Campaña contra los empleados públicos

Hemos venido analizando el desarrollo de los acontecimientos político-sociales que se están dando en el país en las últimas semanas, en cuanto al tema del paquete de impuestos y de lo que en el Gobierno de la República denominan como déficit fiscal.

Estamos observando una cierta estratagema montada desde algunos medios de comunicación colectiva (que no son los de Grupo Extra, por supuesto), tanto de prensa escrita, como radiada y televisiva; los cuales pretenden el desarrollo de una matriz de opinión pública para que ante la sociedad, los problemas del Gobierno en cuanto a que “_no tiene plata_”, se interprete que se deben a los salarios que devengan las personas trabajadoras asalariadas del sector Público; poniendo bajo ataque mediático las condiciones salariales que a lo largo de los años se han venido dando a quienes laboran para el Estado costarricense.

Es más, esta perversa conjura neoliberal trata de poner a los empleados públicos como “_enemigos_” de la sociedad, como una pandilla que saquea las arcas públicas, como (repetimos), los culpables del déficit fiscal.

Por tanto, según esa gente se debe desarrollar una “_cruzada cívica_” contra los empleados públicos, desde las ondas de radio que pretenden el monopolio de la opinión pública, desde las páginas de periódicos enfocadas hacia el mundo de los negocios y de la acumulación de la riqueza, desde algunos medios de prensa televisivos enemigos jurados de los sindicatos.

La ofensiva de los sectores de la hegemonía política dominante en contra del sector Público y, específicamente, en contra de los sistemas salariales que rigen para quienes laboran en él, pretende que la ciudadanía asuma como ciertas estas falacias. Primero: La gente asalariada que labora para el Gobierno, gana el doble de lo que se gana en el sector Privado, en actividades relativamente similares. Segundo: Las personas empleados públicas públicos están llenos de privilegios, prebendas, gollerías y demás “_plagas_” contra la estabilidad de las finanzas públicas. Tercero: Los empleados públicos son los culpables del déficit fiscal. Cuarto: Debemos aprobar leyes, como la de “_empleo público_” para acabar con esos regímenes salariales de “_privilegio_” (pluses). Quinto: Los salarios del sector Público deben ser iguales a los que se pagan en la empresa privada. Sexto: Los sindicatos del sector Público son un obstáculo y, por tanto, sería mejor que no existieran como suele suceder en el sector Privado.

La campaña en desarrollo contra los empleados públicos se expresa en titulares de prensa como los siguientes: “_Estado aspiradora-Menos inversión y empleo serían consecuencias de glotonería-Para pagar salarios, gobierno cada vez chupa más dinero_”; “_Salarios públicos superan a los privados-Privilegios para pocos, costo de muchos-Una secretaria del sector público gana hasta 600 mil más al año, que otra en el privado_”; _“Más del 50% de funcionarios públicos reciben otros pluses-Decreto para subir ¢5.000 en sueldos no frena alzas mayores-Empleados llegan a duplicar ingresos por antigüedad y carrera profesional-Entes desconocen cuánto le cuesta al Estado pagar todos estos beneficios_”; etc.

Pensamos que la estrategia es clara. Se pretende que la gente agarre de tiro al blanco a los empleados públicos, “_llenos de privilegios_”, para que no se repare en el verdadero lugar donde se generan los graves problemas de las finanzas gubernamentales: el robo de impuestos, bajo sus múltiples formas, legales e ilegales (evasión, elusión, exenciones, exoneraciones y similares). Es aquí donde está la verdadera fuente de la crisis fiscal en desarrollo que puede llevar al Estado costarricense a la quiebra.

¿Creen ustedes que doña María Mora Ruiz, trabajadora de los CEN-CINAI, tiene un salario de privilegio?; ¿qué un “_privilegiado_” es don Pedro Artavia Castro, quien pasa ocho horas continuas en un fortín carcelario, sin posibilidad alguna de hacer una necesidad fisiológica durante ese período de tiempo porque no hay quien lo sustituya para que vaya al baño?; ¿que don Mario Cruz Cervantes, oficial de la Fuerza Pública de apenas 300 mil mensuales de salario, arriesgando su vida patrullando una zona marginal, es un “_privilegiado_”?; ¿que la niña Sofía Pérez Castro, maestra unidocente de un pueblito lejano del centro de Acosta, tiene demasiados pluses salariales como para ser ella culpable del déficit fiscal?; ¿qué la licenciada Ana Teresa Martínez González, trabajadora social del Gobierno, quien debe visitar las barriadas más pobres para hacer un estudio de campo sobre niñez abandonada, sobre mujeres solas víctimas de agresión sexual, sobre familiares de un privado de libertad próximo a salir de la cárcel; es ella una persona que tiene un salario abusivo porque gana un millón de pesos luego de muchos años de estudio y de experiencia?; o que un asistente de pacientes de la Caja, como don Ronald Cubero Solano, quien asea el cuerpo, todos los días, de un enfermo grave o en fase terminal, tiene un salario de “_lujo_”?; ¿o que un trabajador de AyA, como Jesús Muñoz Álvarez, enviado a entregar recibos de agua a una barriada de alta criminalidad donde arriesga su propia vida, gana “_abusivamente_”?; ¿o que un chofer de un jerarca, don Diego Murillo Rojas, quien debe esperar a que el mismo termine su fiesta para llevarlo a la casa, gana el doble de lo que se gana en el sector Privado?; ¿o que un trabajador municipal, como Esteban Salazar Alvarado, inhalando todos los días los lixiviados de los desechos sólidos, merece que le quiten las anualidades de catorce años de servicio?; ¿o que a un profesional o técnico del ICE (el caso de Asdrúbal Matarrita Salgado), hoy apetecido por la competencia, se le tenga que bajarle el salario para arreglar un problema fiscal que él no generó?… Si quieren podemos seguir dando ejemplos de ejemplos.

¡No! Señores del capital. Así no es la cosa. La grave crisis fiscal de las finanzas públicas tiene otras causales. “_La procesión va por otro lado_”. Ejemplos sobran. Veamos, ¿declararán renta salarial real, como sí lo hacen los empleados públicos, ciertas personalidades notables de los latifundios mediáticos que hoy se lanzan contra quienes laboran para el sector Público?; ¿por qué no hablan de que es necesario de que, al menos parcialmente, se levante el secreto bancario, para efectos tributarios, cuando se supone robo de impuestos?; ¿por qué no apoyan un impuesto transitorio al patrimonio, por una única vez, para allegarle recursos frescos al Estado?; ¿por qué no se le van encima a las consultorías que se montan a cuenta de los fondos públicos, por el orden de los 500 millones de dólares al año, cuando hay suficiente personal capacitado en el Estado para hacer lo que hacen esos “_consultores_”?

Por supuesto que no ocultaremos una serie de problemas que afectan la eficiencia, la eficacia, la calidad y la oportunidad de los servicios públicos. ¡Claro que existen! Pero no estamos de acuerdo en que “_el hilo se reviente por lo más delgado_” y que sean “_los de abajo_” quienes paguen los platos rotos del “_tortón_” fiscal que “_los de arriba_” han venido generado a lo largo de los últimos gobiernos que, de un modo u otro, han sido hegemonizados por el pensamiento neoliberal. ¡Avisados quedamos!

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