San José, martes 5 de abril de 2022.
Señor
Rodrigo Chaves Robles Presidente de la República COSTA RICA
S.G. 21-25-0509-22
Estimado señor:
Con el respeto debido, la Junta Directiva Nacional (JDN) de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), le expone, de seguido, varios temas en el orden político, económico y social de la realidad costarricense de la actualidad, la cual, sin discusión alguna, ha deteriorado de manera muy sensible la calidad de vida del pueblo trabajador costarricense, especialmente; y, acorde con nuestra visión-país según el sindicalismo sociopolítico practicado por la ANEP.
Prácticamente, no hay discusión en lo siguiente: a) Tenemos la vergüenza internacional de estar ubicados en el décimo lugar (para otras fuentes, es en el octavo), del listado de países más desiguales del planeta. b) La desigualdad, por tanto, se volvió sistémica. c) Aumentó la concentración de la riqueza, a partir, por ejemplo y entre otras razones, de la vergonzosa distribución de los beneficios del crecimiento económico. d) La exclusión económica se sigue evidenciando en aspectos como: creciente desempleo e informalidad, precariedad y congelamiento salariales, quiebre-desaparición de cientos de micro y medios negocios- emprendimientos empresariales; d) gran corrupción y aumento de la penetración del crimen organizado y del narcotráfico; por ende, creciente deslegitimación del sistema republicano de instituciones democráticas. Son éstas (más otras, bien conocidas por usted), las principales características de la Costa Rica del Bicentenario. Características que, de un modo u otro, se han venido presentando y fortaleciendo por políticas económico-sociales no centradas en la promoción del bien común, seguidas por las últimas ocho administraciones gubernativas.
Para entrar al contenido fundamental de la presente, los siguientes apartados indican aspectos en los cuales se requieren, según nuestra visión, cambios estructurales en las políticas públicas respectivas, mediando acciones drásticas por parte del nuevo gobierno que usted encabeza. Aclaramos que el orden en que se mencionan, no expresa ni prioridades ni preferencias.
INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA Y BIEN COMÚN
Las herencias históricas de la institucionalidad establecida para la promoción del bien común y de la inclusión social deben preservarse: CCSS, ICE, INS, A y A, CNP-FANAL, INDER, CEN-CINAI, Educación y otras. Procede su redefinición y/o reconstrucción y fortalecimiento en los casos que corresponda, respetando los valores y principios de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, que a cada entidad pública le corresponde promocionar. Siempre deben seguir en el ámbito de propiedad pública. Ante usted, la corriente sindical en la cual militamos reafirma nuestro compromiso de lucha en todos los frentes que sean necesarios por la defensa de esa institucionalidad.
CCSS: SEGURO DE SALUD-PENSIONES IVM:
La sostenibilidad financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se encuentra seriamente amenazada. Así se desprende del escenario-base consignado en la valuación actuarial del Seguro de Salud de 2020, según la cual este régimen será solvente hasta el año 2024. Por su parte, el Seguro de Pensiones será sostenible hasta el año 2026 o 2028, según estimaciones externas, pues las realizadas por la CCSS no son confiables.
A lo anterior se une la exorbitante deuda de 50 billones de colones (₡ 50.000.000.000.000) del Estado con la Seguridad Social, originada principalmente por el desvío de fondos del Seguro de Pensiones en una cuantía del 7,5% sobre los salarios; por una parte; y, por otra, la falta de pago del costo de la atención primaria de la salud desde el año 1993, obligación confirmada desde el año 2015 en sentencia de Casación.
Asimismo, las pensiones de más de 300 mil pensionados no se revalorizan desde mayo de 2019, motivo por el cual han perdido un 6,28 % de valor adquisitivo, lo cual equivale a 80 mil millones de colones en el año 2022.
Igualmente, grave es la acusación penal que bajo el expediente Nº 12-000046-0615-PE enfrenan 18 ex y jerarcas de la CCSS, por los presuntos delitos de Influencia contra la Hacienda Pública, Administración Fraudulenta y Fraude de Ley, cuya génesis se remonta al Plan Escudo (2008-2010); causa que, conforme al peritaje efectuado por la Procuraduría General de la República en 2020, habría propiciado un daño social a ambos regímenes de 217,5 mil millones de colones. Varias de esos altos mandos institucionales continúan en posiciones claves, por tanto, se asiste a una situación inédita en extremo nociva, en la que convergen, por un lado, la insolvencia financiera y, por otro, los conflictos de interés; situación que a todas luces dificulta la adopción de soluciones que conviene adoptar.
La Caja está como “moro sin señor”. Es urgentísimo una acción gubernativa, con participación civil
organizada, para evitar su colapso-quiebra de imprevisibles consecuencias.
LA CUESTIÓN TRIBUTARIO-FISCAL
Para empezar, debe acometerse la histórica tarea de la Transformación Tributaria Estructural. El informe legislativo sobre Los papeles de Panamá (elaborado en el período parlamentario-constitucional anterior) sirve de base de partida. El sistema tributario costarricense es perverso: pagan más impuestos los que, proporcionalmente, menos tienen; los que más tienen, cada vez acumulan más, pagan menos impuestos, los evaden y/o los esconden. Algunos cuantifican hasta en 5 mil millones de dólares anuales, 8 puntos PIB, el robo de impuestos en Costa Rica por múltiples mecanismos. No se ocupan y la gente no aguantará, más impuestos.
En estricta concatenación con el problema anterior, está en estratosférico nivel de endeudamiento público y su extraordinariamente elevado pago de intereses, en espeluznantes montos diarios. Usted no podrá hacer honor a sus compromisos de gobierno en materia de inversión social, si toda la plata se va en atender los intereses de usura que demanda esa deuda pública: datos oficiales nos hablan de entre 4 puntos y 4.3 puntos del PIB en intereses, promedio anual, lo cual, lleva al fisco a erogar una gigantesca cifra de hasta casi 5 mil millones de colones al día.
Se impone una auditoría ciudadana de la deuda pública, una reingeniería de ella, por una parte; por otra, hay que derogar la regla fiscal, draconiana en grado superlativo pues el colapso de múltiples programas de políticas públicas dedicadas a lo social es inminente.
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, GENERACIÓN DE EMPLEO Y POLÍTICA SALARIAL
Consenso sin discusión: urge la reactivación económica. Pero urge la reactivación económica para el mercado interno. Y, aunque en esa dirección, muchas propuestas político-electorales plantearon el tema del apoyo de política pública para las micro-pequeñas y medianas empresas, lo real es que esto no será posible si el poder adquisitivo del pueblo trabajador sigue estancado de cara a un país que tiene, sino el más, uno de los más altos costo de la vida a nivel latinoamericano.
Entre otras medidas urgentes, está la de la revalorización del salario mínimo, aumentando su cuantía-poder de compra; y, por ejemplo, es necesario la emisión de un decreto extraordinario que lo eleve no más llegando el nuevo gobierno.
Además, la política salarial expansiva, la que aumenta el poder de compra del salario, no solamente es fundamental para una segura reactivación del mercado interno, sino que es un elemento dinamizador de un proceso de reducción de la desigualdad. No es moralmente ético ni socialmente justo que ahora nos salgan con que, en el pasado año 2021, la economía creció en un 7.6 %, sin que nadie piense en una medida especial de redistribución de ese crecimiento vía salario mínimo, al menos, definiéndose un reajuste extraordinario en su gobierno.
La política de congelamiento salarial para el sector Público, en los niveles salariales medios y bajos, ha sido sumamente injusta y cruel. Prácticamente, aquí cabe el mismo razonamiento que en el caso del salario mínimo.
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y RENTA BÁSICA UNIVERSAL
ANEP apoya la gestión que realizan la Red de Renta Básica Universal de Costa Rica y el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), para implementar la Renta Básica Universal en Costa Rica, que consiste en dotar a cada costarricense de, por ejemplo, una cifra de 300 mil colones mensuales. Eso sacaría de la pobreza económica a miles de ciudadanos que hoy padecen ese flagelo. No hay programa de gobierno por más buenas intenciones que se tengan, con capacidad de generar cero desempleos.
Los desafíos de la Humanidad ante el desarrollo científico-tecnológico que han desplazado a millones de seres humanos al desempleo, asfixiados por sistemas tributarios regresivos, nos demuestran que las sociedades deben tomar decisiones que protejan la vida ante la hambruna, la falta de oportunidades y las enormes desigualdades. Costa Rica tiene de donde echar mano para un sistema de Renta Básica Universal: el robo de impuestos, calculado en más de 8 puntos del PIB; las exoneraciones y exenciones en 6 puntos; la enorme deuda pública que merece una revisión urgente; la corrupción en 7 puntos, el lavado y dinero sucio, calculado en casi 7 puntos.
Un sistema como este revitaliza el mercado, especialmente el interno. Por ende, habrá más recaudaciones tributarias, saca de la pobreza económica a toda la ciudadanía, recupera la salud mental de la gente sometida a la pobreza, la sociedad recupera dinamismo social y económico.
EMPLEO PÚBLICO
Desde las entrañas más insanas del periodismo de odio (también se le ha venido calificando como prensa canalla), se sometió al colectivo laboral del Estado costarricense a la más perversa campaña de terrorismo ideológico y de agresión psicológica jamás desplegada contra grupo social alguno, en lo que va de la denominada Segunda República.
Tan perversa campaña no permitió dejar en evidencia los bajísimos salarios para varios grupos de personas trabajadoras de servicios públicos destinados a atajar el crecimiento de la desigualdad, de la exclusión social y económica y hasta de la seguridad; como, por ejemplo, CEN-CINAI, control de vectores en atención primaria de Salud, el personal de base de todos los cuerpos policiales, vigilancia de centros educativos y trabajadoras de comedores escolares.
ANEP, con base en aportes de intelectuales y especialistas en la materia, logró demostrar que el alto déficit fiscal nunca ha estado en los salarios del aparato público costarricense; ni siquiera en los casos más escandalosos de ciertos grupos de poder ligados a la clase política tradicional.
En esencia, el alto déficit fiscal está centrado en la evasión tributaria y elusión fiscal, en las dispendiosas exenciones-exoneraciones; y, concomitantemente, en la espantosa cuantía de la deuda pública y su más que obsceno pago de intereses.
Con base en todo ello, creemos en lo siguiente:
- A- Desechar el nefasto proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente Legislativo 21.336; e, instalar un diálogo social real, no caricaturesco, con las organizaciones obrero-sociales y productivo-empresariales más relevantes.
- B- Se debe ser contundente en que no habrá despidos de personal trabajador estatal.
- C- Impulsar una legislación urgente para la regulación de los salarios de la alta cúpula político- gerencial y tecnocrática del Estado, comprendido éste de manera integral.
- D- Fortalecimiento urgente de los diferentes cuerpos policiales (recurso humano, tecnología, equipo, salarios decentes), para enfrentar (entre otros desafíos) en mejores condiciones el avance de la penetración del narcotráfico y del crimen organizado, así como poner freno a la inmigración descontrolada por los abiertos puestos fronterizos territoriales; y, por otra parte, mejorando, de manera radical, la calidad de atención que se ha venido dando al turismo extranjero al momento de ingresar al país.
- E) Impulsar, con suma urgencia, un gran despliegue de política pública para el rescate de la población habitante de las zonas geográficas de pobreza y de pobreza extrema, de vulnerabilidad de pobreza y de exclusión económica, mediante abordajes multi-institucionales y multidisciplinarios en el campo social, fortaleciendo el empleo público correspondiente. ANEP estima que las municipalidades, como gobiernos locales, pueden coadyuvar de manera estratégica en este sentido y, por tanto, deben ser fortalecidas.
REVITALIZACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
La sociedad costarricense avala, ampliamente, la premisa de que la educación pública es uno de los pilares fundamentales del sistema democrático costarricense, de su Estado Social y de toda política pública para eliminar el lastre de la desigualdad social que afecta a nuestra sociedad.
Por este motivo, resultan impostergables los esfuerzos del gobierno 2022-2026 para fortalecer al sistema educativo nacional, mejorar su calidad, relevancia y pertinencia; y, al mismo tiempo, establecer las bases para revitalizar la educación pública en el siglo XXI.
Entre algunos de los esfuerzos que la sociedad costarricense exige a la nueva administración se encuentran:
- A- Asegurar el crecimiento del presupuesto de educación hasta alcanzar el 8% del PIB en el año 2026.
- B- Implementar un robusto proceso de construcción de infraestructura educativa con especial atención de los centros educativos con órdenes sanitarias y aquellos con más de una década de rezago en inversión.
- C- Aumentar la inversión en los programas de equidad del Ministerio de Educación Pública con especial atención de los comedores escolares, transporte y becas.
- D- Realizar las inversiones en infraestructura, tecnología digital, equipos y recursos humanos para asegurar la implementación del 100 % del currículo en todas las escuelas del país.
- E- Dignificar al Magisterio Nacional mediante la supresión de los interinazgos, mejora de la capacitación, eliminación de las sobrecargas laborales y los excesos administrativos.
- F- Reformar el currículo nacional para la mejora de los procesos de aprendizaje con especial atención de las áreas de Español y de Matemática.
- G- Reformar la estructura de evaluación de los aprendizajes.
- H- Iniciar un proceso de descentralización dirigido a la integración activa de las familias y comunidades en los temas educativos.
- I- Lograr la máxima conectividad en todos los hogares costarricenses.
Para que estos esfuerzos sean realizables, se requiere un compromiso firme del gobierno para abrir una mesa de diálogo nacional coordinada por CONARE-Estado de la Educación, integrada por los diversos sectores de la sociedad costarricense y en la cual se gesten los acuerdos vinculados al tema educativo.
Además, la designación de una persona ministro o ministra de Educación con amplias y probadas experiencias en el área y el compromiso de la Presidencia de la República para asignar recursos económicos, así como para generar los acuerdos políticos necesarios para concretar las reformas necesarias en el área educativa.
OPINIÓN CONSULTIVA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (Corte IDH)
El nuevo Gobierno de la República está obligado a disponer lo pertinente para que se respete, plena y completamente, los contenidos de la Opinión Consultiva OC 27/21, de 5 de mayo de 2021, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Derechos a la Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de Género.
La pertenencia de Costa Rica al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como la legislación nacional emitida para acatar, sin miramientos, sus fallos, nos obliga, repetimos, a acatar en toda su magnitud y profundidad, esa Opinión Consultiva OC 27/21 de la Corte IDH.
Le ofrecemos al experto grupo de especialistas y profesional en esta delicada materia de los Derechos Humanos (DD.HH.), que han venido asesorando a la ANEP, para que se prepare al respectivo equipo del nuevo gobierno en este asunto.
DERECHOS HUMANOS Y CONVENIO 190 DE LA OIT
Particularmente, en este delicado y estratégico ámbito de los Derechos Humanos, una gran señal que se puede enviar, ya mismo, al pueblo trabajador costarricense y migrante que aporta a la producción nacional, en el sentido de que el nuevo Presidente de la República les respetarán plenamente sus Derechos Humanos y Laborales; consiste en que se alce su voz para que la saliente Asamblea Legislativa apruebe el Convenio No. 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Las diputaciones salientes, al disponerse a archivar el expediente legislativo del caso, asestarán un nuevo impulso al peligroso proceso desestabilizador de arrinconar a la clase trabajadora costarricense, al irle cercenando derechos y posibilitando incrementar los niveles de explotación obrera.
CORRUPCIÓN
Urgen medidas ejecutivas y legislativas, contundentes, en ámbitos de acción estatal en los cuales la colusión delictiva de lo público con lo privado ha venido haciendo estragos contra la población.
Hablamos de los ámbitos aduanero, tributario, informático-digital, infraestructura vial, infraestructura educativa, municipal, sistema de compras de la Caja y de otras empresas públicas. ANEP está en total disposición de generar aportes concretos. Por ejemplo, no más entrando a la Presidencia de la República debe ordenar la instalación de los escáneres en todos los puestos fronterizos del país.
Así también, se debe atacar fuertemente la corrupción con fondos privados que perjudican a las personas inversionistas, especialmente de pequeñas y medianas circunstancias económicas; impulsando las correcciones jurídico-reglamentarias que son urgentes, a partir de las amargas experiencias ampliamente conocidas por la sociedad costarricense.
En lo que se refiere a las contralorías de servicio, las mismas deben ser trasladas a la Defensoría de los Habitantes de la República, de forma tal que dejen de depender del jerarca institucional correspondiente.
ECOLOGÍA, BUEN VIVIR Y PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
ANEP está convencida de que los desafíos delicados para el buen vivir de la población, del cambio climático y de la protección integral de nuestra biodiversidad (de la cual hacemos alarde a nivel internacional), exige que Costa Rica se adhiera y ratifique el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú.
Bien se extrae el sitio web de Wikipedia lo siguiente:
“Este acuerdo regional es considerado como uno de los instrumentos ambientales más importantes de la región. Tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en aquellos procesos de toma de las decisiones en entorno ambiental y al acceso a la justicia en el ámbito ambiental, así como la aplicación y en el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, garantizando la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a tener un desarrollo sostenible y a vivir en un medio ambiente sano. Sus disposiciones incluyen perspectiva de género, gobierno abierto y criterios de prioridad en su aplicación para personas en situación de vulnerabilidad. Además, tiene un apartado sobre la protección de defensores de los derechos humanos en temas ambientales”.
Particularmente, este asunto nos permite destacar que urge fortalecer el servicio de guardaparques nacionales, transformándolo es una verdadera Policía Ecológica, ante el avance de la caza furtiva, el asentamiento del narcotráfico, la depredación producto de invasión de producción agrícola y carencia de adecuado cuido y mantenimiento, entre otros factores negativos que atentan contra la riquísima biodiversidad nacional.
Sin duda alguna, los planteamientos del Papa Francisco en cuanto a la protección de la Ecología, impulsan una revitalización del desvelo del país para mantener su rica biodiversidad y elevar la calidad de vida de las personas en armonía con la Naturaleza.
SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA NUTRITIVA
Al respecto debemos ser claros. De ser Costa Rica, a mediados de los años 80’s del siglo pasado, autosuficiente en frijoles, arroz y maíz, productos básicos en la alimentación del pueblo; pasó lamentablemente, en los gobiernos de los últimos 30 años a ser importador, dejando de lado la producción nacional y llevando casi a la indigencia al productor agropecuario nacional, poniendo en riesgo a la población ante un desabasto y juego con los precios internacionales.
En lo concreto, un Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) sin políticas, así como un Consejo Nacional de Producción (CNP) desmantelado, ha dado como resultado el abandono total del sector agropecuario, en general.
Sin embargo, el discurso político en cuanto al respeto al ambiente y a la descarbonización, abren la oportunidad de reiniciar un proceso para tener una nueva Seguridad y Soberanía Alimentaria Nutritiva, libre, o con uso reducido de agroquímicos, libre de transgénicos, mediante poner en práctica la política de una Cadena Agroalimentaria en relación armoniosa con el ambiente, que en lo social sea una oportunidad de desarrollo para las zonas rurales y sus productores agropecuarios.
Al respecto, nosotros tenemos una amplia propuesta preparada por uno de nuestros expertos asesores en esta necesidad nacional y estamos listos a exponerla, considerando que será uno de los ejes de una nueva actividad económica con inclusión social y productiva.
EL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO DE PROPIEDAD ESTATAL
Estamos a favor de la democratización del acceso de la gente, de la ciudadanía y sus diversos agrupamientos ciudadanos, a la comunicación colectiva; desafío que emerge con una muy conveniente oportunidad
El futuro Gobierno de la República, apenas instalado, debe sentarse con las personas representantes de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMICA); grupo civil que puja para que se asignen frecuencias a fin de intensificar y expandir las voces de las comunidades, por ejemplo, en las radios no comerciales.
Según la ley del caso, en junio de 2024, debe producirse la renovación de los derechos de uso de concesiones o títulos habilitantes de las frecuencias de radio y televisión.
PETICION ADICIONAL
En razón de las nuevas disposiciones sanitarias, emanadas por el Ministerio de Salud, según las cuales las restricciones sanitarias quedaron sin efecto a partir del 01 de abril del 2022, nos parece oportuno solicitar a su digna autoridad que la directriz del actual Gobierno que obliga a los funcionarios públicos a vacunarse, mediante Decreto Ejecutivo No. 43249-S, sea revisada y modificada, en cuanto a la aplicación de sanciones disciplinarias, que realizan los jerarcas en las diferentes instituciones públicas por considerar como falta grave la no observancia de tal decreto, y siendo la más punitiva de ellas, la aplicación del despido sin responsabilidad patronal a los trabajadores que no han querido vacunarse por diferentes razones.
Tal medida la hemos considerado desproporcionada, y acudimos a su nuevo gobierno con esta petición, dado que hemos tenido la información de que existen una cantidad de procesos administrativos abiertos contra un número importante de funcionarios públicos de diferentes instituciones, que no han estado de acuerdo en vacunarse; tal es el caso, por ejemplo, de más de 30 funcionarios del Instituto Nacional de Seguros, a los cuales se les notificó en estos días la apertura de un Organo Director del Debido Proceso por no estar vacunados, y así en otras instituciones del estado costarricense.
Desde ANEP hemos promovido que los funcionarios públicos se vacunen contra el Covid-19, pero nunca hemos estado de acuerdo con la aplicación de sanciones, como el despido en el caso de funcionarios públicos que por diferentes razones se nieguen a ser vacunados. Creemos que ya existe una alta vacunación dentro de dicho sector y que por lo tanto la población que aun no se ha vacunado es mínima, y no generara mayor afectación.
Por último y en cuanto a este tema hacer nuestras las palabras de una Magistrada suplente, en cuanto a su excusa de conocer amparo contra la obligatoriedad de la vacunación, que dijo lo siguiente:
«el someter a amenazas y coacción a un ser humano para que se vacune, bajo la sanción de ser despedido, no poder entrar a ningún negocio a comprar comida, ni servicios, se convierte en un trato cruel, degradante, torturante, de discriminación y exclusión sin haber cometido delito alguno a tal grado que se convierte en un homicidio primero por muerte civil y finalmente por hambre vía decreto ya que deja sin sustento ni posibilidad de hacer una vida normal contrario al Derecho de la Constitución, a los Derechos Humanos Ius Cogens y al Estado Social de Derecho.»
Expediente 21-025354-0007-CO
Para ANEP sigue pendiente la construcción de un gran acuerdo nacional, especialmente en temas estratégicos que promuevan la inclusión social y que impulsen la actividad económica mediando la creación de empleos de calidad. Por tanto, las características principales de la Costa Rica del Bicentenario, señaladas al principio de la presente carta, debemos consignarlas de seguido, por segunda vez, para hacer énfasis en que superar estos desafíos no será posible sin el concurso de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales sanas.
- 1- Tenemos la vergüenza internacional de estar ubicados en el décimo lugar (para otras fuentes, es en el octavo), del listado de países más desiguales del planeta.
- 2- La desigualdad, por tanto, se volvió sistémica.
- 3- Aumentó la concentración de la riqueza, a partir, por ejemplo y entre otras razones, de la vergonzosa distribución de los beneficios del crecimiento económico.
- 4- La exclusión económica se sigue evidenciando en aspectos como: creciente desempleo e informalidad, precariedad y congelamiento salariales, quiebre-desaparición de cientos de micro y medios negocios-emprendimientos empresariales.
- 5- Gran corrupción y aumento de la penetración del crimen organizado y del narcotráfico; por ende, creciente deslegitimación del sistema republicano de instituciones democráticas.
Finalmente, a nombre de la Junta Directiva Nacional de la ANEP, le extendemos respetuosa y cordial invitación para que, si a bien lo tienen, nos visite (mediando coordinación previa y a conveniencia de ustedes), en nuestra casa de la Calle 20, con la finalidad de escucharle y; a la vez, expresarle nuestros pensares sobre los contenidos de la presente y, en general, nuestros sueños de una Costa Rica de real, de verdadera, de auténtica inclusión social y económica.
