San José, viernes 28 de setiembre de 2012.
Honorable Señor
Licdo. Jorge Chavarría Guzmán
Fiscal General de la República
Su despacho
Honorable señor Fiscal General de la República:
En primer término, le expresamos a su digna autoridad un respetuoso saludo de quienes suscribimos esta misiva. Somos personas trabajadoras asalariadas y no asalariadas, integrantes de las diferentes seccionales que conforman la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP); somos dirigentes sindicales, hombres y mujeres, quienes dependemos para nuestra salud, para la vida, así como la de nuestros y nuestras familiares, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
En segundo término, le expresamos formalmente nuestra preocupación por los lamentables hechos que han sido denunciados ante el Ministerio Público contra personas vinculadas al manejo de recursos públicos a lo interno de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); concretamente por el ciudadano Master Daniel Muñoz Corea, quien fungía como Jefe del Área de Estudios Económicos de la Dirección Actuarial y Económica de tal entidad.
Según su denuncia presentada el pasado 24 de mayo de 2012, expediente N·12-000046-0615-PE, se advierte entre otras cosas, sobre el presunto falseamiento de un estudio de Política Salarial de la CCSS y el presunto maquillaje de proyecciones financieras del Seguro de Salud, que habrían sido presentados a la Junta Directiva institucional para justificar a partir del 2009, cuantiosas erogaciones del Seguro de Salud, mismas que habrían propiciado la grave crisis financiera que atraviesa este importante seguro; ello con el consecuente deterioro en la prestación de sus servicios a la población.
Asimismo, se advierte del presunto menoscabo de la rentabilidad del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (I.V.M.), ante el presunto conflicto de interés en que producto de la citada crisis financiera, habrían incurrido algunos miembros del Comité de Inversiones de I.V.M., al aprobar la compra de títulos valores del Seguro de Salud de gran cuantía. Ello presuntamente, al margen de la estrategia de “inversión activa” aprobada previamente por la Junta Directiva y del lineamiento de rendimiento mínimo emitido por la citada Dirección Actuarial y Económica; situación que podría afectar adversamente la determinación de la edad de retiro de los trabajadoras y de las trabajadores, sus aportes al régimen y/o el monto de sus futuras pensiones.
Sobre estos presuntos hechos se realizaron sendas denuncias, mismas que fueron conocidas de manera pública en los medios de comunicación colectiva de nuestro país; algunas veces objeto de una clara manipulación mediática de medios oligárquicos al servicio de quienes desean la transformación de nuestro sistema de salud pública a su privatización.
Es claro que corresponde al Ministerio Público y a la Fiscalía General de la República a su digno cargo, determinar el sustento de esta denuncia; y, a la vez, encontrar si, efectivamente, se han disfrazado datos actuariales y, más aún, si se puede concluir que funcionarios de la institución han hecho uso indebido de los fondos de la seguridad social costarricense mediante engaños, acomodo de datos financieros o subterfugios jurídicos.
Estimamos que por lo delicado de la situación objeto de denuncia, que concierne a todos los y las habitantes del país, es imperativo solicitar a usted en su condición de Fiscal General de la República, el trato más expedito posible a la denuncia que sustenta los supuestos hechos, mismos que apuntan a una administración fraudulenta, engañosa y perversa por parte de funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social; quienes según se señala con nombres y apellidos, en los videos explicativos que constan en referido expediente en poder de esa Fiscalía, lamentablemente ocupan altos cargos gerenciales y presidenciales de la institución. De este modo, consideramos urgente que sean emitidas las conclusiones de los procesos investigativos que al respecto atiende el Ministerio Público.
Las justificaciones que encontramos a la urgencia que tiene la gestión de la Fiscalía a su digno cargo, obedecen a que quienes deben responder por la labor que les fuera encomendada de administración de la Caja Costarricense de Seguro Social, pretenden distraer la atención de la población asegurada mostrando como responsables de la crisis a los trabajadores y las trabajadoras que honesta y modestamente sostenemos con nuestro trabajo de cada día y los trescientos sesenta y cinco días del año, los servicios que presta la Caja Costarricense de Seguro Social a la población asegurada, hecho que quedó evidenciado mediante publicaciones periodísticas que desde nuestra óptica buscan confundir y confrontar a asegurados con los trabajadores.
El momento impone una urgente acción social, evidentemente acompañada de un uso racional y transparente de los recursos que aporta la población trabajadora, que es sin duda el principal aporte del financiamiento tripartito que sostiene nuestros seguros de Salud y de Pensiones. Es menester sanear el manejo de las finanzas a lo interno de la Caja Costarricense de Seguro Social; y para ello se necesita tener absoluta certeza y confianza en que el uso de los recursos es sano y que por ninguna razón asome el interés de lucrar con la enfermedad, asunto que esa Fiscalía, por su importante labor, puede observar a propósito de lo ocurrido y denunciado en la Dirección Actuarial y Económica de la Caja Costarricense de Seguro Social; lugar donde supuestamente sucedieron hechos contrarios a nuestro ordenamiento jurídico.
La salud es un derecho del pueblo y consideramos que si bien la crisis que vive el Seguro Social se manifiesta en lo financiero, tiene origen en la gestión de quienes tienen la labor de administración, crisis que ha iniciado con las dificultades de acceso a los servicios que tiene la población asegurada.
Hemos de enunciar ante esta Fiscalía General de la República que como producto de rigurosos estudios de diferentes actores sociales encontramos algunas causas que originan la crisis, tales como:
i) El conflicto de interés entre el interés público y el interés político partidario;
ii) El conflicto existente entre el interés público y los intereses mercantiles de quienes hacen jugosos negocios con la salud; y,
iii) El conflicto de interés entre el interés público y el interés gremial.
Todos estos conflictos entre el interés público (de la totalidad de la población asegurada) y de unos pocos (políticos, vendedores de servicios, algunos funcionarios inescrupulosos), afectan la labor de la institución y deben ser evidenciados con prontitud. De estas acciones depende la misma sobrevivencia de nuestro modelo de salud universal y solidario, venido a menos y en serio riesgo de colapsar.
Suscribimos de vuestra autoridad, con el debido respeto y consideración,
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández
Secretario General Adjunto ANEP
Giovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional ANEP
La carta se remitió con más de 200 firmas más de Dirigentes de Base de ANEP.
