Principios de acuerdo entre Sindicatos y Casa Presidencial

Les presentamos el borrador de acuerdo al que se llegó con las autoridades de Gobierno después de 6 horas de negociación.

Carta presentada por ANEP en la figura de su Secretario General, Albino Vargas Barrantes, a la Presidente Laura Chinchilla Miranda.

San José, lunes 20 de febrero de 2012.
S.G. 11-13-0166-12

Honorable señora
Licda. Laura Chinchilla Miranda
Presidenta de la República
Casa Presidencial
Su despacho

Honorable señora Presidenta de la República:

En primer término, su digna autoridad política merece todo nuestro respeto, mismo que dejamos constando por esta vía.

1) Estimamos de gran relevancia oficializar a través de la presente, varias apreciaciones que desde la organización que nos honramos en representar, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), estamos formulando en torno al asunto de lo que comúnmente se denomina el “_déficit fiscal_” y su relación directa con:

• El tema salarial del sector Público;
• el futuro del empleo público;
• el deterioro de importantes servicios públicos que desde la administración central del Estado y sus entidades adscritas a la misma se brinda a grandes grupos ciudadanos de los sectores en más desventaja económica; y,
• el futuro mediato e inmediato de la estabilidad y sostenibilidad financiera de la institución más importante de nuestro sistema: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

2) Adicionalmente, debe tenerse claro que estas apreciaciones son compartidas (en términos generales), por otras importantes corrientes de lo que conocemos como Movimiento Sindical Costarricense. A la vez, es muy importante destacar que la presente coyuntura nos tiene actuando a todas las agrupaciones del mismo en una única dirección y con una misma unidad de acción, teniendo presente los contenidos de la misiva que le fuera entregada al Gobierno de la República con ocasión de la gran manifestación social del pasado miércoles 15 de febrero de 2012; contenidos que la ANEP comparte plenamente.

Primero: LA CLASE TRABAJADORA DEL SECTORBLICO
NO ES LA RESPONSABLE DEL “_DÉFICIT FISCAL_”.

3) La primera apreciación es que nosotros rechazamos, tajante y contundentemente, que a quienes laboran en forma asalariada para el sector Público se les pretende culpabilizar, responsabilizar, del “_déficit fiscal_”. Esta es una perversa estratagema neoliberal que busca una especie de “_criminalización económica_” del sector Público, contraponiéndolo al resto de la sociedad, a la cual se le impone el pensamiento de que los empleados públicos y las empleadas públicas son los y las causantes de la “_crisis fiscal_”. Ésta, si de lo que se trata es de puntualizar culpabilidades, tiene otras dimensiones en cuanto a demandar responsabilidades: es el sistema político tradicional clientelar y dominante hegemónico todavía.

4) Igualmente resulta nefasto para la paz social y la convivencia armónica de la nación, contraponer las realidades de empleo y salariales del sector Público a las que se manifiestan en el sector Privado. Esto puede conducirnos a escenarios de odio social y alimenta confrontaciones innecesarias, pretendiendo la provocadora intentona de poner a pelear a la clase trabajadora asalariada entre sí; a los hermanos y a las hermanas de clase; cuando de lo que se trata es de la formulación de políticas públicas de inclusión, siendo una de las principales de ellas la de carácter salarial. No es reduciendo derechos como haremos verdadera justicia social para sólidas fórmulas de inclusión e integración sociales. Es ampliándolos. Contrariamente, una “_estandarización_” hacia abajo es otra fórmula neoliberal que tenemos que rechazar fuertemente.

5) La estrategia de comunicación oficialista que se centró en el tema de los pluses salariales vigentes en el sector Público, como fórmula central para justificar la imposición del decreto salarial para el mismo de los 5 mil colones; elude, de manera malintencionada, mencionar importantes grupos laborales del Estado (pese a uno o dos pluses que reciben), en los cuales la realidad salarial que tienen no difiere en mucho de lo que se paga en actividades similares del sector Privado.

6) Para mencionar unos ejemplos destacan los casos salariales del personal raso de la Fuerza Pública; los salarios de las policías Penitenciaria, de Migración y de Tránsito; la situación de los guardas de las instalaciones educativas públicas y de los parques nacionales; las señoras que trabajan cuidando los chiquitos y las chiquitas que van a los CEN-CINAI (por lo general, hijos e hijas de madres solas jefas de hogar); los bajos salarios de oficinistas, choferes, secretarias y personal operativo de los ministerios y entes adscritos a los mismos; o de entidades descentralizadas como el A y A.

7) Pero tampoco podemos aceptar que por motivos de la crisis fiscal se pretenda agredir a quienes, con mucho esfuerzo y sacrificio, se convirtieron en profesionales en los más diversos campos y lograron, por méritos propios y reconocimientos académicos adquiridos a través del estudio, un puesto en el Estado central ó fuera de él. No se vale descalificarles por ello; no se vale desacreditarles porque reciben sobresueldos a raíz de compromisos diversos de política pública que obligaron a establecer la Dedicación Exclusiva, la Prohibición, la Disponibilidad y similares. Estos niveles salariales se asemejan, cuantitativamente hablando, a niveles gerenciales y similares en entes corporativos del sector Privado; y son en no pocos casos, los indicados pluses del sector Público en este nivel profesional, lo que detuvo importantes fugas de cebreros que se estaban dando en la Administración Pública, precisamente por políticas salariales equivocadas, de sesgo restrictivo-neoliberal, que impedían el pleno reconocimiento del grado profesional y su especialización subsiguiente en cada campo del saber.

8) Es aquí donde queremos hacer una específica puntualización en torno a la ya no tan nueva idea de un proyecto de ley de “_Empleo Público_”; misma que por esta coyuntura salarial del sector Público, este Gobierno desempolva y no exenta esta vez del siempre contenido central de tal proyecto,mismo que busca una homologación de las condiciones salariales en el Estado, generalizando el concepto de “_Salario Único_”, ya impuesto en algunas entidades públicas (del sector financiero-bancario, por ejemplo).

9) No podemos dejar de relacionar esta circunstancia con una especie de paso previo en tal dirección, como lo representa el cuestionado decreto otorgándole a la Autoridad Presupuestaria (AP), el estatus de “_ente rector en materia de empleo público y salarios_”; decisión gubernamental que adversamos unitariamente todos los sindicatos que defendemos derechos laborales, individuales y colectivos, en la Administración Pública.

10) Indudablemente este asunto del pretendido “_Salario Único_”, como fórmula neoliberal en su campo, adicionado al indicado decreto que en nuestro criterio crea una especie de “_Ministerio de Reforma del Estado_” de carácter espurio, son elementos altamente distorsionantes, desestabilizantes de un buen clima laboral en el seno de la Administración Pública y explica, en buena medida, las condiciones para más movilizaciones sociales masivas de este sector laboral si fuese necesario promover por acuerdo de la articulación intersindical e intergremial que funciona en estos momentos.

11) Por tanto, es espuria una prédica oficialista y de cierta adopción mediática, generalizar la especie de que en el sector Público se gana el doble de lo que se paga salarialmente hablando en el sector Privado. Es así que repetimos (y ya para cerrar este apartado), que en forma tajante y contundente rechazamos que la crisis fiscal, que el “_déficit fiscal_”, sea por el sistema salarial del sector Público.

12) Las personas que en él laboran, si tiene que ser gravadas por impuesto de la renta, la rebaja es puntualísima pues se deduce directamente de su salario; y si se trata del de las ventas, cada vez que se va a la pulpería, a la panadería, al supermercado, a la tienda, etc., se paga al momento mismo de la compra.

13) Como organización que representamos los intereses económico-sociales y reivindicativo-gremiales de una parte muy importante de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público; no descansaremos ni un minuto en nuestra lucha para evitar que ni un solo empleado público, que ni una sola empleada pública pierda su trabajo producto del “_déficit fiscal_”, de la crisis fiscal. No podríamos vivir con tranquilidad, estaríamos con nuestra conciencia sucia y deshonraríamos nuestros ideales, si por nuestra complicidad, tácita ó explícita, una familia que recibe su sustento por concepto de trabajo de empleo público, lo perdiera sin hacer de nuestra parte lo correspondiente para tratar de evitarlo.

14) Reconocemos la existencia de un serio problema en las finanzas públicas centrales. Reconocemos que este asunto del “_déficit fiscal_” es grave aunque no compartimos la prédica apocalíptica de que estamos como en el “_final de los tiempos_” en materia fiscal. Reconocemos que se hace un gran esfuerzo gubernamental por el pago de la planilla pública central mensual, las transferencias (por ejemplo, las que van para las universidades públicas), las pensiones y los intereses de la deuda. El fantasma de la crisis de Grecia es un asunto que nos preocupa enormemente porque tenemos entendido que ahí no se hizo entre otros factores, lo que correspondía hacer con su sistema tributario.

15) Somos de la tesis de que una crisis fiscal sin punto de salida podría cumplir objetivos estratégicos en materia de “_Reforma del Estado_”, para ciertos sectores político-oligárquicos de corte financiero, los cuales abogarían porque el país debe acudir a algunos de los más connotados organismos financieros internacionales especializados en el otorgamiento de préstamos con condiciones draconianas para que los países con problemas fiscales resuelvan su situación pero a costos sociales espantosos, incluyendo la entrega de los mejores valores e instituciones del exitoso patrimonio público. No descartamos, en consecuencia, que en el caso costarricense una crisis fiscal esté inducida, perversamente, en esa dirección para que caigamos en las garras de entidades tan desprestigiadas como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y similares; obligándosenos a deshacernos de nuestros más valiosos activos públicos para “_resolver_” una crisis fiscal generada, por supuesto, desde “_los de arriba_” pero que deben pagarla “_los de abajo_”.

16) He aquí un sentido especial de nuestra posición a nivel de Costa Rica en todo esto; y es que estamos convencidos de que llegó el momento histórico de la (así con mayúscula), Transformación Estructural Tributaria, la Revolución Tributaria como nos gusta llamar a este desafío; para evitar que nos lleve al precipicio como país la postergación irresponsable de entrarle a ello; antes de que la debacle llegue al sector Público pero también al Privado, como lo muestra la triste y dolorosa crisis griega.

Segundo: OPOSICIÓN ROTUNDA AL PROYECTO FISCAL

17) Como segunda consideración, resaltamos nuestra más rotunda oposición a la propuesta del Poder Ejecutivo actualmente en trámite en el Legislativo, para un nuevo paquete de impuestos, asunto éste de amplísimo conocimiento ciudadano. Si bien es cierto que el mismo contiene algunos elementos en la correcta línea de la progresividad tributaria, aunque de manera “_liviana_” en algunos casos; debieron éstos tramitarse como proyecto aparte, para que el pueblo viera que por primera vez en muchísimos años, un paquete de impuestos podía ser distinto, gravando por la parte de los que tienen más.

18) Correctamente planteados, eso sí, conceptos tributarios como la renta mundial (gravable al momento mismo del devengo), la renta global y el impuesto a las transacciones financieras (tasa Tobin o impuesto “_Robin Hood_”, tal y como ya se está conceptuando en la Unión Europea UE); hubieren concitado el apoyo relevante de no pocos grupos sindicales, sociales, cívicos, patrióticos y hasta empresariales en alguna medida. Además, introduciendo varias modificaciones en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios para mayor rigurosidad, menos flexibilidad con el evasor; y no como se pretende con lo que incluye el proyecto fiscal actualmente cuestionado, que, por el contrario, trata al evasor como más “_compasión_”. Pero no. Se prefirió mezclar el indicado proyecto tributario, incluyéndole el más que emblemático de los impuestos indirectos, el IVA, el impuesto al valor agregado, pese a la cadena de exclusiones que se dice que tuvo en su calamitoso tramitar parlamentario.

19) Respetada señora Presidenta: El plan fiscal promovido por su Gobierno no tiene ya espacio político alguno, según nuestra visión. Y además, pierde sentido por dos razones destacables. Agravará más el problema de la evasión y de la elusión tributarias, por un lado; por otro, apenas recaudará un punto y medio porcentual del actual valor del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual representa solamente una décima parte de esos potenciales 15 puntos de PIB que, de una manera u otra, no están llegando a las arcas centrales del Estado. Esto nos lleva a nuestra tercera consideración.

Tercero: HACIA LA TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL
(LA REVOLUCIÓN TRIBUTARIA)

20) Es imposible para los sectores populares, especialmente de la clase trabajadora asalariada con empleo formal ó sin él, aceptar nuevos tributos (sobre todo de carácter regresivo); si no se ataca, frontalmente, implacablemente, drásticamente, sin misericordia fiscal alguna, los espantosos niveles de evasión y de elusión fiscales, cuantificados por la propia Contraloría General de la República (CGR), entre un 2.5 % y un 4 % del PIB.

21) Si cada punto porcentual del PIB anda por el orden de los 200 mil millones de colones, entonces el ente controlar nos dice que al fisco se le van de la mano entre 500 mil y 800 mil millones de colones anuales. Es imposible permanecer impávidos ante este descomunal crimen social que es este robo descarada de impuestos. Su Gobierno, señora Presidenta, está sufriendo un desgaste político casi ya irreparable por un paquete de impuestos que, a lo sumo, solamente le generaría unos 300 mil millones de colones; suma ésta sumamente inferior al robo de impuestos que se da por la vía de la evasión y de la elusión tributarias.

22) No menos dramático es el caso de los casi 200 regímenes de exenciones y exoneraciones fiscales. Por supuesto que un importante número de ellos deben tener verdaderas justificaciones, ética y moralmente sostenibles; pero por qué no entrarle al problema de raíz para analizar lo que puede seguir siendo vigente vs. lo que ya no lo es. En este ámbito de la política fiscal y tributaria del país, hablamos de ¡6 puntos porcentuales de PIB!, según estudios “_libres de todo sospecha_”, realizadas por el propio Ministerio de Hacienda con la Universidad Nacional (UNA). Se trata de una cifra astronómica, sideral, inimaginable: un billón doscientos mil millones de colones. ¿Seguiremos tolerando semejante sustracción de potenciales ingresos frescos, de recursos sanos que nos están impidiendo, por ejemplo, robustecer los CEN-CINAI?…

23) El Estado es uno solo. ¿Cómo es posible que en ciertos entes que no son los del aparato central, existan realidades financieras “_autonómicas_” que no sean compelidas a ayudar a la crisis fiscal de la administración central? Se planteó meses atrás el tema de situación superavitaria de ciertas instituciones a las cuales, sin afectar sus planes estratégicos de inversión futura (de corto, mediano y/o largo plazo), podrían contribuir a aliviar la presión que sufre el poder central del Estado por su “_déficit fiscal_”. ¿Qué ha pasado con esto? Indudablemente que este asunto debe revitalizarse, debe abordarse con sistematicidad y persistencia, estableciendo potenciales reformas legales transitorias para el cometido principal del bien común, que representaría la llegada de recursos sanos e ingresos frescos para fortalecer la política pública de inclusión y de integridad sociales cuyo debilitamiento amenaza a la democracia misma.

24) Como podrá notar, señora Presidenta, tenemos tres ámbitos de intervención política y social para sentar las bases de la Transformación Tributaria Estructural, la Revolución Tributaria que ocupa nuestra querida Costa Rica en los presentes momentos históricos. Tenemos entendido de que usted, desde la honrosa posición que ocupa, ha manifestado interés en una visión de futuro en este aspecto tributario-fiscal.

25) Pero no es con ese proyecto de ley que está actualmente en trámite en el Congreso de la República y que lo tiene al borde de una parálisis total; proyecto que se aprobarse, lo cual es ya prácticamente imposible, solamente le dará unos pocos miles de millones de colones que, estructuralmente, no resuelven el problema de la crisis fiscal sino que lo agravan, porque esos nuevos recursos también se los robarán, ante la ausencia de cambios estructurales y profundos en los campos de la evasión y de la elusión tributarias, así como en el de las exenciones y exoneraciones fiscales como ya explicado quedó.

Cuarto: LA CAJA: ¿HACIA LA QUIEBRA?

26) Por otra parte, señora Presidenta Chinchilla, y desde nuestra perspectiva, la impostergable, imperiosa e imprescindible Transformación Estructural Tributaria de la que venimos hablando, la Revolución Tributaria, guarda una profunda relación estratégica, de vida o muerte, con la situación futura, mediata e inmediata, de la más querida institución del pueblo costarricense: la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

27) Todavía no superamos nuestra estupefacción, una especie de “_shock social_”, una sensación intensa de indignación mezclada con dolor, de saber que la Caja ha tenido que pedir plata prestada para funcionar en lo cotidiano, en prestación de servicios, pago de salarios y a proveedores (entre otros aspectos), porque le falló la colocación de bonos (papeles), con los cuales el Estado le pagó parte de la deuda que con ella tiene, dado que en el mercado financiero no se los quisieron comprar. Parece ser que intentó vender bonos por el orden de los 52 mil millones de colones, de los 123 mil millones que, en papeles, tiene guardados en un cuarto ubicado en su sede central y que es la cantidad que desde el Ministerio de Hacienda le transfirieran el año pasado.

28) Usted, señora Presidenta, como primera mandataria y cabeza del Poder Ejecutivo, fue testigo y firmante de un convenio entre la Caja y el Ministerio de Hacienda para honrar la indicada deuda de la forma en que se hizo y nosotros no ponemos en duda que así se actuó de buena fe. Pero el fracaso está a la vista y como esos bonos (papeles) no pudieron convertirse, como se esperaba, en dinero contante y sonante para la Caja, ésta fue a los bancos públicos Nacional y de Costa Rica, pidiendo que le prestaran 35 mil millones de colones, para pagar en el corto plazo supuestamente, y con un interés mensual de 612 millones de colones.

29) Con dolor y con indignación nos explicamos, ahora, la morbosa y pérfida consideración de que algunas de las personas que usted, señora Presidenta, designó para que le analizaran la situación financiera de la Caja (los señores Carrillo, Naranjo y Sauma), hayan concluido con crudeza que “_la solidaridad tiene necesariamente límites, y la sociedad debe tener la madurez suficiente para imponerlos en bien de la colectividad en su conjunto_”; que “_las condiciones económicas del país no permiten mantener un sistema abierto_”; que se lamentan tales señores de que “_…no hay límites definidos para la prestación de servicios de salud_”; de que “_todos tienen derecho a todo_”.

30) Esta situación de “_pre-quiebra_” de nuestra CCSS, que lleva a los indicados señores a plantear tan desafortunados criterios; nos motiva para hacer nuestras las reflexiones del ilustre académico don Luis Paulino Vargas Solís, en uno de sus más recientes comentarios:“_Derecho a la salud y a la vida, ¿aplican restricciones?_”; artículo cuya lectura le recomendamos, respetuosamente, señora Presidenta y que le adjuntamos a la presente.

31) Porque si “_las condiciones económicas del país no permiten mantener un sistema abierto_”, en la prestación de los servicios de Salud como lo ha venido dando la Caja, es precisamente por la acumulación de deudas patronales que con ella han contraído grupos empresariales del sector Privado y el propio Estado en su doble condición, de patrono y como Estado. Y, en este caso (porque la deuda del sector Privado con la Caja merece un abordaje específico y en otro contexto), como ya vimos, que se pague esa deuda con bonos (papeles), que no se colocan “_bien_” en el mercado financiero para su conversión en plata “_constante y sonante_”; es la razón obligada de que la CCSS pidiera prestado dinero,por primera vez en su historia, para funcionar; algo inaudito que se explica en parte, por la ausencia de esa Transformación Tributaria Estructural, esa Revolución Tributaria de la que hablamos nosotros, de forma tal que los recursos frescos y los ingresos sanos que el Estado central ocupa, le permitiría a éste pagarle a la Caja de manera puntual y en planta contante y sonante.

Quinto: ESCENARIOS ALTERNATIVOS

32) Finalmente, señora Presidenta, todo este escenario en torno a la cuestión del “_déficit fiscal_” y de la crisis fiscal, en el marco de una tributariedad altamente regresiva y con una oposición prácticamente generalizada a su plan fiscal; abre el desafío para búsqueda de caminos alternativos, dentro de los cuales, la posibilidad de una legislación de carácter contingente emerge con potencialidades de avanzar más consensuadamente, tanto en el espacio político clásico como en el social.

33) En ANEP nos hemos esforzado por hacer aportaciones para una Transformación Tributaria Estructural, en esa Revolución Tributaria; y si tal escenario alternativo se abre, con gusto llevaríamos al mismo nuestro aporte constructivo para ayudar a evitar que siga pretendiéndose que “_los y las de abajo_” paguen por una crisis fiscal de la cual no tienen la menor culpa en su surgimiento.

34) Como le reiteramos al principio de la presente, estas consideraciones están formuladas, estrictamente, a nombre de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), no pudiendo abarcar más ámbito sindical del indicado; y, eso sí, valorando la gran aportación que significa la articulación gremial e intersindical que en temáticas conexas y no menos relevantes que las en esta carta abordadas, ya le fueron a usted informadas con ocasión de la relevante movilización social del pasado miércoles 15 de febrero de 2012), y que generaron su convocatoria de esta fecha.

Con todo respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

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