Carta al Licenciado Rogelio Ramos Martínez, ministro de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía (MSP, solicitándole nos brinde los datos sobre los gastos en que incurrirá el Estado costarricense para sufragar los costos y gastos de la “Academia

Estimado señor Ministro:

En primer término, reciba usted el más atento y respetuoso de nuestros saludos.

Como es de su total conocimiento en la Comisión Permanente de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa, se tramita el proyecto de ley para ratificar el Convenio par la creación de la “Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley” (ILEA, por sus siglas en inglés).

Mas allá de la oposición nuestra por asuntos geopolíticos y militares a este proyecto, nos preocupa de enorme manera los posibles gastos en que pueda incurrir el Estado costarricense, en momentos en que se nos dice a alta voz, por parte de autoridades de Gobierno y en especial por su Ministro de Hacienda, que en las arcas públicas no hay plata.

Dado lo anterior le solicitamos a su digna autoridad, con todo respeto, nos brinde los datos sobre los gastos en que incurrirá el Estado costarricense para sufragar los costos y gastos de tal entidad.

En especial nos interesa saber, además del monto de los gastos previstos, de dónde saldrán estos gastos; por ejemplo, si saldrán del presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública y de ser así, en cuánto afectaría esta presunta erogación el presupuesto de la institución confiada a su dirección.

Lo anterior nos preocupa dado que como a usted le consta, nosotros conocemos las dificultades financieras por las que atraviesa ese ministerio, mismas que se reflejan, entre otros factores, en la inseguridad que tanto desvelo causa a la ciudadanía.

Para nadie es un secreto, las penurias por las que atraviesan los distintos puestos de seguridad pública a lo largo y ancho de nuestro país: instalaciones en pésimas condiciones, no hay vehículos apropiados y suficientes para atender con prontitud y oportunidad la demanda de servicio de la ciudadanía; y ni qué decir de las penurias que sufren los destacamentos fronterizos.

Agreguemos el pésimo o mínimo mantenimiento que se le da a la flota vehicular existente. No hay repuestos ni combustible; en muchas delegaciones y puestos, los oficiales y policías tienen que vivir de la limosna ciudadana para equipar y echarle combustible a su carro.

Otro tanto corresponde a demandas salariales insatisfechas (sin considerar que el salario del policía de la Fuerza Pública no está a la altura de los tiempos, tanto en riesgos personales como en calidad de vida); así como en cuanto a condiciones laborales propiamente dichas. Por ejemplo, a los nueve mil quinientos operativos se le debe un retroactivo de marzo del dos mil uno a diciembre del 2001; hay una baja drástica en la dieta de los cuerpos policiales, café, almuerzo y cena. Esta situación se agrava aún más en los comandos de Los Chiles, Úpala, Sur, Norte, Atlántico, Sixaola, Valle la Estrella, por las condiciones de los roles de trabajo que en estos comandos se tienen que realizar.

Se llega a los extremos que la alimentación, tras de que es mala en cantidad y calidad, en muchos casos no alcanza para cubrir los diferentes roles, teniendo los oficiales que sacar de sus escuálidos bolsillos o ir a mendigar a la comunidad o a los comerciantes y empresarios, poniendo en juego la imparcialidad en el cumplimento de sus funciones. Además hay que plantearse el asunto del uniforme, en general, de los cuerpos policiales; serias limitaciones se tienen en este campo y se nos informa que únicamente se entrega un par de botas, pantalón y camisa al año, sin incluir medias y la camiseta blanca que se está exigiendo.

Y si el policía no está debidamente uniformado, es sujeto de amonestaciones verbales, amenazas de traslados y reportes por supuesta indisciplina. Y qué decir de los repudiables y escuálidos ajustes salariales que mediante Decreto Ejecutivo percibe toda la gente que trabaja en ese ministerio. Ajustes salariales de hambre.

A esto hay que agregarle la deuda que tiene el Ministerio de Seguridad Pública con muchas comunidades del país que están demandando vigilancia, sin recibir respuesta satisfactoria.

A todas estas demandas tanto ciudadanas como laborales, generalmente se les contesta con la famosa frase de que la plata no alcanza o no hay plata.

Entonces nos preguntamos: Si no hay plata para atender la demanda ciudadana de servicios de seguridad; si no hay plata para atender las razonables demandas laborales y de equipamiento que plantea la sacrificada gente que trabaja en ese ministerio; entonces cómo plantea el Poder Ejecutivo, gastar una importante cantidad de millones de colones anuales para los gastos de operación de una academia policial internacional.

¿No será mejor utilizar este dinero para darle un mejor servicio a la ciudadanía; dignificar la labor del policía y equipar adecuadamente los puestos policiales?…

Si algo nos queda claro señor Ministro, como lo hemos dicho, es que ya no nos pueden seguir engañando a la ciudadanía con el asunto de la escasez de recursos. Ya vemos que cuando se trata de financiar ciertos proyectos, la plata aparece y en cantidades admirables (consultorías, asesorías millonarias, indemnizaciones cuestionables, etc.). Por lo menos a esta organización nos deja mucha duda, como lo es financiar privatizaciones, tal y como ha sucedido con la escandalosa privatización del INCOP.

Finalmente, Sr. Ministro, a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), le consta los enormes esfuerzos de su autoridad y del distinguido grupo de colaboradores directos de su gestión, para hacer llegar a la institución que usted dirige, los necesarios recursos para satisfacer la creciente y crítica demanda por mayores y mejores servicios de Seguridad Ciudadana.

Estamos convencidos que la situación podría ser más crítica sin su presencia en el Ministerio de Seguridad Pública. Sin embargo, los argumentos de escasez de recursos para una cartera ministerial tan estratégica, se van desvalorizando día con día y la situación institucional se deteriora. Destinar los recursos suficientes para este tipo de servicio público, no es gasto; por el contrario, es inversión estratégica y eso es lo que no han logrado comprender la cadena de responsables políticos de la hacienda pública en los últimos gobiernos, por la ideologización económica que fundamenta su paso por el servicio público. Al presenciar esfuerzos para destinar parte de esos “escasos” recursos para fines que no son consustanciales a la naturaleza de los servicios públicos de seguridad ciudadana, según la perspectiva costarricense, nuestra sensación de desconfianza se incrementa y se fortalece.

Agradeciendo, anticipadamente, el valor de su atención y esperando su respuesta, nos suscribimos, reiterándole, el mayor de nuestros respetos, pese a las lógicas controversias presentes y futuras que sobre estos temas y otros podamos tener.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Julio Soto Vargas
Responsable
ANEP-Ministerio de Seguridad Pública

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c.:Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República.
c.:Ing. Alberto Dent Zeledón, Ministro de Hacienda.
c.:Señores y señoras, diputados y diputadas, Comisión Mixta Legislativa de Pacto Fiscal, Asamblea Legislativa.
c.:Señores y señoras, diputados y diputadas, Comisión Permanente de Asuntos Internacionales, Asamblea Legislativa.
c.:Sres Diputados, Sras Diputadas, Asamblea Legislativa.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Comisario Wálter Navarro Romero, Director General de la Fuerza Pública, Ministerio de Seguridad Pública.
c.:Comisionado Carlos Alvarado, Director General del Servicio de Guardacostas, Ministerio de Seguridad Pública.
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.:Trabajadores y trabajadoras, Ministerio de Seguridad Pública.
c.:Junta Directiva Nacional ANEP.
c.:Archivo.

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