Categoría: Acción Política

La Defensa Pública del Poder Judicial de Costa Rica y los sindicatos, reconocemos el valor histórico de la Reforma Procesal Laboral, la cual representa la culminación de muchos años de lucha a favor de la clase trabajadora y la defensa de sus derechos laborales y garantías.

Bajo este contexto y contribuyendo al cumplimiento de los compromisos asumidos por Costa Rica, a favor de las personas trabajadoras, ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como ante la Organización de Estados Americanos (OEA); los firmantes acuerdan luchar en conjunto para que el Estado costarricense otorgue a la Defensa Pública del Poder Judicial, los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios, para hacer real y efectivo el derecho de acceso a la justicia y la protección de las garantías judiciales de la clase trabajadora en condición de vulnerabilidad, a través de la defensa técnica gratuita, con las excepciones legales dispuestas en la Reforma Procesal Laboral y conforme al Reglamento que se promulgue para estos efectos.

Así mismo, apoyamos las iniciativas legislativas tendientes a la creación de fuentes de financiamiento para el funcionamiento adecuado de la sección especializada de defensores y defensoras públicas laborales de la Defensa Pública del Poder Judicial.

En este acto además, los firmantes, hacemos atenta solicitud a la Presidenta de la República Laura Chinchilla Miranda y a la Asamblea Legislativa, para la asignación responsable de los recursos necesarios, para que la Defensa Pública pueda brindar el servicio de defensa técnica gratuita laboral, tal y como le fue designado en la reciente Reforma Procesal Laboral y que de esta manera la reforma sea una respuesta real y efectiva para la clase trabajadora.

En la Defensa Pública de San José, el 24 de setiembre de 2012.

Marta Iris Muñoz Cascante
Directora de la Defensa Pública

Alejandro Rojas Aguilar
Sub Director de la Defensa Pública

Alexánder Ovares
Asociación Nacional de Educadores (ANDE)

Albino Vargas Barrantes
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Rodrigo Aguilar Arce
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN)

Olman Chinchilla Hernández
Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC)

Rafael Ángel Mora Solano
Central Social Juanito Mora Porras(CSJMP)

Didier Leitón Valverde
Coordinadora de Sindicatos Bananeros (COSIBA)

Ramón Barrantes
Coordinadora de Sindicatos Bananeros (COSIBA)

¡¡¡Escandalosas!!! ¡¡¡Indignantes!!! Las declaraciones brindadas por el exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Francisco Jiménez Reyes, acerca del proceso de toma de decisiones en el vergonzoso caso de la “piñata regalona” de la trocha norte; lejos de considerarse como una “sacada de clavo” (a raíz de que la Presidenta Chinchilla lo echó del Gobierno, a comienzos de lo que sería conocido después como el escándalo más grande de corrupción con fondos públicos de los últimos gobiernos y del actual en particular); dejan a las claras que ha existido una especie de Gobierno paralelo, el verdadero poder en la sombra que es el que ha controlado todos los actos estratégicos de la Presidenta Chinchilla, cuya popularidad, como bien se sabe, está por los suelos.

El exministro del MOPT, Francisco Jiménez Reyes, ¡cantó! Así hemos sabido que el verdadero poder en el seno del actual Gobierno ha estado formado por el hermano de la mandataria, señor Adrián Chinchilla Miranda; por el banquero Segundo Vicepresidente de la República, Luis Liberman Ginsburg; y por el empresario y consultor internacional, señor Carlos Espinach Escalante.

Con más de 40 mil millones de colones “invertidos” en la construcción de la mal llamada “Ruta 1856”, o, peor aún, carretera “Juan Rafael Mora Porras”; exorbitante cantidad de la que más de la mitad está perdida, desperdiciada, botada, regalada, robada; las revelaciones del Exministro Jiménez Reyes representan un golpe durísimo y demoledor, completamente irreparable, a la transparencia y a la ética públicas, ya no solamente del propio y actual Gobierno de la República, sino de la misma Presidenta Chinchilla.

Como el mismo exjerarca del MOPT lo indicó, todo lo concerniente a la deplorable trocha, se decidía en Zapote (la sede de la Casa Presidencial), y no en Plaza Víquez (sede oficial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

Una gigantesca pregunta de mucha potencia surge a raíz del “canto” del Exministro Jiménez Reyes: ¿Cuál es la naturaleza de los intereses de negocios de prácticamente todo ese grupo de poder presidencial que decidió sobre todo lo de la trocha, si todos ellos están ligados a la actividad empresarial y con conexiones profundas en el sector Privado de la economía?

Las impactantes declaraciones del Exministro Jiménez Reyes lo lleva a reconocer de la existencia de “otra” comisión en este escandaloso asunto de la “piñata regalona” de la trocha de la frontera norte; pero, al parecer, más “ejecutora” de las órdenes emanadas por la otra, la del verdadero poder. Está comisión “segundona”, al parecer, la integraron el exministro de Seguridad Pública, José María Tijerino; la actual Presidenta Ejecutiva de la Comisión Nacional de Riesgos y Prevención de Emergencias (CNE), señora Vanessa Rosales Ardón; y quien hasta estas declaraciones venía siendo “figura estrella” del tortón de la trocha, señor Carlos Acosta Monge, exdirector del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Salta con fuerza otra interrogante ciudadana y que tiene que ver con el papel de la Fiscalía General de la República en todo este bochornoso, repugnante e indignante asunto de la “piñata regalona de la trocha norte:

– ¿Procederá esta instancia a abrir expediente a cada una de esas personas poderosas del “gobierno paralelo” de la Presidenta Chinchilla en esto de la “piñata regalona” de la trocha norte?

– ¿Se atreverá el señor Fiscal General de la República a pedirle cuentas al hermano de la señora presidenta, don Adrián Chinchilla Miranda; a pedirle cuentas al banquero Segundo Vicepresidente de la Republica, don Luis Liberman Ginsburg; a pedirle cuentas al poderoso empresario y consultor internacional, figura de gran peso en el propio Partido Liberación Nacional (PLN), don Carlos Espinach Escalante?

– ¿Le entrará de lleno la Fiscalía General de la República a establecer cómo se originó, qué lo sustentó, quien lo urdió, quien lo diseño, quien lo redactó, el decreto de “emergencia nacional” que dio origen a todo esto?

– Ó, por el contrario, ¿serán los “perros flacos” quienes tendrán que cargar con todo este entramado de corrupción?

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con una fuerte presencia de organización sindical entre la clase trabajadora asalariada del sector municipal costarricense, hemos venido dándole un serio seguimiento al debate legislativo y a la polémica subsecuente, en torno a la tramitación parlamentaria del expediente legislativo No. 18.070 “Ley para la preservación del uso agropecuario de los terrenos”; iniciativa ésta que ha venido enfrentado y polarizando posiciones entre el sector agropecuario nacional y la institucionalidad política del régimen municipal.

La ANEP, dentro de los conceptos de su visión de país, aboga por profundas políticas públicas para reafirmar una Seguridad y una Soberanía Alimentarias costarricenses, (así en mayúsculas), en momentos en los cuales el cambio climático, la sequía en Estados Unidos, la política errática de este país en cuanto a la fabricación de etanol con maíz (solamente para citar tres factores); imponen un cambio estratégico profundo para que, como país, produzcamos nuestros propios alimentos básicos; de tal suerte que, al mismo nivel estratégico, es imperioso que la política pública se vuelque hacia los pequeños y los medianos productores agrícolas nacionales, dentro de la cual exonerarles de ciertos impuestos es una iniciativa correcta. Pero…

El indicado expediente legislativo 18.070, para la exoneración del pago del impuesto a los bienes inmuebles, de un 80% a los terrenos dedicados al uso agrícola, carece de una determinación drástica, técnico-metodológica apropiada, de tal suerte que no se desvirtúe las sanas intenciones de quienes, desde distintas posiciones político-ideológicas, dicen que están de acuerdo en el apoyo a la pequeña y mediana producción agrícola nacional.

Es decir, debe establecerse en tal legislación, indicaciones precisas y contundentes que permitan establecer qué es pequeña y qué es mediana producción agrícola como para ser apoyada con una exención tributaria del calibre de la pretendida en tal iniciativa de ley.

Los grandes consorcios de producción agropecuaria, especialmente los de signo trasnacionales; la gran propiedad latifundista; las grandes extensiones de, por ejemplo, producción piñera, bananera, melonera, cafetalera, azucarera, no deben ser incluidas para consideración de la exoneración impositiva pretendida; resultando imprescindible introducir las modificaciones necesarias al indicado proyecto en tal sentido.

La ANEP tiene pleno orgullo y se siente sumamente honrada de sus relaciones con la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agrícolas Nacionales (Upanacional), entidad más que legitimada en su campo. Con ella y eliminando prejuicios históricos, hemos compartido y estamos compartiendo visiones de país como la propuesta “Por una nueva Costa Rica inclusiva y solidaria” (propuesta CRISOL); las “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”; y, más recientemente, las “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”.

Igualmente en este último proceso, las “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”, al conocer de la extraordinaria importancia para el sector agropecuario de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV), al darse la adhesión de ésta a ese proceso; la ANEP ha ensanchado y se ha enriquecido en su quehacer sindical, ampliando su sensibilidad y la comprensión de las enormes dificultades de miles y miles de compatriotas que se desenvuelven en el sector agropecuario nacional y que se expresan, con toda propiedad, a través de entidades tan legítimas como UPANACIONAL y UPIAV.

La ANEP ha tenido la oportunidad de escuchar los atinados criterios encontrados al efecto. UPANACIONAL y UPIAV honraron a la ANEP aceptando una invitación de parte de la Junta Directiva Nacional (JDN) de la agrupación, visitando nuestra propia sede, y sosteniendo un productivo diálogo sobre el tema por espacio de unas tres horas. Por otra parte, recientemente, la ANEP fue invitada por parte de la Federación de Organizaciones Municipales de Alajuela (FEDOMA), y en la sede de la Municipalidad de Poás, se sostuvo un importante diálogo con las máximas autoridades políticas de las alcaldías integrantes de FEDOMA. Importantísima y calificada información nos fue proporcionada al efecto.

De la misma manera y tal como indicamos al principio de esta comunicado, diversas seccionales de la ANEP ubicadas en municipalidades de naturaleza rural, están pegando el “grito al cielo” y alertando muy seria y documentadamente a la organización, en cuanto a que así como está redactado el expediente legislativo 18.070 no debe ser aprobado, porque la gran propiedad latifundista y la de corte transnacional se ha “colado” para evadir sus responsabilidades tributarias en materia del impuesto a los bienes inmuebles.

Responsablemente, después de escuchar y valorar las diferentes argumentaciones, especialmente las que provienen de las bases seccionales municipales de la ANEP, solicitamos, públicamente y por esta vía, a la honorable Asamblea Legislativa de Costa Rica que se haga justicia tanto con los medianos y pequeños productores agropecuarios (esos que se representan, por ejemplo, en entidades del sector de tanto prestigio como UPANACIONAL y UPIAV).

Igualmente, pedimos que también se haga justicia con el régimen municipal, especialmente con aquellas municipalidades insertas en zonas rurales y agrícolas del país, para evitar su desfinanciamiento, su pérdida de impacto e incidencia e incluso, para evitar reducciones dolorosas de personal, despidos, en estos duros momentos nacionales de concentración de riqueza, no de distribución de la misma.

Además, deben incluirse en el proyecto varias propuestas que las alcaldías municipales han presentado, en el marco de toda esta discusión, a fin de potenciar más la acción municipal en beneficio de las comunidades, de suerte tal que aun quedando en la eventual ley una diferenciación clarísima para la exclusión de la producción latifundista de recibir la exoneración polémica; esas municipalidades compensen lo que representa la exoneración para la pequeña y la mediana propiedad de real vocación agropecuaria en cuanto al uso del suelo. Por ejemplo, las propuestas comprendidas en una agenda compartida entre la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes (ANAI).

Nuevamente ha quedado en evidencia el papel que en contra de los bolsillos del pueblo trabajador viene asumiendo, sistemáticamente, la hoy muy desprestigiada y poco creíble Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep); esta vez, con ocasión del aumento que está aprobando en las tarifas del agua y de los alcantarillados sanitarios.

Ha sido la propia Presidenta Ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la señora Jessenia Calderón, quien se encargó de poner en la picota esta nueva acción de la Aresep en contra de la gente, del pueblo trabajador: El aumento en la tarifa del agua será altamente perjudicial para los hogares y grandemente favorable para las empresas, el comercio y el propio Gobierno. Tan valiente acción de la indicada jerarca merece un aplauso y un respaldo popular.

La errática decisión de la Aresep en este caso de las tarifas del agua, muestra a las claras que el rumbo general del país sigue siendo el de la concentración abusiva de la riqueza; y, como corolario, el fortalecimiento de un injusto proceso de empobrecimiento que afecta a las mayorías trabajadoras, tanto las que cuentan con empleo informal como las que se desenvuelven en el ámbito del cuentapropismo.

Aresep debe ser sometida a una profunda “intervención quirúrgica”. El pueblo no cree en ella. Si bien sabemos que la abrumadora mayoría de su personal muestra un gran profesionalismo, le hegemonía política en su interior no está del lado de los que menos tienen en este país.

Sus audiencias son ya asuntos de forma, insustanciales, donde, por lo general, las personas usuarias de los servicios públicos cuyas tarifas regula, están totalmente indefensas ante una orientación ideológica que ha desprestigiado, totalmente y de cara al pueblo, a esta entidad; misma que, en buena lid, debería dedicarse a aportar, desde su ámbito de trabajo, para que el país volviera a la senda del bien común. Todo lo contrario: Aresep impulsa el empobrecimiento de la clase trabajadora.

Pese a todo el escepticismo de la efectividad de acciones jurídicas en este tipo de situaciones, la ANEP está analizando ya cuál podría ser el mejor recurso legal para enfrentar la pérfida decisión de la Aresep, perjudicando con la abusiva alza en la tarifa del agua a quienes menos tienen. Concretada esta aspiración nuestra, la daremos a conocer por esta vía.

Los trabajadores y las trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) saldrán a la calle este próximo lunes 30 de julio de 2012, para defender el exitoso modelo eléctrico que el pueblo costarricense construyó a lo largo de las últimas seis décadas; modelo exitoso amenazado por la voracidad neoliberal que parece insaciable a la hora de que se trata de convertir en negocio mercantil de lucro privado, lo que han sido bienes patrimoniales de la sociedad inspirada en el bien común.

Creemos que esta lucha, liderada por los grupos laborales liceístas, aglutinados en el histórico Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE), debe asumirse por parte de todo el pueblo patriótico y sus organizaciones cívicas de toda naturaleza; incluyendo, por supuesto, a las sindicales.

Alegra saber que en esta lucha, también se defiende el exitoso modelo cooperativo costarricense que tiene en las cooperativas eléctricas uno de los bastiones principales de integridad y de movilidad social en importantes zonas rurales costarricenses.

La ANEP también respalda a este modelo cooperativo pues la electricidad debe seguir siendo un bien social y no una mercancía.

La ANEP, específicamente, convoca a la calle a sus afiliados y a sus afiliadas, pues no procederá ni rebajo salarial ni sanción alguna por participar en las horas que dure la manifestación; misma que saldrá desde la sede central del ICE, en La Sabana, y hasta la Casa Presidencial.

Los presidentes y las presidentas de las seccionales de la ANEP, en conjunto con la actual Junta Directiva Nacional (JDN) de la agrupación, analizarán esta situación mañana viernes 27 de julio, con ocasión del III Consejo Consultivo Nacional (CCN) del período directivo 2011-2013; mismo que tendrá lugar en el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) desde las 8 de la mañana.

La desprestigiada Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), bastante cuestionada ante una multiplicidad de sectores sociales y productivos por su falta de transparencia y erráticas decisiones en contra de la población trabajadora usuaria de los más elementos servicios públicos imprescindibles en la vida cotidiana; le asesta un nuevo golpe al deteriorado poder de compra de los salarios bajos y medios de la clase trabajadora, así como para los ingresos de quienes laboran en el mercado informal: el alza promedio de 25% en la tarifa del agua.

La diferenciación del incremento tarifario, entre quienes consumen menos de 15 metros cúbicos de agua por mes y quienes consumen más de esa cantidad, no representa ninguna “_ganga_” para los amplios sectores medios de la población, compuesta por personas trabajadoras asalariadas, por gente laborando en condición informal; y por micro, pequeñas y medianas empresas.

Más bien, tal “_diferenciación_” en la subida de la tarifa del agua, parece una operación de “_lavado de la cara_” de la Aresep ante su deteriorada imagen pública; pretendiendo aparentar una “_misericordia tarifaria_” en el caso del agua, con quienes tienen mucho menos dentro de los que tienen menos, que son los más en esta sociedad.

Por otra parte, sorprende la “_eficiente velocidad empresarial_” con que la empresa Molinos de Costa Rica ajustó el precio de la harina para el pan, en un 10%, ante las alzas en los precios internacionales del trigo, del maíz y de la soya; que si bien es cierto ya muestran una pronta subida en el mercado internacional de granos y cereales, aún no se habían materializado del todo.

Como siempre, es el pueblo trabajador el que debe llevarse el “_castigo_” por el abandono de la política pública costarricense a estrategias de desarrollo para el consumo nacional basadas en la Soberanía y en la Seguridad alimentarias.

Y ni hablar del alza venidera en las tarifas de autobús, transitoriamente detenidas por la “_metida de pata_” de la Aresep pero que, finalmente, como ya hemos de ver, serán aumentadas, afectando a un más a miles y miles de personas trabajadoras.

Así las cosas, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) estima que estas alzas en productos y servicios básicos, y otros que vendrán en el presente segundo semestre de este año 2012; determinan, de manera contundente, que los reajustes semestrales salariales aunque se hagan con base en la inflación vencida, siguen deteriorando el poder de compra de los salarios, disminuyendo su capacidad adquisitiva; y, por ende, potenciando el proceso concentrador de la riqueza ante la mala distribución de los beneficios del crecimiento económico.

En el caso particular de los salarios mínimos que se aplican para el sector Privado, ni siquiera la nueva fórmula de cálculo que tomaría en cuenta el crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB), funciona ya para detener el impacto del deterioro salarial, del empobrecimiento familiar y de la exclusión social.

Por tanto, ANEP anuncia que para el próximo mes de octubre y con ocasión de la discusión acerca de cuánto habrá de ser el reajuste en los salarios mínimos del sector Privado para el primer semestre de 2013, propondrá, ante el Consejo Nacional de Salarios (CNS), una revisión estructural, generalizada e integral, de los niveles actuales de esos salarios mínimos; pues, como repetimos, se imponen nuevas bases en esos mínimos ante los raquíticos reajustes por costo de vida semestrales que son devorados, rápidamente, por las alzas siguientes a cada fijación.

Es hora de que se tomen fuertes decisiones para atenuar la velocidad de la concentración de la riqueza que vive nuestra sociedad; y, es la política salarial uno de los mejores instrumentos para combatir tal flagelo de exclusión social. Una alza generalizada de los actuales niveles de salarios mínimos que, repetimos no es lo mismo que el reajuste semestral por costo de vida; es una medida urgente y necesaria ante la gravedad del deterioro de la situación socioeconómica de los salarios de la clase trabajadora con empleo formal, en los niveles bajos y medios de la estructura salarial vigente para el sector Privado.

Esta medida a adoptar por la ANEP, tiene su expresión correspondiente en el sector Público, específicamente en el Gobierno Central, que muestra deterioros salarios importantes en ocupaciones como las policiales y las administrativas no profesionales, a las cuales se les debe justicia salarial con el establecimiento de percentiles para reajustar sus correspondientes salarios base que, al igual que en el sector Privado, no tiene relación con los raquíticos ajustes salariales por costo de vida que se establecen semestralmente.

La Asamblea Legislativa debe corregir, con urgencia, el grave error que ha sido incluir en la nueva “_Ley de Delitos Informáticos_”, una perversa figura denominada “_espionaje político_”; que no es más que una aberración político-jurídica y un atentado fulminante contra un ejercicio transparente de la acción pública en momentos en los cuales, dada la corrupción desenfrenada que nos está desmoralizando como sociedad, tal necesidad de transparencia es vital para la preservación misma de la democracia.

Esa figura del “_espionaje político_” representa, por un lado, un gravísimo ataque a la buena y oportuna acción investigativa de la prensa nacional, cuya acción al respecto ha resultado vital para que la ciudadanía sepa a qué niveles ha llegado la acción de la política tradicional en los planos del tráfico de influencias y de la corrupción misma.

Por otro, tal figura del “_espionaje político_” es un mensaje amenazante e intimidante, contra todas aquellas personas trabajadoras del sector Público que desde sus distintos entornos institucionales de labor, constatan el desarrollo de conductas político-jerárquicas que rozan y lesionan la ética y la transparencia en el ejercicio de la función pública y que deciden denunciar la corrupción en todas sus manifestaciones y modalidades.

De preservarse tal legislación y no derogarse la misma, estaríamos institucionalizando el “_secretismo_” en el manejo cotidiano de las decisiones de la política pública en todos los niveles; algo que nos puede llevar, como sociedad, a una debacle política total de consecuencias insospechadas.

No podemos dejar de pensar que, en el marco de las revelaciones periodísticas sobre la magnitud del escándalo de corrupción suscitado en torno a la construcción de la ya tristemente célebre trocha norte, la ruta 1856; a alguien con poder de decisión se le ocurrió la torpe idea de que imponiendo la mordaza como norma jurídica del sistema institucional, la ciudadanía no tendría porqué enterarse y, por ende, no preocuparse, de tales atrocidades en contra del patrimonio fiscal de toda la sociedad.

Por el contrario, decisiones tan equivocadas como ésta de “_espionaje político_”, indican a qué grado de deterioro se ha llegado en el país como para que el “_secretismo_” tuviera asidero legal.