La Presidenta y su Ministra de Trabajo mintieron descaradamente

Presidente Chinchilla y Ministra Piszk mintieron, descaradamente, asegurando que esta ley se firmaría en próximos días.

La Presidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda y su Ministra de Trabajo y Seguridad Social, la señora Sandra Pizsk Feinzilber, se desenmascararon totalmente y quedaron como unas soberanas mentirosas. Ambas, en momentos distintos pero en las últimas horas tuvieron sendas conversaciones verbales (la primera en físico y la segunda por teléfono), con el MSc. Mauricio Castro Méndez, Coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP y Asesor Político de la Junta Directiva Nacional de esta organización; para asegurarle que el Gobierno de la República firmaría, dándole el “ejecútese” de rigor a lo que habría sido la histórica ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL), también conocida como “Código Procesal Laboral”, lo cual haría en un acto público la semana entrante a la presente. Como es de todos conocido, el MSc. Mauricio Castro Méndez, es uno de los principales formuladores, gestores, redactores y promotores de esta trascendental ley que estaba destinada a ser conocida como el “segundo” Código de Trabajo.

Al ser este distinguido profesional en Derecho Laboral un interlocutor en la materia de tanto calibre, la mentira de las señoras Chinchilla y Piszk adquiere dimensiones sumamente graves que las desacreditan completamente ante un sindicalismo que en todo momento ha tratado de actuar con gran responsabilidad en una tema tan delicado como éste, a lo largo de muchos años de gestación, como ha sido demostrado hasta la saciedad. Aún así, esta soberana mentira podría ser “tolerada”, pues es usual la mentira en los gobiernos.

Pero sigamos profundizando en la gravedad de la mentira de las señoras Chinchilla y Piszk: La señora Presidenta le mintió al mismísimo Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la propia sede de la misma, en Ginebra, Suiza; cuando en junio pasado le entregó de su propia mano el compromiso del Gobierno de Costa Rica de la operatividad práctica de la Reforma Procesal Laboral, por medio del convenio tripartito de Trabajo Decente, adoptado en el seno del Consejo Superior de Trabajo (CST). No recordamos una ausencia de pudor ético en un gobernante costarricense ante un organismo internacional como ésta que ha protagonizado la gobernante costarricense.

Las “razones” del veto del Gobierno, de la mentira son bastante cuestionables. Ya habrá tiempo de contradecir, con sólidas argumentaciones jurídico-técnicas, la insostenibilidad de los argumentos espurios del Poder Ejecutivo para vetar esta trascendental ley. Hay motivos de fondo, ocultos de cuya existencia sospechamos con sólidas bases, habida cuenta de que muchos actos de la presente administración gubernamental de la Presidenta Chinchilla se han tejido en la sombra convirtiéndose en escándalos al, finalmente, salir a la luz pública.

Es este mismo Gobierno quien legitima la vía de la confrontación abierta. Su doble moral, la facilidad con que deshonra compromisos adquiridos, sin importar ya el nivel internacional de los mismos, no permite la generación de, ni siquiera, mínimas confianzas al sentarse a cualquier mesa que abra. Con el veto a la Reforma Procesal Laboral se han encargado de pulverizar la poca credibilidad que les quedaba de que su prédica en el Diálogo Social era real; se han encargado de dinamitar los pocos puentes que les comunicaba con la sociedad civil. Se aíslan peligrosamente y sigan avanzando por la perniciosa senda del descrédito, de la desconfianza y de minar su ya débil legitimidad.

Nuevamente, emerge con potencia, con la legitimidad que en sí misma lleva: La Democracia de la Calle. Es el único mecanismo que le queda al pueblo trabajador, más que harto de un gobierno que hace aguas por todo lado.

Conforme pasen las horas y avancen los próximos días y semanas, quedarán totalmente clarificadas los distintos escenarios de confrontación que se darán en las calles costarricenses.

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