Estimado señor Presidente:
En el Diario “La Nación” del pasado sábado 14 de agosto, se informa de que ya su Gobierno firmó los contratos para la privatización del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP).
Lamentamos mucho, como ciudadanos y como organización sindical, que su Gobierno haya hecho caso omiso a todas las consideraciones que hemos planteado en torno al porqué consideramos que esos contratos, por leoninos y contrarios al interés público, no debían ser rubricados.
Ahora esperamos que, de alguna manera, la Contraloría General de la República, en cumplimiento de sus deberes y dejando de lado intereses de negocios, se tome el tiempo y la cordura necesaria, y proceda a revisar cuidadosamente estos contratos; a fin de evitarle al Estado y a la ciudadanía, correr con contratiempos, problemas y perjuicio al interés público, como los que estamos sufriendo hoy con la privatización del aeropuerto y la revisión vehicular.
Esperamos que las autoridades firmantes de estos contratos, respondan personalmente, con su propio patrimonio, de los perjuicios que le pueda traer al interés público la firma de estos contratos.
Otro asunto, igual de preocupante que nos trae la privatización del INCOP y que le pedimos directamente a su persona que nos conteste, es si su Gobierno le va a reconocer las prestaciones legales y el famoso “desarraigo”, a por lo menos 500 trabajadores que permanentemente laboran en actividades ordinarias de la carga y la descarga en ese puerto; y que la institución, precisamente para no pagar esas prestaciones y ese “desarraigo”, se ha negado a reconocer su condición de trabajadores, además que a éstos ni siquiera se les cancela el salario mínimo de ley, por lo que el Estado tiene una deuda económica y moral pendiente para con estos humildes trabajadores.
Le preguntamos, don Abel, ¿cuáles son las fuentes de trabajo que su Administración tiene previstas para emplear a los más de 1500 desempleos directos que provocará ese proceso de privatización?. Sobre todo considerando que ya muchos trabajadores, lamentablemente tienen comprometidas, con créditos de todo tipo, sus prestaciones legales y el tan llevado y traído “desarraigo”.
Si su Gobierno insiste en despedir a esos trabajadores de INCOP, mal llamados por las autoridades portuarias como “trabajadores de la calle”, sin prestaciones legales y sin desarraigo, ¿dónde tiene previsto el Gobierno proveerles empleo, para que éstos y sus familias no sean sometidos a la humillante condición humana de no contar con un empleo digno y, por ende, condenarse ellos y sus familias al hambre?.
Esperamos que la Contraloría General de la República no llegue a permitir la culminación de este negocio, pero si se llegare a consumar, esperamos Sr. Presidente, que su Gobierno no deje en la intemperie económica a estas familias; que se proceda al pago de sus prestaciones legales, el pago de tal “desarraigo” y a preverles de un empleo digno, tal y como lo demanda nuestra Constitución Política.
Que Dios esté con usted y le ilumine, en estas horas criticas en que vivimos los grandes sectores desplazados y excluidos, por la implantación de las políticas neoliberales, que hoy se han tragado a esta institución.
Atenta y respetuosamente,
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Fabio Espinoza Molina
Presidente Seccional ANEP-INCOP
c.: Lic. Ovidio Pacheco Salazar. Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
c.: Lic. Javier Chávez Bolaños. Ministro de Obras Públicas y Transportes.
c.: Dr. Alex Solís Fallas. Contralor General de la República.
c.: Ing. Enrique Montealegre Martín. Presidente Ejecutivo INCOP.
c.: Jefes y Jefas de Fracción, Asamblea Legislativa.
c.: Medios de Comunicación Colectiva.
c.: Junta Directiva Nacional ANEP.
c.: Junta Directiva Seccional ANEP-INCOP.
c.: Archivo.
