, luego de múltiples concesiones, a solamente recaudar un 1.5 % del PIB; es decir, casi una sexta parte de lo que se roban por la vía de las cuatro “_E_”.

Luego podríamos pasar a un segundo eje de trabajo, en dos partes. Por un lado, ¿cuáles son las medidas de diversa naturaleza que hay que emitir para fortalecer la administración tributaria, de modo tal que como país, como sociedad, como nación, como Estado, lleguemos a un punto tal en que robar impuestos equivalga a matar a un ser humano, ó, al menos, constituya un delito de tanta gravedad que encierren al evasor?

Por el otro lado, ¿cuáles serán las medidas para estimular el pagar impuestos, para exigir la factura? Como lo hemos dicho ya varias veces, proponemos la pensión-consumo, la recompensa por denunciar evasión (una vez comprobada ésta), la lotería fiscal ligada a la de la Junta de Protección Social, la introducción curricular de la responsabilidad de tributar desde la niñez escolar y otras.

Pasaríamos luego a ver nuevos impuestos. Sí, ¡nuevos impuestos!, pero por el lado “_de los de arriba_”: renta mundial, renta global e impuesto a las transacciones financieras; pero en los tres casos, ¡de a verdad! No “_cosméticamente_”, de “_mentirillas_”.

A este nivel, deberíamos aprobar la ley para eliminar, parcialmente, el secreto bancario solamente ante la presunción administrativa de robo de impuestos. Después de todo este proceso, veríamos si el IVA (impuesto al valor agregado) sería necesario y si así fuese, ¿cuál IVA?…

Como vemos, no se ocupan más impuestos. Hay que combatir su robo. ¡Pongámonos a trabajar en ello! A la UCR, así como a las otras prestigiosas universidades públicas, patrióticamente les pedimos, ¡ayuden al pueblo!

Llega 2012 y no se sabe nada de cuánto será el incremento salarial

Gobierno argumentará déficit fiscal y no aprobación del paquetazo de impuestos para más severas restricciones salariales.

ANEP pretende confrontar al Gobierno con ideas para un “_plan B_” en materia tributaria; y sobre la designación de la AP como “_ente rector en materia de empleo público_”.

El año nuevo 2012 empezará sin que las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, sepan de cuánto será el monto de su reajuste salarial valedero para los primeros seis meses del año que ya está por comenzar.

El Gobierno, hasta el presente momento, no ha mostrado interés alguno ni ha dado la menor señal de querer hablar del tema; circunstancia ésta que debe darse cuando convoque (lo que no ha hecho todavía), a la discusión respectiva en el seno de lo que se denomina “_Comisión de Políticas Salariales para el Sector Público_”.

Se estima a partir de los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que la variación porcentual acumulada en el registro mensual de la inflación, durante el semestre que está por concluir, julio-diciembre de 2011, pudiera rondar el 3%.

La fijación salarial por venir para el caso del sector Público, podría serlo por decreto unilateral impuesto por el Gobierno, el cual argumentará que el asunto del déficit fiscal y la no aprobación de su paquetazo de impuestos, imposibilitan el menor esfuerzo de buscar un acuerdo con los sindicatos y gremios de tal sector en este asunto del incremento salarial que debe regir para el primer semestre del año 2012.

Por el contrario, para la ANEP hablar del tema de los salarios del sector Público y, específicamente, de cuánto será el incremento de las remuneraciones del mismo a partir de enero del 2011, es una excelente oportunidad para entregarle al Gobierno nuestras ideas hacia una especie de “_plan B_” en materia tributaria, ante la inminencia de que el paquete de impuestos que se tramite actualmente en el parlamento, fracase rotundamente, luego de la acción de inconstitucionalidad ante su tramitación irregular; y, ante la oposición generalizada que ha recabado tal iniciativa de ley, aunque por motivaciones radicalmente distintas, según se trate de los enfoques del sector laboral, por un lado; ó del sector del gran empresariado, por otro.

Además, es imperioso confrontar al Gobierno acerca de las razones que le motivaron a la emisión del Decreto Ejecutivo No. 36857-MP-PLN-H, por medio del cual se designó a la Autoridad Presupuestaria (AP), como en “_ente de rectoría política del empleo público_”; situación ésta que la ANEP percibe como una estrategia para los despidos en el Estado, la instauración generalizada del concepto de “salario único”, y/o para rebajas salariales por diversos mecanismos.

Abrazo de felices fiestas de la ANEP

A nuestro estimable público lector:
A nuestras socias y a nuestros socios anepistas:
Ciudadanía en general:

Invocamos al Creador, al señor Jesús, respetando eso sí todas las diversidades de credos, para que en su hogar, en su familia, en su casita, haya muchísima paz y enorme bienestar, no solamente por estas emotivas y lindas fiestas de la Navidad; sino para que en todo el año 2012, esa paz y ese bienestar estén siempre junto a usted, siempre junto a las personas que usted ama y quiere.

Vivimos tiempos extraordinariamente díficiles para todas las personas trabajadoras, para los pueblos de nuestro planeta, para la Humanidad misma; para la preservación de la vida misma en la Tierra, para la preservación de todas las formas de vida; por tanto, anhelamos que el 2012 nos traiga más ímpetu unitario, más tolerancia para lo que es diverso, más voluntad de agrupar la distinto que a pesar de ello apunta a un bien común: a la felicidad, a la justicia social, a la equidad, a la solidaridad; contra la depredación del inmediatismo consumista, contra el destructivismo, contra la competitividad materialista y por el decrecimiento para lograr el buen vivir que a todos y a todas nos garantice vida plena en medio de la humilidad y con base en el amor y la solidaridad.

Anhelamos que podamos servir mejor a nuestros y a nuestras semejantes de clase en el año nuevo 2012; anhelamos una gran unidad laboral, cívico-social y político-estratégica que nos lleve hacia la nueva hegemonía que ocupa nuestra Patria: la hegemonía de la gente, la de los y las de abajo, la del pueblo; la de la Justicia Social, la de la Solidaridad y la Movilidad Social; la de la Ecología y la Paz real con la Naturaleza; la del Buen Vivir y en permanente comunicación con lo Superior, tal y como cada quien lo pueda entender.

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo.
ANEP

Consejo UCR emplazó al gobierno para que retire plan fiscal

por Informatico

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica emplazó al gobierno para que se abandone el trámite para la aprobación del Proyecto Ley de Solidaridad Tributaria, expediente N.º 18.826, ya que “no es conveniente para el país“ y pidió que lo retiren y “en su lugar y con carácter prioritario“ se propongan fortalecer la Administración Tributaria y reducir la evasión fiscal.

El Consejo Universitario sugirió a las autoridades que de inmediato se impulse un acuerdo nacional en el que se definan las prioridades del gasto y la orientación de la política pública en el corto, mediano y largo plazo, con amplia participación democrática.

Por otro lado, le solicitó a las fracciones legislativas que inicien un nuevo proceso para promover una “_reforma tributaria integral de carácter progresivo_” con el fin de lograr la justicia tributaria en nuestro país.

“_El Consejo Universitario considera que este proyecto no constituye una propuesta integral de reforma fiscal que venga a resolver los problemas hacendarios del Gobierno Central; en ese sentido, antes de aprobar un proyecto de este tipo, el Gobierno debe emprender una acción efectiva contra la evasión fiscal, en particular, en el caso de los sectores de mayores ingresos y más ricos del país_” señala el pronunciamiento del Consejo.

Los universitarios citaron datos de la Contraloría General de la República de los años 2009 y 2010, que demuestran que la evasión en el impuesto sobre la renta superó el 60% del ingreso posible por recaudación, lo que equivale a un monto cercano al 4% del producto interno bruto (PIB), mientras que la reforma propuesta pretende recaudar apenas un 2% adicional del PIB.

“_Estos datos reflejan la imperiosa necesidad de un esfuerzo mayor de parte del Estado costarricense para mejorar la recaudación de los impuestos_” antes de seguir adelante con un plan fiscal que no va a resolver los problemas financieros del gobierno y que por la forma en que están planteados los impuestos a la renta global y a la renta mundial, la UCR considera que es poco viable su ejecución.

Peligra el empleo público

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), cumplimos con nuestro deber de alertar a todos los compañeros empleados públicos y a todas las compañeras empleadas públicas, tanto en propiedad como en interinazgos, acerca de las graves repercusiones que en materia de estabilidad laboral, conquistas salariales, evaluación del desempeño, debido proceso, anualidades, dedicación exclusiva, prohibición, otros pluses, etc., etc.; tiene el Decreto Ejecutivo No. 36857-MP-PLAN-H (texto adjunto), emitido por la Presidenta de la República y sus ministros de la Presidencia, de Planificación Nacional y Política Económica, de Economía, y de Hacienda; dándole todo el poder en materia de empleo público, de ahora en adelante, ¡¡a la AUTORIDAD PRESUPUESTARIA!!, conocida también por sus siglas AP.

Sin perjuicio de que en próximos días profundicemos sobre la naturaleza perversa de este decreto, percibimos una intencionalidad “estandarizadora“ de todas las condiciones de empleo público en todo, y ¡en todo!, el sector Público; atisbos hacia la imposición del concepto de “salario único“ en el Gobierno Central y más allá de él; imposiciones tecnocráticas para la fijación de incrementos e incentivos salariales, específicamente, para crear las condiciones “técnicas“ hacia congelamientos salariales sectoriales y hasta generales. En fin, creemos que esta es una intentona de una “Reforma del Estado“ verticalista, autoritaria y, sobre todo, de corte neoliberal clásico.

Le hacemos un llamado a usted compañero trabajador del sector Público, a usted compañera trabajadora del Sector Público; a usted como anepista, a usted como sindicalista asociada a alguna agrupación; a todas las organizaciones laborales estatales para que, conjuntamente, nos enfrentemos a esta provocación gubernamental en contra de la clase trabajadora asalariada del sector Público, ya sea que esté gremializada-sindicalizada o que no lo esté.

Denunciamos públicamente esta intentona de crear condiciones para despidos masivos en la Administración Pública, anuncio que ya efectuara días atrás don Fernando Herrero Acosta, Ministro de Hacienda, enfurecido porque el “mamarracho“ de paquetazo tributario que promueve su Gobierno no está avanzando como quisiera.

Lea el decreto. Ubíquese en su contexto laboral-institucional, vea los alcances pretendidos y comprobará que se trata de una intentona de “Reforma del Estado“ verticalista, “por la cocina“, a espaldas de la gente trabajadora de la Administración Pública y con perspectiva generalizadora, más allá del Gobierno Central y del propio Servicio Civil, el cual queda reducido con este decreto a un “organismo de asistencia técnica“.

¡Alístese a luchar!
SU EMPLEO PELIGRA
ANEP

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Nº 36857-MP-PLAN-H

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA
EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, LA MINISTRA
DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA
ECONÓMICA, Y EL MINISTRO DE HACIENDA

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140, incisos 3), 8), 18) y 20) y 146 de la Constitución Política; los artículos 4º; 25, inciso 1); 27, inciso 1); 28, inciso 2), acápite b); 100, inciso 1); 113, incisos 2) y 3) de la Ley Nº 6227, Ley General de la Administración Pública del 2 de mayo de 1978; los numerales 2, 16 y 17 de la Ley Nº 5525, Ley de Planificación Nacional del 2 de mayo de 1974, el artículo 16 de la Ley Nº 6955, Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público del 24 de febrero de 1984 y sus reformas; Ley Nº 1860, Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Considerando:

1º—Que en la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, prevaleció la intención de establecer un régimen laboral administrativo, distinto al régimen de empleo privado regido por el Código de Trabajo que respondiera a las especiales particularidades de la función pública, todo con el propósito de proteger al trabajador de las destituciones arbitrarias, dotando al empleo de continuidad y estabilidad; así como tender a la profesionalización de la función pública, a través de mayor eficiencia e idoneidad en el funcionario.

2º—Que la Asamblea Constituyente de 1949, optó por elevar a rango constitucional el régimen especial de servicio de empleo del sector público que denominó Servicio Civil a través de los numerales 191 y 192 constitucionales como un cuerpo legal regulador del servicio público que desarrolle las garantías mínimas establecidas en la Constitución Política. De conformidad con el Estatuto del Servicio Civil, el Poder Ejecutivo deberá ajustarse a dicha normativa en lo que respecta a la integración de personal de conformidad con las atribuciones conferidas de forma exclusiva a la Dirección General del Servicio Civil.

3º—Que las regulaciones sobre las relaciones de empleo del sector público en otros Poderes del Estado, así como en la Administración Descentralizada, se encuentran fragmentadas por la existencia de regímenes diferenciados, algunos de los cuales corresponden a entes públicos con la garantía constitucional de autonomía política.

4º—Que la legislación de entidades públicas con un régimen laboral propio, diferente al Estatuto de Servicio Civil, ha introducido variantes relevantes ocasionando desigualdades en el empleo del sector público, en aspectos como, las clasificaciones de puestos, salarios, sistemas de información, y enfrentan retos para implementar enfoques de competencias y evaluación del desempeño por méritos y por productividad del servidor público.

5º—Que la Contraloría General de la República ha efectuado en los últimos años una serie de estudios de fiscalización, entre ellos DFOE-PGAA-04-2009 y DFOE-PGAA-IF-65-2009; que han analizado y emitido disposiciones a la Presidencia de la República en temas referentes a requerimientos regulatorios de rectoría y gestión del Estado en materia de empleo del sector público, en procura de la eficiencia administrativa. Dichos estudios pretenden la definición de una rectoría política en materia de empleo del sector público cuyo ámbito abarque todos los órganos y en entes públicos, según corresponda.

6º—Que la Ley Nº 6227, Ley General de la Administración Pública, publicada en el Alcance Nº 90 a La Gaceta Nº 102 del 30 de mayo de 1978, en su artículo 4º dispone que la actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfagan y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.

7º—Que el Sistema Nacional de Planificación, creado mediante Ley Nº 5525, Ley de Planificación Nacional, tiene dentro de sus objetivos procurar estudios, análisis y recomendaciones sobre el desempeño del Estado y sus instituciones, especialmente en aspectos relacionados con sus recursos humanos y el mejoramiento de la Administración Pública.

8º—Que la Ley Nº 8131, Ley de Administración Financiera de la República y de Presupuestos Públicos, publicada en La Gaceta Nº 198 del 16 de octubre del 2001 en el ámbito de competencias y atribuciones del Sistema de Administración Financiera de la República, cuya rectoría de acuerdo con el numeral 27 corresponde al Ministerio de Hacienda, ha establecido funciones relevantes vinculadas con la materia de empleo del sector público dada la necesaria articulación con los temas presupuestarios de los entes y órganos integrantes del sistema.

9º—Que la Ley Nº 8131, en su artículo 21 señala que la Autoridad Presupuestaria integrada por el Ministerio de Planificación Nacional, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Trabajo tiene como una de sus funciones específicas, formular directrices en materia de empleo, incluyendo las relativas al nivel de empleo en el Sector Público y velar por su cumplimiento, y el numeral 16 de la Ley Nº 6955, Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, dispone que la Autoridad Presupuestaria es la encargada de fijar los lineamientos en materia de empleo del sector público, incluyendo límites al número de puestos por institución. Por tanto,

Decretan:

CREACIÓN DE RECTORÍA POLÍTICA EN MATERIA
DE EMPLEO DEL SECTORBLICO

Artículo 1º—Rectoría. Se otorga la rectoría política en materia de empleo del sector público a la Autoridad Presupuestaria con el principal objetivo de proponer directrices y políticas en materia de empleo, salarios e incentivos para el sector público, eficaces. En el ejercicio de sus funciones contará con el apoyo obligado de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y la Dirección General del Servicio Civil.

Artículo 2º—Características del sistema de empleo del sector público. En el ejercicio de la dirección política la Autoridad Presupuestaria deberá propiciar un sistema de empleo del sector público integrado, que brinde dirección y garantice el cumplimiento de los principios constitucionales y legales en la materia.

Artículo 3º—Objetivos el ejercicio de la rectoría política en materia de empleo del sector público, la Autoridad Presupuestaria deberá impulsar el desarrollo de acciones destinadas al logro de los siguientes objetivos:

a. Determinar y fomentar la realización de los principios rectores que rigen el empleo del sector público.

b. Realizar un seguimiento adecuado del desempeño del empleo del sector público en la prestación de los servicios públicos.

c. Desarrollar parámetros para administrar, controlar, mejorar, y racionalizar el empleo del sector público.

Artículo 4º—Reglas de empleo del sector público. La Autoridad Presupuestaria como rector político, coordinará las acciones necesarias a fin de dar unidad y coherencia a las reglas de empleo del sector público, principalmente en materia de remuneración, clases de puestos, capacitación, formación, y evaluación del desempeño, con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales correspondientes.

Artículo 5º—Asesoría y apoyo técnico. Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el presente Decreto, la Autoridad Presupuestaria contará, según corresponda, con la asesoría y el apoyo técnico especializado de la Dirección General del Servicio Civil, y de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

Artículo 6º—Coordinación Superior. La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria presentará una vez al año a la Autoridad Presupuestaria, y esta al Consejo de Gobierno, los avances en planteamientos, impulso de iniciativas y desarrollo de acciones en general que se lleven a cabo de forma progresiva en el cumplimiento de los objetivos encomendados como órgano rector en materia de empleo del sector público. Los jerarcas, de conformidad con sus competencias, atribuciones y experiencia en la materia, con el fin de mantener la integralidad de acciones, apoyarán las gestiones realizadas y favorecerán el cumplimiento de las acciones y objetivos establecidos en el numeral tercero de este Decreto.

Artículo 7º—Solicitud de información y colaboración. La Autoridad Presupuestaria, en su rol de rector político en empleo del sector público, podrá solicitar a los jerarcas de órganos, entes y empresas públicas la información que estime pertinente para el desempeño de sus funciones. Dichos funcionarios estarán obligados a proporcionarle la información requerida, respecto de las instituciones a su cargo que no esté sometida a medidas de confidencialidad o secreto, así como brindar razonablemente, cualquier otra colaboración atinente a las funciones del rector.

Artículo 9º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los nueve días del mes de noviembre del dos mil once.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides Jiménez; la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Laura Alfaro Maykall, y el Ministro de Hacienda, Fernando Herrero Acosta.—1 vez.—O. C. Nº 10971.—Solicitud Nº 104.—C-78350.—(D36857-IN2011092844).

Otro «paquete» fiscal… ¡no este!

…pues no se vale que se siga fortaleciendo, robusteciendo, potenciando, el injusto carácter regresivo del sistema tributario costarricense. Regresivo porque pagan más impuestos, proporcionalmente hablando, quienes menos plata tienen.

Este proyecto, si bien tiene componentes muy importantes que van en la dirección opuesta, es decir, por el lado de la progresividad (para sacarle más plata a los que más tienen); la verdad es que quedó descalificado, satanizado, inviable y repudiable ante la ciudadanía, ante la gente, ante “_los y las de abajo_” por habérsele incluido su más perverso componente, la transformación del impuesto sobre las ventas, en impuesto al valor agregado (IVA), por más exoneraciones, exenciones que a su eventual aplicación se le hayan incluido.

Sin embargo, nos parece que la oposición del movimiento sindical y social organizado a este paquete de impuestos, no ha sido lo contundentemente explicada como para que el pueblo pueda diferenciar la naturaleza distinta de la oposición que se generó desde las poderosas cámaras empresariales, versus la oposición que se ha generado en los sindicatos y en otras expresiones del amplio y diverso movimiento social costarricense.

En nuestro criterio, son varias las alternativas que se pueden considerar a un paquete de impuestos como el que hoy está siendo cuestionado por “_tirios y troyanos_” aunque, como indicamos, con motivaciones distintas.

Pensamos que tanto el Gobierno como el Partido Acción Ciudadana (PAC), debieron haber acordado el trámite de un proyecto de impuestos que incluyese, únicamente, las medidas necesarias por el lado de la progresividad tributaria.

Es decir, debieron indicarle al país que se tramitaría una ley únicamente conteniendo los artículos sobre la renta mundial, sobre la renta global y sobre las transacciones financieras. Debieron mandar un potente mensaje de que, por primera vez y no sabemos en cuántos años, se impulsaría un cambio estructural tributario para que los que más tienen aportaran más.

La renta mundial es aquella que personas y empresas costarricenses generan por su actividad en el exterior, sólo que obligándoles a pagar impuesto de la renta en el mismo momento en que generan su ganancia y no cuando ésta ingresa al país.

La renta global es la suma única de todas las entradas que tienen las personas y las empresas por su actividad en el país: salarios, intereses, bonos, alquileres, etc.

El impuesto a las transacciones financieras es un monto que se cobra por mover la plata, por ejemplo, de un banco a otro y luego de cierto monto para no afectar a los pequeños y medianos ahorrantes y cuentahabientes bancarios.

Jamás se debió incluir la transformación del impuesto de ventas a IVA en un mismo proyecto de ley que contuviera medidas como la renta mundial y la renta global.

Creemos que la lucha popular de las próximas semanas en torno a la cuestión tributaria debe diferenciarnos, radicalmente, de las objeciones del gran empresariado, del gran capital, de las grandes fortunas que se niegan a ser gravadas con más impuestos; y no caer en la trampa de hacerles el juego, con una oposición “_per se_”, consignera, panfletaria y que a final de cuentas nada cambie en la estructura tributaria injusta que pesa sobre el pueblo trabajador y otros sectores populares y sociales.

Si lográramos articular nuestras propuestas para una ley tributaria por el lado de la progresividad (sin IVA); además de incluir la renta mundial, la renta global, el impuesto a las transacciones financieras (con los cambios de contenido que se necesitan en los tres casos); debemos incluir disposiciones y estrategias jurídicas en esa ley para estos tres aspectos centrales.

Uno: el combate a las cuatro “_E_” del “_apocalipsis tributario_” que amenaza con la quiebra del Estado costarricense: Evasión, Elusión, Exenciones y Exoneraciones.

Dos: La naturaleza de las medidas del fortalecimiento estratégico de la gestión tributaria: más personal especializado, más recursos, más tecnología.

Tres: Incentivos para tributar, para pedir la factura, para incrementar la responsabilidad cívica de pagar impuestos; implementando, por ejemplo, la pensión-consumo y la recompensa por denunciar a las personas y empresas evasoras.

Además, esa ley tributaria por “_el lado de los de arriba_” (repetimos, sin IVA), debería incluir la apertura parcial del secreto bancario únicamente bajo suposición de evasión fiscal y sin arriesgar su esencia (aquí ya hay un proyecto en la corriente legislativa, el número 17.677).

Igualmente, deben incluirse dos disposiciones transitorias que podrían regir por un período entre los 18 y los 24 meses: una ley de contingencia fiscal que grave, por ejemplo, el consumo suntuario; y un impuesto al patrimonio, por una única vez, similar al adoptado por don Pepe Figueres cuando impuso la Junta Fundadora de la Segunda República.

Como vemos, ojalá podamos construir una articulación popular con sentido estratégico para la revolución tributaria que ocupa nuestra querida Patria; de manera tal que el pueblo trabajador, que “_los y las de abajo_”, distingan, con claridad, porqué el gran capital no quiere que se le pongan más impuestos; pero, que a la vez, distingan cuáles son los cambios por los que sí vale la pena luchar completamente unidos para que tengamos la transformación estructural que sí ocupamos con urgencia.

A las calles contra el Plan Fiscal

(elpais.cr) – La Coordinadora Nacional de Lucha anunció que la marcha contra el Plan Fiscal, a celebrarse el martes próximo, será multitudinaria y aseguró que más organizaciones populares de Costa Rica se sumarán al llamado.

La presidenta de la APSE, Beatriz Ferreto López, dijo en rueda de prensa que independientemente de la votación en la Asamblea Legislativa y el resultado de la posible consulta a la Sala Constitucional, las protestas populares contra el paquete de impuestos continuarán el próximo año.

A la rueda de prensa, realizada este viernes en la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), asistieron dirigentes de organizaciones de la Coordinadora Nacional de Lucha, como las federaciones de estudiantes de las universidades públicas, la Central General de Trabajadores, el Magisterio en Acción y el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica, entre otros.

Participa también el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (SEC), la Cámara de Representantes de Casas Extranjeras (Crecex), cooperativistas y agricultores, entre otros.

Agregó que la marcha contra el paquetazo fiscal saldrá el martes 13 de diciembre a las 9 a.m. del parque Central rumbo a la Asamblea Legislativa, donde la Coordinadora entregará un documento que ratifique la oposición total al proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria y la exigencia de su retiro inmediato.

“_Si el proyecto es aprobado en primer debate antes del 24 de diciembre, no nos cruzaremos de brazos; las acciones de protesta seguirán en el 2012, aun cuando la Sala IV declare que no contiene vicios de inconstitucionalidad_”, advirtió la dirigente.

“_El paquete tributario, ampliamente regresivo, no parte del consenso de la sociedad civil; hace recaer los impuestos sobre la masa popular, o sea, la clase media y los pobres_”, justificó.

Ferreto explicó que “_por eso, proponemos que los tributos recaigan sobre los artículos y servicios suntuarios para que sean los que más tienen los que paguen_”.

Además, hizo un llamado a campesinos, sindicalistas, trabajadores públicos y privados, amas de casa, estudiantes y pequeños empresarios a volcarse a las calles el martes 13 de diciembre y a apoyar otras acciones que definirá la Coordinadora Nacional de Lucha contra el plan fiscal.

Por su parte, el Secretario General de la APSE, Mariano Rodríguez, pidió a los afiliados de la APSE, de las 32 regionales, que expresen su descontento en las calles.

Rodríguez dijo que conforme pasan los días, más organizaciones sindicales, populares, estudiantiles y trabajadores en general apoyan las acciones de protesta para enterrar el paquetazo fiscal.

El sábado anterior fue integrada la Coordinadora Nacional de Lucha, y en la primera sesión de trabajo se constituyeron varias comisiones para preparar la gran marcha del martes 13 de diciembre, la cual iniciará a las 9 a.m. en el parque Central.

Uno de los invitados a la reunión fue el diputado José María Villalta del Frente Amplio, quien calificó de muy importante la movilización popular para ejercer presión contra el proyecto tributario y prometió un pronunciamiento público de su partido.

“_El proyecto de Ley de Solidaridad Tributaria es un garrotazo para el pueblo y hay que pararlo_”, advirtió el legislador.

Ferreto recalcó que “_respetamos la decisión de otros sectores de dialogar con el Gobierno sobre puntos específicos, pero nosotros nos oponemos completamente_”.
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¿Por qué me opongo al «plan fiscal»?

1- Como académico y como ciudadano, desde hace varios años llegué a la conclusión de que no tiene sentido apoyar reformas tributarias que sólo mantienen o profundizan el carácter regresivo de la estructura tributaria costarricense. Durante los últimos 25 años, todas las reformas aprobadas sólo han pretendido “sacar de apuros” a los gobiernos de turno, sin incidir de manera significativa en los problemas estructurales y en la injusticia e inequidad tributarias. El actual proyecto de ley que se pretende aprobar al calor de las festividades navideñas no es la excepción. Y como sin duda el déficit fiscal y la baja carga tributaria son problemas reales, esta era una gran oportunidad para forzar al gobierno a proponer una reforma integral que incluyera tanto metas de mayor recaudación, como de mayor eficiencia y, sobre todo, de mayor equidad.

2- La exigencia popular, “_que primero cobren bien los impuestos y eliminen la corrupción y el despilfarro_”, es una proclama enteramente cierta. Aunque el combate frontal a la evasión y al fraude fiscal no logre cerrar el déficit financiero del Gobierno Central, es un imperativo ético que debe encabezar todo proyecto aceptable de reforma tributaria; pero incluso, podría generar tantos recursos o más que el 1,5% del PIB que se espera recaudar con la última versión de la propuesta del PLN/PAC.

3- Aunque en la Asamblea Legislativa se estudian otros proyectos de ley complementarios a la reforma tributaria propiamente dicha, mismos que podrían fortalecer la Administración Tributaria y endurecer las penas a los evasores y defraudadores fiscales; no hay garantía alguna de que se terminen aprobando una vez que el actual gobierno cuente con recursos adicionales para “_medio terminar_” su período de mandato. La oposición en general, y el PAC en particular, debieron exigir la aprobación de estos proyectos en primer término, para sólo luego discutir propuestas de modificación a los impuestos vigentes.

4- En materia de reforma tributaria, no podemos aceptar que los impuestos directos a las rentas y a la riqueza sigan teniendo un peso tan secundario, ya que es aquí donde ocurre la mayor evasión y porque son los impuestos que más pueden incidir en lograr una estructura tributaria realmente progresiva. Estos impuestos deberían representar, al menos, el 50% de la recaudación total.

5- Sabemos muy bien que el IVA puede aumentar (bajo ciertas condiciones) la eficiencia en la recaudación, pero es un impuesto claramente regresivo. Hacerlo progresivo es prácticamente imposible sin propiciar que se convierta en algo sumamente complejo y costoso de administrar. Hacerlo “_neutral_” es posible si se cumplen al menos tres condiciones: a) una amplia canasta de bienes y servicios de consumo básico exenta; b) como complemento a lo anterior, la exoneración a todos los insumos requeridos en la producción de los bienes agrícolas, pecuarios y agroindustriales de uso final incluidos en la canasta exenta; c) la utilización de tasas diferenciadas o, en su defecto, la aplicación de un Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) altamente progresivo que grave el consumo suntuario. Pero el IVA que se discute en la Asamblea Legislativa es más el resultado de las presiones de los grupos empresariales que de la sana discusión con fundamentación técnica y participación democrática. Además, el IVA propuesto no corrige la regresividad del actual impuesto sobre las ventas, y lo que es peor, el ISC vigente es, aunque cueste creerlo, claramente regresivo.

Así las cosas, el «_plan fiscal_» del PLN/PAC no es un proyecto digno de ser apoyado.

(*) Académico Universidad Nacional

Conversatorio sobre el Plan Fiscal en la ANEP

Don Leiner Vargas Alfaro, prestigioso economista y académico universitario, vendrá a la sede central de la ANEP, el próximo martes 13 de diciembre, a las 5 de la tarde.

Objetivo: un conversatorio sobre el paquetazo fiscal. Su presencia es una iniciativa de los compañeros y las compañeras de la Seccional ANEP-Universidad Nacional. Les formulamos a todos y a todas una instancia vehemente para que se apersonen ese día y se pueda tener así más elementos de peso en este delicado tema que está ocupando uno de los primerísimoS lugares de la agenda nacional y, por ende, la del Movimiento Sindical.

Hacemos extensiva esta invitación para las organizaciones sociosindicales amigas, particularmente a nuestras hermanas en la CENTRAL SOCIAL JUANITO MORA PORRAS (CSJMP).