Categoría: Acción Política

El clamor cívico y popular es contundente: La concesión de la vía San José-Ramón debe desecharse. Este leonino contrato es parte de esa perniciosa cadena de negocios privados con las necesidades de la infraestructura pública que la propia señora Presidenta de la República, Licda. Laura Chinchilla Miranda, reconoce como el “fracaso en concesiones”.

Según diversas notas de prensa, la mandataria afirmó que “el fracaso en el esquema de concesión de obra pública que implementó el país es una de las causas de la red vial nacional”.

En ese momento, octubre del año 2010, la gobernante hizo tal afirmación ante la cruda realidad de los fuertes aguaceros por esos días que causaron grave daño.

Ella indicó que los programas de ajuste estructural implementados durante los años 80 impidieron a los países latinoamericanos invertir en infraestructura, pues tales erogaciones se consideraban gastos.

También dijo que si bien muchas naciones optaron por esquemas alternativos que resultaron exitosos, como el de la concesión de obra pública, en nuestro país la historia fue diferente según la visión de la Presidenta Chinchilla.

De manera lapidaria la Presidenta Chinchilla dijo: “Aquí la historia es doblemente patética porque no solamente se dejaron de hacer inversiones con fondos públicos, sino además el esquema de concesión no ha sido exitoso”.

En aquel momento, la carretera a Caldera, otra polémica concesión, fue seriamente cuestionada por problemas de diseño y fallas en supervisión. La misma Presidenta Chinchilla ordenó una investigación al respecto.

Así las cosas, si hay algo que le “sobra” a la polémica concesión de la vía San José-San Ramón es precisamente eso: cuestionamientos que conforme van saliendo más aspectos de su proceso, incrementan una nube de intransparencia y de opacidad cada vez más densa.

Por tal razón, el Gobierno debe destituir al Ministro del MOPT, Pedro Castro Fernández; o bien, solicitarle la renuncia pues resulta más que obvio que los intereses que ha venido defendiendo en este asunto, no solamente contrastan con el sentir ciudadano ahora agigantado, sino que estaría contradiciendo el propio pensamiento presidencial, si es que éste decide ser honrado como en el indicado momento fue expresado.

ANEP felicita a todas las personas y organizaciones que en este 11 de abril, de manera pacífica y cívica, dejaron en claro que el rotundo rechazo a esta leonina concesión es un clamor popular potente de frontera a frontera y de costa a costa. Renovamos nuestra disposición colaborativa, sin protagonismos gremialistas, para con los pueblos occidentales que están dando esta histórica pelea.

Honorable señora Presidenta y honorable señor Ministro de la Presidencia:

Luego de expresarles un atento y respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), agrupación integrante de la Central Social Juanito Mora Porras, formulamos por esta vía un vehemente llamado al Gobierno de la República por ustedes encabezado, para que no se dilate más la tramitación parlamentaria de la forma a la ley de delitos informáticos, popularmente conocida como “Ley Mordaza”.

No recordamos un caso en los últimos años que haya concitado tanto respaldo diverso, desde las más disímiles posiciones políticas, pasando por una amplísima gama de organizaciones civiles de todo tipo y con un respaldo ciudadano impresionante, como esta necesidad republicana de abolir, de reformar, la “ley mordaza”.

Solamente otra circunstancia concita, hoy en día, tanto respaldo ciudadano de consenso nacional indiscutible: el apoyo de la gente a la Selección Nacional de Fútbol de Costa Rica. Todos y todas queremos que la “sele” clasifique y vaya al Mundial de Fútbol 2014; todos y todas queremos que se modifique la “ley mordaza”. Ambos asuntos concitan, en estos momentos, la más grande unidad nacional.

La reiterada resistencia gubernamental y de su fracción parlamentaria para abrirle paso a este imprescindible cambio legal en favor de la transparencia de la cosa pública, es inexplicable y cada día que pasa causa, no solamente más preocupación, sino más indignación.

La molestia popular se agiganta cuando se empieza a dar conocer otra iniciativa no menos perniciosa que la “ley mordaza”: la pretensión de modificar el Derecho de Petición, consagrado en el artículo 27 de la Constitución, buscándose reducirle su alcance, incrementar el poder del funcionario en el manejo de la información y darle “carta de ciudadanía” a la opacidad en el ejercicio de la función pública.

Mantener la “ley mordaza” y darle una especie de conjura contra la transparencia en la gestión de la cosa pública, al querer revertirse los alcances del actual derecho constitucional de petición; es tomar una vía diametralmente opuesta a la que está transitando la gente, la mayoría del pueblo, la masa ciudadana crítica de este país, que le reclama a su clase gobernante y a su clase política, una democracia de otro tipo, realmente más participativa y totalmente volcada hacia el bien común.

Desde una perspectiva laboral, la histórica celebración del próximo Primero de Mayo, el Día Internacional de la Clase Trabajadora, deberá comprender como eje central reivindicativo el rechazo obrero y popular a la “ley mordaza”. Esta consigna adquiere más connotación pues el próximo Primero de Mayo, en el caso de Costa Rica, no será una celebración más; todo lo contrario, se recordará que hace 100 años, en 1913, en nuestro país se celebró, por vez primera, un Primero de Mayo con ese carácter de efemérides obrera. La consigna de modificar la “ley mordaza” calza, perfectamente, con el carácter gigante de esta fiesta de la clase trabajadora.

Así las cosas, honorable señora Presidente y honorable señor Ministro de la Presidencia, la ANEP reitera su posición de exigencia para la reforma de la “ley mordaza”, sin más dilación.

Reiterándoles nuestro respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

La Asociación Nacional de Empleados Publicos y Privados (ANEP), integrante de la Central Social Juanito Mora Porras, hace pública su posición de absoluto respaldo a la lucha que han decidido emprender un notable grupo de ciudadanos y de ciudadadanas, así como diversas organizaciones sociales y cívicas de distinta naturaleza, en contra de la lamentable y cuestionada decisión gubernamental de concesionar la “ampliación” de la vía San José-San Ramón, en medio de profundos y severos indicadores de que tal operación está empañada seriamente, en cuanto a su transparencia en los más diversos aspectos que han estado intermediando en este asunto.

La ANEP se pone al servicio para lo que a bien tengan disponer, de las organizaciones ciudadanas que desarrollan ya esta lucha, tanto en el cantón de San Ramón, como en las comunidades circunvecinas.

La ANEP estima que esta polémica concesión podría estar marcando el límite de la paciencia y de la tolerancia cívica ante un larga cadena de concesiones privadas en materia de infraestructura vial y de otro tipo, que han dejado en evidencia la entronización de un asalto organizado a las finazas públicas y al pueblo trabajador, con diversos ropajes legales, entre ellos, el de las concesiones.

ANEP espera en próximos días ampliar los contenidos de este pronunciamiento inicial, así acerca de cómo puede materializarse su disposición de apoyo concreto a esta lucha, según las pautas que le marque la dirigencia social responsable de la misma.

ANEP hace un llamado a todas las personas hastiadas de tanta corruptela en materia de concesiones que respalde la acción de calle que para el día 11 de abril, piensan realizar los luchadores y las luchadoras sociales de los pueblos del valle occidental en contra de esta más que polémica concesión.

Hay que pegar “el grito al cielo”. La inflación parece que va sin control: casi llega al 3% en el primer trimestre de este 2013 y si sigue así, estaremos cercanos al 6% a mitad de año.

La más reciente ola de alzas, especialmente la de la electricidad, golpean duramente a las familias trabajadoras asalariadas y no asalariadas de ingresos bajos y medios, dándole más velocidad al peligroso transito que el país lleva por la minada carretera del crecimiento de la desigualdad.

No hay duda de que con este escenario de alzas y de inflación creciente, las propuestas sindicales para los reajustes salariales valederos para el segundo semestre del año en curso, tanto para el sector Privado como para el Público, representarán un verdadero desafío.

Hay que dejar bien marcada la imperiosa necesidad de reajustes salariales fuertemente compensatorios y de comprobada ampliación del poder adquisitivo del salario. En tal línea destacamos lo siguiente

Para el sector Privado: ANEP, junto a la Central Social Juanito Mora Porras, en lo que respecta a los salarios mínimos insistirá en que una cosa ha de ser la cifra a definirse por el reajuste “rutinario” semestral por costo de vida; y otra, radicalmente distinta, acerca de una fijación de carácter extraordinario, especial, sustancial y realmente justa, para elevar los actuales niveles base de esos salarios mínimos, ensanchando su capacidad de compra y de poder adquisitivo. Y sobre esos nuevos niveles de salarios mínimos, calcular los reajustes salariales siguientes por costo de vida.

Para el sector Público: ANEP, junto a la Central Social Juanito Mora Porras, insistirá en el “desenganche” de la estructura salarial médica de la de los puestos de Gobierno Central (Poder Ejecutivo), de modo tal que misceláneas, cocineras de los CEN-CINAI, oficinistas, choferes, técnicos, policías, guardias de seguridad, servidores de mantenimiento, secretarias y similares, tengan más probabilidad de un mejor reajuste a sus correspondientes bases salariales; sin que ello se les niegue, como ha sucedido durante 30 años, porque dado ese “enganche” entre ambas estructuras salariales, un colón de reajuste salarial semestral en los casos mencionados, implica hasta cuatro colones en el reajuste salarial que se debe hacer al personal médico del país.

No nos cansaremos en indicar que como sociedad ocupamos de modificaciones estructurales en la distribución de los beneficios del crecimiento económico y que, por tanto, se impone una nueva política salarial de corte expansivo para (entre otras políticas), cerrarle el paso a lo que parece ser un indetenible proceso de empobrecimiento de las familias de la clase trabajadora, ante un escenario de concentración de riqueza y de crecimiento de la desigualdad que sigue minando las bases de la ya, de por sí, maltrecha institucionalidad democrática.

Finalmente, la importancia de la movilización obrera, de calle, por real justicia salarial es un imperativo inobjetable, en ambos sectores. Este será un desafío de enormes proporciones que se deberá asumir.

A nuestro grandioso Consejo Consultivo Nacional, al que asistieron unas 400 personas anepistas, llegaron de invitados diputados y diputadas del Frente Amplio y Acción Ciudadana, congresistas que siempre se han identificado con las luchas sociales y como parte de la clase trabajadora.

Tuvimos la presencia de las diputadas Carmen Granados y Carmen Muñoz, así como Juan Carlos Mendoza y Claudio Monge del Partido Acción Ciudadana, al igual que el diputado José María Villalta, del Frente Amplio. Todos ellos y ellas se refirieron a la importante lucha que debemos dar como ciudadanos al rededor de la Caja Costarricense del Seguro Social.

La diputada Muñoz se refirió a como el concepto neoliberal de explotación de los servicios de salud nos debe convocar a todos y todas para rescatar y defender la Caja, para que la acción del Estado esté siempre centradas en las necesidades de las personas y no del mercado.

Carmen Granados, también del PAC, se refirió a la necesidad de investigar el crecimiento del mercado hospitalario versus el estancamiento de los servicios de la Caja, evidenciando como hay una complicidad a lo interno de la institución. Y también plantea revisar la rectoría que tiene el Ministerio de Salud sobre este tema, mirando hacia un cambio estructural y de leyes sobre el tema.

El diputado por Heredia del PAC, Claudio Monge, además de aprovechar la invitación al Consejo Consultivo para afiliarse a nuestro sindicato, expresó su conformidad y alegría por el crecimiento de nuevas estructuras de base en la ANEP, como la seccional en Aviación Civil. Son sus palabras de que los 5 diputados presentes en el CCN se autodenominan la Fracción Legislativa de la Clase Trabajadora.

En la actividad también participó el diputado y candidato presidencial por el Frente Amplio, José María Villalta, quien felicitó el proceso de las 10 medidas, sobretodo por lo difícil del tipo de lucha que la ANEP y el resto de organizaciones han decidido dar, destacando la propuesta como un acto de valentía, y profundizando en que el camino de las 10 medidas es el camino correcto para salvar la Caja.

El diputado Villalta también se refirió a la lucha sindical que tenemos frente a la Ley de Salario Único, donde el Gobierno pretende eliminarle los derechos a los trabajadores del sector público sin tocar los grandes salarios de los altos jerarcas.

Por último el diputado y también precandidato, Juan Carlos Mendoza resaltó la importancia de la propuesta y el análisis socio político que ha venido dando la ANEP, lo que le hace pensar que esta sería otra Costa Rica si alguna de las medidas propuestas por la ANEP se hubieran llevado a cabo.

La ANEP es un actor político trascendental para la vida democrática de nuestro país. Las palabras de las y los representantes legislativos así lo demuestran.

A las 3 de la tarde de este martes 19 de marzo, la Dra. Ileana Balmaceda Arias, Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), recibirá a representantes del grupo multisectorial “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”, dentro de las cuales está el “desenganche” de la ley salarial médica con relación a su vinculación de la estructura salarial de puestos del Gobierno Central.

Se pretende abrir, oficialmente, un proceso de diálogo social y de negociación efectiva, con base en las propuestas de una importante representación social organizada (cooperativas, sindicatos, agrupaciones agropecuarias, comunales y otras); tendiente a dar un aporte constructivo y propositivo desde un calificado segmento de entidades de la sociedad civil organizada, cuyas respectivas membrecías dependen de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para su salud y para sus propias vidas.

Dentro de las “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja” están 1) la del expediente electrónico; 2) la de transparentar las listas de espera, empoderando a la ciudadanía en su manejo; 3) fiscalizar el cumplimiento de los horarios de trabajo, especialmente del personal en ciencias médicas de la Caja; 4) disminuir el pago de tiempo extraordinario que se convirtió en ordinario, creando nuevas plazas y terceros turnos especialmente en actividades de la medicina; 5) por supuesto, el “desenganche”; 6) establecimiento de un agresivo programa de formación de nuevos especialistas con prohibición del ejercicio simultáneo de la práctica médica pública y la privada; 7) retomar el histórico modelo preventivo de atención en salud que hizo famosa a Costa Rica; 8) centralización de compras de medicamentos; 9) formular un plan de inversiones infraestructurales con urgencia; y 10) contenido fiscal, real y efectivo, a la deuda del Estado con la Caja; además de fuertes cambios legales contra el robo y la evasión patronal de las cuotas obrero-patronales obligadas para la CCSS.

Es bueno resaltar que el grupo multisectorial “Diez medidas para comenzar a ordenar a Caja”, tiene una sólida base social.

Por ejemplo, los miles de cooperativistas aglutinados en Coopeagri (Valle de El General), Coopetarrazú y Coopesantos (ambas en la zona de Los Santos), Coopealianza (alcance nacional. Igualmente, reconocidas organizaciones de productos agrícolas y agropecuarios, igual de representativas: Upanacional y Upiav.

Movimientos sociales y comunales como la Asociación Rural de Salud Comunitaria de la zona occidental del país y el Comité Cívico Nacional de Motociclistas de Costa Rica (CCNMCR).

El esfuerzo también tiene contenido proveniente del Humanismo Cristiano, a través del respaldo de la Iglesia Luterana Costarricense (ILCO). Igualmente, desde la Economía Social se reconoce la necesidad de salvar a la Caja, con el aporte en esta unidad civil del Consorcio de Gestión de la Economía Social (Conges).

Finalmente, el Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE), junto a la ANEP, dan el componente sindical de esta alianza en pro de la Caja. De la misma manera que la integración de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), aumenta la base social de este proceso.

Se espera para próximas semanas que las bases correspondientes de cada una de las agrupaciones del proceso “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”, puedan constituir grupos de incidencia en varias de las más importantes comunidades del país, para llevar a la ciudadanía que necesita de la Caja nuestra proposición que comenzará a ser discutida, como indicamos, con la máxima jerarquía política de la CCSS este martes 19 de marzo.

Se necesita más que una declaración periodística para creerle al Gobierno en cuanto a que habría renunciado a insistir en su “Anteproyecto de ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector Público”, tal y como parece estarlo indicando ya, en forma abierta, el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, don Olman Segura Bonilla. Para empezar a creer en serio, deberían quedar claras (entre otros aspectos), cosas como las siguientes:

PRIMERO: Si es cierto que tal anteproyecto es solamente un “borrador” y si es cierto que tal como está no es el que definitivamente no habrán de enviar al parlamento; entonces que lo indique también el señor Ministro de Hacienda, don Edgar Ayales Esna y que el Gobierno en cuanto tal lo deje por escrito ante las organizaciones sindicales del sector Público.

SEGUNDO: En lo que específicamente a la ANEP respecta, el Gobierno debe comprometerse, seria y transparentemente, con la eliminación del artículo 12 de la ley salarial médica, para “desengancharla” de su vínculo con la estructura de salarios base del Gobierno Central.

TERCERO: Si es cierto que deben ser “revisados los salarios más altos del sector Público”, entonces que den a conocer la lista de éstos y de la cual han venido hablando: 1.158 cargos públicos cuyos respectivos salarios mensuales superan la cifra de los 5 millones de colones y hasta de 10 millones de colones para arriba. ¿Cuáles son? ¿Adónde están?…

CUARTO: Y si en verdad es cierto que las preocupaciones gobiernistas son por las “diferencias en el pago de cesantías y anualidades”, ¿entonces por qué razón no toman, unilateralmente, decisiones como avalar un proyecto de ley que está en la corriente legislativa para que las cesantías del Gobierno Central que están en ocho años sean elevadas; o bien, que el porcentaje más bajo de anualidades, el 1.94 %, sean aumentado sustancialmente?

QUINTO: Finalmente, el problema fiscal del país no se resuelve ni reduciendo salarios, ni quitando pluses, ni bajando porcentajes de anualidades… La solución va por otro lado. Este no es el rumbo que requiere el país para atajar el crecimiento de la desigualdad. No es mermando o reduciendo derechos; es, expandiendo derechos y aboliendo el fraude tributario en todas sus formas, incluyendo las más “creativas”, como las exenciones y exoneraciones abusivas, rubro que nos habla de hasta 6 puntos de Producto Interno Bruto (PIB) que el Estado deja de percibir (¡unos 1.200 millones de millones de colones¡)

El próximo viernes 15 de marzo, a partir de las 8 de la mañana, más de 400 dirigentes de base de los diferentes gremios y sectores conformantes de la ANEP, analizarán toda esta situación para entre otras definiciones, considerar medidas de calle para ejecutar en fechas próximas. La actividad será en el auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor), en la calle 20.

Tal y como habíamos anunciado, ni la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ni la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), acudimos a la reunión convocada por el Gobierno de la República, en el día de ayer, jueves 21 de febrero de 2013, para discutir con las autoridades del Poder Ejecutivo su “Anteproyecto de ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del Sector Público”.

Llama la atención que en la misma no estuviera el Ministro de Hacienda, gran abanderado de tal iniciativa y, precisamente, quien ha planteado el impuesto al aguinaldo y al salario escolar. Que sepamos, los dos colegas del citado jerarca, los señores ministros de Trabajo y de Planificación, quienes sí estaban en dicha reunión, no oficializaron a nombre del Gobierno desmentido alguno o renuncia total de parte del mismo a considerar la barbaridad de semejante planteamiento contra el aguinaldo y contra el salario escolar.

Tal y como reiteradamente lo hemos manifestado, una y otra vez, con las organizaciones que representamos, ANEP y la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), no cuenten para hablar ni de salario único ni de reducciones salariales de ninguna especie, como los denominados pluses.

Por eso un plazo de quince días para volver a hablar con el Gobierno del tema y aunque tal anteproyecto de ley no “esté en mesa”, puede ser tramposo y riesgoso para las personas trabajadoras asalariadas del Gobierno Central (Poder Ejecutivo), con los salarios más bajos de toda la estructura salarial estatal.

Decimos esto porque sin modificar el artículo 12 de la ley de incentivos médicos, para “desengancharla” de su vinculación con la estructura salarial de puestos del Gobierno Central, no habrá viabilidad alguna de considerar una mejora estructural ni en los salarios base de estos puestos, ni en sus correspondientes porcentajes de anualidad, ni en otros pluses como los de la policía (riesgos Policial, de Seguridad, Disponibilidad).

Las organizaciones que representamos, las cuales tenemos un escaño en la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, y en la próxima reunión de la misma con el Gobierno, plantearemos:

PRIMERO: Que el Poder Ejecutivo envíe al actual período de sesiones extraordinarias un proyecto de ley para modificar el artículo 12 de la ley salarial médica, de forma tal que se dé el “desenganche” de ésta de la estructura de puestos del Gobierno Central, a efectos de qué (entre otros aspectos de justicia y equidad salariales en el sector Público).

SEGUNDO: Podamos discutir modificar el actual porcentaje de anualidad (antigüedad en el cargo), de dichos puestos que está en un 1.94%, de modo tal que haya un tránsito hacia el más alto que existe en la Administración Pública: precisamente el del personal de ciencias médicas que está en un 5.5%.

TERCERO: Podamos discutir sobre cómo elevar el actual tope de cesantía de dichos puestos que está en ocho años; en el marco de que tal tope ha sido roto por diversas formas y considerando además, que para efectos de Gobierno Central y cuando se habla de reestructuración vía Servicio Civil, no existe límite de años alguno para reconocer cesantía.

CUARTO: Podamos discutir sobre la elevación paulatina de los salarios base de esos puestos de Gobierno Central, precisamente los que no pueden subir en la dimensión real que debieran, porque tienen la “desgracia” de estar atados a la fórmula salarial médica del artículo 12 de la mencionada legislación.