Categoría: Acción Política

CONSULTA PÚBLICA Y ABIERTA AL REGULADOR GENERAL DE LA ARESEP, LIC. DENNIS MELENDEZ

Estimado Don Dennis:

El día viernes 21 de diciembre de 2012, en el prestigioso medio de comunicación nacional Diario Extra, usted vertió declaraciones en las que increpa fuertemente a la Defensoría de los Habitantes de la República por el estudio que ésta realizó con relación a la reciente alza tarifaria en el transporte público modalidad autobús; estudio que determinó una serie de irregularidades en el actuar de tres directores de la ARESEP, quienes habrían incluido un transitorio en la fijación tarifaria sin ser conocido en la consulta pública.

Ante sus afirmaciones, las cuales la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), no comparte por considerar que la Defensoría sí realizó un estudio serio y responsable; para contribuir al debate y para mejor claridad de los y las costarricenses usuarios de los servicios públicos del transporte autobusero, quienes son los afectados directos en las fijaciones de la ARESEP, procedemos a realizar las siguientes preguntas:

PRIMERA PREGUNTA

Señor Regulador General: El artículo 6 de la Ley 7593, Obligaciones de la Autoridad Reguladora, en su inciso a) señala: _“Regular y fiscalizar contable, financiera y técnicamente, a los prestadores de servicios públicos, para comprobar el correcto manejo de los factores que afectan el costo del servicio, ya sean las inversiones realizadas, el endeudamiento en que han incurrido, los niveles de ingresos percibidos, los costos y gastos efectuados o los ingresos percibidos y la rentabilidad o utilidad obtenida. (Así reformado por artículo 41, inciso a) de la Ley 8660 de 8/8/2008, publicada en el Alcance 31, a La Gaceta 156 del 13/8/2008)_”

Durante su gestión: ¿A cuántas empresas las han investigado y comprobado la veracidad de los estados financieros, en lo relativo a verificar si los ingresos reportados son consecuentes con los volúmenes de pasajeros reportados?

SEGUNDA PREGUNTA

Señor Regulador General: El artículo 6 de la ley 7593, Obligaciones de la Autoridad Reguladora, en su inciso d) señala: “Fijar las tarifas y los precios de conformidad con los estudios técnicos. (Así adicionado por artículo 41, inciso c) de la Ley 8660 de 8/8/2008, publicada en el Alcance 31, a La Gaceta 156 del 13/8/2008)”.

La resolución de la Junta Directiva No. RJD-168-2012, anulada por la Sala Constitucional por contener un “Modelo Transitorio” no incluido en la audiencia pública, fue la base para que se emitiera la resolución No. 818-RCR-2012, de 4 de abril del 2012, que aumentó las tarifas de todas las rutas de transporte; el período considerado por ustedes fue del 9 MARZO 2009 al 1 ENERO 2012, duplicando los precios del diesel, salarios y gastos administrativos, ya que la verdadera fecha de origen tenía que ser el 23 de junio del 2011. Esto provocó que el diesel tuviera un impacto en la tarifa del 10,13%, los salarios del 3,89%, los insumos de mantenimiento del 9,42 , y los gastos administrativos del 3,97; para un aumento total del 27,40%.

En la reciente resolución No. 1015-RCR-2012, de 14 de diciembre 2012, que es la reposición del proceso anterior anulado por la Sala Constitucional, el período considerado es del 23 de JUNIO 2011 al 1 JULIO 2012, ahora con un impacto en la tarifa del 0,11% en diesel, 2,12% en salarios, 10,63% en insumos de mantenimiento y 1,77% en gastos administrativos; para un aumento total de 14,62%.

¿Cómo explica usted estas serias discrepancias entre las fechas de origen, duplicidades de precios y resultado final aprobado en cada ocasión, siendo parte de un mismo proceso? ¿Sigue considerando que el Transitorio anulado es materia de forma?

¿Considera usted que siguiendo su procedimiento actual, en el “Modelo Transitorio” con el que aumentaron las tarifas en abril del 2012, tenía que cubrir un período que fuera del 23 junio del 2011 al 1 enero 2012 y no del 9 de marzo 2009 al 1 de enero 2012?

TERCERA PREGUNTA

Señor Regulador General: El artículo 8 de la Ley 7593, Responsabilidades de la Autoridad Reguladora señala: “La Autoridad Reguladora será responsable como institución y sus funcionarios en forma solidaria, de sus actuaciones de conformidad con la Ley General de la Administración Pública”. Y el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública señala: “En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia”.

En la resolución No. 1015-RCR-2012, de 14 de diciembre del 2012, emitida con fundamento en la resolución de la Junta Directiva No. RJD-120-2012 del 6 de noviembre del 2012, aprueban un aumento del 14,62%; compuesto por un 0,11% por efecto del diesel, 2,12% por salarios, 10,63% por insumos de mantenimiento y un 1,77% por gastos administrativos; está muy claro que el impacto cobrado en el aumento de tarifa es por una supuesta variación en el precio de las llantas, aceites y lubricantes, en el transcurso del período analizado; en la audiencia pública formulada y luego en la resolución se señala un precio base para el 23 de junio del 2011 de 41,40 y un precio al 1 de julio de 58,84, para un crecimiento en los precios del 42,12% en el año en estudio; todo esto lo alcanzan estirando el precio base hasta el año 2009 al igual que lo habían hecho la vez anterior con el transitorio anulado, y en vez de proyectar el valor del 2009 hasta el 23 de junio 2011, para luego compararlo con el precio actual, incluyeron una mezcla de precios del 2009, 2011 y 2012.

¿Puede usted demostrar con facturas o constancias de los proveedores de llantas, aceites y lubricantes que los precios crecieron entre el 23 de junio del 2011 y el 1 julio del 2012 en un 42,12%?

¿Sabe usted qué un aumento del 42% en las llantas, los aceites y los lubricantes; provocan únicamente un aumento en las tarifas ORDINARIAS de tan solo un 2,50%?

¿Está dispuesto usted a sostener la confusión de bases en los precios realizada para encontrar un aumento del 42,12% que tiene un impacto en la tarifa del 10,63% en el modelo automático de oficio?

¿Está usted y la Institución premiando con sus métodos de oficio a quienes no realizan inversiones en flota y se benefician con los aumentos generados?

¿Ha realizado durante su gestión revisiones ORDINARIAS de precios, que no sean por recursos de revocatoria o de apelación, para conocer las verdaderas tarifas de equilibrio?

¿Cree realmente que está ordenando el sector con tarifas de oficio para empresas que no realizan inversiones y que deberían al contrario bajar si usted realizara revisiones ordinarias?

Esperamos pronta respuesta a nuestras inquietudes, que a la vez estamos seguros son las mismas de muchos ciudadanos que utilizamos el transporte público y que creemos que la última fijación de incremento en el costo de las tarifas para los pasajes de autobús no sólo son irracionales y escandalosas, sino además prohibitivas e impagables en una importante cantidad de líneas de autobuses a lo largo y ancho de todo el país.

A la espera de su pronta respuesta nos despedimos,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP

San José, 30 de Noviembre del 2012

Señor
Lic. Tomas Soley Pérez
Superintendente General de Seguros
Presente

Ref.: Objeciones y Discrepancias de fondo, sobre la propuesta del Reglamento de Defensa y Protección del Consumidor de Seguros

Estimado Don Tomas:

Sirva la presente para saludarlo y a la vez presentar nuestras observaciones, objeciones y/o discrepancias en relación a la propuesta del Reglamento de Defensa y Protección del Consumidor de Seguros, publicado en “La Gaceta # 221” del día 15-11-2012.

Lo anterior lo hacemos de acuerdo a las capacidades jurídicas que nos otorga la ley y en representación de nuestros afiliados en el sector público, en especial de nuestra afiliación dentro del Instituto Nacional de Seguros, institución esta que se verá directamente afectada por el supra citado proyecto de reglamento.

A) ANTECEDENTES:

1. El reglamento planteado en la referencia, tiene su sustento jurídico en la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Ley No. 8653, publicada en el Alcance No. 30 a la Gaceta No. 152, del 7 de Agosto del 2008.

2. Por acuerdo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en el artículo 14 del acta de la sesión 1006-2012, celebrada el 16 de octubre del 2012, se dispuso: “Remitir en consulta pública de conformidad con el numeral 3, artículo 361, de la Ley General de la Administración Pública, el proyecto de acuerdo del Reglamento antes señalado”.

3. Con base en la disposición antes citada y del derecho constitucional que me asiste de expresarme libremente sobre los asuntos del Estado Costarricense, me permito plantear a continuación, mis objeciones a la redacción de algunos de los artículos y en particular por los conceptos de fondo, que se plantean en el mismo.

4. Como es de su conocimiento, el Reglamento propuesto no tiene facultades jurídicas o técnicas, para pretender desarrollar conceptos o establecer directrices que no estén expresamente establecidas en la Ley No. 8653.

B) Considerandos de la propuesta del Reglamento.

En los considerandos queda claro que uno de los objetivos principales del Reglamento propuesto, se basa en la defensa legítima de la protección de los intereses de los consumidores, incluyendo la garantía de que se establezcan los procedimientos necesarios y suficientes, para que sus quejas, reclamos o afectaciones, argumentados en forma motivada, razonada y oportuna, sean atendidas en forma pronta y cumplida. Como parte de lo anterior, se establece con claridad, que las empresas aseguradoras, deben establecer, un buen proceso de resolución de reclamaciones por siniestros.

De igual forma concluye la sección de considerandos, que:

“inciso n: El objeto propuesto en el Reglamento de Defensa y Protección del Consumidor de Seguros, es cumplir con los objetivos establecidos por el legislador definiendo los requisitos mínimos para preservar, los derechos formales de los consumidores de seguros”.

c) Artículos propuestos en el Reglamento

Artículo 1: Del objeto: Establece en general los requisitos mínimos, para preservar el derecho de los consumidores de seguros.

Artículo 2: Ámbito de aplicación: Establece en detalle todo lo relativo a las obligaciones que tienen las empresas operadores de seguros, respecto de las quejas o reclamos de los consumidores.

Artículo 10: Procedimiento ante la instancia de defensa y atención del consumidor de seguros. Si el consumidor no está de acuerdo con la respuesta notificada, antes del plazo de prescripción ordinaria del contrato de seguros o el acordado en pólizas de no adhesión, podrá acudir ante la instancia que la entidad aseguradora tenga dispuesta par dicha atención y de acuerdo a las previsiones del presente Reglamento.

Comentario: este artículo no señala el tipo de figura institucional o empresarial (funcionario, sección departamento o dirección), que está obligada a asumir esta responsabilidad.

Artículo 13: Creación de una instancia de atención al consumidor de seguros. Las entidades aseguradoras, al tenor del inciso n) del artículo 25 e inciso n) del artículo 29 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, deberán crear una instancia de atención al consumidor de seguros, con el objeto de atender y resolver disconformidades en la atención de reclamos de seguros provenientes de las instancias operativas de la entidad y sus vinculadas, etc.

Comentario:
El espíritu del Legislador estableció que las empresas operadoras de seguros deben crear estas instancias de atención al consumidor, tomando en cuenta entre otros criterios, que la ruptura del monopolio estatal de seguros, permitiría la participación de empresas de seguros privadas, y en las cuales no es usual que posean este tipo de instancias formales, de atención a los consumidores.

En el caso de las Instituciones Públicas del Poder Ejecutivo, incluyendo todas las Instituciones Autónomas, creadas por ley por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, ya poseen las CONTRALORÍAS DE SERVICIOS, creadas mediante Decreto Ejecutivo No. 26025- PLAN , y aprobadas por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA”

Este Decreto dio vida a.“ LA CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRALORÍAS DE SERVICIOS”

Este Decreto Ejecutivo está absolutamente vigente y su acatamiento es obligante para todos los Ministerios e Instituciones Autónomas, salvo que él mismo sea derogado por las mismas instancias que la crearon.

EL Decreto Ejecutivo antes citado, será retomado posteriormente, para analizar el caso del Instituto Nacional de Seguros, INSTITUCIÓN PÚBLICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, HASTA TANTO NO SEA DEROGADA O ELIMINADA POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, donde existe una Contraloría de Servicios desde hace más de una década, cuyas funciones y atribuciones son exactamente las mismas, que estableció el Legislador, al establecer que deben crearse una instancia institucional o empresarial, para atender las denuncias y reclamos de los usuarios o consumidores de seguros.

Esta instancia fue eliminada por la Presidencia Ejecutiva y la Junta Directiva del INS, violentando la existencia y vigencia jurídica del Decreto Ejecutivo No. 26025-Plan.

Artículo 20.- De la atención de denuncias. La Superintendencia General de Seguros conocerá por medio de denuncias, los informes y decisiones de la instancia interna de atención al consumidor de cada entidad asegurada creada en este Reglamento, conforme lo establecen los incisos, n) de los artículos 25 y 29, de la Ley Reguladora de Mercado de Seguros(LRMS), bajo los siguientes consideraciones:

COMENTARIOS:

Qué dicen los artículos 25 y 29 de la Ley Reguladora de Mercado de Seguros (LRMS)

Artículo 25, inciso n: Contar con los puestos, las instancias administrativas y de control internas, así como externas, y atención del asegurado, en los términos y las condiciones que disponga el Consejo Nacional,

Artículo 29, inciso: Proponer al Consejo Nacional la regulación para la creación, la definición del funcionamiento y la operación de una instancia que proteja los intereses del asegurado o beneficiario de un seguro, respecto de la resolución de disconformidades con la aseguradora en materia de ejecución del contrato de seguros.

De la lectura de los incisos n de ambos artículos, no se deduce que es obligante para el INS, la creación de esa instancias de atención a los consumidores, particularmente si ya la tiene.

Interpretar los incisos n de ambos artículos, como un medio para desmantelar la Contraloría de Servicios, que cumple las mismas e inclusive funciones más amplias, que las que eventualmente podría desempeñar otra instancia Institucional, es un razonamiento que podría abrigar y sustentar otro tipo de intenciones de carácter institucional.

CAPÍTULO II
Disposiciones Transitorias

Transitorio I.- Creación de la instancia de atención al consumidor de seguros. Las entidades aseguradoras procederán a la creación de la instancia de atención al consumidor, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de publicación del presente Reglamento en el Diario Oficial La Gaceta. Hasta dicha instalación, las funciones de atención al consumidor serán atendidas transitoriamente por las oficinas de atención al cliente

OBJECIONES AL REGLAMENTO DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE SEGUROS:

1. En el caso del Instituto Nacional de Seguros, que hasta el día de hoy es una Institución Autónoma de Servicio Público, creada por Ley por la Asamblea Legislativa de Costa Rica y que en razón de lo anterior, jamás podría ser considerada como una “EMPRESA PRIVADA”, tal como es el criterio del Dr. Guillermo Cónstenla, actual Presidente Ejecutivo de la Institución, ha existido por más de 12 años una Contraloría de Servicios, creada mediante el Decreto Ejecutivo No. 26025- PLAN , y aprobado por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ING. José María Figueres Olsen Y EL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA, Dr. Leonardo Garnier Rímolo, a las dieciocho días del mes de abril de mil novecientos noventa y siete.

Este Decreto dio vida a.“ LA CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRALORÍAS DE SERVICIOS”, y está todavía vigente.

2. Desconocer la vigencia de este Decreto Ejecutivo, que creó las Contralorías de Servicios en todos los Ministerios e Instituciones Autónomas del Poder Ejecutivo ampliado, las cuales han venido desempeñando una excelente labor en la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y en particular de los usuarios de los Servicios Públicos, y mediante una interpretación antojadiza, aprovecharse de una nueva Ley, en este caso la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Ley No. 8653, publicada en el Alcance No. 30 a la Gaceta No. 152, del 7 de Agosto del 2008, para desmantelar una Contraloría de Servicios, cuyas Funciones y Atribuciones, se detallan en el Artículo 7, desvirtúa el espíritu de la creación de esta ley, la cual interpretando que el rompimiento del monopolio de seguros por parte del Estado, exige particularmente en el caso de los operadores privados, que existe una instancia, semejante o idéntica a las Contralorías de Servicios ya existentes, trasciende y desvirtúa el espíritu del Legislador.

Ese tipo de interpretaciones antojadizas de jerarcas de turno, apartadas del marco y del espíritu legal, de la misma Ley No. 8653, ha permitido en el caso del INS, que coexistan dos instancias con iguales obligaciones y funciones, a saber: la Contraloría de Servicios y la Oficina de Defensa del Usuario.

Esta duplicidad de funciones, costos, etc., ha provocado y todavía provoca, una enorme confusión en los consumidores, al tener que lidiar con dos instancias que en teoría hacen lo mismo.

Para disimular lo anterior y evitar esa duplicidad de funciones, la Contraloría de Servicios fue eliminada de la estructura formal del INS(Organigrama Institucional, acceso a las llamadas telefónicas de los consumidores, etc., por la Presidencia Ejecutiva y la Junta Directiva del INS, violentando de esa forma la existencia y vigencia jurídica del Decreto Ejecutivo No. 26025-Plan.

*CONCLUSIÓN FINAL: *

Se objeta el REGLAMENTO DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE SEGUROS, propuesto por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, ya que en el caso de una Institución Pública como el INS, estaría permitiendo en principio la duplicidad de instancias para atender los reclamos de los asegurados, y en última instancia la redacción del mismo, permitiría el desmantelamiento de la Contraloría de Servicios, Unidad administrativa del INS, con una enorme experiencia acumulada, superior a la nueva instancia creada por la Administración de Don Guillermo Cónstenla.

En razón de lo anterior, solicito que la Superintendencia de Seguros, defina si la Contraloría de Servicios, está vigente a la luz del Decreto Ejecutivo antes citado, y en consecuencia está en condiciones de asumir las tareas de los reclamos de los consumidores de seguros, como lo ha venido haciendo en los últimos 12 años, o si el INS es una empresa privada, igual que muchos de los operadores como Mapfre, Pam American Life, ADISA, ASSA, entre otras y aprovechándose de su interpretación jurídica de la Ley Reguladora de Seguros, tiene facultades jurídicas, para crear otra instancia interna de atención a los reclamos de los consumidores.

PRIMERO. El pasado jueves 8 de noviembre de 2012 hubo una manifestación ciudadana, con presencia de personas de distintas partes del país, incluyendo población campesina, mujeres, niños y niñas, que tomaron parte de su tiempo para defender lo que es de todos y de todas: la Seguridad Social y enfatizar en la grave situación que ésta enfrenta. Como lo documenta diversa información periodística, esta manifestación ciudadana fue atendida con violencia.

SEGUNDO. Las decisiones político-policiales adoptadas por las autoridades, tanto del Ministerio de Seguridad Pública como desde la propia Casa Presidencial, para emplear a efectivos de la Fuerza Pública contra los y las manifestantes, merecen nuestra más enérgica condena; a la vez que reiteramos que nuestra Patria necesita y merece una Policía Civilista, de alto profesionalismo y bien remunerada.

TERCERO. Una Fuerza Pública de estas características requiere la invocación persistente y respetuosa al diálogo; la tolerancia y paciencia franciscana ante todos los episodios de la manifestación de orden pacífico; la inmutabilidad ante los exabruptos verbales que pudieran (aunque no necesariamente), ocurrir. En suma, la Fuera Pública lejos de coaccionar, debe permitir la expresión libre de la queja ciudadana.

CUARTO. Los deplorables hechos que comentamos reflejaron exactamente lo contrario. En consecuencia, los altos mandos policiales y gubernamentales le deben a la ciudadanía una explicación de los fundamentos que tuvieron para emitir la orden de reprimir, que llevó al enfrentamiento violento contra la gente en manifestación.

QUINTO. Desde hace años, la Avenida Segunda ha sido la vía en que, por excelencia, transita la gente que, con base en diversas motivaciones, ejerce lo que desde esta organización acuñamos como la “DEMOCRACIA DE LA CALLE”. Sin embargo, si no nos falla la memoria, jamás había sido lanzada contra la gente en manifestación, acción policial alguna, mientras se hace uso cívico de esa avenida. ¿Por qué sí ocurrió en esta ocasión?…

SEXTO. Para nadie es un secreto que hay en ebullición un descontento popular y ciudadano que responde a diversas motivaciones. Se hace en este contexto urgente contar con mecanismos de Diálogo Social con Negociación Efectiva. Sin embargo, La Presidenta Chinchilla y su Gobierno mina toda posibilidad de avanzar en esa dirección, al punto de que cuando hay un acuerdo supuestamente en firme, lo deshonra; como lo muestran tres casos ocurridos en tan solo unas pocas semanas: la Reforma Procesal Laboral, la ley contra el fotocopiado y la “Ley Mordaza”.

SÉTIMO. Podemos en este marco interpretar la acción policial cuestionada, como un giro hacia el empleo de la fuerza desmedida e irracional contra la gente que protesta. Así las cosas, nosotros pensamos que los y las policías “de abajo”, quienes siguen estando pésimamente mal pagados, no tienen la obligación moral ni ética de agredir a quienes, integrantes de su misma clase, se manifiestan a favor de causas sociales que, también, de un modo u otro, son en concernirles.

OCTAVO. La desobediencia, en estas situaciones extremas cuando se ordena reprimir a ciudadanos pacíficos que protestan, incluyendo personas adultas mayores, niños y niñas es, más bien, un valor democrático de naturaleza cívica; tal y como en aquellos dolorosos momentos de las fase más cruda de la guerra civil salvadoreña, llevó a ese gran hombre de bien, asesinado por estar a favor de su pueblo, a indicarle a las fuerzas represivas del régimen que no tenían que obedecer a las órdenes de agresión contra sus iguales de clase. Nos referimos a monseñor Oscar Arnulfo Romero.

NOVENO. Nosotros expresamos nuestra solidaridad con las ilustres personas diputadas, integrantes del denominado Primer Poder de la República cuya inmunidad otorgada por el poder popular fue violentada. La señora legisladora Carmen María Granados Fernández y los señores legisladores Claudio Monge Pereira, José María Villalta-Florez Estrada y Juan Carlos Mendoza García, han indicado que su papel fue de mediación ante la crudeza que estaba ya exhibiendo el enfrentamiento.

DÉCIMO. Se puede o no coincidir con el pensamiento político-partidista de cada una de estas ilustres personas. Lo que no se puede es negar su condición diferente en el marco del todavía vigente Estado de Derecho costarricense. A no ser que alguien esté pensando que ya éste es un obstáculo que debe eliminarse…

ONCEAVO. La ANEP lamenta, también, que efectivos policiales a quienes se les dio la incorrecta orden de reprimir, hayan salido heridos, tanto en su humanidad física como en su integridad psicoemocional. Estas personas trabajadoras, integrantes de los mandos “rasos” de la Fuerza Pública, siguen sufriendo una gran discriminación salarial pues “ponen el pecho y arriesgan su pellejo” por salarios hasta diez veces menos que lo que ganan los que les dieron las órdenes de reprimir.

DOCEAVO. El Gobierno debe verse en el espejo por un largo rato, y ojalá reconozca que lo que se ve tiene enormes problemas, tal y como la mayoría de la gente lo reconoce ya. Si el Gobierno hace de la desconexión a los reclamos ciudadanos una “virtud”, es de esperar que muchos tristes episodios se asomen en el futuro. Señora Presidenta: rectifique ya su camino y abra, de una vez por todas, las anchas avenidas del diálogo social verdadero, tal y como usted lo ofreció en un día ya olvidado hace poco más de dos años.
*
TRECEAVO.* El cumplimiento de los derechos laborales está urgido de la reforma procesal laboral; los derechos ciudadanos a la salud y la seguridad social exigen que los altos mandos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), asuman ya sus responsabilidades señaladas ya por unos y por otras; el fundamento democrático más preciado como lo es la libertad de expresión exige la derogatoria de la “ley mordaza”. Estos son sólo algunos ejemplos que casi a todos y a todas nos parecen extremadamente urgentes y evidentes. Sólo falta usted, señora Presidenta: ¡Súmese! Nunca es tarde para hacer lo correcto.

CATORCEAVO. Finalmente, hacemos un llamado a todas las fuerzas sindicales, sociales y cívicas para que juntemos los esfuerzos más honestos y transparentes a fin de que construyamos una agenda compartida de lucha y así, en gran unidad popular y social, salgamos en miles y miles, por todas las calles de este país.