Categoría: Gobierno Central

En la administración pasada, un ex ministro de trabajo rechazó el artículo 20 de la Convención Colectiva de Trabajo para los empleados del Sinart.

Dicho artículo establecía que la cesantía debía de reconocerse por un máximo de 12 años.
Ante esto la ANEP y su seccional en el Sinart lucharon para que se respetara la Convención, dando frutos recientemente con la resolución del Ministerio de Trabajo que revoca la medida de la pasada administración.

Escuche las declaraciones de Fernando Vargas, presidente de la Seccional ANEP-Sinart.

Resolución del MTSS sobre la cesantía en SINART

Señor Presidente: ¡faltan más policías en todas las policías! Se ha quedado corto, señor Presidente, cuando de manera acertada ha llamado la atención acerca del faltante de oficiales y policías en la Fuerza Pública de nuestro país, faltante conservadoramente calculado en 1.500 nuevas plazas.

Señor Presidente: debe usted incorporar en su reclamo la dura realidad que están viviendo los otros cuerpos policiales del Gobierno Central, cuyos actuales servidores, al igual que sus homólogos de la Fuerza Pública, están viviendo situaciones de sobreexplotación laboral, caída acelerada de sus condiciones de empleo y de trabajo, salario prácticamente congelado, gran presión social, aumento de la peligrosidad de su quehacer y severo deterioro de su respectivas situaciones personales psicoemocionales producto del altísimo estrés laboral que están viviendo.

Cálculos moderados de la ANEP, con base en informes extraoficiales internos de dichos cuerpos policiales, plantean que, al menos, cerca de 5 mil nuevos policías se requieren con urgencia. Aparte de los 1.500 que hacen falta en la Fuerza Pública,

Urge personal policial para Migración y Extranjería (el país ha perdido, prácticamente, el control de sus puestos fronterizos);

Urge personal para la Policía Penitenciaria (el hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria hace más vulnerable la seguridad dentro de las prisiones, evidenciando el faltante de personal para el debido control interno);

Urge personal para la Policía de Tránsito (las muertes en las carreteras lo evidencia de manera contundentemente);

Urge personal de vigilancia en los parques nacionales y áreas de conservación, guardaparques, haciendo evidente su transformación inmediato en una policía ecológica (el crimen organizativo del narcotráfico, la caza furtiva y el tráfico de especies están acabando con la “Costa Rica verde”);

Urge más personal para la Policía Fiscal (el robo de impuestos crece y crece);

Igualmente, al convertirse nuestro país en el principal “lavador” continental de dinero sucio proveniente del crimen organizado del ilícito negocio del narcotráfico, torna urgente el fortalecimiento de las policías de Control de Drogas y Aeronáutica.

La ANEP está totalmente de acuerdo en que es sumamente urgente que los señores diputados y las señoras diputadas re-legislen, aprobando nuevamente la ley del impuesto a las sociedades anónimas para aumentar el financiamiento para las estratégicas tareas de la Seguridad Ciudadana inherentes a la esencia del servicio policial de la Fuerza Pública. En tal sentido, hacemos un llamado a la actual Asamblea Legislativa al respecto.

Sin embargo, es preciso enfatizar en lo siguiente. La eventual llegada de esos nuevos recursos para la Fuerza Pública exige revisiones estratégico-estructurales de su gerenciamiento a lo interno-institucional, readecuando las concepciones de operatividad para eficientizar más los recursos escasos que hay para estas tareas de bien común.

A la vez, las necesidades de financiamiento real, suficiente, efectivo y perentorio también, repetimos, es un asunto urgente en todos los otros cuerpos policiales del Gobierno Central.

Finalmente, señor Presidente, le exhortamos de manera pública y por esta vía, a que saque un ratito de su agenda y se reúna con los líderes de los diferentes cuerpos policiales aglutinados en la ANEP y en sus gremios amigos en esta lucha por la reivindicación general e integral de los servidores policiales de Costa Rica, sumamente postergados, vulnerados, mal pagados y mal tratados por sectores de la propia sociedad y hasta de sus propios mandos superiores.

San José, jueves 18 de agosto de 2016.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Video: Mideplan

Se supone que en próximas horas el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera anunciará el nombre de la persona que ocupará el máximo cargo político en la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), luego de la abrupta salida, por renuncia forzosa, de su anterior titular, el Lic. Víctor Morales Mora.

Ante tal circunstancia y a riesgo de que tal designación ya esté formulada al momento de escribir el presente comunicado de prensa, sí pensamos que es correcto que formulemos una apreciación pública al efecto y desde la perspectiva de la corriente sindical en la cual militamos: la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), y el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA.

Debe la nueva máxima jerarquía político-ministerial de la cartera de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), darle prioridad absoluta a todos los aspectos pertinentes para la habilitación institucional inherente a la entrada en vigencia de la Ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL), histórico acontecimiento previsto para julio del año entrante 2017.

En tal sentido y como inmediato quehacer, debe el nuevo o la nueva jerarca del MTSS abocarse a la lucha para que en el presupuesto 2017, el MTSS tenga los recursos financieros necesarios para fortalecer a esta institución al respecto; entidad tan debilitada por los últimos gobiernos inspirados, abiertamente, en el dogma neoliberal, pero que con la RPL en vigencia está destinada a asumir un rol estratégico en la puesta en práctica del diálogo social a todo nivel, especialmente, en el conflicto obrero-patronal y su resolución final en sede administrativa, primordialmente.

La nueva autoridad del MTSS debe mantener una posición muy equilibrada, con relación a los dos actores fundamentales del mundo del trabajo: el sector empresarial y el sector sindical. No debe incurrir en el error de su antecesor de tener una proclividad manifiesta y subjetiva a favor del sector corporativo-privado tradicional, acostumbrado éste a través de sus gremios más notables, a “mangonerar” el MTSS.

En tal sentido, queda mucho espacio para el diálogo obrero-patronal consistente y transparente, en temas como el desempleo, el empleo juvenil, el crecimiento de la informalidad, la política salarial, la salud ocupacional, por ejemplo.

Destaca en nuestro criterio que la nueva autoridad dedique enormes energías a favor del elevamiento del salario mínimo en el sector privado de la economía, toda vez que en escenario de supuesta inflación “cero” y de sensible caída en el precio internacional de petróleo, más la estabilidad macroeconómica de que se está “haciendo gala”, no ha generado disminución sensible en productos de la canasta básica alimentaria y en servicios públicos esenciales; todo lo cual ha generado una mayor acumulación de la rentabilidad privada, especialmente de la actividad comercial de abasto directo a las familias trabajadoras.

No hay duda de que, en otro ámbito de alta sensibilidad en la coyuntura sociopolítica actual del país, el papel del MTSS en el tema del Empleo Público se torna fundamental, pues toda la discusión al respecto está “atrapada” por ideólgicas cuestiones político-partidistas que no está midiendo la tormentosas consecuencias sociales futuras, en lo inmediato y mediato, de seguir tan senda de exclusión del papel de las principales organizaciones sindicales del sector Público en tal sentido.

Específicamente, el nuevo o la nueva jerarca ministerial del MTSS debe dedicarse, con ahínco y firmeza, a que nuestro país honre su compromiso de Estado adquirido con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para la institucionalización plena de las políticas que ésta está promoviendo para la humanización del empleo y de las condiciones de trabajo, conocida como “TRABAJO DECENTE”. Estamos hablando de un compromiso de país y no de una iniciativa transitoria de gobierno.

Finalmente, estimamos que debe darse una interna congruencia plena en la política ministerial de la cartera de Trabajo y Seguridad Social, a fin de que la política pública actualmente en vigencia, conocida como ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA, se impulse ahora con mayor énfasis y mayor articulación institucional con sentido estratégico, pues es real que está destinada a servir como eje fundamental a fin de atenuar impactos tan negativos para la Democracia como el crecimiento de la desigualdad, del desempleo y de la informalidad.