• Urge una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública
• Grave situación totalmente ausente del debate electoral
La actual Asamblea Legislativa tramita lo que se conoce como el Presupuesto General “de la República” para el 2022; lo cual no es lo correcto pues solamente pasa por el parlamento, anualmente, el 40 % de toda la gestión presupuestaria financiera del Estado. El restante 60 % lo tramita la Contraloría General de la República (CGR).
11 billones 500 mil millones de colones (11.500.000.000.000), es la cantidad total del indicado presupuesto “de la República para el año entrante 2022.
De esa gigantesca cantidad, se deben destinar 5 billones de colones (5.000.000.000.000), para atender la monstruosa deuda pública y su pago abusivo de intereses; es decir, un 43 %.
Esos 5 billones de colones para atender la deuda pública significa, un pago promedio, al día, por el orden de los 13 mil 698 millones 630 mil 136 colones (13.698.630.136). Si los pasamos a dólar, con un tipo de cambio de 630 colones (a hoy), tenemos que, durante cada uno de los 365 días del año 2022, 21 millones 743 mil 857 dólares es la monstruosa cantidad que debe destinarse, cada 24 horas, para la deuda pública ($ 21.743.857); casi 22 millones de dólares.
Estamos hablando de cifras que escapan a la comprensión cabal de la generalidad de la población; pero que, a quienes medianamente tratamos de comprender la magnitud del problema, nos llevan a concluir que el Estado central costarricense va rumbo a la quiebra.
¡Casi 22 millones de dólares diarios para atender la deuda pública en el 2022!
De lo que queda del Presupuesto 2022, un 57 %, 6 billones 500 mil millones de colones (6.500.000.000.0000), es para atender (entre otras asignaciones) transferencias a las universidades públicas, pensiones de lujo, salarios de personas educadoras, policías, sistema penitenciario, atención primaria en salud, CEN-CINAI; PANI, IMAS, programas de otros ministerios, los poderes Legislativo y Judicial; transferencias como las de Fodesaf, municipalidades y otros organismos.
Las necesidades sociales son crecientes y presentan dramas sociofamiliares dolorosos.
De manera incansable, la ANEP ha venido planteando la urgentísima necesidad de que se efectúe una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública. Seguiremos insistiendo en ello. Se puede emitir una ley de la República al efecto.
Sin embargo, no hay el menor asomo de voluntad política de parte de quienes, de manera real, están hegemonizando la cosa pública en la Costa Rica actual. Preocupa muchísimo, además, que este asunto de la deuda pública no sea objeto del debate electoral (ni lo será), entre las 27 candidaturas presidenciales.
Hacemos un llamado vehemente a todas las personas trabajadoras asalariadas de las diversas entidades públicas del Estado central que, ante el avance del endeudamiento público, sus respectivos puestos de trabajo corren graven peligro; llamado que hacemos extensivo a las poblaciones usuarios de los servicios públicos en riesgo de quiebra, en conjunto con sus respectivas agrupaciones cívicas y sociales. La gente deberá defenderse a sí misma.
San José, miércoles 20 de octubre de 2021.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
