Mínimamente, y con la urgencia que el caso amerita, el Gobierno de la República debe separar de sus cargos a quienes integran la actual Junta Directiva del Banco de Costa Rica (BCR); como separados deben ser quienes forman parte del actual Comité de Crédito de tal institución y otros altísimos jerarcas de la misma. Hay unas casi 36.400 millones de razones para ello.
Los 30 millones de dólares (unos 17.400 millones de colones), que le fueron prestados al empresario Juan Carlos Bolaños Rojas, en condiciones a las cuales no tendría acceso ningún mortal, para montar el controversial negocio de la importación del cemento chino, presuntamente mediando “patas políticas de altos quilates”, sumados a los 32,7 millones de dólares (unos 19 mil millones de colones) que le prestaron, también presuntamente “a ojo cerrado” a Coopelesca, de San Carlos; nos indican que, según el tipo de cambio del dólar en estos momentos, el Banco de Costa Rica (BCR) podría tener en riesgo de pérdida la gigantesca cantidad de 36.400 millones de colones.
Son 62,7 millones de dólares, en dos créditos “controversiales” (para decirlo con elegancia), y representan una situación de altísimo riesgo que no puede ser tratada administrativamente.
Por el contrario, exige que la entidad que tiene el poder político en el BCR, sea el Consejo de Gobierno de la República, proceda a destituir y/o separar de sus cargos a toda la actual Junta Directiva del BCR; como también resulta urgente la separación de los integrantes del Comité de Crédito y otros altísimos integrantes de la cúpula bancaria.
Las articulaciones tejidas para el movimiento de los dineros del crédito bancario para el negocio del cemento chino, según informaciones periodísticas de todo tipo, podrían expresar una ruta incorrecta para el logro de los objetivos centrales del negocio; al punto de que para algunos entendidos en la materia, esto podría estar representando un riesgo de que hasta el 75 % de esos 30 millones de dólares pudieran no ser recuperados por el BCR, según opiniones financieras dadas a conocer en estas últimas horas. La debilidad de la garantía ofrecida agrava más la percepción de enorme pérdida financiera en perspectiva.
Por otra parte, gran duda emerge ante la decisión del Comité de Crédito del BCR de prestar para el negocio eléctrico de la cooperativa sancarleña, 32,7 millones de dólares (casi 19 mil millones de colones), cuando la planta hidroeléctrica a comprar se tenía valorada por el vendedor en 12 millones de dólares, siendo más grave la circunstancia de que al restarle a ese valor en libros la depreciación, solamente valdría 2,7 millones de dólares. Los vínculos de un directivo de este banco con la empresa (también cementera) vendedora de la planta hidroeléctrica abre muchísimas interrogantes.
Es nuestro criterio que el casi sesquicentenario Banco de Costa Rica, pues ya va para los 150 años de existencia, podría estar afrontando la situación de mayor riesgo político-financiero y de credibilidad de toda su historia; razón más que suprema para que desde los sectores laborales organizados expresamos un vehemente llamado a las más profunda, objetiva y transparente acción esclarecedora a lo interno, pero estando fuera toda la máxima cúpula político-gerencial que tomó estas riesgosas decisiones crediticias.
