No es cualquier mortal al que el Banco de Costa Rica (BCR) le prestaría 20 millones de dólares, 10 mil millones de colones y resto, presentando una garantía de respaldo cuatro veces menor al monto de ese crédito!
Altos jerarcas de esta institución bancaria del Estado (¿del Estado?), se presentaron ante la comisión parlamentaria de reciente creación que fue establecida para investigar este tipo de créditos bancarios tan inusuales.
Lo que dijeron ahí, en la Asamblea Legislativa, esos jerarcas del BCR, el pasado jueves 17 de agosto, supuestamente contestando preguntas de los diputados y de las diputadas que les interpelaron, dejó atónitos a más de uno en este país, incluidos nosotros.
No dudamos de que también se hubiera quedado atónito el gestor y arquitecto político de la nacionalización bancaria en Costa Rica, allá por el año 1949, don José Figueres Ferrer, Don Pepe, tres veces primer mandatario de nuestro país (1948-1949, 1953-1958 y 1970-1974).
A juicio de los comentarios diputadiles generados por esa interpelación, el BCR habría modificado su propio reglamento de crédito para que la empresa cementera solicitante de ese préstamo (una suma superior a los 10 mil millones de colones), pudiera disponer de semejante cantidad de plata, pero en condiciones de tanta “controversia” que hasta el propio Instituto Nacional de Seguros (INS) se habría negado a servir de fiador del negocio importador de cemento que con esos dineros se generaría.
Lo cierto de caso es que, visto desde afuera y con base en las diferentes informaciones periodísticas, los personeros del BCR citados por la mencionada comisión parlamentaria, que forman parte del denominado “Comité de Crédito y de Riesgo” de esa importantísima entidad bancaria nacional, dejaron una enorme estela de dudas, brindaron muchas respuestas confusas y enredadas, evadieron puntualizar en concreto sobre lo que se les demandaba, acudieron a apelaciones sobredimensionas del tal “secreto bancario”; y, lo que es más grave todavía, no disiparon de manera contundentemente transparente la percepción que va generalizándose en la sociedad de que pudo haberse dado uno de los casos más impactantes de los últimos años en cuanto a gestiones crediticias en un banco público, mediando un presunto tráfico de influencias al más alto nivel político, intra y extramuros institucionales.
Que el hijo del Gerente General estaría ligado empresarialmente al peticionante del crédito; que el propio Gerente General esté suspendido mientras se investiga; que quien fuera la persona presidenta de la directiva estuviera rastreando la tramitología del crédito y luego renunciara a dicha presidencia al saberse ese pequeño detalle; que el tal crédito estaría “oliendo a perfume” pues toda la plata prestada, o parte de ella, habría ido a dar a otra actividad empresarial menos a la del cemento importado; que el BCR podría terminar instalando un depósito de materiales de construcción para vender sacos de cemento que le ofrecieron como garantía del préstamo; etc., etc.; forman parte de la serie de comentarios y especies que quedan en el escenario de esta peculiar novela política, protagonizada por quienes aspiran o pretenden ser parte de la “nueva” clase política que busca relevar a la del histórico y clásico bipartidismo Plusc.
La reacción presidencial que conocemos es tímida, pues fue tan solo un llamado de atención. Considerando que la mayoría directiva actual del BCR es gobiernista, correspondería su destitución inmediata. Sería una medida ejemplarizante en momentos en los cuales se acrecienta la sensación ciudadana de que en este país no pasa nada ante tanto desmán con la cosa pública.
Y es que, cuando esos desmanes llegan a nivel de comisión parlamentaria investigativa, la sensación de que nada pasará se acrecienta. Cuando las cosas raras con la cosa pública llegan al nivel del primer poder de la República para ser investigadas, pareciera que el sistema se oxigena a sí mismo; escruta, expía sus culpas, eructa y evacúa, ¡no más! Nadie es destituido, nadie es sujeto de procesos penales… Nadie va a la cárcel…
La Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef) está indicando que el Banco de Costa Rica está en “riesgo”. ¡Qué grave! Solamente atinamos a decir: que no sea el BCR el “tercero de la fila”, luego de los cierres de los bancos estatales Anglo Costarricense (BAC) y Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito).
Ojalá que, desde los mismos adentros del BCR, surjan calificadas voces (que las hay y de sobra), que planteen la perspectiva laboral seria y responsable del problema; lejos de la gritería histérico-paranoide de un sindicalismo altamente corporativo que, en cierta media, también debe rendir cuentas por su pasividad complaciente y confortable ante las señales de estado de riesgo del BCR, muy contento con la cooptación gerencial que le ha venido transmutando su esencia.
