Es correcta la decisión adoptada por el señor presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, y el Gobierno que preside, a fin de que otras entidades públicas de fuerte peso financiero en la economía nacional acudan en auxilio del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), a raíz de la estrechez financiera que está presentando.
Específicamente, se da directriz gubernamental para que los otros dos bancos públicos, el Nacional y el de Costa Rica no saquen la plata que tienen depositada en el Bancrédito; y, se les dice a instituciones como Recope, el INS y el INVU que depositen en él. A la Caja, otra pudiente entidad estatal, se le exhorta a que invierta en el banco en problema (recordemos en este caso el “intocable sambenito” de la sacrosanta autonomía de la CCSS).
Metamos aquí un paréntesis para mencionar la importante circunstancia de que toda la ciudadanía supiera adónde depositan “su” dinero esas empresa públicas tan “platudas”, a fin de constatar asuntos tan complejos como ganancias por intereses, sujetos intermediarios, negocios en perspectiva de riesgos y oportunidades y otros tópicos muy relevantes; todo lo cual y más al respecto, para cuando este país pudiera abrir una verdadera mesa de diálogo social sobre el tan llevado y traído tema del déficit fiscal. Cerramos el paréntesis…
Volviendo a lo de Bancrédito, nosotros apoyamos esta acertada decisión, aunque conviene aprovechar la coyuntura para compartirles algunas consideraciones de un ignorante en estos negocios de banca en tiempos de la hegemonía financiera que impone el capital neoliberal; pero que algo nos quedó de nuestro aprendizaje sociopolítico de corte socialdemócrata cuando se nos educó en relación con el papel de la banca pública, de la banca estatal para el fomento del bien común y de la inclusión social.
Según reporte de la prensa del capital, interpretando el documento “Evolución Financiera: Bancrédito del 2006 al 2016” que elaboró el Banco de Costa Rica (BCR), se nos indica lo siguiente: “Entre el 2006 y 2016, el egreso administrativo pasó de ¢7.786 millones al año a ¢15.563 millones, es decir 100 % más. Mientras que la utilidad operativa, en el mismo periodo, pasó de ¢13.821 millones a ¢23.602 millones, o sea creció 71 %”.
Los números de los banqueros, que no son neutros porque responden a impulsos ideológicos de acumulación, podrían dar como verdad absoluta la interpretación no menos ideológica de ese tipo de prensa cuando ésta afirma que “Bancrédito se asfixia en su elevado costo administrativo que consume sus ganancias”.
Para este cristiano que nada de banca sabe (¡ya sé!, algunos dirán, ¿…entonces para qué se pone a opinar?), Bancrédito no está en “bancarrota” ni en riesgo de estarlo; como al parecer tampoco lo estuvo el ya desaparecido Banco Anglo Costarricense (BAC), cuyo cierre polémico y traumático no se olvida en los sectores sociales y políticos creyentes en la promoción de la inclusión social y del bien común.
El apoyo financiero que pide el Gobierno para Bancrédito, a las indicadas empresas públicas nacionales altamente rentables (las que todavía no han podido ser privatizadas en el sentido clásico de los ideólogos del “Consenso de Washington” y su contraparte neoliberal criolla); es por un año mientras se le transforma en un banco de “fomento y desarrollo”.
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¡Qué interesante! Nos preguntamos: ¿es que acaso no habrá llegado el momento sociopolítico para que se someta a una auscultación profunda, el rumbo que se le impuso a la banca pública-estatal del país cuando esta fue apartada del horizonte ideológico-fundamental que se le dio con ocasión de la nacionalización bancaria ordenada por el caudillo don Pepe, don José Figueres Olsen, cuando este instauró la Segunda República al término del conflicto bélico de 1948, de la cual fue él el líder del bando victorioso…?
La lógica de la hegemonía político-económica dominante (la que no va a las urnas a legitimarse pero sí cree tener el derecho de bloquear políticas públicas propiciadoras del bien común), tiene a la banca estatal costarricense en una carrera loca de acumulación, de reproducción del capital per se, bajo las reglas financieras operantes en la actividad banquera privada; nada que tenga que ver con la reducción de la desigualdad y nada que tenga que ver con desacelerar la concentración de la riqueza.
El Gobierno mismo lo admite aunque implícitamente. Si el Bancrédito será transformado en una banca para “fomento y desarrollo”, entonces ¿cuál es su naturaleza actual?
Si el Banco de Costa Rica (BCR) tiene invertidos en el Bancrédito 76 mil millones de colones (un cuarto de punto porcentual de Producto Interno Bruto PIB); ¿cuánto tendrá invertido en otras entidades públicas y/o privadas? Aunque el BCR ya no podrá retirar esa plata de su colega entidad en problemas (al menos por un año), la pregunta sí es válida formulársela:
¿Cuál es el rumbo actual que debería tener la banca pública costarricense en un escenario de mercado informal en ascenso, de alto desempleo juvenil; de empobrecimiento salarial, por un lado y, por otro, de endeudamiento salarial que potencia el suicidio personal; de déficit fiscal “cuasi-apocalíptico”; de endeudamiento público en curva ascendente y prácticamente sin control…?
Evidentemente, que para el proceso electoral en desarrollo, el tema no es “sexy” como para abordarse abiertamente en campaña y así generar un remezón, aunque fuera leve, en el intocable sistema financiero costarricense. ¡Cómo nos gustaría que algún candidato presidencial “valiente” metiera el dedo en la llaga…!
