Ante el derrumbe del plan fiscal gubernamental

Comunicado Conjunto
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE)
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)

Sin duda alguna que el famoso plan fiscal del Gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla Miranda ha quedado sepultado ante los graves errores que se cometieron en su tramitación parlamentaria. La Sala IV le puso la correspondiente lápida.

Procede ahora generar los mayores esfuerzos de los sectores políticos y sociales responsables ante lo que sí es, efectivamente, la existencia de un problema de faltantes sanos en materia de recursos públicos: el problema fiscal como comúnmente se le denomina; para propiciar una construcción alternativa, consensualmente compartida, de lo que hemos venido denominando como la necesidad de una Transformación Tributaria Estructural del sistema tributario costarricense, apuntando hacia una sólida progresividad.

Más allá de lo que ideológicamente se comprenda acerca de la profundidad del asunto del déficit fiscal (para unos una “_catástrofe_” en ciernes y para otros un asunto de cuidadosa atención pero todavía manejable); no puede el país seguir aspirando a mayores niveles de integración, de equidad y de movilidad sociales, sin que, por ejemplo, no nos decidamos a emprender con verdadera fuerza política el ataque a la gigantesca evasión de impuestos que, como hemos venido indicando, no se da por el lado de la clase trabajadora asalariada ni del lado de la que está en el mercado informal.

Se abre paso ahora, con mucha seriedad, la formulación de un Plan B ante esta situación de derrumbe del plan fiscal gubernamental. Un Plan B que, por ejemplo, establezca con solidez y verdadera eficacia, la renta mundial, la renta global o universal y el impuesto a las transacciones financiero-bancarias.

Igualmente, urgen diversas medidas en el ámbito de la gestión tributaria para su fortalecimiento estratégico: más auditores y policías fiscales, más infraestructura tecnológica, más potestades en el campo del cobro administrativo, por ejemplo. En este ámbito, la aprobación del proyecto de ley para romper, parcialmente y para efectos de presunción de fraude tributario, el secreto bancario guardando su esencia, emerge ahora como una gran necesidad. Igualmente, con debidas reglas, el establecimiento de la recompensa por denunciar evasión es una propuesta razonable.

Diversos sectores sociales han venido formulando ideas novedosas para estimular la demanda de la factura al momento de todo tipo de transacciones comerciales. Por ejemplo, la pensión-consumo es una idea novedosa que merece conocerse y debatirse ampliamente.

Finalmente, las regulaciones sobre cómo se han de invertir los nuevos recursos frescos, el control del gasto superfluo en todas sus formas, así como la eliminación de la “fiesta” de las consultorías y de las planillas paralelas (el clientelismo político con rasgos más que evidentes de tráfico de influencias). Se necesitan, también, fuertes medidas de control ciudadano y de sólidos procesos de rendición de cuentas en materia de gestión de gasto, con el señalamiento de responsabilidades individualizadas a pagar del propio bolsillo de los encargados directos de la toma de decisiones erróneas.

Las organizaciones que representamos, la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), el Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), nos sentimos sumamente preparadas para participar, constructiva y transparente, en la construcción de soluciones alternativas al hoy fenecido plan fiscal, desde la perspectiva de la progresividad tributaria.

Ojalá la señora Presidenta Chinchilla y su Gobierno comprendan que juntar voluntades responsables desde los sectores sindicales, sociales y empresariales dispuestos a trabajar en el tema con perspectiva de bien común y de real justicia tributaria, es lo mejor que le sirve al país en estos momentos.

San José, martes 10 de abril de 2012.

Firmas responsables:

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP y Presidente CSJMP
Fabio Chaves Castro, Coordinador General FIT-ICE

Señora Presidenta ¡Retire el Plan Fiscal!

San José, 5 de abril de 2012.

Honorable señora
Licda. Laura Chinchilla Miranda
Presidenta de la República
Casa Presidencial
Su despacho

Estimada y respetada señora Presidenta de la República:

En primer término, reciba usted un respetuoso y atento saludo de nuestra parte.

Nos hemos enterado de que en estos dos días santos, Jueves y Viernes, de los más importantes de la Semana Mayor que honra y respeta el pueblo costarricense en abrumadora mayoría, usted se dedicaría a analizar las situaciones derivadas de lo que ya empieza a denominarse como el “_escándalo tributario_” por cierta prensa extranjera; específicamente a valorar los nombres de quienes se harían cargo de los estratégicos puestos a la cabeza del Ministerio de Hacienda y de la Dirección General de Tributación, cuyos anteriores jerarcas debieron abandonar tales cargos por las razones ampliamente divulgadas en las horas y días recientes.

Esta agrupación sindical desea depositar en sus manos y por esta vía algunas consideraciones al respecto, mismas que desde y de manera anticipada, le agradecemos valorar.

I. Renuncia y retiro del plan fiscal actualmente en trámite parlamentario

01- Las “_renuncias_” indicadas en medio de una enorme indignación popular pocas veces vista en la historia reciente del país, dejan a las claras la profundidad y la magnitud del problema de evasión de impuestos en Costa Rica. Lo que ha acontecido, sin proponérselo de manera explícita, le puso rostros a la serie de denuncias de gran calibre que se vienen dando en el país sobre el grave problema de la evasión tributaria; especialmente, los informes de la Contraloría General de la República (CGR), mismos que fueran displicentemente tratados por la anterior y máxima cúpula ministerial de Hacienda.

02- Con detalles técnicos de gran seriedad, se habla de que tal evasión impositiva podría estar entre el 2.5 y el 4.0 y un poco más del Producto Interno Bruto (PIB) actual, dentro del cual cada punto porcentual ronda los 200 mil millones de colones. A lo sumo, con su plan fiscal, señora Presidenta, si todo fuese recaudado sin robo alguno (lo cual, como ya quedó demostrado, es improbable), su Gobierno espera recaudar un 1.5 % de PIB, que será siempre una cantidad mucho menor que la cifra menor de evasión que cita el órgano contralor. Por tanto, es por el lado del control de la evasión en todas sus formas, donde están las fuentes de ingresos fiscales frescos que se ocupan y no poniendo nuevos impuestos que, de por sí, todo indican que seguirán siendo evadidos.

II. La clase trabajadora no evade impuestos

03- Efectivamente, las personas trabajadoras asalariadas con empleo formal y con salario fijo, así como aquellas que se desenvuelven en el mercado informal, no tienen forma de evadir sus responsabilidades tributarias. Por ejemplo, en el caso del impuesto sobre las ventas, se debe pagar de inmediato con la compra que se hace en la pulpería y en el supermercado, en igualdad de condiciones sin importar nivel de ingreso familiar. En el caso del impuesto sobre la renta cargado al salario, y si el monto está dentro de lo gravable, el rebajo a la persona trabajadora es inmediato, con el pago semanal, quincenal o mensual; tanto para los casos de empleo público como de labor asalariada para el sector Privado.

04- Así que, en términos generales, los niveles de evasión tributaria y fiscal no están dentro del conglomerado de los sectores laborales, de los sectores populares, de la ciudadanía “_de a pie_”; por tanto, es radicalmente injusto castigarlos con más impuestos, especialmente con la transformación del impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado, el más regresivo de todos los impuestos de carácter regresivo, pensamos nosotros. La evasión en todo su potencial y concreción no la hacen “_los y las de abajo_”.

III. La cultura de evasión anda por el lado de “_los y las de arriba_”

05- Lo que aconteció en el seno de su propio gabinete, señora Presidenta, más lo que se ha venido planteando, insólitamente desde importantes medios de comunicación colectiva en sus correspondientes líneas editoriales, indican que son las grandes empresas y algunas de tamaño mediano nada despreciables, las que evaden impuestos.

06- Resaltan las circunstancias de que se plantee eliminar el anonimato de los evasores y que sus nombres sean de amplio conocimiento ciudadano; se plantea que, por ejemplo, los capitales financiero-bancarios han acumulado capital en demasía orgiástica pero han tributado lo menos posible; y para ser más gráficos y concluyentes, se indica una verdad absoluta largamente defendida desde nuestro lado de la acera, el de los sindicatos y otros sectores populares, pero que ahora se dice desde la gran prensa: es falso que en Costa Rica los ricos paguen como ricos y que lo pobres paguen como pobres.

07- Si pese a ello, su Gobierno insiste en seguir con ese plan fiscal que tanto detesta la mayoría de la población, se debió haber partido en dos el mismo, de tal suerte que únicamente fuesen tramitados aspectos como la renta mundial, la renta global o universal, el impuesto a las transacciones bancario-financieras, el fortalecimiento de la gestión de cobro y de la administración tributaria en sí. Esto hubiese mandado una alentador mensaje a la gente del pueblo, a la ciudadanía “_de a pie_”, de que por primera vez en muchos años, una reforma tributaria iría por el lado de las grandes rentas y de los capitales abusivamente acumulados con pago de rentas ridículas o ausentes del mismo.

08- Eso sí, tales aspectos de progresividad tributaria merecen cambios más sustanciales en su creación porque así como se dejaron en el plan fiscal actual, parecen de “_mentirillas_”. Tal el caso de la renta mundial, misma que debió establecerse al momento de su devengo, en su origen, en su mismo momento de generación, pues gravarla cuando se traiga al país, es un verdadero saludo a la bandera. Nadie traerá nada de plata al país para que le cobren renta.

IV. Una comisión nacional, político-social, para analizar el grave problema del robo de impuestos.

09- Alternativamente al retiro del conocimiento parlamentario del plan fiscal, clamor ciudadano que ha cogido gran potencia en estos días; ó bien, luego de partirlo en dos para desarrollar su contenido progresivo, bastante tímido hasta el día de hoy; estimamos relevante que el despacho presidencial decrete la conformación de una comisión político-social, de carácter ciudadano, para que en un plazo perentorio, analice la diversa documentación investigativo-analítica que se ha venido produciendo en el país, sobre el tema de la evasión y de la elusión tributarias en todas sus formas, legalmente o al margen de la ley; así como el tema de las exenciones y de las exoneraciones abusivas y de todo tipo.

10- Sobran personas de solvencia moral y de alto profesionalismo en la materia, así como entidades prestigiosas y de gran rigurosidad académica que, unas y otras, han documentado que al fisco se le “_escapan_” hasta diez y más puntos de PIB por esas vías impropias, ilegales, abusivas, llenas de leguleyadas, para deshonrar las diversas obligaciones tributarias que como integrantes de la sociedad costarricense tenemos que observar.

11- Imagínese usted, señora Presidenta, que usted misma y su propio Gobierno han sufrido un desgaste político impresionante con el tema del plan fiscal, agravado ahora con lo del “_escándalo tributario_”, tan sólo para pretender tener ingresos frescos en las arcas públicas por el orden de un 1.5 % de PIB o un poquito más, cuando afuera, “_en la calle_”, esa cifra podría ser diez veces superior si hacemos un esfuerzo nacional, integrador y concertador, para atajar el fenómeno evasor en todas sus manifestaciones, con gente y entidades dispuestas ayudarle en tal sentido.

V. Desde el lado sindical y social hay muchas propuestas para lograr una verdadera justicia tributaria.

12- Sabemos que no pocas personas ciudadanas y entidades de gran sensibilidad social han venido estudiando el tema tributario desde diversas perspectivas. En la ANEP no hemos sido la excepción y si bien no podemos competir con altos estándares de rigurosidad científica y académica al respecto, hemos acumulado una experiencia de participación, de estudio, de análisis y de asesoría especializada que nos da algún margen para hablar con cierta propiedad del tema.

13- Por ejemplo, desde nuestra participación en la Administración Pacheco de la Espriella, en la Comisión Legislativa Mixta para el Pacto Fiscal, hasta nuestra propia comparecencia en el parlamento actual, en su Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, cuando se nos convocó para dar el criterio de la ANEP sobre el actual plan fiscal, en su versión original, en febrero del año 2011. Catorce señalamientos propositivos hicimos en esta última ocasión. Señora Presidenta: Hay ideas creativas y novedosas que analizar para el tema de incrementar la responsabilidad tributaria ciudadana y para combatir la espantosa evasión de impuestos. Nosotros tenemos las nuestras y las hemos ido divulgando a como hemos podido.

14- Ahora, en esta circunstancia, creemos necesario que su Gobierno le pusiera debida escucha a éstos y a otros planteamientos en la misma dirección y, por ello, desde ya, por esta vía, hacemos solicitud formal de audiencia ante su autoridad presidencial para que nos dé unos treinta minutos con tal propósito.

En ANEP tenemos perfecta conciencia de que una debacle fiscal nos arrollará como nación, pero especialmente a los sectores trabajadores; y el sindicalismo que practicamos y en el que creemos estima de obligada responsabilidad laboral y ciudadana de proponer alternativas de solución pese a que, como indicamos, no es la gente de abajo la que ha generado el problema fiscal y la evasión tributaria que le da alimento.

VI. Acerca de las nuevas autoridades en el Ministerio de Hacienda

15- En el caso de la persona que estará a cargo de la Dirección General de Tributación, es preferible que se trate de un ciudadano o de una ciudadana, sin vínculos empresariales de ninguna especie, aunque sí con conocimientos en la materia, como lo podría ser una persona de alta solvencia moral de la actual entidad (que las hay muchas por cierto), con carrera tributaria más que reconocida y que conozca el teje y maneje de la entidad, así como del conocimiento de la gran cantidad de portillos abiertos para evadir dentro de la legalidad.

16- Varias personas que han pasado por ese puesto en los últimos tiempos (incluido el actual dimitente), por lo general, tienen vínculos y lazos de negocios con firmas de asesoría tributaria a empresas, de tal suerte que al llegar al indicado cargo, podrían ser tentadas a subjetividades perniciosas y a favoritismos abiertos con sus socios de empresa, anteriores y futuros. Se puede revisar el currículum de algunas de las más connotadas figuras que han pasado por la Dirección General de Tributación para comprobar tales vínculos siempre han existido; pero ahora no ayudan a la tarea gigante que emergió luego de las revelaciones de los últimos días; una tarea que debe ser objetiva y neutral, lo mismo que implacable y militante.

17- En el delicadísimo cargo de Ministro o de Ministra de Hacienda, no debería designarse a personas que, de un modo u otro, por razones académicas, empresariales, bancario-financieras, tuviesen que ver con el control hegemónico de lo que han sido las políticas hacendarias y tributarias de los últimos años y gobiernos.

18- Una figura que ya haya estado en ese delicadísimo cargo no podría ir de nuevo a él pues el desastre tributario, ahora en total evidencia, es también responsabilidad suya porque durante su paso por eso cargo nada habría hecho para evitar llegar al punto de deterioro tributario en que ahora nos encontramos. Igualmente tampoco podría estar al frente de dicha cartera ministerial, una figura que por una razón u otra, haya estado vinculado a los exministros de Hacienda de las últimas cinco administraciones, al menos.

Le reiteramos nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Consejo Consultivo fue un gran éxito

Este pasado viernes 23 de marzo se realizó un muy exitoso Consejo Consultivo de la ANEP. Este espacio es creado para que nuestra Junta Directiva confluya con dirigentes de nuestras seccionales en todo el país y en todas las áreas donde la ANEP trabaja.

Más de 100 dirigentes de base se apersonaron a las instalaciones del Patronato Nacional de la Infancia en Barrio Luján para escuchar la ponencia del señor Walter Coto Molina, ex diputado de la República, sobre su proyecto de Pensión Consumo, una metodología tributaria que aporta al futuro económico de los y las costarricenses, y además intenta evitar la evasión de impuestos.

Se logró un acuerdo de mayoría para brindar todo el acuerpamiento institucional a la decisión de la Secretaría General de la ANEP de seguir adelante con la negociación junto al Gobierno de la República, en el tema de los aumentos salariales, en conjunto con la gran mayoría del movimiento sindical costarricense. Este apoyo de las bases es sumamente importante ya que valida el carácter negociador de nuestro sindicato.

También participó el compañero Mauricio Castro, asesor legal de nuestro sindicato, sobre la situación actual del proyecto de reforma procesal laboral, un cambio en la legislación laboral que influirá muchísimo en nuestro quehacer sindical.

La compañera Viviana Quesada, Presidenta de la seccional de la ANEP en el INAMU, se encargó de recordar la importancia de celebrar el Día Internacional de las Mujeres con una perspectiva de lucha permanente por el respeto a los derechos femeninos, en busca de la igualdad en la diversidad.

Por último se brindó un homenaje a varias compañeras sindicalistas, que se han destacado en su lucha por los derechos de la clase trabajadora.

El próximo Consejo Consultivo de la ANEP se realizará en el mes de mayo y se le dará especial énfasis al tema de la Caja Costarricense del Seguro Social y nuestro papel como sindicato, y como ciudadanos, en la defensa de nuestra gran institución.

Conmoción ética en el Gobierno con la salida de Herrero

Las nuevas revelaciones periodísticas aparecidas en esta fecha, martes 3 de abril de 2012, acerca de que el ya Exministro de Hacienda, don Fernando Herrero Acosta pudiera haber sido un evasor del impuesto sobre la renta a través de una empresa que ha estado ligado a él y a su señora esposa, la señora Flor Isabel Rodríguez, también alta funcionaria política de la Casa Presidencial como asesora en comunicación de la propia Presidenta Chinchilla; constituye una verdadera Conmoción Ética, así con mayúsculas, no solamente al interior del mismo Gobierno de la República, sino que impregna y golpea la legitimidad, en términos generales, del sistema político tradicional.

Esta nueva situación de una práctica evasión del impuesto sobre la renta de quien habíase convertido en la principal figura política gubernamental de nuevos tributos, aunada a la anterior donde no solamente el señor Herrero sino otros ministros de Estado habían estado subdeclarando sus propiedades para no pagar lo justo en materia de impuestos a los bienes inmuebles; pulveriza la credibilidad del Gobierno para seguir abogando a fin de que en el parlamento le aprueben su plan fiscal.

Es más, esta Conmoción Ética deja una gran deuda moral de parte de la señora Presidenta Chinchilla con el pueblo trabajador, con la clase trabajadora asalariada y con la que se desenvuelve en el sector informal, toda la cual tiene sobre sus espaldas el mayor peso de la carga tributaria existente en el país; deuda moral que debe ser saldada renunciando a la aprobación del plan fiscal, sacándolo de la corriente legislativa y en vez de ello, instalar una gran comisión nacional político-multisectorial para entrarle de lleno a las cuestiones de la evasión y de la elusión tributarias, de los sistemas de exenciones y de exoneraciones abusivos; todo lo cual, globalmente hablando, nos indican de que casi una cifra cercana al 10 % del Producto Interno Bruto (PIB), es potencialmente fuente de nuevos ingresos para el fisco sin necesidad de más paquetes de impuestos.

Estos impactantes, indignantes y desmoralizantes episodios de evasión fiscal y tributaria, con ropaje legal ó sin él, especialmente protagonizados en las más altas esferas del poder político y económico, nos llevan al convencimiento de que es urgente una amplia movilización de sectores sindicales, sociales y populares a favor de una Transformación Tributaria Estructural y, específicamente, contra el Plan Fiscal.

Además, queda a las claras que el inmoral sistema de las consultorías de carácter político con erogaciones enormes a favor de personas y empresas ligadas a las esferas del poder hegemónico dominante, son pagadas con dineros del pueblo trabajador, golpeando todavía más la confianza de la gente sus gobernantes.

San José, martes 3 de abril de 2012.

La renuncia de Fernando Herrero Acosta

Completamente lógica. La renuncia del hasta hoy Ministro de Hacienda, don Fernando Herrero Acosta, era esperada por, prácticamente, toda la ciudadanía indignada al saberse que por más de una década sus propias responsabilidades en el campo tributario, fueron evadidas; específicamente en el caso del impuesto a los bienes inmuebles.

Su continuidad en el cargo, pese al clamor popular en su contra, profundizaría las dificultades del Gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla Miranda para seguir sosteniendo la necesidad del paquete fiscal que actualmente está en trámite parlamentario y en consulta constitucional. Es más, se puede afirmar que la prédica oficialista por más impuestos perdió enorme credibilidad, prácticamente irrecuperable pese a la salida del indicado ministro de Estado.

Otros colegas de gabinete de la Presidenta Chinchilla, en idéntica situación a la del señor Herrero deben proceder, de inmediato, a valorar sus propias permanencias en el seno de su gobierno, toda vez que la defensa del paquete de impuestos indicado, ha sido una tesis compartida como Poder Ejecutivo.

Valga la oportunidad para indicar que la solución al problema de las finanzas públicas y el supuesto déficit fiscal, pasa por una radical transformación de la política pública en materia de control de la evasión y la morosidad tributarias. Para ello hemos dado una gran cantidad de propuestas que hacen innecesario una nuevo paquete de impuestos; por demás, para ser cargado sobre las espaldas de los que menos tienen.

Siempre hemos tenido la razón… No se ocupa de más impuestos

Enorme satisfacción genera la lectura de las opiniones editoriales que en esta fecha, lunes 2 de abril de 2012, emiten los periódicos Diario Extra y La Nación (si se quiere los más influyentes medios de comunicación escrita cotidiana del país en los actuales momentos), cuando ambos la emprenden fuertemente contra los evasores de impuestos en todas sus formas.

En su comentario editorial, “_¿Derecho de imagen para los evasores?_”, Diario Extra señala que “_no es posible que existan 450 empresotas haciéndose la vista gorda y pegándole un golpe al sistema tributario, echándose a la bolsa la millonada que debería girar en impuestos. Y lo peor, la ley las ampara y las protege de ser ventiladas ante la opinión pública porque de ser así un funcionario se expondría a penas de hasta 10 años de cárcel; eso es una verdadera burla para los que sí pagamos nuestros tributos, ¿o será que los impuestos son para unos y no para todos?… Hasta que dan ganas de gritar y ponerse a llorar, ¿entonces de qué lado está la legislación nacional, del país o de los ‘poderosos’…_”.

Por su parte, el comentario editorial de La Nación, “_Morosidad y evasión_”, indicó que “_…el aporte de los grupos financieros por tributo de la renta ha resultado muy dispar, por decirlo de una manera benevolente. Los grupos financieros cobijan dentro de una sola corporación a bancos comerciales, arrendadoras, almacenes generales de depósito, puestos de bolsa, bancos offshore y sociedades de inversión, entre otros, y de alguna manera consolidan sus impuestos… En términos económicos, el sector financiero es uno de los que más se ha expandido recientemente… Pero pareciera que su contribución no ha estado a la altura…_”.

Días atrás, otro importantísimo medio de comunicación colectiva, Telenoticias de Canal 7, a través de su Co-directora, la señora Pilar Cisneros Gallo, emitió una opinión drástica en tal sentido; es decir, contra los ladrones de impuestos.

En cierta medida, tan importantes opiniones editoriales nos vienen a dar la razón en cuanto a nuestra insistente prédica, reiterada a lo largo de mucho tiempo, de que en Costa Rica no se requiere de más impuestos; tan sólo, cobrar bien los que ya están y sancionar fuertemente, incluso en el ámbito penal-carcelario, a los evasores tributarios en todas sus formas.

Y si como todo esto no fuera suficiente, la Iglesia Católica de Costa Rica, en su Carta Pastoral 2012, hizo una fuerte crítica al paquete de impuestos del Gobierno, actualmente en análisis por la Sala Constitucional, en cuanto a una tramitación apresurada, inconsulta, sin diálogo y sin participación civil; agregando que afecta a los más pobres.

Pareciera que en esto de la gigantesca evasión fiscal y tributaria no hemos arado en el desierto. Resaltan coincidencias como las siguientes:

A) Que sus niveles son intolerables, astronómicos y que constituyen, en la práctica, una especie de crimen social.

B) Que esa evasión está en las medianas y grandes empresas; y, particularmente, que en el ámbito de lo que se denomina “_grandes contribuyentes_”, tributariamente hablando, hay que actuar con mano dura.

C) Que el sector bancario-financiero, el que más ha ganado en cuanto a acumulación con las políticas neoliberales de los últimos gobiernos, paga impuestos ridículos, insultantes a la vista de las grandes mayorías trabajadoras.

D) Que hay que exhibir a los evasores, identificarlos, ponerles nombre y señalarlos ante la sociedad. Y, finalmente,

E) Que es la gente “_de abajo_”, particularmente la clase trabajadora con empleo formal o sin él, la que ha estado sufriendo la mayor parte de la carga tributaria nacional.

Por tanto, en la ANEP tenemos gran satisfacción de que el tema del robo de impuestos haya alcanzado un nivel mediático impresionante. En tal estado de situación, reiteramos algunas de nuestras propuestas en torno a la imperiosa necesidad de una Transformación Tributaria Estructural, tan urgente para que, dentro de otras medidas, recuperemos la senda de la integridad y de la movilidad sociales; y que la búsqueda y promoción del bien común, del mayor bienestar para las mayorías ciudadanas, sea el eje fundamental de toda política pública. Veamos:

1) Crear una comisión político-social para un análisis profundo de los diversos informes de la Contraloría General de la República (CGR) que tratan el tema de la evasión fiscal en sus diversas manifestaciones; buscando diseñar medidas que la reduzcan sensiblemente. Igualmente, abordar el tema de las exenciones y de las exoneraciones. Entre ambos ámbitos del problema tributario, podríamos andar cercanos a un 10 % del Producto Interno Bruto (PIB).

2) Diseñar una acción política contundente de intervención en el Sistema Aduanero Nacional, para cerrar las múltiples vías abiertas para la evasión fiscal en sus más disímiles formas y pese a las nuevas situaciones generadas por las rebajas arancelarias promovidas por los TLC’s.

3) Partir en dos el actual plan tributario del Gobierno para enfatizar en la Renta Global o Universal; en la Renta Mundial; en el ITF: Impuesto a las Transacciones Financieras (más conocido como “_tasa Tobin_” o impuesto “_Robin Hood_”); pero, eso sí, introduciendo en cada caso modificaciones sustanciales que los hagan realmente efectivos pues en sus actuales formatos serán tributos de escaso impacto, sumamente “_light_”.

4) Aprobar el proyecto de ley para la regulación de la banca costarricense en el exterior, banco offshore.

5) Aprobar el proyecto de ley que está en la corriente parlamentaria para eliminar, parcialmente hablando y para efectos tributarios, el secreto bancario ante la presunción de evasión en el pago de impuestos.

6) Aprobar un proyecto de ley de próximo ingreso a la Asamblea Legislativa y promovido por un estimable grupo de ciudadanos y de organizaciones, para establecer la PENSIÓN-CONSUMO, como una fórmula para estimular solicitar la factura y combatir la evasión.

7) Aprobar un proyecto de ley para institucionalizar la recompensa al denunciante anónimo de evasión, otorgándole una parte del dinero recuperado de las arcas del evasor.

8) Fortalecimiento estratégico de la Administración Tributaria: Más personal especializado (especialmente en Auditoría Tributaria y Policía Fiscal), más infraestructura tecnológica, y más equipo para el trabajo de campo.

9) Establecimiento en el curriculum educativo, tanto del sector Público como del Privado y desde la Enseñanza Primaria, de una materia específica denominada “_Responsabilidad Tributaria_” (o algo similar), de forma tal que iniciemos un camino de cambio mental y cultural en las futuras generaciones de que tributar es ayudar al engrandecimiento de la Democracia.

Esperamos que esta especie de cruzada cívica como lo es el combate al robo de impuestos, a detener el crecimiento pernicioso de los espeluznantes niveles de evasión y de elusión tributarias; así como a auscultar la validez y la legitimidad del abusivo sistema de exenciones y de exoneraciones; sea respaldada por la mayor multiplicidad de organizaciones de los sectores populares, cívicos y democráticos para lograr la fuerza suficiente que abra paso a la Transformación Tributaria Estructural que con urgencia ocupa nuestra Patria.

Condenan a Presidente Ejecutivo del INS

Los tribunales de Trabajo procedieron a condenar en lo que podríamos llamar un hito histórico, al señor Guillermo Cónstenla Umaña, en su calidad de Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS), por habérsele comprobado hechos de prácticas laborales desleales y persecución sindical.

La condena se dio en el marco de la denuncia interpuesta ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), así como ante los respectivos tribunales de Trabajo, por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), por el del despido del funcionario de la indicada entidad, don Alejandro Rodríguez Masís, dirigente sindical de la Seccional de ANEP en el INS.

Quedó demostrado durante el proceso tanto en el MTSS como en los tribunales de justicia, que la administración del señor Constenla violentó todo el ordenamiento jurídico y laboral en materia de Libertad Sindical y es por esto que el Juzgado de Trabajo en su sentencia dice lo siguiente:

“El Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía, en sentencia Nº863-2011, dictada a las doce horas treinta minutos del cinco de agosto del dos mil
once, resolvió:…POR TANTO: De conformidad con lo expuesto, citas de ley artículos 36, 82, 83 y 402 del Código Procesal Penal, 1, 14, 18, 564, 608, 610, 614 inciso c) y 363, 616 y concordantes del Código de Trabajo, SE FALLA:

Se declara autor responsable al señor GUILLERMO CONSTELA UMAÑA, en su condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros, y solidariamente al Instituto Nacional de Seguros, por la infracción de Prácticas Laborales Desleales, por el despido del trabajador sindicalizado Alejandro Rodríguez Masis, por lo que se le impone el pago de una multa, correspondiente a ocho salarios base según lo establecido para el año dos mil diez, data en la cual se dieron los hechos que lesionaron la norma laboral, dicho salario base correspondió a la suma de doscientos noventa y tres mil cuatrocientos colones , según artículo 2 de la Ley 7337 del cinco de mayo del año noventa y tres, obligando a la parte acusada al monto de DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS COLONES, suma que la parte condenada deberá depositar en la cuenta N°211676-2 MULTAS del Banco Nacional de Costa Rica a nombre del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Monto que debe ser depositado dentro del término de quince días a partir de la firmeza de esta sentencia. Asimismo deberán los condenados de manera solidaria pagar los daños y perjuicios ocasionados con su actuar, restituir en forma ineludible los derechos violados y tomar las previsiones necesarias….”.

Fueron varias las reuniones sostenidas con el indicado jerarca a fin de que recapacitara y procediera a reinstalar al funcionario despedido; esto antes de presentar las respectivas denuncias en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y en los tribunales de Trabajo. Lamentablemente, no hubo forma de convencerlo a pesar de que se le advirtió de la ilegalidad en la que estaba incurriendo y los costos que ello generaría en contra de los fondos públicos que administra el INS.

Sin embargo, con base en el poder desmedido que maneja en el INS, la gran cantidad de despidos arbitrarios que ha realizado, su estrategia de miedo y terror que ha inculcado en los empleados de la institución; y, posiblemente, el pensamiento de que “_si nos condenan quien paga es el INS y no yo_”, fueron argumentos para no ceder a nuestra petición. Al final, se ha generado un costo enorme para las finanzas públicas del instituto.

Este fallo fue ratificado además por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, el pasado 14 de marzo. De manera insólita y pese a que ya no podía la administración del INS invocar apelación alguna, pues el fallo del Juzgado de Trabajo no tenía ninguna otra instancia de apelación; siguiendo con su terca posición, don Guillermo apeló a pesar de que, nuevamente, le insistimos que no se podía y que iba a ser incurrir en más gastos al erario público. Contra toda lógica se acudió a la Sala Segunda y ésta procedió a rechazar de plano el recurso presentado. Con ello quedó totalmente ratificada la sentencia antes indicada.

Este caso no es el único. En el INS se han despedido, sin debido proceso, a una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras. Además, se han despedido violentando la Libertad Sindical alrededor de seis trabajadores que ya tienen sus procesos laborales tanto en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), como en los estrados judiciales. Son casos que por la similitud que presentan con el del compañero dirigente de la Seccional ANEP-INS, don Alejandro Rodríguez Masís, seguramente el INS perderá y tendrá que pagar muchos millones de colones más de los fondos públicos de la institución.

Por nuestra parte, seguiremos luchando contra este tipo de violaciones y vejaciones en contra de los dirigentes y trabajadores sindicalizados; a la vez, hacemos un llamado a la señora Presidenta de la República, la Licda. Laura Chinchilla Miranda, para que ejerza su autoridad y detenga esta actitud del Presidente Ejecutivo del INS, lo llame a cuentas por estos graves errores administrativos y lo obligue a reinstalar a todos los dirigentes sindicales despedidos sin el debido proceso, de acuerdo no solo a lo establecido en este fallo judicial, sino también a reiterada jurisprudencia en esta materia.

Con gran regocijo, informamos de que nuestro dirigente seccional, don Alejandro Rodríguez Masís, se encuentra laborando para Instituto Nacional de Seguros (INS) y continúa integrando la Junta Directiva de la Seccional ANEP-INS.

Ministros evaden responsabilidad tributaria

Asombro, perplejidad, molestia e indignación causan las revelaciones periodísticas de este día, formuladas por el diario La Nación, acerca de que varios integrantes del gabinete de la señora Presidenta de la República, Licda. Laura Chinchilla Miranda son, en la práctica, evasores de impuestos; al tener durante mucho tiempo sus casas y propiedades declaradas en un valor inferior al que verdaderamente deben tener para efectos del pago de impuestos a los bienes inmuebles.

Particularmente golpea durísimo la conciencia ciudadana, la circunstancia de que sea el propio Ministro de Hacienda, el más abanderado de los abanderados en el fomento del establecimiento de nuevos impuestos, quien aparezca durante una década declarando un valor menor al real de sus propias propiedades, pagando menos de lo que justamente debía ser por el indicado tributo.

Esta insólita e indignante situación, potencia más el clamor reiterado de la ANEP de que este país no necesita más impuestos; tan sólo que se cobren bien los que ya están establecidos y que se pongan penas más duras, incluso de cárcel, para los evasores. La evasión de impuestos es un crimen social, especialmente, para hacerle más daño a quienes menos tienen.

Los señores ministros y las señoras ministras de Estado que habían venido pagando menos de lo debido por tener subvalorados sus bienes inmuebles, constatan que la evasión y la elusión fiscales, en todas sus formas, con ropaje legal ó sin él, es de tal dimensión y de tan grande profundidad que hacen innecesario nuevos paquetes impositivos, especialmente cuando éstos lo que hacen es incrementar la regresividad del sistema tributario costarricense.

No hay duda de que nuestra insistencia en una Transformación Tributaria Estructural, una “_Revolución Tributaria_”, es más que urgente y necesaria, máxime que desde las mismas entrañas del poder político central se realizan actos evasores de impuestos que golpean la sensibilidad de quienes sí, de manera responsable, hacen honor a sus responsabilidades tributarias con plena conciencia de las mismas.

Finalmente, no podemos más que concluir en que la insistencia del Gobierno de la Presidenta Chinchilla en que se le apruebe su plan fiscal, pierde, aceleradamente, toda credibilidad pues una única conclusión parece emerger de todo esto: ¿para qué más impuestos?… ¿para que se los sigan robando, subdeclarando, eludiendo, evadiendo?

Sepultado el salario único

El documento firmado lo pueden descargar en archivos adjuntos

Estimadas compañeras y estimados compañeros anepistas:
Estimados compañeros y estimadas compañeras del sector Público:
Respetuosos saludos a todos y a todas

Prácticamente a las 2 de la madrugada de este martes 20 de marzo de 2012, y luego de doce horas continuación de discusión (había empezado a las 2 de la tarde), se logró un acuerdo con el Gobierno de la República en torno a la fuerte controversia y rechazo que generó el decretazo salarial de los 5 mil colones; la amenaza del establecimiento del “Salario Único“ (eliminación de los diversos pluses salariales); la pretendida potestad política que se le daba a la Autoridad Presupuestaria (AP), convirtiéndola en “ente rector“ en materia de empleo y salarios del sector Público (algo así como una especie de “Ministerio de Reforma del Estado“ de facto); y sobre las sanciones eventuales para quienes se movilizaron en las calles el pasado miércoles 15 de febrero.

El acuerdo ha sido suscrito por entidades laborales como la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), el FIT-ICE, el sindicato UNDECA (de la CCSS), la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), la central CMTC, entre otras importantes entidades representativas de los grandes conglomerados laborales de la Administración Pública. Por el Gobierno firmaron el Ministro de la Presidencia, don Carlos Ricardo Benavides Jiménez; y la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, doña Sandra Piszk Feinzilber. Participó también el nuevo Ministro de Enlace y Comunicación, Francisco Chacón González; así como los viceministros de Hacienda (Egresos), y de Trabajo y Seguridad Social (Área Laboral), respectivamente señores José Luis Araya Alpízar y Eugenio Solano Calderón.

En términos generales,de tal acuerdo se puede resaltar lo siguiente:

Si usted recibe uno o varios pluses salariales (anualidades, riesgos, dedicación exclusiva, prohibición, peligrosidad, disponibilidad, incentivo didáctico, etc.), pues no se preocupe. Con este acuerdo quedan protegidos, usted los seguirá recibiendo. Se ha sepultado la tesis de “Salario Único“.

Si el detestado reajuste de los 5 mil pesos, en su caso no representaba el 1.90 % de reajuste por costo de vida para el primer semestre del presente año 2012, habrá una especie de compensación: A partir del primero de julio usted recibirá en su salario base un 1 % (para salarios base superiores a los 268 mil colones). Se pagará en octubre de 2012, retroactivo a julio.

Este 1 % no tiene nada que ver con lo que se defina como reajuste por costo de vida a partir del segundo semestre del presente año.

El reajuste venidero del segundo semestre del 2012 se definirá con base, precisamente, en los acuerdos del año 2007, suscritos por el Poder Ejecutivo con los sindicatos, para el caso del sector Público. Esto no fue lo que sucedió en el primer semestre, al menos en la mayoría de categorías salariales. Así, si la inflación fuera del 2.5 %, ésta será la cifra mínima de reajuste para la segunda parte del año. Más, ese 1 % compensatorio en cuanto a salarios base de 268 mil colones para arriba.

Los detractores de este acuerdo dirán que no se obtuvo un “retroactivo“ por los seis primeros meses del presente año. Sí, es cierto. Pero la negociación, pese a los esfuerzos fuertes para que, al menos, hubiese un retroactivo desde abril, no logró cambiar la posición de Gobierno en tal sentido. A cambio, surge esa propuesta del 1 % que acabamos de explicar. Nosotros valoramos que la renuncia a la tesis de “Salario Único“ era algo sumamente estratégico.

Ya la Autoridad Presupuestaria (AP) no será el “ente rector“ en materia de empleo y salarios del sector Público. Si esto hubiera quedado así, tendríamos una especie de “Ministerio de Reforma del Estado“ de facto, recortando y rebajando salarios, eliminando programas y similares. Tal decreto que así lo autorizaba, será derogado por el Gobierno. Tal “rectoría“ irá para otra entidad. Pero en todo caso, esa nueva rectoría no eliminará ni disminuirá las potestades de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNSSP).

El Gobierno insistió en su tesis de un proyecto de “ley de Empleo Público“. Habrá seis meses discusión con los sindicatos al respecto. Si el Gobierno insiste en tramitar un proyecto así sin la venia de los sindicatos, aún así, la iniciativa unilateral que enviare respetará derechos adquiridos, los convenios con la OIT, los derechos constitucionales ya consolidados para el empleo público, así como lo que indiquen las convenciones colectivas de trabajo, actualmente vigentes y futuras. Y como venimos indicando, en ningún caso incluirá la modalidad de “Salario Único“.

Finalmente, si usted salió a la calle el pasado miércoles 15 de febrero atendiendo al llamado intersindical, no sufrirá ningún tipo de represalia por ello. Así quedó confirmado con la firma de este acuerdo.

Los logros de esta negociación son con base en la movilización. Esta es la enseñanza fundamental. Este es un primer comentario. Sentimos la urgencia de que usted tome nota de estas primeras impresiones. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, con lealtad y con transparencia. Quedamos a sus gratas órdenes por los canales usuales.

Nosotros estuvimos acompañados, en todo momento, según la corriente sindical en que nos movemos, por don Rafael Ángel Mora Solano, Asesor de la Secretaría General de la ANEP; así como por don Luis Ángel Serrano Estrada, Vicepresidente de la CSJMP. Los tres hicimos equipo junto a las otras distinguidas personas representantes de las diversas agrupaciones aquí nombradas.

Servidor atento, Albino.

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Acuerdo entre el Gobierno de la República y los representantes de las organizaciones sindicales del sector público

El Gobierno de la República y los representantes de las organizaciones sindicales del sector público, en el marco del diálogo que ha tenido lugar en las últimas semanas, acordamos lo siguiente:

1. Solicitud de derogatoria del Decreto No. 36857-MP-PLAN-H

El Gobierno de la República derogará el Decreto No. 36857-MP-PLAN-H. En uso de sus atribuciones, el gobierno se reserva las facultades de redactar un nuevo decreto de manera que sus disposiciones no riñan con las funciones de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNSSP) y asignará a un órgano distinto de la Autoridad Presupuestaria la rectoría de empleo público.

2. Solicitud sobre iniciativa de ley en materia de empleo público.

El Gobierno presentará en el seno de la CNSSP la iniciativa de Ley de Empleo Público para su discusión y eventual acuerdo, previo a su remisión para trámite ante la Asamblea Legislativa. Dicha discusión será por un plazo que no podrá exceder los seis meses. De no alcanzarse un consenso entre las partes sobre el proyecto de ley en el plazo establecido, el Gobierno remitirá la iniciativa para su respectiva tramitación legislativa. En cualquier situación, el proyecto de ley, u otra iniciativa en esta dirección, se apegará a los principios constitucionales, respetando los derechos adquiridos, convenios colectivos de trabajo, convenios de OIT ratificados por el país, y no contemplará la modalidad de salario único.

3. Ajuste salarial en el segundo semestre del 2012

El Gobierno de la República reitera que mantendrá la vigencia del Decreto No. 36966-MTSS-H de fijación salarial por 5000 colones para el primer semestre del 2012, porque genera un aumento porcentual mayor para los grupos de menores ingresos. En el segundo semestre del 2012 el Gobierno aplicará la fórmula convenida en el 2007 para la fijación del ajuste salarial, adicionalmente, se aplicará un 1% a la base de los funcionarios que devengan salarios base superiores a 268,000 colones el cual se pagará en la primera quincena del mes de octubre de 2012.

Finalmente, el Gobierno de la República reitera su compromiso de no aplicar rebajos salariales, ni procedimientos disciplinarios, por motivo de la huelga del 15 de febrero del 2012 y girará una excitativa a los jerarcas de las distintas instituciones para que se proceda en ese sentido. Ambas partes se comprometen a mantener el clima de paz social y diálogo continuo, en tanto se cumplan los acuerdos aquí establecidos.

Dado en San José, el día 20 de marzo de 2012.

Planteamientos de negociación de ANEP

Para la negociación con los representantes del Gobierno de hoy lunes 19 de marzo, la ANEP presentó los documentos que adjuntamos en esta nota como elementos importantísimos a tomar en cuenta.

Primero nuestra posición sobre el incremento de los 5 mil colones. Es premisa de la ANEP que el incremento salarial pudo haber sido del orden del 2.5% para el sector público. Nunca será responsabilidad de la clase trabajadora el enredo fiscal en que se encuentra el Gobierno de la República.

Segundo, no es posible que se nos venda el discurso de que “no hay plata“ si en estos momentos COMEX anuncia que gastará la suma de 7500 millones de colones comprando un nuevo edificio.

Y tercero, le recordamos al Gobierno su extendida deuda con los organismos de seguridad de nuestro país. Las policías merecen total respeto por parte del Gobierno, y debe honrar las deudas salariales que con ellos se mantienen.