Señores y señoras
Diputados y Diputadas
Federico Vargas Ulloa, Coordinador
Elvia Navarro Vargas
María Elena Núñez Chaves
Miguel Huezo Arias
Luis Paulino Rodríguez Mena
Subcomisión de Presupuesto
Comisión de Asuntos Hacendarios
Asamblea Legislativa
Presente
Asunto: COLAPSO TOTAL EN EL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL POR RECORTE PRESUPUESTARIO DE 3.079 MILLONES DE COLONES PARA EL 2006
Estimados señores diputados y estimadas señoras diputadas
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), les hace llegar el más atento y respetuoso de sus saludos.
De esa misma manera respetuosa, les estamos haciendo la más vehemente exhortación y un dramático llamado para que dispongan lo pertinente, a fin de restituir los montos económicos cercenados por el Ministerio de Hacienda, al presupuesto presentado por el Ministerio de Justicia y Gracia para hacerle frente durante el año 2006, aunque sea de manera sumamente mínima y austera; a las crecientes necesidades del funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, el cual se dirige desde la Dirección General de Adaptación Social, dependencia de la citada cartera de Justicia y Gracia.
Para nadie es un secreto que el deterioro social, económico y moral que vive nuestro querido país, está propiciando, muy a pesar de todos, un crecimiento cuantitativo y cualitativo de la conducta infractora de ley que, lógicamente, está incidiendo en el aumento en el número de las personas privadas de libertad; pero, de manera paradójica, tal crecimiento no lleva aparejado el aumento en la dotación presupuestaria institucional, tanto para compra de materiales y servicios como para el nombramiento de nuevo personal.
Esta situación se ha de agravar por diversas normativas jurídicas punitivas que se están adoptando en el plano legislativo, para combatir el crecimiento de la conducta delicuencial, como la nueva “Ley de Ejecución de las Sanciones”; decisiones que, sin duda alguna, incrementará la población penitenciaria intramuros.
Las condiciones socioambientales de las cárceles costarricenses, pese a los notables esfuerzos institucionales, tienden a un acelerado deterioro y los presupuestos que se han venido tramitando, en el marco de las severas restricciones fiscales que se dice que existen, tan sólo contemplan el funcionamiento “vegetativo” (por decirlo de alguna manera) de la entidad carcelaria nacional.
Es por esta razón que el recorte presupuestario aplicado unilateral y drásticamente para el 2006, por parte del Ministerio de Hacienda, hará que el Sistema Penitenciario Nacional caiga en un colapso espantoso donde la vida de todas las personas que tienen relación con él (privados de libertad y personal profesional, técnico, administrativo y de seguridad), estarán en serio peligro.
Si no se toma la decisión política, aplicando la voluntad soberana depositada en el primer poder de la República, de restaurarle al Ministerio de Justicia y Gracia, el cercenamiento de poco más de 3 mil millones de colones que la cartera de Hacienda recortó de manera unilateral, situaciones como las que apuntamos se volverán inmanejables. La pericia de la Policía Penitenciaria y el denodado compromiso del personal institucional que atiende a la población carcelaria, en medio de tanta dificultad, explican porqué todavía no hemos presenciado situaciones de amotinamiento sangriento, pese que, no es exagerado que lo digamos, las condiciones parecen estar dadas, a raíz del descenso vertiginoso de las condiciones de vida dentro de los penales nacionales.
Mantener esa situación de un recorte de tanto impacto, implicará, entre otras afectaciones, reducción drástica de las visitas de campo a las familias de las personas privadas de libertad; reducción de las salidas médicas al carecerse de vehículos y de combustible; deterioro de las posibilidades de saneamiento de las instalaciones carcelarias (como carencia de papel higiénico para la población penal y carencia de carbolina para desinfectar los pisos).
Algo que tiene una enorme repercusión en toda esta situación dramática, es el recorte para la compra de alimentos, cercano a los 500 millones de colones, lo cual indica que entre la población penal llegaremos a situaciones de hambre, literalmente hablando; dado que ya la calidad y la cantidad de alimentos que recibe la población penal refleja una grave crisis nutricional.
Con ese recorte, llevaremos a situaciones extremas casos como las que ya se dan, en los cuales el policía penitenciario encargado de la seguridad de las cárceles, tiene que sacar de su bajísimo salario (una raquítica base salarial 108 mil colones mensuales), dinero para comprar pilas para los focos, tela para sus propios uniformes, aporte para compra de gas y calentar sus alimentos; así como olores y especies para hacer más digerible la paupérrima comida que la institución les brinda. Tómese en cuenta que la policía penitenciaria, por el rol de servicio que tiene que observar, permanece una semana intramuros carcelarios por una de descanso, lo cual hace que la semana laboral “por dentro”, se tenga que soportar en condiciones socioambientales y alimenticias realmente precarias.
Podríamos seguir puntualizando situaciones que parecen inverosímiles de creer en un país que como Costa Rica, se ufana de su política de protección de los Derechos Humanos; pero, lamentablemente, la situación de las cárceles costarricenses va de mal en peor si continuamos por la peligrosa senda de restricciones presupuestarias irracionales y potencialmente explosivas para fechas próximas.
Es por ello que, nuevamente, honorables señores diputados y señoras diputadas de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, les solicitamos corregir el grave error estratégico que para la seguridad del país, significa el recorte presupuestario de 3.079 millones de colones en las asignaciones del Ministerio de Justicia y Gracia para el 2006.
Quedamos a sus gratas órdenes para profundizar sobre el particular.
Respetuosamente,
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Ligia Solís Solís
Directiva Nacional
Responsable ANEP-Adaptación Social
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c.:Junta Directiva Sectorial ANEP-Adaptación Social.
c.:Junta Directiva Comisión Sindical de la Policía Penitenciaria.
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Trabajadores y trabajadoras de Adaptación Social.
c.:Archivo.
