Principios de acuerdo entre Sindicatos y Casa Presidencial

Les presentamos el borrador de acuerdo al que se llegó con las autoridades de Gobierno después de 6 horas de negociación.

Carta presentada por ANEP en la figura de su Secretario General, Albino Vargas Barrantes, a la Presidente Laura Chinchilla Miranda.

San José, lunes 20 de febrero de 2012.
S.G. 11-13-0166-12

Honorable señora
Licda. Laura Chinchilla Miranda
Presidenta de la República
Casa Presidencial
Su despacho

Honorable señora Presidenta de la República:

En primer término, su digna autoridad política merece todo nuestro respeto, mismo que dejamos constando por esta vía.

1) Estimamos de gran relevancia oficializar a través de la presente, varias apreciaciones que desde la organización que nos honramos en representar, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), estamos formulando en torno al asunto de lo que comúnmente se denomina el “_déficit fiscal_” y su relación directa con:

• El tema salarial del sector Público;
• el futuro del empleo público;
• el deterioro de importantes servicios públicos que desde la administración central del Estado y sus entidades adscritas a la misma se brinda a grandes grupos ciudadanos de los sectores en más desventaja económica; y,
• el futuro mediato e inmediato de la estabilidad y sostenibilidad financiera de la institución más importante de nuestro sistema: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

2) Adicionalmente, debe tenerse claro que estas apreciaciones son compartidas (en términos generales), por otras importantes corrientes de lo que conocemos como Movimiento Sindical Costarricense. A la vez, es muy importante destacar que la presente coyuntura nos tiene actuando a todas las agrupaciones del mismo en una única dirección y con una misma unidad de acción, teniendo presente los contenidos de la misiva que le fuera entregada al Gobierno de la República con ocasión de la gran manifestación social del pasado miércoles 15 de febrero de 2012; contenidos que la ANEP comparte plenamente.

Primero: LA CLASE TRABAJADORA DEL SECTOR PÚBLICO
NO ES LA RESPONSABLE DEL “_DÉFICIT FISCAL_”.

3) La primera apreciación es que nosotros rechazamos, tajante y contundentemente, que a quienes laboran en forma asalariada para el sector Público se les pretende culpabilizar, responsabilizar, del “_déficit fiscal_”. Esta es una perversa estratagema neoliberal que busca una especie de “_criminalización económica_” del sector Público, contraponiéndolo al resto de la sociedad, a la cual se le impone el pensamiento de que los empleados públicos y las empleadas públicas son los y las causantes de la “_crisis fiscal_”. Ésta, si de lo que se trata es de puntualizar culpabilidades, tiene otras dimensiones en cuanto a demandar responsabilidades: es el sistema político tradicional clientelar y dominante hegemónico todavía.

4) Igualmente resulta nefasto para la paz social y la convivencia armónica de la nación, contraponer las realidades de empleo y salariales del sector Público a las que se manifiestan en el sector Privado. Esto puede conducirnos a escenarios de odio social y alimenta confrontaciones innecesarias, pretendiendo la provocadora intentona de poner a pelear a la clase trabajadora asalariada entre sí; a los hermanos y a las hermanas de clase; cuando de lo que se trata es de la formulación de políticas públicas de inclusión, siendo una de las principales de ellas la de carácter salarial. No es reduciendo derechos como haremos verdadera justicia social para sólidas fórmulas de inclusión e integración sociales. Es ampliándolos. Contrariamente, una “_estandarización_” hacia abajo es otra fórmula neoliberal que tenemos que rechazar fuertemente.

5) La estrategia de comunicación oficialista que se centró en el tema de los pluses salariales vigentes en el sector Público, como fórmula central para justificar la imposición del decreto salarial para el mismo de los 5 mil colones; elude, de manera malintencionada, mencionar importantes grupos laborales del Estado (pese a uno o dos pluses que reciben), en los cuales la realidad salarial que tienen no difiere en mucho de lo que se paga en actividades similares del sector Privado.

6) Para mencionar unos ejemplos destacan los casos salariales del personal raso de la Fuerza Pública; los salarios de las policías Penitenciaria, de Migración y de Tránsito; la situación de los guardas de las instalaciones educativas públicas y de los parques nacionales; las señoras que trabajan cuidando los chiquitos y las chiquitas que van a los CEN-CINAI (por lo general, hijos e hijas de madres solas jefas de hogar); los bajos salarios de oficinistas, choferes, secretarias y personal operativo de los ministerios y entes adscritos a los mismos; o de entidades descentralizadas como el A y A.

7) Pero tampoco podemos aceptar que por motivos de la crisis fiscal se pretenda agredir a quienes, con mucho esfuerzo y sacrificio, se convirtieron en profesionales en los más diversos campos y lograron, por méritos propios y reconocimientos académicos adquiridos a través del estudio, un puesto en el Estado central ó fuera de él. No se vale descalificarles por ello; no se vale desacreditarles porque reciben sobresueldos a raíz de compromisos diversos de política pública que obligaron a establecer la Dedicación Exclusiva, la Prohibición, la Disponibilidad y similares. Estos niveles salariales se asemejan, cuantitativamente hablando, a niveles gerenciales y similares en entes corporativos del sector Privado; y son en no pocos casos, los indicados pluses del sector Público en este nivel profesional, lo que detuvo importantes fugas de cebreros que se estaban dando en la Administración Pública, precisamente por políticas salariales equivocadas, de sesgo restrictivo-neoliberal, que impedían el pleno reconocimiento del grado profesional y su especialización subsiguiente en cada campo del saber.

8) Es aquí donde queremos hacer una específica puntualización en torno a la ya no tan nueva idea de un proyecto de ley de “_Empleo Público_”; misma que por esta coyuntura salarial del sector Público, este Gobierno desempolva y no exenta esta vez del siempre contenido central de tal proyecto,mismo que busca una homologación de las condiciones salariales en el Estado, generalizando el concepto de “_Salario Único_”, ya impuesto en algunas entidades públicas (del sector financiero-bancario, por ejemplo).

9) No podemos dejar de relacionar esta circunstancia con una especie de paso previo en tal dirección, como lo representa el cuestionado decreto otorgándole a la Autoridad Presupuestaria (AP), el estatus de “_ente rector en materia de empleo público y salarios_”; decisión gubernamental que adversamos unitariamente todos los sindicatos que defendemos derechos laborales, individuales y colectivos, en la Administración Pública.

10) Indudablemente este asunto del pretendido “_Salario Único_”, como fórmula neoliberal en su campo, adicionado al indicado decreto que en nuestro criterio crea una especie de “_Ministerio de Reforma del Estado_” de carácter espurio, son elementos altamente distorsionantes, desestabilizantes de un buen clima laboral en el seno de la Administración Pública y explica, en buena medida, las condiciones para más movilizaciones sociales masivas de este sector laboral si fuese necesario promover por acuerdo de la articulación intersindical e intergremial que funciona en estos momentos.

11) Por tanto, es espuria una prédica oficialista y de cierta adopción mediática, generalizar la especie de que en el sector Público se gana el doble de lo que se paga salarialmente hablando en el sector Privado. Es así que repetimos (y ya para cerrar este apartado), que en forma tajante y contundente rechazamos que la crisis fiscal, que el “_déficit fiscal_”, sea por el sistema salarial del sector Público.

12) Las personas que en él laboran, si tiene que ser gravadas por impuesto de la renta, la rebaja es puntualísima pues se deduce directamente de su salario; y si se trata del de las ventas, cada vez que se va a la pulpería, a la panadería, al supermercado, a la tienda, etc., se paga al momento mismo de la compra.

13) Como organización que representamos los intereses económico-sociales y reivindicativo-gremiales de una parte muy importante de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público; no descansaremos ni un minuto en nuestra lucha para evitar que ni un solo empleado público, que ni una sola empleada pública pierda su trabajo producto del “_déficit fiscal_”, de la crisis fiscal. No podríamos vivir con tranquilidad, estaríamos con nuestra conciencia sucia y deshonraríamos nuestros ideales, si por nuestra complicidad, tácita ó explícita, una familia que recibe su sustento por concepto de trabajo de empleo público, lo perdiera sin hacer de nuestra parte lo correspondiente para tratar de evitarlo.

14) Reconocemos la existencia de un serio problema en las finanzas públicas centrales. Reconocemos que este asunto del “_déficit fiscal_” es grave aunque no compartimos la prédica apocalíptica de que estamos como en el “_final de los tiempos_” en materia fiscal. Reconocemos que se hace un gran esfuerzo gubernamental por el pago de la planilla pública central mensual, las transferencias (por ejemplo, las que van para las universidades públicas), las pensiones y los intereses de la deuda. El fantasma de la crisis de Grecia es un asunto que nos preocupa enormemente porque tenemos entendido que ahí no se hizo entre otros factores, lo que correspondía hacer con su sistema tributario.

15) Somos de la tesis de que una crisis fiscal sin punto de salida podría cumplir objetivos estratégicos en materia de “_Reforma del Estado_”, para ciertos sectores político-oligárquicos de corte financiero, los cuales abogarían porque el país debe acudir a algunos de los más connotados organismos financieros internacionales especializados en el otorgamiento de préstamos con condiciones draconianas para que los países con problemas fiscales resuelvan su situación pero a costos sociales espantosos, incluyendo la entrega de los mejores valores e instituciones del exitoso patrimonio público. No descartamos, en consecuencia, que en el caso costarricense una crisis fiscal esté inducida, perversamente, en esa dirección para que caigamos en las garras de entidades tan desprestigiadas como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y similares; obligándosenos a deshacernos de nuestros más valiosos activos públicos para “_resolver_” una crisis fiscal generada, por supuesto, desde “_los de arriba_” pero que deben pagarla “_los de abajo_”.

16) He aquí un sentido especial de nuestra posición a nivel de Costa Rica en todo esto; y es que estamos convencidos de que llegó el momento histórico de la (así con mayúscula), Transformación Estructural Tributaria, la Revolución Tributaria como nos gusta llamar a este desafío; para evitar que nos lleve al precipicio como país la postergación irresponsable de entrarle a ello; antes de que la debacle llegue al sector Público pero también al Privado, como lo muestra la triste y dolorosa crisis griega.

Segundo: OPOSICIÓN ROTUNDA AL PROYECTO FISCAL

17) Como segunda consideración, resaltamos nuestra más rotunda oposición a la propuesta del Poder Ejecutivo actualmente en trámite en el Legislativo, para un nuevo paquete de impuestos, asunto éste de amplísimo conocimiento ciudadano. Si bien es cierto que el mismo contiene algunos elementos en la correcta línea de la progresividad tributaria, aunque de manera “_liviana_” en algunos casos; debieron éstos tramitarse como proyecto aparte, para que el pueblo viera que por primera vez en muchísimos años, un paquete de impuestos podía ser distinto, gravando por la parte de los que tienen más.

18) Correctamente planteados, eso sí, conceptos tributarios como la renta mundial (gravable al momento mismo del devengo), la renta global y el impuesto a las transacciones financieras (tasa Tobin o impuesto “_Robin Hood_”, tal y como ya se está conceptuando en la Unión Europea UE); hubieren concitado el apoyo relevante de no pocos grupos sindicales, sociales, cívicos, patrióticos y hasta empresariales en alguna medida. Además, introduciendo varias modificaciones en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios para mayor rigurosidad, menos flexibilidad con el evasor; y no como se pretende con lo que incluye el proyecto fiscal actualmente cuestionado, que, por el contrario, trata al evasor como más “_compasión_”. Pero no. Se prefirió mezclar el indicado proyecto tributario, incluyéndole el más que emblemático de los impuestos indirectos, el IVA, el impuesto al valor agregado, pese a la cadena de exclusiones que se dice que tuvo en su calamitoso tramitar parlamentario.

19) Respetada señora Presidenta: El plan fiscal promovido por su Gobierno no tiene ya espacio político alguno, según nuestra visión. Y además, pierde sentido por dos razones destacables. Agravará más el problema de la evasión y de la elusión tributarias, por un lado; por otro, apenas recaudará un punto y medio porcentual del actual valor del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual representa solamente una décima parte de esos potenciales 15 puntos de PIB que, de una manera u otra, no están llegando a las arcas centrales del Estado. Esto nos lleva a nuestra tercera consideración.

Tercero: HACIA LA TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL
(LA REVOLUCIÓN TRIBUTARIA)

20) Es imposible para los sectores populares, especialmente de la clase trabajadora asalariada con empleo formal ó sin él, aceptar nuevos tributos (sobre todo de carácter regresivo); si no se ataca, frontalmente, implacablemente, drásticamente, sin misericordia fiscal alguna, los espantosos niveles de evasión y de elusión fiscales, cuantificados por la propia Contraloría General de la República (CGR), entre un 2.5 % y un 4 % del PIB.

21) Si cada punto porcentual del PIB anda por el orden de los 200 mil millones de colones, entonces el ente controlar nos dice que al fisco se le van de la mano entre 500 mil y 800 mil millones de colones anuales. Es imposible permanecer impávidos ante este descomunal crimen social que es este robo descarada de impuestos. Su Gobierno, señora Presidenta, está sufriendo un desgaste político casi ya irreparable por un paquete de impuestos que, a lo sumo, solamente le generaría unos 300 mil millones de colones; suma ésta sumamente inferior al robo de impuestos que se da por la vía de la evasión y de la elusión tributarias.

22) No menos dramático es el caso de los casi 200 regímenes de exenciones y exoneraciones fiscales. Por supuesto que un importante número de ellos deben tener verdaderas justificaciones, ética y moralmente sostenibles; pero por qué no entrarle al problema de raíz para analizar lo que puede seguir siendo vigente vs. lo que ya no lo es. En este ámbito de la política fiscal y tributaria del país, hablamos de ¡6 puntos porcentuales de PIB!, según estudios “_libres de todo sospecha_”, realizadas por el propio Ministerio de Hacienda con la Universidad Nacional (UNA). Se trata de una cifra astronómica, sideral, inimaginable: un billón doscientos mil millones de colones. ¿Seguiremos tolerando semejante sustracción de potenciales ingresos frescos, de recursos sanos que nos están impidiendo, por ejemplo, robustecer los CEN-CINAI?…

23) El Estado es uno solo. ¿Cómo es posible que en ciertos entes que no son los del aparato central, existan realidades financieras “_autonómicas_” que no sean compelidas a ayudar a la crisis fiscal de la administración central? Se planteó meses atrás el tema de situación superavitaria de ciertas instituciones a las cuales, sin afectar sus planes estratégicos de inversión futura (de corto, mediano y/o largo plazo), podrían contribuir a aliviar la presión que sufre el poder central del Estado por su “_déficit fiscal_”. ¿Qué ha pasado con esto? Indudablemente que este asunto debe revitalizarse, debe abordarse con sistematicidad y persistencia, estableciendo potenciales reformas legales transitorias para el cometido principal del bien común, que representaría la llegada de recursos sanos e ingresos frescos para fortalecer la política pública de inclusión y de integridad sociales cuyo debilitamiento amenaza a la democracia misma.

24) Como podrá notar, señora Presidenta, tenemos tres ámbitos de intervención política y social para sentar las bases de la Transformación Tributaria Estructural, la Revolución Tributaria que ocupa nuestra querida Costa Rica en los presentes momentos históricos. Tenemos entendido de que usted, desde la honrosa posición que ocupa, ha manifestado interés en una visión de futuro en este aspecto tributario-fiscal.

25) Pero no es con ese proyecto de ley que está actualmente en trámite en el Congreso de la República y que lo tiene al borde de una parálisis total; proyecto que se aprobarse, lo cual es ya prácticamente imposible, solamente le dará unos pocos miles de millones de colones que, estructuralmente, no resuelven el problema de la crisis fiscal sino que lo agravan, porque esos nuevos recursos también se los robarán, ante la ausencia de cambios estructurales y profundos en los campos de la evasión y de la elusión tributarias, así como en el de las exenciones y exoneraciones fiscales como ya explicado quedó.

Cuarto: LA CAJA: ¿HACIA LA QUIEBRA?

26) Por otra parte, señora Presidenta Chinchilla, y desde nuestra perspectiva, la impostergable, imperiosa e imprescindible Transformación Estructural Tributaria de la que venimos hablando, la Revolución Tributaria, guarda una profunda relación estratégica, de vida o muerte, con la situación futura, mediata e inmediata, de la más querida institución del pueblo costarricense: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

27) Todavía no superamos nuestra estupefacción, una especie de “_shock social_”, una sensación intensa de indignación mezclada con dolor, de saber que la Caja ha tenido que pedir plata prestada para funcionar en lo cotidiano, en prestación de servicios, pago de salarios y a proveedores (entre otros aspectos), porque le falló la colocación de bonos (papeles), con los cuales el Estado le pagó parte de la deuda que con ella tiene, dado que en el mercado financiero no se los quisieron comprar. Parece ser que intentó vender bonos por el orden de los 52 mil millones de colones, de los 123 mil millones que, en papeles, tiene guardados en un cuarto ubicado en su sede central y que es la cantidad que desde el Ministerio de Hacienda le transfirieran el año pasado.

28) Usted, señora Presidenta, como primera mandataria y cabeza del Poder Ejecutivo, fue testigo y firmante de un convenio entre la Caja y el Ministerio de Hacienda para honrar la indicada deuda de la forma en que se hizo y nosotros no ponemos en duda que así se actuó de buena fe. Pero el fracaso está a la vista y como esos bonos (papeles) no pudieron convertirse, como se esperaba, en dinero contante y sonante para la Caja, ésta fue a los bancos públicos Nacional y de Costa Rica, pidiendo que le prestaran 35 mil millones de colones, para pagar en el corto plazo supuestamente, y con un interés mensual de 612 millones de colones.

29) Con dolor y con indignación nos explicamos, ahora, la morbosa y pérfida consideración de que algunas de las personas que usted, señora Presidenta, designó para que le analizaran la situación financiera de la Caja (los señores Carrillo, Naranjo y Sauma), hayan concluido con crudeza que “_la solidaridad tiene necesariamente límites, y la sociedad debe tener la madurez suficiente para imponerlos en bien de la colectividad en su conjunto_”; que “_las condiciones económicas del país no permiten mantener un sistema abierto_”; que se lamentan tales señores de que “_…no hay límites definidos para la prestación de servicios de salud_”; de que “_todos tienen derecho a todo_”.

30) Esta situación de “_pre-quiebra_” de nuestra CCSS, que lleva a los indicados señores a plantear tan desafortunados criterios; nos motiva para hacer nuestras las reflexiones del ilustre académico don Luis Paulino Vargas Solís, en uno de sus más recientes comentarios:“_Derecho a la salud y a la vida, ¿aplican restricciones?_”; artículo cuya lectura le recomendamos, respetuosamente, señora Presidenta y que le adjuntamos a la presente.

31) Porque si “_las condiciones económicas del país no permiten mantener un sistema abierto_”, en la prestación de los servicios de Salud como lo ha venido dando la Caja, es precisamente por la acumulación de deudas patronales que con ella han contraído grupos empresariales del sector Privado y el propio Estado en su doble condición, de patrono y como Estado. Y, en este caso (porque la deuda del sector Privado con la Caja merece un abordaje específico y en otro contexto), como ya vimos, que se pague esa deuda con bonos (papeles), que no se colocan “_bien_” en el mercado financiero para su conversión en plata “_constante y sonante_”; es la razón obligada de que la CCSS pidiera prestado dinero,por primera vez en su historia, para funcionar; algo inaudito que se explica en parte, por la ausencia de esa Transformación Tributaria Estructural, esa Revolución Tributaria de la que hablamos nosotros, de forma tal que los recursos frescos y los ingresos sanos que el Estado central ocupa, le permitiría a éste pagarle a la Caja de manera puntual y en planta contante y sonante.

Quinto: ESCENARIOS ALTERNATIVOS

32) Finalmente, señora Presidenta, todo este escenario en torno a la cuestión del “_déficit fiscal_” y de la crisis fiscal, en el marco de una tributariedad altamente regresiva y con una oposición prácticamente generalizada a su plan fiscal; abre el desafío para búsqueda de caminos alternativos, dentro de los cuales, la posibilidad de una legislación de carácter contingente emerge con potencialidades de avanzar más consensuadamente, tanto en el espacio político clásico como en el social.

33) En ANEP nos hemos esforzado por hacer aportaciones para una Transformación Tributaria Estructural, en esa Revolución Tributaria; y si tal escenario alternativo se abre, con gusto llevaríamos al mismo nuestro aporte constructivo para ayudar a evitar que siga pretendiéndose que “_los y las de abajo_” paguen por una crisis fiscal de la cual no tienen la menor culpa en su surgimiento.

34) Como le reiteramos al principio de la presente, estas consideraciones están formuladas, estrictamente, a nombre de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), no pudiendo abarcar más ámbito sindical del indicado; y, eso sí, valorando la gran aportación que significa la articulación gremial e intersindical que en temáticas conexas y no menos relevantes que las en esta carta abordadas, ya le fueron a usted informadas con ocasión de la relevante movilización social del pasado miércoles 15 de febrero de 2012), y que generaron su convocatoria de esta fecha.

Con todo respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

La reunión de la Presidenta con los sindicatos del próximo lunes 20:oportunidad para el diálogo con negociación efectiva

Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la convocatoria formulada por la Presidenta de la República, Licda. Laura Chinchilla Miranda, a las principales agrupaciones laborales que representan los intereses económico-sociales y gremiales reivindicativos de quienes laboran para el sector Público, puede ser una oportunidad para abrir un diálogo con negociación efectiva.

Igualmente, la ANEP valora mucho los espacios sólidos de diálogo con el Gobierno que pudieran abrirse a partir de esta cita; especialmente porque hemos insistido en que la reiterada tesis del Poder Ejecutivo de que “_no hay plata_” merece una auscultación profunda que permita el surgimiento de posibilidades reales y efectivas de superar ese “_no hay plata_”, identificando las potenciales fuentes de recursos sanos y de ingresos frescos para el Estado, incluyendo hasta un proyecto de contingencia fiscal que podría contar con apoyos sociales importantes.

Obvio es que tal reunión se posibilita por la gigantesca movilización laboral del pasado miércoles 15 de febrero, la cual fue producto de una indignación generalizada en la Administración Pública por el “_decretazo_” salarial de los 5 mil pesos, canalizada por una importante unidad gremial y sindical que hay que fortalecer respetando las diversidades en su seno.

Además, debe tenerse presente que rechazamos, tajantemente, que a los empleados públicos y las empleadas públicas se les culpabilice del déficit fiscal porque este sector trabajador no roba impuestos: paga por deducción de planilla su impuesto sobre la renta y el de ventas al momento de cada compra. Igualito que hacen quienes laboran para el sector Privado. La indignación laboral manifestada el pasado miércoles 15 es precisamente porque la crisis fiscal no la deben pagar quienes no tienen la más mínima culpa por la misma.

La ANEP considera que es una pésima y peligrosa estrategia gubernamental confrontar las situaciones laborales-salariales existentes en el sector Público con las que se dan en el sector Privado; pues más bien lo que corresponde es que en éste último sector se impulsen decisiones que cambien la naturaleza perversa del escamoteo patronal de no aplicar el aumento semestral del salario mínimo alegando que el trabajador ya recibe un salario por encima del mismo.

Una justa política de distribución de la riqueza por la vía de los salarios y de los derechos laborales es incrementándolos sensiblemente en el sector Privado y no limitarlos o eliminarlos los que ya existen en el sector Público.

Pero aún en este sector, la ANEP aprovechará la indicada reunión con la Presidenta de la República para mencionarle varios de los casos de grupos laborales de la Administración Pública en situación salarial más precaria. Veamos:

• El personal raso de los policías de la Fuerza Pública que resienten la existencia de dos regímenes salariales en su interior: los que ganan muy bien (las jefaturas) y los que ganan muy mal: el policía de a pie.

• La deuda salarial pendiente de nueves meses del 2009 con la Policía Penitenciaria.

• El nuevo Manuel de Puestos para la Policía de Migración, postergado ya por mucho tiempo.

• La situación de los guardas de las instalaciones de escuelas y colegios que laboran para el MEP; lo mismo que los vigilantes de los parques nacionales a cargo del Minaet.

• La profesionalización del personal que labora para los CEN-CINAI

• Los bajos salarios de oficinistas, choferes, secretarias y personal operativo de los ministerios y entes adscritos a los mismos.

Finalmente, se ocupa de una gran tranquilidad laboral en la Administración Pública en torno a las pretendidas tesis tecnocrático-neoliberales del “_Salario Único_”, garantizándole al personal técnico y profesional del Estado que los pluses salariales que dignifican su empleo (como Dedicación Exclusiva, Prohibición, Disponibilidad), no serán eliminados con un proyecto de “_Empleo Público_” que jamás debe tramitarse parlamentaria como lo tienen pensado hacer.

San José, viernes 17 de febrero de 2012.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

Wálter Quesada Fernández
Secretario General Adjunto de la ANEP

ANEP agradece… la lucha sigue

Con toda sinceridad, expresamos nuestro más profundo agradecimiento a todos los compañeros y a todas las compañeras anepistas que en el día de ayer, atendieron la convocatoria de nuestra querida organización ANEP, sumándose a la extraordinaria y gigantesca manifestación de repudio contra la política neoliberal del Gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla Miranda que ha impuesto un indignante y ofensivo reajuste salarial de 5 mil pesos. Esta lucha apenas empieza.

Igual es nuestra gratitud para otras personas trabajadoras asalariadas del sector Público que sin ser afiliadas a la ANEP, han creido en nuestros planteamientos, nos escuchan con atención, se han sensibilizado sobre esta problemática y, finalmente, salieron a las calles en este histórico miércoles 15 de febrero de 2012.

De manera particular resaltamos la unidad que nos aglutina con nuestras organizaciones hermanas de la CENTRAL SOCIAL JUANITO MORA PORRAS (CSJMP), así como con el Frente Interno de Trabajadoras y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE); relavantísimas organizaciones sindicales que ayer mostraron un impresionante poderío convocante. ¡¡¡Felicitaciones!!!

Renovamos nuestro compromiso de clase, de clase trabajadora, para continuar nuestro histórico sendero como organización laboral en defensa de la Justicia Social, de la verdadera Democracia y por el respeto pleno a la condición humanista de cada persona trabajadora asalariada cuyos intereses económicos, sociales, gremiales y profesionales representamos.

Les instamos a todos y a todas, anepistas y no anepistas; a las organizaciones hermanas y amigas, para aguparnos más fuertemente, más solidariamente y estar en mejores condiciones para enfrentar lo que se avecina: el congelamiento salarial porque no habrá reajuste en julio; la intentona neoliberal de imponernos el “Salario Único“ eliminando todos los pluses; las rebajas salariales de los salarios “altos“ (especialmente en el sector profesional); los despidos del personal interino; más deterioro en los programas sociales financiados con el presupuesto central del Estado; y más impuestos para quienes somos “los de abajo“.

Miles se tiraron a las calles

Miles, decenas de miles de trabajadores y trabajadoras marcharon en alegre manifestación por todo San José hacia Casa Presidencial, este miércoles 15 de febrero protestando por el terrible ajuste salarial de sólo 5 mil colones para el sector público.

Pero este movimiento masivo y unitario no es sólo coyuntural. Los sindicatos exigimos al Gobierno de Laura Chinchilla Miranda dejar la mala costumbre de los decretazos salariales y hacer valer la mesa de negociación salarial, escuchando nuestras propuestas, no sólo de ajustes salariales, sino también de reformas tributarias y de propuestas de país.

Todos y todas estuvimos presentes en esta gran manifestación. Educadores, administrativos, trabajadores municipales y del Gobierno Central, de la Caja, del AyA, de los diversos ministerios, del ICE, profesionales y no profesionales, todos y todas juntos para manifestar nuestro malestar con las políticas del Gobierno.

Un pequeño pero importante incidente tuvo lugar al llegar a Casa Presidencial, cuando un grupo de policías antimotines pretendían no dejar pasar ni a la gente ni a las tumbacocos. Pero el pueblo no se dejó y al final la policía tuvo que dar marcha atrás con su intención y todos y todas pudimos disfrutar de la actividad.

Representantes de las organizaciones sindicales entraron a Casa Presidencial a eso de las 2 de la tarde, para reunirse con autoridades de Gobierno y presentar las exigencias del movimiento sindical, pero el diálogo no fue fructífero.

Esta misma tarde las dirigencias sindicales harán una evaluación de la actividad y tomarán decisiones sobre medidas futuras.

Súmese a la huelga este 15 de febrero

Un reciente fallo de la Sala Cuarta establece que no se puede efectuar ningún tipo de sanción a las personas trabajadoras asalariadas que se sumen a movimientos de huelga, hasta tanto éstos no sean declarados ilegales y mediando sentencia firme. Si bien del indicado fallo todavía no se conoce su redacción total, integra; sí quedó establecido lo que acabamos de indicar.

Por tanto, es tesis jurídica de la ANEP de que si usted participa en la Huelga Nacional del próximo 15 de febrero, puede hacerlo con toda seguridad, pues al sumarse usted a este movimiento lo hace en tal condición, Huelga, la que prácticamente por ser de un día, es imposible que la declaren ilegal y mucho menos que tenga sentencia firme. Por tanto, ni rebajo salarial ni ningún tipo de sanción.

NOSOTROS Y NOSOTRAS, LOS Y LAS DE LA ANEP,
NOS CONCENTRAREMOS A PARTIR DE LAS 8:30 DE LA MAÑANA
EN EL PARQUE LA MERCED.

Despuecito de las 10 a.m. nos iremos, en marcha, hacia el Ministerio de Hacienda.

Igualmente, las otras organizaciones de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), nos concentraremos en el mismo lugar. Lo mismo harán agrupaciones y personas afines a nuestros movimientos.

YO VOY AL MOVIMIENTO DEL MIÉRCOLES 15
Porque no acepto que me responsabilicen de que “no hay plata“

YO VOY AL MOVIMIENTO DEL MIÉRCOLES 15
Porque rechazo, tajantemente, que me culpabilicen de lo que el Gobierno llama “_déficit fiscal_”

YO VOY AL MOVIMIENTO DEL MIÉRCOLES 15
Porque no aceptaré, por tanto, jamás, que me impongan “_reajustes_” salariales indignantes, ofensivos, insuficientes y precarios.

YO VOY AL MOVIMIENTO DEL MIÉRCOLES 15
Porque me niego a aceptar que mi salario sea congelado

YO VOY AL MOVIMIENTO DEL MIÉRCOLES 15
Porque Jamás permitiré rebaja salarial alguna (tal y como se ve venir en el corto plazo).

YO VOY AL MOVIMIENTO DEL MIÉRCOLES 15
Porque quiero denunciar que no puedo dar mejores servicios a mis semejantes por los recortes brutales de presupuesto.

YO VOY AL MOVIMIENTO DEL MIÉRCOLES 15
Porque exijo que paren ya, tanto robo de impuestos por las más diversas formas, mecanismos y triquiñuelas, legales y no legales, pero todas inmorales.

NOS VEMOS EN EL PARQUE LA MERCED A PARTIR DE LAS 8.30 A.M.

ANEP
CSJMP

Sala IV protege el fuero sindical

La Sala Constitucional rechazó de fondo un recurso que pretendía declarar inconstitucionales los artículos 363 y 368 del Código de Trabajo. Estos artículos tutelan el tema de los salarios caídos a las personas despedidas injustamente reclamando el fuero sindical.

Esta resolución de la Sala es un espaldarazo a las libertades sindicales, las cuales han sido fuertemente atacadas principalmente en el sector privado del área laboral de Costa Rica.

Con esta resolución de rechazo por el fondo de la acción, expediente 11-009818-0007-CO, se protege que trabajadores y trabajadoras que hayan sido despedidas injustamente al ser reintegradas a su trabajo puedan cobrar la totalidad de los salarios que dejaron de percibir cuando sus derechos fueron violentados.

Proyecto de ley de “Empleo Público” enciende alarmas de gremios y sindicatos de la Administración Pública

El anuncio efectuado por el señor Ministro de la Presidencia, Lic. Carlos Ricardo Benavides Jiménez, acerca de que el Gobierno de la República pretende enviar al presente período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, un proyecto de “_ley de empleo público_”, enciende las alarmas en todos los gremios y sindicatos de la Administración Pública, para los cuales la defensa del empleo y de la estabilidad laboral, así como de los derechos adquiridos a través de muchas luchas, es un asunto de carácter estratégico que atiza la hoguera de la confrontación social.

Tal iniciativa llega en el momento más inoportuno, es totalmente imprudente y se vuelta sumamente provocadora.

En lo particular, si bien a lo largo de los últimos gobiernos iniciativas de este tipo se han venido planteando, lo cierto es que en ANEP desconocemos cuál es la que el presente Gobierno maneja en estos momentos. No obstante, la idea neoliberal del “_Salario Único_” siempre ha sido acariciado desde los sectores dominantes que ven en los pluses y sobresueldos vigentes en la Administración Pública una causal “_perniciosa_” del tan llevado y traído “_déficit fiscal_”.

Esta pretensión es uno de los aspectos más sensibles y explosivos de un tema como el de una regulación del Empleo Público en el marco de las actuales condiciones sociopolíticas y económicas que vive el país.

Es imposible e inviable políticamente hablando que un proyecto de “_ley de empleo público_” se promueva sin tomar en consideración a las propias personas trabajadoras asalariadas a quienes va dirigido; y, mucho menos, pretendiendo invisibilizar el legítimo papel de las organizaciones gremiales y sindicales que representan los intereses de quienes laboran para el sector Público.

En verdad, el Gobierno debe reflexionar y desistir de impulsar una iniciativa de tal carácter que, repetimos, es puro combustible inflamable que atizar la hoguera de la confrontación social.

Valorado muy positivo primer movimiento sindical

La unidad sindical será la estrategia a seguir para poder enfrentar el estado actual de las cosas en materia salarial en el sector público de Costa Rica. Cientos de compañeros y compañeras se hicieron presentes este miércoles 25 de enero en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para repudiar el insípido ajuste salarial del primer semestre de 2012, que fue de cinco mil colones parejo para toda la clase trabajadora del sector público.

Representantes de sindicatos pequeños de instituciones estatales, así como de agrupaciones de mayor peso, confederadas y no confederadas, se unieron no sólo para realizar la protesta referida, sino para marcar el camino de prontas manifestaciones que podrían llevar a una huelga general en Costa Rica.

Al final de la jornada, representantes de los gremios presentes en el acto se reunieron con la Ministra Sandra Piszk, la cual tuvo el mismo comportamiento de sesiones anteriores en la que no hay diálogo verdadero, sino pura y llana conversación en la cual el gobierno no da ninguna posibilidad de negociación en el tema salarial.

Los sindicatos piden, desde hace años, que se cambie totalmente la fórmula con la cual se calcula el ajuste salarial, principalmente pasando de cubrir la inflación vencida a cubrir la inflación proyectada, para así reforzar el valor adquisitivo de los salarios en Costa Rica.

UCCAEP discrimina mujeres… ¡¡ Y recurre a Convenios de OIT!!

San José, 27 de enero de 2011.

Revisando los periódicos hoy por la mañana, leí en La Prensa Libre que la UCCAEP, el sindicato de los empleadores, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la ley 8901, que establece que en todas las juntas directivas de asociaciones, sindicatos, asociaciones de desarrollo y solidaristas, sean integradas equitativamente por hombres y mujeres.

Según entiendo, se fundamentaron en que según ellos, esa ley es violatoria de la libertad de asociación, lesiona los principios de libertad, razonabilidad, proporcionalidad y los Convenios de OIT??? Tuve que releer la noticia, para asegurarme de que lo que veían mis era realimente eso y SI: ESTAN INVOCANDO VIOLACIÓN A LOS CONVENIOS DE OIT!!!

Qué interesante que la UCCAEP acuda a la Sala Constitucional a reclamar respeto a los Convenios de OIT, cuando es esa la organización donde están agremiados los empleadores que impiden el ejercicio de la libertad sindical en el sector privado de nuestra economía, que despiden a los trabajadores y trabajadoras que tienen la osadía de conformar un sindicato, que les niegan el derecho a negociar colectivamente promoviendo los comités permanentes y los arreglos directos.

Qué interesante que invoquen violación a los Convenios de OIT cuando se trata de una ley para promover un avance sustancial en la equidad de género, garantizando a las mujeres su participación en los órganos de decisión de las organizaciones a las que pertenecen, pero que en el día a día, les importa muy poco respetar los Convenios 87, 98 y 135 de la OIT relativos a la libertad sindical!! ¿Pareciera que no hay consecuencia ni en su discurso ni en su práctica, verdad?

A pesar de que nuestra Constitución Política consagra el principio de igualdad que implica necesariamente la igualdad entre hombres y mujeres, esta igualdad formal no se ha hecho efectiva en el plano real, porque los valores y conceptos constitutivos de una visión de mundo, se reproduce en todos los ámbitos de nuestra vida y culturalmente se ha hecho una diferenciación entre hombres y mujeres, que nos ha impedido competir en igualdad de condiciones.

La igualdad de la mujer con respecto al hombre, no solo debe proclamarse, sino que debe garantizarse mediante mecanismos de carácter diferenciado que favorezcan a esta colectividad discriminada por razón de género. Uno de estos mecanismos para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres son las acciones afirmativas, que han sido concebidas como el tratamiento especial a aquellas personas o grupos, que se encuentran en una situación de desventaja con respecto a los demás. Este tratamiento diferenciado busca compensar esa situación de desigualdad original, y se orienta al logro de la igualdad real entre los sujetos.

La Ley que garantiza la paridad en Juntas Directivas de asociaciones, sindicatos, asociaciones de desarrollo y solidaristas, es una medida de afirmación positiva, que busca garantizar la equidad en el acceso a puestos de dirección, entre hombres y mujeres; pues la experiencia nos dice, que en nuestra cultura machista, a pesar de la capacidad comprobada de muchas mujeres, si no es a través de un mecanismo como las cuotas, muchas no accederían a puestos de dirección.

Ahora bien, no nos es ajena la realidad de muchas organizaciones en las que resulta materialmente imposible cumplir con el mandato legal, pues su composición es mayoritariamente de hombres o de mujeres, los ejemplos sobran. No podemos ignorar el peligro de que esa disposición legal de al traste con la inscripción de muchas organizaciones sindicales.

Ya intentaron aplicársela a SINTRAJAP, al consultar el Presidente Ejecutivo de JAPDEVA a la Procuraduría General de la República, que pasaba con la elección de Junta Directiva en este sindicato.

Dichosamente, en este caso la PGR fue consecuente y resolvió la consulta apegándose al principio de irretroactividad de la ley, tomando en cuenta que cuando la ley entró en vigencia, ya el proceso electoral de SINTRAJAP había iniciado y ya estaban inscritas las papeletas.

Nuestra organización sindical debe manifestarse públicamente en apoyo a la ley y de una vez, dejar planteada la posibilidad de introducir una excepción expresa en la ley, para que cuando se compruebe que existe imposibilidad material de cumplir con el requisito de paridad, la composición de la junta directiva sea proporcional a la cantidad de hombres y mujeres afiliados o afiliadas a la organización que corresponda.

La desaparición de esta ley constituiría un grave retroceso a lo poquito que como sociedad, hemos avanzado en equidad de género.

¿Qué les parece?

Susan Quirós Díaz
Unidad de Asesoría Jurídica ANEP

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Uccaep acciona contra ley de equidad de juntas

• Alegan violación a derecho de libre asociación.

• A diferencia de la iniciativa planteada por la Cámara de Agricultores, la hecha por la Unión de Cámaras va contra toda la ley, que incluye también a solidaristas, asociaciones de desarrollo y sindicatos

Al igual que decidió hacerlo la Cámara de Agricultores en días pasados, y tal como pretendía hacerlo la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut), ayer la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) anunció una acción de inconstitucionalidad contra la ley 8.901.

Dicha legislación, publicada el 27 de diciembre de 2010, obliga a que todas las juntas directivas de asociaciones, sindicatos, asociaciones de desarrollo y solidaristas sean integradas de forma equitativa y alterna. De tal manera, la diferencia entre la cantidad de hombres y mujeres de cada junta directiva no podrá ser superior a uno.

El criterio del presidente de la Uccaep, Manuel H. Rodríguez, es que la legislación vigente es violatoria de la libertad de asociación, y que además viene a lesionar los principios de libertad, razonabilidad y proporcionalidad, además de convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Si bien la acción que había presentado la Cámara de Agricultores era específicamente contra el artículo 1 de la ley, que introduce la regla dentro de la Ley de Asociaciones, número 218 de 1939, la planteada por la Unión de Cámaras ataca en su totalidad la ley.

Si bien la Unafut había planteado moverse por sus propios medios para también atacar la ley 8.901, acordaron esperar para ver qué sucedía con la acción de los agricultores, que fue elevada ante la Sala Constitucional hace varios días.

El alegato de la Uccaep, por su parte, fue recién planteado esta misma semana.

Buscar personas de relleno

“Creemos en la importancia y la necesidad de que las mujeres participen de manera activa en las diferentes actividades productivas, pero no de la manera que esta ley impuso”, aseguró Rodríguez.

Parte del criterio del representante de la Uccaep es que asociaciones compuestas en su mayor parte o totalidad por mujeres u hombres, estarán obligados a partir de ahora a salir a buscar personas para rellenar las juntas directivas.

Para la Uccaep, además, la ley impone límites a la organización interna de las asociaciones, que están fuera del poder de regulación que tiene el Estado.

“En muchos casos resulta imposible cumplir con esa equidad de género por el giro de actividad o porque los ciudadanos deciden agruparse con un solo género por los fines propios de la asociación”, apuntó Rodríguez.

El Presidente de la Unión de Cámaras criticó por inaceptable que el Estado obligue por vía de ley a que los ciudadanos se afilien o no a una asociación con el único fin de cumplir con un porcentaje establecido.

La esperanza de los representantes de la Uccaep es que otras organizaciones, por la vía de la coadyuvancia, apoyen la acción de inconstitucionalidad planteada.

Fuente: La Prensa Libre
Aarón Sequeira

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Empresarios presentan acción de inconstitucionalidad ante Sala IV

UCCAEP reclama poder de libertad de asociación

La Unión de Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de porcentaje mínimo de mujeres que deben integrar las directivas de asociaciones, sindicatos y asociaciones solidaristas.

La normativa estipula que las juntas directivas de esas organizaciones deben estar integradas de forma equitativa por hombres y mujeres.

Si bien la Uccaep considera necesaria la participación de las mujeres de manera activa en las distintas actividades productivas, la organización está en contra de la forma en que la ley lo impuso, pues a su criterio la normativa limita la libertad de asociación.

El problema es que se les exige a organizaciones formadas exclusivamente por mujeres u hombres que salgan a buscar personas para rellenar sus directivas.

En la acción se indica que la legislación publicada a finales de diciembre de 2010 violentaría la libertad de asociación y los principios de razonabilidad y proporcionalidad y convenios de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

Según la Uccaep, el menoscabo a la libertad de asociación se presenta por cuanto la ley impone límites a la organización interna de las asociaciones, las cuales están fuera del poder de regulación que le asiste al Estado.

En la acción de inconstitucionalidad se indica que la norma cuestionada violentaría el principio de libertad, pues por medio de una ley se está imponiendo la forma en que deban organizarse estos grupos, cuando en muchos casos resulta imposible cumplir con esa equidad de género por el giro de actividad o porque los ciudadanos deciden agruparse con un solo género por los fines propios de la asociación.

A manera de ejemplo, la Uccaep indicó que en el Registro Nacional existen más de 100 asociaciones exclusivas de mujeres.

Desde el punto de vista de la Uccaep resulta inaceptable que el Estado por medio de una ley obligue a los ciudadanos a afiliarse o no a una asociación solo para cumplir con un porcentaje establecido.

Fuente: Diario Extra
María Siu Lanzas

La histórica obra laboral socialcristiana: ¿destruida en un gobierno «socialcristiano»?

Efectivamente, durante ese período y concretamente en el año 1943, se promulgó la máxima ley laboral del país, el Código de Trabajo. A 60 años de vigencia de esta estratégica legislación social, varios de sus máximos postulados se encuentran amenazados en el Gobierno “socialcristiano” del Presidente Pacheco de la Espriella.

El ataque a los preceptos principales del Código de Trabajo en la etapa actual, tiene una explicación lógica: La imposición del denominado tratado de “libre” comercio entre los países centroamericanos y los Estados Unidos, “obliga” a Costa Rica a bajar el impacto de sus estándares sociales y laborales, considerando que el dogma de la “competitividad” no le permitiría igualdad de condiciones con sus homólogos centroamericanos. Desde tal perspectiva, para el presente Gobierno es imperioso acelerar un proceso de reversión y/o relativización de la normativa actual del Código de Trabajo, expresado en situaciones como las siguientes:

I. Reiterados intentos por eliminar las convenciones

El ataque sistemático, debidamente articulado y feroz contra el sistema de negociación colectiva imperante en una pequeña parte de la actual Administración Pública; descalificando, desprestigiando y satanizando las Convenciones Colectivas de Trabajo.

Luego de varios intentos fallidos ante la propia Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, procurando su abolición total; la nueva estratagema está enfocada hacia minimizar los alcances de tales instrumentos colectivos de trabajo, en la vida cotidiana laboral de las respectivas instituciones donde todavía sobreviven.

Tal ataque, articulado desde poderosos medios de comunicación colectiva, vinculados a la actual estructura de poder en la sociedad, ha tenido su manifestación más reciente en una acción judicial emprendida por la extrema derecha de corte fascista con representación parlamentaria.

Para sorpresa de muchos, la Procuraduría General de la República (el “abogado” del Estado), respaldó en sede constitucional el cuestionamiento indicado; destacándose su respaldo a la tesis extremista de impedir el reconocimiento de cesantía más allá de los ocho años que dicho Cogido de Trabajo consagra.

La Procuraduría General de la República, dependencia del Ministerio de Justicia y Gracia (Gobierno Central) y, por ende, bajo mando directo del Presidente de la República, borra de un porrazo la vieja aspiración socialcristiana de toda una vida, para una cesantía real; sueño que, en parte, cristalizó con la promulgación de la Ley de Protección al Trabajador, que estableció un rompimiento parcial del 3 %.

II. El ataque a la histórica jornada de ocho horas

La actual Asamblea Legislativa tramita un proyecto de ley para “flexibilizar” la histórica jornada de trabajo de ocho horas; transformándola en una de 4 × 3 ó 3 × 4, es decir, cuatro jornadas continuas ó alternas de doce horas cada una, a cambio de tres de descanso; ó a la inversa.

Se quiere darle cobertura legal a una práctica ya establecida aunque de carácter ilegal, por el momento, en varias empresas de maquila electrónica que, como condición para establecerse en el país, demandaron tal cambio.

La denominada flexibilización de la jornada de trabajo, no es más que una exigencia de “competitividad”, según el “libre” comercio que presupone el famoso Tratado de Libre Comercio (TLC). Por un lado, queda eliminada la obligación patronal de pago de horas extra; por otro, se incrementaría un supuesto aumento en la productividad del trabajador pero a un costo mayor de desgasto físico-mental, en detrimento de la salud ocupacional del propio trabajador.

Además, podría generar un desplazamiento de mano de obra femenina pues la doble y hasta triple jornada de la mujer en nuestra sociedad, implicaría un nuevo factor de discriminación de género a la hora de “competir” por un empleo en tales condiciones.

III. La liquidación del derecho de organización sindical

Es claro el objetivo estratégico de la cúpula político-económica, de carácter bipartidista, que ha manejado a Costa Rica en los últimos veinte años, un sueño dorado todavía no realizado: extinguir a los sindicatos en Costa Rica.

La profundización del modelo neoliberal que esta gente quiere imponerle al pueblo costarricense, ahora que se creen fortalecidos con el proceso del famoso TLC, impone la anulación de toda resistencia, especialmente la que provenga de la clase trabajadora.

La nueva fase de explotación de la fuerza de trabajo según el citado tratado, no puede darse el lujo de permitir que una fuerza sindical activa, esté en constante movimiento de denuncia y de movilización.

Si bien es cierto que la represión sindical sistemática, abierta y solapada en el Sector Privado de la economía, ha logrado la casi total extinción del derecho constitucional de libre asociación sindical en las empresas privadas; vencer la resistencia feroz de los sindicatos del Sector Público, a la fase de profundización del ajuste estructural, plantea un reto estratégico para avanzar en la reversión, relativización, anulación de las conquistas laborales que expresa el actual Código de Trabajo.

Precisamente, atacando las Convenciones Colectivas de Trabajo, representa avanzar en la dirección deseada por los actuales sectores dominantes.

Queda claro cuál es la naturaleza del desafío que estamos enfrentando. Luchar es la respuesta.

Diciembre del 2003.