Aumentazo a ministros financiado con recortes a precarizados programas

• Afrenta humillante: la gente trabajadora asalariada de a pie, ya no cuenta…

• La máxima cúpula política del país, la de todos los partidos, sí está bien protegida salarialmente

Las personas trabajadoras que laboran en el Gobierno Central y en las entidades adscritas a los diferentes ministerios, sufren un nuevo golpe a su dignidad laboral, el cual tiene fuerte contenido humillante.

Igual de humillante es el golpe en otros sectores institucionales de la Administración Pública que, también, sufren de congelamiento, precariedad y alto endeudamiento salariales (como, por ejemplo, el personal de base y nivel medio en la CCSS y en la Seguridad Social, en A y A, en INA, en IMAS, en el PANI y otras).

La decisión política del actual Gobierno de duplicar los salarios a las personas que sirven al mismo, al frente de los diferentes ministerios del Estado y sus correspondientes viceministerios (si bien es cierto tales cargos ajustaban 12 años de congelamiento); desde su anuncio inicial ya de por sí se había sentido como una repudiable afrenta para grupos laborales del Gobierno Central de paupérrimos niveles salariales.

Hablamos de y por ejemplo, del sacrificado personal de los cuerpos policiales, como lo es el de las señoras cuidadoras y técnicas de los CEN-CINAI, como lo es el sacrificado personal de salud pública que lucha a diario contra las plagas en las comunidades más empobrecidas del país,  como el personal técnico-administrativo y profesional de base del Estado central; tanto  como el de las personas de la docencia en Educación Pública luchando día a día en un sistema educativo que parece caerse a pedazos ante su empobrecimiento presupuestario, sin hablar de la tortura social que implican los interinazgos prolongados en este ministerio.

Que los cargos ministeriales eran los salarios “precarizados” dentro del conjunto del sistema de salariazos de la alto cúpula político-gerencial y tecnocrática del Estado, nadie lo discute. Pero que, a nadie, ni en los anteriores gobiernos responsables del mega-endeudamiento público del país, ni en el actual, el tema de estos grupos laborales del sector Público que hacen aguas por todo lado y todos los días a raíz de su empobrecimiento salarial sostenido, no merezca una atención estratégico-preventiva, es imperdonable.

Y si como tal afrenta ya no fuera cruel y repudiable desde el mismo momento en que se anunció, ahora resulta que esos aumentazos salariales ministeriales se financiarán con recortes a presupuestos ya de por sí en estado languideciente.

Dramático resulta constatar que ministerios que se encuentran al borde de su cierre total, no ya técnico, deben ceder presupuesto para financiar tales reajustes que se cubrieron con el eufemismo de “revaloraciones distintas”, pues los reajustes por costo de vida están prohibidos en el sector Público desde hace ya 3 años (y vienen 10 más, con la entrada en vigencia de la perversa Ley Marco de Empleo Público).

La gente trabajadora asalariada de a pie, ya no cuenta. La Cultura ya no cuenta (le recortan 73 millones de colones); los guardaparques que sigan esperando por toda la eternidad que les paguen su disponibilidad; y así, otros recortes relevantes en los ministerios de Justicia, Trabajo, Vivienda, Gobernación y Ambiente.

Con estos aumentazos salariales ministeriales, certificamos cómo la máxima cúpula política del país se ha garantizado de “blindarse” a sí misma en cuanto al empobrecimiento salarial del sector Público en desarrollo, pues bien sabemos que eso tipo de altos cargos no quedarán cubiertos por la Ley Marco de Empleo Público.

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), afirmamos que no cuenten con nuestro silencio cómplice y calculado para no denunciar el peligroso sendero que han empujado al pueblo trabajador a transitar. Lo haremos un día sí y otro también. Bien dice el refrán popular que “nadie escarmienta en cabeza ajena”.
Con nuestras bases organizadas y con las distinguidas agrupaciones sociales que tienen la sensibilidad suficiente de comprender de qué se trata todo esto, el futuro, y no muy lejano, es de una lucha esperanzadora.
San José, domingo 26 de agosto de 2022.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto

Criterio de la Procuraduría abre posibilidad de mejora salarial para policías

– Posición de las seccionales de ANEP en los cuerpos policiales

Las diversas seccionales de la ANEP presentes en los cuerpos policiales del país, como lo son Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración y Extranjería, Policía Penitenciaria, Policía de Tránsito, Policía de Control de Drogas, Servicio de Vigilancia Aérea y Servicio Nacional Guardacostas,  hacen un llamado al Poder Ejecutivo para que mejore el salario de los y las policías, basados en el criterio de la Procuraduría General de la República (PJR-oj-102-2022) que avaló el reajuste salarial de los Ministros y Viceministros de Estado.  

El Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, dispuso aumentar el salario de los ministros de Estado, argumentando que sus salarios eran muy bajos. Antes de eso, el mismo Presidente mencionó que no podía contar con algunas buenas personas en su gobierno, por los bajos salarios que se pagaban. Ciertamente, en ANEP hemos considerado que las personas trabajadoras deben ganar un salario digno, justo y acorde a su nivel de compromiso y peligrosidad.

Las personas trabajadoras de los cuerpos policiales se encuentran entre los más mal pagados del Gobierno Central. Por mencionar un ejemplo: el salario base de un oficial de la Fuerza Pública, de los que no tienen rango, ronda los ₵342.250,00 colones mensuales, sumándoles los incentivos de Riesgo Policial, Disponibilidad, títulos académicos y de formación policial, alcanza a lo sumo los ₵500.000,00, monto que sigue siendo bajo en relación con la peligrosidad, la entrega y el compromiso que implica el desempeñarse como oficial de policía, en cualquiera de los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo.

Por otro lado, el aval de la Procuraduría General de la República mediante criterio (PJR-oj-102-2022), del incremento salarial de ministros y viceministros por voluntad del Ejecutivo, refleja claramente que cuando hay voluntad política las cosas son posibles, y los criterios técnicos responden favorablemente.  Hay sectores laborales dentro del Empleo Público a quienes se les ha afectado mucho con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635), entre ellos, los servidores de los distintos cuerpos de policía del país.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), conoce muy bien la Ley 9635 y sus efectos adversos para los sectores más vulnerables del Empleo Público. De igual manera, coincide con que existen posibilidades reales de mejorar las condiciones salariales de estos grupos de servidores.

La Ley en mención señala que cuando el nivel de endeudamiento sea igual o mayor al 60% del PIB, se prohíbe legalmente otorgar ajustes al salario base, es decir, existe una imposibilidad de realizar incrementos por costo de vida. No obstante, de acuerdo a los criterios de la Procuraduría General de la República (PJR-oj-102-2022), si es jurídicamente viable realizar una revaloración salarial por ajuste técnico, puesto que, las razones técnicas y jurídicas son distintas a las del costo de vida. Además, y concordante con las consideraciones de la Procuraduría, los puestos de policía están excluidos del Régimen del Servicio Civil, dejando abierta la posibilidad de realizar una revaloración salarial de estos servidores y estas servidoras.

Así que, ANEP solicita al Ejecutivo, con sobrada justificación que, se utilice una argumentación de similar naturaleza a la ofrecida para el incremento de las y los ministros, para el caso de los distintos Cuerpos de Policía. Y se les realice una mejora salarial, tomando en cuenta que, este ajuste técnico responde a causas totalmente distintas del factor costo de vida, lo cual, reiteramos, es jurídicamente posible según lo ha señalado la Procuraduría General de la República. Sin dejar de lado el hecho de que las y los policías no están siendo compensados justamente por el trabajo que brindan al servicio del país, lo que ha acumulado una deuda histórica con tan importante sector laboral.