Categoría: Fuerza Pública

RTN Revista: Entrevista Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública sobre la manifestación pacífica convocada para este viernes 24 de febrero.

En las últimas horas se ha venido consolidando la voluntad de cientos de policías de la Fuerza Pública que se manifestarán, pacíficamente y de manera civilista y haciendo uso de su tiempo de descanso y/o libre, mañana viernes 24, a partir de las 10 de la mañana, concentrándose en Plaza González Víquez.

La ANEP está recibiendo informes confidenciales de fuentes dignas de todo crédito e internas de la Fuerza Pública de que, presuntamente, el despacho del Viceministro de Seguridad, Juan José Andrade, estaría fraguando en estas horas una perversa intención de infiltrar elementos afines a sus posiciones, para propiciar desórdenes que manchen el carácter pacífico de la manifestación policial.

Hacemos un fuerte emplazamiento público a dicho jerarca para que respete el ejercicio de libre expresión de los y de las policías manifestantes haciendo uso de su tiempo libre, sin ejercer interferencias por interpósita mano para fines completamente ajenos al carácter civilista y pacífico del evento. Le exhortamos a que cambie de actitud por cuanto ha estado haciendo aseveraciones tendenciosas, falaces y temerarias acerca del carácter del evento promovido por la ANEP y su Seccional ANEP-Fuerza Pública.

ANEP ha dispuesto todo lo pertinente para resguardar la paz durante el evento y conociendo cómo han sido las actuaciones de todos estos días de parte del señor Andrade para desacreditar la manifestación, desde este momento y por esta vía la ANEP le hace responsable si ocurriese una desventura en la actividad.

ANEP rechaza todo tipo de violencia y reiteramos el carácter cívico y pacífico de la manifestación policial de la Fuerza Pública, en tiempo libre, de mañana viernes 24.

San José, jueves 23 de febrero de 2017.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Vargas también condenó el criterio de Juan José Andrade, viceministro de Seguridad, quien indicó que el narcotráfico estaría motivando la manifestación pacífica promovida por la Seccional de la Fuerza Pública. La ANEP solicitará intervención del Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, ya que dichas manifestaciones vienen a empeorar el clima laboral.

Primero: No estamos defendiendo a las 115 personas despedidas de la Fuerza Pública por presuntos homicidios, narcotráfico y violaciones. Lamentablemente ese es el manejo informativo, la matriz mediática que se ha venido imponiendo en las últimas horas sobre esta situación. Los casos que hemos asumido a la fecha, ¡son siete! Como podrán ver existe una diferencia abismal entre este número y el que aseguran algunos medios. Los casos que hemos asumido son porque consideramos que la valoración de la prueba es errónea por parte de las autoridades de Seguridad Pública; y, además, ninguno de los casos se vincula con narcotráfico, mucho menos con un homicidio.

Segundo: Para citar un par de ejemplos. Uno de los casos que tenemos es un presunto abuso de autoridad. Otro es un despido por presuntamente haber utilizado una patrulla para llevar unos medicamentos a casa de un particular, lo cual se conoció en sede administrativa y se archivó y está pendiente de lo que se resuelva en el Ministerio Público. En otros dos casos nos parece que, en efecto, se presentó alguna situación ilícita, pero no necesariamente por parte las personas presuntamente implicadas, sino que como decimos policialmente “se las cuadraron”. Es por ello que deberían dejar que la investigación finalice.

Tercero: También hemos rechazado ejercer la defensa de algunos casos. Por ejemplo, los oficiales que fueron captados sustrayendo celulares en una tienda. A éstos, a pesar de ser afiliados a la ANEP se les dijo que su caso deberían defenderlo con un abogado externo, por cuanto su deber era proteger los bienes, no sustraerlos. Las imágenes fueron elocuentes y no dejaban lugar a dudas.

Cuarto: Estamos de acuerdo con la política de “cero tolerancia” a la corrupción, lo hemos afirmado y reiterado desde siempre. Ese es un pilar fundamental de nuestro trabajo. Resulta inaceptable que un funcionario de cualquier cuerpo policial se vincule con el crimen organizado, con narcotráfico y/o con la comisión de algún hecho delictivo. Si en verdad se tiene certeza de la comisión de tales delitos, deberían entonces hacerse los procesos correspondientes y las coordinaciones pertinentes con la policía judicial, a efectos de que sean cesados sin responsabilidad patronal.

Quinto: Nosotros hemos levantado la voz, en favor de una población históricamente estigmatizada. Contamos con la ventaja de conocer desde su interior al Ministerio de Seguridad Pública. Conocemos la historia de compadrazgos, de nombramientos a dedo, de impunidad para los casos en que algún jerarca comete alguna infracción disciplinaria. Tenemos constancia de directores sin requisitos, de personas que al momento de las pruebas psicológicas para ocupar un mando y un rango, las perdieron pero les permitieron seguir. ¿Eso no es corrupción?

Finalmente, para dejar patente nuestra posición, resulta de especial interés extraer el siguiente párrafo del Manual de Derecho Constitucional del Poder Judicial que cita textualmente:

“El principio de culpabilidad constituye otro límite al ejercicio del poder punitivo y se encuentra previsto en los artículos 39 de la Constitución Política; 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 30 del Código Penal. Dichas normas, por su orden indican: A nadie se hará sufrir pena sino por delito…y la necesaria demostración de culpabilidad” (artículo 39 CP). Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad (artículo 8.2 CADH). Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley (artículo 14.2 PIDCP). Nadie puede ser sancionado por un hecho expresamente tipificado en la ley si no lo ha realizado con dolo, culpa o preterintencional (artículo 30 Código Penal)”.

Una nota de prensa por estos días titulaba así: “ABSUELVEN A EX DE LYNDA DÍAZ”. Nos preguntamos: ¿Qué habría pasado si le niegan la posibilidad de defenderse?… Los recientes reportes de prensa extranjero nos indican de que en China “…exculpan a hombre 20 años después de su ejecución”, esto luego de que apareciera el verdadero responsable del crimen que motivo su ejecución.

Así las cosas, debemos decidir si seguimos siendo un Estado de Derecho, o pasamos a ser una anarquía en donde primero se lincha y después se pregunta.

Mainor Anchía Angulo
Policía de la Fuerza Pública
Dirigente Nacional de ANEP