Palestina, el Imperio y Chinchilla

por José Merino del Río
Presidente Frente Amplio

Se refería a los derechos de Palestina, y a la amenaza de veto de los Estados Unidos ante lo que parece ser la firme voluntad de la gran mayoría de países representados en la Asamblea General, de reconocer plenamente al Estado palestino. El voto de una superpotencia vale más que el de los 193 países de la Asamblea General. Y a eso le llaman democracia.

Se podría haber esperado que la presidenta de un pequeño país como Costa Rica, que se declara respetuoso de la paz, de la democracia, del derecho internacional y de las resoluciones de las Naciones Unidas, dijera al menos alguna palabra al respecto. Nada. En un mediocre discurso, Laura Chinchilla guardó silencio total, sobre el tema más candente que se discute en la Asamblea General de Naciones Unidas. El temor a las presiones de Washington y Tel Aviv, pudo más que el respeto a los derechos humanos y nacionales de un pueblo mártir como el palestino, despojado de sus tierras, de sus hogares, de su derecho a la existencia como lo reclaman reiteradas resoluciones de la ONU, siempre vetadas o ignoradas por la fuerza del imperio.

Ni una palabra, a pesar de que siendo ella vicepresidenta de la administración Arias, rubricó también con su firma el reconocimiento del Estado palestino por Costa Rica. Ni un mínimo coraje para defender un sentido de democracia respetable en Naciones Unidas.

¿Para que sirve un discurso cargado de retórica sobre los valores de la paz, de la democracia, del respeto al derecho internacional, si se carece del sentido de la dignidad para exigir que se respete la democracia en el seno de las Naciones Unidas? ¿Acaso no se puede ser amigo del pueblo judio y de Israel, exigiendo al mismo tiempo respeto a los derechos del pueblo palestino y de Palestina?

Una oportunidad perdida para un gobierno con políticas erráticas y equivocadas, tanto nacional como internacionalmente. Hoy se hablaría con respeto de Costa Rica en muchas partes del mundo, si se hubiera escuchado la voz valiente de la presidenta de un país pequeño de tamaño pero grande de ideas y de espíritu. ¡No señor Obama, la paz o llega a través del respeto de la comunidad internacional o no llegará nunca! Acaso no fueron las mismas palabras, más brutales sí, de Bush: “Los Estados Unidos jamás aceptarán las resoluciones de la ONU cuando sus intereses vitales estén en peligro“. Y se fue a la guerra infinita, con el apoyo también del gobierno de Costa Rica: “Si tienen que morir niños que mueran los de Irak y no los de Costa Rica“(Abel Pacheco).

¿Cómo podemos callar ante un sistema aberrante, que permite a un club de cinco potencias imponer cuando les sale de las narices, su voluntad sobre el resto de la comunidad internacional? ¿Cómo ingeniárselas para hacer la del avestruz, y meter la cabeza bajo tierra cuando la hiperpotencia se carcajea de las resoluciones de la Asamblea General?

¿De qué madera está hecha su política señora Chinchilla? ¿Firmeza y honestidad? Realpolitik, es el nombre que se da a la política del cinismo cuando se tiene la fuerza para imponerle un curso a los acontecimientos. Es la política de los poderosos, de los que mandan en el mundo. Pero ¿cómo definir la política de sumisión y lamebotismo del débil frente al fuerte?

Gran manifestación iceista contra plan eléctrico

Primer movimiento de las organizaciones sindicales del ICE en contra de los planes por desmonopolizar la generación y distribución eléctrica en Costa Rica.

La manifestación finalizó con una marcha por el centro de la Ciudad Capital hasta la Asamblea Legislativa, donde entregaron un documento con propuestas a la Presidencia Legislativa.

Peligra el manual de puestos en la municipalidad de Curridabat

San José, 23 de setiembre de 2011.
S.G. 09-11-2307-11
¡URGENTE!

Honorables señoras y señores
Regidores y regidoras
Concejo Municipal
Municipalidad de Curridabat
Presente

Estimados señores y estimadas señoras:

Con gran respeto, les expresamos nuestro más atento saludo.

Oficialmente y por esta vía solicitamos a sus dignas autoridades municipales, ser recibido en audiencia de sesión oficial de ese honorable concejo, con la urgencia que el caso amerita, para hacer referencia al contenido del capítulo 6 – Mociones, Artículo Único: MOCIÓN MANUAL DE PUESTOS, abordado en la sesión ordinaria No. 072-2011, del pasado martes 13 de setiembre de 2011; concretamente a la pretensión de modificar varios perfiles de puestos, mismos que fueran aprobados el 22 de enero de 2008, en la sesión ordinaria No. 91/2008.

Con base en las estipulaciones legales y constitucionales vigentes que nos garantizan la acción directa en función de la protección de los derechos económicos y sociales, laborales-gremiales, de quienes son personas trabajadoras asociadas a la ANEP en esa importante institución municipal; acudimos ante vuestras ilustres autoridades, como indicamos líneas arriba, con la pretensión de ser escuchados con relación al punto en mención, toda vez que valoramos que se tengan elementos jurisprudenciales importantes antes de que se tome una decisión definitiva en tal caso.

Efectivamente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con base en la “_doctrina de los actos propios_”, ha establecido que ante la presencia de una acto de declaratoria de derechos, la pretensión de derogarlos o eliminarlos, no puede afectar a las personas que ya habían consolidado tales derechos; y, en caso de lo que se pretenda es su nulidad, la nulidad de esa declaratoria de derechos, tampoco podría afectarse a las personas beneficiadas con los mismos; y, en este caso, si la persistencia institucional es, efectivamente, insistir en esa nulidad, tendrá que acudirse a un juicio contencioso-administrativo, instancia en la cual puedan ejercer su defensa quienes potencialmente podrían ser afectados. En uno ó en otro caso, esta organización ha insistido en que las modificaciones sean hacia futuro, sin que se pueda afectar, como ya indicamos, la consolidación de esos derechos.

En esta misma línea de evitar la lesión a las personas trabajadoras que habían recibido el derecho de convalidación de experiencia, es notable el contenido del informe de la Asesoría Legal de la municipalidad, según se puede leer en el acta de la sesión ordinaria No. 071-2011, celebrada el día 8 de setiembre de 2011, artículo 4:

“_Así las cosas se estima que para los niveles técnicos y operativos, únicamente sí es procedente la disposición reglamentaria de la compensación de años de experiencia con estudios siempre y cuando ello se encuentre autorizado en el Manual Descriptivo de Puestos. No se estima que tal disposición pueda violentar lo dispuesto en el numeral 16 de la Ley General de la Administración Pública dispone: ‘En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia’_ ”.

Así las cosas, nuevamente, les reiteramos nuestra petición de ser recibidos en audiencia para ampliar sobre el particular.

Con la mayor consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Déficit fiscal e impuestos: Las 14 propuestas de ANEP

La ANEP es de la tesis de que Costa Rica ocupa una Transformación Tributaria Estructural para transitar hacia la progresividad en materia impositiva y para prevenir situaciones tan dramáticas, injustas y desestabilizadoras como la que se está manifestando en Grecia, país de la Unión Europea (UE), que está despidiendo a miles de personas trabajadoras del sector Público, rebajando salarios y pensiones, privatizando indiscriminadamente y elevando las cargas impositivas indirectas; sin que los principales responsables de tal crisis, el capital neoliberal radical y extremista de signo financiero-bancario asuma sus responsabilidades.

Recordamos los 14 planteamientos de la ANEP al respecto.

1- EVASIÓN. Crear una comisión político-social para un análisis puntilloso de los diversos informes de la Contraloría General de la República (CGR) que tratan el tema de la evasión fiscal en sus diversas manifestaciones, de forma tal que se pueda, en el menor corto plazo posible, generar una contundente acción de implementación política y administrativa de sus criterios, valoraciones y/o recomendaciones para reducir al mínimo la cifra generalmente aceptada de que esa evasión anda por el orden de los 500 mil millones de colones, una cifra muy similar a la pretendida por la propuesta gubernativa de “LEY DE SOLIDARIDAD TRIBUTARIA”.

2- ADUANAS. Desagregando la anterior, es imprescindible diseñar una acción política contundente de intervención en el Sistema Aduanero Nacional, de forma tal que se proceda con urgencia a cerras las múltiples vías abiertas para la evasión fiscal en las más disímiles formas, pese a las nuevas situaciones derivadas de las rebajas arancelarias promovidas según las tesis ideológicas de los TLC’s.

3- SUPERÁVIT. Incorporar representaciones sindicales y sociales calificadas a la comisión designada por el Gobierno para discutir con la oficina del señor diputado don Luis Fishman Zozinsky, su planteamiento de que estamos, más bien, en escenario de superávit, si partimos de una integración global de las cifras financieras del Estado (lo que nosotros llamamos la “contabilidad secreta” del Estado), con la indicación de la estrepitosa cifra de 1.379.816.054.704.91 colones; para, por un lado, ser partícipes directos de la constatación de si, efectivamente, el tal déficit es una realidad ó una ficción macroeconómica de signo neoliberal; por otro, para salvaguardar la preservación de las decisiones políticas de proyecciones de desarrollo institucional y sus correspondientes previsiones presupuestario-financieras, de entidades que en un escenario de “competencia” están ya siendo atacadas por las voraces transnacionales presentes ya en el país.

4- POLICÍA FISCAL. Fortalecimiento urgente del cuerpo de la Policía Fiscal, dotándole de mayor personal de carácter técnico profesional y con las correspondientes condiciones de logística operativa y administrativa para que entre en operación con nuevas leyes de control de la evasión fiscal.

5- CONTRALORÍAS DE SERVICIOS. Adscribir a la Defensoría de los Habitantes de la República, las contralorías de servicios, manteniendo la pertenencia presupuestaria en la institución de que se trate; para darles un verdadera carácter de instancias con plena independencia política de las correspondientes jerarquías; y, además, conformando consejos civiles de esas contralorías, para que coadyuven en el ejercicio cotidiano de velar por la buena marcha de los servicios públicos, su transparencia, su oportunidad, su eficiencia y su eficacia y, sobre todo, el buen uso de los recursos de que disponen.

6- EVASIÓN-DENUNCIA-RECOMPENSA. Dictar una ley para premiar la denuncia de evasión fiscal de forma tal que la persona denunciante, comprobado el ilícito tributario, reciba un porcentaje de lo que le fue robado al fisco por impago de impuestos. En la misma ley debe establecerse la pena de cárcel por evadir impuestos; estableciendo, además, con gran claridad y contundencia que la reiteración de una conducta evasiva en idénticas condiciones a la primera conducta delictiva al respecto, es de carácter acumulativo para efectos de cobro, por ejemplo.

7- SECRETO BANCARIO. Aprobación del proyecto “Ley para el cumplimiento del Estándar de Transparencia Fiscal”, expediente legislativo 17.677, con lo cual la administración tributaria, de presumirse ilícitos tributarios con evidencia sólida en ello, puede tener acceso a las cuentas bancarias sin demérito del secreto bancario.

8- BANCA “OFFSHORE”. Aprobar el proyecto de ley de regulación de la banca costarricense en el exterior, banca “offshore”.

9- IMPUESTO AL PATRIMONIO. Aprobar, por una única vez, un impuesto al patrimonio, para grandes fortunas y capitales, a partir de cierto monto, de forma tal que no toque las cuentas ni los ahorros que con grandes penurias, gente de la clase media ha logrado guardar.

10- LUJO SUNTUARIO. Aprobar un proyecto de “Ley de Contingencia Fiscal”, para gravar, extraordinariamente y por uno o dos años, las erogaciones suntuarias, el consumo de lujo y las muestras evidentes de riqueza acumulada.

11- GANANCIAS EN EL EXTERIOR. Aprobar una ley para gravar las ganancias producidas en el exterior y repatriadas al país.

12- PENSIÓN-CONSUMO. Empezar a dar a conocer y tramitar la iniciativa que promueve el distinguido ciudadano Dr. Wálter Coto Molina, Expresidente de la Asamblea Legislativa, quien, junto a un notable grupo de costarricenses patriotas, ha elaborado un novedosísimo proyecto que está dando de qué hablar en otros países, denominado PENSIÓN-CONSUMO; una iniciativa que vincula la responsabilidad ciudadana de tributar, con el incremento de la recaudación y con el premio al ciudadano que tributa para efectos de una pensión complementaria.

13- PERSONAS ENDEUDADAS-FONDO SOLIDARIO. Establecimiento, mediante ley, de un Fondo Solidario para Personas Físicas Altamente Endeudadas, de forma tal que mediante elementos fundamentales de transparencia, de responsabilidad y de ordenamiento presupuestario individual, grandes segmentos de la clase trabajadora con altísimos niveles de endeudamiento, en su desesperada lucha para no caer en la pobreza; puedan reordenar sus deudas, alimentando su liquidez y, por ende, aumentar su capacidad de compra que no es otra cosa que alimentar el consumo (especialmente el del mercado interno) y, por ende, aumentar su aporte a la responsabilidad social de tributar. Esta iniciativa fue planteada en el mes abril de 2009, como parte de la propuesta “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”.

14- IMPUESTOROBIN HOOD”-TASA TOBIN. Es un pequeño impuesto que se impondría sobre todas las transacciones del mercado financiero. Esto cubriría cualquier transacción financiera operada a través de las bolsas de valores, mercados de futuros o cualquier otro instrumento establecido por los actores de los mercados financieros con el propósito de comerciar (“comercio bursátil”). Incluiría transacciones que impliquen valores, bonos, intercambio de divisas, y derivados (incluido el comercio de futuros y opciones relacionados con valores, títulos de tasas de interés, divisas y materias primas o productos básicos(commodities).
Incluiría todas las transacciones realizadas en el mercado de valores así como también las realizadas en los mercados secundarios (o “over the counter” –OTC-). Estaría limitada a las transacciones entre los agentes del mercado financiero. Las transacciones de los consumidores ordinarios, tales como los pagos de bienes, pago de sueldos y remesas transfronterizas no estarían sujetas al impuesto. Los préstamos a corto plazo entre bancos y las operaciones del Banco Central estarían excluidas del impuesto “Robin Hood”. Esta propuesta está cogiendo fuerza ante la debacle financiera que por la deuda y el alto déficit está sufriendo la Unión Europea (UE), con grandes sacrificios para sus pueblos, como el de Grecia.

Además de reiterar sus planteamientos, la ANEP analizará, detenidamente, los contenidos del acuerdo PLN-PAC, los 18 puntos de su acuerdo, para emitir una posición concreta antes de que se le reciba en la comisión indicada, según solicitud oficial que se hará a la misma.

San José, lunes 26 de setiembre de 2011.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Asociación nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)

El caso Coca-Cola

Documental que reseña el pleito de un pequeño Sindicato Colombiano (Sinaltrainal) contra la gigante COCA COLA. Amparados por una ley usamericana que permite que extranjeros presenten casos en sus tribunales por violaciones de derechos humanos cometidos por sus empresas.

Los trabajadores estan empecinados en que se haga justicia, la multinacional no quiere ceder, sin embargo se empieza a ver afectada por la campaña intensa llevada en su contra, una historia de un David y un Goliat con efectos sociales, politicos y publicitarios sin precedentes.

¡Una historia de solidaridad internacional!

La Seccional ANEP – Sistema Penitenciario preocupada por acuerdos tomados

Seccional ANEP Sistema Penitenciario Nacional
Por Justicia y Paz

Buenas señor Ministro París:

Reciba de la Seccional de ANEP del Sistema Penitenciario Nacional, Por Justicia y Paz, nuestro más cordial saludo.

Con el propósito de contribuir a un cambio en la cultura institucional, entre uno de sus componentes el de la transmisión de la información en nuestra Institución, le solicitamos lo más pronto posible se nos informe sobre lo siguiente.

Hemos recibido información que ha generado en miembros del personal de la Reforma y de otros Centros que ya cuentan con la información, dudas y preocupación acerca de algunas acciones de orden técnico – político que fueron, aparentemente, externadas el pasado viernes 9 de setiembre al Consejo técnico de la Reforma por parte de don Fernando Ferraro, Viceministro de Justicia y don Eugenio Polanco, Director General de Adaptación Social.

Estas acciones son:

1- Egresar a 3000 privados y privadas de libertad del Programa Institucional.

2- Reabrir un Programa como el q se denominaba libertad vigilada, y que por la escasez de personal van a capacitar a 30 policías penitenciarios con estudios universitarios para q le den acompañamiento a los y las privadas de libertad.

3- A corto plazo hacer valoración masiva para sacar 1000 privados de libertad, antes de navidad.

Desconocemos el origen de las mismas, de los procesos de consulta que los sustentan y propuesta metodológica con la que se implementarían las supuestas acciones. Por lo que le solicitaríamos nos indique el camino para poder conseguir las actas de los Órganos en los que de previo se hayan discutido y aprobado tales acciones, pues como le indicáramos en sesión de trabajo realizada en días pasados, que no ha sido posible conseguir las actas de los Órganos de decisión y de consulta.

Con su persona, el pasado 11 de agosto se contrajeron varios e importantes compromisos, tendientes a eficientar la gestión de nuestra Institución. Uno de éstos fue el de crear un espacio de participación y discusión amplio y democrático con el personal de la Dirección General de Adaptación Social , sobre el presente y futuro de nuestra Institución que hasta la fecha no se ha concretado, por lo que nos preocupa que se continúe tomando decisiones sin el respaldo de los procesos de consulta necesarios en la presente coyuntura.

La Seccional de ANEP, del Sistema Penitenciario Nacional, Por Justicia y Paz, considera que una decisión de tal calibre por su incidencia en la vida nacional requiere no solo de determinación para hacerla, sino también de buscar el mayor conceso posible, en primer lugar al interior de nuestra organización y paralelamente fuera de ésta. De lo contrario se nos podrían estar viniendo problemas más serios. Son muchos frentes los que están abiertos, requerimos de organizarnos eficientemente para obtener los resultados esperados a corto, mediano y largo plazo.

De igual manera a nuestra Seccional le alarma que se conciba una propuesta técnico-política que generaría, posiblemente, nuevas cargas laborales sin contar con el soporte administrativo y político respectivo.
Nuestra Institución ha venido desde hace muchos años postergando e irrespetando al personal, tanto en sus necesidades como en su derecho a participar en las decisiones institucionales que les afectan de manera directa y sobre todo aportando y guiando el rumbo correcto, que es en definitiva por lo que el Estado Costarricense nos paga nuestro salario. El personal, don Hernando, es el recurso más importante de cualquier organización y hasta la fecha ha sido menospreciado y maltratado.

Los retos que se nos presentan son enormes, por lo que tenemos que ir trabajando en crear las condiciones necesarias para que el personal nos comprometamos y organicemos de acuerdo con los objetivos institucionales (tácticos, operacionales, estratégicos) y establezcamos los estímulos acordes a nuestra gigantesca tarea, si es que la Administración Penitenciaria y nuestro país realmente están comprometidos con dar el salto cualitativo que nuestro Estado Social de Derecho requiere para el Sistema Penitenciario Nacional.

La ausencia de participación del personal y de otros sectores, organizaciones de la sociedad civil y de otros poderes del Estado, ha sido, si no el más importante, si uno de los factores de mayor impacto en la pérdida de rumbo del Sistema Penitenciario; en la capacidad de gestionar los recursos presupuestarios; de planificación institucional, entre otros.

Las supuestas acciones técnicas, propuestas, pueden ser parte de las buenas prácticas penitenciarias que se están revalorando y readecuando a la realidad presente, pero reiteramos requieren una amplia participación del personal penitenciario y de decisión política que trasciende al mismo Ministerio de Justicia y Paz.

Nos unimos a las palabras de doña Rocío Aguilar, Contralora General de la República, cuando indica en entrevista del pasado 11 de setiembre en La Nación, titulada “_No se trata solo de otorgar los recursos_”:

“_…Debemos pasar de buscar solo directivos honorables, que es lo básico, y pensar en quiénes ponemos a tomar las decisiones en asuntos estratégicos…” “ …A nosotros nos preguntan cosas del abecé del funcionario: si son responsables del control interno o de aprobar estados financieros. Son preguntas que uno ni se imagina en un director de una empresa privada que ni siquiera tenga claridad en la responsabilidad que asumen al estar sentados en la mesa directiva de una institución. No solo es ir de acompañante.”, “…Usted se encuentra instituciones que tienen recursos sin ejecutar; hay instituciones con una planificación maravillosa, pero la gestión no lo permite._”

Y acota. “_… todos los funcionarios estamos obligados a satisfacer el interés público. En la medida en que nosotros no ejecutemos adecuadamente esos recursos, faltamos a ese deber_”.

Por ultimo don Hernando, al hacer estas consultas; como ya lo hemos externado en múltiples, nos mueve el interés de coadyuvancia en la mejora de las condiciones laborales e Institucionales.

Esperamos su pronta respuesta.

Rigoberto Gutiérrez Bravo
Presidente de la Seccional

Marta E. González Madriz
Vicepresidenta de la Seccional

Condenan a Constenla por prácticas laborales desleales

por KRISSIA MORRIS GRAY
Diario Extra

El Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía del Segundo Circuito Judicial de San José concluyó que el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS), Guillermo Contenla, incurrió en el delito de prácticas laborales desleales, al despedir a Alejandro Rodríguez Masís, por el hecho de ser afiliado de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Rodríguez, quien fungía como funcionario del Departamento de Accidentes y Salud, fue despedido el 26 de julio de 2010.

Según se indica en la sentencia, Constenla tuvo conocimiento del despido, pues fue llamado a audiencia al Ministerio de Trabajo a fin de encontrar una salida, pero no efectuó gestión alguna, pese a conocer que Rodríguez era dirigente sindical.

Si bien a título personal no es posible atribuirle ninguna responsabilidad en cuanto al despido del trabajador sindicalizado, como Presidente Ejecutivo del INS y conocedor del cargo de representación sindical que ostentaba el trabajador afectado, debió velar por esa protección especial dada a los trabajadores sindicalizados, que incluye el despido.

Esta actuación del Presidente Ejecutivo del INS, a criterio de este Tribunal es una actitud que conlleva a una violación al artículo 70 inciso c) del Código de Trabajo, puesto que permitir el despido de un representante de la seccional ANEP-INS se está limitando la actividad sindical del mismo, constituyendo dicha conducta en práctica laboral desleal, la cual quedó plenamente demostrada en este proceso”, detalla el fallo del Tribunal.

Agrega el Tribunal que, ante los hechos probados, Constenla y de manera solidaria el INS deben pagar por concepto de multa ¢2,3 millones, al tiempo que se deberá restituir en su plaza al dirigente despedido.

Fuente: http://www.diarioextra.com/2011/setiembre/23/nacionales13.php
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Estimadas y estimados anepistas:
Compañeros y compañeras con cargos sindicales dentro de la estructura de la ANEP:

Esta situación merece vuestro estudio. Adjuntamos el fallo del Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía, sobre la denuncia por prácticas laborales desleales que interpuso la ANEP contra el Presidente Ejecutivo del INS, señor Guillermo Constenla Umaña, por el despido ilegal, ilegitimo y a todas luces un acto de persecución sindical del trabajador del INS y miembro de la Junta Directiva de la seccional de ANEP en el INS, señor Alejandro Rodríguez Masís.

La administración Constenla, que ha utilizado como arma de temor y manipulación para con los trabajadores y con las trabajadoras del INS, el despido sin justa causa (más de 150 trabajadores despedidos a la fecha sin justa causa), ha encontrado una alto con este fallo que es sumamente contundente y no deja dudas de que el Sr. Constenla, tal y como lo declara el Tribunal, es un infractor de las leyes laborales y un jerarca público que viola los derechos y persigue a los dirigentes sindicales. En nuestro criterio este es un fallo histórico no sólo por su contundencia, sino porque es el primero de este tipo en una institución autónoma.

Queda también demostrado que las denuncias que se le han venido realizando a la Presidenta de la República, Licda. Laura Chinchilla, desde la ANEP y desde el sindicato UPINS, sobre el manejo de personal y el acoso laboral en el INS, tienen su asidero en una conducta debidamente constatada por este alto tribunal en relación con Guillermo Constenla y para el caso que nos ocupa, debería entonces la primera mandataria dejar de poner oídos sordos sobre nuestras denuncias en este y otros campos y tomar acciones sobre la continuidad de Guillermo Constenla en el INS.

Finalmente, este fallo aporta más elementos jurídico-cualitativos protectores para quienes, en cada institución, en cada centro de trabajo, en cada entidad y en el día a día, hacen actividad sindical bajo la bandera de la ANEP; es decir, se consolida el concepto que comúnmente conocemos como Fuero Sindical.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

ANEP a favor de ley para que nunca caduquen las deudas por cuotas patronales con la CCSS

IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LAS DEUDAS POR CUOTAS OBREROS-PATRONALES DE LOS SEGUROS SOCIALES. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 56 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, LEY N.º 17, DE 22 DE OCTUBRE DE 1943, Y SUS REFORMAS.

Ante consulta legislativa que le fuera formulada por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos del parlamento, la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), se pronunció favorablemente sobre el proyecto de ley para declarar inmprescritibles las deudas por cuotas obrero-patronales generadas a partir de conductas empresariales de evasión de sus responsabilidades para con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El objetivo central de la presente iniciativa es establecer que las deudas por el pago de las cuotas obrero-patronales de los seguros sociales de enfermedad y maternidad e invalidez, vejez y muerte y sus respectivos intereses serán imprescriptibles.

La razón fundamental que motiva esta reforma es que las contribuciones a los seguros sociales que administra la Caja Costarricense de Seguro Social de conformidad con el artículo 73 de la Constitución Política son derechos irrenunciables, según lo dispone expresamente el numeral 74 de la Carta Magna.

De acuerdo con esta norma constitucional los derechos y beneficios del capítulo de Garantías Sociales de la norma fundamental incluidas las normas que protegen el financiamiento obligatorio de los seguros sociales “_son irrenunciables_”.

En este sentido, una consecuencia lógica de esta disposición constitucional es que los derechos y beneficios que constituyen los seguros sociales también deben ser imprescriptibles. No deben perderse por el simple paso del tiempo, pues son indispensables para garantizar el cumplimiento del derecho fundamental a la seguridad social de las personas trabajadoras.

De acuerdo con el artículo 73 de la norma fundamental, los seguros sociales a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social se rigen por un sistema de “_contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores_”. De manera que si este sistema de contribución tripartita y obligatoria no se cumple, sencillamente se estaría dejando sin financiamiento las pensiones de invalidez, vejez y muerte así como la prestación de los servicios de salud a la población costarricense.

Si bien la legislación vigente impide a la CCSS negar la prestación de servicios de salud a personas trabajadoras por el solo hecho de que su empleador no ha cumplido con el pago de sus obligaciones, este incumplimiento afecta gravemente nuestro sistema de seguridad social. Lo afecta, porque este sistema se basa en los principios de solidaridad y cobertura universal. De manera que la falta de pago de unos repercute directamente en la prestación de los servicios dirigidos a toda la colectividad. El daño es todavía más grave cuando el incumplimiento incluye la retención de las propias contribuciones de la persona trabajadora, pues a esta se le está quitando injustamente parte de su salario.

Por tanto, la ANEP formula respetuosa pero firme y vehemente exhortación a los honorables señores diputados y a las honorables señoras diputadas para que voten, favorable y unánimemente, el proyecto de ley que hará que las deudas patronales con la Caja sean imprescriptibles, que nunca venzan, que nunca prescriban y que su cobro lo pueda hacer la Caja a pesar de cualquier cantidad de tiempo transcurrido desde que se generó la deuda.

Se adjunta el texto completo de la posición de la ANEP al respecto.

Un ABC para entender la crisis de la Caja

por Juan Carlos Durán Castro
Presidente de FOCASS

Entender la crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social no debe ser una adivinanza compleja para ningún ciudadano costarricense, es decir, el problema de primer orden que debe ser planteado y que atraviesa transversalmente cualquier análisis sobre la precariedad en la que tiene el bipartidismo del Plusc desde hace unos 20 años a la Caja es la intromisión política institucional, aspecto medular que cercena sin duda alguna la autonomía constitucional y se convierte en el factor principal que ha venido alimentando el problema y cuya crisis actual ha quedado revelada a la opinión pública nacional, dejando en evidencia relativa a los detractores internos y externos de la Caja, que son economicistas por naturaleza. Este ejercicio de desenmascarar a los lobos con piel de oveja lo potenciaremos con firmeza para desnudar con nombres y apellidos las realidades ocultas de una institución que debemos rescatar y preservar a toda costa. En consecuencia restituir efectivamente la autonomía de la Caja es tarea fundamental de cara a los procesos venideros y en esta orientación debemos apuntar la gran mayoría de actores sociales que interactuamos en los distintos escenarios políticos nacionales.

Un tema de segundo orden, pero no menos importante, es sin duda alguna la revisión exhaustiva de la gestión global de la CCSS, es decir, debemos afrontar con suma responsabilidad histórica que existen situaciones en el accionar de la Caja que deben ser modificadas por la forma y por el fondo, siempre con el ánimo de fortalecer el modelo y ponerlo a funcionar mejor desde lo público, convirtiendo este enfoque en una arma más para la defensa de la Caja.

Los datos son los mejores indicadores de que se deben tomar decisiones urgentes a lo interno de la Caja, pues este ejercicio, seguramente doloroso para algunos sectores laborales, trastocará fuertes intereses, veamos algunas de las cosas que pasan para ubicar porqué hablamos de revisar profundamente el tema de la gestión en la Caja:

1- Existen 83 mil cirugías pendientes a nivel nacional en la Caja, o sea, personas que se debaten dentro del dilema de la vida o la muerte, entre la salud y la enfermedad.

2- Existen de igual forma 140 mil exámenes de diagnóstico pendientes a nivel nacional, procedimientos que determinarán los pasos a seguir para la consecuente atención de pacientes en los servicios de salud que brinda la CCSS. Este tipo de exámenes, tales como, ultrasonidos, resonancias magnéticas, biopsias de diverso tipo, mamografías, tomografías y una gran cantidad de procedimientos para la gente, presentan serias falencias en términos de tiempos de espera para la ejecución y resultados.

3- Existen 250 mil citas pendientes con especialistas a nivel nacional, cifra que revela que las cosas no andan bien y que se deben tomar decisiones.

4- Existen situaciones que generan que determinados medicamentos no estén en la lista oficial de la Caja. Esto nos debe conducir a investigar seriamente porque cuatro compañías farmacéuticas parecieran tener desde nuestra visión de las cosas, secuestrada a la Caja, compañías que coordinadamente se turnan a placer en sus acciones, apelando determinados carteles de licitación y jugando obviamente con la Ley de Contratación Administrativa a su antojo, esta práctica monopólica obliga a la Caja en variedad de ocasiones a hacer compras de urgencia, proceso que dispara los gastos del seguro de salud.

5- No existen equipos de resonancia magnética o suficientes aceleradores lineales institucionalizados o los que existen son subutilizados, pero más allá de esto, observamos la lentitud pasmosa de la administración activa para adquirir equipamiento de diagnóstico en la Caja, lo cual sencillamente se convierte en un elemento que no ayuda en nada a limpiarle la cara a la Caja.

6- Se despilfarran recursos millonarios en consultorías o contrataciones con base en posible amiguismo o supuesto tráfico de influencias.

7- Se promueven contrataciones a terceros en las cuales posiblemente pueden existir vínculos con altas jerarquías centrales o locales.

8- Se pagan sumas millonarias en guardias y disponibilidades médicas, sin que esto tenga un efecto concreto en la satisfacción de la gente, falencias graves del sistema que empujan al asegurado a los servicios privados de salud, en los cuales son los mismos profesionales de la Caja los que los atienden.

9- Existen situaciones posiblemente anómalas en la contratación administrativa, tanto a nivel central, como local, que se derivan de la Ley de Desconcentración Hospitalaria (Ley 7852), cuerpo normativo que desconcentra el manejo de los recursos humanos, la contratación administrativa y el presupuesto hacia los centros de trabajo de la Caja, proceso que desde nuestra visión solamente ha provocado un mayor colapso institucional, ya que de alguna manera fortaleció a ciertos grupos de poder en los niveles locales, lo cual provoca un desajuste administrativo.

10- El tema de la compra de los alimentos a nivel institucional es otro eje de la gestión que debe ser revisado urgentemente, ya que presenta algunas características que deben ser modificadas con el objetivo de provocar algún ahorro institucional por esta vía.

Es así como arribamos a formular que estos aspectos descritos y otros que son parte de lo cotidiano en una institución tan compleja deben cambiar radicalmente y que son parte del examen profundo de la gestión institucional que se debe realizar, ya que no debemos olvidar dialogar acerca del enfoque del modelo, o sea, ¿apostamos por lo curativo o debemos replantearnos un regreso a lo preventivo?

Pero en fin, este ejercicio debe realizarse en el corto plazo y debe además partir de la premisa de rescatar y mejorar a la Caja en lo humano, lo ético, lo moral, el compromiso, la calidez, el respeto a los derechos laborales, en la equidad y el servicio, pero ante todo debe fijar su mirada en poner a los asegurados como el valor central de las funciones institucionales.

Si avanzamos por este sendero, seguros estamos que reduciremos al mínimo la disyuntiva de la vida o la muerte, la salud o la enfermedad, en la que el sistema coloca a la gente como resultado de una crisis provocada intencionalmente desde distintos centros de poder nacional, cuya estrategia es acabar con nuestra Caja Costarricense de Seguro Social.

Dicho lo anterior, queda claro que se deben dar los debates necesarios y cada jerarca, persona, dirección, departamento, jefatura, gremio, sector, cooperativa, sindicato y asociación debe hacer su balance, asumir su cuota de responsabilidad y aportar a la solución, pensando en la defensa de un modelo solidario que debe mejorar sus resultados en términos de atención al paciente y respetar los derechos laborales, es decir, la tarea es buscar un sano equilibrio que venga a fortalecer a la Caja y permita mantener condiciones laborales y salariales dignas, no precarias, como algunos sectores o grupos internos y externos a la institución interpretan o desean.

Pero en fin, lo cierto del caso es que el mejoramiento de la gestión institucional es un reto claro y concreto, lo cual implica construir una estrategia que desde el servicio público de salud busque solucionar las 83 mil cirugías, los 140 mil exámenes de diagnóstico y las 250 mil citas con especialistas pendientes. Teniendo esta situación las organizaciones sindicales agrupadas en la Focass estamos dispuestas a debatir con el objetivo de promover una salida institucional que le dé una respuesta a este conglomerado popular que está situado en sectores de clase media/alta, que cotizan a la seguridad social y que esperan una solución institucional y una posición clara en este caso de quienes decimos defender la Caja, rehuir este debate sería hacerle el juego a los mercaderes de la salud, que actúan en la oscuridad como actores intelectuales del saqueo y ponen a otros a hacer su trabajo, indicándoles que se deben vestir con piel de oveja, siendo lobos.

Esta realidad concreta nos dice que debemos tomar decisiones, es decir, este grupo de población que expulsa el sistema en razón de una crisis institucional montada por los detractores institucionales, debe escuchar pronto una respuesta y una propuesta, caso contrario le sonará como música para los oídos las posibles soluciones que los sectores político-empresarial-mediático, ligados al poder de los partidos tradicionales les harán, tales como la libre elección médica, determinados paquetes de servicios de diferente precio, un aporte institucional para su examen de diagnóstico o su operación, en fin el abanico de posibilidades de los mercaderes de la salud es amplio, pero todas apuntarán a eliminar los principios filosóficos que dieron pie al nacimiento de la Caja y de igual forma tendrán como objetivo la eliminación de todos los derechos laborales.

Por tal motivo los que decimos que defendemos la Caja para garantizarle al salud y la pensión al pueblo y el trabajo y el empleo a la gente que labora en la institución, debemos asumir una posición y construir una propuesta de solución para este panorama, de lo contrario estaremos actuando de la misma forma en la que actúan las personas que se frotan las manos con el negocio de la salud y que están situados dentro y fuera de la institución.

Desde esta visión modesta, pero firme, innovadora quizás y riesgosa por naturaleza por las posiciones que se deben asumir, no nos queda duda que estamos en presencia de discusiones dolorosas y profundas, dada la variedad de los enfoques que del problema se tienen y la gran cantidad de intereses que se deben tocar para salvar a la Caja. Todo esto nos acerca un poco a la caracterización de una gestión institucional bastante precaria y desordenada en razón de distintos factores, actores e intereses, pero está claro que debemos iniciar el tránsito por una ruta que conducirá a un riquísimo debate, que requiere asumir roles y romper muchos paradigmas en el corto plazo, siendo así, en el momento que se den las condiciones sin duda alguna asumiremos el rol que pensamos sea el mejor para rescatar esta emblemática institución, aunque esto tenga que pasar facturas políticas de diversa índole.

En consonancia con los dos anteriores puntos que plantean recuperar la autonomía institucional desterrando la intromisión política y mejorar la gestión institucional, lo cual impone grandes debates y toma de decisiones históricas, pues de qué valdría lograr dependencia institucional y exigir pagos de patrones públicos y privados, si no damos una señal clara de que estamos por acercar la Caja al pueblo y defenderla en conjunto, es decir, el mejoramiento en la gestión sobre todo en los procesos más sensibles de cara a la gente, potenciará la defensa del sistema como tal, pues esta orientación ayuda a consolidar el binomio pueblo-trabajadores, los primeros defenderán su derecho a un servicio de salud público, oportuno, de calidad y con calidez y los segundos estarán garantizando su empleo y su salario y hasta la manutención de sus derechos laborales, asumir un reto de este calibre grabará para la historia a los actores y organizaciones que asuman caminar por esta hoja de ruta, ya que asumirán el objetivo de romper paradigmas internos y externos a los cuales les ha llegado su hora.

Recuperada la mancillada independencia institucional y resueltos los temas más álgidos a lo interno en relación con la gestión institucional, buscando siempre mejorar y eliminar cualquier foco de corrupción, aumentaremos sin duda alguna las cuotas de moral y ética necesarias para exigir que se le pague a la Caja lo que por derecho le corresponde, esta línea de pensamiento sin duda alguna nos permitirá avanzar con mayor rapidez hacia una articulación de un gran movimiento social que movilizará a miles de ticos por la defensa de una de las instituciones nacionales que forjó y potenció desde hace setenta años gran parte de la paz nacional y a la cual le deben cancelar sus deudas tanto el gobierno, como los patronos evasores y morosos del sector privado.