Categoría: Acción Política

Alza en buses golpeará a los sectores trabajadores más vulnerables

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La venidera alza en las tarifas de autobús, sin duda alguna, representará un duro golpe económico a los bolsillos de las personas trabajadoras asalariadas de menores ingresos, de salarios más bajos; con lo cual se da un impulso más al grave problema nacional de la concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad.

Particularmente el golpe económico a los bolsillos hogareños donde el ingreso está circunscrito al salario mínimo de ley, es mayor; considerando que hay una gran deuda salarial acumulada a lo largo de los últimos años que ha propiciado mayores niveles de empobrecimiento familiar.

Ni hablar de lo que ha de suceder en los hogares cuyos proveedores son personas trabajadoras del mercado informal, del cuentapropismo, con ingresos irregulares.

Este caso de esta alza tarifaria, considerada abusiva por la propia Defensoría de los Habitantes de la República, contribuye a nulificar, en gran parte, la más reciente fijación de reajuste a los salarios mínimos, pues junto a otras alzas por venir en varios servicios y artículos básicos, deteriorarán todavía más el poder adquisitivo de las familias de ingresos bajos y medios.

Por otra parte, esta alza tarifaria que se hace en medio de serios cuestionamientos sobre su transparencia, confirma la nada despreciable percepción ciudadana acerca del sesgo pro-empresarial de la actual orientación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), con la cual se incrementa la sensación de indefensión que tienen las personas usuarias, particularmente en el caso de los autobuses, a la hora en que estas alzas se definen.

El “premio de consolación” que ofrece la Aresep en cuanto a “mejor” atención de quejas, es, en realidad, más que burlesco para la gente usuaria de los servicios de autobús; toda vez que bien es conocida la incapacidad reiterada de esta entidad para controlar los diversos aspectos inherentes a la elevación cualitativa del servicio, reforzándose la situación de indefensión de las personas usuarias del mismo.

Por otra parte, cientos y cientos de choferes de autobús siguen siendo víctimas de los rebajos salariales abusivos e ilegales producto de las barras electrónicas cuyo funcionamiento está completamente manejado de manera unilateral; sin que el chofer pueda defenderse de los cargos que, al día, se le hacen por supuestas apropiaciones personales de los dineros recaudados con el cobro de pasajes.

Además, muchos son hostigados, perseguidos y hasta despedidos por intentar defender sus derechos organizadamente en sindicatos, tal y como se los permite la Constitución y la Ley.

No descansaremos en nuestro empeño estratégico de la lucha por una modificación estructural de los salarios mínimos que se hace hoy en día más que necesaria; y que, establezca la diferenciación fundamental entre reajuste y aumento; pues lo que viene ocurriendo es que solamente se otorgan, semestralmente, reajustes por inflación que rápidamente son devorados por las alzas subsiguientes y que no incrementan el poder adquisitivo, el poder de compra del salario, como sí lo haría un verdadero aumento.

ANEP objeta reglamento del consumidor de seguros

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San José, 30 de Noviembre del 2012

Señor
Lic. Tomas Soley Pérez
Superintendente General de Seguros
Presente

Ref.: Objeciones y Discrepancias de fondo, sobre la propuesta del Reglamento de Defensa y Protección del Consumidor de Seguros

Estimado Don Tomas:

Sirva la presente para saludarlo y a la vez presentar nuestras observaciones, objeciones y/o discrepancias en relación a la propuesta del Reglamento de Defensa y Protección del Consumidor de Seguros, publicado en “La Gaceta # 221” del día 15-11-2012.

Lo anterior lo hacemos de acuerdo a las capacidades jurídicas que nos otorga la ley y en representación de nuestros afiliados en el sector público, en especial de nuestra afiliación dentro del Instituto Nacional de Seguros, institución esta que se verá directamente afectada por el supra citado proyecto de reglamento.

A) ANTECEDENTES:

1. El reglamento planteado en la referencia, tiene su sustento jurídico en la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Ley No. 8653, publicada en el Alcance No. 30 a la Gaceta No. 152, del 7 de Agosto del 2008.

2. Por acuerdo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en el artículo 14 del acta de la sesión 1006-2012, celebrada el 16 de octubre del 2012, se dispuso: “Remitir en consulta pública de conformidad con el numeral 3, artículo 361, de la Ley General de la Administración Pública, el proyecto de acuerdo del Reglamento antes señalado”.

3. Con base en la disposición antes citada y del derecho constitucional que me asiste de expresarme libremente sobre los asuntos del Estado Costarricense, me permito plantear a continuación, mis objeciones a la redacción de algunos de los artículos y en particular por los conceptos de fondo, que se plantean en el mismo.

4. Como es de su conocimiento, el Reglamento propuesto no tiene facultades jurídicas o técnicas, para pretender desarrollar conceptos o establecer directrices que no estén expresamente establecidas en la Ley No. 8653.

B) Considerandos de la propuesta del Reglamento.

En los considerandos queda claro que uno de los objetivos principales del Reglamento propuesto, se basa en la defensa legítima de la protección de los intereses de los consumidores, incluyendo la garantía de que se establezcan los procedimientos necesarios y suficientes, para que sus quejas, reclamos o afectaciones, argumentados en forma motivada, razonada y oportuna, sean atendidas en forma pronta y cumplida. Como parte de lo anterior, se establece con claridad, que las empresas aseguradoras, deben establecer, un buen proceso de resolución de reclamaciones por siniestros.

De igual forma concluye la sección de considerandos, que:

“inciso n: El objeto propuesto en el Reglamento de Defensa y Protección del Consumidor de Seguros, es cumplir con los objetivos establecidos por el legislador definiendo los requisitos mínimos para preservar, los derechos formales de los consumidores de seguros”.

c) Artículos propuestos en el Reglamento

Artículo 1: Del objeto: Establece en general los requisitos mínimos, para preservar el derecho de los consumidores de seguros.

Artículo 2: Ámbito de aplicación: Establece en detalle todo lo relativo a las obligaciones que tienen las empresas operadores de seguros, respecto de las quejas o reclamos de los consumidores.

Artículo 10: Procedimiento ante la instancia de defensa y atención del consumidor de seguros. Si el consumidor no está de acuerdo con la respuesta notificada, antes del plazo de prescripción ordinaria del contrato de seguros o el acordado en pólizas de no adhesión, podrá acudir ante la instancia que la entidad aseguradora tenga dispuesta par dicha atención y de acuerdo a las previsiones del presente Reglamento.

Comentario: este artículo no señala el tipo de figura institucional o empresarial (funcionario, sección departamento o dirección), que está obligada a asumir esta responsabilidad.

Artículo 13: Creación de una instancia de atención al consumidor de seguros. Las entidades aseguradoras, al tenor del inciso n) del artículo 25 e inciso n) del artículo 29 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, deberán crear una instancia de atención al consumidor de seguros, con el objeto de atender y resolver disconformidades en la atención de reclamos de seguros provenientes de las instancias operativas de la entidad y sus vinculadas, etc.

Comentario:
El espíritu del Legislador estableció que las empresas operadoras de seguros deben crear estas instancias de atención al consumidor, tomando en cuenta entre otros criterios, que la ruptura del monopolio estatal de seguros, permitiría la participación de empresas de seguros privadas, y en las cuales no es usual que posean este tipo de instancias formales, de atención a los consumidores.

En el caso de las Instituciones Públicas del Poder Ejecutivo, incluyendo todas las Instituciones Autónomas, creadas por ley por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, ya poseen las CONTRALORÍAS DE SERVICIOS, creadas mediante Decreto Ejecutivo No. 26025- PLAN , y aprobadas por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA”

Este Decreto dio vida a.“ LA CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRALORÍAS DE SERVICIOS”

Este Decreto Ejecutivo está absolutamente vigente y su acatamiento es obligante para todos los Ministerios e Instituciones Autónomas, salvo que él mismo sea derogado por las mismas instancias que la crearon.

EL Decreto Ejecutivo antes citado, será retomado posteriormente, para analizar el caso del Instituto Nacional de Seguros, INSTITUCIÓN PÚBLICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, HASTA TANTO NO SEA DEROGADA O ELIMINADA POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, donde existe una Contraloría de Servicios desde hace más de una década, cuyas funciones y atribuciones son exactamente las mismas, que estableció el Legislador, al establecer que deben crearse una instancia institucional o empresarial, para atender las denuncias y reclamos de los usuarios o consumidores de seguros.

Esta instancia fue eliminada por la Presidencia Ejecutiva y la Junta Directiva del INS, violentando la existencia y vigencia jurídica del Decreto Ejecutivo No. 26025-Plan.

Artículo 20.- De la atención de denuncias. La Superintendencia General de Seguros conocerá por medio de denuncias, los informes y decisiones de la instancia interna de atención al consumidor de cada entidad asegurada creada en este Reglamento, conforme lo establecen los incisos, n) de los artículos 25 y 29, de la Ley Reguladora de Mercado de Seguros(LRMS), bajo los siguientes consideraciones:

COMENTARIOS:

Qué dicen los artículos 25 y 29 de la Ley Reguladora de Mercado de Seguros (LRMS)

Artículo 25, inciso n: Contar con los puestos, las instancias administrativas y de control internas, así como externas, y atención del asegurado, en los términos y las condiciones que disponga el Consejo Nacional,

Artículo 29, inciso: Proponer al Consejo Nacional la regulación para la creación, la definición del funcionamiento y la operación de una instancia que proteja los intereses del asegurado o beneficiario de un seguro, respecto de la resolución de disconformidades con la aseguradora en materia de ejecución del contrato de seguros.

De la lectura de los incisos n de ambos artículos, no se deduce que es obligante para el INS, la creación de esa instancias de atención a los consumidores, particularmente si ya la tiene.

Interpretar los incisos n de ambos artículos, como un medio para desmantelar la Contraloría de Servicios, que cumple las mismas e inclusive funciones más amplias, que las que eventualmente podría desempeñar otra instancia Institucional, es un razonamiento que podría abrigar y sustentar otro tipo de intenciones de carácter institucional.

CAPÍTULO II
Disposiciones Transitorias

Transitorio I.- Creación de la instancia de atención al consumidor de seguros. Las entidades aseguradoras procederán a la creación de la instancia de atención al consumidor, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de publicación del presente Reglamento en el Diario Oficial La Gaceta. Hasta dicha instalación, las funciones de atención al consumidor serán atendidas transitoriamente por las oficinas de atención al cliente

OBJECIONES AL REGLAMENTO DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE SEGUROS:

1. En el caso del Instituto Nacional de Seguros, que hasta el día de hoy es una Institución Autónoma de Servicio Público, creada por Ley por la Asamblea Legislativa de Costa Rica y que en razón de lo anterior, jamás podría ser considerada como una “EMPRESA PRIVADA”, tal como es el criterio del Dr. Guillermo Cónstenla, actual Presidente Ejecutivo de la Institución, ha existido por más de 12 años una Contraloría de Servicios, creada mediante el Decreto Ejecutivo No. 26025- PLAN , y aprobado por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ING. José María Figueres Olsen Y EL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA, Dr. Leonardo Garnier Rímolo, a las dieciocho días del mes de abril de mil novecientos noventa y siete.

Este Decreto dio vida a.“ LA CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRALORÍAS DE SERVICIOS”, y está todavía vigente.

2. Desconocer la vigencia de este Decreto Ejecutivo, que creó las Contralorías de Servicios en todos los Ministerios e Instituciones Autónomas del Poder Ejecutivo ampliado, las cuales han venido desempeñando una excelente labor en la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y en particular de los usuarios de los Servicios Públicos, y mediante una interpretación antojadiza, aprovecharse de una nueva Ley, en este caso la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Ley No. 8653, publicada en el Alcance No. 30 a la Gaceta No. 152, del 7 de Agosto del 2008, para desmantelar una Contraloría de Servicios, cuyas Funciones y Atribuciones, se detallan en el Artículo 7, desvirtúa el espíritu de la creación de esta ley, la cual interpretando que el rompimiento del monopolio de seguros por parte del Estado, exige particularmente en el caso de los operadores privados, que existe una instancia, semejante o idéntica a las Contralorías de Servicios ya existentes, trasciende y desvirtúa el espíritu del Legislador.

Ese tipo de interpretaciones antojadizas de jerarcas de turno, apartadas del marco y del espíritu legal, de la misma Ley No. 8653, ha permitido en el caso del INS, que coexistan dos instancias con iguales obligaciones y funciones, a saber: la Contraloría de Servicios y la Oficina de Defensa del Usuario.

Esta duplicidad de funciones, costos, etc., ha provocado y todavía provoca, una enorme confusión en los consumidores, al tener que lidiar con dos instancias que en teoría hacen lo mismo.

Para disimular lo anterior y evitar esa duplicidad de funciones, la Contraloría de Servicios fue eliminada de la estructura formal del INS(Organigrama Institucional, acceso a las llamadas telefónicas de los consumidores, etc., por la Presidencia Ejecutiva y la Junta Directiva del INS, violentando de esa forma la existencia y vigencia jurídica del Decreto Ejecutivo No. 26025-Plan.

*CONCLUSIÓN FINAL: *

Se objeta el REGLAMENTO DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE SEGUROS, propuesto por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, ya que en el caso de una Institución Pública como el INS, estaría permitiendo en principio la duplicidad de instancias para atender los reclamos de los asegurados, y en última instancia la redacción del mismo, permitiría el desmantelamiento de la Contraloría de Servicios, Unidad administrativa del INS, con una enorme experiencia acumulada, superior a la nueva instancia creada por la Administración de Don Guillermo Cónstenla.

En razón de lo anterior, solicito que la Superintendencia de Seguros, defina si la Contraloría de Servicios, está vigente a la luz del Decreto Ejecutivo antes citado, y en consecuencia está en condiciones de asumir las tareas de los reclamos de los consumidores de seguros, como lo ha venido haciendo en los últimos 12 años, o si el INS es una empresa privada, igual que muchos de los operadores como Mapfre, Pam American Life, ADISA, ASSA, entre otras y aprovechándose de su interpretación jurídica de la Ley Reguladora de Seguros, tiene facultades jurídicas, para crear otra instancia interna de atención a los reclamos de los consumidores.

Exigimos aclaración por parte de la Prensa Libre

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Honorable y respetado señor periodista don Roberto Portuguez, La Prensa Libre:

Respetuosos saludos.

Quedamos estupefactos con la nota periodística que usted escribe en la edición de La Prensa Libre de hoy, viernes 30 de noviembre de 2012, titulando, con perversidad, “Motociclistas a las calles el martes y sin fines pacíficos”, lo cual tenemos que rechazar tajantemente y protestar ante usted con toda energía, siempre guardando el respeto por su investidura como comunicador social.

La forma en que usted redacta la nota y al consignar declaraciones de este servidor, en nuestra condición de Secretario General de la ANEP, usted nos está, indirectamente, achacando llamados a la violencia que nosotros, tajantemente rechazamos.

La institución sindical que nos honramos en representar, con 54 años de existencia, y nuestra carrera sindical en particular, dan constancia fehaciente que jamás hemos acudido a la violencia para defensar lo que siempre hemos considerado justo. Los lamentables episodios de violencia de la pasada manifestación de motociclistas, que nosotros condenamos enérgicamente, no pueden generalizarse para todo el movimiento y la filosofía que le inspira: la justicia. No, en verdad, quedamos consternados con esa malitencionada frase de su nota que indica “sin fines pacíficos”.

Adicionalmente, debemos desmentirle en cuanto a que la manifestación será el próximo martes porque esto no ha sido definido todavía en el seno del Comité Cívico Nacional de Motociclistas en conjunto con la ANEP. La nota periodística de su producción con semejante e irresponsable titular, más la foto escogida y el recuadro que consigna que la Presidenta Chinchilla califica a los motociclistas de vándalos, revela una intencionalidad subjetiva de su parte sobre este movimiento social que, nosotros, tenemos que respetársela a usted.

Pero no se vale que usted consigne afirmaciones temerarias sin indicar quién se las dijo como declaraciones y, peor aún, que quede como si fuesen emitidas de parte de este servidor. Esta mala fe suya la tenemos que rechazar, drásticamente. Le reiteramos nuestra mayor consideración.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)

ANEP se unirá a marcha en protesta por destitución de Magistrado

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La Junta Directiva Nacional (JDN), de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en su sesión No. 1943 (de carácter ordinario), celebrada el viernes 16 de noviembre de 2012, acordó respaldar todas aquellas acciones de la ciudadanía patriótica destinada a protestar por la autoritaria destitución (no reelección), del magistrado de la Sala IV, el Dr. Fernando Cruz Castro; valorando que ha ocurrido un grave atentado a la institucionalidad republicana costarricense, ya de por sí bastante maltrecha, con lo cual se ponen en riesgo las mismas Libertades Democráticas. Este fue un acuerdo unánime y firme.

En consecuencia, la ANEP hará un llamado a todas sus bases y a las organizaciones fraternas de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), así como a agrupaciones amigas para que marchemos unidas este próximo jueves 22 de noviembre, concentrándonos en la explanada de la Plaza de la Justicia, sede central del Poder Judicial, a las 10 de la mañana.
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Sobre un siniestro episodio

38 diputadosy sus titiriteroscavaron su propiafosa política

Víctor Ramírez Z. Politólogo
victorramza@gmail.com

El incesante molino de la historia nos muestra que los grupos políticos que levantaron una bandera terminan siendo los mismos que la entierran. El Partido Liberación Nacional, cuyos principales dirigentes fueron a una guerra civil para restaurar la democracia, y la independencia del poder judicial, ha sido, desde hace varios años, actor principal de una larga cadena de desaciertos y tropelías.

Pero ninguno de esos deplorables hechos posee la carga siniestra, cínica y destructora del potente zarpazo que todos los diputados de ese partido, en contubernio con diputados calderonistas y guevaristas, perpetraron contra los más sagrados principios de la vida democrática, al impedir la reelección de uno de los hombres más probos y sabios que han pasado por los recintos del Poder Judicial. El daño no se lo hicieron a Fernando Cruz, porque la maledicencia nunca es capaz de dañar el espíritu de los hombres de bien. El quebranto profundo, el más grave desde 1948, fue contra la independencia del poder judicial.

El cinismo en cuadrilla que escenificaron esos 38 diputados es una de las páginas más oscuras de la historia nacional. Cometieron el crimen a hurtadillas pues ninguno fue capaz de expresar un solo vocablo contra el magistrado destituido porque no podían esgrimir un solo argumento digno contra él.

Todos sabemos que esos diputados no son más que marionetas movidas por los hilos finos, aparentemente invisibles, de oscuros designios que buscan, con esta malévola jugada, abrirle el paso a la impunidad de autoridades superiores.

Sin embargo, una vez más, como tantas veces ha ocurrido en la historia, se equivocan los actores de esta tragicomedia. Como viven desligados de la verdad y de la justicia, como viven a espaldas de los verdaderos sentimientos populares, olvidan que la principal fuerza que alimenta la democracia es una opinión pública robusta, valiente e independiente.

En agosto de 1946 un costarricense expresó “que las derrotas han tenido la virtud de robustecer una fuerza espiritual que a la larga resulta incontenible. Una fuerza que es temida por todos los delincuentes políticos. Una fuerza que continuamente recuerda sus responsabilidades a los gobernantes honestos, y que no deja dormir en paz a los malhechores. Esa fuerza es la opinión pública”. Esa fuerza será hoy decisiva para evitar que los siniestros dedos que movieron estos hilos se salgan con la suya.

La historia se repite: la anulación de las elecciones que perpetró el Congreso de la República dominado por diputados calderonistas y comunistas el primero de marzo de 1948, fue el principal detonante de la guerra civil de ese año. Los diputados de ese entonces, movidos por los titiriteros o por la ceguera de sus propias pasiones y fantasmas creyeron que habían triunfado con esa nefasta decisión. No sabían, porque el poder no solo corrompe, sino que obnubila y entontece, que estaban cavando sus propias tumbas políticas. Hoy, 64 años después, 38 diputados y sus titiriteros quizá han abierto una fosa profunda política para ellos mismos y para sus propios líderes y partidos.

Debemos agradecer a esos diputados que han tenido la gentileza de mostrarnos su cobre. No es pequeño el aporte que le han dado a la política nacional. Su colectivo desnudamiento público, en momentos en que el país vive horas amargas preñadas de desilusión y frustración con la política y los gobernantes, son una decidida colaboración para terminar de limpiar la maleza y comenzar una nueva siembra.

Adiós a la independencia del Poder Judicial

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Quienes habitamos este país desconocemos exactamente porqué 38 señores diputados y señoras diputadas decidieron remover de su cargo al doctor Fernando Cruz Castro, magistrado de la Sala Constitucional.

Todos hemos compartido y diferido de decisiones tomadas por la Sala IV. Sin embargo, en el marco del Estado de Derecho hemos respetado la división de poderes y la institucionalidad que este conlleva.

En este caso es evidente, como ha sido señalado en diversos medios de comunicación, que existe un ajuste de cuentas de un sector de la clase política tradicional misma que se hunde cada vez más en el barro.

Un sector de la clase política tradicional, la que tiene “la sartén por el mango” y cree que es dueña del país, que ante el miedo está dispuesta a garrotear a quienes se manifiestan en defensa de nuestra querida Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); a penalizar a los y a las estudiantes que osen fotocopiar libros para estudiar; a amordazar con pena de prisión a todo aquel que con información veraz les ventile sus porquerías; a dejar a las personas trabajadoras sin instrumentos para hacer valer sus derechos vetando la reforma laboral más importante del país desde el Código de Trabajo; y… sí, así como suena, a remover del Poder Judicial a un magistrado que ha comprobado ser independiente, sólido, honesto y valiente.

Nadie, absolutamente nadie, cree las patéticas excusas dadas por diputados y por diputadas en cuanto a que es un “llamado de atención al Poder Judicial”, una forma de “renovar el Poder Judicial” u otras explicaciones sin sentido. Debemos recordar que los diputados son designados por el pueblo y es a éste que le deben rendir cuentas.

No basta decir que se remueve a un magistrado porque se puede, sin que medie absolutamente ninguna justificación de por qué el magistrado Cruz debe irse del Poder Judicial. Se debe explicar a la población porqué, a pesar de que la Comisión Legislativa de Nombramientos recomienda unánimemente la prórroga del nombramiento del Magistrado Cruz, en secreto esa clase política pacta removerlo, de seguro para nombrar a alguien afín y servil a los intereses de esa clase política.

Tal vez alguien que sí esté de acuerdo con la explotación petrolera, con la explotación minera, que desoiga lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) le viene exigiendo al país; alguien que crea que el Estado Social de Derecho y la distribución solidaria de la riqueza consagrados constitucionalmente, son cosas del pasado.

Al pueblo costarricense el mensaje es claro: debemos luchar por defender la Constitución Política. Don Fernando fue reelecto conforme nuestra Carta Magna que establece que hay un procedimiento y un plazo para remover a un magistrado y que, de no hacerlo, opera la reelección automática. Eso pasó, y fuera de tiempo, sin explicación alguna, con una mayoría automática, siguiendo saber qué oscuras intenciones, se violentó el procedimiento.

A don Fernando le pedimos que continúe peleando por defender la Constitución Política. Estamos seguros que persistirá y estará una vez más a la altura de lo que pueblo costarricense espera de él.

A la Sala Constitucional le pedimos que, tal y como le corresponde nos defienda frente al autoritarismo, frente a la violación de la institucionalidad, y frente a la violación de la Constitución Política.

Ojalá que en próximas horas, por iniciativas diversas, ciudadanía patriótica y organizaciones sociales nos reunamos con urgencia porque es más que evidente que “la dictadura en democracia” está en desarrollo.

ANEP fija posición sobre los hechos violentos frente al edificio central de la CCSS

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PRIMERO. El pasado jueves 8 de noviembre de 2012 hubo una manifestación ciudadana, con presencia de personas de distintas partes del país, incluyendo población campesina, mujeres, niños y niñas, que tomaron parte de su tiempo para defender lo que es de todos y de todas: la Seguridad Social y enfatizar en la grave situación que ésta enfrenta. Como lo documenta diversa información periodística, esta manifestación ciudadana fue atendida con violencia.

SEGUNDO. Las decisiones político-policiales adoptadas por las autoridades, tanto del Ministerio de Seguridad Pública como desde la propia Casa Presidencial, para emplear a efectivos de la Fuerza Pública contra los y las manifestantes, merecen nuestra más enérgica condena; a la vez que reiteramos que nuestra Patria necesita y merece una Policía Civilista, de alto profesionalismo y bien remunerada.

TERCERO. Una Fuerza Pública de estas características requiere la invocación persistente y respetuosa al diálogo; la tolerancia y paciencia franciscana ante todos los episodios de la manifestación de orden pacífico; la inmutabilidad ante los exabruptos verbales que pudieran (aunque no necesariamente), ocurrir. En suma, la Fuera Pública lejos de coaccionar, debe permitir la expresión libre de la queja ciudadana.

CUARTO. Los deplorables hechos que comentamos reflejaron exactamente lo contrario. En consecuencia, los altos mandos policiales y gubernamentales le deben a la ciudadanía una explicación de los fundamentos que tuvieron para emitir la orden de reprimir, que llevó al enfrentamiento violento contra la gente en manifestación.

QUINTO. Desde hace años, la Avenida Segunda ha sido la vía en que, por excelencia, transita la gente que, con base en diversas motivaciones, ejerce lo que desde esta organización acuñamos como la “DEMOCRACIA DE LA CALLE”. Sin embargo, si no nos falla la memoria, jamás había sido lanzada contra la gente en manifestación, acción policial alguna, mientras se hace uso cívico de esa avenida. ¿Por qué sí ocurrió en esta ocasión?…

SEXTO. Para nadie es un secreto que hay en ebullición un descontento popular y ciudadano que responde a diversas motivaciones. Se hace en este contexto urgente contar con mecanismos de Diálogo Social con Negociación Efectiva. Sin embargo, La Presidenta Chinchilla y su Gobierno mina toda posibilidad de avanzar en esa dirección, al punto de que cuando hay un acuerdo supuestamente en firme, lo deshonra; como lo muestran tres casos ocurridos en tan solo unas pocas semanas: la Reforma Procesal Laboral, la ley contra el fotocopiado y la “Ley Mordaza”.

SÉTIMO. Podemos en este marco interpretar la acción policial cuestionada, como un giro hacia el empleo de la fuerza desmedida e irracional contra la gente que protesta. Así las cosas, nosotros pensamos que los y las policías “de abajo”, quienes siguen estando pésimamente mal pagados, no tienen la obligación moral ni ética de agredir a quienes, integrantes de su misma clase, se manifiestan a favor de causas sociales que, también, de un modo u otro, son en concernirles.

OCTAVO. La desobediencia, en estas situaciones extremas cuando se ordena reprimir a ciudadanos pacíficos que protestan, incluyendo personas adultas mayores, niños y niñas es, más bien, un valor democrático de naturaleza cívica; tal y como en aquellos dolorosos momentos de las fase más cruda de la guerra civil salvadoreña, llevó a ese gran hombre de bien, asesinado por estar a favor de su pueblo, a indicarle a las fuerzas represivas del régimen que no tenían que obedecer a las órdenes de agresión contra sus iguales de clase. Nos referimos a monseñor Oscar Arnulfo Romero.

NOVENO. Nosotros expresamos nuestra solidaridad con las ilustres personas diputadas, integrantes del denominado Primer Poder de la República cuya inmunidad otorgada por el poder popular fue violentada. La señora legisladora Carmen María Granados Fernández y los señores legisladores Claudio Monge Pereira, José María Villalta-Florez Estrada y Juan Carlos Mendoza García, han indicado que su papel fue de mediación ante la crudeza que estaba ya exhibiendo el enfrentamiento.

DÉCIMO. Se puede o no coincidir con el pensamiento político-partidista de cada una de estas ilustres personas. Lo que no se puede es negar su condición diferente en el marco del todavía vigente Estado de Derecho costarricense. A no ser que alguien esté pensando que ya éste es un obstáculo que debe eliminarse…

ONCEAVO. La ANEP lamenta, también, que efectivos policiales a quienes se les dio la incorrecta orden de reprimir, hayan salido heridos, tanto en su humanidad física como en su integridad psicoemocional. Estas personas trabajadoras, integrantes de los mandos “rasos” de la Fuerza Pública, siguen sufriendo una gran discriminación salarial pues “ponen el pecho y arriesgan su pellejo” por salarios hasta diez veces menos que lo que ganan los que les dieron las órdenes de reprimir.

DOCEAVO. El Gobierno debe verse en el espejo por un largo rato, y ojalá reconozca que lo que se ve tiene enormes problemas, tal y como la mayoría de la gente lo reconoce ya. Si el Gobierno hace de la desconexión a los reclamos ciudadanos una “virtud”, es de esperar que muchos tristes episodios se asomen en el futuro. Señora Presidenta: rectifique ya su camino y abra, de una vez por todas, las anchas avenidas del diálogo social verdadero, tal y como usted lo ofreció en un día ya olvidado hace poco más de dos años.
*
TRECEAVO.* El cumplimiento de los derechos laborales está urgido de la reforma procesal laboral; los derechos ciudadanos a la salud y la seguridad social exigen que los altos mandos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), asuman ya sus responsabilidades señaladas ya por unos y por otras; el fundamento democrático más preciado como lo es la libertad de expresión exige la derogatoria de la “ley mordaza”. Estos son sólo algunos ejemplos que casi a todos y a todas nos parecen extremadamente urgentes y evidentes. Sólo falta usted, señora Presidenta: ¡Súmese! Nunca es tarde para hacer lo correcto.

CATORCEAVO. Finalmente, hacemos un llamado a todas las fuerzas sindicales, sociales y cívicas para que juntemos los esfuerzos más honestos y transparentes a fin de que construyamos una agenda compartida de lucha y así, en gran unidad popular y social, salgamos en miles y miles, por todas las calles de este país.

El mayor problema de Costa Rica es la desigualdad

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Durante los últimos gobiernos, la ANEP ha sostenido, terca y reiteradamente, que el problema nacional número uno de nuestra sociedad de hoy, es el crecimiento de la desigualdad. El decimoctavo informe del Estado de la Nación, dado a conocer en esta fecha, ¡nos da la razón!:

Ese crecimiento de la desigualdad que hemos señalado por años, se manifiesta en estos momentos y según tal estudio en:

1) Creció el coeficiente de Gini (el 20% de la población de más ingresos, se hizo más rico);

2) los pobres dentro de los pobres, se empobrecieron más: sus “ingresos” cayeron en un 7.2%;

3) los derechos laborales son fuertemente violados en el sector privado de la economía;

4) las personas en condición de pobreza, son cada vez más.

La actual política macroeconómica, de corte sistémico por haberse mantenido sin grandes variaciones a lo largo de los últimos gobiernos, es la culpable esencial de una sociedad que sigue viajando hacia la polarización más desconocida de las últimas décadas: la de la concentración abusiva de la riqueza.

Surgen, al menos, tres aspectos fundamentalmente estratégicos para atender si se quisiera, realmente, empezar a cambiar el rumbo excluyente que lleva la Costa Rica de hoy:

  • Una transformación tributaria estructural.
  • Una elevación general, de corte estructural, del nivel actual del salario mínimo.
  • La aprobación definitiva de la Reforma Procesal Laboral para una justicia más pronta contra las violaciones a los derechos laborales.

No hay duda: Si para cada 2 de 3 costarricenses, la sensación es de que estamos en un país “sin rumbo”, es porque, efectivamente, 2 de cada 3 costarricenses, se están y se sienten en la pobreza, o viajando hacia ella.

Denuncia sindical sobre investigaciones bimédicas ilegales

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El Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE), la Confederación de Trabajadores Novarum (CTRN), la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), hacen pública la siguiente denuncia y solicitan a la Presidenta de la República, a la Asamblea Legislativa, al Ministerio de Salud, a la Defensoría de los Habitantes y a las demás autoridades de rango judicial actuar de forma inmediata.

Desde hace bastantes meses un importante grupo de organizaciones sindicales, sociales, académicas, profesionales y de otra naturaleza, han venido analizando la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); llegando a presentar un diagnóstico y un conjunto de propuestas, conocidas como “10 medidas para comenzar a ordenar la Caja”. Las organizaciones sindicales denunciantes hemos estado en este importante proceso social de auscultación ciudadana sobre la CCSS.

El diagnóstico surgido en el seno del grupo “10 medidas para comenzar a ordenar la Caja”, ha planteado que en la CCSS existen tres conflictos de intereses claramente definidos: uno de orden político partidario; otro referido a la doble función de prestación de servicios entre lo público y lo privado por parte de algunos funcionarios; y otro de orden corporativo interno, que vincula también a grupos de poder muy fuertes situados en la matriz de la toma de decisiones institucionales a través de los años.

Estos conflictos deben ser debatidos de manera frontal, equilibrada y objetiva, si realmente deseamos tener coherencia para diagnosticar los males de la CCSS y definir la ruta para transitar por el camino de verdaderos cambios.

Expuesto lo anterior, y para situarnos en el tema que nos ocupa, recordemos que en determinado momento la Sala Constitucional, por vía de resolución, suspendió toda posibilidad de que en Costa Rica se ejecutarán ensayos clínicos en seres humanos.

Ante esta situación, según sabemos que el actual Presidente de la Asamblea Legislativa, licenciado Víctor Emilio Granados Calvo, impulsó la creación de la Comisión de Conciliación para la Ley de Investigaciones Biomédicas; suponemos que con el objetivo de que tanto los y las profesionales de la Universidad de Costa Rica (UCR), así como los y las representantes de la iniciativa de los servicios de salud privada, trataran de consensuar un cuerpo de normas que regulen esta materia, pues en nuestro país este tipo de procedimientos está prohibido (siempre y cuando no exista una ley que los regule). Entendemos que este proceso de “negociación” en el espacio legislativo ha sido intenso y hasta el día de hoy no se han logrado acuerdos.

Lo concreto es que todavía existe una prohibición para este tipo de investigaciones en el país, mientras no exista una ley específica que lo autorice. Pese a ello, con sorpresa, nos hemos encontrado accesando a la página web del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (ver clinicaltrail.gov, apartado Costa Rica); que en nuestro país pareciera se han desarrollado y se encuentran posiblemente en curso, hasta el día de hoy, unas 121 investigaciones en seres humanos ejecutadas, presuntamente, por personas físicas o jurídicas, cuyo listado (de existir), debe ser revelado al pueblo, ya que de confirmarse tal barbaridad deshumanizante y mercantilezca, podríamos estar ante un acto ilegal, inhumano y antitético que debe ser castigado con suma severidad, independientemente de los nombres y posibles nexos político-partidarios corporativos que suponemos existen en toda esta maraña de oscuridad.

Dicho esto, resultan entonces sumamente risibles varias situaciones. En primera instancia, que se haya impulsado la comisión indicada, seguramente con toda la buena fe del señor Presidente de la Asamblea Legislativa; en segundo término, que se trate de buscar un consenso entre dos enfoques distintos ya que están de por medio intereses muy grandes y demasiado dinero, posiblemente; y, por último, que mientras se trata de consensuar una ley, ya se estén presuntamente ejecutando ensayos clínicos, reclutando y utilizando algunos “conejillos de indias” para probar los efectos de ciertos medicamentos en algunos ciudadanos y/o ciudadanas costarricenses.

Ante una situación tan grave solicitamos, públicamente, a la Presidenta Laura Chinchilla Miranda proceda a ordenar, de forma inmediata, que se den a conocer los nombres de aquellas personas físicas o jurídicas, empresas o similares (de existir dicha lista); que en principio estarían financiando o ejecutando actos de esta envergadura vinculados a actos posiblemente ilegales.

Desde nuestra visión de las cosas, este posible fenómeno y otros que tienen lugar en nuestro país, serían parte de una agenda oculta que se estaría impulsando desde la opacidad, cuyos actores trabajan desde el anonimato silencioso; y en alianza con algunos medios de comunicación, venden la errónea e insana visión de que el mal mayor de la CCSS son exclusivamente los derechos laborales y los sindicatos; estrategia mediática que sólo busca sobredimensionar la crisis financiera, de gestión y política de esta institución buscando justificar ante la opinión pública la privatización o la compra de servicios a terceros como la madre de todas las soluciones, buscando desquebrajar totalmente una de las pocas instituciones que provee un poco de paz, equidad, igualdad y solidaridad a Costa Rica.

Así las cosas, está claro que al final debemos entender, tanto la población asegurada, como la propia clase trabajadora de la Caja, que la defensa, el mejoramiento y la preservación de los principios que han regulado la CCSS desde su creación, es una LUCHA SUPERIOR; es decir, requerimos articular una DESOBEDIENCIA POPULAR enorme en el 2013 y en conjunto con todo el movimiento social, buscar REFUNDAR LA CCSS para fortalecerla y mejorar su gestión desde los principios humanos, cristianos y socialistas que afloraron en los años cuarenta del siglo XX, cuando se construyó entre distintas fuerzas un modelo de desarrollo inclusivo, cuya expresión evidente es la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), todavía vigente.

Las organizaciones suscribientes aspiramos a pensar más allá de lo propiamente gremial y pensamos en el pueblo costarricense y en una Caja para los próximos 50 años y para siempre. Desde esta visión impulsaremos acciones para evitar que un puñado de mercaderes de la enfermedad agrupados en corporaciones médicas, farmaceúticas y financieras, que ven la salud y las pensiones como un negocio y que son parte de los que financian campañas publicitarias electoreras a los partidos tradicionales cada cuatro años, le ganen la batalla al movimiento ciudadano sindical y social, pretendiendo apropiarse de un negocio que representa un patrimonio de, al menos, 1.8 billones de dólares entre salud y pensiones.
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Diario Extra – martes 30 de octubre de 2012

• Piden indagar situación y jerarcas niegan acusaciones

SALUD Y SINDICATOS CHOCAN POR INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS

KRISSIA MORRIS GRAY
kmorris@diarioextra.com

Mientras que diversos sindicatos denunciaron la presunta realización en el país de investigaciones clínicas ilegales en seres humanos, supuestamente sin el consentimiento de la población, Ileana Herrera, directora general de Salud del Ministerio de Salud, desmiente las acusaciones y aseguró que los ensayos que están en proceso cuentan con el permiso de la Sala Constitucional.

El Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae), la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP) solicitaron a la Presidenta de la República, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Salud y la Asamblea Legislativa, así como las autoridades judiciales, hacer las investigaciones correspondientes.

Para la justificar la acusación Juan Carlos Durán, miembro de Sinae, dijo que el listado de las investigaciones médicas en seres humanos en el país se encuentra desplegado en la página web del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y pareciera que en total son 121 ensayos médicos en humanos, unos ya completados y otros en proceso.

“Nos dimos cuenta desplegando la página, donde hay 40 páginas con 121 estudios de investigaciones biomédicas en Costa Rica, y como sabemos no existe ley en el país que permita eso. Además la Sala Cuarta había declarado que este tipo de investigaciones no se pueden realizar hasta tanto no haya un cuerpo normativo que regule este tipo de situaciones”, afirmó Durán.

¿SIN CONSENTIMIENTO?

Geovanny Ramírez, directivo de ANEP, comentó que las investigaciones clínicas en humanos se hacen a personas afectadas con enfermedades como hipertensión arterial y diabetes, neoplasia cervical, obstrucciones pulmonares, VIH-asma, neumonía y meningitis bacterianas, úlceras y tumores orales, sinusitis, osteoporosis y bronquitis y epilepsia, entre otras.

“Nos resulta increíble que se esté investigando sin que la gente se dé cuenta y eso es lo peor. Si la gente estuviera de acuerdo en que se experimenten con ella medicamentos estaría bien, por ser un derecho a la salud”, recalcó Ramírez.

NO ES CIERTO

Muy molesta reaccionó Herrera, quien aseguró que las acusaciones de los sindicatos no son ciertas, al tiempo reseñó que deberían investigar e informarse más al respecto.

“Siguen activas algunas investigaciones clínicas en seres humanos, pero con el permiso de la Sala Constitucional, pues cuando se anuló el decreto de la Caja Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Salud, por considerar los magistrados que es de resorte de ley, se les indicó que había estudios que debían seguir, pues era para mejorar la vida de los pacientes y así se demostró, por lo que dieron el permiso para seguir con este grupo”, explicó Herrera.

La funcionaria comentó que no se trata de investigaciones ilegales ni que están “de la mano de Dios”. Al preguntarle cuántos ensayos biomédicos están activos respondió que 38 y rechazó que se tenga compromisos con las casas farmacéuticas.

Nueva burla del Gobierno y los empresarios

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Definitivamente y por más esfuerzos serios, responsables y profesionales que hizo el Movimiento Sindical Costarricense, por buscar nuevos mecanismos para lograr reajustes salariales con un mayor grado de justicia para cada fijación semestral en el sector Privado, con la finalidad de que se den incrementos sustantivos en los alicaídos salarios de los trabajadores y las trabajadoras de ese sector; no fueron tales esfuerzos suficientes para que los empresarios y el Gobierno los aplicaran en beneficio de la clase trabajadora indicada.

Con relación a la fijación salarial del sector Privado que debe aplicarse para el primer semestre del año 2013, se había acordado, tripartitamente hablando, la aplicación de una nueva fórmula que contempla tres componentes básicos: 1) el porcentaje de inflación proyectada para el primer semestre del año 2013; 2) la diferencia entre la inflación proyectada para el primer semestre del año 2012 y la que verdaderamente ocurrió; y 3), un porcentaje que oscila entre el 20% y el 40% del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de los años 2007 al 2011.

En consecuencia, las organizaciones sindicales más representativas del país, propusimos que el aumento para el primer semestre del año entrante fuera del 4.06%, dado la combinación de las tres variables arriba apuntadas.

Sin embargo, el burdo acuerdo entre empresarios y Gobierno fue dar un aumento del 3.65%. La diferencia está en que a la hora de aplicar el tercer componente de la fórmula, el que se refiere al crecimiento del PIB per cápita, el Gobierno y empresarios utilizaron el piso más bajo, es decir, el 20%; mientras que el movimiento sindical utilizó el 40%, generándose una diferencia entre ambas propuestas de un 0.41%.

No reconocen con ello, ni el Gobierno ni los empresarios, el papel productivo de los trabajadores y de las trabajadoras del sector Privado. Desconocen que es gracias a esa mano de obra que el crecimiento promedio del PIB en los últimos 5 años, según los datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), es del orden del 2.33%, siendo un crecimiento altamente positivo y, reiteramos, gracias a la clase trabajadora de tal sector.

Es por ello que ni la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), como tampoco la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), podemos aceptar esta nueva burla a la clase trabajadora, misma que una vez más deja en evidencia la falacia empresarial y gubernamental, de que la productividad es el factor que debe ser reconocido en los reajustes salariales del sector laboral.

Tomamos nota de este doble discurso y rechazamos, por injusto e inequitativo, el aumento salarial pactado entre el Gobierno de doña Laura Chinchilla y la cúpula del empresariado nacional, en contra del bienestar de las personas trabajadoras asalariadas del sector Privado de la economía.

Centrales Sindicales presentan propuesta ajuste salario para sector privado

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Las principales organizaciones centrales del sindicalismo nacional se presentan unidas en la tarde de hoy martes 16 de octubre, formulando una petición compartida ante el Consejo Nacional de Salarios (CNS), con relación al porcentaje de reajuste a los salarios mínimos que se pagan en el sector Privado, correspondiente al primer semestre del año venidero 2013.

Como se puede notar en el documento adjunto, la cifra de tal reajuste es de un 4.06%. El documento indica cómo se llegó a tal porcentaje.

El sindicalista don Didier Leitón Valverde, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Agrícolas y de Plantaciones SITRAP será la voz oficial en la presentación de esta petición conjunta de las centrales sindicales nacionales. El número celular que usa este líder sindical es el 86 41 02 84.

Las entidades sindicales firmantes son:

Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN)
Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC)
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos (CCTD)
Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT)
Asociación Nacional de Educadores (ANDE)